Para condenar lo que ocurre en Gaza no se necesita de ninguna justificación, disculpa o nivelación de culpas y mucho menos de seguir jugando a lo EQUIDISTANTE entre Netanyahu y Hamás. No es posible justificar el genocidio de un pueblo, el palestino, con la incursión del grupo Hamás y el asesinato de 100 israelíes; no es posible disculparse con la retención de rehenes, ni tampoco creer que se está ante una respuesta de Israel ante una agresión.
Por sobre todas esas cosas, es claro y evidente que estamos en presencia de un acto de CRUELDAD con un determinado pueblo. Crueldad es la falta de piedad, es la indiferencia ante el sufrimiento ajeno e incluso la acción de infligir sufrimiento innecesario sobre las personas o los pueblos. Ante la Crueldad no caben justificaciones ni volver a ver para otro lado; simplemente debe condenarse de la forma enérgica. El genocidio que está ocurriendo en Gaza contra el pueblo palestino solo es comparable con el Holocausto judío.
El asesinato de más de 50.000 personas, la mitad mujeres y niños, el bombardeo de hospitales y escuelas, el objetivo declarado de eliminación de todo un pueblo, no puede ser más que un acto de crueldad, que no puede justificarse de ninguna manera.
Holocausto y Gaza son sinónimos en la política actual.
En el primer caso fue contra los judíos, actualmente es contra el pueblo palestino. Pero la crueldad es la misma, el odio y el deseo de una parte de exterminar a todo un pueblo, en el caso de los nazis a los judíos, en el caso de los sionistas a los palestinos.
Sionismo y judaísmo nunca han sido lo mismo. Los judíos antes del sionismo eran universalistas, solidarios, socialistas, luchadores por sociedades igualitarias, libres y hermanas unas de otras. Hay tantos nombres de judíos socialistas y solidarios, desde Marx hasta Kafka.
Esto es lo que ha hecho el sionismo al judaísmo o si lo prefieren al semitismo.
“El propio Herzl (uno de los ideólogos del sionismo) escribió lo siguiente sobre los judíos: «He conseguido tener una actitud más libre en relación al antisemitismo, al que empiezo a comprender históricamente y a perdonar. Ante todo, reconocí la inanidad y futilidad de intentar “combatir” al antisemitismo». Pasaje de “Historia oculta del sionismo” de Ralph Schoenman.
El sionismo al exaltar los valores del nacionalismo, la patria y el pueblo elegido, eliminó del judaísmo sus grandes valores socialistas.
Hay que tener presente que el SIONISMO en pos de alcanzar sus propósitos, llegó -incluso- a acuerdos con Hitler y el nazismo. Si no fueron cómplices directos del Holocausto, si indirectamente al haber negociado con Hitler sin entender sus intenciones de eliminación del pueblo judío. El sionismo alcahueteó a Hitler al inicio sin comprender que éste lo que se proponía era la Solución Final.
“La Federación Sionista de Alemania envió un memorándum de apoyo al Partido Nazi el 21 de junio de 1933. En el mismo señalaba: «…un renacimiento de la vida nacional como el que se da en la vida alemana… debe tener lugar también en el grupo nacional judío. «Sobre las bases del nuevo estado (nazi) que ha establecido el principio de la raza, deseamos encajar nuestra comunidad en la estructura de conjunto de manera que también para nosotros, en la esfera a nosotros asignada, podamos desarrollar una actividad fructífera por la Patria…».” (Ídem).
“En julio de 1944 el dirigente judío eslovaco rabino Dov Michael Weissmandel, en carta a los funcionarios sionistas encargados de esas “organizaciones de rescate”, propuso una serie de medidas para salvar a los judíos condenados al exterminio en Auschwitz. Ofreció mapas exactos de los ferrocarriles y urgió el bombardeo de los ramales por donde transportaban a los crematorios a los judíos húngaros.
Pidió que se bombardeasen los hornos de Auschwitz, que se lanzasen en paracaídas municiones para 80.000 presos, que se lanzasen en paracaídas zapadores para volar todos los medios de aniquilación y poner fin así a la cremación de 13.000 judíos diarios.
En caso de que los aliados rechazasen la petición organizada y pública de las “organizaciones de rescate”, Weissmandel proponía que los sionistas, que disponían de fondos y organización, se agenciasen aviones, reclutasen a voluntarios judíos y realizasen el sabotaje.” (Ídem). El sionismo no actuó.
Enumerar otras acciones sionistas de complicidad con el fascismo y Hitler gastaría muchos párrafos.
Después de esto, en época previa al Estado de Israel, varias organizaciones sionistas se dedicaron al terrorismo contra los palestinos, pero también contra los británicos. De esa agua también han bebido.
Aprovechando que el mundo árabe está conformado por gran cantidad de minorías étnicas, los israelitas han sabido aprovechar esta circunstancia para poner a pelear a unos contra otros, ya sea en el Líbano, Siria, Jordania, Egipto o entre los mismos palestinos. Utilizando a una facción árabe contra otra, ha permito a los israelitas intervenir en esos países y otros, argumentando, en casi todas las oportunidades, que la seguridad del Estado de Israel está en peligro. La seguridad de Israel ha sido el gran argumento para intervenir en otros países, apropiarse de tierras, establecer colonias y, en general, mantener una política expansionista. Para este fin les ha resultado muy provechoso el financiamiento y la influencia sobre determinados sectores, étnicas o grupos de árabes. Así ha sido el caso de Hamás, que fue un grupo creado, financiado y orientado por Israel contra la OLP, como lo han reconocido sus propios dirigentes. Esta forma de actuar les ha permitido desunir al mundo árabe, pero, sobre todo justificar la expansión territorial y agitar la supervivencia o la seguridad del Estado de Israel.
Israel, mientras tanto con el pleno apoyo de EEUU y el gobierno de Trump, menosprecia a todo el mundo, sus leyes internacionales, sus organismos de convivencia y continúa con su política de exterminio del pueblo palestino. Los gobiernos, los estados, los organismos internacionales se han mostrado incapaces de detener este moderno Holocausto. No se atreven a romper el bloqueo que está condenando a la muerte por hambre a millones de personas.
La sociedad civil ha reaccionado. La flota de la libertad y la solidaridad que llegaría con víveres a Gaza ha sido secuestrada en aguas internacionales y otros grupos se movilizan hacia las fronteras de Gaza para luchar por la entrada de ayuda humanitaria.
Con estos antecedentes el sionismo debería ser condenado enérgicamente por el pueblo judío y no tenerlos al frente del Estado de Israel.
Una parte importante del mundo civilizado se mueve contra el Holocausto Palestino, contra el genocidio en Gaza.
Es momento de reaccionar. La equidistancia política o moral ya está superada; ahora se trata de la supervivencia de un pueblo, el de Palestina que tiene derecho a vivir.
El Movimiento Poético Mundial invita al público general a formar parte de la actividad: “Acción Poética por Gaza” este martes 10 de junio a las 7:00 p.m. en el restaurante Lobo Mestizo ubicado en San José.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho,Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com.
Mujeres de Yulchen Frontera, integrantes de la Resistencia Pacífica Ixquisis en contra del proyecto hidroeléctrico San Mateo en Guatemala. Imagen extraída de la nota de prensa «Defensores ambientales en Latinoamérica: rendirse no es un opción», Mongabay Latam, 31 de octubre del 2019, y reproducida en el medio digital LaMula (Perú).
El 27 de septiembre del 2025, el Acuerdo de Escazú cumplirá siete años desde que, en el marco de un evento paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas, fue oficialmente abierto a la firma y ratificación por parte de los Estados (véase texto completo del Acuerdo de Escazú).
