El pasado 16 de octubre del 2024, la Asociación Jubilados en Acción solicitó al ministro de Hacienda, y al gobierno de la República, información acerca de los fondos que se debieron conformar con cuotas obreras patronales y estatales, correspondientes a las jubilaciones del personal del Magisterio Nacional.
Dicha información se requiere para determinar qué hizo el Estado con las cuotas obreras, patronales y estatales correspondientes al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, entre los periodos que van desde la promulgación de la Ley No 2248 (7 de setiembre de 1958) y la fecha de promulgación de la Ley No 7268 (14 de noviembre de 1991), a efecto de determinar la responsabilidad que corresponda.
A diferencia de los fondos individuales que pertenecen a cada afiliado, la reserva común se utiliza para cubrir riesgos o contingencias que afectan a todo el sistema, como una longevidad mayor a la esperada, ajustes por inflación, o desequilibrios actuariales en caso de que algunos participantes no acumulen los fondos necesarios para una jubilación digna. La función principal de esta reserva es estabilizar el sistema, asegurando su sostenibilidad a largo plazo al actuar como un colchón financiero que permite absorber variaciones imprevistas en las proyecciones actuariales.
Como se indicó supra, el Estado incurrió durante 33 años en el grave incumplimiento de apropiarse de los fondos ahorrados por el personal magisterial y de algunos de los patronos como cuotas obreras y patronales, con el agravante de que no pagó los aportes como patrono en el caso del personal del Ministerio de Educación Pública (MEP) y no pagó tampoco, la cuota general que como Estado le correspondía aportar para todas las personas afiliadas a JUPEMA.
Por lo tanto, estas fueron las solicitudes concretas de información:
¿Qué hizo el Estado con las cuotas que pagamos las personas afiliadas a JUPEMA entre el 7 de septiembre de 1958 y hasta el 14 de noviembre de 1991 y que el Ministerio de Hacienda retuvo de nuestros salarios mensuales?
¿Dónde se depositaron las cuotas patronales y estatales pertenecientes al Fondo Económico de JUPEMA entre el 7 de septiembre de 1958 y hasta el 14 de noviembre de 1991?
¿A cuánto suman esas cotizaciones tripartitas pertenecientes al fondo económico de JUPEMA correspondientes al periodo de 33 años que van de 1958 a 1991?
¿Dónde se depositaron los intereses y rendimientos generados por la reserva económica común perteneciente al fondo de jubilaciones creado por la Ley 2248 del 7 de setiembre de 1958?
¿Existe un fondo económico o una previsión para que el Estado responda por esa obligación económica contraída con el personal del Magisterio mediante la Ley 2248 del 7 de septiembre de 1958?
Le invitamos a leer el documento completo, y enterarse de esta situación, la cual no está bien esclarecida, y no se comenta.
El pasado miércoles 16 de octubre de 2024 personas vecinas de las Haciendas del Sur, Parcela 24, de Piedras Blancas, Osa de Puntarenas, presentaron una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica.
Esto pues, según mencionan, existe una falta de respuesta de parte de las oficinas del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), específicamente del Departamento de Registro de Tierras en Moravia, en donde el funcionario responsable de la oficina es Pablo Zamora.
Las y los vecinos de Haciendas del Sur, Parcela 24, han realizado varias gestiones ante dicha oficina relacionadas con un trámite de tierras de larga data (15 años) , en donde han cumplido con todos los requisitos y han entregado toda la documentación.
Sin embargo, a pesar de todo este tiempo y los reiterados intentos de comunicación con dicho departamento y el funcionario responsable a través de los medios formales establecidos, no han recibido una respuesta clara sobre el estado de los trámites con respecto al caso en cuestión.
De esta forma, las y los vecinos de la zona argumentan que esta situación afecta y violenta gravemente sus derechos ciudadanos. Así mismo, comentan que la falta de información y comunicación asertiva ha generado una gran incertidumbre en ellos y ellas con respecto a la propiedad de la tierra.
Por todo lo anteriormente suscitado, las y los vecinos han solicitado la intervención de la Defensoría de los Habitantes, esto con el fin de que se investigue y se inste al INDER a brindar una pronta respuesta, así como una solución a las familias.
