Ir al contenido principal

Nuevo Hospital de Cartago continúa siendo una necesidad para ciudadanía cartaginesa

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

UNDECA

Pese a que la empresa a la que se había adjudicado la construcción del nuevo Hospital Max Peralta de Cartago retiró su oferta, el proyecto debe seguir adelante, pues continúa siendo una necesidad urgente para la población cartaginés.

El edificio actual del hospital de Cartago, que tiene 131 años de existencia, se encuentra colapsado y no da abasto para atender las crecientes necesidades de la población, por lo que desde UNDECA nos negamos a ceder en la lucha para lograr que este proyecto sea una realidad.

“No debemos olvidar que, desde la presidencia ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, a la cabeza de Marta Esquivel se han fraguado gran cantidad de maniobras para evitar que el nuevo hospital fuera construido, las cuales condenamos contundentemente, pues ha ido desde tratar de eliminar presupuesto aprobado por la junta directiva, para desviarlo para construir el Hospital de Limón, hasta asegurar que el terreno no contaba con las condiciones aptas y que pasaba por una falla volcánica”, señaló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

Desde un inicio de su gestión, Esquivel aseguró que la Caja estaba quebrada para no construir este hospital y otras obras que habían sido aprobadas en el portafolio de inversiones, aseguró que el terreno se inundaba, pese a que distintas autoridades competentes han mostrado criterios contrarios, todo con e fin de que este proyecto no se llevara a cabo.

Todas estas circunstancias fueron aprovechadas también por un grupo de personas cartaginesas que presentaron un proyecto para que le hospital fuera de carácter privado, para lo cual obviamente estamos en total desacuerdo.

Demandamos a la presidenta ejecutiva y a la junta directiva de la CCSS tomar las acciones inmediatas para resolver el cartel de construcción del Hospital de Cartago y brindar una pronta solución a la provincia y sus habitantes. Nos mantendremos vigilantes de que así sea.

Momento decisivo en la elección de altas cortes de Guatemala

Escrito en . Publicado en Derechos.

Las Américas, 20 de septiembre de 2024. Las organizaciones internacionales firmantes seguimos de cerca el proceso de elección de magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones de Guatemala. Este proceso es de suma importancia para la renovación del sistema judicial guatemalteco y el restablecimiento del Estado de Derecho.

Hemos observado con preocupación tanto los retrasos en el inicio del proceso, como la forma apresurada en que se aprobaron los reglamentos e instrumentos de las comisiones de postulación; así como el corto plazo para las convocatorias y la presentación de los expedientes de las y los aspirantes. Además, la forma en que se limitó la participación ciudadana para presentar objeciones y tachas contra aspirantes cuestionados.

Nos preocupa el conflicto de interés de miembros de las comisiones de postulación que se postularon a los cargos porque esto pone en duda la seriedad de la elección.  Además, nos sorprende que continúen en el proceso aspirantes con graves señalamientos de corrupción y que han sido señalados internacionalmente por socavar la democracia y el Estado de Derecho.

En la fase final de este proceso, nos unimos al llamado de la Misión de Observación de la OEA y del Panel Internacional de Personas Expertas para que las comisiones de postulación elijan a personas éticas, capaces e independientes para integrar las altas cortes del país. Esperamos que la votación se desarrolle en libertad y sin presiones indebidas para que la ciudadanía pueda recuperar la confianza en la justicia.  

FIRMAN
American Friends Service Committee
American Jewish World Service
Be Just
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Guatemala Human Rights Commission
Impunity Watch
Latin America Working Group
Luis Von Ahn Foundation
Robert F. Kennedy Human Rights
Washington Office on Latin America

21 de septiembre: Llamamiento en el Día Internacional por la Paz

Escrito en . Publicado en Derechos.

Este 21 de septiembre recordamos y nos sumamos al Día Internacional de la Paz que fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1981.

En este día, con tanta importancia para la humanidad, llamamos a los gobiernos de nuestro continente:

1 – A poner fin a la carrera armamentista y el gasto militar. Los países de Brasil, México, Colombia, Chile, Argentina, Perú y Ecuador son los países que tienen el más alto gasto militar en América Latina. Necesitamos dinero para la vida, para construir escuelas, hospitales, entre tantas otras necesidades más urgentes, no para la muerte.

