Análisis archivos - Página 478 de 531

13 de junio del 2018: Asamblea General de Naciones Unidas convocada para discutir la dramática situación en Gaza

Escrito en 14/06/2018. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin (*)

Este próximo 13 de junio está convocada una reunión urgente de la Asamblea General de Naciones Unidas, a solicitud de Argelia y de Turquía, para examinar la situación en Gaza y la violencia que ya enluta a más de un centenar de familias palestinas (véase nota de RTVE, España) desde el pasado 14 de mayo. A los miles de heridos provocados por la respuesta desproporcional de las fuerzas militares a las manifestaciones en Gaza, hay que añadir un mortífero saldo de 124 muertes, al 9 de junio del 2018 (véase nota de France24), y el calificativo de «crímenes de guerra» usado por una ONG como Human Rights Watch que interpela ahora a las entidades a cargo del derecho penal internacional (véase comunicado oficial del 13 de junio).

Como se recordará, el pasado 1ero de junio, un veto de Estados Unidos impidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptar una resolución presentada por Kuwait con relación a la urgente necesidad de proteger a los civiles palestinos y sus vidas. Este proyecto de resolución se discutió ante el recrudecimiento de la violencia, el cual se originó a partir del pasado 14 de mayo, y el uso desproporcional e indiscriminado de la fuerza por parte de las fuerzas israelíes contra civiles palestinos, incluyendo a mujeres y a menores de edad.

Breve puesta en contexto

Cabe precisar que Israel y Estados Unidos escogieron el 14 de mayo, día de la proclama de independencia de Israel y víspera de la conmemoración de la Nakba para Palestina, para inaugurar oficialmente la sede diplomática norteamericana en Jerusalén, un hecho condenado por varios integrantes de la comunidad internacional, incluyendo a la Organización de la Conferencia Islámica que preside Turquía (véase declaración oficial del 15/5/2018). La declaración de Francia (véase texto) refleja la desaprobación generalizada a esta decisión norteamericana que la comunidad internacional no debiera de pasar por alto, y que ningún Presidente de Estados Unidos se había atrevido a materializar, por más solicitudes recibidas por parte de Israel.

Remitimos a nuestros estimables lectores a nuestras reflexiones publicadas en MiddleEastMonitor, bajo el título «The US Embassy move to Jerusalem: the need for a response from the international community«. Entre algunas opciones, se sugiere que Estados que aún no han reconocido a Palestina como Estado lo hagan: en el caso de España, se trata de una asignatura pendiente desde noviembre del 2014, mes en el que el pleno del Congreso de España adoptó una resolución mediante la cual “instaba” al Poder Ejecutivo a reconocer a Palestina como Estado, con 319 votos a favor, una abstención y dos votos en contra.

Foto de la delegada de Estados Unidos saliendo de la sala de sesiones del Consejo de Seguridad al iniciar su alocución el representante de Palestina el pasado 15 de mayo del 2018, extraída de nota de prensa titulada "EE.UU. se queda solo en la ONU" (La Vanguardia, edición del 16/5/2018). — Foto de la delegada de Estados Unidos saliendo de la sala de sesiones del Consejo de Seguridad al iniciar su alocución el representante de Palestina el pasado 15 de mayo del 2018, extraída de nota de prensa titulada «EE.UU. se queda solo en la ONU» (La Vanguardia, edición del 16/5/2018).

Nótese que el repudio a las exacciones israelíes es cada vez mayor debido a las muertes de civiles acaecidas en los últimos días. Una de ellas siendo la de una jóven enfermera palestina de 21 años, Razan Al-Najar: fue abatida a tiros el mismo viernes 1ero de junio mientras prestaba primeros auxilios a palestinos heridos, como voluntaria médica cerca de la frontera con Gaza (véase nota de prensa de Debate en México titulada «Tenía 21 años, atendía emergencias y acabaron con su vida«). La reciente suspensión, el pasado 5 de junio, de un partido de fútbol entre las selecciones de Israel y de Argentina previsto en Jerusalén para este 9 de junio, y la anterior cancelación de un concierto de la popular cantante Shakira oriunda de Colombia en Israel (29 de mayo), evidencian este profundo repudio a Israel que, desde la sociedad civil, se manifiesta.

La resolución propuesta por Kuwait en el Consejo de Seguridad en breve

Materializado el traslado de la embajada norteamericana a Jerusalén el 14 de mayo, las manifestaciones en Palestina no tardaron, así como la violenta respuesta israelí, con un saldo de 59 muertes palestinas acaecidas el mismo 15 de mayo. Una versión inicial del texto kuwaití circuló el 17 de mayo entre las delegaciones de los Estados Miembros del Consejo de Seguridad, y dos rondas de negociaciones tuvieron lugar el 21 y el 25 de mayo en aras de revisar el texto. Un tercer borrador fue sometido nuevamente a consultas el 29 de mayo.

El 31 de mayo, Estados Unidos emitió un comunicado indicando que vetaría el texto en caso de ser sometido a conocimiento del Consejo de Seguridad, dando a conocer sus ya acostumbradas razones (que encuentran eco en una gran cantidad de medios de prensa y en analistas): véase texto del comunicado oficial del Departamento de Estado norteamericano titulado «Statement on a Draft UN Security Council Resolution on the Situation in Gaza» que concluye con una frase que intenta invertir la pérdida de credibilidad de la que sufre Estados Unidos desde varios meses: «Those who choose to vote in favor of this resolution will clarify their own lack of fitness to take part in any credible negotiations between the two parties«.

El texto finalmente puesto a conocimiento de los demás integrantes del Consejo de Seguridad y votado (véase texto en inglés reproducido al final de esta nota), incluye 16 párrafos operativos, y señala en la parte operativa que el Consejo de Seguridad:

«1. Calls for full respect by all parties for international human rights law and international humanitarian law, including in regards to the protection of the civilian population, and reiterates the need to take appropriate steps to ensure the safety and well-being of civilians and ensure their protection, as well as to ensure accountability for all violations;

«2. Deplores the use of any excessive, disproportionate and indiscriminate force by the Israeli forces against Palestinian civilians in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and particularly in the Gaza Strip, including the use of live ammunition against civilian protesters, including children, as well as medical personnel and journalists, and expresses its grave concern at the loss of innocent lives;»

3. Demands that Israel, the occupying Power, refrain from such actions and fully abide by its legal obligations and responsibilities under the Fourth Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949;

4. Deplores any actions that could provoke violence and endanger civilian lives and calls on all actors to ensure that protests remain peaceful;

5. Deplores the firing of rockets from the Gaza Strip against Israeli civilian áreas;»

Foto tomada de artículo de prensa titulado "US vetoes Kuwait UN proposal to protect Palestinians" (The National, Emiratos Arabes Unidos). — Foto tomada de artículo de prensa titulado «US vetoes Kuwait UN proposal to protect Palestinians» (The National, Emiratos Arabes Unidos).

El resultado del voto del 1ero de junio fue el siguiente: 10 votos a favor, 1 voto en contra (Estados Unidos) y 4 abstenciones (Etiopía, Paises Bajos, Polonia y Reino Unido). El voto en contra de Estados Unidos equivale a un veto, por lo que la resolución fue descartada. No obstante, la lectura detallada de su texto y su comparación con la versión inicial permiten apreciar el resultado de las negociaciones entre delegaciones y plantean algunas preguntas con relación a los cuatro Estados que optaron por abstenerse.

Otro texto, otro voto, y… un solo voto a favor

Es de recalcar que otro voto tuvo lugar el pasado 1ero de junio en el seno del Consejo de Seguridad, con relación esta vez a un texto elaborado y presentado por Estados Unidos, omitiendo, entre otros aspectos, referencias a las fuerzas israelíes y a la expresión «Palestinian civilians» y enfatizando la responsabilidad directa del Hamas (véase nota de prensa de Europe 1 y titulada «ONU: le Conseil de sécurité rejette un projet de résolution américain sur Gaza«). El texto de este proyecto de resolución norteamericano está disponible en este enlace. El resultado del voto fue de un único voto a favor (Estados Unidos), tres en contra (Bolivia, Kuwait y Rusia) y once abstenciones, por lo que este texto tampoco fue aprobado.

Con relación a este segundo voto (poco divulgado en algunos medios de prensa y omitido por algunos analistas), agradecemos sobremanera a nuestros estimables lectores proporcionarnos alguna resolución anterior del Consejo de Seguridad puesta a votación y que solamente haya recibido un voto a su favor. Estamos tal vez presenciando – sin saberlo – una verdadera «première» en toda la historia de Naciones Unidas desde 1945, y sólo con la ayuda de finos conocedores de Naciones Unidas podremos confirmarla como tal.

Por respeto a los civiles palestinos que ya no están, a su memoria, al sufrimiento que embarga a muchas familias palestinas, no reproducimos este segundo texto. El hecho que únicamente su autor haya votado a favor es ya en sí extremadamente revelador, evidenciando, además de la pérdida de credibilidad antes mencionada, que algo muy básico que se enseña en todas las academias diplomáticas se ignoró por completo por parte de la delegación de Estados Unidos: al presentar un texto a ser votado, un diplomático siempre debe ver la manera de presentarlo de forma tal que logre reunir varios votos a favor.

