El Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional, Escuela de Estudios Generales, CIEP de la Universidad de Costa Rica, Universidad de Helsinski, Museo Histórico Juan Santamaría, Embajada de México e investigadora Sussy Vargas se complacen en invitarle a la inauguración de la exposición Aporte y memoria de una mujer revolucionaria, en conmemoración del 75 aniversario del fallecimiento de Carmen Lyra.
En la actividad de inauguración se presentará el libro Memoria y Política, Escritos de Carmen Lyra, la Patria en Palabras, editado y presentado por Macarena Barahona Riera y comentado por Leonardo Sancho. Presentación artística por el Grupo Semillas.
La actividad se realizará el martes 10de setiembre a las 4:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el facebook Biblioteca Nacional Costa Rica.
La exposición estará abierta al público del5al 30 de setiembre 2024,delunes aviernesde8 a.m. a6:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional.
El tema de la inseguridad no se debe valorar solo desde la violencia física, sino a partir de la violencia simbólica y estructural que se interrelacionan.
Rosaura Chinchilla, jueza del Poder Judicial, indicó que los discursos de populismo imperantes en América Latina, incluida Costa Rica, se podrían clasificar en furia, enojo y baja densidad; donde el enojo apela a la destrucción de la institucionalidad, esencial para combatir la inseguridad, así como incitar a la violencia y fortalecer temas de mano dura en las diferentes regiones. Asimismo, en nombre del populismo de baja intensidad se promueven modificaciones meramente normativas y cosméticas que no atacan los orígenes y causas reales de la inseguridad. Chinchilla explicó que una de las manifestaciones populistas imperantes en Latinoamérica son las relacionadas con la promulgación de penas severas. En ese sentido, la jueza acotó que a inicios de los 90 en la región se duplicaron las penas de 25 a 50 años y se crearon penas únicas para la población penal juvenil. “Dos décadas después, la criminalidad sigue en aumento y se demostró que esos discursos son inútiles; no obstante aún se apela a ellos. Los temas de mano dura de autoritarismo instaurados en la región se reflejan como reformas cosméticas.
Por otra parte, la jueza agregó que una disminución en la educación, en las políticas de empleo y en el uso de espacios de recreación para las comunidades, entre otros, impacta de forma severa en los otros órdenes, lo cual se debe combatir.
Para Chinchilla, el tema de la seguridad en el país debe abordarse desde una perspectiva general y global, que incluya la política social y económica. “No se puede abarcar de forma aislada, sin tener relación con la educación e inversión social, porque los estaríamos afrontando mal”, dijo la jueza.
Dichas aseveraciones se externaron por Chinchilla en el marco del foro: “Inseguridad ciudadana y violencia en Costa Rica”, organizado por la Vicerrectoría de Extensión y conducido por el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA). También participaron como panelistas Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, Patricia Vargas, magistrada de la Sala III y Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Modernizar las leyes
Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, expresó que en medio de la crisis de inseguridad que se vive en la actualidad no se ha perdido la esencia democrática, dado que se enfrenta al crimen organizado desde el Estado de Derecho y por eso el reclamo de modernizar las leyes.
“Hace pocos días capturamos en alta mar un navío con dos toneladas de droga que venía para Costa Rica. Y justamente el capitán de ese navío había sido detenido en el 2018, trasegando una tonelada también hacia nuestro país. Esto nos indica que las leyes pensadas en la resocialización del delincuente están siendo utilizadas por el crimen organizado para acortar las penas, los tiempos en prisión y además seguir delinquiendo. Es decir, las medidas resocializantes no cumplen con el objetivo para el que fueron diseñadas”, afirmó Zamora.
El jerarca de Seguridad Pública llamó la atención a la Asamblea Legislativa para que el núcleo duro de la legislación que debe aprobarse es la que no avanza. “Se avanzan en leyes no contradictorias, las cuales no generan mayor conflicto y con eso nos engañamos solos, creyendo que se toman las medidas necesarias para resolver la situación, cuando las verdaderas medidas resolutivas están todavía en un impase, sin avanzar en la corriente legislativa”, señaló Zamora.
Mencionó que más allá de una nueva Constitución se requieren leyes penales adaptadas a la realidad criminológica actual, pues se cuenta con un Código Procesal Penal vigente elaborado en 1998, en otra realidad distinta, cuando no había sicarios, ni criminalidad organizada en el país.
Randall Zúñiga, director del OIJ, instó a los estudiantes universitarios a incrementar la investigación académica en materia de seguridad en Costa Rica.