2 – A poner fin a la violencia policial que sigue presente en muchos de nuestros países donde no hay un real control del accionar policial, sigue la impunidad, y no hay esfuerzos reales para que estas se formen y actúen de acuerdo al respeto a los derechos humanos.

3 – A poner fin a los ejercicios militares con el Comando Sur del Ejército de los EEUU, y al entrenamiento militar y policial de tropas latinoamericanas en la Escuela de las Américas, actualmente rebautizada como WHINSEC, o de cualquier otra academia militar de EEUU donde se sigue promoviendo la violencia y la guerra como medio para resolver los conflictos.

4 – Al retiro y al cierre de todas las bases militares de Estados Unidos y de la OTAN en América Latina, incluyendo las bases militares de EEUU impuestas en Guantánamo en Cuba; Soto Cano en Honduras; las que hay en Colombia; la Base militar NAMRU-6 en Perú; en Las Islas Malvinas, del Reino Unido, en Argentina; entre otras. ¡¡Fuera de América Latina!!. Vuelvan a casa, queremos paz.

5 – A exigir a los EEUU, la OTAN, y todos los países, al cese de la carrera armamentista y la guerra. Es hora que EEUU y la OTAN, principalmente, pongan fin a la guerra, al envío de armas a Israel y a Ucrania y a tantos otros lugares. Es hora que actúen con responsabilidad y que realicen esfuerzos para lograr negociaciones de paz entre Palestina e Israel, entre Rusia y Ucrania.

6 – Llamamos, finalmente, a nuestros gobiernos a liderar los esfuerzos para que se logre avanzar en el desarme del mundo, la diplomacia, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, el fin de las sanciones unilaterales, y avanzar en la construcción de un mundo con paz, con solidaridad, y justicia social.

¡¡Que se callen las armas, fin a todas las guerras, queremos paz!!

Firman:

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP-Chile; Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y Víctimas de la Prisión Política; Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; Comité Oscar Romero – SICSAL – Chile; Corporación Campo de Concentración 3 y 4 Álamos, Chile; Comisión de Construcción de Paz, No Violencia y Antimilitarismo de la Alianza Convida 20; Mesa Ecuménica por la Paz – MP – Colombia; Consejo comunitario la nueva esperanza, Colombia; Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia – COMOSOC -; Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha «Uosisp-Ecuador»; Mujeres sembrando la vida, Ecuador; Edumovi, Chile; SOS Ribagorza, España; Comunidad Ecuménica Martin Luther King, Chile; Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, México; Grupo de investigación y editorial Kavilando // Red Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ, Colombia; PSIQUIPAZ, Colombia; Asopros, Colombia; Servicio Internacional Cistiano de Solidaridad SICSAL-México; IEPC/OBF Costa Rica; Liceo de Loja, Ecuador; ASOMAZORINOQUIA, Colombia; Asociación STOP DESAHUCIOS, España; Cristianos Comprometidos, México; Concilio Islámico Mexicano; Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, (AFADEM); Activism San Diego /KPFK RADIO LA, USA; Iglesia Veterocatólica de México A.R.; Red Jarilla de plantas saludables, Argentina; Grupo Solidair met Guatemala – Bélgica; Servicio Paz y Justicia Costa Rica – SERPAJ CR; Coordinación Comunidades Cristianas Costarricenses – COCRIC; Red de Esperanza y Solidaridad, Diócesis de Caguas, Puerto Rico; Comitê Internacional Paz Justiça e Dignidade aos Povos capítulo Brasil; Comitê Carioca de solidariedade a Cuba e às Causas Justas, Brasil; Comunidad Teológica del Sur, Chile; Comité Internacional Paz Justicia y Dignidad a los Pueblos (Argentina, Brasil, Cuba, EEUU, Líbano, Suecia): Asociación Italia-Cuba; Comité Oscar Romero de Valladolid, España; Capellanía Católica del Hospital Sierrallana de Torrelavega, España; Capellanía Católica de El Dueso Santoña Cantabria, España; Centro de Acogida Comunidad El Buen Samaritano, España; Parroquia de San Pelayo de Sualez en Torrelavega Cantabria, España; Parroquia de San Martín de Ganzo en Torrelavega Cantabria, España; Parroquia de San Pedro de Torres en Torrelavega Cantabria, España; Extinction Rebellion Medellín, Colombia; International Peace Bureau (IPB); Internacional/Alemania; Comité Óscar Romero de Torrelavega en Cantabria, España; Iglesias por la Paz, México; Comisión Derechos Humanos de Quillota, Chile; ASONAM, Colombia; Mesa de Mujeres Comunan20/Juntanza Colomia es mujer/ Colombia; Mujeres sin miedo Pachamama, Colombia; Grupo Espacio al Arte, Colombia; Saraguro Kichwa Ayllukunata Tantanakuy, Ecuador; Comité Derechos Humanos y Ecológicos de Quilpué, Chile; Secretariado Social Mexicano; Iglesias por la Paz, México; Asored Mujeres Productoras de Chapinero, Colombia; Colectivo Indignado de Valladolid, España; IED Betsabe Espinosa, Colombia; Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, Fundalatin, Venezuela; Coordinadora Latinoamericana de Solidaridad en Ɓélgica.

