La institucionalidad social costarricense sufre un asedio que incluye propuestas de cambio constitucional como la modificación del artículo 176 de la Constitución Política, promovida en el proyecto de ley No. 22 266. Por ello, se buscó sumar voces de actores sociales y personas cuya experiencia y análisis le permitieron a la comunidad universitaria del TEC, y de Costa Rica en general, comprender los alcances negativos reales de la Regla Fiscal y de la Ley de Empleo Público.
Panelistas:
Luis Paulino Mendez Padilla – rector del TEC.
Roxana Morales Ramos – vicerrectora de administración de la UNA.
Mauricio Castro – profesor de la Universidad de Costa Rica.
Francisco Esquivel Villegas – profesor del TEC.
Moderador:
Osvaldo Durán-Castro – docente e investigador social del TEC.
La Comisión Especial del Consejo Institucional conformada para trabajar sobre sobre los efectos adversos que producen las leyes No. 9635 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y No. 10159 Ley Marco de Empleo Público, la Comisión Institucional de Sostenibilidad de la Educación Superior (CISES) y la Rectoría del Tecnológico de Costa Rica, invitaron a toda la comunidad a participar de este espacio de reflexión y conocimiento sobre las leyes nombradas.
El foro se realizó el pasado 8 de agosto de 2022, en el Centro de las Artes.
Rectores y Federaciones de Estudiantes rechazan la propuesta del Ejecutivo porque incumple con el mandato constitucional sobre financiamiento de la educación superior pública
11 de agosto del 2022. Este día los rectores de las cinco universidades públicas y el representante estudiantil de la Confederación Estudiantil Universitaria de Costa Rica participamos en el marco de la Comisión de Enlace en la segunda convocatoria para definir el monto con el que se financiará la educación superior pública para el año 2023.
La propuesta entregada por los representantes del Poder Ejecutivo, propone una rebaja sustancial en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y de la transferencia a la Universidad Técnica Nacional para el 2023.
Para el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la Confederación Estudiantil Universitaria de Costa Rica y las comunidades universitarias, esta propuesta es inadmisible por las siguientes razones:
La eventual disminución del monto del FEES con respecto al año anterior, constituiría un irrespeto a las disposiciones contenidas en el artículo 85 de nuestra Constitución Política.
La aceptación de esta propuesta implicaría la reducción drástica de los servicios que ofrecen las universidades, tales como los cupos actuales y de nuevo ingreso a las carreras, el cierre de proyectos de investigación y extensión y una disminución de nuestra presencia en las regiones. Además, afectaría la cobertura de las becas actuales y futuras para nuestra población estudiantil.
De concretarse, obligaría a las universidades a prescindir del personal necesario para el buen desempeño de las actividades esenciales y comprometería la operación de las universidades públicas.
En el marco de la negociación, se acordó llevar a cabo una reunión el próximo martes 16 de agosto en Casa Presidencial a las 9:00 a.m.
Reiteramos nuestras mayores y genuinas voluntades de llegar a un acuerdo que posibilite continuar aportando desde la educación superior pública al desarrollo del país.
ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SINDICATO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN COSTARRICENSE (SEC), EN DEFENSA DEL FINANCIAMIENTO INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE APOYO A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Resultando:
I. El pasado jueves 11 de julio, se realizó la II sesión de negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), oportunidad en la que el Gobierno de la República propuso una disminución en el presupuesto de las universidades públicas para el año 2023 de más de 128 mil millones de colones con respecto al año anterior (2022); lo anterior sin entrar a considerar la pérdida del valor adquisitivo de ese presupuesto, debido a los incrementos sobrevinientes producto de una inflación interanual galopante que al cierre del primer semestre de este año alcanzó el 11.48%.
II. Los rectores y la Confederación Estudiantil Universitaria rechazaron públicamente esa propuesta por cuanto constituye un irrespeto a las disposiciones contenidas en el artículo 85 de la Constitución Política que garantiza el financiamiento de la educación superior universitaria pública, sin que se puedan disminuir sus ingresos ya establecidos. Por otra parte, como bien lo están advirtiendo los rectores y estudiantes, con esa propuesta gubernamental se produciría para el próximo año: una reducción drástica de los servicios que ofrecen las universidades, tales como los cupos actuales y de nuevo ingreso a carreras y becas estudiantiles; el cierre de proyectos de investigación y extensión incluidos proyectos de asesoría al MEP como los aportes de CONARE al Marco Nacional de Cualificaciones de las carreras de educación entre otros; se produciría además, el retiro obligado de la presencia universitaria en las regiones.