Para el Día Internacional del Ambiente, celebrado en todo el mundo el pasado 5 de junio, Bahamas oficializó su adhesión a este valioso instrumento regional, sumándose así a los 17 Estados que ya han procedido a depositar su respectivo instrumento de ratificación (véanse la nota oficial del aparato diplomático de Bahamas y la nota oficial de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas / CEPAL).
Nótese que este mismo 5 de junio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas dedicó una larga infografía y un extenso texto al Acuerdo de Escazú, en homenaje a todos los defensores del ambiente de todo el mundo (véase enlace) y a sus derechos: una infografía que pone en alto el nombre de Costa Rica y el de uno de su cantones (Escazú) pasada totalmente desapercibida en… la misma Costa Rica.
Setiembre, junio, así como marzo, son meses que concentran muchas de las fechas escogidas por los Estados para proceder al depósito formal de su instrumento de ratificación en Naciones Unidas, como lo veremos en las líneas que siguen. Antes de éstas, la indiferencia de algunos Estados y la distancia que mantienen con el Acuerdo de Escazú merecen también una breve mención, dada la apremiante situación que viven muchas personas en América Latina, así como sus familiares, al alzar la voz en defensa del ambiente.
Acuerdo de Escazú, indiferencia de algunos decisores políticos, mientras aumenta la vulnerabilidad de los defensores del ambiente
En el caso específico de Costa Rica, es de indicar que el pasado 4 de marzo, el Acuerdo de Escazú celebró siete años desde su adopción, luego de nueve largas rondas de negociación (que duraron cinco años, siete meses y siete días): este nuevo aniversario pasó totalmente desapercibido en Costa Rica, con una indiferencia notoria de los medios de prensa costarricenses, así como en varios otros Estados de América Latina. Los cuales, conjuntamente con Costa Rica, fueron de los primeros en firmarlo en el mes de setiembre del 2018: siete años después, sus actuales autoridades, no consideran oportuno apoyar y mucho menos gestionar su aprobación legislativa.
En el mes de abril del 2025, se organizó en San Kitts y Nevis el tercer foro sobre las protección de los defensores del ambiente en el marco del Acuerdo de Escazú (véase enlace oficial de la CEPAL y agenda del evento). Los lineamientos y planes de acción ahí discutidos y adoptados, así como los acordados en el marco del segundo foro celebrado en Panamá en setiembre del 2023 (véase enlace a informe final) contrastan con la dura realidad que deben enfrentar los defensores del ambiente, en particular en Estados que persisten en mantenerse distantes del Acuerdo de Escazú.
Este extenso reportaje de abril del 2025 sobre la situación en Perú detalla el nivel de extrema vulnerabilidad e indefensión que enfrentan los defensores del ambiente peruanos. Este otro artículo publicado en Costa Rica en mayo del 2025 refiere a una situación muy similar que conocen quienes alzan la voz en defensa del ambiente. De igual manera en Centroamérica, esta nota de mayo del 2025 referente a la muerte de ecologistas en Guatemala y esta otra nota sobre el asesinato acaecido en Honduras de un reconocido defensor del ambiente en abril del 2025. En febrero del 2025 se informó de demandas penales en El Salvador contra opositores a proyectos mineros (véase nota de prensa). La ONG Amnistía Internacional emitió una alerta internacional sobre la suerte de un defensor del ambiente en Paraguay en el mes de abril del 2025 (véase enlace). En el caso de Brasil, la ONG Human Rights Watch emitió un informe en el que se pide a sus autoridades ratificar sin más preludios el Acuerdo de Escazú ante la ola de amenazas e intimidaciones así como asesinatos que sufren los defensores del ambiente, en particular en la región amazónica.
No obstante el desinterés por parte de Costa Rica y de algunos otros Estados, se debe recordar que, en América Latina, Colombia precedió a Bahamas: en efecto, Colombia culminó el 25 de septiembre del 2024 un largo proceso, al depositar formalmente ante la Secretaría General de Naciones Unidas, su instrumento de ratificación. Es de notar, a diferencia de otros depósitos del instrumento de ratificación, la presencia de las máximas autoridades colombianas en la delegación oficial presente en Nueva York para el acto formal de entrega de dicho instrumento de ratificación (véase artículo de prensa con foto de la misma).
Los supuestos «argumentos» en contra el Acuerdo de Escazú desnudados por la realidad económica en los Estados que ya lo han ratificado
Colombia se convirtió en el Estado Parte número 17 del Acuerdo de Escazú, y, desde el 5 de junio pasado, Bahamas en el Estado Parte Número 18 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones): en el caso de Colombia, ninguna de la previsiones catastróficas en materia económica que preveía el sector privado colombiano que acontecerían de aprobarse el Acuerdo de Escazú se ha observado (como, por cierto, en ninguno de los otro 16 Estados que ratificaron el Acuerdo de Escazú antes de Colombia).
En el caso de Chile que aprobó el Acuerdo de Escazú en el 2022, sus autoridades actuales de han mostrado particularmente comprometidas con el Acuerdo de Escazú, con una serie de lineamientos y de guías para el Estado elaboradas por sus autoridades ambientales (véase enlace oficial): tampoco en Chile se ha observado algún tipo de efecto negativo para la economía y para la competitividad de los productos de exportación chilenos, como lo sostenía de manera falaz la cúpula político-empresarial que gobernó a Chile durante el período 2018-2022.
En el caso de México que ratificó el Acuerdo de Escazú en el 2021 sin que ello tampoco afectara su economía, a finales del 2024 se adoptó oficialmente una guía con el fin de implementar lo dispuesto en el Artículo 9 en aras de reforzar la protección de los defensores del ambiente (véase documento), siguiendo lo establecido en marzo del 2024 en el Plan de Acción propuesto durante la COP3 por parte de Chile, Ecuador y Saint Kitts y Nevis (véase propuesta).
En el caso del Caribe anglófono, la reciente ratificación de Bahamas deja únicamente a Jamaica como Estado habiendo firmado más no ratificado el Acuerdo de Escazú, y a Trinidad y Tobago como el único Estado isleño anglófono en no haberlo tan siquiera firmado.
La ausencia de impactos negativos para las economías y las exportaciones de los Estados que ya han aprobado el Acuerdo de Escazú confirma lo que en su momento (2020) nos llevó a titular un artículo en Costa Rica de la siguiente manera:
» ‘¡Llegaron los mitos!’: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú» (Nota 1).
En una entrega anterior, nos permitimos incluso señalar el carácter súbito de la oposición de entidades gremiales del sector privado costarricense al Acuerdo de Escazú, al precisar en un artículo publicado en la prensa costarricense que:
«Estas repentinas objeciones, provenientes de estas tres entidades denotan algo raramente visto con relación al trámite de aprobación de un tratado internacional en Costa Rica: en efecto, no se tiene registro de una reacción similar en contra de un instrumento internacional en materia de ambiente o de derechos humanos que haya despertado tantas reacciones en su contra en Costa Rica en unas semanas. El calificativo usado de “repentinas”se explica en razón del hecho que durante la etapa inicial en la que la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate por unanimidad este mismo texto, en febrero del 2020, no se había desatado semejante ofensiva en contra del Acuerdo de Escazú. Tratándose del mismo texto, con las mismas disposiciones, cuesta entender qué pueden haber descubierto de tan preocupante y amenazante las cámaras entre el mes de febrero y noviembre de un mismo año» (Nota 2).
Costa Rica y el Acuerdo de Escazú
Como bien se sabe, el texto adoptado en Escazú ha sido descrito por numerosos especialistas como un instrumento jurídico moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental, y ello desde muy diversas perspectivas y disciplinas (Nota 3).