Prisma Latinoamericana presenta: Raíces de la institucionalidad costarricense y los peligros que enfrenta hoy: entrevista al señor Vladimir de la Cruz, Parte I.
En este video, el historiador Vladimir de la Cruz nos ofrece una mirada profunda sobre cómo se formó la institucionalidad costarricense y cómo los privilegios democráticos que disfrutamos hoy fueron producto de un largo proceso histórico. De la Cruz, en conversación con el sociólogo Miguel Sobrado, explica los momentos clave en la construcción de la República Social de Costa Rica, desde los movimientos políticos y sociales hasta las reformas que dieron forma a un sistema que hoy consideramos uno de los más estables en América Latina.
Además, se analiza cómo la herencia colonial y los movimientos ideológicos influyeron en la creación del sistema democrático y las reformas que dieron forma a Costa Rica tal como la conocemos hoy. Uno de los temas destacados es cómo los jóvenes de la década de 1940 se involucraron activamente en los asuntos políticos del país, con la creación del Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, que dio origen a la influyente revista SURCO.
Si te interesa saber más y entender cómo se forjó el país que conocemos hoy y los desafíos que enfrenta en este siglo, esta entrevista es imperdible. ¿Cómo se construyó nuestra democracia? ¿Qué papel jugaron los partidos políticos, las reformas sociales y los movimientos ideológicos en este proceso? Le invitamos a ver el video:
Este viernes 18 de octubre del 2024, se llevó a cabo una conferencia de prensa para divulgar un comunicado de un voto de censura que realizaron más de 900 personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos a nivel internacional, para denunciar la absolución del asesino confeso Juan Eduardo Varela, por el Tribunal de Pérez Zeledón.
En la lectura de este comunicado, se contó con la participación de la diputada Rocío Alfaro Molina, al igual que Fanny Reyes Ortíz, indígena Terraba; Zeidy Brugal Rodríguez, indígena Ngobe; y María Trejos Montero, del colectivo de apoyo a doña Digna Rivera, madre de Jerhy Rivera.
Rocío Alfaro recalcó la preocupación de la fracción Frente Amplio, por un asunto que trasciende a solo un trámite judicial, y expresó su apoyo al movimiento, para que se pueda difundir, y salga a la luz.
María Trejos Montero, leyó el comunicado, en el cual se resalta la intención de los jueces de enmarcar la situación como una lucha interna entre etnias indígenas que no se ponen de acuerdo, y la inacción de estos a mantener derechos constitucionales de tierra, al mismo tiempo que mantienen la impunidad del confeso asesino.
Fanny Reyes Ortiz, integrante de la Red de Mujeres Rurales, comenta la importancia de recordar el poder hegemónico del Estado, cuya historia colonial y racista se ve plasmada en esta absolución. También, resalta el ambiente de violencia, y la complicidad entre la Fuerza Pública, y los finqueros alrededor de los territorios indígenas. Incendios provocados, amenazas sexuales a mujeres recuperadoras, disparos al aire; nada de esto ha sido castigado, en una escalada de violencia real y visible para un Estado que no hace efectiva la protección que promete a los pueblos originarios. El peligroso precedente que impone la absolución de Juan Eduardo Varela, es que se puede asesinar a un indígena de manera libre de consecuencias.
Es sumamente preocupante que los jueces no entiendan el contexto de la reivindicación de los indígenas y su derecho a la tierra, en Terraba hay una ocupación del más del 80%, si no se defienden, se perdería su cultura.
Zeidy Brugal Rodríguez resalta la lucha de la aprobación de la Ley de Autonomía Indígena, en donde sacaron arrastrados de las salas de la Asamblea Legislativa a sus compañeros indígenas, haciendo que llevaran esta lucha a lo interno, en los territorios indígenas, aplicando la autonomía y defendiendo su tierra, educación, salud, sus derechos. Al defender su buen vivir, se les trata como criminales, al protegerse ante talas ilegales, al defenderse en contra de la contaminación, el acoso a las compañeras indígenas, se les enmarca como violentos. Pero realmente, dice Zeidy, ¿quiénes son los violentos? ¿quienes se quieren lavar las manos? ¿Cómo es posible, que Costa Rica, un modelo de democracia a nivel internacional, permita que su sistema judicial deje impune estas situaciones?
