A partir de este sábado 27 de marzo estará iniciando un grandioso campeonato de Futsala en la comunidad indígena de Rey Curré.
Esta actividad deportiva es organizada por los Padres de Familia de la Escuela Indígena de esta localidad y su objetivo es recaudar fondos para concluir importantes obras de construcción dentro de esta institución educativa.
Los equipos que participen van a competir por ganar un grandioso premio que se otorgará al primero y segundo lugar.
La inscripción de los equipos aún está abierta y solo tienen que comunicarse al 8729 8371.
Estos partidos se realizarán en el Gimnasio de la Escuela Curré y estarían iniciando este sábado 27 de marzo a partir de las 4 p.m. en adelante.
Separación basada en creencias religiosasatenta contra aprendizaje y convivencia
Docentes de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA consideran que el Consejo Superior de Educación debe derogar acuerdo que establece dos etapas—confesional y ecuménica o ecléctica—en la educación religiosa.
“El Consejo Superior de Educación (CSE) está en la obligación de derogar el acuerdo que establece dos etapas en la educación religiosa y el Ministerio de Educación Pública debe diseñar programas que, lejos de separar a docentes y estudiantes según sus creencias, les ayuden a convivir y aprender respetando la diversidad cultural y religiosa que nos caracteriza”, afirman Kattia Isabel Castro, Nelise Wielewski y José Mario Méndez, docentes de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional (UNA) e integrantes del Foro de Educación Religiosa.
Se trata del acuerdo 24-2017, mediante el cual el Consejo Superior de Educación (CSE) solicitó al Ministerio de Educación elaborar nuevos programas de educación religiosa, en dos etapas: confesional (educación general básica), y ecuménica o ecléctica (educación diversificada).
No obstante, en criterio del grupo de especialistas de la UNA, “hay cuestiones problemáticas en ese acuerdo”, el cual—consideran—se basa en una mala interpretación de la resolución 2023-2010 de la Sala Constitucional, que abordó la necesidad de un cambio en el enfoque y contenidos de los programas de educación religiosa en el país, al responder una demanda por justicia laboral.
Según el pronunciamiento de la Sala, “en el terreno educativo, el Estado costarricense está llamado y obligado a respetar el principio de la neutralidad religiosa”. Y va más allá. “Los poderes públicos deben asumir una posición aconfesional en el terreno educativo para promover y fomentar la diversidad y libertad religiosa”, señalaron los magistrados.
¿“Catolizar” la educación pública?
Castro, Wielewski y Méndez estiman que la etapa confesional en la educación general básica, propuesta por el CSE, más bien contradice el voto de la Sala Constitucional, pues con ella se estaría volviendo a una situación similar a la política de exclusión y de violencia religiosa que motivaron ese voto, así como la llamada de atención al Estado costarricense por parte del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 1994.
Y es que–insisten—la implementación de una educación confesional en educación básica implicaría el nombramiento de docentes de distintas religiones y confesiones cristianas, pues el estudiantado está compuesto por niños y niñas de distintas creencias. “¿Cuáles iglesias, además de la católica, y cuáles grupos religiosos tienen la posibilidad de formar profesionalmente a sus docentes de educación religiosa? ¿estaremos volviendo a “catolizar” la educación pública?”, cuestionan las personas académicas de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA.
En cuanto a la segunda etapa—propuesta para la educación diversificada—advierten sobre la posibilidad de que se convierta también en confesional, debido a que el término ecumenismo se refiere al diálogo entre personas cristianas.
Aún más problemática califican la llamada educación ecléctica en el acuerdo del CSE: “¿quién tiene derecho a decidir —y con qué criterios— qué es lo mejor de cada tradición religiosa?”, subrayan.
Hacen énfasis en que la enseñanza de una determinada religión no es tarea de un Estado republicano y democrático como Costa Rica, sino de las iglesias y grupos religiosos. Pero sí es obligación del Estado garantizar la libertad de culto, de creencia y no creencia.
Convivir en la diversidad
Al Estado, entonces, le corresponde—según el grupo de académicos de la UNA—ofrecer una educación que ayude a comprender los hechos religiosos, a resolver conflictos religiosos, a aprender y convivir gracias a la diversidad.
