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Autor: María José Ferlini Cartín

¿Qué ha pasado con el Proyecto de Ley 24109 Pago de las indemnizaciones para los exmuelleros? ¿Cómo ha avanzado su discusión?

Observatorio de Bienes Comunes

Conversamos con Víctor Araya líder social de Limón y del grupo de los exmuelleros que ha venido representando al colectivo en las diversas instancias de negociación del Proyecto de Ley 24109 para el pago de las indemnizaciones. Nos comparte el estado de las negociaciones de cara al próximo 25 de junio que tendrán sesión en la Comisión Caribe de la Asamblea Legislativa.

Para escuchar la conversación, ingrese en este enlace.

Somos como somos. Marcia Silva Pereira

El proyecto expresado en este libro es ambicioso, atrevido y valiente. Lo primero, por su intento de “presentar al ser humano en unidad de forma y contenido”, recuperando el valor del cuerpo desnudo; lo segundo, al proponer un desvío de la atención “de la dicotomía dominante”, la que se da en nuestra época frente al desnudo, y que oscila entre el puritanismo y la pornografía, según afirma la autora. Ambicioso, sin duda, el intento de captar y expresar fotográficamente esa unidad de la persona humana porque, en el fondo, lo esencial “es invisible a los ojos” (Saint Exupèry) y porque, además, “lo esencial no se puede enseñar” (Légaut), en su doble sentido de transmitir y de mostrar. Y el atrevimiento y la valentía los muestra Marcia porque es consciente de que la pornografía se liga al mercado y éste ha sabido aprovecharse de nuestro morbo para mercantilizar el cuerpo humano, como lo intenta hacer con todo lo valioso de la vida: las relaciones, el trabajo, la naturaleza… Y lo ha sabido hacer con éxito, de manera que no lo tenemos fácil si queremos plantarle cara. Por otra parte, la actitud que se halla detrás del “puritanismo” en realidad va mucho más allá de la época victoriana. Encuentra raíces en determinadas tradiciones y prácticas religiosas milenarias marcadas por la oposición entre “materia” y “espíritu”; entre “cuerpo” y “alma”. Y esas enseñanzas han logrado configurar actitudes dualistas en muy diversas culturas y creencias, a tal punto arraigadas que renunciar a ellas puede sentirse como una claudicación en la moral y en la relación personal con Dios. Ante la influencia del mercado, por una parte, y de esas tradiciones religiosas dualistas, por otra, puede repetirse aquello de que “quien esté libre de pecado, tire la primera piedra”. Sin embargo, este proyecto y su autora no se dejan amedrentar por las indiscutibles dificultades. Para superarlas escoge un camino seguro, emparentado con las grandes tradiciones espirituales y filosóficas. Es la vía del descubrimiento de sí mismo, de lo que somos, en todas nuestras dimensiones. Y de ahí, entonces, se desprende necesariamente la ruptura de esquemas en materia de belleza personal. Lo que somos es, en lo mejor de la tradición judeo – cristiana, “imagen y semejanza” de Dios. Y esto se ha manifestado, —en particular en la vida humana—, en la inmensa riqueza de la diversidad cultural, física y, en definitiva, personal, que ni siquiera en conjunto agota la belleza, la bondad y la verdad de nuestro ser más auténtico, al que identifican muchas tradiciones espirituales con la vida divina que nos sustenta. No cabe en esta perspectiva hablar de superioridad de un patrón estético sobre los demás y menos aún de querer imponerlo. Cierto que lo esencial es siempre invisible a los ojos, pero las artes y la buena teología pueden constituirse en hermosas metáforas que sugieran lo irrepresentable, levantando a los sentidos más funcionales al descubrimiento de lo que en cada uno de nosotros vale por sí mismo y no por la utilidad de su apropiación y consumo. Y esto conlleva la inseparabilidad del cuerpo y el espíritu. Hace décadas Romano Guardini, el teólogo alemán, decía que el cuerpo no es sino la exteriorización de lo que llamamos espíritu. Y, por supuesto, no se refería al cuerpo vestido. Esta afirmación era probablemente consecuencia de captar el significado profundo de esa otra grandiosa metáfora cristiana, que habla de la “encarnación” de Dios, queriendo expresar que lo que conocemos de la vida divina, lo conocemos a través de “la carne”, sin suavizantes de lenguaje. Un trabajo artístico como el de Marcia, por su excelencia, puede colocarse en la línea de las maravillosas metáforas que nos ayudan a descubrirnos integralmente como somos.

Dr. Jorge Arturo Chaves Ortiz Dominico y economista, Director del Centro Dominico de investigación

Para ver el libro Somos como somos pinchar aquí

Márcia Silva Pereira, es brasileña, nacida en la ciudad de São Paulo, reside desde el año 2000 en Costa Rica. Es periodista y cuenta con una maestría en comunicación social. Labora como docente en la Universidad Nacional de Costa Rica. Realiza producciones audiovisuales y ensayos fotográficos relacionados a temas sociales. Su experiencia profesional se basa en el área de la comunicación social y la fotografía. Es creadora del Proyecto Somos como somos donde destaca que las fotografías realizadas en el marco del proyecto es una oda a la libertad, a la conquista de cuerpos femeninos y masculinos liberados de estereotipos, y una invitación a compartir una nueva visión sobre la estética del cuerpo. En esta misma línea, ha trabajado talleres con grupos de mujeres indígenas, mujeres sobrevivientes de cáncer de seno, grupos de apoyo a mujeres víctimas de violencia, con grupos de hombres y adolescentes en la prevención de la violencia de género, apoyada en las imágenes que realiza, con el objetivo principal de propiciar un espacio de reflexión por medio de la fotografía y de los procesos comunicativos para la transformación personal. Le gusta la creación de metodologías y rutas de trabajo con grupos diversos, así como, la recopilación de datos para registro histórico (memorias, libros de fotografías, cuadernos temáticos y folletos de educación popular).

Compartido con SURCOS por Miguel Sobrado.

Fuente: https://www.museodelasmujeres.co.cr/exposiciones/somos-como-somos-marcia-silva-pereira

El referéndum de Chaves y la disyuntiva de las señoras y los señores diputados

Henry Mora Jiménez

Ha llegado a mi teléfono celular el siguiente mensaje (lo he recortado para trasmitir lo esencial):

“¿Usted que haría? No hay que ser adivino … para darse cuenta de que los señores y las señoras diputadas se encuentran ante un dilema respecto del Referéndum: Todo el mundo está claro en que lo enviado está plagado de inconstitucionalidades que lo hacen inviable, algunas MUY graves. El asunto está en que, si se vota en contra, Chaves alegará que la Asamblea no lo deja trabajar …  Y si se vota a favor, y se le tira el churuco a la Sala IV y al TSE, podrían quedar como avalándolo y comiéndole gallina. Y cuidado si no, con una enorme culpa de irresponsabilidad de cara la Historia (con «H» mayúscula).  Entonces, como dijo ese gran filósofo argentino Diego Verdaguer: ¿Usted que haría, usted que haría?”

Mi primera reacción fue: la Asamblea tiene que “comerse la bronca” y enfrentar a Chaves. Dado lo harto deficiente del proyecto, ese sería el mal menor, aunque tengan que escuchar a Chaves despotricar por unos días o semanas.

Pero pensándolo mejor, la Asamblea más bien tiene una oportunidad de oro para recuperar prestigio ante la ciudadanía (¡que mucho que le falta!).

Si el proyecto no tiene futuro, como lo han señalado destacados especialistas en derecho constitucional, lo mejor que pueden hacer los señores diputados es ahorrarle tiempo y recursos al país, y rechazar ese remedo de proyecto de ley, y de paso (pero nada despreciable) no caer en el juego maquiavélico de Chaves.

Pero además, aunque a la Asamblea no le corresponde enmendar los desaciertos del Poder Ejecutivo, bien pueden recomendar (o auspiciar un Foro que lo sugiera) la mejor manera (responsable, legal y oportuna) de llevar adelante Ciudad Gobierno y la Marina en Limón. Estos proyectos cuentan con muy pocos opositores (si se hacen bien) y la Asamblea estaría actuando sensata y correctamente si le ahorra al país la polarización política que a todas luces el presidente busca desencadenar. Y a la misma provincia de Limón le ahorraría la enorme decepción de una nueva esperanza frustrada.

Entonces, más que una disyuntiva, la Asamblea legislativa tiene ante sí una gran oportunidad.

Consejo Universitario entregó propuesta de Proyecto de Ley para declarar el Día Nacional de la Primera Conexión de Costa Rica a Internet

El director del Consejo Universitario, Dr. Jaime Caravaca Morera, hace entrega de la propuesta de proyecto de ley al M.Sc. Juan Carlos Chavarría, director del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa. (Foto Andrea Jiménez, CU)

Fiorella Ulloa Retana, Consejo Universitario

En la mañana de este jueves 13 de junio, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) entregó al Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa una propuesta de proyecto de ley para declarar el 26 de enero como Día Nacional de la Primera Conexión de Costa Rica a la Internet.

La iniciativa tiene como objetivo que se declare de interés público la educación digital y tecnológica, así como autorizar a las instituciones públicas que realicen actividades informativas y de capacitación que promuevan el uso seguro de Internet, sus servicios y aplicaciones para una mayor alfabetización digital y buenas prácticas por parte de la ciudadanía. Con esto, la Universidad pretende motivar el desarrollo tecnológico costarricense enfocado en la democratización del conocimiento y el acceso universal a Internet en nuestro país.

De acuerdo con el Órgano Colegiado, la conexión a la red de redes es un hito histórico que se concretó gracias al trabajo de esta casa de estudios superiores y su articulación con otras instancias nacionales e internacionales; una muestra más del compromiso de la UCR por contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, a través del desarrollo nacional y de la región.

Contribuciones

La propuesta de ley impulsada por la MTE Stephanie Fallas Navarro, representante del sector administrativo en el Consejo Universitario, resalta los cambios que Internet trajo al modelo tradicional de educación universitaria, los cuales favorecieron la virtualización y la digitalización de muchos procesos que han agregado valor tanto a las actividades sustantivas de la Institución como a la gestión administrativa.

30 años después de esa primera conexión a Internet, Costa Rica ha tenido un avance significativo, no solo en el ámbito educativo, también entre muchos otros, en la efectividad de las interacciones globales para la economía y el comercio nacionales, lo cual ha generado que el país sea más atractivo para la inversión extranjera.

Piotr Bolótnikov, oro olímpico y héroe soviético

Gabe Abrahams

Piotr Bolótnikov (1930-2013) nació el 8 de marzo de 1930 en el pueblo de Zinovkino de la República Autónoma Socialista Soviética de Mordovia, perteneciente a la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas).

Con cuatro años, perdió a su madre. Y, con doce años, a su padre, el cual falleció en el frente durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) defendiendo a la URSS como comandante del ejército soviético.