Le invitamos a ver la conferencia de prensa con estas mujeres luchadoras y mantenerse al día, no dejar que esta situación se mantenga solamente en círculos de derechos humanos.
¡No más impunidad a los asesinatos! ¡Repudio al racismo!
Muchas personas y movimientos se unieron frente a la Asamblea Legislativa bajo el lema «En defensa de la educación pública y nuestro Estado Social de Derecho» para participar en la Velada Nacional: ¡Educación Hoy, Paz Mañana! Esta manifestación pacífica reunió a estudiantes, organizaciones sociales y ciudadanos comprometidos con la defensa de los recursos para la educación pública costarricense.
La manifestación, que inició alrededor de las 5:30 p.m. en el Parque de las Garantías Sociales, avanzando hasta la Plaza de la Democracia en un ambiente de energía y simbolismo: con tambores, candelas, flores y arte, exigieron la aprobación de la moción 107, que busca garantizar un aumento del 2% en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), y en general, mayor presupuesto para la educación pública.
La actividad fue organizada por el Pacto Nacional por la Educación Pública y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo. Se reiteró la importancia de cumplir con el 8% del PIB destinado a la educación pública, tal como lo establece la Constitución. Además, las personas participantes de la velada destacaron la necesidad de asegurar más becas, mayor acceso a las universidades públicas, mejores condiciones laborales para el personal docente de primaria y secundaria y recursos suficientes para programas sociales como comedores escolares.
¡Aumentos gracias a las mociones aprobadas!
Alrededor de las 9:30 p.m, en una noche fría pero con esperanza, se celebró el éxito parcial alcanzado en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, donde se aprobaron importantes mociones que incrementarán el financiamiento educativo: se destacó un aumento de 26 000 millones de colones para el Ministerio de Educación Pública (MEP) y 11 521 millones de colones adicionales para las universidades públicas.
No obstante, los movimientos organizadores de la movilización advirtieron que este es solo un paso más en la lucha. Las demandas por más investigación, mejores infraestructuras escolares y recursos adecuados para el sistema educativo siguen siendo una prioridad. Los organizadores hicieron un llamado a la población para mantenerse alerta y seguir exigiendo que la Asamblea Legislativa garantice un presupuesto justo para la educación pública, una inversión esencial para el desarrollo social y el bienestar del país.
En una reciente aparición en el programa “La Lupa”, de Gilda González, el destacado historiador costarricense Vladimir de la Cruz ofreció un análisis profundo sobre las amenazas que enfrenta la institucionalidad democrática de Costa Rica. De la Cruz se enfocó en los peligros que, según su perspectiva, surgen de ciertas políticas y actitudes del actual gobierno costarricense, describiéndolas como indicios de una tendencia hacia el autoritarismo.
El historiador señaló que, bajo el pretexto de fortalecer la democracia, algunas de las acciones del gobierno podrían estar dirigidas a debilitar los mecanismos de control y contrapeso del sistema democrático. En su análisis, describió la situación como una estrategia que busca justificar el despotismo y la tiranía en nombre de una nueva democracia, alegando que esto refleja una tendencia preocupante que puede llevar a la instauración de un gobierno autoritario.
De la Cruz destacó que el actual presidente parece estar impulsando un discurso que intenta eliminar los controles institucionales, con el fin de ejercer el poder sin limitaciones. Este movimiento, según el historiador, podría abrir la puerta a prácticas corruptas, creando un escenario en el que las libertades democráticas y los derechos ciudadanos se vean erosionados. Advirtió que detrás de la corrupción y la falta de controles efectivos podría gestarse un régimen dictatorial, apoyado en mecanismos de represión y control desde las mismas estructuras de seguridad del Estado.