“La educación religiosa debería, en todas las etapas, ayudar a convivir en la diversidad. La separación de estudiantes y docentes basada en creencias religiosas terminará limitando el aprendizaje e impidiendo la convivencia”, advierten.
Consideran que el reconocimiento de Costa Rica como estado pluricultural y multiétnico en el artículo 1 de la Constitución Política debe reflejarse en el sistema educativo y particularmente en la educación religiosa.
“Las religiones son patrimonio de la humanidad que recogen sus memorias y transmiten formas de conocer el mundo y dar sentido a la vida: todas las personas en edad escolar tienen derecho a conocer estas memorias y tradiciones y enriquecer su conocimiento”, recalcan.
La modificación del artículo 1 de la Constitución (2015) exige la transformación de prácticas educativas que invisibilizan la diversidad cultural y religiosa del país. “En la educación religiosa debe concretarse la sustitución de prácticas excluyentes por otras que reconocen, visibilizan y valoran las ricas tradiciones que son parte de la identidad costarricense”, subrayan.
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Por Heidy Ávalos Fernández, responsable del proyecto de Educación Abierta de la Sede del Sur
Desde el 2018 el programa permite a quienes lo deseen terminar sus estudios secundarios, ofreciendo oportunidades de desarrollo personal, académico y profesional
Heidy Ávalos Fernández. Fotografía: Allan Corrales, UCR.
En la Sede del Sur el primero de enero de 2018 arrancó el Proyecto de Educación Abierta (PEA-Golfito) ofreciendo a las personas de las comunidades aledañas a la Sede la posibilidad de concluir sus estudios secundarios.
Para dicha apertura se contó con el apoyo del Programa de Educación Abierta de la Escuela de Trabajo Social, quien oferta esta opción de estudio desde el año 2005. El proyecto se encuentra enmarcado dentro del ámbito de Educación para Personas Jóvenes y Adultas del Ministerio de Educación Pública (MEP), específicamente el empresarial y es el único a nivel nacional que cuenta con autorización del MEP para dividir su año lectivo en dos ciclos.
El PEA cuenta con gran aceptación de las comunidades cercanas a la Sede del Sur, lo anterior se evidencia ya que, en el planteamiento inicial, se proyectó trabajar con personas del cantón de Golfito, sin embargo, durante los años 2018 y 2019, se trabajó con estudiantes de los cantones de Golfito, Osa y Corredores, mientras que, en el año 2020 al migrar las lecciones a la modalidad virtual, se incluyó población de los cantones de Coto Brus y Buenos Aires.
Otra muestra del crecimiento se refleja en el hecho de que inicialmente en el año 2018 el proyecto arranca con tres grupos, uno de tercer ciclo (séptimo nivel) y dos de bachillerato, para el año 2019 se contó con la apertura de 5 grupos, completando así los niveles de tercer ciclo y ofertando dos grupos para bachillerato, oferta que se ha sostenido durante los años 2020 y 2021, ofreciendo de este modo la posibilidad de concluir sus estudios a más personas de la zona.
Durante los años 2018, 2019 y 2020, se ha brindado lo posibilidad de iniciar o continuar con los estudios secundarios a más de 300 personas, y 9 de estas ya han logrado concluir su bachillerato por medio del PEA, mientras que muchas otras han conseguido aprobar materias y se encuentran más cerca de cumplir su meta.
En el contexto de la pandemia por COVID19 el proyecto no se detuvo, por el contrario, mantuvo las lecciones virtuales y proporcionó material impreso a cada estudiante para garantizar el acceso al derecho a la educación de las personas adultas inscritas en él, dicho material se entregó en sus comunidades para evitar el riesgo de contagio por desplazamiento.
Otro servicio que ofrece el PEA es el préstamo de libros y calculadoras a estudiantes que no pueden costearse dicho material debido a su situación económica. Actualmente el proyecto se encuentra gestionando la posibilidad de ayuda socioeconómica en distintas instituciones tanto regionales como nacionales para el estudiantado que lo conforma, ya que se ha observado que es una limitante importante en el momento de realizar trámites como el pago de pruebas o compra de materiales.