Los lectores interesados en entender las razones por las que este texto no logró reunir más que el voto del Estado que lo redactó, pueden examinar su contenido en el enlace antes mencionado o bien, nos lo pueden solicitar: les será remitida la versión en inglés que fue distribuida a los demás integrantes del Consejo de Seguridad (su solicitud debe ser dirigida al siguiente correo electrónico: cursodicr@gmail.com).

Más allá del triste espectáculo dado por la delegación norteamericana este 1ero de junio del 2018, cabe recordar que una situación inversa relacionada al aislamiento de Estados Unidos se vivió el 18 de diciembre del 2017. Al votarse un proyecto de resolución propuesto por Egipto (véase texto completo) condenando el traslado de embajadas a Jerusalén, el resultado de la votación fue el siguiente: 14 votos a favor y uno solo en contra (Estados Unidos). Remitimos a nuestros estimables lectores a un breve nota que elaboramos sobre este voto, disponible aquí y titulada precisamente: «Votación en el Consejo de Seguridad sobre reconocimiento de Jerusalén como capital: 14 votos y un veto«.

A modo de conclusión: un probable voto contundente en la Asamblea General

Vetada por Estados Unidos, como predecible, también lo es que esta misma resolución presentada por Kuwait sea ahora endosada por otros Estados y puesta a consideración esta vez de la Asamblea General de Naciones Unidas: esta cita está programada para el próximo Miércoles 13 de junio en Nueva York. Con relación a la presiones que deben de ejercer desde ya Estados Unidos e Israel sobre distintos Estados para que voten en contra, se abstengan o bien opten por el «No Show» durante la votación, el resultado final permitirá apreciar cuán efectivas son estas presiones.

Después del voto de 14-1 obtenido para la resolución condenando el traslado de embajadas a Jerusalen en el seno del Consejo de Seguridad del 18 de diciembre del 2017, el 21 de diciembre el mismo texto fue puesto a votación en la Asamblea General, registrándose la siguiente votación: 128 votos a favor, 9 votos en contra, 35 abstenciones y 26 «No Show» (véase comunicado oficial de Naciones Unidas). En América Latina, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela votaron a favor, Argentina, México y Paraguay se abstuvieron mientras que Honduras y Guatemala votaron en contra.

En el caso más específico de Centroamérica, históricamente objeto de mayores presiones en este tipo de votaciones por parte de Israel y de Estados Unidos, el resultado fue el siguiente: Costa Rica y Nicaragua votaron a favor, Guatemala y Honduras en contra, Panamá se abstuvo y El Salvador optó por el «No Show«. Menos de 24 horas después de este voto, Estados Unidos reconoció como legítimos los resultados de las cuestionadas elecciones realizadas en Honduras (véase comunicado oficial del Departamento de Estado).

Cabe señalar que la verdadera provocación que significa el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén requería de algún tipo de decisión similar por parte de otros Estados, en aras de disimular el aislamiento de Estados Unidos: después de la inauguración de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén del pasado 14 de mayo, procedieron de igual manera, en presencia de su respectivo Jefe de Estado que se desplazó personalmente a Israel para la ocasión, Guatemala (16 de mayo) así como Paraguay (21 de mayo).

Foto del tablero de votación del 21 de dicembre, extraída de nuestro artículo publicado en Monitor de Oriente, edición del 24 de diciembre del 2017, y titulado: "Contundente rechazo de la Asamblea General de Naciones Unidas al reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel". — Foto del tablero de votación del 21 de dicembre, extraída de nuestro artículo publicado en Monitor de Oriente, edición del 24 de diciembre del 2017, y titulado: «Contundente rechazo de la Asamblea General de Naciones Unidas al reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel».

Texto del proyecto de resolución presentado por Kuwait y votado el pasado 1ero de junio del 2018 por el Consejo de Seguridad

«The Security Council,

Recalling all of its relevant resolutions, including, inter alia, resolutions 242 (1967), 338 (1973), 605 (1987), 904 (1994), 1397 (2002), 1544 (2004), 1515 (2003), 1850 (2008), 1860 (2009), and 2334 (2016),

Recalling also its Presidential Statement 2014/13 of 28 July 2014,

Bearing in mind the letter (S/2015/809) of 21 October 2015 by the Secretary-General,

Recalling also its resolutions on the protection of civilians in armed conflict, including its resolutions on children and armed conflict, including, inter alia, resolutions 1894 (2009) and 2225 (2015), as well as its relevant presidential statements, and its resolutions on the protection of medical and humanitarian personnel and on the protection of journalists, media professionals and associated personnel in armed conflicts, including, inter alia, resolutions 2286 (2016) and 2222 (2015), as well as its other relevant resolutions and presidential statements,

Reaffirming the obligation to respect and ensure respect for international humanitarian law in all circumstances in accordance with Article 1 of the Geneva Conventions,

Expressing its grave concern at the escalation of violence and tensions and the deterioration of the situation in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, in particular since 30 March 2018, and its deep alarm at the loss of civilian lives and the high number of casualties among Palestinian civilians, particularly in the Gaza Strip, including casualties among children, caused by the Israeli forces,

Condemning all acts of violence against civilians, including acts of terror, as well as all acts of provocation, incitement and destruction,

Reaffirming the right to peaceful assembly and protest, freedom of expression and of association,

Emphasizing the need to pursue measures of accountability, stressing in this regard the importance of ensuring independent and transparent investigations in accordance with international standards,

Alarmed at the exacerbation of the dire humanitarian crisis in the Gaza Strip, and stressing the need to achieve a sustainable solution to this crisis in line with international law,

Stressing the particular impact that armed conflict has on women and children, including as refugees and displaced persons, as well as on other civilians who may have specific vulnerabilities, including persons with disabilities and older persons, and stressing the need for the Security Council and Member States to strengthen further the protection of civilians,

Recalling that a lasting solution to the Israeli-Palestinian conflict can only be achieved by peaceful means in accordance with international law and the relevant United Nations resolutions and through credible and direct negotiations,

Stressing that the Gaza Strip constitutes an integral part of the Palestinian territory occupied in 1967, Reaffirming the right of all States in the region to live in peace within secure and internationally recognized borders,

1. Calls for full respect by all parties for international human rights law and international humanitarian law, including in regards to the protection of the civilian population, and reiterates the need to take appropriate steps to ensure the safety and well-being of civilians and ensure their protection, as well as to ensure accountability for all violations;

2. Deplores the use of any excessive, disproportionate and indiscriminate force by the Israeli forces against Palestinian civilians in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and particularly in the Gaza Strip, including the use of live ammunition against civilian protesters, including children, as well as medical personnel and journalists, and expresses its grave concern at the loss of innocent lives;

4. Deplores any actions that could provoke violence and endanger civilian lives and calls on all actors to ensure that protests remain peaceful;

5. Deplores the firing of rockets from the Gaza Strip against Israeli civilian areas;

6. Calls for urgent steps to ensure an immediate, durable and fully respected ceasefire;

7. Calls for the exercise of maximum restraint and calm by all parties and the need for immediate and significant steps to stabilize the situation and to reverse negative trends on the ground;

8. Reaffirms its willingness to respond to situations of armed conflict where civilians are being targeted or humanitarian assistance to civilians is being deliberately obstructed, including through the consideration of appropriate measures that the Security Council may take in accordance with the Charter of the United Nations;

9. Calls for the consideration of measures to guarantee the safety and protection of the Palestinian civilian population in the Occupied Palestinian Territory, including in the Gaza Strip;

10. Calls also for immediate steps towards ending the closure and the restrictions imposed by Israel on movement and access into and out of the Gaza Strip, including through the sustained opening of the crossing points of the Gaza Strip for the flow of humanitarian aid, commercial goods and persons in accordance with international law, including as it pertains to legitimate security requirements;

11. Demands that all parties cooperate with medical and humanitarian personnel to allow and facilitate unimpeded access to the civilian population, and calls for the cessation of all forms of violence and intimidation directed against medical and humanitarian personnel;

12. Urges the provision of immediate and unimpeded humanitarian assistance to the Palestinian civilian population in the Gaza Strip, bearing in mind critical medical, food, water and fuel needs, and urges increased support to the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, recognizing the vital role of the Agency, alongside other UN agencies and humanitarian organizations, in providing humanitarian and emergency assistance, notably in the Gaza Strip;

13. Encourages tangible steps towards intra-Palestinian reconciliation, including in support of the mediation efforts of Egypt, and concrete steps to reunite the Gaza Strip and the West Bank under the legitimate Palestinian government and ensure its effective functioning in the Gaza Strip;

14. Welcomes and urges further engagement by the Secretary-General and the United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process to assist, in cooperation with concerned partners, in the efforts to immediately de-escalate the situation and address urgent infrastructure, humanitarian, and economic development needs, including through the implementation of projects endorsed by the Ad Hoc Liaison Committee;

15. Requests the Secretary-General to examine the present situation and to submit a written report, as soon as possible, but not later than 60 days from the adoption of the present resolution, containing, inter alia, his proposals on ways and means for ensuring the safety, protection and well-being of the Palestinian civilian population under Israeli occupation, including, inter alia, recommendations regarding an international protection mechanism;

16. Calls for renewed and urgent efforts to create the conditions necessary to launch credible negotiations on all final status issues to achieve, without delay, an end to the Israeli occupation that began in 1967 and a comprehensive, just and lasting comprehensive peace based on the vision of a region where two democratic States, Israel and Palestine, live side by side in peace with secure and recognized borders, on the basis of the relevant United Nations resolutions, the Madrid terms of reference, including the principle of land for peace, the Arab Peace Initiative and the Quartet Roadmap, as called for in resolution 2334 (2016) and its other relevant resolutions;

17. Decides to remain seized of the matter.»

(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Enviado por el autor.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Geoparques y los parques nacionales de papel

Escrito en 09/06/2018. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Madre Tierra.