III. El rebajo en el presupuesto de la educación pública para el año 2023, en la propuesta del Gobierno a las universidades, es general y no solo para la educación superior públicas. El Ejecutivo indicó literalmente, que: “…Siendo que el sector educación recibe el 75% (6.02 del PIB) de lo que por Constitución debería recibir (8% del PIB), la propuesta es que se rebaje proporcionalmente los fondos para todos los actores del contexto educativo…” Lo anterior significa que la propuesta del Gobierno del Presidente Chaves y la Ministra Müller para el financiamiento de toda la educción pública estatal para el año 2023, incluye una disminución del 25% con relación a lo que constitucionalmente le corresponde (sin incluir la inflación), y de aproximadamente un 23% en relación al presupuesto del presente año. Lo anterior significa para el Ministerio de Educación Pública, la imposibilidad de realizar programas tan urgentes como el de recuperación pedagógica post pandemia o la intervención de la infraestructura educativa; peor aún, dicha disminución presupuestaria conduciría a un cierre técnico de los diferentes servicios educativos del MEP.
IV. La propuesta gubernamental tiene como sustento, el congelamiento de los salarios del personal del MEP para los años 2022 y 2023, lo cual es desde todo punto de vista insostenible en tiempos de inflación galopante como los que se viven actualmente y más, si consideramos también, que los salarios del personal del Ministerio de Educación Pública acumulan al final del primer semestre 2022, una pérdida en su valor adquisitivo que supera el 10% , debido al congelamiento general de salarios para el sector público durante los años 2020, 2021 y 2022.
V. Desde la Constituyente de 1949 (hace 73 años) no se presenta ninguna situación similar, de abandono estatal de la inversión pública en educción. Todas las Administraciones desde 1949 han priorizado la inversión pública en educación y salud; ni siquiera en los momentos más críticos de la pandemia COVID-19 (años 2020 y 2021) se dejó de priorizar la inversión en educación pública.
VI. Es falso el dilema que plantea la señora Ministra, en el sentido de que no puede financiar la educación superior universitaria pública, porque se desfinancia la educación básica (preescolar, primaria y secundaria), puesto que lo que su Gobierno propone, es el desfinanciamiento de toda la educación pública estatal.
VII. Lo anterior pone en evidencia también, el interés del Gobierno actual por impulsar la educación privada en detrimento de la educación pública estatal.
Considerando único:
Mediante resolución Nº 2016-012803 de la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, de las 11:21 horas del 7 de setiembre de 2016 se declara inconstituiconal cualquier Presupuesto Ordinario Nacional que no contemplase el monto constitucionalmente previsto por el artículo 78 de la Constitución Política vigente. En lo que aquí interesa, la parte dispositiva de esta resolución indica:
“Se declara CON lugar la acción, en consecuencia se declara la inconstitucionalidad por omisión del Título 210-Ministerio de Educación Pública del artículo 2º de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2015 (N° 9289 de 1 de diciembre de 2014), por no cubrir el monto mínimo del 8% de gasto público en educación estatal, previsto en el artículo 78 de la Constitución Política. Se previene al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa no volver a incurrir en la omisión que dio mérito para acoger esta acción. Comuníquese este pronunciamiento a los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese. …”
De conformidad con el antecedente de jurisprudencia constitucional citado, el proceder del Poder Ejecutivo respecto al presupuesto de la educación pública para el 2023, constituye un desacato manifiesto a un mandato judicial expreso.
POR LO TANTO, EL COMITÉ EJECUTIVO DEL SEC, ACUERDA:
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA COMO PROCESO INTEGRAL OBLIGATORIO DESDE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR HASTA LA DIVERSIFICADA, DEBIDAMENTE COSTEADA POR EL ESTADO CON UN PRESUPUESTO ANUAL NO INFERIOR AL 8% DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (Artículos 77 y 78 de la Constitución Política).