Apostar por la educación
Patricia Vargas, magistrada de la Sala III, comentó que el hecho de pensar que la delincuencia se resuelve con más leyes es limitar la búsqueda de respuestas que permitan a la sociedad recuperar la tranquilidad y tratar de alguna manera de resolver esas causas estructurales. “Hay que entender que la represión sin prevención no funciona. Usted puede endurecer las leyes y penas ya existentes, hasta crear nuevos delitos y la delincuencia permanecerá en este país”, resaltó la magistrada.
Vargas precisó que más bien es necesario apostar por medidas que permitan superar las brechas sociales y de exclusión social, así como abrir espacios para que todas las personas puedan avanzar. “Si pensamos que a través de la represión se soluciona el problema es una apuesta equivocada e incluso peligrosa porque puede generar el desencanto de la ciudadanía en esa respuesta que a la larga sabemos que no dará los resultados deseados” subrayó Vargas.
La magistrada considera que en cambio apostar por la educación garantizará una sociedad más igualitaria para las futuras generaciones. “Si tenemos una educación débil, tendremos menos oportunidades para la sociedad. Por eso necesitamos invertir en educación, seguridad y prevención.”
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
El 7 de septiembre se llevará a cabo un conversatorio con veedores electorales costarricenses de las elecciones 2024, este se realizará en la Sede de UNDECA.
Para tener una opinión informada, es imperativo contrastar diferentes versiones, especialmente cuando se impone una narrativa única.
Para lograr comprender lo que ocurre en Venezuela y en particular los acontecimientos antes, durante y después de las elecciones del pasado 28 de julio, la organización de este foro le invita a escuchar las experiencias de personas costarricenses que participaron como observadoras en el proceso.
Aprovechemos para formular preguntas y salir de dudas.
Fecha: 7 de septiembre del 2024.
Hora: 2:00pm
Lugar: Sede de UNDECA, 350 metros al Norte del Hospital de Niños, calle 20.
Desde el colectivo sindical que representamos, le enviamos un saludo fraterno.
En conocimiento del vil asecinato cometido contra su hija, nos solidarizamos y así mismo exigimos justicia por Jerhy.
Somos plenamente consciente de que fue un asecinato político orquestado por los intereses de los grandes neolatifundista que sin reparo y sin pudor cometen diariamente hechos delictivos contra los pueblos originarios, en complicidad de las grandes compañías extractivistas nacionales y transnacionales de la zona sur, que en muchas partes de territoria nacional han dejado una profunda huella de destrucción ambiental, contaminación del suelo y subsuelo, así como del envenenamiento de la fauna y de fuentes hídricas indispensable para la vida. estas barbaridades se han perpetrado con la complicidad de las autoridades, usurpadores todos de las tierras que por derecho ancestral corresponden a los pueblos originarios.
Condenamos enérgicamente que un asesino confeso, quien atentando contra el principio de justicia fundamental para la convivencia armoniosa y paz social, es inadmisible que un agresor de la población indigena camine, incluso haciendo alarde de su crimen e impunidad.
Nos ponemos a la orden de la familia y amigos de Jerhy para seguir adelante en la lucha, hasta que se haga justicia.
Solidaridad popular con la lucha de los pueblos indígenas, por la recuperación de las tierras ancestrales y por la memoria de sus muertos caídos en combate por la lucha en claudicar por sus derechos.
Iniciativa de Acción Social de la UCR tiene objetivos de conservación y de integración comunal
Vista del Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco creado para proteger las fuentes de agua y la biodiversidad de la región, además de conservar los ecosistemas. Foto cortesía de la administración del parque.
Mejorar la conectividad de la biodiversidad entre la Reserva Ecológica Manuel Koss de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco, es el objetivo principal del proyecto de acción social que busca la unificación de ambas áreas de protección boscosa por medio de serie de corredores biológicos de los terrenos circundantes de la comunidad que rodea ambas reservas.
Este proyecto que busca tanto la conservación del medio ambiente como la integración con la comunidad, se plantea la consolidación de brigadas comunales de monitoreo biológico y de restauración del paisaje para instaurar microcorredores biológicos. Así lo comentó Gilberto Rojas, coordinador del proyecto ED-3657 “Conservación en paisajes productivos: vinculando la biodiversidad y las comunidades entre la Reserva Ecológica Manuel Koss (UCR) y el Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco”.
Tanto el parque como la reserva se encuentran en las cercanías de Sarchí, Zarcero, Grecia y San Carlos. Además, el parque tiene una alta biodiversidad. Sin embargo, la pérdida y fragmentación de los hábitats naturales en la zona de amortiguamiento del parque conlleva a la conversión de los bosques a otro tipo de uso del suelo, generando aislamiento entre remanentes de bosque, y la consecuente degradación de los ecosistemas y disminución de la biodiversidad.