De este modo, el proyecto ofrece a las personas de los cantones aledaños a la Sede del sur la posibilidad de no solamente concluir sus estudios secundarios, sino también abre las puertas a la posibilidad de crecimiento académico más allá del bachillerato, así como la posibilidad de mejoramiento a nivel laboral, puesto que el bachillerato se sitúa como requisito fundamental para muchos empleos. Además, el PEA busca brindar una formación más crítica e integral de su estudiantado, razón por la cual se trabaja de la mano de los trabajos comunales El Sur Emprende y Centro de Promoción Cultural en el Pacífico Sur para ofertar charlas o capacitaciones en distintas áreas como arte, cultura, emprendimiento entre otras.
El Proyecto de Educación Abierta de la Sede del Sur sigue trabajando para poder brindar educación de calidad a las personas jóvenes y adultas que lo componen, en pro de realizar un aporte al desarrollo personal y profesional de las personas que habitan las comunidades circundantes y que confían en esta institución sus metas académicas a nivel de secundaria.
Heidy Ávalos Fernández Responsable del proyecto de Educación Abierta de la Sede del Sur
Se trata de un puente peatonal escolar de más de 40 metros de largo x 2 de ancho, que permitirá a los estudiantes, caminar seguros dentro de su propia institución, especialmente para los pequeños de preescolar que deben trasladarse a una zona con algunos desniveles en la topografía del lugar.
Este proyecto de mejoras en la infraestructura es una iniciativa de la Junta de Educación de esta escuela con el apoyo del personal docente y administrativo, así como de los aportes económicos de la comunidad civil.
De acuerdo a Yunier Varela, presidente de la Junta de Educación de este centro educativo, “es un proyecto que se tenía que hacer a como hubiera manera porque hay que brindarles seguridad a los niños dentro y fuera de la institución. Al construirse más aulas distantes entre sí, se hacía necesario interconectarlas, de manera que los niños tengan menos riesgos de sufrir algún incidente”, señaló Varela.
Este proyecto tendrá un costo aproximado a los 3,600.000 colones los cuales serán financiados gracias al aporte voluntario de la comunidad civil, la mano de obra de PRONAE y algunos refuerzos de la Junta de Educación de esta escuela indígena.
Este puente escolar contará con barandas rústicas de acuerdo al contexto cultural de la comunidad, y estará entechada en toda su construcción para una mayor protección y seguridad de la comunidad docente y estudiantil.
Se espera que esta obra esté lista a finales de junio de este mismo año.
Estudiantes de secundaria logran superar pruebas de ingreso y rendimiento académico con talleres impartidos por la Sede Caribe
Con proyectos de Acción Social la UCR prepara a estudiantes del caribe costarricense para que logren ingresar a las universidades públicas mediante talleres de preparación para la Prueba de Aptitud Académica. Foto archivo ODI, UCR.
Cada año miles de jóvenes que cursan la secundaria aspiran a ingresar a las universidades públicas. No obstante, la calidad de la educación en las zonas costeras y rurales del país difiere en mucho en comparación con las oportunidades que tienen la población estudiantil de las áreas urbanas.
Comprometida con equiparar las condiciones de jóvenes de la zona atlántica, la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) de la Universidad de Costa Rica (UCR) se ha propuesto que estudiantes de los cantones con menores ventajas de esa región superen exitosamente la Prueba de Aptitud Académica (PAA) para su ingreso a las universidades públicas.
Uno de esos proyectos liderado por laSede Caribees el denominado “Inducción al razonamiento en contexto verbal y pensamiento lógico matemático para estudiantes de secundaria” (ED-1599). Este “genera espacios que sean aprovechados por las y los estudiantes egresados de secundaria de la región del Caribe que buscan ingresar a la educación pública superior, pero que deben afrontar las barreras generadas por un proceso educativo deficiente y con debilidades estructurales, y que no ha propiciado el adecuado desarrollo de sus aptitudes académicas, lo cual dificulta superar la PAA. Para quienes sí logran ingresar a las universidades encuentran que su nivel de aptitudes en áreas como la matemática, el razonamiento, la redacción y la lectura, es muy débil para el nivel de los cursos universitario”, explicó el magister Andrés Herrera Rosales, coordinador de la iniciativa.