APOYAR INCONDICIONALMENTE LA SOLICITUD DE LOS RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y DE LA CONFEDERACIÓN ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA, PARA QUE EN LA PRESUPUESTACIÓN DEL AÑO 2023 SE CUMPLA ESTRICTAMENRTE EL MANDADO CONSTITUCIONAL SEGÚN EL CUAL EL ESTADO DOTARÁ DE PATRIMONIO PROPIO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA PÚBLICA, Y LE MANTENDRÁ SUS RENTAS ACTUALES, LAS CUALES NO PODRÁN SER DISMINUIDAS SI NO SE CREAN SIMULTÁNEAMENTE, OTRAS MEJORES QUE LAS SUSTITUYAN. (Artículos 84 y 85 de la Constitución Política)
DEFENDER EL PRESUPUESTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA COMO UNA INVERSIÓN ESTATAL IMPRESCINDIBLE, NECESARIA PARA QUE GARANTIZA LA MOVILIDAD SOCIAL, LA DISMINUCIÓN DE LA BRECHA SOCIAL Y ENTRE REGIONES, ASÍ COMO EL RECURSO HUMANO CAPACITADO PARA UN MUNDO LABORAL ALTAMENTE TECNIFICADO E INTERNACIONALIZADO.
DEMANDAR AL GOBIERNO LA ATENCIÓN RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES LABORALES CON EL PERSONAL DEL MAGISTERIO NACIONAL, QUE ACUMULAN 3 AÑOS DE CONGELAMIENTO SALARIAL.
SOLICITAR A LAS ORGANIZACIONES GREMIALES DEL MAGISTERIO NACIONAL, SUMARSE A LA DEFENSA DEL PRESUPUESTO INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA.
Como es de su conocimiento, el Gobierno presentó una propuesta de Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que no reconoce el aumento de costo de vida que estipula el artículo 85 de la Constitución Política, ni las deudas pendientes. Además, propone un recorte de un 22,8% respecto del monto del año anterior. Ese irrespeto a la Constitución Política también atenta contra el marco de negociación que se acordó ese día durante la primera sesión de la Comisión de Enlace.
Este recorte implicaría graves consecuencias para las actividades sustantivas de las cinco universidades públicas, incluso se podría llegar al cierre técnico de algunas de ellas. Esta propuesta se enmarca en una serie de ataques a la educación pública, en un momento en el que más bien se debe fortalecer esta inversión en todos sus niveles: preescolar, primaria, secundaria y educación superior.
Con la propuesta presentada por el Gobierno, la UCR dejaría de percibir aproximadamente 64 mil millones de colones en el 2023. Esto afectaría seriamente los cupos, las becas, los nombramientos, la investigación, la acción social y la regionalización.
Por lo anterior, por este medio convoco a la comunidad universitaria a una reunión abiertahoy a las 3:30 p.m. en el Auditorio de Derecho, con el fin de explicar detalladamente la propuesta y la ruta a seguir. Asimismo, le solicito a las direcciones de sedes regionales convocar a los consejos asesores y representantes estudiantiles en cada una de las sedes y habilitar un espacio de transmisión. Exhorto, principalmente, a las personas integrantes del Consejo Universitario, decanaturas, direcciones y representantes de asociaciones de estudiantes y órganos federados a participar de este importante espacio.
Por último, dado el contexto y la necesidad de involucrar a toda la comunidad universitaria en el proceso, le solicito a las jefaturas coordinar para que este martes 16 de agosto todo el personal a su cargo se presente a trabajar de manera presencial.
Desde el Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, proponemos realizar un plantón a las afueras de Casa Presidencial durante el momento en el que se lleve a cabo la sesión de la Comisión de Enlace, en el que exigimos el cumplimiento constitucional del FEES y un compromiso real con respecto al Estado Social de Derecho.
Martes 9 de agosto
1:30 pm
Casa Presidencial
Asimismo ponemos a disposición los siguientes formularios para recopilar información que consideramos necesaria para la gestión y logística del espacio:
Dirigido a asociaciones, consejos, órganos y partidos federativos que deseen suscribir la convocatoria al plantón, así como colaborar con algunos asuntos. Al rellenar esta información, se estarán incluyendo en el afiche.
DISPONIBLE HASTA LAS 11:59 AM DEL SÁBADO 6 DE AGOSTO
De asistencia para las personas estudiantes que tengan posibilidades de estar presentes en el plantón, para gestionar transporte y alimentación en caso de ser necesario.
DISPONIBLE HASTA LAS 11:59 AM DEL DOMINGO 7 DE AGOSTO
Particularmente este último les solicitamos por favor difundirlo a través de todos los canales que tengan en sus respectivas organizaciones para alcanzar la mayor cantidad de personas posibles.
Nuestro querido Walter Antillón Montealegre, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UCR es el Premio Rodrigo Facio 2022.