Es por eso que ante esta problemática surge el proyecto, que también enfrenta el desafío de la falta de identificación de la comunidad con el parque nacional cercano.
Como iniciativas de este proyecto, se realizan actividades educativas con niños, se forman brigadas para monitoreo y restauración con la participación activa de la comunidad y se desarrollan invernaderos para reproducir árboles que formarán los corredores ecológicos. Además, se han identificado líderes comunitarios, para que el proyecto sea sostenible a largo plazo.
Bosque Vecino
Una parte importante del proyecto es la creación de una identidad para la reserva, denominada «Bosque Vecino», y la colocación de rótulos en las propiedades participantes. También se realiza un conteo de aves y se organizan eventos comunitarios para promover la participación y el sentido de pertenencia.
«En esta comunidad usted llegaba y le preguntaba a los niños, por ejemplo, ¿cuáles eran sus animales preferidos? Y los niños te empiezan a decir elefantes, jirafas, rinocerontes, todos los bichos de la selva africana o la sabana africana. Y uno se sorprende de eso, teniendo un parque nacional aquí a dos kilómetros y medio y no se les ocurre decir, por ejemplo, un mapache, un coyote» declaró Arias.
Es por eso que se implementaron actividades con niños, para aumentar su conocimiento y aprecio por la biodiversidad local; y actividades de investigación en donde se identifican especies locales y un levantamiento de biodiversidad.
Para Rojas, el proyecto ha tenido un impacto positivo en la comunidad, la cual ha comenzado a reconocer la importancia de la conservación. La presencia de la universidad en la zona ha generado una respuesta favorable, y se están realizando actividades en colaboración con diversas organizaciones, incluyendo el Instituto Meteorológico y la Cruz Roja.
Historia de la Reserva y el Parque Nacional
La Estación Biológica Manuel Koss Rubinstein es el resultado de la donación de los terrenos a la UCR en 2019 por la joven Iona Koss Stupp, como una forma de preservar el legado de su padre, Manuel Koss Rubistein, profesor por casi 30 años de la Escuela de Química y uno de los fundadores de la Escuela de Tecnología de Alimentos.
La Escuela de Biología y la Red de Áreas Protegidas, asumen la administración de la propiedad, que se convierte en una reserva ecológica. Luego de la pandemia por COVID-19 se decide ampliar el área y conectar la reserva con el Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco, mediante la creación de micro corredores entre parches boscosos.
La reserva tiene un área de 62 899,65 metros cuadrados, más de 100 especies de aves, más de 40 especies de anfibios y reptiles y una cantidad importante de mamíferos. Como parte de la fauna se han observado manigordos, dantas, pizotes, zorros pelones y garzas.
Mientras tanto el Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco, se fundó en 1992 como parte de una lucha de la comunidad para proteger las fuentes de agua y la biodiversidad de la región del avance de la minería de azufre en la zona, así lo declaró Fabio Arias, administrador del parque. Tiene una extensión de 14 258 hectáreas y un 93% de cobertura de bosque primario.
Arias destacó la importancia del parque en la protección del recurso hídrico para la región norte de Costa Rica y los esfuerzos en investigación y conservación, incluyendo la reaparición de la rana vibicaria en 2011.
Un efecto inmediato de la existencia del parque y la zona de protección es la conservación del recurso hídrico. Foto cortesía del proyecto: ED-3657
Este parque ofrece la apertura al público por Bajos del Toro, así como la posibilidad de establecer una estación en Venecia para ampliar el alcance de la investigación y conservación y gestión de proyectos.
El administrador enfatizó la necesidad de involucrar a las comunidades en la conservación y gestión, la importancia de encontrar objetivos comunes en la gestión de áreas protegidas y la necesidad de cambiar el enfoque estático de la conservación a una visión más integral.
El parque tiene 3 estaciones de acuerdo a la altura: Estación Quetzal, Estación Volcán Viejo y Manuel de Koss que según Arias es vista como una estación más del parque pero administrada por la UCR.
Alados y nocturnos
Los invernaderos de la Reserva Manuel Koss es parte de los aportes del proyecto al abordaje integral y la relación simbiótica entre ambos terrenos destinados a la conversación. Foto cortesía del proyecto ED-3657
Alexa Morales, bióloga de la UCR, forma parte de la Red de Áreas Protegidas y de la Unidad Especial de Investigación en Áreas Protegidas, tiene una participación importante en el proyecto, donde colaboró en la elaboración del plan de manejo de la reserva. Asimismo, Morales destaca que el trabajo con las comunidades es de vital importancia.