Alicia Lira, Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Chile; Stella Calloni, periodista, Argentina; María Stella Cáceres, Museo de las Memorias, Dictadura y DDHH de Paraguay; Julio Yao, Presidente Encargado, Centro de Estudios Estratégicos Asiáticos de Panamá, (CEEAP); Mariella Tapella, El Salvador; Carlos González, Corporación Campo de Concentración 3 y 4 Álamos; Nidia Arrobo, Ecuador; Hervi Lara Bravo, Comité Oscar Romero – SICSAL – Chile; Mónica Fernández Escobar, Mesa Ecuménica por la Paz, Colombia; Juan Herrera Diego, España; Eva Patiño R., Colombia; Maily Márquez Arboleda, miembro IELCO, USA; Verónica Flachier, pastora luterana, Ecuador; Jannin Rangel, Chicago, USA; Mauro Vargas – Iglesia de Dios, República Dominicana; Ana Toculescu, Ecuador; Fr. Vidal Rivas, Iglesia Episcopal San Mateo, Diócesis de Washington y Comite de Solidaridad Monseñor Romero; Myriam Gómez Carvajal, Colombia.

Puedes adherir firmando en:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdhG2TCVABXY7jWCIdSs9c2uyD2T9l9DRuYbcaH_N8wN8jFw/viewform

Movimiento Mauro Fernández Acuña pide que se sienten responsabilidades por dineros desperdiciados mientras presupuesto para la educación cae

Escrito en . Publicado en Derechos.

Carta abierta a la ciudadanía

Movimiento Mauro Fernández Acuña

Estimables conciudadanos y conciudadanas:

Nos vemos en la obligación de solicitar que se sienten responsabilidades por los dineros públicos desperdiciados, presupuesto para la educación mientras el presupuesto dedicado a la educación cae estrepitosamente. Los equipos tecnológicos adquiridos por el país esperan su obsolescencia en bodegas y cajas sin abrir, en tanto el Ministerio de Educación Pública intenta gastar miles de millones, en otra tecnología digital para dar sustento económico al Programa Nacional de Formación Tecnológica PNFT, aprobado por el Consejo Superior de Educación CSE en octubre de 2023.

El 18 de setiembre se realizó por parte del Ministerio de Educación Pública, una audiencia pre-cartel para la contratación de proveedores para el Programa Nacional de Formación Tecnológica PNFT, en el siguiente contexto:

  • El MEP cuenta con 86,812 mil computadoras y tabletas electrónicas que se compraron en el 2021, a través del programa FONATEL, para estudiantes de escasos recursos, por un monto de $58.3 millones. Las mismas no han sido completamente entregadas y muchas están en bodegas o en sus respectivas cajas en las instituciones educativas.
  • Se canceló intempestivamente y sin el criterio técnico de los expertos en el MEP, el programa de robótica del MEP para sustituirlo por simulaciones y videojuegos mediante un mecanismos cuestionado según se muestra en medios nacionales.
  • Se rompe de manera abrupta en el 2023, el convenio de más de 30 años con la Fundación Omar Dengo FOD, sin una propuesta de transición ni negociación entre las partes para aprovechar el aprendizaje y las oportunidades de mejora.
  • El Consejo Superior de Educación aprueba en octubre de 2023 el Programa Nacional de Formación Tecnológica PNFT. La visión del PNFT considera la tecnología digital como una asignatura que sería evaluada como todas las demás, dejando de lado el uso de tecnologías digitales como herramienta para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico y computacional.
  • El MEP cuenta con 215 mil artículos, valorados en 12.485 millones de colones de los cuales 50.193 son activos completamente nuevos, en las bodegas la empresa Mudanzas Mundiales. que pasaron al MEP al romperse el convenio con la FOD y actualmente se encuentra en un contencioso administrativo.
  • El MEP alega en 2024, falta de docentes de informática y otros problemas en los trámites administrativos para compra pública por lo que traslada 8.500 millones de colones destinados a compra de tecnología digital hacia infraestructura, afectando a la población estudiantil en el acceso a las tecnologías.
  • El cierre por parte del Consejo Superior de Educación de los siguientes programas: Programa Nacional de Innovación Educativa (PNIE), Programa Nacional de Tecnologías Móviles (PNTM), Colegios de Innovación Educativa, bilingües y con el uso de tecnología de punta, TEcno Aprender
  • El MEP argumenta que la “política” de no entrega de equipos es para “no fomentar la adicción a la tecnología” (este argumento no ha sido desmentido), según denuncia planteada por la diputada Johana Obando y publicada en varios medios de comunicación.

De acuerdo con el cartel que se estaría publicando para dotar de recursos al PNFT la visión de este programa alinea la educación a la visión del país de una economía centrada en manufactura y servicios de alta tecnología, respondiendo a la estrategia para la empleabilidad y talento humano, la tecnología digital y competencias para la vida.

Esta visión economicista, parece que solamente se puede lograr con “carritos y maletas móviles”, (que ya se venían usando) por lo que la capacidad instalada en el país y los equipos embodegados y guardados en cajas, ¿quedarían allí aguardando para ser desechados?

Se busca un proveedor único de tecnología que, aunque pueda ser práctico, impediría la incorporación de nuevas posibilidades a medida que la tecnología cambia, se estaría sujeto a lo que ofrece el proveedor, que solamente vende tecnologías y no desarrolla soluciones de educación. Y, esta tecnología que denominan como “kits de robótica”, no son las mejores para el aprendizaje de la robótica y la programación, siendo que existen algunas de menor costo y con mayor capacidad para la promoción del aprendizaje. Y, como el MEP actualmente no cuenta con las condiciones para la capacitación docente, el mantenimiento del equipo tecnológico y las condiciones de infraestructura masiva, cómo se espera que se implementen estos programas y bajo que orientaciones se realizarán la capacitación de docentes y el mantenimiento de los equipos.

Mientras tanto, los miles de niños, jóvenes y adultos estudiantes de la educación pública están siendo desprovistos de su derecho a una educación de calidad, lo que significa, que sea pertinente para el mundo incierto del Siglo XXI, que incluye, pero sin duda trasciende la realidad del mercado.

Denunciamos entonces, la bancarrota de una propuesta formativa informática que dote a la niñez y la juventud, del desarrollo de habilidades y conocimientos que les permitan recrearse y aportar de manera creativa a la sociedad (no solo manufactura). No hay una propuesta integral que aborde la inequidad, en este caso del programa de formación tecnológica, mientras no se resuelva también los problemas de infraestructura, el faltante de docentes, la capacitación docente.

Es hora de poner un alto a estas contradicciones, a este desperdicio, y retomar el rumbo de una educación alineada con los Fines establecidos en la Ley Fundamental de Educación y en las más recientes investigaciones internacionales y nacionales que apuntan a una formación integral y creativa para enfrentar la incertidumbre del mundo que se avecina.

Es hora de sentar las responsabilidades por las decisiones de la Gobernanza del sistema, ocurrentes y sin fundamento que nos están llevando a esta situación de emergencia.

Apelamos a la ciudadanía costarricense para que se unan a denunciar estas situaciones de manera que no haya impunidad. Nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos estudiantes requieren contar con las herramientas digitales para conocer y recrear su entorno.