Merecidísimo reconocimiento que dignifica aún más, al grupo de prestigiosas personalidades que se han «destacado por su aporte al desarrollo político, social, económico y de la justicia social del país».
Conjunto selecto conformado por Manuel Mora Valverde, Isaac Felipe Azofeifa, Jorge Manuel Dengo, Rodrigo Carazo, Fernando Soto Harrison, Rodrigo Madrigal Nieto, María Eugenia Dengo, Hilda Chen-Apuy, Jorge Romero Pérez, Guido Miranda, Elizabeth Odio, Daniel Camacho, María Eugenia Bozzoli y José María Gutiérrez.
Con especial regocijo recibimos la fresca noticia y la compartimos para que igualmente la celebren nuestros amigos y los muchos amigos de ese gran compañero de patrióticas causas.
Por Memo Acuña (Escritor y sociólogo costarricense)
Frente a la plaza 24 de abril, concretamente en el cuarto piso del viejo edificio de la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad de Costa Rica, se había instalado una radio estudiantil.
Transmitía desde un potente parlante que amplificaba para todo aquel que pasara por la plaza, mensajes sobre la necesidad de defender el presupuesto de las universidades públicas, entonces asediadas por el ánimo recortista de un lacónico Ministro de Hacienda, de ingrata memoria.
Los mensajes eran directos y claros: la universidad pública es un bien social y colectivo y en lugar de debilitarla con intentos minimalistas, hay que fortalecerla como uno de los últimos reductos de un estado social que estaba, como ahora lo está, a punto de pasar a la historia.
Eran los tempranos años noventa y ya el discurso privatizador, reformista y anti estatista había ganado posiciones y espacios en una sociedad que años después sería polarizada para siempre.
Desde la radio 24 de abril se impulsaba un rito, un lenguaje de unidad, de sentido de comunidad que de alguna manera se vio amenazada. Por eso la respuesta. Por eso las jornadas que no se volvieron a repetir con las 4 universidades públicas de entonces llenando San José con color, música, danza y poesía.
Una de las mejores anécdotas de ese periodo de movilización, me la dejó el actor y director de teatro Stoyan Vladich, que para entonces dirigía la Escuela de Artes Dramáticas de la UCR. Nos había citado a un grupo de estudiantes para conversar sobre el movimiento universitario, su importancia.
La sorpresa sería al empezar su conversación lanzándonos una serie de ataques hacia nosotros, la universidad pública y su rol en la sociedad. Nos enojamos. Claro que nos enojamos. Y empezamos a contraargumentarle con datos, con cifras claras, con ideas bien fundamentadas sobre por qué había que salir a la calle a exigir que el presupuesto para la educación superior pública no se modificara y más bien se fortaleciera.
Nos detuvo cuando la conversación subió de tono, sonrió y nos dijo que así, con esa vehemencia con que le habíamos contestado, había que salir y convencer a la gente para contar con su apoyo en la defensa de la universidad pública.
Le agradezco a Vladich por ese momento.
Hoy hay nubes igual de densas que se ciernen sobre el futuro de la educación superior pública costarricense. Hoy habría que enojarse igual contra el irrespeto de autoridades gubernamentales que sistemáticamente le han cerrado las puertas a la negociación del FEES (Fondo Especial para la Educación Superior).
Hoy habrá que alzar los puños como un valor universal que manifieste la alegría de defender un bien público y colectivo que nos pertenece a todos y todas.
Para la UNESCO cada educando es tan importante como cualquier otro, pero eso no quita que millones de personas en todo el mundo siguen siendo excluidas de la educación por razones tales como el género, la orientación sexual, el origen étnico o social, la lengua, la religión, la nacionalidad, la situación económica o de discapacidad.
El ente está integrado por un equipo interdisciplinario e interinstitucional de organizaciones vinculadas con la educación en Costa Rica
Con el objetivo de promover una educación inclusiva y de calidad, el pasado 24 de junio fue el lanzamiento se conformó el Observatorio Nacional de la Educación Inclusiva (ONEI). .El ente quedó integrado por un equipo interdisciplinario e interinstitucional de organizaciones vinculadas con la educación en el país: la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, Universidad Estatal a Distancia, la Universidad Católica de Costa Rica, la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, el Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, el Ministerio de Educación Pública, el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, y el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes.