Coyote captado en una cámara trampa instalada en la Reserva. Foto cortesía del proyecto: ED-3657
“Es fundamental que las áreas protegidas de la U no se vean solamente desde un enfoque biológico. La conservación no es solo Biología; también incluye lo social, lo artístico, y lo recreativo. Trabajar de forma interdisciplinaria y con la comunidad es esencial para entender y progresar en la conservación(…) una de las cosas que yo tenía muy claro es que si no trabajaba con la gente no iba a funcionar. Cualquier cosa, cualquier especie que esté en peligro de extinción, ¿generalmente, el problema quiénes somos? Los seres humanos”, finalizó Morales.
Morales resalta el “Taller de murciélagos” como una actividad importante, realizada en colaboración con la Fundación para la Conservación de Murciélagos en Costa Rica, el cual se enfocó en la importancia de los murciélagos en los ecosistemas y en la necesidad de su conservación. A pesar de las dudas iniciales sobre la participación, el taller recibió una excelente respuesta de la comunidad, con una alta asistencia de alrededor de 350 personas. Los participantes aprendieron sobre el rol ecológico de los murciélagos y participaron en actividades prácticas relacionadas con su conservación. El éxito de este taller también contribuyó a aumentar el interés y la participación en el proyecto de reserva ecológica y en otras actividades relacionadas.
Otras actividades que se llevan a cabo como parte del proyecto son: desarrollo de corredores biológicos, instalación de invernaderos y formación de las brigadas de monitoreo biológico y restauración ecológica.
Niños y niñas durante una actividad de monitoreo de macroinvertebrados en uno de los cuerpos de agua del Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco. Foto cortesía de la administración del parque.
Pese a los avances que ha tenido el proyecto y la aceptación en la comunidad, tanto Rojas como Morales coinciden en que enfrenta retos importantes como la sostenibilidad a largo plazo mediante la formación de líderes locales y el fortalecimiento de la identidad dentro de la comunidad, así como la coordinación administrativa y la expansión de la red de invernaderos, para incluir diferentes pisos altitudinales.
Gracias a una alianza entre municipalidades, cámaras empresariales y la UNA, 70 personas en situación de pobreza o baja escolaridad obtuvieron su título técnico en áreas clave como salud ocupacional y gestión de calidad. Esta formación, que les brinda nuevas oportunidades laborales, es un paso importante hacia un futuro con más empleo y bienestar en la región
Gracias a la alianza entre las municipalidades y cámaras empresariales de la zona de Occidente del país junto con la Universidad Nacional (UNA), este viernes 30 de agosto, 70 personas en condición de pobreza o baja escolaridad, obtuvieron su título de formación técnica en las áreas de salud ocupacional, confirmación metrológica, procesos productivos y gestión de calidad.
“Hoy celebramos no solo la culminación de un curso, sino el resultado de esfuerzo, perseverancia y dedicación. Cada uno de nosotros ha enfrentado desafíos, ha superado obstáculos y ha demostrado que con empeño y determinación se puede alcanzar cualquier meta. En lo personal se me abren puertas para seguir creciendo dentro de la empresa donde trabajo o para seguir estudiando. Esta es una rama que no conocía y me emocionó mucho estudiarla”, dijo Alejandro Mejía, oriundo de San Ramón, quien fue el primer promedio del técnico en Procesos productivos.
Kimberly Venegas se graduó en un colegio técnico de Palmares, y tiene la esperanza de que las zonas francas, puedan traer más empleo a su cantón. “Este título genera más oportunidades para emplearse. El técnico en Salud ocupacional, que consiste básicamente en la seguridad del trabajador, me abre las puertas a un trabajo donde se valide ese título para un mejor futuro”.
Gracias a esta alianza entre la UNA y las cámaras empresariales, se otorgaron becas del 100% a estudiantes de colegios técnicos, quienes durante 10 meses fueron parte del sistema de educación permanente de la UNA. “Quiero felicitar a este grupo de muchachas y muchachos de Occidente, de los cantones de Grecia, de Poás, de Sarchí, de Naranjo, de Salsero, de Palmares y de San Ramón, que hoy culminan exitosamente este proceso. Es importante resaltar que el conocimiento constituye hoy en día la principal base del ejercicio de la ciudadanía, de la generación de empleo, de los encadenamientos productivos, de la innovación y el emprendedurismo, y por supuesto del bienestar y calidad de vida de las personas y de la sociedad como un todo. Tener acceso al conocimiento brinda oportunidades de participar en la vida económica, social y cultural, aumenta las posibilidades de integración social y sobre todo incrementa las posibilidades de mejorar la empleabilidad”, comentó Francisco Bogantes, vicepresidente de la Cámara Empresarial de Grecia.