Para lograr su cometido, el equipo liderado por el profesor Herrera visita los colegios de la región para contactar a personal de orientación y trabajo social para analizar los casos de estudiantes de bajos recursos y en vulnerabilidad social en toda la región. Aunque los talleres tienen un valor simbólico, gracias a este diagnóstico a gran cantidad de jóvenes se les exime de pagar la cuota monetaria de los talleres.
“A pesar de las dificultades de la pandemia se logró cubrir las necesidades de las comunidades que anteriormente se atendían: Guápiles, Siquirres, Batán, Matina, Limón y Caribe Sur, incluso este año agregamos a la zona indígena de Sula que se incluyó absolutamente gratis. En total se matricularon más de 400 jóvenes en el año 2020”, añadió Herrera.
Además, el ED-1599 tiene como objetivo mejorar las habilidades de razonamiento lógico matemático para que estudiantes de todos los niveles de secundaria compitan en las XXXII Olimpiadas Costarricenses de Matemáticas (Olcoma). El año pasado participaron cinco jóvenes provenientes del Liceo de Matina, Colegio Técnico Profesional de Batán y del Bilingüe de Siquirres.
Para Herrera, en el año 2020 “lo más exitoso fue que continuamos con los talleres de preparación a pesar de la pandemia y que se cumpliera con las comunidades limonenses, y esto gracias al esfuerzo de la Comisión de Acción Social de la sede y a los colaboradores del proyecto”.
Superando barreras
Una de las condiciones que reveló la pandemia sanitaria del año 2020 es que es las oportunidades para una mejor calidad de vida, en la que se incluye la conectividad a nternet, son diferentes en todas las regiones del país.
Uno de los principales obstáculos para que más personas participen en este proyecto mediante plataformas digitales es que no cuentan con insumos para la conexión y que la misma es deficiente. Además que muchas no estaban preparadas para incursionar en clases virtuales, explicó Herrera.
Sin duda, este proyecto le da a estudiantes de colegios públicos la oportunidad de prepararse mejor para sus pretensiones académicas a futuro, pagando muy poco o incluso sin costo para sus familias.
Crecimiento académico
Para Keithlyn Alvarado Godoy, quien este año inició su octavo en el CTP de Batán, Matina, la experiencia de estar en estos cursos fue inolvidable. «¡Me encantó!”.
Ella fue parte de la delegación caribeña que participó en las XXXIIOlcoma2020. Su vinculación al proyecto ED-1599 inició cuando en el año 2019 cursaba el sexto grado de primaria. “El profesor Andrés nos hizo un taller en sexto, fue a varias escuelas del cantón para ver cómo estábamos en matemáticas. Con las prácticas que nos aplicaron vieron que yo podía ir a las olimpiadas y luego me contactaron”.
“Me gustaron muchos los talleres, fue una experiencia muy bonita, aprendí con excelentes profesores, El año pasado fui a una competencia virtual, y ya en la nacional éramos 24 estudiantes de todo el país, aunque solo llegué a la tercera final, para la siguiente vez voy a ir más preparada”, relató la joven.
Al concluir su educación secundaria, Keithlyn Alvarado Godoy sueña con ingresar a la universidad, aunque todavía está enfocada en explorar las oportunidades que le deparará el futuro.
Olcoma es un programa gubernamental bajo el auspicio de las universidades de Costa Rica, Nacional, Estatal a Distancia y Tecnológico de Costa Rica, en trabajo conjunto con los ministerios de Educación Pública y Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. La dirección del programa está a cargo de una comisión interinstitucional conformada por representantes de todas estas dependencias. En la UCR está inscrito como un proyecto de la VAS, coordinado por la Escuela de Matemática (ED-81).
Futuro ingeniero
Por otro lado, Randy Cascante Espinoza, vecino de Siquirres, recién graduado del Colegio Científico del Atlántico, en Limón centro, le quedan pocas semanas para iniciar su carrera universitaria en la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la UCR, en la Sede Rodrigo Facio.
Cascante fue parte del grupo de estudiantes que durante tres meses llevó los talleres preparatorios para el examen de admisión. “En realidad el curso me gustó mucho, los profes eran muy ordenados, tenían un buen método de enseñanza. Reforcé conocimientos en concepciones de sucesiones matemáticas, álgebra y estadística. Al final me fue muy bien y pude entrar a la carrera que esperaba”.