Además, subrayó que la creación de unidades especiales bajo el mando directo de la Presidencia, como la unidad de protección presidencial y la unidad especial de intervención, representan un peligro para las libertades ciudadanas. Estas acciones, en su opinión, reflejan una concentración de poder sin precedentes en la figura presidencial, lo que podría allanar el camino hacia la dictadura mediante la creación de un aparato de control y represión estatal.
Juventudes PAC, en conjunto con la Comisión de Estudios y Programas, invita a toda la comunidad a participar en un espacio de diálogo sobre los desafíos del sector agropecuario y la crisis climática. La discusión contará con la participación de Luis Felipe Arauz, exministro de Agricultura, Ana Cristina Quirós, exviceministra de Agricultura, y Daniela Alpízar, productora ganadera.
El evento es el próximo 29 de octubre de 2024, a las 6:00 p.m. hora de Costa Rica, en la plataforma Zoom. Para unirse a la reunión, utilice el enlace y los detalles proporcionados:
En una reciente edición del programa La Mesa Redonda, se llevó a cabo un análisis exhaustivo de las próximas elecciones en Estados Unidos, el conflicto entre Rusia y Ucrania, y la actual crisis en Israel. Bajo la guía del politólogo Vladimir de la Cruz, destacado por su amplia experiencia en la historia y política costarricense, se examinó el impacto global de estos eventos y su relevancia tanto para América Latina como para el resto del mundo.
El análisis sobre las elecciones en Estados Unidos fue exhaustivo, enfocándose en los estados clave que jugarán un papel decisivo en la contienda presidencial entre Kamala Harris, del Partido Demócrata, y Donald Trump, del Partido Republicano. Se describió cómo estados como Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Michigan, Arizona, Wisconsin y Nevada se perfilan como campos de batalla cruciales, donde pequeños márgenes de votantes podrían definir el resultado final. Estos territorios no sólo concentran una diversidad de electores, sino que también reflejan las divisiones más profundas en el panorama político actual. La importancia del colegio electoral se puso en primer plano, dado que los resultados en estos estados indecisos determinarán quién ocupará la Casa Blanca.
Se hizo hincapié en que la economía sigue siendo un tema central para los votantes, con la inflación y los costos de vida dominando las preocupaciones de la ciudadanía. Harris ha centrado su campaña en promesas de estabilidad económica y acceso a servicios sociales, mientras que Trump ha impulsado una retórica que vincula su regreso al poder con una recuperación económica rápida. Sin embargo, la conversación también incluyó la carga que Trump lleva con las múltiples acusaciones judiciales en su contra, lo que añade una complejidad inesperada a su candidatura. Mientras algunos ven estos procesos legales como un obstáculo importante, otros dentro de su base de apoyo los consideran un ataque político, lo que podría intensificar la polarización de cara a las elecciones.
En cuanto a la guerra entre Rusia y Ucrania, se profundizó en cómo el suministro de armas y apoyo militar de la administración de Joe Biden ha sido crucial para la resistencia ucraniana, pero también ha generado importantes repercusiones para Estados Unidos y sus aliados europeos. Además de las preocupaciones económicas, se destacó cómo este conflicto ha aumentado la dependencia energética de Europa en otros proveedores, particularmente ante la reducción del gas ruso. También se abordaron las tensiones en torno al costo humano de la guerra, que sigue siendo altísimo, y cómo la estrategia de prolongar el conflicto ha suscitado críticas en varios sectores, que ven en ello una oportunidad para la industria armamentística estadounidense. La intervención de Donald Trump en esta discusión fue clave, al prometer que, de volver al poder, resolvería rápidamente el conflicto mediante negociaciones directas con Rusia, lo que según sus críticos, implicaría concesiones significativas que podrían consolidar la influencia rusa en la región.