En medio de este drama familiar y de las dificultares de la guerra y solo ayudado por la hermana de su padre fallecido, el joven Piotr Bolótnikov pasó penurias, hambre y frío. Aunque, ya en los compases finales de la contienda mundial, en 1944, pudo empezar a reponerse y acudir a la escuela de formación industrial de Krasnoslobodsk.

En 1946, Bolótnikov se trasladó a Moscú para terminar sus estudios y trabajó de electricista. Y, en 1950, fue reclutado por el ejército y marchó a la RDA (República Democrática Alemana), empezando a practicar atletismo. Tras una estancia de cinco años, regresó a la URSS, se dio de baja del ejército y se centró en correr para el club Spartak.

En 1957, Bolótnikov ganó su primer título de 10.000 metros en el campeonato de la URSS, al vencer en un apretado final al entonces campeón olímpico de la distancia, su compatriota Vladimir Kuts. Eso le supuso iniciar un dominio en los campeonatos soviéticos que se extendería durante varios años.

En 1960, Piotr Bolótnikov acudió a los Juegos Olímpicos de Roma con el ánimo de ratificar su excelente estado de forma e hizo historia. Se impuso con autoridad en la final olímpica de los 10.000 metros, derrotando a sus principales rivales y consiguiendo la medalla de oro olímpica. Un oro que resultó un merecido premio a saber superar los años de miseria y hambre, los duros entrenamientos, los reveses competitivos…

El 5 de octubre de 1960, en Kiev, Bolótnikov culminó su gran año olímpico, al pulverizar la plusmarca mundial de los 10.000 metros, dejándola en un tiempo de 28:18.8.

1962 volvió a ser otro año importante en la carrera deportiva de Piotr Bolótnikov. El 11 de agosto de 1962, en Moscú, batió de nuevo la plusmarca mundial de los 10.000 metros, en esta ocasión por menos de un segundo. Y, un par de semanas después, ganó los 10.000 metros del Campeonato de Europa celebrado en Belgrado, la capital de Yugoslavia, quedando también tercero en los 5.000 metros. Al oro olímpico, se sumaban plusmarcas mundiales y un oro europeo.

Bolótnikov coronó el año 1962 afiliándose al PCUS, es decir el Partido Comunista de la Unión Soviética. Siempre había sido comunista y tomó la decisión por pura coherencia ideológica.

Los éxitos deportivos de Bolótnikov poco a poco cesaron y, en 1965, decidió retirarse de las pistas, trabajando a partir de entonces de entrenador en el Spartak y en Argelia.

Entre los años 1980 y 1986, Bolótnikov consiguió ser diputado de un consejo de distrito de la ciudad de Moscú, siendo ese el único cargo relativamente relevante a nivel político que tuvo a lo largo de toda su trayectoria.

Piotr Bolótnikov pasó los últimos años de su vida en su dacha, rodeado de sus medallas y trofeos de otro tiempo, junto a su mujer Raisa, sus hijos y sus nietos. También junto a sus condecoraciones como la Orden de Lenin, que le concedió la URSS en 1960. E hizo deporte hasta el final de sus días.

El 20 de diciembre de 2013, falleció Piotr Bolótnikov con 83 años y fue enterrado en el cementerio Troyekúrovskoye de Moscú, junto a otros héroes soviéticos. El mundo del deporte mostró tristeza por el adiós a uno de los más grandes corredores de fondo de la historia.

Ha pasado más de una década desde esa despedida y la memoria de Piotr Bolótnikov sigue presente. Se podría afirmar que ha permanecido intacta. Cada aniversario de sus gestas, invariablemente se recuerdan. Cada aniversario de sus medallas, su figura toma de nuevo protagonismo. Y es que resulta obligado poner en valor a un corredor excepcional, a un oro olímpico y héroe soviético, que dominó las pruebas de fondo de su tiempo y que es parte de la historia del olimpismo y del deporte del pasado siglo XX. Bolótnikov permanece.

Petitorio. Libertad a las y los detenidos de la Ley Bases y cese de persecuciones

Firmar en este formulario: (https://forms.gle/NmV9YWUs3jFBpQ8DA)

Las y los abajo firmantes reclamamos la inmediata e irrestricta libertad de todas y todos los detenidos en ocasión de la masiva movilización del pasado miércoles 12 de junio contra la sanción de la denominada “Ley Bases”, ejerciendo su derecho democrático y constitucional a la protesta. La mayoría de las detenciones se produjo a más de diez cuadras de la Plaza Congreso, en un momento en el que las personas se estaban desconcentrando luego de recibir una andanada de gases lacrimógenos y balas de goma por parte de las fuerzas federales y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las personas privadas de su libertad han recibido durante su detención malos tratos.

Asimismo, repudiamos firmemente y exigimos el cese de la criminalización de las organizaciones políticas, sociales y sindicales que por haber participado de dicha movilización para el poder Ejecutivo se convierten en “terroristas” que actuaron en un “intento de golpe de Estado”, imputaciones totalmente absurdas e infundadas. Durante el desarrollo de la manifestación del 12 de junio las fuerzas de seguridad no sólo reprimieron a columnas de manifestantes que estaban ejerciendo su derecho constitucional a la protesta sino también a diputadas y diputados nacionales, algunos de los cuales fueron heridos por el accionar de las fuerzas estatales.

Reclamamos el inmediato cese de esta campaña persecutoria contra quienes se oponen a la política del gobierno de Milei y el respeto irrestricto a los derechos y garantías vigentes.

PRIMERAS FIRMAS

Dirigentes y Organismos de Derechos Humanos: Adolfo Pérez Esquivel; Estela de Carlotto, Abuelas de Plaza de Mayo; Taty Almeida, Madres de Plaza de Mayo; Elia Espen y Mirta Baravalle, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Carlos Sueco Lordkipanidse, Encuentro militante Cachito Fukman; Marta Ungaro, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas La Plata; Eduardo Tavani, Presidente de la APDH; Graciela Lois, Familiares de Ex Detenidos-Desaparecidos por razones políticas; Mabel Careaga, Familiares de ExDetenidos-Desaparecidos de la Iglesia Santa Cruz; Comisión Provincial por la Memoria; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora de Tucumán; Iris Avellaneda, Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Liga Argentina por los DD.HH. (LADH); Asamblea Permanente por los DD.HH. (APDH); Servicio Paz y Justicia (SERPAJ); Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Liberpueblo; H.I.J.O.S. Capital; H.I.J.O.S. Ciudad de Buenos Aires; Herman@s de Desaparecid@s por la Verdad y la Justicia; Hermanxs de Detenidxs Desaparecidxs y Asesinadxs por el Terrorismo de Estado; Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD); Centro de Abogades por los Derechos Humanos (CADHU); Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP); Familiares de ex detenidos-desaparecidos, Córdoba; Instituto Espacio para la Memoria (IEM); Ana María Molina, Coordinadora Argentina por los DD.HH. (CADH); Movimiento Ecuménico por los DD.HH. (MEDH); Myriam Bregman, presidenta del CeProDH; Pablo Vasco, Centro CADHU; Centro Nelly Minyerski; Eduardo Barcesat; Atilio Borón; Padre ‘Paco’ Olveira; María Laura Garrigós; Luis Alen; Angel Cappa; Fernando Signorini; Sabina Frederic; María del Carmen Verdú; Stella Calloni; Ana María Careaga; Lita Stantic; Luis ‘Lucho’ Paz; Alberto Santillán, papá de Darío Santillán; Jueces de la Doctrina Franciscana; Grupo de Curas en Opción por los Pobres; Pastoral Social Evangélica (PSE); Justicia Legítima Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL); Instituto EnFoco de Políticas sobre Delitos, Seguridad y Violencias; Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los DD.HH. (CODESEDH); Nicolás Alessio, Grupo sacerdotal Enrique Angelelli; Fátima Cabrera, Espacio Interreligioso Patrick Rice; Graciela Lois, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas; Mabel Careaga, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz; Beatriz Capdevila, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza; Diana Kordon, Liberpueblo; AciFaD (Asociación Civil Familiares de detenidos); siguen firmas…

Organismos Internacionales: Judith Galarza Campos, Presidenta de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM); Brigitte Domergue, de Familiares de desaparecidos franceses; Fernanda Aguirre, Secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT (Uruguay); Silvia Bellizzi, Familiares de Uruguay; Luis Ruiz, Secretario de Derechos Humanos del Partido para la Victoria del Pueblo (PVP), Uruguay; Alicia Castro, Soberanxs Miguel Velo; Lorena Donaire, Mujeres en Resistencia (Chile); Liliana Castillo Rojas, Agrupación Detenidos-Desaparecidos (Chile); Mariana Pereira Ambrossi, Resistencia Feminista (Uruguay); Ligia Liberatori, Ni una menos – Berlín (Alemania); Juan Moreno García, Izquierda Unida (España); Márgara Millán, Red Feminismos Descoloniales (México); Nuria Alabao, periodista, Zona de Estrategia (España); Yumac Ortiz, CPAZ (Ecuador); Malen Otaño, YoNoFui, colectivo abolicionista penal; Francesc Relea, periodista y documentalista (Cataluña); Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad – Secc. Argentina (WILPF/LIMPAL); Asociación Educación y Solidaridad-Francia; Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE); Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL); Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo (ALTJ); Vidal Aragonés, Diputado (mc), Cataluña; Equipo de abogados de la querella contra crímenes del franquismo – Gerardo Caviglia; Agustín Romero, Izquierda Unida (España); Marcos Roitman Rosenmann, Sociólogo, académico Universidad Complutense de Madrid; Alicia Lajmanovich, Presidenta Association Grenobloise Solidarité Argentine – Grenoble, Francia; Norma Ciuffo, Embajadora de Ville Apprenante de la UNESCO, Francia; Olga: Hernández, Collectif pour la Mémoire, Vérité et Justice de Rhône Alpes, Francia; Victoria Grabrois, Coordinadora Colectiva de O Grupo Tortura Nunca Mais/RJ Brasil; Alirio Uribe, Congresista de Colombia en el Parlamento Nacional; Marcela Sánchez, Directora de Colombia Diversa; Luz Marina Monzón Cifuentes, Presidenta Otras Voces, Colombia; Erika Hennings, Presidenta Colectivo Chileno Londres 38; Marta Cisternas, Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas, Chile; Alejandro Núñez, Presidente de corporación Parque por La Paz, Villa Grimaldi, Chile.