Suscribimos,

Badilla Saxe, Eleonora
Chacón Ramírez, Silvia
Chan Jiménez, Yalile
Salguero Moya, Karla
(Movimiento Mauro Fernández Acuña)

Defensoría: “Justicia Pronta y Cumplida” continúa siendo una deuda para pueblos indígenas

Escrito en . Publicado en Derechos.

*Resoluciones judiciales sobre las muertes de los señores Sergio Rojas y Jerhy Rivera Rivera, activistas y defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

En el primero de los casos dictándose un sobreseimiento definitivo y en el segundo es hasta el día de día de hoy, 19 de setiembre del 2024, cuatro años después de la muerte del señor Rivera Rivera que los tribunales de Pérez Zeledón absuelven del delito de homicidio al presunto imputado, después que un Tribunal de Apelación de Cartago anulara el primer juicio en que se le había dado una sentencia de 22 años de cárcel.

Durante los doce años de vigencia desde la emisión de la Medida Cautelar 321-12 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han sido pocos o escasos los esfuerzos y gestiones efectuadas por parte del Estado costarricense para proteger a las dirigencias indígenas a las cuales tutela esta medida cautelar; ejemplo de ello han sido las muertes de Sergio Rojas indígena Bribri de Salitre y Jerhy Rivera indígena Teribe de Térraba, ambos vecinos y representantes de los territorios indígenas beneficiarios de la medida cautelar.

Fue el 30 de abril del 2015, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que lo expuesto por las personas peticionarias de los pueblos indígenas costarricenses reunía los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, por lo que otorgó la medida cautelar y solicitó al gobierno de la República de Costa Rica que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe de Térraba y del pueblo indígena Bribri de Salitre; y que informara sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

A pesar del dictado de la Medida Cautelar y las obligaciones emitidas al Estado Costarricense el día 18 de marzo del 2019 fue asesinado en su casa, Sergio Rojas Ortiz, indígena bribri de Salitre. Asimismo, el día 24 de febrero del 2020 fue asesinado Jerhy Rivera Rivera.

La violencia ha escalado en diferentes territorios indígenas del país extendiéndose de Salitre y Térraba a China Kichá y Cabagra; asimismo, como se indicó en el Informe Anual 2019-2020 de la Defensoría de los Habitantes “en algunos medios de comunicación y en las redes sociales se han exacerbado los discursos de odio de índole racista, y se han criminalizado las reivindicaciones indígenas de derechos. A la fecha, no se ha detenido a ninguna persona ni se ha sancionado a nadie por todos

estos hechos. Este panorama pone en evidencia que las acciones estatales no han sido suficientes, para alcanzar el fin pretendido de garantizar la vida e integridad personal, así como el acceso a la justicia de los miembros de los pueblos indígenas de Térraba y Salitre, y evitar así la repetición de los hechos que dieron lugar a la adopción de la Medida Cautelar”.

Situación por la cual la Defensoría de los Habitantes clama por la Justicia Pronta y Cumplida y hace un llamado vehemente al Estado Costarricense a combatir la impunidad y evitar la escalada de violencia dentro de los territorios indígenas. Ante tan lamentables hechos, se hace un llamado público a la paz y la no violencia ante las resoluciones emitidas en los casos de los señores Sergio Rojas y Jerhy Rivera Rivera activistas y defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

La Defensoría de los Habitantes como Institución Nacional de Derechos Humanos, envía un abrazo fraterno a sus familiares y a los pueblos indígenas del país, para que sus voces son escuchadas y continuar en esta lucha por la promoción y defensa efectiva de sus Derechos Fundamentales.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Racismo de jueces del Tribunal de Pérez Zeledón queda retratado en sentencia por el asesinato de líder indígena

Escrito en . Publicado en Derechos.

FECON

Causa indignación y disconformidad la absolutoria otorgada al asesino confeso Juan Eduardo Varela, quien, con dos disparos por la espalda, acabó con la vida de Jehry Rivera la noche del 24 de febrero de 2020 en el territorio Bröran de Térraba. Los jueces Richard Mena Vargas, Alexander Chavarría Segura y José Pablo Matarrita Carrillo absolvieron de la pena de homicidio calificado a Varela, quien el 17 de agosto de 2022 en una actividad pública, exclamó orgulloso haber matado a Jehry.