El ONEI nace para construir un futuro social equitativo y busca que todas las personas tengan la misma posibilidad de acceder a una educación de calidad. Una educación inclusiva promueve oportunidades de aprendizaje. El observatorio se comporta como un espacio de articulación, impulsor de la generación de conocimiento en el ámbito, así como generador de alianzas que apoyen la toma de decisiones, la innovación y la incidencia en políticas públicas.
La coordinadora del Observatorio, y profesora de la Universidad de Costa Rica, Rocío Deliyore Vega, destacó que “el ONEI promueve espacios en los cuales se puedan observar y compartir experiencias y prácticas educativas, en todos los ciclos del desarrollo humano, para la promoción de la educación inclusiva, desde la valoración de la pluralidad y la variabilidad”.
El Observatorio Nacional de la Educación Inclusiva de Costa Rica (ONEI) se constituye en el año 2018 con el objetivo de analizar e investigar acerca del desarrollo de la educación inclusiva en Costa Rica y el mundo.
¿Y qué es educación inclusiva?
El ONEI trabaja desde un abordaje en el cual la educación inclusiva es aquella educación de calidad en la que todas las personas son acogidas y reconocidas en su diversidad y que se fundamenta en la equidad, la disminución y eliminación de barreras para el acceso, la participación, la permanencia y el aprendizaje exitoso en todos los niveles, modalidades, así como oportunidades educativas y culturales.
Los ejes de acción que marcan el norte de este observatorio se basan en la generación de nuevo conocimiento a la luz de las tendencias vigentes en educación inclusiva; promover la articulación intersectorial para la actualización a la luz de esas tendencias vigentes en educación inclusiva; contribuir con información precisa en la toma de decisiones políticas, de formación y la evaluación de acciones relacionadas con la educación inclusiva en el país.
La especialista de la UCR también destacó que se espera que las coordinaciones interinstitucionales que conforman el ONEI se materialicen en acciones o proyectos concretos, de gran impacto positivo para el país. “El acceso a la educación de calidad para todas las personas forma parte de las metas que Costa Rica ha suscrito dentro de sus compromisos de trabajo alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros acuerdos internacionales. Trabajamos para que ONEI se convierta en un actor clave en el alcance de dichas metas”.
Módulo I: Se abordará sobre el patrimonio bolivariano material e inmaterial en los territorios donde se esté desarrollando el diplomado, es decir, sobre la presencia histórica, vida y obra, legado que allí existe de Simón Bolívar el libertador, en las localidades, municipios y regiones.
Módulo II: Se estudia, analiza y divulga acerca de la primera y segunda república, revisada desde los documentos y obras literarias publicadas sobre la vida y obra del libertador
Módulo III: El contenido a estudiar, analiza, debate y divulga la significación de la visión continental y porvenirista de Simón Bolívar sobre la necesidad e importancia de la unidad de los americanos (ante las colonias españolas); la formación de Colombia, las contradicciones internas, las causas y consecuencias de su desintegración, entre otros temas.
El diplomado inicia el 24 de julio de 2022 y termina el 24 de julio de 2023 y estará certificado por el Centro de Estudios Simón Bolívar. Finalizando el mismo se continuará con la especialidad y luego maestría y por último doctorado.
Envía tus datos al 04121019701, fecha límite el 23 de julio de 2023.
Carlos Gutiérrez Vargas; Eric Chinchilla Araya, Carlos Gutiérrez Vargas primer estudiante sordo usuario de Lesco que se gradúa del Bachillerato en Derecho en la Universidad de Costa Rica (UCR).Eric Chinchilla Araya Intérprete LESCO – Lengua de Señas Costarricense – tanto en el área televisiva como en aula universitaria.
Tenemos el compromiso como sociedad de ser inclusivos, de respetar y respaldar cada día el derecho a la comunicación de la persona sorda
Las personas sordas tienen la Lengua de Señas Costarricense (LESCO) como lengua materna, reconocida desde el 2012 a través de la Ley No.9049, así como desde el 2020 con la Ley No. 9822 en la que se reconoce como patrimonio lingüístico y cultural de nuestro país y se declara el 19 de julio el Día Nacional de la Lengua de Señas Costarricense.
Una fecha que reitera el compromiso como sociedad con la accesibilidad y medidas que deben adoptar las instituciones públicas y privadas, para que las personas sordas tengan acceso en igualdad de condiciones con los demás al entorno físico, el transporte, la información, la educación y las comunicaciones; incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público.