Diputados y Senadores Nacionales: Paula Penacca (UxP); Leopoldo Moreau (UxP); Nicolás del Caño (PTS/FITU); Christian Castillo (PTS/FITU); Alejandro Vilca (PTS/FITU); Romina del Plá (PO/FITU); Vanina Biasi (PO/FITU); Esteban Paulón (PS); Juan Marino (UxP); Vanesa Siley (UxP); Julia Strada (UxP); Blanca Osuna (UxP); José Glinsky (UxP); Verónica González (Diputada Nacional FPV Tierra del Fuego, mc); Claudio Lozano (Unidad Popular, mc); Verónica Mercado, Diputada Nacional (FPV Catamarca, mc), María Rosa Martínez, Senadora (Frente de Todos, PBA); Mariano West (FPV, PBA, Diputado Nacional, mc); Verónica Benas, diputada (PARES en el Frente Amplio por la Soberanía, Santa Fe); Marina Riofrio, Senadora Nacional (PJ San Juan, mc); Nanci Parrilli Senadora (PJ Neuquén, mc); Haide Giri, Senadora Nacional (Córdoba, mc);

Legisladores y Concejales: Victoria Montenegro (UxP, CABA); Gabriel Solano (PO/FITU, CABA); Celeste Fierro (MST/FITU, CABA); Alejandrina Barry (PTS/FITU, CABA-mc), hija de detenidos-desaparecidos; Alejandro Bodart (MST/FITU, CABA mc); Vilma Ripoll (MST/FITU, CABA mc); Néstor Pitrola (PO/FITU, PBA, mc); Luciana Echevarría (MST/FITU, Legisladora Córdoba); Soledad Alonso, (UxP, PBA); Gustavo Pulti (UxP, PBA); Noelia Saavedra (Movimiento Evita, PBA); Alejandro Dichiara (Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires); Santiago Vasconcelos, (PO/FITU diputado provincial Chubut); Tomas Andrés Blanco (PTS/FITU, diputado Neuquén); Jesús Escobar (Libres del Sur, Neuquén, mc); Betina Rivero (MST/FITU, concejal Palpalá, Jujuy); Priscila Ottón (MST/FITU, Neuquén concejal); Sergio Piguillem (UCR Ciudad de Córdoba, Concejal); Héctor Toty Flores (Cambiemos-La Matanza, Concejal); María José Lubertino (CABA, mc) Emmanuel Fernández (UxP, Presidente del Concejo Deliberante de Moreno, PBA); Noemí Aguilera (UxP, Presidenta de bloque en el Concejo Deliberante de Moreno, PBA); Lucas Franco (UxP, Concejal por Moreno, PBA); Marisol Gallardo (UxP, Concejal por Moreno, PBA); Zulma Gil (UxP, Concejal por Moreno, PBA); Araceli Bellota y Federico Fongi (UxP, concejales por Moreno); Pablo Lopardo (MST/FITU, Moreno concejal); Erica Seitler (PTS/FITU, Concejal Moreno, PBA);  Susana Verón (MST/FITU, Merlo concejal); Valeria Bibiano (MST/FITU, Concejal José C. Paz, PBA); Roldán Mariela, (UxP, Concejal José C. Paz, PBA); Ivan Ponce (Concejal mc José C. Paz, PBA); Sandra Becerra (Concejal mc, José C. Paz, PBA); Anabela Colli (PTS/FITU, Concejal José C. Paz, PBA)

Periodistas y artistas: Alejandro Wall, periodista; Telma Luzzani, periodista AM 530, Tamara Bezares, periodista Crónica; Adriana Meyer, periodista; Nora Bär, periodista El Destape; Diego Pietrafesa, periodista, delegado SiPreBA; Adriana Vanoli, periodista; Miguel Alejandro Iademarco Ponce, La voz de Tandil; Oscar Martínez Zemborain, Periodista; Pablo Salguero, Radio Sudaca, Universidad Nacional de la Patagonia; Agustín Ronconi, Arbolito músico; Andrés Fariña, ARBOLITO; Ezequiel Jusid, Arbolito; Nora Chirom, artista plástica; Julio Alberto Vilches, actor (Asociación de Cineastas de Córdoba); Carlos Berraymundo, actor; Nara Carreira, Actrices Argentinas / Unidxs x la Cultura; Lis Marcia Viviana Di Marco, Asociación Argentina de Actrices y Actores Delegación Mendoza; Guillermo Saposnik, ADF Cinematografía; Luciana Kohn, Cine Arg. Unido; Daniel Di Mauro, Teatro de títeres La Pareja; María Andrea Boffo, actriz;

Organizaciones políticas, gremiales, sociales y estudiantiles: MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores en el FITU); PO (Partido Obrero en el FITU); PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas en el FITU); IS (Izquierda Socialista en el FITU); Libres del Sur; PCR (Partido Comunista Revolucionario); Nuevo MAS; Política Obrera; Partido Humanista; Movimiento Mayo; Martín Fierro; OLP; PL (Partido de la Liberación); PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores); Vía Socialista; Aldo Casas, Herramienta; Laura Berardo, Subsecretaria de Derechos Humanos de Lomas de Zamora; Camila Canales, Movimiento Evita Centro Padre Múgica; Elisabet Caminos, Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional; Héctor Andrés Poggi, Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur; Ricardo Pablo Marino, La Cámpora, HIGA San Martín; Central de Trabajadorxs de la Argentina – Autónoma (CTA-A Nacional); Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Nacional); ATE Capital; CTA Autónoma Pcia. de Bs. Aires; CTA Autónoma Capital; Federación Judicial Argentina (FJA); Asociación Americana de Juristas (AAJ); La Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina; Corriente de Abogados Laboralistas “7 de Julio”; Abogados Laboralistas de Rosario; Llamamiento Argentino Judío; Mónica Sulle, Movimiento Sin Trabajo, MST “Teresa Vive”; Eduardo Belliboni, Polo Obrero; Sandra Vila, MTL Rebelde; Mesa de las niñeces José C. Paz; Laurel Fagni, Chiques del Pueblo; Federación Nacional Territorial (FENAT); Federación Trabajadores de la Energía (FETERA); Mirka Elizabeth Fernández; Secretaria General del Gremio de Docentes Autoconvocados Formosa; Nilda Beatriz Patiño, Secretaria Gremial del Gremio de los Docentes Autoconvocados, Formosa; Sebastian Tomas Patitucci, Secretario de Prensa del Gremio de los Docentes Autoconvocados Formosa; Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios – Histórica (CONADUH); Sofía Cáceres Sforza, Secretaria General de SITRADU, gremio de docentes universitarios, Entre Ríos; Anahí Rodríguez, Secretaria General de ADIUNT; Lucía Hellín, Sec Gremial AGD FFyL UBA; Fortunato Mallimaci, CONiCET y UBA, FSOC y CEIL; Melina Tarnoski, Sec. Género y Diversidad Sexual, Facultad de Sociales, UNLZ Universidad de Lomas de Zamora; Marcelo Wiñazky, FCE UBA; Juan Carlos Radovich, UBA/CONICET, Facultad de Filosofía y Letras; Juventud Socialista del MST-FITU; En Clave Roja; ¡Ya Basta!; La Marea MST, Universidad Nacional del Comahue; Juan José Barrionuevo, Marabunta – Corriente Social y Política, Colegio Nacional de Monserrat – UNC; Confederación General de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores; Mesa Coordinadora Nacional de Jubilades y Pensionades; Jubiladxs de Izquierda-MST; UTEP Secretaría de DD.HH.; Frente 22 de Agosto; ATTAC Argentina; Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISYP); Red en Defensa de la Humanidad; Movimiento Federal por la Soberanía Nacional (MFSN); Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA); El Grito del Sur; Campaña Nacional por la Reforma Judicial Feminista; Proyecto Generar; Colectiva Andina; Frente de Abogados Populares (FAP); Nace un Derecho; Frente de Abogados de la AABA; Corriente de Abogados Porteños; Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito – Regional CABA; Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica Argentina (APDEA); Grupo de Litigio Red de Medios Digitales; Comisión de Administración de Justicia del Instituto Patria; Comisión de Inclusión y Desarrollo Social del Instituto Patria; Sociedad Argentina de Bioética y DD.HH.; Capítulo Argentino Red Bioética; Grupo de Investigación Facultad Filosofía y Letras; Asociación Ciudadana por los DD.HH. (ACDH); Monitor de Respuestas Represivas a la Protesta Social del IEF-CTAA; Secretaría de DD.HH. CTA-A Nacional; Secretaría de DD.HH. CTA-A Capital; ATE Congreso; Secretaría de DD.HH. Municipalidad de Avellaneda; Dirección de DD.HH. Municipalidad de Moreno; Colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia; Espacio para la Memoria Virrey Ceballos; DD.HH. San Oscar Romero Isla Maciel; Asociación de Abogadxs Bonaerenses; Abogados Peronistas de Moreno; Asociación Civil Moreno por la Memoria (MxM); Federación de Cooperativas y Mutuales del Oeste de la provincia de Bueno Aires (FEMOBA); Cooperativa de Comunicación CARTA; Mirador Patrimonial Ciudadano – Regional La Plata-Berisso-Ensenada; Unidxs x La Cultura – Regional La Plata-Berisso-Ensenada; Centro de Pensamiento Jurídico Crítico; Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir; Multisectorial Villa Gesell; Asamblea Permanente por los DD.HH. – Regional Jujuy (APDH Jujuy); Familiares de Detenidos y Liberados (FADELI); Dirección de Políticas Post Carcelarias de la Municipalidad de San Martín: Corriente Eva Perón; CPS 29 de Mayo; Organización 25 de Mayo; Asamblea Permanente por los DD.HH. Regional Jujuy; Centro de Estudios e Investigaciones en DD.HH. prof. J.C. Gardella, Fac. de Derecho, UNR (CEIDH Gardella); Uruguayxs en Argentina por los DD.HH.; Agustina Guimaraes, Furia Trava; Liliana Jensen, Red Provincial de Mujeres contra la violencia de género; Comisión de Mujeres, Género y DD.HH. del Instituto Patria; Juntas y a la Izquierda-MST (FITU); Pan y Rosas; Mabel Di Leo, rama femenina Movimiento peronista; Incidencia Feminista; Carlos Álvarez, periodista Radio Gráfica; Vivas y Furiosas, Educadoras feministas; Germán Pinazo, vicerrector UNSAM; Leandro Tresols, Varones Desobedientes; Patricia Vaca Narvaja, exdiputada; Esteban Castro, UTEP; Julieta Bandirali, Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires; Asociación de abogados y abogadas laboralistas – Guillermo Pajoni; Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); Guillermo Pacagnini, FESINTRAS (Federación Sindical Nacional de Trabajadorxs de la Salud); Gastón Vacchiani, Secretario General UTS (Unión de Trabajadores de la Salud, Córdoba); César Latorre, Delegado General del Hospital Italiano – ATSA; Andrea Ramírez, Secretaria General ALE (Asociación de Licenciadas/os en Enfermería de CABA); Norma Lezana, Secretaria General APyT (Asociación Gremial de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan); Claudio Mora, Directivo SUTNA Nacional; Mariano Veiga, Secretario General AGIHM (Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano); Raúl Laguna Bosch, Secretario de Organización de CICOP; Alicia Rivas Zelaya, CTA Autónoma Misiones, Universidad Nacional de Misiones: Ingrid Urrutia, Secretaria General Junta Gremial Interna de ATE INCAA (Instituto Nacional de Cine); Leonardo Nicolás Rando, Delegado ATE Ministerio de Cultura; Ignacio Cámpora, CD ATE Capital Agricultura; Flavia Fernández Brozzi, Vocal Consejo Directivo ATE Capital; Marcela Artigas y Nadin Smith, Consejo Directivo ATE Capital, Agustina Panissa, Defensoría del Pueblo CABA, Sandra Di Claudio, Consejo Directivo de Ate Capital, Ministerio de Economía; Raúl Eduardo Suárez, Asociación de Médicos Municipales, Hospital Piñero CABA; Liliana Ortega, Gremial Banco Nación; Héctor Amichetti, Sindicato Federación Gráfica Bonaerense; Diego Carrizo, Secretario de DD HH de ATE y CTA Autónoma de Malvinas Argentinas (Prov. de Bs. As.); Soria Raúl, 1° de Mayo ATE Moreno; Augusto Wiemann, Despedido GPS – Aerolíneas Argentinas; Maxi Masquijo, Secretario de Prensa de ATECH Provincial (Chubut) / Francisco Torres, Secretario Gremial de la FND (Federación Nacional Docente); Lucrecia Cocha, Secretaria de Organización de UEPC Córdoba; Facundo Fernández, Secretario de Cultura de AMSAFE Rosario; Consejo Directivo SUTEBA Moreno; Jesús Espíndola, Secretario General SUTEBA Moreno; Angélica Guiot, Secretaria General de SUTEBA Marcos Paz; Andrea Lanzette, Congresal Multicolor de SUTEBA Lanús; Daniela Rodríguez, Secretaria de DDHH de SUTEBA Bahía Blanca; Vanesa Gagliardi, Consejo Directivo de Ademys; Ailen Beraldo, Secretaria Acción Social de Ademys; Andrés Machuca, SUTEBA La Matanza; Sergio Cordova, Docentes de Base de La Matanza; Alternativa Docente; Docentes en Marcha; Tribuna Docente; Marrón 9 de Abril; ATE Verde Roja-Moreno; METRAM – Asociación civil ecológica y trabajo ambiental; Red Ecosocialista-MST (FITU); Red Del Encuentro, educación popular y comunitaria; Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP); Alicia Graziano y Oscar García, Agrupación de Trabajadores Sobrevivientes de la Tortura y Carlos Monestes, DDHH CTA Ciudad; Movimiento No Matarás; Asamblea Desobediente; Asamblea Autoconvocada Mercedes; SIGUEN FIRMAS