Respecto a la crisis en Israel, la conversación se enfocó en el reciente aumento de la violencia, especialmente en Gaza, donde las ofensivas militares israelíes han dejado cientos de civiles muertos y miles de desplazados. Se detalló el sufrimiento de la población palestina, atrapada en un ciclo de pobreza, aislamiento y violencia, mientras el gobierno israelí continúa justificando sus acciones como necesarias para la defensa nacional. Además, se discutieron las tensiones internas dentro de Israel, donde la sociedad se encuentra dividida entre quienes apoyan las acciones del gobierno y quienes piden un alto al fuego y una solución diplomática más duradera. La postura de Estados Unidos, como aliado incondicional de Israel, fue señalada como un factor que complica cualquier avance hacia la paz, y se subrayaron las críticas internacionales por la falta de presión efectiva para poner fin a las hostilidades y buscar una solución justa para ambos pueblos.
La tarde del 16 de octubre de 2024, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), plantearon al Consejo Nacional de Salarios (CNS) una nueva metodología de cálculo para el salario mínimo del sector privado.
Para la ANEP y SITRAP es necesario que se discuta e implemente un nuevo cálculo salarial que cumpla con estándares mundiales y que cumpla con el precepto constitucional del Artículo 57 de la Carta Magna: “Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna”. En este sentido, se considera que debe Costa Rica emplear la metodología Anker, desarrollada por Richard Anker y Martha Anker, la cual ha sido ampliamente aprobada y aceptada a nivel mundial.
ANEP y SITRAP, también solicitaron al Consejo Nacional de Salarios regresar a la fijación semestral y no anual. Así mismo, se comentó:
“El cálculo del salario mínimo, tal y como se ha desarrollado históricamente, se encuentra obsoleto si seguimos tendencias de crecimiento social que responden a términos macroeconómicos que no pueden establecer elementos de movilidad social ni de calidad de vida”, manifestaron las organizaciones sindicales.
El Instituto de Investigación Anker es una organización sin ánimo de lucro fundada por Richard Anker y Martha Anker en 2020 con el apoyo de la Coalición Mundial por un Salario Digno. El Instituto produce referencias de salario e ingresos dignos en todo el mundo, así como más de 100 valores de referencia Anker y estimaciones subnacionales de salario e ingresos dignos en un número creciente de países. Asimismo, el ARI elabora estudios de alta calidad relacionados con el salario digno y la renta digna sobre género, migración, salarios vigentes, entre otros.
Por último, se mencionó que:
“Como hemos indicado en al menos los últimos tres períodos y consecuentes fijaciones salariales mínimas, la manera en la que se fija actualmente el salario mínimo, persigue la inflación y utiliza información general del Producto Interno Bruto (PIB) y del Índice de Precios al Consumidor (IPC), siendo indicadores macroeconómicos que reflejan la situación de la economía a nivel país, pero que nada dicen sobre el consumo real y la calidad de vida de los hogares con los ingresos mínimos; teniendo como resultado un cálculo de salario mínimo que termina únicamente persiguiendo la inflación y ajustándose a las variantes macroeconómicas, perpetuando estados de vulnerabilidad y condenando a la población al endeudamiento de usura, así como al estancamiento en los quintiles más bajos del ingreso” indicaron desde la ANEP Y SITRAP.
Francisco Guevara Quiel, decano de la Facultad de Letras
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez
Discurso del acto de graduación del 8 de octubre del 2024
Un llamado a la acción universitaria para los nuevos graduados
Hoy convergen en este magno espacio académico las disciplinas mismas que vieron la luz incluso antes de que Costa Rica naciera a la vida republicana, en 1848. En efecto, el estudio del Derecho, del latín y del castellano, como se decía en la época, pero también de la Filosofía, las lenguas extranjeras, y poco después, de las decorosas artes, cuando las musas fueron invocadas para ser incorporadas al magisterio y la academia, constituyeron los primeros elementos de formación que recibieron nuestros alumnos desde el primer tercio del siglo XIX. Costa Rica se funda entonces sobre sólidas bases jurídicas, culturales e intelectuales que siguen en pie hasta el presente.