En Grecia, se construyen parques empresariales que se espera, generen cerca de 40 mil empleos cada uno en los próximos años. “Nosotros hemos creído en ese futuro, de tal forma que estamos generando las condiciones para la empleabilidad, para los encadenamientos productivos con nuestras empresas locales desde San Ramón, Palmares, Naranjo y Grecia”, continuó Bogantes.
Francisco González, rector de la UNA, hizo hincapié en que los tiempos han cambiado. “A pesar de que la oferta de la UNA no es estrictamente la formación de técnicos, sí reconocemos la importancia de fortalecer las condiciones de empleo de las personas que tienen menos condiciones, y la vinculación y coordinación con los sectores productivos y los sectores empresariales. Por esta razón es que ya hace un año nos planteamos como propósito poder generar una iniciativa que se articulara al Ministerio de Educación Pública, para brindarle a estudiantes que estuvieran en los últimos años de su formación técnica, una oferta del marco del marco nacional de cualificaciones”.
Para este 2024 la UNA ofrece una serie de técnicos orientados a una concepción de educación no formal que permite capacitar a los adultos y jóvenes en diferentes áreas laborales obteniendo habilidades y competencias poro desarrollarse en el mercado laboral y también por tener un crecimiento personal y de em pleabilidad.
La oferta, gestionada por la Oficina de Transferencia y Conocimiento y Vinculación Externa, incluye además formación técnica en: Administración de Pymes, Gestión y desarrollo de emprendimientos, Desarrollo local y género, Desarrollo de software y aplicaciones, Plantas medicinales, Gestión de olores, y Desarrollo agroecológico y socioproductivo, entre otros.
Video:
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Defensoría, urge encontrar una solución definitiva al mantenimiento, conservación y protección de estas edificaciones
La Defensoría de los Habitantes realizó una investigación donde constató que, el Ministerio de Educación Pública (MEP), cuenta con 60 inmuebles declarados patrimonio arquitectónico, de los cuales 54 son utilizados como centros educativos, y según el Ministerio de Salud 24 tienen órdenes sanitarias pendientes de cumplimiento y en estado crítico.
Cabe aclarar que, de estos 24 centros educativos, tres inmuebles no están siendo utilizados para uso escolar: Escuela Ascensión Esquivel Ibarra en Liberia, la Escuela Justo Antonio Facio de La Guardia (Casa de la Cultura de Siquirres) y la parte antigua de la Escuela de Enseñanza Especial Fernando Centeno Güell.
Para esta Defensoría, el Estado costarricense debe ser garante de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes a la educación y la salud, por lo que el lugar en donde reciben sus estudios debe cumplir con los requisitos físico-sanitarios mínimos para su bienestar y que puedan contar con un espacio apto para desarrollar sus capacidades, así como la protección y conservación de nuestro patrimonio histórico y arquitectónico, parte importante de la cultura del costarricense.
La Defensoría de los Habitantes considera que el funcionamiento de varios centros educativos que son propiedad del MEP y que presentan problemas físico-sanitarios y órdenes sanitarias giradas por diferentes aspectos, como daños en estructuras o problemas con el sistema eléctrico, atentan contra los derechos de la niñez y la adolescencia, así como los derechos a la salud de los docentes y demás cuerpo administrativo de las escuelas.
Si bien es cierto, estos inmuebles tienen un gran valor patrimonial que debe ser conservado de acuerdo con la normativa nacional e internacional, es necesario priorizar el bienestar humano de quienes los utilizan. Por lo tanto, es esencial tomar medidas para mantener en buen estado las estructuras de estos centros educativos y garantizar un mantenimiento adecuado para preservar la seguridad y el bienestar de todas las personas.
Acciones pendientes
Según la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del MEP, no se cuenta con un cronograma u hoja de ruta en la cual se establezca el tiempo para la intervención de los centros educativos con declaratoria y tampoco generan planes de inversión para estos inmuebles declarados; estos planes se trabajan año con año ya que no se cuenta con presupuesto fijo.
De acuerdo con el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (CICPC) del Ministerio de Cultura y Juventud, se ha atendido los problemas en inmuebles declarados que ha considerado prioritarios, debido a la dinámica operativa de la DIE y los limitantes en los recursos de ese Centro y que se le ha dado asesoría técnica para dar solución a problemas específicos de ciertos centros educativos como la Escuela Cecilio Lindo en Juan Viñas, la Escuela de Santa Cruz de Turrialba, la Escuela el Carmen en Puntarenas. Además, indicó que se restauró parte de la Escuela León Cortés Castro en San Marcos de Tarrazú y, asimismo, se brinda acompañamiento a la DIE en obras realizadas en el Colegio Dr. Castro Madriz, así como a la Escuela Centeno Güell en Goicoechea y, actualmente, asesora a una empresa consultora que resultó adjudicataria en el diseño de mejoras de la Escuela Tomás Guardia en Limón.