En Costa Rica, la Universidad de Costa Rica (UCR) fue de las primeras entidades públicas en recomendar su ratificación al Poder (véase pronunciamiento del 6 de mayo del 2021). Desde entonces han sido numerosos los llamados en este sentido a las máximas autoridades costarricenses por parte de diversos sectores sociales y académicos, a los que se pueden añadir los de diversos relatores especiales de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, los de órganos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como los de la misma OCDE en el mes de octubre del 2023, reiterando varios llamados anteriores hechos a Costa Rica (véase nota del medio digital Delfino.cr). En mayo del 2025, fue la REDESCA de la OEA la que le recordó expresamente a Costa Rica un asunto pendiente denominado Acuerdo de Escazú (véase nota de Delfino.cr).
Pese a estos diversos llamados, la clase política costarricense se ha mostrado incapaz de redireccionar las cosas, de cara a una futura aprobación del Acuerdo de Escazú. En cuanto a las organizaciones ecologistas, se ha observado cierta apatía de varias de ellas con relación al Acuerdo de Escazú en los últimos años. Un reciente número de la Revista Costarricense de Derecho de marzo del 2025 (véase enlace) dedicado al Acuerdo de Escazú que reúne artículos de varios especialistas costarricenses viene, desde la academia, a recordar la importancia de este instrumento internacional, y paliar al olvido en el que pareciera haber caído el Acuerdo de Escazú para algunas entidades ecologistas.
Un foro realizado en febrero del 2023 con dos eminentes especialistas costarricenses del derecho ambiental, titulado “Acuerdo de Escazú, ¿qué sigue?” y auspiciado por el medio digital costarricense LaRevista.cr (véase enlace) explicó de manera muy detallada los alcances del archivo por parte de la Asamblea Legislativa del Acuerdo de Escazú en febrero del 2023: reiteró, de paso, la poca solidez de los supuestos «argumentos» difundidos en contra del Acuerdo de Escazú por varias cámaras empresariales costarricenses. Se invita desde ya a nuestros estimables lectores a escuchar (y a reescuchar) este importante espacio de discusión y análisis, que permitió desnudar las maniobras y zancadillas de diversa índole que ha tenido que sufrir el Acuerdo de Escazú en Costa Rica en los últimos años, incluyendo las propinadas por la misma Sala Constitucional en dos ocasiones.
Breve recuento sobre la tramitación que se observó en Colombia
Desde el 5 de noviembre del 2022, luego de que ambas cámaras del Congreso colombiano aprobaron el texto del Acuerdo de Escazú, el Poder Ejecutivo colombiano estuvo esperando pacientemente la decisión de la Corte de Constitucionalidad, la cual se tomó casi dos años para declararse a favor del Acuerdo de Escazú (Nota 4).
No se tiene información sobre las razones exactas por las que el estudio de este tratado internacional por parte de los magistrados constitucionales colombianos se extendió por tanto tiempo. Para tener idea de los plazos, podemos mencionar que:
– la ley de aprobación de la Convención Belém do Para para sancionar y prevenir la violencia contra las mujeres fue sancionada por el Poder Ejecutivo el 29 de diciembre del 1995 y la Corte de Constitucionalidad emitió su sentencia el 4 de septiembre de 1996 (véase sentencia);
– la ley aprobando el acuerdo bilateral de promoción comercial con Estados Unidos fue sancionada el 7 de julio del 2007 por el Poder Ejecutivo, y la Corte de Constitucionalidad emitió su sentencia el 24 de julio del 2008 (véase texto);
– la ley aprobando la Convención del 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas fue sancionada por el Ejecutivo colombiano el 31 de julio del 2009 y la sentencia del juez constitucional viene con fecha del 21 de abril del 2010 (véase texto).
En el caso del Acuerdo de Escazú, la espera fue mucho mayor: en efecto, sancionada por el Poder Ejecutivo el 5 de noviembre del 2022, fue tan solamente el 28 de agosto del 2024 que la Corte de Constitucionalidad dio a a conocer su decisión favorable con respecto a la ley de aprobación del Acuerdo de Escazú: véanse el comunicado oficialde las autoridades ambientales de Colombia y el comunicado oficial de la justicia constitucional colombiana que también merece ser revisado (disponible en este enlace).
Colombia vino así a sumarse a los 16 Estados que ya lo habían ratificado, entre los cuales figuraban – a setiembre del 2023 – Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay.
A la fecha en América Latina, se mantienen distantes, al haber firmado el Poder Ejecutivo más no aprobado el Acuerdo de Escazú (atribución del Poder Legislativo), los siguientes Estados: Brasil, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Es de notar que fueron los primeros Estados en firmar el Acuerdo de Escazú, el 27 de septiembre del 2018, conjuntamente con otros siete Estados, en Nueva York.
Entre los Estados que ni tan siquiera lo han firmado cuando podían hacerlo (un acto que figura entre las atribuciones del Poder Ejecutivo), persisten al momento de redactar estas líneas (7 de junio del 2025) en no «adherir» al Acuerdo de Escazú (al haberse establecido un plazo para su «firma«, el cual venció en el 2020): Cuba, El Salvador, Honduras, Surinam, Trinidad y Tobago así como Venezuela.
Fechas insígnes escogidas para depositar un instrumento de ratificación
Nótese que Bahamas logró depositar el instrumento de ratificación el mismo día en el que se conmemora mundialmente el Día Internacional del Ambiente (5 de junio), demostrando su aparato diplomático una gran destreza y precisión. En el caso de Chile (13 de junio), posiblemente sus autoridades buscaron depositar el instrumento de adhesión el 5 de junio del 2022, sin contar con los tiempos y plazos internos vigentes dentro del aparato diplomático de Chile.
En el caso de Colombia (al igual que Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis y Uruguay en el 2019), la cancillería colombiana optó por depositar formalmente el instrumento de ratificación en una fecha cercana al 27 de septiembre: se trata, como indicado con anterioridad, del día en que formalmente este instrumento regional fue abierto a la firma de los Estados en Naciones Unidas, con ocasión de una ceremonia protocolaria realizada durante en evento paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas, el 27 de septiembre del 2018
Otros Estados en cambio, escogieron una fecha cercana al 4 de marzo (fecha en que se adoptó dicho instrumento en Costa Rica en el 2018) para proceder formalmente al depósito del instrumento de ratificación en Naciones Unidas: Belice en el 2023, así como Nicaragua y Panamá (2020).
Es de destacar la perfecta coordinación entre los aparatos diplomáticos de Argentina y de México para depositar el mismo 22 de enero del 2021 su respectivo instrumento de ratificación ante la Secretaría General de Naciones Unidas, permitiendo así que la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú (ambos Estados siendo la ratificación necesaria número 11) se materializara para la celebración del Día de la Tierra, el 22 de abril del 2021. Raramente se ha observado en Naciones Unidas una coordinación tan esmerada entre dos aparatos diplomáticos para depositar de manera conjunta su respectivo instrumento de ratificación.
El Acuerdo de Escazú: viento en popa
Pese a la nula cobertura periodística en medios nacionales en Costa Rica sobre la adhesión de Bahamas registrada en este mes de junio del 2025, resulta también oportuno indicar que conoció similar suerte en los medios costarricenses la tercera Conferencia de Estados Partes al Acuerdo de Escazú (COP3), la cual se realizó en Santiago de Chile en abril del 2024 (véase documento preparatoriode marzo del 2024).
Entre otras decisiones, se aprobó el Plan de Acción sobre Defensora y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales (véase decisión y el documento titulado Plan de Acción), en gran medida a partir de los numerosos insumos recabados durante el II foro de Defensoras y Defensores realizado en la ciudad de Panamá en septiembre del 2023 (véase informe final).
En el mes de abril del 2023, la COP2 se realizó en Buenos Aires, Argentina (véase informe final). Habíamos tenido la oportunidad de saludar, entre otros aspectos, el regreso de Chile en el 2023, como Estado Parte: véase nuestro artículo titulado «Acuerdo de Escazú: una segunda COP más que exitosa» publicado en el medio digital costarricense Delfino.cr.