Esta fecha nos convoca a reconocer la LESCO, celebrarla y promover su aprendizaje. La Ley No. 9822 Reconocimiento y promoción de la lengua de señas costarricense reconoce y promueve en nuestro país “la lengua de señas costarricense como lengua de las personas sordas, que libremente decidan utilizarla, así como el uso de los medios de apoyo a la comunicación oral”.
La población con pérdida auditiva, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para el 2016, fue de 70.000 personas, lo que corresponde a un 1,5% de la población total para ese año. Aquí el público muestra la ya muy conocida seña del aplauso. Foto, Luis Alvarado Castro.
Bien lo señala la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad cuando busca “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”. Este 19 de julio nos convoca a luchar día a día contra la discriminación por motivos de discapacidad auditiva; “…contra cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo”
Aquí LESCOntamos…
Desde el Programa Recursos para la Sordera (PROGRESO) de la Universidad de Costa Rica, “reiteramos este 19 de julio la importancia del reconocimiento y concienciación entre la población del país sobre la Lengua de Señas Costarricense como lengua materna de las personas sordas, así como la trascendencia y pertinencia, desde un enfoque social de derechos humanos, de que las personas oyentes aprendan la lengua y aprendan sobre la cultura sorda para trabajar juntos y promover espacios laborales, sociales, recreativos y otros que sean inclusivos” señala Laura Matamoros Rodríguez, profesora de la Escuela de orientación y educación especial de la UCR.
Por su parte, Ignacio Álvarez quien trabaja en la formación de intérpretes en la lengua de señas costarricense, destaca que PROGRESO nace hace 41 años, tras un convenio con la Universidad de Gallaudet, como un esfuerzo interinstitucional para trabajar y mejorar la oferta de la educación de la persona sorda. En su momento, un proyecto de corte regional, brindando atención a personas sordas, familias y personal docente de la región centroamericana.
La Universidad de Costa Rica, por medio de PROGRESO, logra la formación de intérpretes de Lesco para el país. Foto, Cristian Araya, UCR.
Actualmente PROGRESO es un proyecto nacional con una proyección de formación en la LESCO e Intérpretes de esta lengua. Es un programa de acción social de la UCR para la enseñanza de la LESCO por parte la Escuela de Orientación y Educación Especial, de la Facultad de Educación, que comprende una serie de proyectos adscritos a la Vicerrectoría de Acción Social de la universidad que apoya la enseñanza de LESCO como un medio para lograr la interculturalidad y la equiparación de oportunidades en los ámbitos del desarrollo personal y social de las personas sordas.
A lo largo de la existencia de PROGRESO se ha generado un grupo importante de personas que le reconocen como un ente sin fines de lucro, que busca concienciar e informar sobre la comunidad sorda, su cultura y la lengua entre la comunidad nacional.
El objetivo de PROGRESO es ser más que un ente que brinda cursos, es generar interés y fomentar la inclusión social. El público meta son personas sordas y oyentes, familiares de personas sordas, personal de instituciones públicas y privadas, mayores de edad, que deseen aprender la lengua de señas costarricense.
Hoy en día es más frecuente encontrar en diferentes actividades a intérpretes de Lesco que trabajan para fortalecer el derecho a de la personas sordas a la comunicación y a la información en toda clase de espacios y situaciones. Foto, Luis Alvarado Castro. UCR.
Se ofrecen cursos en los 6 niveles actuales de la lengua, volviendo paulatinamente a la presencialidad, aunque alcanzando a personas de todo el territorio, a través de las ofertas virtuales. Por medio del Programa de formación de intérpretes en la Lengua de Señas Costarricense, se preparan personas que puedan fungir como intérpretes de la comunidad sorda y oyente en los diversos entornos en los que se desenvuelven.
El equipo de trabajo se conforma por: Eugenia Córdoba, coordinadora del ED-693 Capacitación de la Lesco, Eugenia García, coordinadora del ED-3305 Capacitación de la Lesco para instituciones públicas, Laura Matamoros e Ignacio Álvarez, a cargo del ED-3595 Formación de Intérpretes en la lengua de señas costarricense. Se cuenta también con más de una decena de personas instructoras de LESCO certificadas por CRUSA y la UCR.
Según la Federación Mundial de Sordos, en el mundo hay más de 72 millones de personas sordas que se comunican en Lengua de señas, formando una diversidad de más de 300 lenguas de señas distintas alrededor del mundo.