El estudiante aseguró que sin estos talleres sus oportunidades de ingreso a la UCR hubiesen sido menores. “En el colegio científico uno lleva una carga académica muy pesada, y no me daba tiempo para prepararme para la Admisión. Entonces si no hubiera llevado el curso no sé si hubiera podido entrar a la universidad”.
De la totalidad de jóvenes, unos 25 de todo Limón, “a todos nos fue muy bien y tuvimos la oportunidad de entrar a las universidades públicas”, afirmó con entusiasmo.
Finalmente, el profesor Herrera es optimista en el impacto de este proyecto. “Las aspiraciones de crecimiento requieren mayor presupuesto institucional, mejorar el acceso al entorno virtual UCR Global y agilizar la tramitología, y para este 2021 se seguirá llegando a las comunidades más vulnerables del Caribe”, concluyó.
Eduardo Muñoz Sequeira Periodista, Vicerrectoría de Acción Social
Esta fue la frase más utilizada por representantes de los distintos sectores de las cinco universidades públicas. Foto: Karla Richmond, UCR.
Más allá de defender el principio de autonomía de las universidades públicas, representantes estudiantiles, docentes y administrativos se dieron cita en la Plaza de la Democracia desde las 10 a.m. para alzar la voz en contra del proyecto de Ley Marco del Empleo Público por considerarlo lesivo de la Constitución Política y del estado social de derecho.
La actividad inició con las palabras de Francisco González Alvarado, rector de la Universidad Nacional (UNA) y presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), quien recordó algunos de los aportes que realizan las universidades estatales en materia de movilidad social.
De acuerdo con González, estas instituciones cuentan con más 110 000 estudiantes. De ellos, el 52% tiene algún tipo de beca y el 68% son los primeros en su familia en cursar una carrera universitaria. Además, subrayó que cerca del 80% del estudiantado universitario proviene de colegios públicos y que la mayoría de la investigación que se desarrolla en el país se hace en las universidades estatales.
“La universidad pública es, por excelencia, un centro cultural de producción de conocimiento, de ciencia, de tecnología. Pero, también de discusión crítica y análisis social. La universidad pública no puede renunciar a su posición crítica de aquellos proyectos que van en contra de la equidad y de tener un Estado más justo y solidario. […] Este proyecto que viene cocinándose desde hace más de año y medio no es consecuente con la necesidad de tener un sistema de empleo público que responda a los nuevos contextos sociales. Estamos aquí no para defender salarios. Reconocemos que las universidades tenemos que hacer análisis en ese sentido y lo estamos haciendo. Pero, no podemos permitir que este proyecto violente la Constitución Política como pretende hacerlo”, enfatizó González.
Por su parte, Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), destacó que la concentración convocada es el resultado de un acuerdo entre el Conare, los cinco consejos universitarios, las cinco federaciones de estudiantes y los sindicatos de las universidades públicas, para pronunciarse en defensa del estado social de derecho costarricense y del orden constitucional. “No se trata solo de la exclusión de las universidades públicas de este proyecto, es mucho más que eso”, aseveró.
Gutiérrez se mostró satisfecho por la convocatoria y por el trabajo unido y consensuado de las cinco universidades públicas en contra del proyecto de Ley Marco del Empleo Público. Sin embargo, señaló que será necesario pensar en más alianzas con otros sectores de país, como sindicatos y sectores empresariales para que las que universidades estatales sigan contribuyendo al desarrollo del país.
“Abiertamente le hemos preguntado a los señores diputados y a las señoras diputadas ¿por qué insisten en un proyecto de ley que violenta la Constitución Política y los derechos humanos? Su respuesta ha sido que la Sala Constitucional es la que tendrá que decidirlo después de la votación en el plenario”, agregó Gutiérrez.
Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica, compartió sus observaciones sobre el proyecto de Ley Marco del Empleo Público con los asistentes a la concentración. Foto: Karla Richmond, UCR.