El Semanario Universidad reportó que el juez de apellido Mena enfatizó “el tribunal no comparte el tema de las recuperaciones y que debe haber un respeto al ordenamiento jurídico”. De esta manera, la sentencia de este tribunal local no esconde el apoyo a los ocupantes ilegales blancos que han invadido los territorios indígenas, por lo tanto, ejercen su trabajo como jueces bajo esquemas racistas y con prejuicios a los pueblos indígenas de Costa Rica, faltando a la justicia. Porque hay que recordar que las comunidades indígenas sólo han defendido su derecho a lo que les pertenece, pues es ante las invasiones de “finqueros” blancos, que los indígenas han tenido que recuperar sus propias tierras, acciones que han sido respaldadas incluso por la Sala Constitucional.

Recordemos que la Sala Constitucional, en octubre de 2022, ratificó la nulidad de compra de tierras indígenas por personas ajenas a la comunidad si se hizo después de la ley de 1977. Tal y como indica la resolución del expediente 21-017138-0007-CO “todas aquellas personas no indígenas que han comprado tierras dentro de las reservas indígenas con posterioridad a la promulgación la citada ley, se considera que no han actuado de buena fe”.

Así también, es importante recordar que el asesinato de Jerhy Rivera Rivera se enmarca en un contexto de violencia e impunidad de muchos años, en contra de las personas recuperadoras de sus tierras, según lo indica el III Informe de Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos Contra los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica, de la Coordinadora de Lucha Sur Sur. Además, remarcar que este homicidio se dio puntualmente, durante la llegada de una turba de más de cien personas al territorio de Térraba, que llegaron con la intención de intimidar y violentar a quienes se mantenían en ese momento sosteniendo recuperaciones de sus tierras ancestrales. Esto tal y como lo narró en su declaración el testigo del abogado defensor, Orlando Enrique Mata Jiménez, “ya estábamos armados con garrotes, piedras, cuchillos, los defensores de la propiedades”, dijo al referirse a la turba que llegó el día del homicidio a atacar a quienes se mantenían sosteniendo la recuperación Cancha Rayada y que fueron expulsados violentamente por ese grupo de finqueros.

Además, según Maleza Barrantes, quién asistió a varias de las audiencias como parte del Movimiento Ríos Vivos, indicó que durante el juicio vio con preocupación varias actitudes del tribunal “por ejemplo, solicitaron al abogado querellante acortar sus conclusiones, quien las finalizó en aprox. dos horas, mientras a los abogados del asesino les permitieron extenderse por aprox. 9 horas para desarrollar sus conclusiones, lo cual nos pareció una medida totalmente parcializada”. Así también indicó que “es cuestionable el hecho de que aceptaron como prueba, una captación de una llamada telefónica que la misma fiscalía tacho de ilegal que aportó el abogado del asesino, por la cual de hecho la fiscalía había solicitado días atrás, que se abriera un proceso legal contra la persona que la grabó.”

Pablo Sibar, del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y quién además también sufrió agresiones por parte de los finqueros el día del asesinato de Jehry, señaló: “Jueves 19 de septiembre, un día en el que el territorio Bröran recordará que aunque llevamos más 534 años de lo que llamaron un ¨descubrimiento¨ y donde masacraron territorios enteros, seguimos sufriendo el racismo puro. Los jueces de este país siguen siendo exactamente igual de racistas al dejar un asesino confeso libre, al no querer entender que hay una deuda histórica con el tema de las tierras. Ya está totalmente claro que los territorios nos pertenecen. Yo le pregunto a estos jueces ¿por qué permiten que la violencia sea la que nos haga agachar la cabeza?”

Sibar añadió: “los finqueros están claros que solo pueden con la violencia seguir en nuestro territorio, ya que todos son poseedores ilegales, usurpadores. Pero con estas resoluciones sólo los empoderan, ya que nos pueden matar y nada pasa”. Así también: “Los pueblos indígenas queremos que nos respeten, queremos vivir con tranquilidad, en paz. Pero mientras los finqueros sigan usurpando nuestros territorios, esa paz no llegará (…) mi vida sigue corriendo peligro de ser asesinado, creí que el Poder Judicial podría dar una resolución diferente y así frenar un poco a los finqueros usurpadores de seguir generando tanta violencia en nuestro territorio”, puntualizó finalmente Pablo Sibar referente de FRENAPI.