Pero esta Defensoría considera de gran relevancia que, se coordine interinstitucionalmente entre la DIE, el CICPC y el Ministerio de Salud para elaborar un plan de trabajo, con su debido cronograma, en el cual de determine el estado de conservación de los inmuebles y el seguimiento a las acciones tendientes al cumplimiento de las órdenes sanitarias pendientes, con el fin de encontrar una solución definitiva al mantenimiento, conservación y protección de estas edificaciones. Se debe levantar un inventario de las obras que requiere cada centro educativo y determinar el presupuesto aproximado requerido para su protección adecuada. Asimismo, se recomienda a las instituciones continuar protegiendo el patrimonio histórico arquitectónico de Costa Rica, tanto declarado como el que no ha sido declarado, ya que muchas edificaciones se encuentran en peligro de ser destruidas, priorizando la protección integral de las personas menores de edad y su interés superior.
Centros educativos con declaratoria de patrimonio con orden sanitaria pendiente
Inmueble
Provincia
Uso
Escuela de Hacienda Vieja de Orotina
Alajuela
Escuela
Escuela de Pedroso de Pérez Zeledón
San José
Escuela
Escuela Cecilio Lindo Morales (Juan Viñas)
Cartago
Escuela
Escuela Dr. Carlos Luis Valverde Vega (San Isidro de El Guarco)
Cartago
Escuela
Escuela Jenaro Bonilla (Turrialba)
Cartago
Escuela
Escuela Andrés Briceño
Guanacaste
Escuela
Escuela Ascensión Esquivel Ibarra (Liberia)
Guanacaste
Escuela
Escuela de Bolsón (Santa Cruz)
Guanacaste
Escuela
Escuela José María Calderón Mayorga
Guanacaste
Escuela
Escuela Luis Léipold Herbert
Guanacaste
Escuela
Escuela José Carlos Umaña (Central de Atenas)
Alajuela
Escuela
Edificio antiguo de la Escuela Manuel del Pilar
Heredia
Escuela
Escuela Joaquín Lizano Gutiérrez
Heredia
Escuela
Escuela José Martí
Heredia
Escuela
Liceo de Heredia
Heredia
Colegio
Escuela Justo Antonio Facio de la Guardia (Casa de la Cultura de Siquirres)
Limón
Escuela
Escuela Tomás Guardia (Limón)
Limón
Escuela
Escuela Dr. Ferraz
San José
Escuela
Escuela Mauro Fernández
San José
Escuela
Escuela Pilar Jiménez
San José
Escuela
Escuela República de Argentina, Barrio México
San José
Escuela
Escuela República de Chile
San José
Escuela
Liceo José María Castro Madriz
San José
Colegio
Parte antigua de la Escuela de Enseñanza Especial Fernando Centeno Güell
El Estado es cómplice del homicidio por inacción y fomentar la impunidad cuando se trata de agresiones a los pueblos indígenas.
Si el Estado costarricense hubiera cumplido con las medidas cautelares “MC 321-12” del 2015, en las que se definió que debía garantizar y resguardar la vida e integridad física de los Pueblos Bröran de Térraba y Bribri de Salitre, los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera no se hubieran dado.
¡Es hora de que el Estado garantice justicia y paz en los territorios indígenas!
El juicio contra el asesino confeso Juan Eduardo Varela Rojas continúa los días 5, 9 y 10 de septiembre en el Tribunal Penal de Pérez Zeledón.
Les invitamos a ver el breve video con el testimonio de Jerhy Rivera Rivera:
Aprovechamos la publicación del informa de GRAIN «Bioinsumos corporativos: El nuevo negocio tóxico de la agroindustria» para reflexionar sobre esta tendencia que está impactando los campos y la producción agrícola a nivel mundial. Nos preguntamos ¿Cuáles son las tensiones que representa esta incursión corporativa?
Para las personas campesinas, los bioinsumos representan saberes y prácticas cotidianas que han utilizada generación tras generación, al mezclar diversos productos naturales para buscar la protección y fertilización de sus cultivos y suelos. Sin embargo, desde 1990 diversas compañías han empezado a explorar estos saberes y prácticas con el fin de generar «oportunidades» de negocios para la venta, sin embargo, en este proceso tenemos acciones que van desde la privatización a través de patentes de procesos y secuencias genéticas hasta modificaciones genéticas.