¡Con esto quiero decir, jóvenes graduandos, familiares, amigos que les acompañan, que este país, en su configuración actual, no se improvisó! Por el contrario, resulta de un largo proceso y de una visión particular de Estado, la que se gestó desde las auroras de nuestra incipiente Nación de aquel entonces y que apostó por el Orden jurídico, la Cultura y la Educación. A mediados del siglo antepasado, nuestros gobernantes tenían muy claro que instalar una tradición académica constituiría la base de la idiosincrasia costarricense, generadora de estabilidad política, de desarrollo económico y cultural, y de una útil y necesaria cohesión social para lograr el bien común, contrario a lo que sucedía en el resto de Centroamérica y de América Latina. Debemos entonces comprender que nuestro país ha creído en la Educación desde los albores de la Independencia, e hizo esfuerzos ingentes para que cada nueva generación tuviese acceso a la Educación, haciéndola gratuita, obligatoria e integral, y por definición, sostenida por el erario, como una de sus mayores y más apremiantes responsabilidades en la consecución de estos supremos objetivos colectivos. La educación pública fue siempre el más importante proyecto de Estado de estepaís: con nuestras escuelas y colegios, y más tarde, con la Universidad de Santo Tomás entre 1843 a 1888, predecesora de la Universidad de Costa Rica. Y en general, podemos decir que nunca riñó con el sistema ni la economía liberal que tradicionalmente se ha desarrollado en Costa Rica, porque incluso en ese modelo económico se entendía que la educación era esencial para sostener cualquier forma de desarrollo.
Sin embargo, hoy en día, contra toda lógica, raciocinio y coherencia, a contracorriente de nuestra historia e idiosincrasia, vemos con estupor e indignación que, en vez de robustecer la educación pública y las bases jurídicas de nuestro pueblo, asistimos a la expoliación brutal y al total desmantelamiento de un sistema que nuestros antepasados crearon para formar a nuestros niños y jóvenes; dotarles no solo de saberes básicos y complejos necesarios para comprender el mundo, sino también inculcarles los valores cívicos fundamentales para la sana convivencia social, el respeto a la institucionalidad y la formación e información sobre los derechos y deberes que les asisten como ciudadanas y ciudadanos responsables; un sistema educativo creado también para su desarrollo integral, personal y profesional, en procura de una mejora sustantiva de la calidad de vida de cada costarricense; un sistema concebido para generar valor público a nuestras instituciones, de acceso universal, como parte de la agenda fundamental del Estado; un sistema garante de nuestra democracia, la piedra angular y el pilar fundamental de la democracia costarricense, puesto que desea generar mayor equidad, accesibilidad e igualdad de oportunidades; y ante todo y sobre todo, un sistema educativo que fue diseñado para crear y formar personas libres, capaces de desarrollar la lucidez y el coraje necesarios para defender sus propios derechos fundamentales, gracias a una conciencia lúcida, al libre albedrío y al ejercicio pleno de la razón crítica.
Lo que sucede hoy en día, estimables jóvenes, es la más descarada y frontal violación a los preceptos constitucionales que, uno a uno, con toda impunidad, un grupo de individuos sin escrúpulos le inflige al Pacto Social Fundamental del pueblo costarricense. Así, por ejemplo, la semana pasada, el Gobierno, a través de la cartera de Hacienda, envió a la Asamblea Legislativa un presupuesto para el MEP con un faltante de 118 mil millones de colones, sin hablar de los 459 mil millones que necesita la Caja Costarricense de Seguro Social y que tampoco fueron presupuestados. La niñez y la muchachada desprovista de comedores escolares y de transporte en lo más inmediato, sin hablar de todas las carencias en infraestructura básica, en formación continua y en equipo para trabajar. Así, en un innegable atentado de constitucionalidad contra los artículos 77 al 83, Hacienda nos anuncia incluso que el presupuesto para el 2025 seguirá en descalabro, amparado en una política despiadada de recortes frente a los cuales hay una ausencia total de propuestas o rutas: ni ruta de la economía, ni ruta del crecimiento, ni ruta de la Educación, ni ruta del Agro, ni ruta de la seguridad, ni ruta de la Cultura, ni ruta de Estado. Así, crece el empleo informal que afecta principalmente a las mujeres; la Caja es objeto de paralización y de botín para negocios oscuros; la criminalidad y la inseguridad se han disparado; propuestas de leyes abierta y desvergonzadamente inconstitucionales; leyes como LMEP que atentan contra el derecho a una vida digna de las personas trabajadoras, con salarios por debajo del costo real de vida; falta de previsión de políticas para garantizar la potabilidad y abastecer de agua y de electricidad a todas las comunidades costarricenses, funciones para las cuales fueron creados el AyA y el ICE, también desmantelados; discursos autoritaristas de odio y polarización que rozan los delitos de traición a la Patria y sedición; irrespeto al principio constitucional de división de poderes; desprotección total de nuestros agricultores, que sufren la embestida de la producción extranjera, más cara y de menor calidad; en fin, un sinnúmero de irregularidades que se agrava conforme va avanzando esta Administración.