La absolutoria al asesino confeso de Jehry Rivera es un ataque a los derechos de los pueblos indígenas. Estos jueces, como servidores públicos deberían ser separados de su cargo por aplicar criterios racistas y discriminatorios en su deber de impartir justicia.


Bibliografía:

Pomareda, Fabiola. “Sala IV ratifica nulidad de compra de tierras indígenas por personas ajenas a la comunidad si se hizo despúes de la ley de 1977”. Semanario Universidad, 20 de octubre de 2022. https://semanariouniversidad.com/pais/sala-iv-ratifica-que-compra-de-tierras-indigenas-por-parte-de-no-indigenas-es-nula-si-se-hizo-despues-de-promulgada-la-ley-indigena

Coordinadora de Lucha Sur Sur (Diciembre 2022). III Informe de Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos Contra los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica” https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2023/09/CLSS-Informe-ENE_DIC2022-DIGITAL.pdf

Jerhy Rivera

Voto de censura al Tribunal Penal de Pérez Zeledón por la absolutoria del asesino confeso de Jerhy Rivera, indígena Bröran de Térraba, Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

Urge su adhesión al voto de censura al Tribunal Penal de Pérez Zeledón por la absolutoria del asesino confeso de Jerhy Rivera, indígena Bröran de Térraba, Costa Rica.

Colectivo de apoyo a doña Digna Rivera R.

Le invitamos a seguir este enlace, leer el pronunciamiento, firmar si está de acuerdo y compartir.

A más de 534 años de lo que llamaron un “descubrimiento” seguimos sufriendo el racismo – ante la absolución del asesino confeso de Jerhy

Escrito en . Publicado en Derechos.

Pablo Sibar

Jueves 19 de septiembre un día que el territorio Brörán recordará

Aunque llevamos más de 534 años de lo que llamaron un “descubrimiento”, en el cual masacraron territorios enteros, seguimos sufriendo el racismo puro. Los jueces de este país siguen siento exactamente racistas al dejar libre a un asesino confeso. A pesar de no querer entender que hay una deuda histórica con el tema de las tierras, ya está totalmente definido que los territorio nos pertenecen.

Yo le pregunto a estos jueces, ¿por qué permiten que la violencia sea la que nos haga agachar la cabeza? Los finqueros saben que sólo con la violencia pueden seguir en nuestro territorio, ya que todos son poseedores ilegales, usurpadores, pero con estas resoluciones solo los empodera ya que nos pueden matar y nada pasa.

Miro que si un ciudadano mata a un animal puede ser severamente castigado, pienso entonces, que valemos menos que un animal. Lo que quiero decir es que si un animalito tiene derechos, ¿dónde están nuestros derechos? Nosotros también tenemos derecho, pero no logro mirar esos derechos.

Han asesinado a Sergio, caso archivado por no dar con los responsables; el caso de Jerhy: a su asesino confeso los jueces lo dejan libre.

¿Cuál será el destino de nuestros territorios? Siempre he dicho: todas y todos los costarricense son culpables de estas muertes. Los pueblos indígenas queremos que nos respeten, queremos vivir con tranquilidad, en paz, pero mientras los finqueros sigan usurpando nuestros territorios esa paz no llegará. Mientras los gobiernos no reconozcan nuestras organizaciones propias seguiremos en manos del Estado que se ha convertido en un Estado criminal.

Escribo esto desde mi recuperación, que de milagro sigo vivo, y que con este caso mi vida sigue corriendo peligro de ser asesinado. Creí que el Poder Judicial podría dar una resolución diferente y así frenar un poco a los finqueros usurpadores de seguir generando tanta violencia en nuestros territorios.

Como recuperador me siento orgulloso de tener hoy un pedacito de tierra dónde vivir y producir, aunque un abogado diga burlonamente que Pablo habló de un paraíso y me trató de usurpador en mi propia tierra. Le invito a él y a los jueces para que miren los cambios y la alegría que existe en Crun Shurín. Tenemos lo que los indígenas decimos un buen vivir. Para vivir bien seguiremos en nuestras luchas para que se reconozcan nuestros derechos y que, algún día no muy lejano, el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo nos den los derechos que nos pertenecen.