En esta COP2 realizada en Argentina, los Estados Partes escogieron a los integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, el órgano de expertos independientes, que crea el mismo tratado en su artículo 18 (véase enlace).
Para completar esta secuencia, la primera COP se reunió en abril del 2022 en Santiago de Chile (véaseprograma), contando en aquel momento el Acuerdo de Escazú con 12 Estados Partes, a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas así como Uruguay. En este enlace se puede consultar el informe final – de más de 70 páginas – de esta primera e histórica cita para el Acuerdo de Escazú y la gobernanza ambiental en América Latina y el Caribe.
El éxito de este instrumento jurídico de vanguardia se evidencia no solamente con las decisiones tomadas en sus primeras tres Conferencias de Estados Partes: también al revisar los insumos reunidos para garantizar una correcta aplicación, elaborados desde la misma CEPAL (Comisión Económica para América Latina) en una valiosa guía de implementación del Acuerdo de Escazú, la cual fue presentada formalmente en abril del 2022 (texto completo disponible aquí): para cada artículo, los Estados y las organizaciones de la sociedad civil, así como otros actores, disponen de un detallado análisis que los invita a acciones de muy diversa índole.
En lo que respecta específicamente a la implementación, Chile es posiblemente el Estado que más esfuerzos está realizando desde que es Estado Parte al Acuerdo de Escazú. Incluso sus actuales autoridades ambientales realizaron un encuentro para celebrar los seis años del Acuerdo de Escazú (desde su apertura a firmas de Estados en Naciones Unidas), el 25 de septiembre del 2024 (véase enlace): se trata de una actividad más que viene a añadirse a una serie de iniciativas reunidas en este enlace especial sobre el Acuerdo de Escazú que mantienen sus autoridades ambientales desde su sitio oficial. Sin lugar a dudas, estas valiosas iniciativas en Chile deberían poder inspirar a muchos otros Estados Partes al Acuerdo de Escazú.
En octubre del 2023, Argentina por su parte se dotó de un verdadero «Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú» (véase documento), precedido por una «Ruta hacia la implementación / Argentina» elaborada desde la misma CEPAL (véase documento).
Resulta oportuno indicar que en el mes de mayo del 2024, la misma CEPAL puso a disposición del público y de los Estados una innovadora herramienta digital de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú: véase enlace a dicha plataforma.
Los notables avances en el Sur de América con relación al Acuerdo de Escazú pueden ser contrapuestos a la total falta de iniciativa gubernamental en Centroamérica para proteger a quienes alzan la voz en defensa del ambiente y resguardar sus derechos.
La persistente e inexplicable ausencia de Costa Rica
Resulta de cierto interés, en el caso de Costa Rica, recordar su persistente ausencia como Estado Parte al Acuerdo de Escazú, adoptado en marzo del 2018 en … Costa Rica, luego de haber coliderado con Chile las negociaciones (Nota 5).
Es de notar desde ya que durante los largos meses en los que examinó el Acuerdo de Escazú, la Corte de Constitucionalidad de Colombia no encontró ninguno de los extraños «hallazgos» del Poder Judicial de Costa Rica para dificultar su tramitación, a los que referimos en nuestro precitado artículo y en otro artículo anterior sobre los verdaderos «mitos» creados por algunos sectores en contra del Acuerdo de Escazú en Costa Rica (Nota 6).
Tampoco un solo magistrado colombiano detectó amenaza alguna en materia penal con un supuesto riesgo que significaría la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental: un supuesto «argumento» presentado como tal por diversas cámaras empresariales costarricenses y una magistrada de la Sala Constitucional (Nota 7).
Ya habíamos tenido la ocasión, en el 2023, de concluir que la soledad del Poder Judicial costarricense en América Latina es latente, al precisar que:
«Raramente un criterio interpretativo tan erróneo como equivocado de los jueces costarricenses ha quedado en evidencia de tan singular manera. Y raramente el criterio disidente (y solitario) de un magistrado de la Sala Constitucional se ha visto tan confortado por la práctica en otros Estados luego de haber sido externado (marzo del 2020)» (Nota 8).
El hecho que en ninguno de los 16 Estados que antes de Colombia, han ratificado el Acuerdo de Escazú, se haya observado alguna traba en sus respectivas economías o algun tipo de freno en proyectos de infraestructura, debiera de llamar a la reflexión a algunos sectores en Costa Rica: en particular unos cuantos, propensos a repetir como ciertos, supuestos «argumentos» ventilados desde un sector del gremio empresarial en contra de este valioso instrumento regional.
Manifestación contra el Ministerio de Salud, 21 de agosto del 2008, con la presencia de la Ministra de Salud, Maria Luisa Avila, sobre el intento – algo original – de las autoridades de salud de legalizar el bromacil en el agua potable (no es ninguna broma, así como se lee, legalizar el bromacil en el agua potable) de varias comunidades afectadas por la insensata expansión de la piña de exprotación MD2 (o «Sweet Gold») en la región de Siquirres. En el 2011, las autoridades sanitarias rehuyeron un debate público en la misma UCR (véase nota). En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió finalmente el uso de bromacil en Costa Rica. Foto perteneciente a los archivos del autor. Se leyó en el 2009 por parte de la misma titular de Salud que: «Los del IRET se han negado a dar los nombres de los niños, con el argumento de la confidencialidad, lo cual en lo personal me parece un absurdo en estos casos. En lo personal y como Ministra me parece una barbaridad» (véase artículo del Semanario Universidad titulado «Revelación de agroquímicos en orina de menores genera disputa»).
Cabe indicar que fueron varios los intentos en aras de debatir públicamente estos «argumentos» difundidos por cámaras empresariales con académicos y especialistas en materia ambiental y que todos fracasaron: primero en el mes de abril del 2021 con un espacio auspiciado por el medio digital costarricense Delfino.cr, luego en mayo del 2021 con un debate organizado desde la UCR (véase también comunicado oficial de la UCR), así como en junio del 2021 desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica. Al tratarse de foros virtuales en los que se solicitaba a las organizaciones de la empresa privada conectar a sus representantes a una hora determinada en una fecha fijada con antelación, las razones esgrimidas para no asistir plantean interrogantes muy válidas. Al parecer, enviar comunicados a los congresistas en contra el Acuerdo de Escazú (como por ejemplo esta carta de febrero del 2022 suscrita por varias importantes corporaciones del sector privado costarricense) y rehuir constantemente el debate público sobre sus supuestos «argumentos» es la tónica de algunos en Costa Rica.
Centroamérica y el Acuerdo de Escazú
No está de más indicar que la no aprobación por parte de Costa Rica produce efectos más allá del territorio costarricense, al ofrecer un inesperado argumento a los detractores al Acuerdo de Escazú en Centroamérica, en particular en Guatemala, en El Salvador y en Honduras.
Se trata de Estados centroamericanos que ya sea:
– persisten en no ratificarlo como Guatemala, el cual además, en el 2022 notificó una peculiar solicitud al Secretario General de Naciones Unidas, nunca observada con anterioridad con relación a un tratado sobre derechos humanos por parte de un Estado en América Latina. El único precedente similar encontrado refiere a notificaciones similares remitidas por Estados Unidos e Israel a Naciones Unidas en el 2002 para «retirar» su firma al Estatuto de Roma adoptado en 1998 (Nota 9);
– o bien, de Estados que tan siquiera lo han firmado (caso de El Salvador y Honduras).
En el caso de Guatemala, no se dispone de información para saber qué motivó semejante acción en diciembre del 2022 por parte de sus autoridades diplomáticas: se intuye que se trata de alguna oscura «leyenda» fabricada por asesores jurídicos del sector empresarial guatemalteco a finales del 2022 en contra del Acuerdo de Escazú.