Costa Rica es hoy un país a la deriva. Y ni siquiera menciono aquí el Fondo Especial para la Educación Superior, cuya adecuada negociación debió culminar en agosto pasado, y que aún hoy está en veremos. En cambio, en total infracción al artículo 84 de la Constitución y de manera absolutamente inaudita, dando prueba de su incompetencia y mala fe, el Gobierno prefirió endilgar la responsabilidad de asignar el FEES a la Asamblea Legislativa, lo cual nunca sucedió en lo que tiene de existir esta Universidad.
En otras palabras, un Estado social de Derecho como el nuestro, además de respetar la legalidad, tutela los derechos fundamentales a la salud, la educación, el trabajo, la justicia, la cultura, y delegan en los simples servidores públicos, depositarios del poder, que son el Presidente y los Diputados, la obligación de proteger y garantizar esos derechos y libertades fundamentales. Esto hay que recalcarlo con insistencia, porque tomar consciencia de los derechos adquiridos y de su amplitud, es absolutamente necesario para poder identificarlos y defenderlos como corresponde. La Constitución NO puede quedarse en una pura abstracción, ni en letra muerta, tampoco es una mera declaración de aspiraciones, como pretende falsamente la Ministra del MEP.
Lo que quiero señalar y recordar aquí, jóvenes graduandos humanistas y juristas, es que Costa Rica es uno de los más solidos y antiguos Estados de Derecho de América Latina, regido por una Constitución Política, que es la columna vertebral de nuestra organización política y social, y la que le da cohesión interna y legitimidad. Es el instrumento por excelencia que, al lado de las garantías individuales, contempla el Derecho Humano Fundamental de acceso a la Educación; el derecho humano fundamental a la Salud Pública para lo cual crea la Caja; el derecho a un ambiente natural sano y protegido con nuestros parques y reservas naturales como Gandoca Manzanillo; el derecho a las condiciones dignas de trabajo que aseguren el sustento de cada hogar costarricense; la libertad de cátedra, de expresión y de comunicación; y entre otros muchos derechos, el derecho a la Cultura. Este Estado de Derecho no solo alberga a nuestro Estado social, sino que también plasma los fines culturales de la República.
Entonces, es a nosotros y es a ustedes, jóvenes, que nos corresponde, en conjunto, velar por el respeto de nuestros derechos fundamentales desde nuestras trincheras, desde nuestras disciplinas, puesto que nuestro sistema es el único que le da asidero y razón de ser a nuestra condición de ciudadanos, pero sobre todo al ejercicio de las disciplinas y profesiones hoy aquí representadas. Una abogada y un abogado no pueden más que referirse a un ordenamiento jurídico para el ejercicio pleno de su labor, porque detrás de él subyacen los principios fundamentales de legalidad, justicia, equidad y probidad.
Y por la misma razón, este ordenamiento jurídico tutela y prevé los fines culturales de la República, es decir el enriquecimiento de la Cultura, como reza el artículo 89 de la Constitución, que hace que artistas, letrados y pensadores tengan el terreno allanado para desplegar su creatividad y pensamiento. Díganme ustedes si esto se está cumpliendo, cuando sabemos que el Ministerio de Cultura lo que ha hecho desde su entrada en vigencia es recortar cada vez más el presupuesto para la Cultura. Y me permito recordar que ninguno de estos preceptos es menos constitucional que el otro, y por tanto no se pueden ni menoscabar ni considerar un accesorio del que se pueda prescindir en cualquier momento, alegando una crisis económica, como lo predica desaforadamente una diputada del partido oficialista… Porque, “para qué tractores sin violines”, como ya bien lo dijo un prócer costarricense.