Con el incremento de las afectaciones del uso de agrotóxicos y la oleada de prohibiciones de este tipo de sustancias en distintos países, ha generado un interés creciente de estas empresas por impulsar esta rama de negocios, dado que al mismo tiempo, representa una «alternativa» más rápida y barata, sin embargo, para estas mismas corporaciones, sus prácticas no desaparecen, y desarrollan mecanismos de uso similares a los agroquímicos, es decir, usos intensivos de aplicación.
El dato más significativo y que refleja el tipo de interés que sostienen estas empresas, es que estos bioinsumos corporativos se presentan como «complementos» a sus paquetes de agroquímicos, es decir, dependencia a los «cocteles» de siempre.
Les invitamos a reflexionar sobre estas tendencias «amigables» al ambiente, que siguen profundizando las estrategias de «greenwashing» corporativo.
El día de la multitudinaria marcha en apoyo de la educación pública circularon en redes sociales videos en los que se planteaba, entre otras cosas, que las universidades públicas costarricenses generaban muy pocas patentes y que esto era una señal de debilidad y de escaso aporte al desarrollo del país. Estos comentarios invitan a la reflexión.
¿Qué son las patentes?
Las patentes son un instrumento mediante el cual los estados confieren derechos exclusivos a las personas, instituciones o empresas que han desarrollado una invención, de manera que se impida a otros, dentro del territorio en cuestión, su utilización durante el período de tiempo en que rige la patente, si no se hace mediante autorización del titular de la misma. Para calificar como patente, estos desarrollos deben ser novedosos, tener carácter inventivo y potencial de aplicación industrial, diferenciándose de productos o procesos existentes. Los titulares de las patentes pueden licenciarlas a terceros para que estos las utilicen en la fabricación de bienes o la provisión de servicios.
¿Son las patentes un indicador de desarrollo científico y tecnológico?
El número de patentes que genera una institución o un país se ha considerado un parámetro que evalúa el grado de desarrollo científico-tecnológico y de innovación. En general, los países del norte global generan una mayor cantidad de patentes que los del sur global y Costa Rica no es la excepción. En nuestro país se concede un número escaso de patentes a personas costarricenses, lo cual es un indicador de un limitado nivel científico-tecnológico, como lo ha señalado el Informe del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Pero se corre el riesgo de hipertrofiar el valor de las patentes como criterio valorativo de desarrollo científico-tecnológico al no verlas como un elemento más de un universo de parámetros mucho más amplio.
¿Es el escaso número de patentes otorgadas un signo de debilidad de las universidades públicas de Costa Rica?
No necesariamente. El crecimiento de la investigación científico-tecnológica y de innovación en un determinado país se acompaña, en términos generales, de un creciente número de patentes. Y el número de patentes concedidas a universidades públicas de Costa Rica es limitado; eso es verdad. Sin embargo, este tema debe analizarse con cuidado y a la luz del contexto nacional y de la misma filosofía que guía a las universidades públicas del país.
Patentar por patentar, como un fin en sí mismo, no tiene sentido, por al menos tres razones: (1) el proceso de patentamiento y el seguimiento a la protección de las patentes es caro y representa una erogación importante para las instituciones si se hace de una manera indiscriminada; por ello, se debe tener claro qué se requiere patentar y por qué. (2) Muchas patentes nunca se trasladan al plano real de la producción de bienes y la provisión de servicios. O sea, existen patentes que no son utilizadas y no redundan en beneficios para la colectividad. (3) La protección de los hallazgos científico-tecnológicos se puede hacer mediante otros mecanismos distintos de las patentes, los cuales también son reflejo de dicho desarrollo. La pregunta no sería entonces cuántas patentes tiene un país o una institución, sino más bien cómo la investigación impacta en la calidad de vida de la población, en el bien común, independientemente de si los descubrimientos se patenten o no.
Las universidades públicas costarricenses constantemente proyectan los resultados de sus investigaciones a amplios sectores de la sociedad mediante procesos que no involucran patentes. Estas universidades son el principal reservorio científico-tecnológico del país y generan un gran volumen de conocimiento, mucho del cual se vierte a la sociedad de diversas maneras.
Estos conocimientos se canalizan a través de la extensión o acción social, y tienen un impacto enorme en el desarrollo económico, social y cultural del país. Por lo tanto, el hecho de que las universidades públicas no generen muchas patentes no significa que las mismas no estén produciendo continuamente investigación científico-tecnológica de alto nivel y pertinencia, ni que esta no se proyecte a la sociedad de múltiples formas. La obsesión por las patentes no debe hacernos dejar de ver que la acción de las universidades públicas impacta de manera decisiva en el desarrollo, la prosperidad y la equidad del país.