Con relación a Costa Rica, no está de más señalar que, en un artículo de la publicación especializada costarricense Ojo al Clima, de abril del 2021, sobre los alcances del Acuerdo de Escazú y las contradicciones, malinterpretaciones y fantasías creadas por algunos, en relación con su contenido, se lee algo muy llamativo que desde el mes de abril del 2021, ameritaría algunas aclaraciones. En efecto, la negociadora del Acuerdo de Escazú por parte de Costa Rica, la exviceministra de Ambiente costarricense, Patricia Madrigal Cordero, señala con respecto a una magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández, lo siguiente:
«La obstaculización del Poder Judicial al proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú ha sido negativa en muchos sentidos. Primero, se aparta del criterio de servicio técnicos de la Asamblea Legislativa, que dijo que no se estaba ante la situación descrita en el artículo 167 de la Constitución Política y también se aparta del criterio de servicios técnicos del Poder Judicial, que considera que este proyecto de ley no afecta de manera orgánica al funcionamiento del Poder Judicial y menos tratándose de un tratado de derechos humanos, continuó la exviceministra. Segundo, la magistrada Nancy Hernández, en una nota, manifiesta sus preocupaciones interpretativas del Acuerdo de Escazú que coincidentemente son las mismas que ha encontrado la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para oponerse al proyecto, añadió Madrigal».
Una «aclaración» dada a conocer por la precitada magistrada constitucional y grabada durante un evento académico en la Facultad de Derecho de la UCR, plantea aún más dudas y evidencia su desconocimiento de la normativa ambiental vigente en Costa Rica y de los principios que la rigen (véase este documental del 2021 sobre el Acuerdo de Escazú producido por la UCR, a partir del minuto 4:56). Se lee en la parte final de este documental (unos de los pocos existentes en Costa Rica sobre el Acuerdo de Escazú) una frase que inicia señalando que «La Magistrada Hernández declinó dar declaraciones para este documental…«, minuto 8:45).
A modo de conclusión
Más allá de las extrañas coincidencias entre la UCCAEP y las preocupaciones de la precitada magistrada constitucional, el hecho que, a casi siete años de la apertura a la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, Costa Rica se mantenga distante con este valioso instrumento plantea algunas interrrogantes muy válidas: su imagen internacional en el ámbito ambiental ha resultado bastante dañada desde que la Asamblea Legislativa archivó el proyecto de ley de aprobación del Acuerdo de Escazú, en el mes de febrero del 2023 (Nota 10).
El deterioro se ha ido confirmando en los últimos años, con autoridades ambientales sumamente cuestionadas en meses recientes. En una comparecencia relacionada a la polémica del momento en este segundo semestre del 2024 en Costa Rica, Gandoca Manzanillo (Nota 11), la máxima autoridad ambiental el 6 de agosto del 2024 (véase video) denotó un desconocimiento bastante preocupante con relación a las amenazas recibidas en el Caribe Sur por activistas y miembros de organizaciones sociales: véase el «a mí no me consta» que se oye de su parte al minuto 1:52:01 y que repite en tres ocasiones frente a los integrantes de la comisión legislativa.
En el ámbito local, son recurrentes las acciones judiciales ante la negativa de las autoridades municipales de entregar información de carácter público sobre proyectos susceptibles de tener efectos negativos para el ambiente (véase, entre muchos otros casos, enlace a esta reciente acción legal – septiembre del 2024 – interpuesta contra el alcalde de San Rafael de Heredia por la ONG Conceverde). Ello sin mencionar el otorgamiento en modo «express» e inconsulto de permisos municipales para proyectos polémicos en distintas comunidades (véase por ejemplo nota del 2016 sobre el otorgamiento de permisos municipales a una planta asfáltica en San Miguel de Santo Domingo de Heredia).
A pesar del espectáculo bastante particular que Costa Rica ofrece a observadores de la vida internacional interesados en cuestiones ambientales, los principios rectores del Acuerdo de Escazú encontrarán a partir de ahora en Bahamas, así como previamente en Colombia, un terreno fértil ante la apremiante situación que conocen muchos líderes ecologistas y jefes de pequeñas comunidades rurales y/o indígenas (en particular colombianas), al alzar la voz en defensa del ambiente.
Para las autoridades ambientales colombianas, el acceso a información de carácter público en materia ambiental constituye un esfuerzo recientemente materializado en marzo del 2024 y que debería poder ser saludado y replicado en otras partes del continente americano (véase publicación oficial titulada «Política de transparencia y acceso a la información pública«).
Después de Chile, en donde también la cúpula político-empresarial había logrado suscitar temores infundados en contra del Acuerdo de Escazú, a partir de supuestos «argumentos» entre el 2018 y el 2021, Colombia logró sumarse a los Estados en favor de una gobernanza ambiental mucho más inclusiva y participativa en América Latina, a los que ahora se une decididamente Bahamas.
Con relación al resto de América Latina, es de esperar que el sostenido esfuerzo de la sociedad civil colombiana, articulado con el sector académico y con otros sectores de la sociedad colombiana en favor del Acuerdo de Escazú (Nota 12), que logró paulatinamente explicar lo falaz que resultaban muchos de los mitos y leyendas creados en contra de la protección de quienes defienden el ambiente, se logre replicar en un futuro en otras latitudes del continente americano, en particular en Centroamérica, pero también en el Sur del continente.
– – Notas – –
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «» ‘¡Llegaron los mitos!’: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú«, Sección Voz experta, UCR, edición del 17 de diciembre del 2020. texto integral disponible aquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «El Acuerdo de Escazú: a propósito de recientes comunicados en contra de su aprobación«, Delfino.cr, edición del 29 de noviembre del 2020. Texto integral disponibleaquí.
Nota 3: Véase por ejemplo PEÑA CHACÓN M., “Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental“, Delfino.cr, edición del 17 de abril del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a tres valiosas (y algo voluminosas) publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y de su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: ATILIO FRANZA J. & PRIEUR M. (dir.), Acuerdo de Escazú: enfoque internacional, regional y nacional, Editorial Jusbaires, Buenos Aires, 2022, 670 págs. Obra disponible de manera integral en este enlace; así como BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL / Universidad del Rosario (Colombia), 298 págs. Obra completa disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI, 330 págs., 2020, Universidad del Litoral (Argentina). Obra completa disponible en este enlace.
Nota 4: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «Acuerdo de Escazú: Colombia a muy poco de ser oficialmente Estado Parte después de Chile (2022), Argentina y México (2021).Apuntes desde Costa Rica«, editada el 26 de octubre del 2022. Texto disponible aquí.
Nota 5: Remitimos a nuestros estimables lectores a BOEGLIN N., «Costa Rica y el Acuerdo de Escazú: historia de una persistente ausencia«, Revista de Ciencias Ambientales (UNA, Heredia), Vol. 58 (2024), pp.1-11. Texto completo del artículo disponible aquí.
Nota 6: Véase la emisión a la que fuimos invitados en Hablemos de Derecho Internacional (HDI) titulada «Desmitificando el Acuerdo de Escazú«, 6 de febrero del 2021, disponible en este enlace. Así como BOEGLIN N., » ‘¡Llegaron los mitos!’: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú«, Sección Voz Experta, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), 16 de diciembre del 2020. Texto disponible aquí. Con relación al carácter insólito del hallazgo hecho por el Poder Judicial, que al parecer no ha despertado mayores críticas en Costa Rica, remitimos al subtítulo «La profunda soledad del Poder Judicial costarricense en América Latina» en nuestro artículo publicado en el sitio jurídico especializado de DerechoalDia, en su edición del 17 de noviembre del 2022.