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América Latina de cara al siglo XXI: entre la desesperanza y la descolonización consciente y organizada

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Miguel Sobrado y Juan José Rojas

Introducción

La mayor parte de la extensión del continente americano y de su riqueza, incluida su población, se encuentra en Latinoamérica, pero esta parte de la región se ha convertido en el “patito feo”, por la falta de oportunidades para los excluidos y las malas condiciones imperantes.

Hoy en día, desde todos los países del subcontinente latinoamericano, salen caravanas intermitentes de miles de migrantes desesperanzados, con rumbo hacia Norteamérica. La desesperanza cunde en la región latinoamericana que parece haber perdido el sueño martiano de una América Latina protagónica en el mundo contemporáneo. Esto ocurre, después de siglos de gobiernos autoritarios y de décadas de sanciones impuestas por los Estados Unidos a las naciones de la región que no aceptan su hegemonía, a lo que se añade la violencia creciente del narcotráfico y la corrupción concomitante del clientelismo. La respuesta espontánea e inmediata ha sido la desesperanza traducida en migraciones masivas de millones de personas afectadas.

Dos factores preponderantes han condicionado este éxodo: la herencia de la servidumbre y la esclavitud, y las condiciones de tutelaje neocolonial, especialmente por parte de los Estados Unidos. En este documento, analizaremos la relevancia que han tenido y tienen estos factores en la configuración de los sistemas estatales y sociales, para proponer medidas que permitan mitigar e iniciar la transformación de los círculos viciosos prevalecientes, en nuevos procesos virtuosos que puedan modificar, en el mediano plazo, la situación regional.

El reto es ver la realidad latinoamericana, más allá de los estereotipos negativos y personalistas y de países individuales, para analizarla como un sistema específico, configurado por las condiciones históricas propias y las del entorno mundial. Bajo esta perspectiva, al identificar y comprender la naturaleza de estos sistemas, en lo que comparten y difieren, es factible proponer apalancamientos claves que permitan su transformación en modelos de desarrollo con bienestar social y en armonía con la naturaleza.

La herencia colonial

Nuestra institucionalidad tiene sus raíces en el sistema político centralista de los reinos y los virreinatos de los cuales dependían las decisiones políticas y económicas. En la época colonial, para todos los emprendimientos de conquista de nuevos territorios o explotaciones económicas, como las minas o las plantaciones agrícolas, se requería la autorización y subordinación, de sus promotores, a las disposiciones establecidas y a los monopolios reales.

La riqueza, dentro de este ordenamiento económico vertical, fue generada mayoritariamente por la mano de obra servil, a través de las encomiendas, a las que quedaron atadas las poblaciones indígenas y que se otorgaba por la autoridad real a los conquistadores. Posteriormente, a lo largo del extenso periodo colonial, se incorpora la esclavitud de los africanos, de forma masiva para el desarrollo de minas y haciendas.

Desde aquél entonces, el centralismo, como forma de gobierno, promueve las relaciones verticalistas e incuba un clima para la dependencia y corrupción, al mismo tiempo que desalienta la participación de las comunidades en sus propios asuntos.

Este ordenamiento colonial, gestionado de forma centralista y basado en la servidumbre y la esclavitud, es heredado por los criollos. Éstos sintiéndose discriminados por los privilegios de que gozan los peninsulares y que los mantienen alejados de la gestión local, proclaman la independencia a inicios del siglo XIX.

Los nuevos Estados, surgidos de las guerras de independencia contra las coronas española, portuguesa y francesa, mantuvieron la estructura centralista de poder y, si bien abolieron formalmente y, de forma progresiva, la esclavitud, reservaron para los criollos el control del poder, basado, al igual que en la época colonial, en el monopolio sobre grandes extensiones territoriales, expropiadas a las comunidades indígenas, dentro de un sistema de relaciones de dominación que ofrecía muy pocos canales de avance social, al mismo tiempo que mantenían los prejuicios étnicos y de clase, de forma abierta o subyacente (Sobrado y Rojas, 2006).

De tal forma que, aunque formalmente los indígenas, los afroamericanos, los mulatos y los mestizos, se convirtieron en ciudadanos, en los hechos, estaban desprovistos de medios de producción, de oportunidades efectivas de avance social y de derechos civiles y políticos. En estas condiciones, resultó prácticamente imposible que tales sectores sociales pudieran ejercitar sus destrezas empresariales, asociativas y cívicas. La emergencia de cualquier atisbo de capital social fue severamente bloqueada.

El caso de Haití resulta paradigmático al respecto, ya que habiendo sido el primer país que alcanzó su independencia, logrando establecer en 1804 la primera república del continente creada por esclavos, muy pronto devino en una nación pobre y atrasada. La no superación de los lastres de origen, sumada a la deuda astronómica que le impuso Francia, le han acarreado, hasta el día de hoy, una trágica e injusta historia.

Visto en retrospectiva, tanto la conquista como la colonización posterior, despojaron a los países latinoamericanos, tanto de la tierra y del fruto de su trabajo servil o esclavo en las haciendas y minas, como de su identidad étnico-cultural, negando la riqueza de sus tradiciones ancestrales y de gran parte de sus valores filosóficos y estéticos, los cuales fueron invisibilizados o borrados por la cultura dominante.

El tutelaje neocolonial

En 1820, cuando nacían las nuevas repúblicas, los Estados Unidos, la nueva potencia emergente en la región, proclamaba la doctrina Monroe, bajo la consigna: “América para los americanos”, que se transformó, de hecho, en América para los norteamericanos, empezando por la ocupación y anexión, en la década de 1840, de la mitad del territorio de México.

Esta expansión, es retenida temporalmente, por Inglaterra, la potencia dominante a escala internacional. En aquél entonces, cuando las tropas norteamericanas pretenden ocupar Centro América. La férrea oposición inglesa, los obliga a firmar el Tratado Clayton Bulwer, mediante el que ambos países se comprometen a no tomar colonias en la región.

Si bien formalmente los norteamericanos, en virtud del Tratado arriba mencionado, no pudieron ocupar con su ejército los territorios de Centro América, si crearon la figura del filibusterismo, como iniciativa privada destinada al mismo fin. Cabe destacar que esta estrategia fue aplicada inicialmente en Cuba, por parte del militar venezolano Narciso López, quién era partidario de la política anexionista de los Estados Unidos. Entre 1848 y 1851 organizó varios intentos de invasión a territorio cubano con grupos de voluntarios de varios estados del sureste de los Estados Unidos, que fracasaron estrepitosamente. En la última de ellas, ocurrida en Bahía Honda, Pinar del Río, fue capturado por las tropas españolas, siendo ejecutado a “garrote vil”, el 1 de septiembre de 1851, en la explanada de La Punta, en la ciudad de La Habana.

Pese a este fracaso momentáneo, la práctica del filibusterismo es trasladada a Centro América, siendo impulsada y financiada principalmente por los grupos de poder político y económico del sur racista, con la finalidad de ocupar primero Nicaragua y expandirse posteriormente a toda la región.

En este contexto, la decisión del gobierno de Costa Rica de formar un ejército profesional para enfrentar a los filibusteros gozó tanto del respaldo de Inglaterra, que le vendió los fusiles minie, los más avanzados de la época, como de Cornelius Vandervilt, dueño de la Compañía del Tránsito, cuyos buques habían sido expropiados por los filibusteros. De manera paralela, se logró la incorporación de los ejércitos de Centro América que se integraron a la guerra, consiguiendo derrotar a los filibusteros.

Pero, sin importar que los filibusteros hubiesen sido repelidos en el campo de batalla, los Estados Unidos continuaron interviniendo, diplomática y militarmente y, de manera creciente, en la región, a lo largo de los siglos XIX y XX, considerándola su patio trasero.

Así, a medida que crecía su importancia económica y militar, y con la finalidad de asegurar su hegemonía sobre el subcontinente latinoamericano, los Estados Unidos promueven intervenciones militares directas y golpes de Estado para imponer regímenes dictatoriales proclives a sus intereses. A lo largo del siglo XX llegaron a intervenir más de 20 veces. Dentro de estas intervenciones, se destacan: la ocupación de Nicaragua en los años veinte y los golpes de Estado en Guatemala en 1954 y en Chile en 1973, dadas las graves repercusiones provocadas por tales acontecimientos sobre la vida democrática de esos países. El primer gran rechazo, contra su política expansionista lo encuentran en Nicaragua con la guerrilla de Augusto César Sandino, un rebelde, que logró derrotarlos militarmente, aunque terminó siendo traicionado por la Guardia Nacional, formada por los norteamericanos antes de evacuar a su derrotado ejército.