Ante esta nefasta tormenta que arrasa temporalmente nuestro país, provocada por un grupo de improvisados del poder, y de cara al futuro próximo, ¿qué nos corresponde como ciudadanas y ciudadanos? Sin duda alguna, hacer valer el Derecho, la jurisprudencia vinculante, la sana crítica racional y el recurso a los instrumentos internacionales para actualizar y validar el que sigue siendo hasta hoy el más moderno, más poderoso y más visionario de todos los cuerpos jurídicos de América Latina, como lo es laConstitución Política de Costa Rica, pensada para el bienestar de cada una y cada uno de nosotros, y para garantizar la democracia y la paz social que tantos beneficios nos han rendido.
Pasado el grueso de la pandemia, que favoreció la llegada de estos grupos al poder inspirando el miedo y creando desinformación, corresponde también propiciar el encuentro, y crear espacios de diálogo para identificar mejor las problemáticas y proponer elementos de solución adaptados a la realidad, y a las necesidades propias, empezando en nuestros hogares, pero también en nuestras comunidades y entre los distintos sectores sociales.
Corresponde, sobre todo, como futuros profesionales, ejercer liderazgos y crear sinergias desde nuestros gremios y corporaciones profesionales para dar a conocer los alcances de nuestro sistema democrático, el potencial que tiene pero que no hemos ejercido plenamente como ciudadanas y ciudadanos porque el sistema educativo oficial no ha cumplido con esta labor. Si hay algo que siempre teme un gobierno de turno es tener una ciudadanía alerta, pensante, crítica, consciente de sus derechos y libertades que siempre le recordará los límites y alcances de su poder.
Y debo decirlo aquí, a manera de conclusión, jóvenes: por dicha este desastre es reversible, tiene solución y se puede rectificar. Y esto se logra gracias a los nuevos y activos liderazgos, que cada uno de ustedes representa, conscientes de los daños ocasionados y del papel que tienen en la buena marcha de los asuntos de esta sociedad.
Ya lo han dicho filántropos de todo mundo, amigos del género humano, líderes mundiales comprometidos y hasta me voy a permitir citar al mismo Papa Juan Pablo II quien lo sintetizó perfectamente en pocas palabras cuando dijo: ¡Have no fear!, N’ayez pas peur !, ¡NO TENGAN MIEDO!, porque la verdad les asiste y tienen el coraje necesario para hacerlo.
Por eso aquí en la Universidad, no permitiremos que tampoco se instale el miedo a amenazas cobardes y oscuras de actos terroristas, como la que experimentamos la semana pasada. Grupos radicalizados que se hacen eco de los discursos de odio y de polarización que emanan desde la cúspide misma del poder de este país, se han envalentonado y llegado a estos extremos.
¡No! ¡La sagrada Educación de nuestros niños y jóvenes se respeta! No vamos a ceder, no vamos a claudicar, no tenemos miedo, no nos dejaremos amedrentar por amenazas cobardes, estaremos en pie de lucha siempre para resguardar nuestros derechos fundamentales.
Por eso, jóvenes graduandos, no permitan que les arrebaten sus derechos, y sobre todo sus sueños y aspiraciones; resistan, luchen por sus espacios y por la creación de otros espacios en las instituciones de educación y en la estructura económica del país.
Hoy culmina una etapa llena de aprendizajes, experiencias y recuerdos, para comenzar otra nueva, llena de proyectos y ambiciones. Disfruten mucho de este gran triunfo académico, al lado que quienes les apoyaron siempre y les motivaron a alcanzar esta gran meta: los y las docentes que fueron fuente de inspiración, sus amistades queridas, sus compañeros de carrera, sus familias, y por supuesto, sus amados padres. ¡Muchísimas felicidades!
“Soltemos la lengua” es una sección del proyecto Esta palabra es mía, un espacio de divulgación lingüística y literaria.
Francisco Guevara Quiel Decano de la Facultad de Letras, UCR