Nota 7: Sobre el principio de inversión de la carga en materia ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú que una magistrada costarricense de la Sala Constitucional interpretó de manera completamente errónea en un voto en marzo del 2020, véase una acérrima crítica recientemente dada a conocer, cuya lectura completa se recomienda: CHINCHILLA-CALDERÓN R., «Principio de inocencia, ‘carga de la prueba’ penal, delitos ambientales y Acuerdo de Escazú«, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 2024. Texto completo disponible aquí.
Nota 8: Véase BOEGLIN N., «Acuerdo de Escazú: viento en popa. Corte Interamericana de Derechos Humanos lo incopora, mientras persiste insólita ausencia de Costa Rica«, Portal de la UCR, Sección Voz Experta, edición del 10 de abril del 2023. texto disponible aquí.
Nota 9: En una carta bastante singular, raramente observada en Naciones Unidas, se lee textualmente que Guatemala el 20 de diciembre del 2022, envió la siguiente notificación a Naciones Unidas en la que anuncia que no tiene intención alguna de ser en el futuro Estado parte (véase parte baja de este enlace):
«In a communication received on 20 December 2022, the Government of Guatemala informed the Secretary-General of the following: «I have the honour to write to you in reference to the Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean, also known as the Escazú Agreement, adopted in Escazú on 4 March 2018 and signed by the Republic of Guatemala on 27 September 2018.The Republic of Guatemala officially informs you, as depositary of the Escazú Agreement, that it does not intend to become a party to the Agreement. Its signing of the Agreement shall not, therefore, give rise to any legal obligations for the Republic of Guatemala, in accordance with international law«.
Los especialistas en paralelismos de forma podrán comparar la extraña carta de Guatemala del 2022 con la (igualmente extraña) carta enviada por Israel al solicitar en el 2002 que su firma al Estatuto de Roma de 1998 que crea la Corte Penal Internacional (CPI) no surta efecto alguno. Se lee (véase parte final del estado oficial de firmas y ratificaciones del Estatuto de Roma, punto 4) que:
«In a communication received on 28 August 2002, the Government of Israel informed the Secretary-General of the following: «…..in connection with the Rome Statute of the International Criminal Court adopted on 17 July 1998, […] Israel does not intend to become a party to the treaty. Accordingly, Israel has no legal obligations arising from its signature on 31 December 2000. Israel requests that its intention not to become a party, as expressed in this letter, be reflected in the depositary’s status lists relating to this treaty.«
El paralelismo de formas puede orientarse a la técnica del «cut and paste» al revisarse una carta similar de Estados Unidos en mayo del 2022, siempre a propósito del Estatuto de Roma y que se lee en el punto 14 en la parte final del estado oficial de firmas y ratificaciones:
«In a communication received on 6 May 2002, the Government of the United States of America informed the Secretary-General of the following: «This is to inform you, in connection with the Rome Statute of the International Criminal Court adopted on July 17, 1998, that the United States does not intend to become a party to the treaty. Accordingly, the United States has no legal obligations arising from its signature on December 31, 2000. The United States requests that its intention not to become a party, as expressed in this letter, be reflected in the depositary’s status lists relating to this treaty”.
Nota 10: El archivo por parte de la Asamblea Legislativa, el 1ero de febrero del 2023, del expediente legislativo sobre la aprobación del Acuerdo de Escazú (véase al respecto nuestra nota) ha dañado sustancialmente la imagen de Costa Rica en el exterior: fueron varios los titulares en la prensa internacional del pasado mes de febrero del 2023 haciendo ver la incongruencia de Costa Rica en materia ambiental (véase por ejemplo este artículo publicado en El Mundo (España) titulado «Costa Rica resta puntos como ´país verde´ «; o bien esta nota de France24 titulada «Costa Rica, promotor del Acuerdo de Escazú sobre medioambiente, lo deja morir«; o esta nota publicada en GoodPlanet Mag titulada «Le Costa Rica fait passer à la trappe un traité de défense de l environnement«; o este cable de la agencia internacional AFP replicado en El Observador de Uruguay empleando la palabra «retroceso«). De factura más reciente este artículo titulado «Lauded as Green Model, Costa Rica Faces Unrest in Its Forests» publicado desde la Universidad de Yale en Estados Unidos detalla esta y otras inconsistencias de Costa Rica en materia ambiental. Desde Naciones Unidas, el mismo Relator Independiente sobre Derechos Humanos y Ambiente no tardó en hacer ver su profundo malestar con esta decisión de la Asamblea Legislativa de Costa Rica de archivar este expediente legislativo (véase nota publicada en el medio digital costarricense Delfino.cr). Tal y como se indicaba en una nota publicada por el Semanario Universidad en la misma fecha del 1ero de febrero, al no aprobar el Acuerdo de Escazú: «Costa Rica está perdiendo toda credibilidad internacional, al estar dándole la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior, como lo son derechos humanos y ambiente«.
Nota 11: Con relación a la última propuesta, algo ocurrente, de las máximas autoridades ambientales de Costa Rica, véase BOEGLIN N., «Gandoca / Manzanillo:las obligaciones jurídicas que implica la Convención Ramsar para Costa Rica«, editada el 11 de septiembre del 2024. Texto completo disponible aquí.
Nota 12: Véase esta valiosa publicación editada en Colombia y titulada Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú, así como este enlace de la Universidad del Rosario, y, desde el sector académico este muy completo artículo MUÑOZ AVILA L. & LOZANO AMAYA M.A. «La democracia ambiental y el Acuerdo de Escazú en Colombia a partir de la Constitución ecológica de 1991«, Revista Derecho del Estado, Número 50 (Sept.-Dic. 2021), pp. 165-200. El texto integral de este extenso artículo está disponible aquí. Desde el sector de la comunicación, el talentoso equipo colombiano de La Pulla elaboró un video titulado “La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas” (véase enlace ), el cual responde a la gran cantidad de argumentos totalmente falaces en contra de este instrumento regional, desmenuzando de manera extremadamente ingeniosa muchos de los razonamientos oídos no solamente en Colombia: se trata de verdaderos mitos y leyendas, escuchados en varios otros Estados del continente americano en contra del Acuerdo de Escazú, y que cuentan con influyentes adeptos en el sector empresarial y relevos no menos influyentes en un sector de la prensa corporativa. No está de más referir también a esta opinión jurídica de la ONG colombiana DeJusticia a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en octubre del 2023 (véase texto).
La Red de Solidaridad con Palestina en Costa Rica convoca a una protesta pacífica este lunes 9 de junio a las 4 p.m. frente a la Casa Amarilla, sede de la Cancillería. El objetivo de la manifestación es exigir la liberación de las personas secuestradas durante la misión humanitaria de la Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza.
La manifestación se enmarca en la reciente interceptación del barco humanitario Madleen por parte de fuerzas israelíes, mientras transportaba ayuda hacia Gaza como parte de la Flotilla de la Libertad. El abordaje ocurrió en aguas internacionales y ha sido ampliamente denunciado por organizaciones defensoras de derechos humanos.
A bordo del barco hay ciudadanos de Alemania, Francia, Brasil, Turquía, Suecia, España y Países Bajos, y las personas activistas tenían previsto llegar a la Franja de Gaza la mañana del lunes.
Las personas civiles se dirigían a un centro de distribución de ayuda al oeste de Rafah, en el sur de Gaza, gestionado por la Fundación Humanitaria de Gaza.
Dr. Adrián Cáceres Chacón Especialista en Neurocirugía Miembro Correspondiente de ACANAMED
Cada 8 de junio se conmemora el Día Internacional de los Tumores Cerebrales, una fecha que no solo busca concienciar sobre la gravedad y complejidad de esta enfermedad, sino también resaltar la importancia de la investigación y el apoyo a los pacientes y sus familias. Este día es una oportunidad para reflexionar sobre los avances científicos, los desafíos que aún persisten y la necesidad de una acción global coordinada para mejorar los tratamientos y el diagnóstico de los tumores cerebrales especialmente en los países de ingresos medianos y bajos.