De manera especial, durante la segunda mitad del siglo XX, florecen dictaduras violentas promovidas por los Estados Unidos, que crean un clima de malestar e insurrección en gran parte del continente, especialmente después del derrocamiento por la fuerza del gobierno de Jacobo Árbenz en Guatemala, que se manifiesta, entre otras formas, en la creación de la Legión Caribe, una alianza de opositores para derrocar a las dictaduras. Este ambiente socio-político y cultural, se ve reflejado, entre otras expresiones artísticas, en las obras literarias de Mario Vargas Llosa, como Tiempos recios, que versa sobre el derrocamiento del gobierno legítimo de Guatemala; La fiesta del chivo, que trata sobre los efectos de la dictadura de Trujillo, en República Dominicana, y la que probablemente fue la más popular en su época: Conversaciones en la Catedral, en la que aborda el pesimismo y la corrupción moral reinante en la sociedad peruana bajo la dictadura del general Manuel A. Odría.

En medio de este contexto adverso y desolador, emerge con fuerza, la revolución encabezada por la guerrilla cubana en 1959, como símbolo de la resistencia y de la dignidad latinoamericanas. Inspirada en el pensamiento de José Martí y dentro del marco de un mundo de potencias bipolar, se inclina hacia el socialismo y establece una alianza con el bloque soviético que le permite sobrevivir. De esta manera, el surgimiento de la revolución cubana obliga a los Estados Unidos a revalorar parcialmente su relación con América Latina, poniendo en marcha una estrategia de contención, basada en dos componentes. Por una parte, ofreciendo “la zanahoria” de La Alianza para el Progreso, en 1961, con la cual busca reorientar el desarrollo económico de los países latinoamericanos y, por otra, con “el garrote”, promoviendo el bloqueo a Cuba y fortaleciendo las dictaduras anticomunistas en toda la región, entre las que se destacan por su crueldad las de Argentina, Brasil y Chile. De igual modo, se involucra militarmente en la guerra contra las guerrillas en Centro América, en los años 70s y 80s. Guerra con la que, una vez más, pretendió ocupar Centro América, pero que, tras largos años de muerte y destrucción, se vio obligado a negociar el Plan de Paz, promovido por los presidentes de la región con el respaldo de los demócratas norteamericanos y de los social-demócratas europeos.

El bloqueo a Cuba tuvo, desde sus inicios, dos propósitos: el de afectar a la población civil que mayoritariamente apoyaba a la revolución, para que cambiara de opinión y, establecer un precedente de cara a toda la región, para desalentar a los demás países para que se abstuvieran de tomar medidas autónomas adversas a sus intereses. La aplicación del bloqueo se hizo y se sostuvo a contrapelo del derecho internacional y de la voluntad de la casi totalidad de los miembros de la Asamblea de las Naciones Unidas que, reiteradamente han exigido su levantamiento.

Aunque el objetivo de crear una opinión interna adversa al gobierno cubano, que condujera a su derrocamiento, no fue alcanzado y aún con el hecho de que desapareciera, desde 1991, la Unión Soviética y con ella el peligro de una amenaza estratégica, el bloqueo se mantiene hasta el día de hoy y se ha agudizado con sanciones adicionales, derivadas de la declaración de Cuba como país “promotor del terrorismo”, la cual se produjo con la intención de satisfacer intereses locales y mantener la disuasión de comportamientos “inamistosos” de los otros países del continente. Estas sanciones que se han extendido a Venezuela y Nicaragua han contribuido significativamente a desatar las grandes migraciones hacia el norte.

La aparición del narco tráfico, su impacto en los Estados y en el equilibrio regional

Con la aparición del negocio del narco tráfico, en gran escala, impulsado inicialmente por Pablo Escobar, cambian los ejes del poder centralizado en una pequeña elite nacional, a la que ya no es preciso pedirle permiso para hacer negocios. Su poder actual como transnacional es tan grande que se permite retar el poder de los Estados y minarlos progresivamente, aprovechando las redes de corrupción institucionales y penetrando los poderes locales, especialmente en las zonas deprimidas. En poco tiempo, se han apoderado de Estados completos, así como de numerosos municipios y regiones en las que su palabra es la ley del fusil. En los Estados Unidos y Europa se encuentra su principal mercado, en donde han desarrollado, dada la pasividad de sus autoridades, densas redes de apoyo con las que las desafían permanentemente.

Por todo ello, el narco debe ser visto como una enorme y poderosa empresa descentralizada, que se está constituyendo progresivamente en una opción de poder, reclutando y dando oportunidades a las grandes masas de excluidos de los mecanismos tradicionales de generación de ingresos y de avance social. Una opción de poder creciente en el contexto de desigualdad y exclusión social prevalecientes y que tiende a imponer un orden económico y social despótico y autoritario. Una especie de neo feudalismo en pleno siglo XXI. Un enemigo muy peligroso que sólo puede ser enfrentado con organización desde las bases territoriales, fortaleciendo la inteligencia policial y actuando sobre las causas generadoras de la exclusión social y la impunidad.

La emergencia de nuevas condiciones y tendencias en el mundo y América Latina

En la segunda década del siglo XXI, asistimos al ascenso vertiginoso de nuevas potencias económicas como China, India, Sur África, Rusia y Brasil, fenómeno que está cambiando el panorama de poder mundial unipolar prevaleciente desde la desintegración de la Unión Soviética en la última década del siglo XX.

El peso creciente de China y las repercusiones de su éxito económico y social han aglutinado a estas potencias, cuya participación en la economía mundial se acercará en el 2030 al 40%, constituyéndose en un nuevo eje de poder que rechaza el ordenamiento unilateral y al margen del derecho internacional que, en forma de sanciones, imponen los Estados Unidos a quienes no comulgan con sus intereses. La actual coyuntura internacional es, por tanto, favorable al cambio pues ya no existe una hegemonía donde impere solo “la ley del garrote” a través de sanciones y golpes de Estado, sino que florece un mundo multipolar que genera alternativas y posibilidades de nuevas alianzas.

Dentro de este contexto, Brasil y México, entre otros, han venido jugando un papel relevante en la ampliación de los derechos soberanos del conjunto de las naciones de América Latina y han implementado políticas significativas en la perspectiva de recuperar y fortalecer su soberanía económica y política; sin embargo, tales medidas siguen siendo débiles e incompletas por carecer de una base social de apoyo que respalde los cambios, así como de inclusión social a través de la educación y otros mecanismos de promoción y organización social.

Simultáneamente, al interior del continente, se está produciendo un reacomodo de fuerzas, en cuyo marco, la social democracia y el socialismo clientelista han venido perdiendo respaldo por las prácticas corruptas que los acompañan, al tiempo que crece el populismo de derecha, aderezado, en varios casos, con tintes preocupantes de carácter neofascista que van más allá de la simple retórica discursiva.

El peso de la corrupción endémica

El centralismo, en condiciones de falta de oportunidades y de participación de las grandes mayorías de excluidos, origina la corrupción clientelista, esto es, el manejo de personas y organizaciones por prebendas, a cambio de llevar o mantener en el poder a los oligarcas de la clase política. Los dirigentes de estas organizaciones, a su vez, en cuanto tienen acceso al poder, se reparten la mejor tajada (Trocello, 2008). Esta práctica no es un atributo exclusivo de la derecha sino también de una parte importante de los movimientos que claman por la sociedad del bienestar.

Teniendo como prioridad el interés propio, al llegar al poder manejan la hacienda pública con ese criterio, provocando un desajuste financiero que termina afectando, en primer lugar, a quienes deberían ser los beneficiados del bienestar, provocando desesperanza e indignación. Sólo así puede explicarse que la mayoría de los argentinos escogieran a un presidente esquizofrénico y delirante como Javier Milei.

En el campo de las privatizaciones, la derecha ha exhibido un gran oportunismo y corrupción, al hacer negocios comprando por una bicoca empresas públicas para venderlas después con grandes ganancias (Piketty, 2019). Lamentablemente ese oportunismo no ha sido solo de la derecha sino también de la llamada izquierda, tal como se ha podido constatar con las expropiaciones de las grandes empresas y haciendas adjudicadas, no a los trabajadores organizados como correspondería, sino a los dirigentes políticos como sucedió en Nicaragua.

Hacia el futuro inmediato: aprovechar los cambios externos para ejercer soberanía y consumar las transformaciones internas que hacen falta

Como se ha expuesto a lo largo de este trabajo, el tutelaje estatal o patriarcal, junto con la exclusión masiva de los sectores populares de las dinámicas económicas y políticas, limitan el desarrollo de las personas y también de países y continentes enteros, dando lugar a la configuración de escenarios de decadencia institucional avanzada (Fukuyama, 2016). En contraste, el capital social y la cultura cívicas indispensables para impulsar el desarrollo económico y social sólo pueden emerger en condiciones de autonomía y libertad asociativa, por lo que el empoderamiento ciudadano aparece como una condición si ne qua non de cualquier intento de transformación efectiva de la realidad que nos afecta.

Por otra parte, si se sabe aprovechar, la nueva coyuntura internacional abre espacios para que los países latinoamericanos ejerzan su soberanía de forma cada vez más plena. Ciertamente, los Estados Unidos no renunciarán fácilmente a su hegemonía regional, pero factores ideológicos e intereses creados la van a limitar, entre ellos, la garantía de su propia seguridad y la necesidad de acceso a los recursos vitales del continente. Todas estas circunstancias, aunadas a la lucha de resistencia de los pueblos y a una hábil negociación con las potencias económicas en ascenso, los obligarán a ir modificando su actitud hacia Latinoamérica.

A su vez, el cada vez más grave estado de salud del planeta, que exhibe alarmantes condiciones de deterioro en temas cruciales como desaparición de biodiversidad, cambios de uso de suelos, pérdida de riqueza y vitalidad de las fuentes de agua dulce, y cambio climático, así como los desastres naturales asociados al mismo, incidirá en la revalorización de las prácticas productivas y los valores ancestrales de los pueblos originarios del continente que, no hace mucho tiempo, permitían la regeneración de los suelos, bosques y climas (Ribeiro, 2015). Toda esta herencia cultural, al igual que las prácticas avanzadas de permacultura, elevarán el valor de la innovación agroecológica regional y su importancia para el mundo.

Pero, en lo inmediato, América Latina enfrenta el grave problema derivado del poder creciente del narco tráfico, así como el de la añeja corrupción clientelista y el peligro de las privatizaciones oligárquicas como las que se dieron con los programas neoliberales o las que tuvieron lugar en la Rusia post soviética. Además, bajo este contexto, las condiciones de exclusión se consolidan, al mantenerse inalteradas las relaciones de discriminación étnica y de clase que, a su vez, definen las limitadas oportunidades de acceso a la educación y a los círculos de influencia y poder para millones de personas.

En estas condiciones, la tarea histórica de transformar el actual estado de cosas solo puede ser realizada por un pueblo organizado que active su poder de incidencia en el ámbito económico y cívico. A tales efectos, lo que se requiere es una amplia movilización social que actúe como fuerza motriz de la transformación social y política. Pero dicha organización y movilización social no se podrá lograr si antes no se echan abajo las barreras que mantienen en la postración a la gran mayoría de la población.