La lucha sigue y sigue el pueblo Brörán vive y vive

Boletín N° 9 de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica: Información clave y actualizada

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica (ACANAMED) ha lanzado su Boletín N° 9, una publicación que ofrece contenido variado y relevante para la comunidad médica y el público en general. En esta edición, se abordan temas importantes como el carcinoma hepatocelular y el papel del ritmo circadiano en las enfermedades cardiovasculares, además de opiniones sobre la investigación clínica y la escasez de especialistas.

El boletín también incluye reseñas destacadas y un calendario de fechas relevantes de salud, como el Día Mundial del Cáncer de Piel y el Día Mundial del Cerebro, entre otras.

Acceda al boletín completo a través del siguiente enlace: Boletín N° 9 de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica

¡No se lo pierda!

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social: Reajuste de Pensiones y la Evaluación de la Invalidez

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

En septiembre de 2024, la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) emitió un comunicado dirigido a las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como a la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). En este, se plantea la urgente necesidad de ajustar el monto de las pensiones bajo el Régimen No Contributivo (RNC) y se solicita información relacionada con la invalidez y discapacidad en el sistema de pensiones. Este proceso resalta la lucha constante por garantizar pensiones dignas y una vida adecuada para las personas más vulnerables del país.
Desde 2010, el RNC ha sufrido una pérdida del 25% en el valor adquisitivo de las pensiones. Actualmente, más de 142.571 personas, muchas de ellas en situación de pobreza extrema, reciben un monto fijo de ¢82.000 al mes, el cual no se ha ajustado desde 2019. De acuerdo con los cálculos basados ​​en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ), el monto debería ser de al menos ¢102.500 para compensar el aumento en el costo de vida.
Este desajuste afecta a pensionados que dependen exclusivamente de estos ingresos, personas en situación de pobreza extrema o indigencia que no califican para otros regímenes contributivos de seguridad social. La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N° 7935 establece el derecho de las personas mayores a una vida digna, la cual claramente no está siendo garantizada en el contexto actual del RNC. La ACSS también apela al Convenio C128 de la OIT, que obliga a los países a ajustar las prestaciones cuando hay variaciones notables en el costo de vida.

En respuesta a la solicitud ACSS-007-2024, emitida por la ACSS en septiembre de 2024, la Gerencia de Pensiones de la CCSS indicó a través del Lic. Olger Pérez Pérez y el Ing. Ubaldo Carrillo Cubillo que, debido a limitaciones presupuestarias, no será posible realizar el ajuste de pensiones para el año 2024. Sin embargo , se asegura que el tema se revisará nuevamente en 2025, dependiendo de los recursos disponibles.

Otro punto importante de la solicitud de la ACSS es el reajuste de las pensiones bajo la Ley N° 7125, que otorga pensiones vitalicias a personas con parálisis cerebral profunda (PCP), autismo, y otras condiciones neurológicas graves. El documento de la CCSS menciona que, si bien no se pudo hacer el ajuste al inicio de 2024 debido a limitaciones presupuestarias, la actualización de las pensiones se realizará en la planilla de septiembre, incluyendo el pago retroactivo desde enero​.

En última instancia, la solicitud también incluyó información detallada sobre la evaluación de la invalidez bajo el RNC. Rodrigo Arias López, uno de los firmantes de la petición de la ACSS, destacó la importancia de recibir una lista clara de las enfermedades neurológicas consideradas equiparables en severidad a la PCP, el autismo y el mielomeningocele. En respuesta, el Dr. Henry Jiménez Naranjo, director de la Dirección de Calificación de Invalidez de la CCSS, explicó que la evaluación se realiza según las Guías para la Evaluación de Invalidez y Discapacidad, aprobadas por la Junta Directiva en 2019​.  Este documento establece los lineamientos médicos y técnicos para determinar el grado de discapacidad de los solicitantes y su derecho a una pensión. Dicha guía es clave para garantizar una evaluación justa y objetiva, permitiendo que las personas con condiciones neurológicas severas reciban el apoyo que necesitan

Para quienes deseen consultar más detalles, se incluye la Guía para la Evaluación de Invalidez y Discapacidad.

Guía para la Evaluación de Invalidez y DiscapacidadDescarga