La magnitud del problema
Los tumores cerebrales pueden tener comportamientos diversos y ser biológicamente benignos o malignos, sin embargo, su impacto en la salud del paciente depende de diversos factores como su localización, tamaño y agresividad. A nivel mundial, los tumores cerebrales representan la principal causa de muerte por cáncer en niños y adultos jóvenes. Así mismo, más allá de la mejoría en las tasas de sobrevida que son factibles cuando su diagnóstico y tratamiento son oportunos, son responsables de discapacidad permanente con profundos impactos individuales, familiares y sociales. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que cada año se diagnostican alrededor de 250,000 nuevos casos de tumores cerebrales y del sistema nervioso central.
Los tumores cerebrales pueden originarse dentro del tejido nervioso o pueden crecer a partir de los nervios periféricos y membranas que recubren el sistema nervioso central. Más de 100 años después de la introducción de la neurocirugía, los tumores cerebrales (gliomas) de alta malignidad tanto en niños como adultos siguen sin una respuesta adecuada para su cura, con sobrevidas desgraciadamente cortas después de su aparición a pesar de todos los avances en cirugía, radioterapia y quimioterapia.
Desafíos en el diagnóstico y tratamiento
El diagnóstico temprano de los tumores cerebrales es crucial para mejorar las tasas de supervivencia. Sin embargo, la sintomatología puede ser inespecífica y variar ampliamente, desde dolores de cabeza y convulsiones hasta cambios en la personalidad y problemas de memoria. Estos síntomas suelen ser atribuidos a otras enfermedades más comunes, lo que retrasa la detección y el tratamiento adecuado.
Una vez diagnosticado, el tratamiento de los tumores cerebrales puede incluir cirugía, radioterapia y quimioterapia. Sin embargo, la ubicación del tumor en el cerebro y la distorsión que estos producen en las estructuras cerebrales representan retos para la cirugía y aumentan el riesgo de daño a las funciones neurológicas críticas. Además, muchos tumores cerebrales son resistentes a los tratamientos convencionales, lo que subraya la necesidad de desarrollar nuevas terapias más efectivas.
Avances en la investigación
En los últimos años, se han logrado avances significativos en la investigación de los tumores cerebrales. La medicina de precisión, que utiliza información genética para guiar el tratamiento, está comenzando a transformar el enfoque hacia estos tumores. Los estudios sobre la biología molecular de los tumores cerebrales han identificado nuevas dianas terapéuticas y han permitido el desarrollo de fármacos más específicos.
La inmunoterapia, que ha mostrado resultados prometedores en otros tipos de cáncer, también se está explorando como una opción para los tumores cerebrales. Los ensayos clínicos están investigando el uso de vacunas y tratamientos basados en células T para estimular el sistema inmunológico del paciente a atacar las células tumorales.
Además, las técnicas avanzadas de imagenología, como la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones (PET), están mejorando la precisión en el diagnóstico y la planificación del tratamiento, permitiendo a los médicos evaluar con mayor exactitud la extensión y la actividad del tumor para realizar cirugía más radical y segura.
La importancia del apoyo y la educación
El impacto de un diagnóstico de tumor cerebral va más allá del paciente, afectando profundamente a sus familias y seres queridos. El apoyo psicológico y social es esencial para ayudar a los pacientes y sus familias a enfrentar los desafíos emocionales y prácticos que acompañan a esta enfermedad. Organizaciones sin fines de lucro, grupos de apoyo y recursos educativos juegan un papel vital en proporcionar la información y el apoyo necesario.
La educación y la concienciación pública también son fundamentales para promover la detección temprana y el tratamiento adecuado. Campañas informativas y programas de educación en salud pueden ayudar a la población general a reconocer los síntomas tempranos y buscar atención médica oportuna particularmente en niños.
El Día Internacional de los Tumores Cerebrales nos recuerda la urgencia de continuar la lucha contra esta devastadora enfermedad. A través de la investigación continua, el desarrollo de nuevos tratamientos y el apoyo integral a los pacientes y sus familias, podemos avanzar hacia un futuro donde los tumores cerebrales sean más fácilmente tratables y, en última instancia, curables. La colaboración global y el compromiso con la innovación y la educación son clave para alcanzar este objetivo y mejorar la calidad de vida de aquellos afectados por esta enfermedad.
Dr. Mario Sánchez Arias Especialista en Cirugía General, Terapia Intensiva y Nutrición Clínica Miembro de Número de ACANAMED
Sin órganos no hay trasplantes
No hay pacientes trasplantados, si no hay órganos donados disponibles, de modo que no se puede hablar de trasplantado sin donantes.
La donación de órganos en nuestro país es crítica (muy baja), si se compara con los países que lideran a nivel mundial el proceso de donación y trasplante como España por ejemplo, que tiene cifras de donación en algunas regiones de 35-40 donadores por millón de habitantes, siendo la de Costa Rica por mucho alrededor de 5-6 por millón de habitantes.
Todos los tipos de trasplantes más usuales como riñón, hígado, corazón, pulmón, tienen en Costa Rica listas de espera importantes de más de 12 meses y desgraciadamente una pérdida de potenciales receptores en lista de alrededor de un tercio.
Nuestro país si bien ha progresado mucho en el campo de los trasplantes, desde los años 80s y 90s en que se empezó con esta terapéutica, con leyes de donación (9222), con su respectiva reglamentación del año 2016, una política de donación y trasplantes aprobada por el Seguro Social del 2012, una participación activa y transparente del Ministerio de Salud en el tutelaje y distribución de los órganos donados; todavía tenemos un rezago importantísimo en todos los procesos de donación y trasplante debido principalmente a que se ha comprendido mal la actividad de trasplante y no se le ha propulsado como se requiere y más bien se le ha puesto muchísimas trabas de corte administrativo al desarrollo de todo el potencial de los profesionales que pujan por mejores condiciones y mejor gestión en materia de trasplantes.
El país está trabajando con órganos donados de dos fuentes: por donadores vivos, es decir personas que por altruismo deciden donar un órgano o parte de un órgano para que sea implantado en un enfermo terminal funcional, llamado receptor. O bien con órganos donados por los familiares de personas que llegan a tener muerte cerebral, criterios desarrollados desde hace muchos años (1968 Harvard) y modificados 2010 por Academia Americana de Neurología, en los que se puede utilizar todos los órganos viables: 2 riñones, dos pulmones, un corazón, un hígado, un intestino, un páncreas, hueso, córneas entre otros.
Pero como dijimos la donación en C.R. es muy baja, dado que la Institución del Seguro Social, no tiene una buena organización a nivel nacional, por ejemplo: ordenando que todo paciente que tiene probabilidad de llegar a evolucionar a muerte cerebral deba ser reportado a los coordinadores de trasplantes, de modo que si esto sucede, se pueda actuar rápidamente en la solicitud de donación, proteger el cadáver en oxigenación lo más pronto posible y de la mejor manera, de tal suerte que se pierdan los órganos menos posible en todo el territorio nacional y además que los órganos lleguen en la mejor condición posible para ser trasplantados.
Dentro de éstas posibilidades estamos expandiendo los criterios para aprovechar donadores que en otra hora no serían considerados. Así donadores obesos con IMC de 35 que no se utilizarían en el pasado hoy estamos promocionando su aceptación, con biopsias hepáticas para descartar una macro esteatosis importante. La edad límite de donador aceptada clásicamente fue 60 años, actualmente nos interesa más su estado funcional y estructural para varios órganos. Hemos pasado la barrera de trasplantar pacientes HBO incompatibles, sobre todo en casos de emergencia con la respectiva desensibilización, con buen resultado. Así mismo hay disposición de aceptar donantes con Virus B o C, HIV, particularmente para pacientes portadores de este mismo virus.
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En el mundo desarrollado en materia de trasplantes hoy día, el 40-50% de los órganos que se están utilizando, son de donador con corazón parado, particularmente del tipo III de la clasificación modificada de Maastricht. Hay programas que están realizando un 60% de sus trasplantes con órganos de este tipo de donación. En Costa Rica no estamos utilizando este tipo de donador, por falta de organización a nivel Institucional, ya que este proceso conlleva que se envíen a formar profesionales de todas las ramas necesarias en el particular, se desarrolle luego un protocolo y se empiece a coordinar con todas los entes responsables la iniciación de utilizar órganos de donador con corazón parado. Podemos pensar en utilizar órganos de personas que han muerto y son declarados por el facultativo respectivo, como tal. Inmediatamente se solicita la donación (o se ha hecho previamente), se inicia con maniobras para reperfundir los órganos y poder darles viabilidad en unas pocas horas.
No podemos pensar en utilizar órganos de animales genéticamente modificados (Xenotrasplante), porque es una posibilidad muy lejana para nuestra realidad e impráctica. Sabemos que hoy día se está trabajando en el cultivo de tejido, pero no se han podido formar órganos que sirvan para el trasplante, todavía y de nuevo en CR estaríamos muy lejanos de esta posibilidad.
Pero sí podemos poner a liderar los trasplantes a personas que conozcan el funcionamiento de la actividad de trasplantes, que tengan poder resolutivo y NO depender de gerencias políticas que cambian a cada rato y que no permiten avanzar la actividad. Sí podemos desarrollar una campaña pública de estímulo a la donación, agradable, amplia y permanente. Sí podemos crear una red a nivel país para aprovechar todos los muertos neurológicos. Sí podemos tener coordinadores de trasplantes en todos los centros hospitalarios, adecuadamente pagados. Sí podemos invertir en más y mejor tecnología para preservar los órganos en el tiempo y hacerlos más funcionales. Sí podemos invertir en formar equipos que formalicen un protocolo para el aprovechamiento de los órganos de donadores con corazón parado, como se ha explicado.
Con esto los grupos profesionales trasplantadores, tendrían un caudal de órganos más abundante, de tal suerte que las listas de espera se acorten, que menos pacientes se pierdan mientras esperan ser llamados, que el resultado de los trasplantados sea cada vez mejor al contar con más y mejores órganos.
Cumpliendo con todo lo que está a nuestro alcance, tendremos cada día más personas trasplantadas para celebrar este día tan especial, día que les cambió por completo el futuro a muchas personas y familias en Costa Rica y en el mundo.
Ya van, al hilo, siete acciones de inconstitucionalidad, presentadas por algunas instituciones públicas y sindicatos, contra la insufrible Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Nº 9635, que, después de tantos años de incertidumbre, fueron declaradas sin lugar por el Tribunal del Perpetuo Martirio de la Constitución.
Los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas han volado en el aire.
El principio de no retroactividad de la ley se transmutó en una pieza de arqueología jurídica, que se puede contemplar en el Museo Nacional, en las inmediaciones de Cuesta de Moras.
La disciplina y la Regla Fiscal, impuesta por esa ley, que ha causado tanta afectación en los servicios públicos más sentidos de la población (salud, seguridad, educación, entre otros) están a buen resguardo, blanqueadas por los reiterados pronunciamientos del Tribunal, inspirados en el Consenso de Washington.
Sólo el derecho de negociación de convenciones colectivas, a duras penas, logró salir sin tanto daño, conforme la doctrina de ese Tribunal, que data de principio de este siglo, pero que subordina el ejercicio de ese derecho fundamental a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y otros más de la parafernalia judicial.
Es necesario destacar que, a merced de esos principios, han sido declaradas inconstitucionales, una tras otra, una innumerable cantidad de cláusulas de convenciones colectivas; por cierto -para que no se olvide- a contrapelo de los pronunciamientos de los órganos de control de OIT, que reiteradamente advirtieron que la anulación de esas cláusulas violenta el Convenio 98 y otros de OIT.
El Convenio 98 OIT y los otros en materia de Libertad Sindical son instrumentos internacionales de Derechos Humanos que no gozan de mucha simpatía en los despachos de los magistrados, a quienes, por contrario, les corresponde optimizar al máximo el ejercicio de los Derechos Fundamentales.
La más recentísima sentencia de la Sala, del pasado mes de mayo, dictada después del VOTO 2025-8201, de marzo/2025, confirma esa doctrina fundamentalista fiscalista y neoliberal que febrilmente abraza el Tribunal Constitucional.
El pueblo panameño urge de nuestra solidaridad. Docentes, indígenas, estudiantes, entre muchos sectores, están en pie de lucha en pos de que no les recorten las pensiones, por la defensa del Canal para el pueblo panameño y contra bases militares estadounidenses en Panamá.
El pueblo firme en su legítima lucha es víctima de una brutal represión por parte de cuerpos policiales militarizados. Solicitamos su firma de manera solidaria y urgente.
El pasado viernes 23 de mayo se llevó a cabo el Encuentro Estudiantil Intersedes de la Universidad de Costa Rica, un espacio en el cual se discutió la situación actual, las problemáticas y los desafíos del régimen de becas. Durante este evento, las y los estudiantes participantes se reunieron para compartir experiencias y perspectivas evidenciando la importancia de escuchar diversas voces en temas que impactan directamente en la comunidad académica y en el aspecto social de la educación.
El encuentro contó con el respaldo activo de diversas entidades, entre ellas las sedes, la Vicerrectoría de Vida Estudiantil (ViVE) y el Consejo Universitario, cuya colaboración fue fundamental para impulsar un diálogo constructivo. Por medio de la participación se obtuvieron nuevos aportes, ideas y experiencias personales, se enriqueció las conversaciones y ello permitió identificar tanto fortalezas como áreas de mejora en el sistema de becas, subrayando la relevancia de la interacción interinstitucional en la búsqueda de soluciones.
Como resultado del análisis y el intercambio de opiniones, se elaborará un informe final que servirá para alimentar futuras discusiones sobre el régimen de becas. Esta iniciativa fue compartida con SURCOS por la representante de Sedes Regionales en el Consejo Universitario, Esperanza Tasies, reafirmando el compromiso de la comunidad universitaria por transformar y optimizar los mecanismos de apoyo educativo y avanzando hacia un sistema más justo y eficiente.
Por Jorge Mora Portuguez Regidor Suplente Municipalidad de Montes de Oca
El alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello García, comunicó oficialmente este martes su decisión de no participar en el evento internacional MuniWorld 2025, organizado por la Federación de Autoridades Locales de Israel.
La decisión se da tras escuchar los planteamientos del Concejo Municipal y de diversos sectores de la comunidad, en relación con el actual contexto internacional y las preocupaciones éticas asociadas a la participación institucional en actividades organizadas por el gobierno israelí.
El pasado lunes 3 de junio, el Concejo Municipal de Montes de Oca aprobó por unanimidad una moción en la que se insta al alcalde a declinar su participación, al tiempo que se reafirma nuestra condena al Estado genocida de Israel por las violaciones al derecho internacional humanitario cometidas contra la población palestina.
En su comunicado oficial, la alcaldía indicó que «si bien inicialmente se valoró la participación por el enfoque técnico del evento, que abordaría temas como ciudades inteligentes, innovación, cambio climático y tratamiento de aguas residuales; tras un análisis integral y considerando el contexto internacional actual, el Gobierno Local ha optado por no asistir, reafirmando su compromiso con la escucha ciudadana.»
La decisión del alcalde ha sido recibida como un gesto de madurez política, apertura al diálogo institucional, capacidad de escucha a la ciudadanía y compromiso con los valores de justicia y de respeto a los derechos humanos.
En el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal se insta a los otros gobiernos locales del país a declinar su participación en dicho evento.