Empezar a erradicar la exclusión, solo es posible con la puesta en marcha de una serie de medidas estratégicas de mediano y largo plazo, entre las que destacan: la promoción educativa y la alfabetización organizacional y empresarial, ambas realizadas en forma masiva y como procesos participativos de largo aliento. A continuación, abundaremos en algunos de los elementos definitorios de tales acciones.

Como es sabido, la educación es un derecho fundamental establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada, desde 1948, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el año 2015, este organismo internacional estableció una nueva agenda mundial para el año 2030, en la que se enlistan 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). De forma enfática, los ODS cuatro y cinco aspiran a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos.

Sin embargo, hacia el año 2019, América Latina y el Caribe aún se encontraban lejos de alcanzar las metas educativas establecidas en los ODS. Peor aún, la pandemia mundial por covid-19, desatada a partir de 2020, afectó los sistemas educativos, forzándolos al cierre de actividades presenciales y a la implementación apresurada de formas alternativas de educación a distancia, que no lograron retener a toda la población estudiantil. Todo ello derivó en la interrupción abrupta de su proceso educativo, afectando su aprendizaje y progresión escolar (CEPAL, 2024).

En un intento por tratar de revertir esta situación, el informe de seguimiento de la educación en el mundo para 2022 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) recomienda a los gobiernos, las organizaciones bilaterales y multilaterales, la sociedad civil, el sector privado, los académicos, las comunidades, las escuelas, los estudiantes, las familias y los tutores a trabajar de manera conjunta en la implementación de las siguientes acciones: fomentar el acceso igualitario a la educación y prevenir el abandono escolar; lograr que el aprendizaje sea transformador, seguro e inclusivo para todos los educandos; desarrollar sistemas educativos equitativos, inclusivos y transformadores de género, y promover enfoques integrados, coordinados y que abarquen todo el sistema.

No obstante, de acuerdo con información estadística, dada a conocer recientemente por la CEPAL (2022), en relación con 14 países de América Latina, se observa que un 41.4% de la fuerza de trabajo de 15 años y más, no completó la enseñanza secundaria. Entre los factores de riesgo para desertar de la escuela se encuentran: la condición de pobreza, étnica, racial y de discapacidad, debido a que estas condiciones son objeto de discriminación en contextos académicos adversos.

Pero, además, la falta de acceso al sistema educativo genera un círculo vicioso de pobreza y marginación, ya que cuando el estudiante proviene de un hogar donde los padres no finalizaron el nivel primario de educación, se eleva, de forma considerable, la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema. En efecto, entre la población de esos hogares, la incidencia de ambos tipos de pobreza llega al 46.8%. En cambio, los estudiantes que provienen de hogares donde los padres tienen educación terciaria completa, la incidencia de la pobreza fue del 9.0% (CEPAL, 2022).

En virtud de lo anterior, lo que se requiere urgentemente es el establecimiento de un sistema educativo inclusivo, gratuito y universal, que ponga freno a la deserción estudiantil y que cuente con amplia cobertura y participación de todos los grupos étnicos y clases sociales. Así, en el marco de un sistema educativo abierto, plural y diverso será posible impartir una educación que eduque para la vida de forma integral, con el propósito de desarrollar en las personas sus capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar individual y colectivo. Una educación que desarrolle el pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad y que, además, permita que los conocimientos y aprendizajes adquiridos en las aulas se vinculen con el sector productivo y la investigación científica.

Lo antes dicho en relación con el papel de la educación es particularmente válido para la población infantil y juvenil de América Latina, el futuro de nuestras naciones; pero, aún quedaría pendiente de erradicar la exclusión a la que ha sido sometida la población adulta, la que actualmente constituye la mayor parte de la población económicamente activa del continente y que exhibe bajos niveles de escolaridad y, por ende, una enorme vulnerabilidad económica y social.

Para promover la reinserción de los bastos contingentes de población que han sido excluidos de los circuitos económicos y que hoy constituyen el grueso del flujo migratorio latinoamericano, se podrían poner en marcha procesos masivos de capacitación organizacional y técnica en los lugares de origen de esa población.

Dicho en otras palabras, lo que en esta materia se requiere, es impulsar un amplio y consistente proceso de capacitación organizacional a nivel local y comunitario, abierto a toda la población residente en esos lugares, es decir, desde los niños hasta los ancianos, pasando por los jóvenes, las mujeres jefas de hogar y los padres de familia en el que a partir de diagnósticos comunitarios participativos se identifiquen, por una parte, los peligros existentes para la seguridad comunitaria y, por otra, el potencial económico y las oportunidades de negocio existentes en las comunidades rurales y urbanas. En un segundo momento, con base en tales diagnósticos, se podrían montar diversos procesos de capacitación técnica, empresarial y asociativa que permitan avanzar en la elaboración de proyectos productivos específicos.

Evidentemente, todo este esfuerzo de capacitación organizacional deberá ejecutarse siguiendo los principios epistemológicos y los procedimientos técnicos, recuperados y sistematizados en metodologías de capacitación de masas, entre las que destacan la educación popular de Paulo Freire y la del Laboratorio Organizacional (LO), creada y desarrollada por el sociólogo brasileño Clodomir Santos de Morais y que ya ha sido aplicada con éxito, en diferentes países de cuatro continentes (Carmen y Sobrado, 2000). Esta última, además de presentar resultados destacados en diversas formas de organización popular, genera poder real, elevando la conciencia y las posibilidades de incidencia y participación de las comunidades en la vida económica y política. El éxito del LO se fundamenta en su enfoque basado en la autonomía efectiva de los grupos y no en el tutelaje clientelista de los asistencialistas. En este sentido, cabe destacar que la autonomía del sujeto es exigida por la naturaleza del proceso mismo de capacitación que demanda, para ser efectivo, de la relación sin interferencias con el objeto, en este caso la organización social, en cuyo manejo los participantes buscan habilitarse. Todo este planteamiento metodológico está alineado, de forma congruente, con los principios de la educación para adultos o andragogía y la teoría de la actividad objetivada de Lev Vigotski.

El método de Clodomir añade, además, el concepto de estructuras ideológicas o inercias de comportamiento, derivadas de la práctica laboral previa de los participantes, las cuales deben ser superadas, a través de las nuevas prácticas organizativas, que se generan en los Laboratorios Organizacionales (Santos de Morais, 1989). De esta suerte, los participantes tienen la oportunidad de conocer no sólo las formas tradicionales de producción como la artesanía, la manufactura, la industria, y la post industria, sino también las formas emergentes que incluyen la agroecología y la Inteligencia Artificial. Estas últimas, como es sabido, están adquiriendo cada vez mayor relevancia en la configuración de empresas y en la mimetización del ser humano con la naturaleza, generando nuevas formas de artesanía rural y urbana que ayudan a la regeneración de la naturaleza y constituyen un fuerte estimuló para incentivar el arraigo de la población en sus lugares de origen.

Razones por las que la capacitación en organización debe darse en condiciones de autonomía

La capacitación, entendida como habilitación para desempeñar una actividad determinada, requiere de una adecuada instrucción sobre el objeto con el cual se quiere capacitar, es decir, de una práctica directa con dicho objeto. No obstante, en un primer momento de instrucción, la persona o el grupo entran en relación con un instructor o con un manual, lo que les permite informarse sobre la naturaleza del objeto en cuyo manejo desean capacitarse. Esto es un paso necesario, pero no suficiente. Para habilitarse realmente en el manejo del objeto deben practicar con él, pues sólo de este modo obtendrán el conocimiento necesario sobre su operación y funcionamiento y podrán desarrollar habilidades y destrezas en su manejo.

Tal como puede observarse en los procesos de capacitación para el manejo de vehículos. La primera fase de instrucción la realiza el sujeto que se quiere capacitar con un instructor. Se establece así una relación entre dos sujetos. En la segunda fase, cuando el sujeto se monta al vehículo, el instructor pasa a un segundo plano y solo se mantiene para evitar alguna emergencia, mientras que el sujeto entra en relación directa con el vehículo. Al accionar sobre éste y arrancar su motor, el sujeto recibe información del objeto, relativa a su fuerza y dinámica y sobre cómo se articulan en la práctica los diversos componentes del sistema. En este proceso va reconociendo sus calidades operativas y desarrollando destrezas para lograr algún día conducir vehículos automotores en el mundo real donde transitan personas y otros vehículos. El instructor debe respetar la autonomía del sujeto para que el proceso de conocimiento y desarrollo de destrezas pueda fluir sin alteraciones, limitándose a intervenir solo en caso de emergencia. Un instructor que limite la autonomía del sujeto o pretenda dirigir cada paso en el manejo del vehículo, rompe el clima necesario para que el proceso de capacitación se produzca, impidiéndolo o alargándolo innecesariamente.

La capacitación en organización fuente de poder

Así como la capacitación en el manejo de un vehículo requiere de autonomía, la capacitación en organización de los grupos y empresas sociales demanda, además de los procesos básicos de instrucción, de una efectiva autonomía en su funcionamiento. Esto es un requisito para que quienes se están capacitando perciban el movimiento de las partes, adquieran conocimientos y desarrollen destrezas sobre el sistema en operación.

Si bien en la vida cotidiana se reconoce la importancia de la autonomía en los procesos de capacitación técnica, esto no opera en la práctica de la misma manera en la capacitación en organización. Ello a pesar de ser exactamente los mismos principios cognitivos los que rigen el aprendizaje y la capacitación de los individuos y los grupos. Diversas razones, ya sean de tipo ideológico o de posición social, como el temor respecto de las repercusiones económicas y políticas de los procesos de capacitación de masas, el prestigio personal e institucional o un interés de control político, interfieren y alteran el proceso de capacitación. En el fondo lo que sucede es que no se sabe capacitar, ni se confía en las capacidades de los sujetos que son miembros de la organización. La intervención indebida en estos casos impide que se produzca el proceso de habilitación para el desempeño organizacional y que se genere, a contrapelo de los procesos de conocimiento, una especie de sujeto pasivo y dependiente.

En síntesis, capacitar a un grupo humano para una actividad autónoma, no es lo mismo que entrenar para el ejército o para el desempeño en una fábrica, en donde las órdenes y la planificación se definen en instancias superiores. Para gestar una organización capaz de autogestionarse, tales como las diversas formas de cooperativas y organizaciones de economía social y solidaria, creadas para la producción o para resolver servicios comunales básicos, debe partirse del carácter gregario de la especie humana y la complejidad de intereses personales y grupales intervinientes. Se trata de poner en marcha un proceso de capacitación con autonomía que articule orgánicamente los intereses individuales o de grupos, alrededor del propósito común que los integra como organización, lo que, en modo alguno, se podría lograr con la visión estrechamente individualista.