A manera de ejemplo: lo que ha hecho el Instituto Clodomiro Picado
Estos conceptos se ilustran claramente con la evolución científico-tecnológica del Instituto Clodomiro Picado (ICP), una unidad de investigación de la Universidad de Costa Rica cuya misión es aportar soluciones al problema de los envenenamientos por animales ponzoñosos y contribuir con la biotecnología del país. Uno de los ejes principales de acción del ICP es el desarrollo tecnológico y la producción de sueros antiofídicos o antivenenos, no solo para Costa Rica sino también para el resto de Centroamérica, varios países de Sudamérica y también países del África sub-Sahariana.
En esta evolución, el ICP ha desarrollado importantes innovaciones en la tecnología para la producción de antivenenos. Algunos aspectos de esta tecnología eran susceptibles de protección y hubieran permitido efectuar una solicitud de patente. Pero el ICP decidió más bien que estos valiosos conocimientos sean de dominio público, de manera que los mismos puedan ser aprovechados por laboratorios productores de antivenenos de otras latitudes.
¿Por qué esa decisión? Porque la gran mayoría de laboratorios productores de antivenenos están ubicados en instituciones públicas de países del sur global, donde ocurren la mayoría de los envenenamientos por serpientes y escorpiones. Si se hubiera protegido estas tecnologías, este conocimiento no se habría utilizado por muchos de estos laboratorios, por motivos obvios. Por el contrario, el haber hecho público estos saberes ha permitido que países de América Latina y Asia hayan incorporado esta tecnología en sus procesos productivos.
Como consecuencia, se ha mejorado la producción y el abastecimiento de antivenenos en estas regiones y ello ha permitido salvar miles de vidas. La filosofía de la universidad pública, centrada en la procura de la excelencia y del bien común, sirvió de guía para esta decisión. No hubo patentes en este aspecto del trabajo del ICP. ¿Significa esto una debilidad? Todo lo contrario; se trata de una fortaleza que ha tenido gran impacto en la salud pública.
Por otra parte, el ICP desarrolló una tecnología novedosa para la producción de medicamentos derivados de sangre humana, tales como inmunoglobulina y albúmina. Aquí el análisis fue diferente. La producción de derivados de sangre humana está en manos de grandes empresas farmacéuticas privadas. Haber divulgado libremente dicha tecnología, como se hizo con los sueros antiofídicos, habría significado ‘regalar’ este conocimiento a dichas empresas.
En este caso se procedió de manera distinta: la Universidad de Costa Rica patentó esta tecnología en un gran número de países donde se ubican esas empresas, y la patente ha sido licenciada a una empresa colombiana, mediante un contrato que garantiza regalías a nuestra universidad cuando la empresa entre en la etapa de comercialización. Esto, además, fortalecerá la capacidad regional y la autosuficiencia en la producción de hemoderivados en América Latina. También se dejó planteada la posibilidad de producir estos medicamentos en Costa Rica para el sistema de salud pública nacional.
Conclusión
Estos ejemplos ilustran que el tema de las patentes en las universidades demanda un análisis crítico y no se puede tomar a la ligera. Lo esencial debe ser fortalecer el desarrollo científico-tecnológico endógeno, mediante una política decidida en la cual las universidades públicas tienen un papel central. Pero, además, se requiere garantizar que la ciencia y la tecnología beneficien a amplios sectores de las poblaciones y tengan como norte la procura del bien común.
El aporte científico-tecnológico de las universidades públicas permite conocer y brindar soluciones a muy diversos problemas del país y más allá. Y ese conocimiento lo vierten estas instituciones a la sociedad mediante variados mecanismos. El patentamiento y el licenciamiento de las patentes para su explotación son una forma, pero no la única ni la más importante, como el conocimiento fluye de los centros de investigación a la sociedad. Por lo tanto, juzgar el aporte científico-tecnológico de las universidades en términos de cuántas patentes tienen es una visión limitada y simplista que deja de ver un enorme abanico de contribuciones.
Las universidades públicas deben depurar continuamente su capacidad para generar nuevo conocimiento a través de la investigación y proyectar ese conocimiento mediante la docencia y la acción social o extensión. Pero deben hacerlo teniendo siempre como mira la procura del bien común, el bienestar de las mayorías y el desarrollo con dignidad y equidad. Para ello, entre otros requisitos, estos centros de educación superior necesitan recibir del estado el financiamiento que requieren, acorde con las necesidades del país y con el mandato constitucional. Por ello es fundamental asegurar un presupuesto justo para la educación pública en general y para la educación superior pública en particular.
*El autor agradece las valiosas discusiones que sobre este tema ha tenido con Mariángela Vargas, Guillermo León y demás colegas del Instituto Clodomiro Picado.