Luis Paulino Méndez Badilla, rector del Tecnológico de Costa Rica, mencionó que el propósito de la manifestación es mostrarle a la Asamblea Legislativa que el proyecto de ley en discusión no es conveniente para las universidades, particularmente en las restricciones que se ponen en la toma de decisiones sobre cómo contratar profesores, trasladando esa responsabilidad a otras dependencias.
José Carlos Chinchilla, docente de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, explicó en su discurso que la autonomía universitaria estipulada en la Constitución Política no es una prebenda para instituciones de educación superior, sino una garantía para el país de que va a prevalecer la razón, el conocimiento, la sensibilidad frente al arte y a las ideas libres del mundo.
“La Constitución de 1949 se planteó que las manos de los políticos no podían condicionar el empleo público, menos aún que podían tomar las universidades. Esa misma Constitución asumió un principio básico sobre el cual se construyó y es que todas las personas somos responsables de las otras personas y que el Estado, como condensación de este pueblo y de este pensamiento, debía tener la capacidad de responder para que ni una sola persona que habite en este país tenga condiciones de vida denigrantes. Eso es lo esencial de nuestra Constitución y para ello se dan regímenes especiales dentro de esta, para que la política no sea la dueña de las instituciones y la gente sí tenga el derecho a la mejor calidad de servicio”, afirmó Chinchilla.
“Abiertamente le hemos preguntado a los señores diputados y a las señoras diputadas ¿por qué insisten en un proyecto de ley que violenta la Constitución Política y los derechos humanos? Su respuesta ha sido que la Sala Constitucional es la que tendrá que decidirlo después de la votación en el plenario”. Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica
Rosibel Orozco Vargas, directora de la Sede del Atlántico de la UCR, subrayó la necesidad de que todas las universidades públicas, así como sus sedes y recintos, sigan haciendo un solo frente de lucha contra el proyecto de Ley Marco del Empleo Público en virtud de que la afectación será generalizada en el caso de ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Anotó que, en el caso de las sedes regionales, ya existen dificultades a nivel presupuestario y para solventar necesidades administrativas de apoyo a la academia. “Creemos en la necesidad de apoyar esta convocatoria en defensa de un estado social de derecho, de la autonomía universitaria y de la educación superior de Costa Rica”, puntualizó.
Adriano Corrales Arias, docente del Campus Tecnológico Local San José, advirtió que la manifestación no debe restringirse a las cinco universidades públicas, sino que debe convertirse en un reclamo nacional porque, más allá de defender la autonomía universitaria y los salarios de los empleados públicos, se trata de resguardar la institucionalidad y la Constitución Política que, a su criterio, está siendo completamente agredida por un grupo de diputados que desconocen la historia institucional del país.
“Si esta ley es aprobada se trae abajo muchos años de conquistas sociales y la institucionalidad del país. Se trae abajo la autonomía universitaria, la autonomía municipal y la de varias instituciones descentralizadas. Pero, también se trae abajo toda una construcción de un estado social que ha venido respondiendo a la sociedad costarricense”, alertó Corrales.
La cimarrona de la Universidad de Costa Rica formó parte de una variada oferta artística durante la concentración. Foto: Karla Richmond, UCR.
“Estoy aquí porque el proyecto de empleo público que tiene a Asamblea Legislativa atenta contra la autonomía de las universidades y contra la Constitución. Y la ley no es algo que uno puede escoger cuando quiere o no, sino que es algo que se debe respetar. Entonces, no es un criterio subjetivo de los diputados. El puesto no les da para hacer interpretaciones subjetivas de cuando quiero aplicar la ley o cuando no. Esto puede abrir un portillo muy peligroso para el país por donde se asome el autoritarismo y el gobierno de turno acomode la ley a su gusto y conveniencia”, manifestó Rosberly Rojas, investigadora en la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
El compositor e investigador de la música popular costarricense Manuel Monestel Ramírez también se hizo presente en la cita de las universidades. Para Monestel, el problema de fondo no son los salarios de los empleados públicos, que ya las universidades están atendiendo, sino un movimiento neoliberal que pretende derribar toda la reforma social que se dio a partir de mediados del siglo pasado. “Esa estatua de José Figueres, aquí en la Plaza de la Democracia, pierde contenido en este momento con lo que están haciendo los diputados, bien podrían quitarla porque ya no tiene el sentido que debería tener”, sentenció.
“Estoy aquí por un deber cívico e histórico. Creo en las grandes luchas sociales que se dieron en este país durante el siglo XX. Creo que la Constitución es muy clara en torno a la autonomía universitaria y estos proyectos de ley atentan contra la Constitución, que es nuestro marco de referencia para ser un país organizado y civilista. Sin autonomía, el desarrollo científico y artístico, la investigación y la acción social, lo que la universidad le devuelve a la sociedad, se verían minimizados y debilitados”, remarcó Monestel.
Posición estudiantil
Representantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica también elevaron su voz contra el proyecto de Ley Marco del Empleo Público. Foto: Karla Richmond, UCR.
A la actividad asistieron representaciones estudiantiles de las cinco universidades públicas, las cuales también manifestaron su oposición al proyecto y subrayaron la necesidad de regular los salarios a lo interno de las casas de estudio superior.
“Somos conscientes de que es necesario una reforma al empleo público que busque mejorar la prestación de servicios públicos de las distintas instituciones del Estado, pero este proyecto de ley no está basado en esa mejora, sino en una lógica fiscalista, de recorte, para tratar de atender el déficit fiscal, aunque no existen estudios técnicos de cuál sería el posible aporte de la aprobación de esta ley al problema del déficit”, resaltó Ana Catalina Chaves Arias, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (Feucr).
Para Chaves el proyecto de Ley Marco del Empleo Público pone en peligro no solo a las universidades públicas, sino a toda la institucionalidad pública, porque amenaza principios constitucionales que se instauraron para resguardar a las instituciones de los vaivenes e intereses de los gobiernos de turno y de la clase social hegemónica. “Estamos en defensa de la vida digna, de los derechos laborales de todas las personas trabajadoras, de las conquistas sociales a través de la Constitución Política y no estamos en la disposición de ceder estos derechos ni nuestros principios”, aseveró Chaves.
Similar criterio externó Diego Solano, representante estudiantil ante el Consejo Universitario de la Universidad Técnica Nacional (UTN). Para él, se está violentando el principio constitucional de la autonomía universitaria, aunque también reconoce que las universidades deben hacer reformas en sus sistemas salariales. “Ese es el compromiso que tiene Conare y que firmó el lunes pasado junto con las representaciones estudiantiles. Eso estuvo supeditado a una serie de propuestas que presentamos a los rectores y que tienen el fiel compromiso de reunirse la próxima semana para atender cada una de nuestras petitorias”, añadió.
De acuerdo con Solano, las representaciones estudiantiles se reunirán en las próximas horas para definir nuevos mecanismos y estrategias para involucrar a más estudiantes en este movimiento contra el proyecto de ley que se está analizando en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.
Jazmín Arroyo, estudiante de la maestría en Gestión Educativa con énfasis en Liderazgo y miembro de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna), mencionó que la manifestación es importante porque se trata de defender el estado social de derecho y a las universidades públicas en su quehacer. “Sin embargo, reconozco que hay reformas que se deben hacer dentro del marco de la autonomía y que debe ser responsabilidad de las universidades”, aclaró.
Arroyo se mostró satisfecha con la cantidad de estudiantes presentes en la concentración, a pesar de que la mayoría se encuentran estudiando de forma virtual en zonas alejadas a la capital por motivos de la pandemia por el virus SARS-CoV-2.
Fernando Montero Bolaños Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Identificar a la población preescolar, escolar y colegial que no regrese a las aulas en el primer mes del curso lectivo 2021 y ejecutar acciones claras para lograr su retorno es fundamental para evitar la exclusión de niñas, niños y adolescentes en condición de mayor vulnerabilidad socioeconómica, afirma Roxana Rodríguez, directora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional (Ineina-UNA).
Para ello, la especialista considera que el Ministerio de Educación Pública (MEP) debe mantener una constante vigilancia, con el apoyo de otras instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y las municipalidades, de manera que se trabaje coordinadamente para promover la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.
“Particularmente es preocupante la exclusión de las niñas y las adolescentes en pobreza, quienes son más vulnerables a la sobrecarga de tareas domésticas y a la explotación sexual”, advierte la especialista.
En su criterio, el regreso a las clases presenciales es clave, tomando en cuenta que la modalidad virtual adoptada debido a la pandemia, ha evidenciado de una forma muy clara las brechas sociales y educativas que ya existían en el país, donde miles de personas menores viven en pobreza o en pobreza extrema.
“Si hay exclusión de cualquier tipo, hay un incumplimiento del Estado de velar por el disfrute de los derechos contenidos en la Convención de los Derechos del Niño”, ya que la exclusión produce por sí misma el no disfrute de muchos derechos, advirtió la especialista de la UNA.
Presencialidad necesaria
La enseñanza a distancia ha visualizado la inequidad de acceso a los bienes sociales, entre ellos la tecnología. Tomando en cuenta las grandes diferencias que hay en el país en materia de tecnología, Rodríguez afirma que la presencialidad en las aulas de escuelas y colegios favorece una reducción en la exclusión educativa, especialmente de estos sectores más vulnerables socialmente.
La especialista llama la atención, además, sobre el hecho de que la familia no siempre cuenta con las herramientas para apoyar el proceso de aprendizaje; los docentes, como profesionales, son más efectivos en esta tarea.
En el caso de las familias de sectores en vulnerabilidad social, la escasez de herramientas es notoria. Una encuesta del programa Estado de la Nación -citada por la académica del Ineina- muestra que la probabilidad de que la familia afirme estar muy preparada para apoyar a los menores en sus tareas escolares es 2,4 veces más alta cuando tienen educación secundaria completa y universitaria, que cuando tiene secundaria incompleta o menos.
Pero hay más argumentos a favor de la presencialidad, sobre todo, porque –subraya Rodríguez- el aprendizaje es un proceso integral, que no incluye solo el contenido curricular sino las interacciones que el estudiantado tiene con sus pares y sus docentes.
En ese sentido, entre las principales ventajas de la asistencia presencial a la escuela destacan las siguientes: la escuela es un ambiente rico y amplio de interacciones con pares que permite a las personas menores formar su identidad personal y social; la inmersión presencial estimula el desarrollo de funciones ejecutivas, es decir, control de comportamientos, atención, memoria, elaboración de metas, planeación, entre otras; los centros educativos son factores de protección contra la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes.
¿Qué significa volver a la escuela?
Desde el punto de vista del desarrollo, la directora del Ineina recalca que la escuela es un espacio vital y socializador. ¿Quién no recuerda alguna anécdota de la escuela, sus mejores amigos, los partidos de futbol, jugar en el recreo, las risas, las historias de docentes que marcaron diferencia? “La escuela marca la vida emocional de los niños, de ahí la importancia de interacciones positivas que les permita aprender no solo contenidos curriculares, sino sobre sí mismos y sobre valores sociales, tales como la tolerancia, el respeto y la colaboración, entre muchos otros”.
¿Y qué dicen los niños y las niñas? El Ineina -adscrito al Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide) de la UNA- elabora una consulta a las personas menores de edad sobre qué significa para ellas volver a la escuela. “Creo que tendremos una mejor respuesta escuchando sus opiniones sobre lo que significa volver a clases”, dice la académica de la UNA.
La evidencia, por su parte, indica que el acceso a una educación de calidad promueve grandes beneficios en la población menor de edad, tanto en el aprendizaje como en su desarrollo emocional y social. A estos beneficios tienen derechos todas las personas menores; la exclusión implica incumplimiento de derechos fundamentales garantizados por normativa nacional e internacional.
Es por eso que la directora del Ineina llama a la reflexión. “Como sociedad no podemos permitir que las personas que viven en las condiciones más vulnerables, especialmente los niños, las niñas y adolescentes, sean más golpeados por la crisis financiera y de salud que enfrentamos. Esta situación nos llama a cuestionarnos y decidir qué clase de sociedad somos: una que sacrifica y olvida a las personas que menos tienen, o una sociedad solidaria que protege a quienes más lo necesitan”.
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Con tres cortos videos que compartimos, la comunidad docente, administrativa y estudiantil de la UNA hace un llamado a movilizarse este miércoles 24 por la defensa del Estado Social de Derecho y la Constitución Política.
Rector expone las razones para manifestarse
Rector explica la forma como se ha tramitado el proyecto y la necesidad de expresarse