En virtud de lo antes dicho, el objetivo final de la capacitación organizacional propuesta es que los excluidos se vuelvan protagonistas de su propio proceso de desarrollo a través del poder de la auto organización y a partir de los recursos disponibles en sus comunidades. De este modo, la participación organizada de los pobladores, de cualquier comunidad carente, en la atención de sus necesidades inmediatas de abasto y alimentación, vivienda, salud, educación y seguridad pública, entre otras, ira dando paso a un proceso creciente de empoderamiento ciudadano de sectores antaño pasivos y excluidos, quiénes mediante el logro de objetivos colectivos o el cumplimiento de metas sociales, avanzará paulatinamente en la recuperación de su propia identidad y autoestima. Ello es así porque la gente no se transforma solo con discursos o lecturas, sino a través de la actividad concreta y organizada que se traduce en resultados de beneficio común.

Impulsar el cambio sincrónico desde arriba y desde abajo

La separación histórica y estructural entre Estado y Sociedad es otra de las herencias nefastas de la época colonial, al grado que los propios gobiernos de izquierda cuando conquistan el poder político suelen aplicar una estrategia de transformación anclada o limitada en el quehacer del Estado, haciendo a un lado o dejando en segundo plano la participación ciudadana y el control que permite la organización popular informada. El resultado de ello, han sido un conjunto de avances significativos, sobre todo, en materia de distribución social de la riqueza y de combate a la corrupción gubernamental, pero que por sí solos son insuficientes para lograr trascender el neoliberalismo, amén de que son poco sostenibles a largo plazo.

Con base en la experiencia reciente de algunos gobiernos progresistas, es imperativo realizar un esfuerzo especial por tratar de armonizar los ritmos del proceso de cambio desde el Estado, con los procesos de organización y participación social desde la sociedad civil. La firma de un pacto político u acuerdo social incluyente puede constituirse en un buen punto de partida para que Estado y sociedad se reconcilien y empiecen trabajar juntos en la implementación de un proyecto común.

En pocas palabras, lo que se propone es avanzar en la reforma profunda del Estado hasta poner en pie un fuerte y vigoroso Estado Social de Bienestar, fundamentado en la descentralización y participación popular y que no tenga miedo a fortalecer la autonomía de los diferentes sujetos sociales. Para ello, será necesario alentar todas las formas de la democracia directa, modificar sustancialmente el estilo unipersonal y centralista de gobierno y desconcentrar el ejercicio del poder. La legitimidad política del Estado se debe utilizar para promover una amplia y constante movilización social que permita llevar a cabo los cambios estructurales que se requieren.

Construir organización autónoma es sembrar la verdadera democracia

Dado el peso excesivo del clientelismo en nuestros sistemas políticos, estamos bastante acostumbrados a tratar como organizaciones a estructuras jurídicas formadas en oficinas por seudo dirigentes que aportan listas de clientes que los declaran como sus representantes en diversos tipos de emprendimientos. Clientes que tienen un beneficio, a menudo poco tangible, pero que no dirigen ni definen en la práctica las políticas de estas “organizaciones”, que terminan convirtiéndose en furgones de cola de los partidos políticos. Estos partidos promueven formalmente el “Estado de Bienestar”, pero cuando llegan al poder no gobiernan para el pueblo, sino para la elite gobernante, incluyendo a los “dirigentes populares” que los sostienen y desatan una cascada de corrupción que desmoraliza a la población.

Esta aclaración es imprescindible para comprender resultados electorales como los de Argentina, donde las grandes masas de marginados, cansadas de engaños, votaron por “un salto de la sartén al fuego”, eligiendo a un anarco capitalista. Pero, ahora, nuevamente son excluidas porque no tienen poder para manifestar su fuerza frente a un Estado mediatizado por el clientelismo y una clase política que sólo los utilizó para legitimar su acceso al poder por una vía pacífica y electoral.

Así, en un continente en el que más de la mitad de la población trabajadora tiene menos que bachillerato y en un momento histórico que se caracteriza por el avance imparable de la tecnología, el desarrollo de programas de capacitación masiva en auto organización resulta estratégico e impostergable para construir ciudadanía con bienestar y evitar los riesgos de la violencia.

Por eso, hoy es imperativo darle el poder de la organización e intervención en los asuntos públicos a las grandes masas de excluidos y pobres de las repúblicas latinoamericanas, carentes de mecanismos de poder; masas que, conociendo los resultados y retomando las mejores prácticas de las organizaciones autónomas en el campo comunal, cooperativo y de la salud, (ver Trilogía Latinoamericana en www.prismalat.com) se puedan empoderar, a través de la organización autónoma, para construir una nueva institucionalidad cada vez más descentralizada, participativa, democrática y eficiente.

Epilogo

Esta propuesta puede parecer, a primera vista poco estimulante por su complejidad y de muy largo plazo, dada la urgencia de las transformaciones que requiere nuestro continente, así como las amenazas existentes y la velocidad de los cambios planetarios; pero, si se valora adecuadamente, posee un poder acumulativo que viabiliza la transformación básica del sistema en el mediano plazo.

Lo más importante para iniciar el proceso de metamorfosis aquí descrito, es aceptar que, en cierto modo, “estamos esrotados” como dijo un campesino apaleado después de un desalojo, y que, por ende, necesitamos impulsar un cambio de paradigma o de imaginario social que pase de la derrota estructural, debida a la “cultura de la corrupción” a una visión histórica y realista del origen de las debilidades del sistema, acompañada de una propuesta operativa de transformación y autotransformación progresiva que vaya desde la exclusión social hoy imperante hasta la conquista del umbral de ciudadanía para todas y todos. Realizado este cambio de visión y emprendido el ajuste en las políticas económicas, sociales y de seguridad pública, en las que se retomen las mejores prácticas alcanzadas hasta el momento enriqueciéndolas en las nuevas y diversas realidades, los resultados serán contagiosos y se diseminarán como un reguero de pólvora por todo el continente, alcanzando velocidades inusitadas y una gran variedad de resultados e innovaciones propias de un continente tan rico y diverso como es el nuestro.

Pero tampoco hay que pasar por alto que las transformaciones que requiere el continente, a pesar de los cambios favorables en la coyuntura mundial, no se van a poner en marcha sólo con discursos en las plazas o sermones; es preciso tratar a la organización autónoma como fuente de poder popular que reafirme la identidad latinoamericana. De este modo, mediante la organización autónoma y la movilización ciudadana se sentarían las bases del cambio y se desataría una dinámica de transformación en cuyo marco los efectos concretos de la actividad autónoma organizada serán los que, por una parte, darán poder y confianza en sus posibilidades a los excluidos y, por otra, romperán los estereotipos sobre la incapacidad étnica o de clase. De igual modo, el concepto de organización, tan debilitado por el clientelismo, retomará su significado e impulso prestigiando con sus resultados las iniciativas locales y creando condiciones para que se produzca un sincretismo entre los valores ancestrales y lo mejor de la cultura humanista y democrática de nuestros tiempos.

En suma, es crucial aceptar que el desarrollo sólo se logra potenciando las capacidades cívicas y empresariales de la gente a través de la organización autónoma. Este es el camino para crear ciudadanía y democracia, el otro es el del terror y la violencia del Estado o del narco tráfico. Apostados en la segunda década del siglo XXI, necesitamos, urgentemente, tomar decisiones firmes antes de que sea demasiado tarde.

Bibliografía

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Vargas Llosa, Mario (2000). La fiesta del chivo. Lima: Alfaguara.

Vargas Llosa, Mario (2019). Tiempos recios. Lima: Alfaguara.

20 videos de sustentación

Prisma Latinoamérica: www.prismalat.com; también en YouTube, Fac

El abc de la deuda del Estado costarricense con la Caja Costarricense del Seguro Social

Henry Mora Jiménez

Introducción

La deuda del Estado costarricense con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es un tema que debe preocuparnos a todos, sin excepción. A febrero de este año la deuda ascendía a 3.7 billones de colones (según datos oficiales de la Caja, aunque el ministerio de Hacienda no avala esta cifra). De este monto, un 80% corresponde al Seguro de Salud, un 18% al IVM (más de 660 mil millones de colones) y el 2% restante a otras obligaciones establecidas por ley. El lunes 17 de junio la prensa nacional informa sobre una “carta de entendimiento” firmada entre el gerente de pensiones de la Caja y el ministro de Hacienda para conciliar la deuda del IVM. Esta no es la deuda mayor, pero sería un avance si se cristaliza en un acuerdo que finalmente se respete.

En los últimos años este monto ha crecido de manera descontrolada, aumentando en un 20.74% solo entre febrero de 2023 y febrero de 2024. Otro dato impactante: entre mayo de 2022 y noviembre de 2023 (Administración Chaves Robles) esta deuda creció un 35.5% (cerca de 1 billón de colones más).

No hay que profundizar mucho para darse cuenta de que esta deuda afecta de múltiples maneras a la sociedad costarricense, por ejemplo, en la infraestructura y el equipamiento de los centros de salud en todos los niveles (EBAIS, clínicas, hospitales), en la atención a pacientes y en las interminables listas de espera, entre otras. La solución integral no se vislumbra en el horizonte, pero sería un buen comienzo si se lograra parar en seco este crecimiento y garantizar la estabilidad y robustez financiera de la institución más querida de los costarricenses.

¿Cómo ha surgido esta deuda gigantesca?

Desde la fundación de la CCSS a inicios de los años cuarenta del siglo pasado, el Estado asumió un compromiso subsidiario y solidario con el financiamiento de la seguridad social de nuestro país, formando parte de lo que se ha denominado el esquema de contribución tripartita: empleador, trabajador y Estado.

En los años setenta, nació el aseguramiento voluntario del trabajador independiente, convertido como obligatorio en el 2005, producto de una disposición contenida en la Ley de Protección al Trabajador (LPT). En esta figura, el Estado se comprometió a complementar el aporte del trabajador independiente, dada la ausencia de un patrono. Esta lógica se extendió luego a los asegurados voluntarios, personas que no ejercen una actividad laboral como tal, pero desean inscribirse en los seguros sociales administrados por la CCSS.

Si bien es cierto que parte de la deuda del Estado se explica por el incumplimiento en el pago total de estas obligaciones por concepto de contribuciones sociales, han sido las coberturas de poblaciones altamente vulnerables y sin capacidad contributiva, cuyo financiamiento recae en el Estado, los rubros que acumulan los montos adeudados más significativos. En este sentido, destacan las obligaciones asociadas a la protección de las personas y familias en condición de pobreza básica o pobreza extrema, a través del programa Asegurados por Cuenta del Estado; los menores de edad cubiertos por el Código de Niñez y Adolescencia; y múltiples grupos incluidos en diversas leyes especiales, cuya situación de riesgo social, imponen un aseguramiento con cargo al Estado.

Así mismo, con el traslado a la CCSS -a mediados de la década de los años noventa- de los programas y servicios que otorgaba el Ministerio de Salud, nació una nueva obligación, constituida por el financiamiento del Primer Nivel de Atención por parte del Estado, situación ratificada en 2019 en una sentencia judicial en firme que se encuentra en fase de ejecución, y podría implicar un monto adicional de la deuda actual por casi 6 billones de colones.