Mauricio Álvarez (*)

Geoparques y los parques nacionales de papel2 — Foto tomadas de UNESCO.

Imagine un área natural donde las comunidades indígenas o rurales convivan en una relación no solo armoniosa con su entorno, sino beneficiosa en ambas vías, donde se genera una economía que sustente este vínculo: ¿Un sueño lejano? ¿Una utopía?, pues esta es la realidad que actualmente se gesta con los “Geoparques” en América Latina.

Existen actualmente 140 Geoparques mundiales de la UNESCO, los cuales están distribuidos en 38 países, 4 de ellos en América Latina. Para discutir alrededor de esta figura alternativa de conservación, el pasado lunes 21 de mayo, la Escuela de Geografía recibió la visita de Dr. José Luis Palacios Prieto, del Instituto de Geografía de la Universidad de Autónoma de México (UNAM), quien impartió una conferencia sobre los “Geoparques y su Importancia en el Patrimonio Natural de América Latina”.

¿Qué no es un Geoparque? Un Geoparque no es una colección de sitios o de áreas aisladas, no es un museo geológico al aire libre, ni necesariamente, un Área Natural Protegida como la conocemos.

Un Geoparque no es sinónimo de parque geológico, o de un área con alguna característica geomorfológica sobresaliente; un Geoparque es un territorio holístico donde el manejo y la protección, así como las actividades económicas, educativas y turísticas van de la mano entre comunidad y administración. Inclusive, la administración de un Geoparque puede estar en manos de la misma comunidad, como es el caso del Geoparque de la Mixteca Alta, el cual es animado por el DR. Palacios desde la UNAM.

En América Latina, la figura de Geoparque ha mutado, y se ha adaptado a la diversidad cultural y el necesario proceso de participación social que conllevan las múltiples cosmovisiones. Es un parque creado sin imposición externa, con la participación de la gente ósea de abajo para arriba, donde puede convivir lo natural y ancestral, donde la comunidad construye su plan de manejo de manera participativa y de acuerdo también con su cosmovisión. Es un patrimonio con una serie de aspectos geológicos relevante pero conectados con otros patrimonios como la Geodiversidad y la cultura.

Y ¿qué es geodiversidad? Es la relación entre biodiversidad viva y las características geológicas de los suelos donde se desarrolló esa vida. La geodiversidad también comprende a las culturas que han leído y aprovechado estas relaciones geológicas para prosperar o destruir sus formas de vida.

¿Cómo se crea un Geoparque? Por ejemplo, el caso de la Mixteca Alta donde ha trabajado el geógrafo Palacios es una zona identificada de “desastre ecológico”, debido a la erosión tan acelerada que tiene su relieve. Esta erosión es historia y estética: el resultado de una interacción con las sociedades de más de diez mil años (http://www.geoparquemixtecaalta.org/).

Actualmente, el Geoparque de la Mixteca representa una fuente de empleo para la comunidad, así como una oportunidad para mejorar la economía local, al tiempo en que se hace un aprovechamiento del recurso didáctico para explicar la erosión y su relación con los descendientes directos de la cultura Mixteca, una de las más extensas de Mesoamérica, por su continuidad y antigüedad.

El proceso necesario para crear un Geoparque, como fue el caso de la Mixteca, es un fin y un medio en sí mismo, al poner de acuerdo 9 municipios, comunidades, socios, actores privados etc. Todo ello implica una serie de requisitos para completar y mantener una nominación oficial de la UNESCO, por lo que se convierte un proyecto de vida para el territorio y las comunidades. La gestión social se convierte en el principal reto a trabajar, pues implica ajustar tiempos, instituciones, visiones, expectativas, aprendizajes, y sobre todo, mucha creatividad y persistencia.

Si bien hay lineamientos generales para este tipo de categoría, no existe una receta única para su creación; cada territorio parece agregar alguna novedad al concepto, por lo que es una categoría en construcción, especialmente porque parte de las particularidades de la región latinoamericana.

¿Y las implicaciones para Costa Rica? Es un paso más agresivo que el llamado “co-manejo” aplicado en el Parque Nacional Cahuita, ubicado en el Caribe Sur. El Geoparque es una categoría de conservación relativamente nueva, especialmente para Costa Rica, ya que a pesar de que esta figura de protección tiene más de dos décadas de aplicación, ha sido una categoría desconocida en el país; aun cuando Costa Rica se vanaglorie de su sistema de conservación, un modelo que fue exitoso y que actualmente se encuentra en un proceso de crisis e involución.

Un Informe de la Contraloría General de la República (Nº DFOE-AE-IF-16-2014) determinó que 86 de las 128 áreas silvestres protegidas analizadas – a pesar de que en el país existen 171 áreas protegidas- cuentan con al menos una persona responsable por la gestión. En 48 de estas áreas silvestre protegidas no se cuenta con los recursos materiales necesarios para cumplir con acciones de control y protección.

En otras palabras, con base en los datos de la Contraloría, el 32,8% de todas nuestras áreas protegidas no tienen protección alguna y deben considerarse como “parques de papel” pues han sido declarados por ley o decreto, pero no cuentan con protección o administración alguna. Por ejemplo, el Parque Internacional La Amistad que el cual cuenta con casi 200 mil hectáreas, está totalmente desprotegido. El 96% de su superficie ocupa la vertiente del Caribe y cuenta con solamente 1 guardaparques para su protección.

Desde 1998 no se ha creado ninguna plaza de guardaparques, pero además los que se pensionan o renuncian no son sustituidos, esto hace que en algunas áreas protegidas la reducción de guardaparques alcance un 70%.

Sumado a lo anterior, adeudamos más de 100 mil millones en tierras que conforman parte de los parques nacionales no pagadas a sus propietarios originales. Con mil millones al año, presupuesto adjudicado al MINAE para pagar esta deuda, tardaríamos 100 años saldándola; esto sin contar intereses.

A esta crisis se le suma una serie de megaproyectos, privatizaciones, e intenciones extractivas y aperturistas sobre el Patrimonio Natural del Estado. Si bien se reconoce que hay una crisis ambiental sin precedentes fuera de las áreas protegidas, no resulta nada sensato romper el sistema de protección para extraer recursos y someter el patrimonio natural que nos queda a una mayor crisis socio ambiental. Hace falta construir visiones de Geoparque en los “parques de papel”, pero, sobre todo, fuera de las áreas que ya se encuentran “conservadas”, a fin de que no exista una visión exclusivamente conservacionista, sino más bien integracionista de las comunidades con el ambiente.

(*)Docente Escuela de Geografía y coordinador del Programa Kioscos Socioambientales de la UCR.

Fotos tomadas de UNESCO y http://www.geoparque.uy/index.php/geoparque-grutas-del-palacio/sitios-de-interes/lagos-de-andresito.html

Enviado por Kioscos Ambientales.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Crisis fiscal: Carlos Alvarado se mete en un callejón sin salida

Escrito en 08/06/2018. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Acerca de las medidas que el gobierno de Carlos Alvarado anuncia ante la crisis fiscal

Luis Paulino Vargas Solís (*)

Las dimensiones de la problemática fiscal

Estas son fundamentalmente tres:

Contable: cuántos ingresos se reciben; cuántos gastos deben financiarse; cuánta diferencia hay entre unos y otros, por lo tanto, cuánto es el déficit fiscal y cuánto el endeudamiento al que deba recurrirse.
Macroeconómica: la política fiscal incide en el desempeño de la economía y la generación de empleo, pero, de vuelta, la situación de la economía y el empleo también afectan –para bien o para mal– la mayor o menor sostenibilidad de las finanzas públicas.
Social: vinculada con la pobreza y la desigualdad. La parte contable influye sobre la mayor o menor capacidad de las instituciones públicas para desarrollar sus políticas sociales. Lo macroeconómico también afecta, sobre todo en lo atinente a la generación de empleos suficientes y de la adecuada calidad. Pero, a su vez, la desigualdad social y la pobreza son, con toda seguridad, factores que a su vez inciden en la solidez de las cuentas fiscales.

El énfasis excesivo del gobierno de Carlos Alvarado en lo contable

En cambio, hay total despreocupación sobre la dimensión macroeconómica y apenas algunas superficiales referencias, mencionadas solo por compromiso, con lo social.

La obsesión por las sumas y las restas está siendo convertida por las élites en signo de buenas maneras y corrección: ser hoy “políticamente responsable” es andar con una calculadora en la mano. Pero, además, ello impone un sentido de urgencia que da por cancelada cualquier consideración que no atienda a cómo lograr, en lo inmediato, reducciones de gastos y aumentos de ingresos.

Una grande y peligrosa omisión

Mucho más importante que la faceta contable, es el contexto en el que germina, se potencia y perdura (por ya casi diez años) el problema fiscal. Y ese contexto atiende, sobre todo, a determinadas evoluciones de la economía, las cuales influyen decisivamente tanto en el origen como en el posterior agravamiento de este problema. Durante este tiempo, los sectores más dinámicos –telecomunicaciones, finanzas y zonas francas incluidos servicios empresariales– se caracterizan por su muy limitada capacidad de generación de empleos, y, a veces, también su limitadísimo aporte a los ingresos fiscales. Los sectores que sí aportan más empleo y pagan más impuestos –agricultura, industria manufacturera, construcción– tienden a estancarse y, en consecuencia, pierden capacidad para la creación de puestos de trabajo y para la tributación. De ahí que, por otra parte, una cantidad enorme de personas trabajadoras migran hacia la informalidad laboral, o sencillamente son expulsadas de los mercados laborales remunerados.

Súmese la persistencia de altos niveles de fraude fiscal y una cantidad de exoneraciones difícilmente justificables. En ambos casos se necesitan reformas legales y en el primero también un enérgico esfuerzo nacional y de cooperación internacional. No esperemos milagros, porque sencillamente éstos no existen.

La consecuencia, por cualquier lado que se le mire, es una reducción estructural, por lo tanto perdurable, en las fuentes de financiamiento a disposición del Estado.

El debate acerca de estos asuntos de fondo es sistemáticamente omitido. No sé si por una suerte de pereza intelectual –que parece ser epidemia nacional– pero también porque esto pondría en cuestión aspectos claves de la estrategia de desarrollo seguida por el país.

Cierto, la faceta contable también cuenta

Primero, y en rigor, hay que reconocer que hay mucho que corregir en nuestra administración pública y en los regímenes de contratación y remuneración. También debe reconocerse que los gastos han crecido a mayor ritmo que la propia economía nacional. Eso gatilló el déficit en los años 2009-2013, sobre todo las partidas de remuneraciones y transferencias. Luego éstas crecen algo más lentamente pero, en contrapartida, y como consecuencia de la deuda acumulada, los pagos por intereses se disparan.

Y, sin embargo, es solo una verdad a medias decir que los gastos crecieron “mucho”, porque lo cierto es que la economía creció poco. Y ello agranda el impacto del crecimiento de los gastos, magnifica el tamaño de la deuda y debilita el flujo de los ingresos recibidos. Una economía anémica con una pésima situación del empleo, subvierte desde sus bases más fundamentales todo el edificio de las finanzas públicas. Y, sin embargo, y con criminal irresponsabilidad, se insiste en ignorar esa faceta fundamental.

Los riesgos macroeconómicos

Ese gris dinamismo económico se ha sostenido en grado decisivo sobre el consumo de las personas y las familias. Y este consumo privado se sustenta sobre todo en el endeudamiento, aunque es posible que los salarios relativamente más favorables que paga el sector público, también den su aporte. En cambio el dinamismo de la inversión (formación de nuevas capacidades productivas) pública y privada, ha venido deslizándose pendiente abajo.

Lo anterior cobra más importancia, cuando el gobierno opta por un enfoque estrictamente contable:

Intenta frenar el gasto, pero esto que ahora el discurso oficial presenta como “contención”, eventualmente será recorte efectivo en los próximos años, si se cumple lo que la ministra Aguilar ha anunciado. La restricción se hará sentir, más severamente con el paso del tiempo, tanto sobre salarios como sobre gasto corriente del Gobierno Central, y, eventualmente, del resto del sector público, con la consecuente pérdida de capacidad operativa y de gestión (para más detalle, véase recuadro al final de este artículo).
Los impuestos que eventualmente apruebe la Asamblea Legislativa impactarán sobre el consumo privado: lo haría de forma directa el impuesto al valor agregado (IVA) que trasladaría recursos del bolsillo de las personas –grupos medios y, sobre todo, clases populares– al financiamiento de un gasto público que hoy se cubre con deuda. Por lo tanto, habrá reducción del consumo privado sin ninguna compensación en el consumo público. Pero un efecto similar tendría la reforma al impuesto sobre salarios, cuyo impacto se hará sentir fundamentalmente entre profesionales asalariados del sector público (cuyas remuneraciones, en todo caso, se ajustarán de forma muy restrictiva).

Los límites del enfoque contable oficial

La fórmula que se nos ofrece se sintetiza en lo siguiente:

Restricción salarial +

Restricción sobre el gasto corriente +

Traslado de poder de compra de personas consumidoras al sector público

O sea, austeridad, por lo tanto restricción. Cierto que, por otra parte, el gobierno ha dicho que no se le ponen límites al gasto de capital, o sea, a la inversión pública. Pero aquí tenemos dos problemas: primero, no se cuenta con ningún plan para impulsar una vigorosa reactivación de la inversión pública a corto plazo. Segundo: ¿qué capacidad de gestión habría para hacerlo si la institucionalidad pública es sometida a una constricción tan considerable?

La austeridad aplicada impactará negativamente tanto sobre el consumo privado como sobre el consumo público. Y ello inevitablemente haría que la economía pierda dinamismo y que, a su vez, el empleo se deteriore aún más. De vuelta, ello dificultará resolver el problema fiscal y acaso conduzca a nuevas rondas de austeridad y restricción, en un contexto en que, al agravarse la pobreza, la política social habrá sido mutilada por la austeridad.

¿Algún factor de compensación podría levantar la economía?

Quizá la inversión pública, pero, como ya indiqué, carecemos de ninguna propuesta en esa materia. No será la inversión privada, desfalleciente en virtud de la caída del consumo privado y público, la pérdida de competitividad de las exportaciones y las altas tasas de interés que el Banco Central promueve. Por lo mismo no cabe esperar mucho de las exportaciones, cuya competitividad está averiada por razones diversas y, en especial, por el nivel ficticio del tipo de cambio colón-dólar. Pero pensar en una devaluación para impulsar las exportaciones sería un disparate, de consecuencias potencialmente desastrosas, dados los altos niveles de endeudamiento en dólares, lo cual involucra personas y familias, empresas y, por supuesto, bancos.

Las opciones de que disponemos son limitadas. Pero el enfoque puramente contable por el que el gobierno opta –desentendido de lo macroeconómico y lo social– nos mete en un callejón sin salida.

Resumen de las posibles consecuencias de las medidas de “contención” propuestas por la administración Alvarado

1. Los mecanismos de fijación de ajustes salariales propuestos garantizarán que el poder adquisitivo real de los salarios tienda a reducirse. En promedio, el ajuste anual (incluyendo anualidades, ahora convertidas en montos fijos) andaría en alrededor de 0,5%. Baste suponer que la inflación se mantenga en sus niveles actuales, para que se dé una pérdida de alrededor del -2% anual en la capacidad adquisitiva real (cerca de -8% en el período 2018-2022). Puesto que, además, solo el 25% de las plazas vacantes se cubrirían –lo que garantizaría reducción de la planilla estatal– la masa salarial global se iría reduciendo relativamente al tamaño global de la economía, al menos si esta logra sostener tasas de crecimiento positivas.

2. El congelamiento de los presupuestos de gastos corrientes en su nivel de 2018, y suponiendo siempre una inflación en sus niveles actuales, implicará una reducción anual de su poder de compra de alrededor del -2,5% anual y un muy seguro declive relativamente al tamaño de la economía en su conjunto. Si, por ejemplo, el crecimiento anual de la economía fuese 5% nominal (2,5% de inflación más 2,5% de crecimiento real de la producción), ello implicaría que los gastos corrientes del Gobierno Central pasaría de representar un 18,7% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2017, a un 15,4% en 2022.

(*) Director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE-UNED

Enviado por el autor.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Una derecha criminal y una izquierda ingenua

Escrito en 08/06/2018. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marlín Oscar Ávila

Quienes creen que es ingenuo pensar que el gobierno de EUA no está metido en los intereses nicaragüenses, están en lo correcto. Pero también es ingenuo pensar que esos intereses estadounidenses en los asuntos nicaragüenses están a partir de las revueltas del 18 de abril. Si así fuera, cómo explicamos la formación de un gobierno corporativo, es decir, en alianza de los Ortega con la gran empresa nacional e internacional, sin equilibrar los beneficios con la clase trabajadora del campo y la ciudad; además, cómo explicamos que la familia gobernante se haya desviado del marco ideológico de Augusto César Sandino, General de hombres libres y de Carlos Fonseca Amador, para gozar de las mieles del capitalismo local y el poder hegemónico de la institucionalidad nacional. Creer que la inteligencia gringa está actuando, únicamente mediante ONGs internacionales y nacionales, sin apoyarse en la empresa privada, los pequeños partidos conservadores y los grandes medios de desinformación, la mayoría en manos de la familia Ortega, también es pecar de ingenuidad.

Creer que en política se juega sobre una cancha limpia de obstáculos, con reglas claras y solamente contra un equipo o dos, debe buscar jugar otro deporte. La derecha, en sus diferentes expresiones, ha estado presente en la cancha nicaragüense desde siempre, como lo está en todo territorio latinoamericano. La derecha esta hasta en las organizaciones que gritan “fuera la CIA, o fuera JOH o fuera Temer”. La política sería muy aburrida si se tratara de una lucha entre ángeles y diablos, a los que se distinguen por su apariencia dulce u hostil, la política no es un tablero de piezas blancas y negras, con marcas positivas y negativas. Cubren todo un arcoíris y tienen muchas siluetas. Son muchas las facciones y las corrientes políticas que juegan en una misma cancha, en un partido que se juega todo el tiempo, sin espacios de descanso, ni para dormir. La violación de las reglas es algo muy común, la demagogia, el fraude, el chantaje, el soborno, la mentira, la traición, y cualquier zancadilla, es de esperarse, particularmente de los sectores conservadores. En este juego, los árbitros (observadores o mediadores) también juegan el partido. Ni qué decir de árbitros de organismos multilaterales, quienes se suponen, son controlados por normas internacionales.

En nuestra zona geográfica cuando antes de elegir a nuestros gobernantes, debemos preguntar al magnate de la “hegemonía mundial” si podemos o no elegir a quien nos parezca el mejor, es porque las reglas del juego las determinan afuera de nuestras naciones. Se trata de algo diferente a la que concebimos como real democracia. Como dijo recientemente James Clapper, ex director de la inteligencia gringa: «Cuando intentamos manipular o influir en las elecciones, o incluso derrocar gobiernos, se hizo con los mejores intereses de la gente del país en cuestión«, después de confirmar que su gobierno estadounidense había actuado así en, al menos, 80 países. Entonces tenemos un “todopoderoso” al norte y no en el cielo, que nos cuida para que nuestras decisiones sean adecuadas a los intereses de “su gente”.

Si las manipulaciones e influencia en las elecciones se han hecho pensando en “los mejores intereses de la gente del país en cuestión”, tendríamos que preguntarnos cuál es la gente en la que piensan los gobiernos de EUA cuando hace tales manipulaciones y golpes de Estado. Sin retroceder mucho en la historia contemporánea, en Panamá, Noriega era de su confianza, primero y después del pueblo panameño. En Nicaragua, fueron aceptados Enrique Bolaños Geyer; Arnoldo Alemán Lacayo y Violeta Barrios de Chamorro, luego de una ardua lucha por derrocar del poder al Sandinismo. Dilma Rousseff, fue y es de la confianza del pueblo brasileño, al igual que Lula Da Silva. Manuel Zelaya, era y es de la confianza del pueblo hondureño. ¿Evidencia esto a qué intereses se refiere el ex director de la CIA? Los golpes de diferente naturaleza aplicados a estos ex gobernantes fueron apoyados por Washington, pese a que estos gobernantes han gozado de la popularidad necesaria para gobernar. Nicolás Maduro, ha sido elegido con una diferencia significativa en las últimas elecciones de Venezuela, sin embargo, el gobierno de Washington, junto con todas sus agencias, tropas y gobiernos lacayos, no quieren que Nicolás Maduro gobierne en su propio país. Estamos viviendo en un mundo donde la tan llevada y traída “democracia” pareciera ser última invención electrónica, apetecida por muchos, pero pisoteada por quienes logran comprarla. Es una democracia secuestrada hace bastante tiempo.

Es más que obvio saber los verdaderos intereses que defienden en la Casa Blanca. Pero el caso de Nicaragua puede confundir fácilmente al mejor observador.

La izquierda tradicional centroamericana confiaba que Nicaragua era tranquilamente controlada por el FSLN, aun cuando hubiera denuncias de algunos de sus viejos cuadros, sobre los abusos cometidos por los Ortega. Se dieron varios esfuerzos de privatización del agua, la electricidad y otros servicios, que recibieron la oposición del pueblo. La anticonstitucional re elección del indiscutible líder sandinista hasta recientemente, no fue confrontada dentro del FSLN de manera contundente y los Ortega lograron manejar la controversia a su favor. Ya había existido fuerte controversia con el proyecto del canal interoceánico. Las organizaciones campesinas fueron las primeras en tirar al suelo la bandera sandinista. Luego, ocurre el incendio de La Reserva Biológica Indio Maíz, considerada una de las reservas naturales mejor preservadas en Nicaragua, cuando se acusa al gobierno central de negligencia intencional. Se cree que comerciantes de la madera fueron los más aprovechados económicamente. En abril aparece el gobierno decretando medidas contrarias a los intereses de algunos sectores no consultados en cuanto al Seguro Social. La policía le da palos a unos ancianos y la juventud sale a protestar. Esa protesta es fuertemente reprimida y se da lo que ni los mismos gringos, los partidos de derecha, ni de izquierda, esperaban. La misma pareja Ortega debió sorprenderse de los resultados de sus órdenes represivas. En ese momento nos enteramos que la familia en el poder vivía en una especie de burbuja. Ni sus asesores le pudieron advertir que el pueblo nicaragüense estaba muy tenso con lo que se había venido gestando dentro del poder corporativo desde un año atrás y solo era necesaria una gota para rebalsar el vaso.

Al aceptar íntegro el informe publicado por la CIDH, nos enteramos que los Ortega acababan de despertar de la inconciencia que produce el poder absoluto encerrados en una burbuja mágica de oro. En menos de un mes, habían asesinado a más protestantes en las calles de los que podría creerse venir de un ex comandante de la Revolución Sandinista. Pero luego se enteró que los delitos por los cuales se le acusa son graves. Así que se aferra al poder argumentando que hay un complot internacional contra el país y su gobierno. El discurso que muchos poderosos utilizan cuando les conviene.

Algunas publicaciones progresistas hacen similitudes entre la lucha que se libra en Venezuela con la de Nicaragua, haciendo aparecer a ambos gobiernos como víctimas de las movilizaciones sociales violentas provocadas y financiadas desde el exterior. En ese símil coinciden, a la inversa, con la derecha internacional, argumentando que Daniel Ortega es un dictador del corte de Nicolás Maduro, que asesina a sus oponentes. Pero nada es más distante que las manifestaciones de miles de miles de nicaragüenses con los grupitos opositores de las guarimbas venezolanas. La historia de ambos países y pueblos es diferente y sus causas son diferentes, motivos para otro artículo al respecto.

¿Cuándo se concluirá con los enfrentamientos violentos en Nicaragua? no se sabe, especialmente cuando hay una izquierda ingenua y cerrada a los esquemas que le predican sus líderes tradicionales y, una derecha criminal, irrespetuosa, farsante y sucia en el escenario. En sus conflictos internos en Nicaragua, usualmente, han estado presentes actores centroamericanos y, desde luego, estadounidenses. Entre más se tarde en llegar a un acuerdo, más complejidad puede haber en una solución nicaragüense. Esperemos que el pueblo nicaragüense no se valla adaptando a ese estado de cosas, como lo ha hecho Honduras desde el golpe de estado hace nueve años, tiñendo de sangre diariamente sus calles, con una oposición muy débil y con el gobierno impune, más impopular de su historia.

Enviado por el autor.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

4 años durmiendo con un ojo abierto: Volcán Turrialba

Escrito en 07/06/2018. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

*Eliécer Duarte

Académico e investigador, OVSICORI

Los cambios más drásticos que se hayan presentado en unos 150 años, tuvieron como punto de partida el 29 de octubre del 2014, cuando el Volcán Turrialba arrancó con el actual periodo freato-magmático.

Con anterioridad, el volcán había presentado varias modificaciones. Hubo algunos enjambres sísmicos que se dieron desde 1996. A mitad del 2005 hubo cambios en el patrón exhalativo y para los primeros meses del 2007 los efectos eran notorios. En mayo y julio de ese mismo año enjambres sísmicos produjeron agrietamientos en la cima del volcán y efectos que llegaron hasta unos 3 kms a partir de la cima. Cuatro erupciones principales sobresalen en los años subsiguientes a partir de enero del 2010 hasta mayo de del 2013.

El día clave

Las erupciones que desbloquearon el conducto del cráter oeste se sucedieron al filo de la medianoche del 29 de octubre del 2014 y depositaron el grueso de los materiales en los alrededores del cráter ensanchado. Tal actividad se vio acompañada de tremor y sismos volcano-tectónicos. Las columnas de sedimentos y materiales finos pre-existentes probablemente alcanzaron varios miles de metros sobre la cima, a juzgar por la depositación de tales productos a docenas de kms.

Las erupciones diseminaron capas de lodo y sedimentos hacia la caldera, alcanzando hasta 3 metros en el borde mismo del cráter oeste y un relleno similar en el vecino cráter Central. Oleadas de lodo alcanzaron unos 300 m, en la horizontal, con espesores de unos 40 cms. Algunos de los bloques de gran tamaño se encontraron a unos 200 m de la boca humeante con tamaños arriba de los 2.4 metros: algunos de estos provenían del fondo del cráter y otros de las altas paredes.

El cráter se ensanchó en todas direcciones; su borde este perdió unos 25 metros de altura y migró unos 30 metros hacia el cráter Central. Durante estos 3 años la actividad se ha concentrado en ese cráter oeste y el ensanchamiento parece ahora estar limitado a las paredes rocosas que lo conforman.

Un día sí y otro también

Una vez que el conducto quedó abierto hubo altibajos en las emisiones. Por largos periodos se mantenía la exhalación de gases y vapor para combinarse con periodos prolongados de emanación de cenizas. En innumerables ocasiones hubo acompañamiento de fragmentos incandescentes que a veces alcanzaron los flancos, principalmente al sur y sureste; debido a la forma de la abertura principal. Durante los meses secos del 2015 episodios de ceniza cubrieron la zona vecina al volcán; hacia el sur, suroeste y oeste alcanzando a veces hasta muchas comunidades del Valle Central. En los meses lluviosos de ese mismo año el patrón cambiante de actividad se mantuvo ensanchando el cráter en distintas direcciones y aportando partículas.

Durante el periodo seco del 2016 se repiten condiciones similares a las del año anterior. Dos periodos agudos de producción abundante de ceniza se producen este año: entre abril y mayo y luego en octubre cuando cortinas de ceniza enormes se desplazan en direcciones variables para producir afectación y preocupación a nivel local y regional.

A finales del 2016 y primeros días del 2017 es cuando se producen las últimas salidas más significativas de cenizas, pero principalmente de grandes segmentos de lava semi-fundida que se depositan en los alrededores del cráter activo. Luego de esto hay muchos meses de reducción de las emisiones de ceniza predominando la salida de gas y vapor acompañados, por las noches, de incandescencia sostenida por varios meses. Más recientemente es entre setiembre y octubre del 2017 que se produce salida tímida de pequeños volúmenes de ceniza que se llegan a depositar en las vecindades del macizo.

Por lo tanto los periodos de calma y reactivación se han repetido durante estos 3 años sin un patrón definido. En setiembre del 2015 se registró salida casi sostenida por más de 40 días y el patrón fue similar en octubre del 2016.

La actividad sísmica en forma de enjambres a veces se correlaciona con la salida de ceniza y otros piroclastos, aunque también se dieron prolongados periodos de salida pasiva de cenizas sin mayor estruendo en la boca ni alteración del sismograma. En días de abundante salida de ceniza los sismos volcano-tectónicos ascendieron a cientos y las bandas de tremor se sostuvieron, en algunos periodos, por varios días sin ceder.

Secuelas a la vista

Los veranos del 2015 y 2016 fueron prolíficos en producción de partículas que generaban severos daños en la agricultura, ganadería y en general en la rutina de las comunidades ubicadas al oeste y suroeste del volcán. Y es que en los meses secos no solo el desplazamiento de esas cenizas es mayor sino que es más visible; aumentando la ansiedad de vecinos y autoridades. Es en los meses secos cuando se da la mayor afectación de la ceniza en la navegación aérea y por lo tanto su impacto en la economía nacional por el cierre de aeropuertos.

Durante los meses lluviosos los efectos no son menores; la adherencia de partículas finas es más eficaz causando lesiones profundas en repastos y cultivos comerciales. Los montos depositados en la cima y flancos del volcán también eran blanco fácil de la erosión y de arrastre hasta largas distancias. Cauces grises, de los drenajes principales, eran comunes hacia la ciudad de Turrialba y comunidades aledañas, como también lo eran hacia las planicies del norte. En el borde oeste del cráter activo el engrosamiento de la superficie alcanzó poco más de 4 metros (a enero del 2017). El tapizado del “callejón de aniquilamiento” es uno de los efectos más lesivos para el edificio volcánico; la superficie endurecida promueve la escorrentía y reduce las posibilidades de regeneración natural a corto plazo.

Los efectos erosivos en los cauces principales hacia el oeste son dramáticos si tomamos en cuenta que en algunos tramos los cauces profundizaron entre 4 y 10 metros. El efecto de relleno por materiales orgánicos es también notable en las quebradas y ríos encañonados, donde en algunos puntos enormes troncos y ramas formaron auténticas represas.

Otra constante, tanto en periodos secos como lluviosos, es la acidificación. En ambos casos la afectación en las zonas de interés comercial así como en los bosques vírgenes es visible durante todo el año. Aunado a esto se debe mencionar otra consecuencia temporal de la actividad alternada y es que las fuentes de agua se ven contaminadas. Del mismo modo, se debe anotar como efectos directos los cortes de fluido eléctrico en la región, así como el impacto de proyectiles y cenizas en los equipos científicos de monitoreo volcánico.

Durante los últimos días de diciembre del 2016 y primeros de enero del 2017 este volcán presentó una emanación singular de material pastoso y semi-plástico que pareciera coincidir con el material más profundo hasta ese entonces producido. El conducto abierto a profundidad tendría la capacidad de producir una descompresión dosificada del sistema sin eventos traumáticos. Esto se refuerza con unos 10 meses de actividad eruptiva casi nula y con la salida débil y apenas esporádica de bajos volúmenes de ceniza. El descenso significativo de la sismicidad (comparada con años anteriores) genera la esperanza de que lentamente el volcán retorne a un estado de equilibrio.

Mientras tanto, la salida de gases magmáticos puede mantener montos de acidificación lesivos para las áreas circundantes por lo que el mejor uso de las tierras alrededor de este macizo, debería ser el de la regeneración natural y la conservación.

***Más detalles. Eliécer Duarte, OVSICORI. Oficina de Comunicación. Tel 2277-3067***

Imagen tomada de Youtube.

Enviado por UNA Comunicación.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

El nuevo gobierno costarricense y Centroamérica

Escrito en 06/06/2018. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Willy Soto Acosta (*)

Después de la II Guerra Mundial, Alemania y Francia conformaron la Comunidad Económica del Carbón y el Acero (que a la postre dio paso a lo que hoy es la Unión Europea), con las heridas aún sangrantes del conflicto bélico. Lo hacían más con un interés realista que por un deseo de hermandad: la toma de consciencia de que habitaban la misma “casa común”.

Centroamérica es el hábitat de Costa Rica, para bien o para mal. Ello significa un gran reto: ni diluirse en la región ni querer constituirse en una isla dentro de ella. “Costa Rica no es parte de los problemas de Centroamérica pero éstos si son parte de nuestro país”, manifestaba en su primer gobierno el ex -presidente Oscar Arias. Hoy en día esa premisa se revela parcialmente incorrecta. En una sociedad global, los problemas ticos tienen una continuidad con el resto de la región: la violencia engendrada por el narcotráfico, el aumento de la pobreza extrema, el desempleo, las migraciones, la tentación (como quedó demostrada en los últimos comicios costarricense) de violar derechos humanos incluso por la vía electoral, las consecuencias del cambio climático que actúan en una dimensión centroamericana y caribeña y no a escala estato-céntrica.

Mal haría el nuevo gobierno de hacer un berrinche como el que hizo Luis Guillermo Solís y su canciller de salirse temporalmente del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) por el asunto de las migraciones africanas, haitianas y cubanas que atravesaban el país, ante la negativa de Nicaragua de abrir sus fronteras. La nueva administración debe entender que la integración regional ya no es solo un discurso romántico de hermandad centroamericana sino sobre todo, una estrategia nacional de Alta Política para enfrentar problemas que solo se pueden gestionar y resolver mancomunadamente. La soberanía ya no es aislarse dentro de unas fronteras cada vez más porosas sino, manteniendo la identidad nacional, la capacidad de influir en los recursos de los países vecinos para así enfrentar riesgos nacionales-regionales.

¿Qué el SICA en mucho es un leviatán con una arquitectura frondosa, en algunos casos inútil, que alberga los intereses gremiales y salariales de una “mara” de burócratas con altísimos salarios y de un estamento de consultores centroamericanos e internacionales (ligados a la cooperación) que llevan un estilo de vida lujoso? ¡Eso nadie lo duda!

Aún más: desde la fundación del Mercado Común Centroamericano a finales de los 50´s y principios de los 60´s del siglo pasado, ha hecho más por la integración el empresariado (no de gratis, porque les convenía un economía regional) que la institucionalidad burocrática.

El reto del nuevo gobierno, en ese camino de compaginar identidad nacional y gestión en “condominio” de problemas centroamericanos, es conseguir una limpieza del SICA (tarea que Solís empezó, al menos en el discurso), impulsar la participación empresarial bajo el respeto de los derechos laborales y ambientales, y darle voz al gran ausente: la sociedad civil. Si la integración no se comienza a edificar desde abajo (desde la cultura, el deporte, las MYPIMES, las ciudades, el ambiente), todo será fantasía. La propuesta de Panamá de construir un metro o tren que la una a Costa Rica es en este sentido esperanzadora, y este espíritu se puede extender al resto de la región.

Nuestro país tiene un recorrido que puede potenciar en el marco regional: las relaciones comerciales con China (ahora que algunos países del SICA están alejándose de Taiwán), el TLC con Corea del Sur, sus avances en materia de enfrentar el cambio climático. Destaca aquí el replantearse la decisión de no participar en la Alianza del Pacífico (AP) (sin dudas el esquema integrador más dinámico actualmente en Latinoamérica), no obstante el trecho andado en esa materia. Sin desatender a los grupos internos que se oponen a esa adhesión, Costa Rica puede ser el puente entre la AP y Centroamérica.

Charles de Gaulle solía decir que “cada país debe hacer la política de su geografía”. Este principio se debe aplicar en nuestras relaciones con nuestro vecino del norte. En los últimos tres gobiernos ticos hemos esbozado una política de “caritas enojadas”, lindando con un extremo infantilismo. Algo similar ha hecho Managua. Esperamos de Carlos Alvarado un cambio: se puede defender el interés nacional, la integridad territorial, sabiendo que compartimos una “casa común”.

Hay razones para creer que así será: nombró a una mujer en la cancillería, y además brillante y afrodescendiente, lo cual dice mucho, demasiado. La idea del nuevo gobierno de celebrar el Bicentenario de manera regional, junto con los otros países centroamericanos, no puede sino que aplaudirse.

(*)Catedrático, Escuela de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional.

*Imagen con fines ilustrativos tomad de vox.lacea.org

Enviado por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

A cinco años de la muerte de Jairo Mora y varias preguntas sin responder

Escrito en 02/06/2018. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolás Boeglin (*)

Al conmemorarse el pasado 30 de mayo cinco años desde la muerte de Jairo Mora Sandoval, cuyo cuerpo apareció en Playa Moín, una solitaria playa del Caribe costarricense, son aún muchas las preguntas sin repuestas alrededor de este asesinato.

Jairo Mora Sandoval había detectado que de todas las playas en el Caribe, la playa Moín recibía la cantidad más elevada de tortugas marinas (véase nota de Mauricio Álvarez titulada «5 años Jairo Mora ¿cómo destruir su legado?» publicada en Elpais.cr). Semanas antes de su muerte, había señalado a un grupo de periodistas lo que el título de esta nota de La Nación indica de manera muy clara: «Si un policía dice que nos apoya, está mintiendo«. Si este titular puede causar profundo estupor, este otro del 2015 (véase nota de La Nación) posiblemente arroje la misma sensación al leerse esta vez que: «Sala Constitucional suspende comparecencia de fiscal general en Asamblea por caso de Jairo Mora«.

A pocos días de su muerte, y sin que mediara mayor investigación, en declaraciones a la cadena internacional de CNN del entonces Vice Presidente de Costa Rica, Alfio Piva, se señaló a hueveros y a contrabandistas como probables responsables de esta muerte. Viendo la gran cantidad de proyectos que se han concentrado en Playa Moín desde aquel fatídico 31 de mayo del 2013 ¿eran hueveros y contrabandistas los únicos en Costa Rica interesados en que no se ventilara mayormente que esta playa recibe la mayor cantidad de tortugas de todo el Caribe costarricense? ¿Por qué razón la Fiscalía General de la República privilegió esta única pista en sus investigaciones, sin interesarse por posibles autores intelectuales de este vil asesinato provenientes de otros sectores? ¿Por qué no haber seguido la recomendación del Experto Independiente John Knox del 2013 durante su visita a Costa Rica, apoyando la solicitud de varias ONG costarricenses de crear una Comisión de la Verdad ajena al Poder Judicial para investigar debidamente este caso y otros más (véase informe de John Knox, punto 67)? ¿Por qué haber hecho caso omiso de esta recomendación durante toda la administración 2014-2018?

Remitimos al lector a una nota que nos permitimos redactar al conmemorarse tres años de esta muerte (véase nota publicada en Informa-tico, titulada «Los pendientes a tres años de la muerte de Jairo Mora«), y cuyas preguntas persisten en el tiempo. Al haberse en el período 2017-2018 confirmado la separación de varios altos personeros del Estado costarricense por diversas faltas graves de carácter ético en su labor, y que estuvieron involucrados en las investigaciones realizadas al momento de la muerte de Jairo Mora, puede incluso que algunas de estas preguntas se tornen más persistentes aún.

Como la figura de Jairo Mora Sandoval, observando el horizonte desde su querida Playa Moín.

A cinco anos de la muerte de Jairo Mora y varias preguntas sin responder — Foto extraída de nota de prensa (La Nación) titulada «Patrullando Moín con Jairo Mora».

(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Enviado por el autor.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Por la defensa de la justicia transicional

Escrito en 02/06/2018. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

En esto de buscar métodos y técnicas para explicar el contenido de una justicia transicional, conviene indicar a quienes va dirigida esta clase de justicia, por qué y quienes la imparten.

UNA CLASE DE JUSTICIA DIFERENTE

La materia o contenido del Derecho Internacional, comprende la distinción entre los Tratados Internacionales, celebrados entre los Estados parte del sistema internacional. En tanto, los Acuerdos son celebrados entre un Estado parte y un Sujeto de Derecho Internacional. Taxativamente se señalan los sujetos de derecho internacional y entre ellos se comprenden “Los movimientos de liberación nacional con sus fuerzas beligerantes”. La Convención de Ginebra y los Protocolos, como parte integrante del sistema universal, indican algunas valoraciones para calificar a una fuerza interna armada en un Estado parte como beligerante; pero, no obstante, el estatus o reconocimiento de beligerancia lo hace el Estado parte como acto soberano. El Acuerdo celebrado entre el Estado colombiano (debidamente representado por el Ejecutivo) y el Sujeto de Derecho Internacional Farc-ep, se llevó a cabo para dar por terminado un conflicto armado interno, que lo define el derecho Internacional, como diferente del conflicto armado entre Estados. Esa categoría de conflicto entre un Estado y una fuerza insurgente está reglamentada en el sistema universal del derecho internacional y por ende lo rigen los Principios Fundamentales de ese sistema. Mencionemos algunos: el principio res inter alius acto; por medio del cual lo acordado solo crea obligaciones entre las partes. El principio de la Bone fide (Buena fe) y que del consentimiento- ex consensu advienent vinculum– deviene la obligación. El pacta sur servanda, de estar obligado a cumplir lo pactado.

La Justicia Transicional, como instrumento de justicia universal, se inspira en los principios del ius cogens y el derecho de gentes. Por el llamado ius cogens, los Estados, debidamente representados, por el Jefe de Estado, se obligan. Todo obedece al marco jurídico del Derecho Internacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y a esas normas no se puede oponer la ley nacional o local (Lex Fori). Para el ámbito de aplicación de esa jurisdicción se califica de aforados a los (ex) guerrilleros de las Farc-ep y los miembros de la Fuerza pública incursos en delitos de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra, cometidos durante el conflicto y a los insurgentes incursos en delitos políticos y la conexidad con los mismos, como es el caso típico de conductas relacionadas con el narcotráfico.

DEL ORIGEN DE LA JEP

Seamos elementalmente claros: La JEP, como instrumento del sistema internacional de Justicia Transicional, no tiene origen constitucional. La Jurisdicción Especial de Paz no está taxativamente señalada en el Capítulo de Jurisdicciones Especiales (Artículo 246. Constitución de 1991). La fuente constitucional de la JEP radica en los artículos 22 y 93 ibidem y concordantes. Los Magistrados de la JEP no fueron o son nombrados por autoridad estatal ni del orden administrativo. No son empleados públicos. Fungen como servidores públicos. A manera de discusión planteo que No requerían de posesión para ejercer el cargo, puesto que, conforme al principio de inmediatez, el nombrado se posesiona ante quien le nombra y no fue el presidente de la República quien lo hizo. Tampoco juramento de posesión del cargo, no obstante, como servidores públicos están sometidos a la Constitución y Leyes de Colombia. Vale lo del formalismo impetrado. A la JEP, por no decir a sus integrantes, les cabe la observancia de los Principios Fundamentales, de los Derechos, Garantías, Deberes de la Constitución de 1991. No hacen parte de la Jurisdicción ordinaria y su existencia es transitoria y de competencia y jurisdicción calificada para los casos propios de su naturaleza jurídica. Su inspiración funcional no lo es la Rama Judicial de la Constitución Política, puesto que el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición (SIJVRNR), no contempla un órgano máximo de justicia, como sucede en la Jurisdicción ordinaria. Lo Acordado definió con claridad que la JEP expediría su propio reglamento, puesto que la razón de ser de su existencia obedece al Sistema Universal de Justicia. Esto que es lo que sirve de fundamento para un prístino u original criterio de distinción es de lo que adolece en la práctica la Corte Constitucional, por su activismo judicial y contrario a la concepción dialógica de proyección de sus decisiones o sentencias para superar el estado de cosas inconstitucionales (eci) en Colombia.

DE CHUPATINTAS Y PICAPLIETOS

Da grima la manera como llamados abogados analizan la naturaleza de la JEP. Son cajas de resonancia de la adulteración mediática y desdicen, por carencia, del juicio razonado de los juristas. “La crítica es fácil, el arte difícil”. No es que desconozcan, es que no comprenden ni asimilan, por el peso del sofisma, que el cuerpo normativo que inspira y rige a la EJP, como instrumento de la Justicia Transicional, emana de los principios universales, consuetudinarios y normativas del Derecho internacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Las competencias de la JEP no las fija el legislador colombiano, ni la Corte Constitucional, que se erigió, mutuo propio, en superior jerárquico del sistema de jurisdicción alternativa que expresa la JEP, como aplicación de la Justicia Universal Transicional. Acorde y tal como se concibió para Colombia, La JEP se rige por los protocolos existentes y el reglamento interno de funcionamiento que conciba. Intentar aplicarle a la JEP el principio procedimental de normas de orden público, significa constreñir y desconocer su propia naturaleza. No es dable aplicar y/o delegar el ejercicio de jurisdicción y el de competencia, por parte del legislador y por la Corte Constitucional, al sistema de justicia transicional vigente en Colombia. Por ello es dable concluir, que la producción normativa y las resoluciones y sentencias del poder judicial o jurisdicción ordinaria, no tienen el carácter de vinculante para los (as) Honorables Magistrados(as) de esa Jurisdicción Especial, mientras esté vigente el artículo 93 de la Constitución Política, que se erige en el garante para que las leyes que se emitan y las decisiones de la Corte Constitucional no vayan en contravía o desconozcan la autonomía, independencia e inscindibilidad de la JEP y su Tribunal para la Paz.

La carencia de argumentaciones o mejor exhibir temáticas sin peso jurídico desdice de la renovación del Foro Jurídico nacional. Las Facultades de Derecho, los Colegios y Asociaciones de Abogado no pueden ser ajenos a tamaña irresponsabilidad. Asimilemos el enunciado de la JEP cuando suspende el procedimiento de extradición al heroico ex guerrillero J. Santirch, en el sentido que aceptemos el cambio de paradigmas en esto del desempeño y ejercicio de una justicia transicional en Colombia. Incorporemos, en lo jurídico-político, el desarrollo y asimilación de experiencias ante la situación de conocimientos nuevos que el modelo transicional brinda, de manera que se incorpora a los criterios de juristas, superando la concepción cuadriculada de antaño. Contribuyamos en la profundización del debate jurídico, para que no solo los intérpretes de la norma sino los operadores de esta incorporen cambios en la forma de pensar y de actuar. Que cuando la Corte Suprema toma la decisión, en el caso del exguerrillero de las Farc-ep, Pedro Luis Zuleta Noscué, solicitado en extradición por una Corte Distrital del Sur de New York- quien se acogió a la jurisdicción especial de paz- sienta el criterio que “el juez natural para continuar conociendo del pedido de extradición es la JEP”.

No todo puede ser regido por el estereotipito dictatorial de la mediática. Pretender privar al Jugador natural de los aforados de las antiguas Farc-ep, en la definición de fondo de sus conductas, cuando sean sindicados, es un exabrupto y causa enfado a la dignidad del juzgador. Eso es inconcebible e inaceptable en el mundo jurídico. Pretender colocar al juez natural de la JEP como un amanuense, contador de fechas, como si su oficio fuere copiar escritos, transcribir el dictado que una autoridad extranjera violatoria de la soberanía nacional, mancomunada con una Fiscalía tejedora de montajes judiciales y acusaciones apócrifas, falsas, supuestos o fingidos, puesto que en más de un mes no ha acreditado las “irrefutables” pruebas enunciadas, sienta la más profunda indignación. Hace más de un mes han mantenido encerrado al cantor popular. Al poeta de los arreboles de la selva, convertido en mártir y ejemplo.

En el caso concreto de J. Santrich, no se pueden desconocer los Principios Fundamentales y los Derechos y garantías que concede la Constitución Política a un sindicado. En particular el principio de inocencia le ha sido vulnerado por parte de la Fiscalía General, que en modo alguno hace parte de la Rama Judicial y que, al actuar en contra de un aforado de la JEP, puesto que en la consideración intuite personae de desmovilizado del ejército irregular rebelde Farc-ep, cometió abuso de autoridad al declarar su captura y detención. La orden de captura emitida por una autoridad judicial USA sobre un presunto delito no cometido en ese territorio, ni en Colombia, con su informe, expediente y acusación concreta, ha debido remitirse en forma insalvable a la instancia correspondiente de la JEP. Al materializar su captura y luego ponerlo a disposición del competente se incurre en nulidad de toda nulidad y ante esa situación una vez conocido el fondo del asunto por el Tribunal Especial de Paz, en buen romance, corresponde declarar la libertad inmediata del sindicado.

Y para colmo, por más que esculco y escarbo el motivo por el cual la JEP no resuelve el fondo del asunto de la nulidad por captura ilegal, percibo la intranquilidad de Guadalupe Salcedo en su mortaja histórica por la traición aplicada a quienes pretendieron igualarlo y no superarlo en el Siglo XXI.

Enviado por el autor.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

¿Protección o defensa del agro?

Escrito en 31/05/2018. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Carlos Pomareda (*)

Defensa comercial no es lo mismo que proteccionismo, aunque mucha gente cree eso o utiliza la frase con fines politiqueros o, peor aún, con mala fe. Hay quienes tratan de dar la impresión de que proteger es elevar los aranceles (tomado de los libros de texto) y argumentan que quienes pierden con eso son los consumidores.

El anuncio hecho por parte del Ministro de Agricultura de que se protegerá a la agricultura nacional, ha despertado irritación de parte de quienes están acostumbrados a ir por la libre en las prácticas comerciales internacionales, a la vista y paciencia de entidades con presunta responsabilidad en este campo y que no la cumplen.

Esta irresponsabilidad surge por la tolerancia a importaciones de productos mal etiquetados; por falta de vigilancia aduanera, que permite que ingresen unos productos con el nombre de otros parecidos, pero que pagan menos aranceles; por importaciones por parte de empresas que no cumplen las normas de disponer de facilidades para el comercio de acuerdo a los establecido; por prácticas que pueden ser de dumping pero que no son valoradas; por prácticas monopólicas encubiertas, y muchas más razones. Cambiar la actual praxis del comercio implica, como se dice en sencillo, tocarle los huevos al águila.

El país puede mantener sus tratados comerciales; pero no se debe aceptar de que con el cuento del libre comercio y la desgravación gradual, se actúe a río revuelto. El cambio en la praxis del comercio internacional es indispensable. Este cambio requiere una alianza por la agricultura, la agroindustria y la alimentación, en la que deben participar con energía el MAG, COMEX, el MEIC, Hacienda y la Comisión para promover la Competencia y la Defensoría del Consumidor.

Rectificar el verbo es muy importante, para aclarar que no se trata de volver al proteccionismo; pero también es necesario que el mensaje sea claramente entendido, tanto por los productores, para no crear falsas expectativas; así como por el resto de la sociedad, para no alarmarse por lo que no es.

(*) Ingeniero agrícola, Doctor en economía agrícola, consultor nacional e internacional, autor.

Foto del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Enviado por Fabiola Pomareda.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

La improvisación teatral llegó a Esparza y a Puntarenas

Escrito en 31/05/2018. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

El Grupo Ketó de Perú (Sergio Paris) trajo al país un hermoso formato de improvisación llamado Improvisaciones Mínimas. Fue estrenado en Costa Rica en el Teatro Giratablas hace algunos años. Andrey Ramírez, quien trabaja en dicho teatro, es el director artístico de este espectáculo que ustedes no se pueden perder.

Este 31 de mayo al ser las 7:00 pm en El Teatro La Cambusina en San Jerónimo de Esparza, se presenta ImproPuerto con su espectáculo «NOCHES DE IMPRO». Seguidamente el 1° de junio, ImproPuerto llevará su acto hasta la Casa de la Cultura en Puntarenas a las 7:00pm.

Vaya y disfrute en familia del teatro

Entrada ₡4000

Ciudadanos de Oro y estudiantes ₡3000

https://www.facebook.com/impropuertobigband/