De forma adicional, la deuda del Estado con la CCSS incluye otros rubros menores, tales como, montos no pagados por concepto de la Ley de Paternidad Responsable, Ley de Control del Tabaco, Fecundación In Vitro (FIV) y un contrato con la OPS para la aprobación de los Indicadores de Desembolso del Préstamo con el Banco Mundial, suscrito en abril de 2016.

En todos estos casos, la continuada “morosidad” del Estado afecta los distintos servicios que la Caja debe suministrar a la población y cuya responsabilidad está plasmada en el párrafo tercero del Artículo 177 de la Constitución Política.

Fuente: CCSS, Gerencia Financiera

¿Cómo afecta esta deuda a los asegurados y al personal médico y administrativo?

La afectación a los pacientes es evidente:

Respuesta insuficiente en el Primer Nivel de Atención: Existe una brecha de más de 350 EBAIS en todo el territorio nacional, que no se ha podido cerrar por el incumplimiento del Estado de sus obligaciones, limitando la oferta de citas médicas en estos centros, y generando largas filas en los servicios de emergencia de las clínicas y hospitales de la CCSS.

Listas de espera prolongadas e interminables: La deuda redunda en largas demoras para recibir atención médica oportuna. Los pacientes esperan más tiempo para consultas, cirugías o tratamientos, lo que afecta su salud y calidad de vida y, en ocasiones, su vida misma.

Acceso limitado a servicios: La falta de recursos limita la disponibilidad de ciertos servicios médicos, como pruebas diagnósticas o medicamentos, especialmente si estos últimos son de alto costo.

Calidad de atención comprometida: La infraestructura deficiente y la falta de insumos afectan la calidad de la atención brindada.

Aumento de los gastos privados en salud. Cuando la Caja no da soluciones a tiempo, a los asegurados no les queda más remedio que cubrir con sus propios recursos el pago por medicamentos, tratamientos y cirugías.

Pero también afecta al personal médico y administrativo:

Sobrecarga laboral: El personal médico enfrenta una mayor carga de trabajo debido a la alta demanda y la escasez de recursos. Esto impacta en su salud física y emocional y repercute en el trato a los asegurados.

Salarios y condiciones laborales: La deuda dificulta el pago de salarios y beneficios “competitivos” al personal especializado y los hace migrar al sector privado.

Recursos limitados: La falta de inversión en infraestructura y equipos afecta la capacidad del personal para brindar una atención óptima.

¿Es esta deuda factible de pagar en el corto plazo por parte del Estado costarricense?

La factibilidad de pagar esta deuda es un tema complejo y multifacético. Algunos factores por considerar son:

La capacidad económica: El Estado debe evaluar su capacidad para generar ingresos y asignar recursos sin estrujar demasiado al sector privado.

Las prioridades presupuestarias: La deuda compite con otras necesidades, como educación, seguridad, infraestructura y servicios sociales. El Estado debe equilibrar estas prioridades al asignar sus recursos.

La voluntad de pago. El actual gobierno, embarcado en una cruzada fiscalista, ha mostrado particular reticencia a reconocer la deuda y a hacer las amortizaciones correspondientes.

En definitiva, la posibilidad de pagar la deuda estatal con la Caja es inviable en el corto plazo, ya que representa cerca de un 7% del Producto Interno Bruto, una cifra cercana a la totalidad de los impuestos que el Estado recauda en un año. Pero por esta misma razón no se debe seguir postergando una salida negociada de mediano y largo plazos.

¿Qué estrategias se han considerado para abordar la deuda del Estado con la CCSS?

En los últimos años se han considerado diversas estrategias para abordar la deuda con la Caja, las más importantes han sido:

  1. Que el Estado realice aportes excepcionales periódicos a la deuda, que han sido muy limitados.
  2. Negociaciones bilaterales Caja – Ministerio de Hacienda para establecer un plan de pagos a mediano y largo plazo, pero sin resultados tangibles hasta ahora.
  • También se ha propuesto que un porcentaje de los préstamos para inversión que contrae el Gobierno (deuda externa) se dedique a amortizar parte de la deuda con la CCSS, pero esta opción ha contado con la férrea oposición del actual ministro de Hacienda.

¿Qué opciones de pago graduales por parte del Estado pueden considerarse?

El Estado costarricense puede y debe considerar varias opciones de pago gradual pero constante para abordar la deuda con la Caja, entre otras:

Convenios de pago: Establecer acuerdos formales con la CCSS para pagar la deuda en cuotas preestablecidas a lo largo del tiempo. Esto permite una distribución más manejable de los pagos.

Reestructuración de la deuda: Negociar plazos más largos o tasas de interés de morosidad más bajas para facilitar el pago gradual.

Asignación presupuestaria específica: Destinar una parte del presupuesto estatal anual directamente al pago de la deuda con la CCSS.

Fondos específicos: Crear un fondo específico para la deuda con aportes regulares del Estado.

Cualquiera que sea la opción o el abanico de opciones, la primera medida debería ser detener de manera inmediata el crecimiento de la deuda (más allá de los intereses acumulados), de manera que el Estado empiece a cumplir con sus obligaciones legales y constitucionales con la Caja.

Como vemos, el problema pasa por una necesaria e ineludible negociación y un dialogo transparente que, increíblemente, no se ha podido llevar a cabo. En estas condiciones la presión de la ciudadanía se vuelve insustituible.

P.D. Agradezco los valiosos comentarios a un primer borrador de este artículo por parte de un funcionario anónimo de la CCSS.

Desafíos que enfrenta la seguridad social

Dr. Rodrigo Cabezas Moya
Especialista en Cirugía de Tórax

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la Seguridad Social para contar con los especialistas que el país requiere y no solo la C.C.S.S.?

Muy apropiada la formulación de la pregunta pues se deben formar los especialistas que requiere todo el país y no solo una institución o el sector privado.

Antes de discutir el tema se debe discutir la enseñanza de la medicina en Costa Rica, que impacta directamente el tema en discusión sino también la salud que recibe la población. En otros países, al final de la fase preclínica (anatomía, fisiología, embriología, etc.) se hace un examen de competencia y quien no lo aprueba no continua en la carrera, ahorrándoles dinero a los padres de familia y orientando al estudiante a otras actividades acordes con su aptitud y capacidad.

Como se ha hecho en Costa Rica la formación de especialistas durante muchos años no es la manera adecuada pues ellos deciden quienes y cuántos se forman al ser ellos quienes designan los exámenes,  las preguntas y los califican, siendo de hecho juez y parte del proceso. Incluso en algunas especialidades dejan por fuera a estudiantes calificados para favorecer a familiares de médicos.

En un artículo reciente puse de ejemplo el país donde me formé como especialista, Estados Unidos.

Ahí quienes lo hacen son las universidades que tienen su propio hospital universitario o en algunos casos, tienen un contrato para encargarse de la enseñanza en ellos, por ejemplo Hospitales de Veteranos u Hospitales Públicos de la ciudad, sin que participen en el manejo financiero. El plan de estudios lo hace un ente nacional que representa la especialidad ( American Board of Medical Specialist ) decide si el hospital tiene la capacidad para hacerlo y en el caso de especialidades quirúrgicas, el tipo y número de casos que cada residente debe hacer para concluir el programa. Al final del programa, la universidad certifica las fechas en que la persona fue residente de la especialidad. El título de especialista lo otorga el ente nacional de esa especialidad después de un riguroso examen escrito y oral.

Como se puede deducir, los especialistas no influyen en el número que se forman ni controlan el mercado, muy distinto a la manera como se hace en Costa Rica.

El tema que se pregunta es los desafíos para contar con los especialistas que el país requiere.

En este momento de crisis, la formación pasa a un segundo plano simultáneo con una directriz temporal  para importar  especialistas extranjeros con toda la oposición que eso acarrea.

Se deben buscar especialistas con un programa de formación similar al aprobado por la Universidad de Costa Rica. Se debe anticipar la oposición del Colegio de Médicos cuya principal función es proteger a sus miembros. Para eso se debe involucrar a la Asamblea Legislativa y a la Sala Constitucional y convencerlos de la naturaleza crítica de la situación. Hay países con programas de estudio similares en donde los especialistas ganan menos, como Colombia y Argentina.

Una vez superada la fase crítica en que estamos, se debe planear la formación en Costa Rica de especialistas, involucrando a todas las partes interesadas y manteniendo a la Universidad de Costa Rica como rectora de los programas de estudio. Otras universidades que no tienen hospitales universitarios no deben participar excepto en casos muy calificados. No se debe descartar la formación de especialistas en el extranjero, lo cual podría costar lo mismo o menos que formarlos aquí.

Una vez superada la crisis, se debe reevaluar el sistema de atención. Cuando haya suficientes especialistas, debe haber tres turnos con salarios  globales adecuados y  proporcionales a la complejidad de la especialidad y el tiempo requerido para lograrlo. Excepto en casos calificados, no debería haber guardias ni disponibilidad.

Como he dicho en otras ocasiones, para superar la etapa en que nos encontramos se requiere de los más altos valores éticos para el beneficio de Costa Rica.

Dicha exposición es parte de la conferencia «Desafíos de la seguridad y previsión social, escasez de médicos especialistas, juego entre la vida y la muerte», que se realizó como parte del Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel. Aquí el enlace del foro: https://surcosdigital.com/conferencia-desafios-de-la-seguridad-y-prevision-social-escasez-de-medicos-especialistas-juego-entre-la-vida-y-la-muerte/

Imagen ilustrativa.

ICE desaprobó proyecto de apertura eléctrica

Del vídeo que compartimos se desprende que en el oficio 257-5-2024 del 31 de enero de 2024, el Grupo ICE responde a la consulta de la Asamblea Legislativa sobre el proyecto de ley de “Armonización del sistema eléctrico nacional”, en otras palabras, la privatización del mismo.

La respuesta otorgada por el ICE se basa en un cuestionamiento a tal proposición, argumentando el estado en que este proyecto dejaría a la institución, de manera que acabaría con el sistema solidario de energía eléctrica que existe en el país. Así, el ICE necesitaría la aprobación de entes externos para la distribución del servicio eléctrico, donde incluso se vería en la obligación de ofrecer sus plantas de mayor capacidad pero sin tener el control de sus propios recursos, específicamente de sus activos.

De aprobarse este proyecto de ley, el ICE se encontraría en una posición de fuerte desventaja y vulnerabilidad respecto a las instituciones privadas, pues lo seguiría rigiendo el Derecho Público. Además, el proyecto de ley carece de instrucciones precisas en relación con la manera en la cual el mercado eléctrico nacional transferiría sus beneficios a los clientes finales.

Finalmente, se les indica a los usuarios que si desean tener acceso al documento presentado, pueden ingresar a la página web www.anep.cr para su lectura y conocimiento.

Se les invita también a ver el vídeo: