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Costa Rica: la democracia no se entrega, se defiende

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Yamileth González García
Ex – Rectora UCR

Costa Rica, desde los primeros años de vida independiente, buscó como forma de gobierno la de una república independiente, con principios ligados a la libertad, la soberanía y la democracia; el país nace con la convicción de que el poder sin control es siempre una amenaza y que la democracia no es un regalo perpetuo, sino una tarea de permanente construcción.

Hoy, ese pacto histórico está en riesgo. No por un golpe militar, sino por algo más sutil y, por eso mismo, más peligroso: la normalización del autoritarismo y el desprecio sistemático por los contrapesos institucionales. Todo envuelto en un discurso que se presenta como “anticorrupción” y que, en el fondo, desprecia la democracia cuando le estorba a sus propósitos.

Costa Rica no es una finca privada, es una república. Y una república vive de la división de poderes, del respeto a la ley y de la rendición de cuentas. Cuando un Ejecutivo intenta concentrar el poder, desacreditar instituciones y gobernar desde la confrontación permanente, no está “ordenando el país”: lo está debilitando.

A esto se suma algo aún más grave: las sombras. Las denuncias públicas, las acusaciones, las alianzas opacas, la falta de explicaciones claras. No hablamos de rumores. Hablamos de señalamientos que exigen investigación, transparencia y respuestas. Un gobierno verdaderamente limpio no huye de la luz; la busca.

Cuando en un país atravesado por el narcotráfico regional se minimizan alertas, se atacan fiscales, se desacredita a quienes investigan y se relativiza el crimen organizado, no estamos ante un error político: estamos ante una irresponsabilidad histórica. El narcotráfico no se combate con discursos altisonantes ni con poses autoritarias; se combate con instituciones fuertes, independencia judicial y cooperación democrática. Todo lo contrario de lo que estamos viendo.

Este no es un debate ideológico. No es izquierda contra derecha. Es democracia contra autoritarismo. Es la transparencia contra lo opaco. Es ciudadanía contra abuso de poder.

A las mayorías se les dice que exigir cuentas es “defender privilegios”. Eso no es cierto. La verdadera ciudadanía es la que pregunta, la que vigila, la que no se arrodilla ante ningún gobernante.

Costa Rica abolió el ejército porque entendió que la fuerza no podía ser el centro de la política. Hoy debemos abolir otra tentación: la del líder autoritario que todo lo decide, que no rinde cuentas. Esa figura siempre termina igual, aquí y en cualquier lugar: empobreciendo la democracia y fracturando a la sociedad, si no veamos el ejemplo de Venezuela.

No se trata de nostalgias. Se trata de memoria histórica. De recordar que los derechos que hoy parecen obvios fueron conquistados, no concedidos. Que la institucionalidad que hoy se desprecia fue construida para protegernos, no para incomodar a unos pocos.

Por eso hoy hacemos un llamado a quienes trabajan, estudian, producen y sueñan en este país. A quienes no quieren una Costa Rica gobernada por el insulto y la agresión permanente. A quienes saben que el autoritarismo siempre empieza prometiendo orden y termina dejando ruinas.

En democracias la oposición no es un obstáculo ni un capricho electoral. Es un deber cívico. Es decir “basta” cuando el poder se cree dueño del país. Es recordar que ningún presidente está más allá que la Constitución, que ninguna ambición personal vale más que la democracia.

Costa Rica merece un gobierno que explique, no que ataque; que escuche, no que imponga; que rinda cuentas, no que se esconda. Merece un estado que enfrente al crimen organizado con seriedad, no con discursos vacíos. Merece líderes que entiendan que gobernar no es mandar, sino servir.

Este es un momento decisivo. No mañana. Hoy. Porque cada silencio, cada justificación tibia, cada “no voy a votar” abre la puerta, con complicidad, a algo peor: el debilitamiento de la democracia.

La historia nos está mirando. Y algún día, nuestros hijos preguntarán qué hicimos cuando la democracia fue puesta a prueba. Que podamos responder con dignidad: no nos callamos, no nos rendimos, no entregamos Costa Rica.

Con la música por dentro

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Es una fresca tarde de julio en Caracas. Corre un viento calmo, una suave brisa que nos abraza y arrulla. Todo en el Barrio San Agustín es una aceitada maquinaria de color, olor y sabores.

Todo mezclado, diría Nicolás Guillén, quien también diría “Adivinanza de la esperanza, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, toda la sangre formando un río” …es inevitable leer estas letras del Son Número Seis y al mismo tiempo garabatear algunos pasos en el pavimento.

Es inevitable no hacerlo al entrar a uno de los lugares más icónicos del Barrio San Agustín del Sur, en Caracas: El Rincón del Pichón. En todas sus paredes se destila historia de la salsa latinoamericana más dura y clásica. Todo ese sitio es una poesía que lleva la música por dentro.

Pero es que todo San Agustín es eso: resistencia, pulsión, color. Un espacio urbano absolutamente coloreado con los más hermosos tatuajes en sus paredes. En uno de esos murales se lee “la pelea es bailando” y entonces entiendo el concepto de resistencia muy ligado a los sonidos y ritmos caribeños de esta Latinoamérica ancha y diversa que somos.

En tiempos en que hemos sido lastimados como región por este “ nuevo reacomodo” de las fuerzas hegemónicas que creen posible entrar a un país, violar su soberanía y ejecutar  «acciones exitosamente quirúrgicas” al precio de una lista que ya suma 50 personas fallecidas, vuelvo a recordar ese lugar de sonidos claros y resistentes; recuerdo el calor de ese barcito histórico en el que nació el grupo Madera, emblema del folclor afro venezolano, las voces de Leonardo Ruiz ( Venezuela), Carlos Aldazábal ( Argentina) y Giselle Lucía Navarro ( Cuba) que junto con la mía llenaron de palabras ese barrio y todas sus marcas de colores. Eran los tiempos del XIX Festival Mundial de Poesía de Venezuela “lugar de permanencia” …y vaya si permanece en el corazón.

Retengo esas memorias a esta hora.

Me devuelvo al mural “la pelea es bailando” y no puedo evitar pensar en toda esa región que somos y que debemos defender desde nuestras trincheras todas. Alguna vez Chavela Vargas dijo “que el fin del mundo nos pille bailando” …yo digo que la resistencia nos encuentre “con la música por dentro”.

Nuestra cercanía humana y espiritual con la Iglesia y el querido pueblo de Venezuela

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Mensaje de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

Los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica manifestamos nuestra cercanía humana y espiritual con el querido pueblo venezolano y sus pastores, en los momentos de incertidumbre y dolor que enfrentan.

Motivados por el tiempo de Navidad que vivimos, deseamos que, aún en medio de la preocupación, no decaiga entre ustedes la esperanza, por el contrario, oramos para que se afiance la fe en el Señor y los conforte en estos momentos de dificultad.

Unimos nuestra voz a la del Papa León XIV, recordando que “el bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país, asegurando el estado de derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos y cada uno, y trabajando juntos para construir un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica” (Ángelus 04-01-26).

A todos los hermanos venezolanos que conviven entre nosotros, nuestro cariño y solidaridad. Caminamos juntos, somos hermanos, hijos del mismo Padre. Como Iglesia de puertas abiertas son siempre bienvenidos al encuentro, la escucha y la celebración fraterna.

Invitamos a todas las comunidades parroquiales, grupos apostólicos, movimientos y demás realidades eclesiales, a unirnos en oración por el noble y hermano pueblo de Venezuela, implorando a Dios, fuente la verdadera paz, les conceda serenidad, sabiduría y fortaleza.

Pedimos la intercesión de la Patrona de Venezuela, Nuestra Señora de Coromoto y de los santos José Gregorio Hernández y sor Carmen Rendiles, cuya canonización acabamos de vivir como Iglesia Universal.

Juntos en la plegaria, hacemos nuestros sus sufrimientos implorando para que, superada toda violencia y división, se abran nuevos caminos de paz, justicia, y dignidad para todos.

Con afecto fraterno y nuestra bendición,

Obispos de Costa Rica.

Radiografía de una democracia en tensión

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Glenm Gómez Álvarez
Sacerdote y periodista

Advierto que lo que aquí se expone quizá no encuentre eco en todos los lectores. No pretende reafirmar trincheras ni favorecer a ningún actor. Busca, más bien, ofrecer una lectura crítica y serena del clima democrático que atravesamos… y ese propósito, en sí mismo, ya es un desafío.

En la antesala de las elecciones, la conversación pública suele girar en torno a encuestas y debates. Las cifras cumplen una función legítima: registran el pulso de un electorado volátil, de partidos frágiles y lealtades cambiantes. Son fotografías del instante: útiles, pero insuficientes. Más allá de los datos que recogen las encuestas, lo que se necesita es una radiografía: un examen profundo que ilumine los órganos, los silencios, las ausencias y los contrapesos que laten —o se debilitan— bajo la superficie de la democracia, antes de que se produzca el acto de votar.

Costa Rica no enfrenta hoy un quiebre democrático ni la anulación abierta de sus reglas. El Tribunal Supremo de Elecciones mantiene legitimidad, el Poder Judicial conserva autonomía, y la Asamblea Legislativa continúa siendo un espacio de control. La institucionalidad resiste, y ese sigue siendo nuestro activo más valioso.

Sin embargo, hay un fenómeno que las encuestas no registran: la erosión lenta pero persistente de este vínculo entre ciudadanía e instituciones. El riesgo real no es una ruptura abierta del orden constitucional, sino la debilitación de los equilibrios que sostienen la democracia. Cuando los contrapesos, los frenos institucionales y los mecanismos de control pierden su peso simbólico y moral, las instituciones pueden seguir funcionando, pero dejan de percibirse como garantías y pasan a verse como obstáculos, vaciadas de sentido.

Este deterioro no se explica únicamente por el discurso del poder; se ve también alimentado por la acumulación de desaciertos institucionales: la inacción ante problemas, la falta de explicación de decisiones y la ausencia de respuesta ante demandas ciudadanas. Con el tiempo, estos vacíos erosionan la confianza en las instituciones y debilitan el vínculo entre ciudadanía y democracia.

En este contexto, el Poder Ejecutivo influye en el clima democrático, no solo por sus decisiones, sino también por el estilo y la consistencia de su comunicación. El Poder Judicial, en ocasiones, ha confundido independencia con silencio: aunque sus decisiones sean acertadas, la falta de explicación reduce la confianza ciudadana. De manera semejante, la Asamblea Legislativa enfrenta el riesgo de ejercer control político sin un relato que conecte su trabajo con la ciudadanía.

La prensa sigue siendo un actor visible, pero su protagonismo también revela un problema: cuando la deliberación política ocurre casi exclusivamente en los medios, es porque otros espacios de diálogo se han retraído. Las redes sociales, además, premian la simplificación, la emoción y el enfrentamiento. En ese contexto, los silencios institucionales pesan el doble: cuando no hablan, otros interpretan su rol por ellos, y esas versiones se difunden como verdades emocionales. Al mismo tiempo, los medios, en general, enfrentan un desafío de credibilidad, lo que debilita los espacios de información confiable y reduce la posibilidad de un debate público serio.

La radiografía muestra, también, un repliegue de otros contrapesos sociales: universidades, colegios profesionales, cámaras y organizaciones civiles. Su ausencia reduce el espacio público a una relación directa entre poder y ciudadanía, sin mediaciones legítimas.

En ese marco más amplio debe leerse también la creciente desafección hacia la clase política y dirigente. El aumento del abstencionismo no es solo una decisión individual ni un gesto de apatía; es la expresión acumulada de la distancia entre representación y ciudadanía. Cuando amplios sectores dejan de sentirse interpelados por el sistema político, la abstención se convierte en una forma silenciosa de retirada. No impugna el proceso electoral, pero revela una erosión más profunda: la pérdida de sentido de pertenencia a un proyecto democrático compartido.

Las elecciones pueden ser formalmente correctas y, aun así, estar precedidas por un desgaste del tejido democrático. Las encuestas seguirán mostrando el movimiento del proceso; la radiografía, en cambio, revela lo que ocurre en el fondo. Ignorarla no es un simple descuido: es aceptar que el voto se convierta en un trámite vacío, despojado de densidad cívica.

La democracia no se fortalece el día de la elección; se sostiene mucho antes, en la participación cotidiana que cultivamos, especialmente en las nuevas generaciones, y en la confianza que logramos preservar.

En cuatro domingos se definirá el depósito de la confianza pública que se le dará al ganador electoral para dirigir el país. ¡Hay que salir a votar!

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

En cuatro domingos estaremos tomando la primera decisión sobre el futuro gobierno de Costa Rica. El próximo domingo 1 de febrero se llevará a cabo el plebiscito nacional político, el referéndum nacional político, el acto supremo de la democracia electoral del país, el día del sufragio NO obligado, que se da en conciencia, de los ciudadanos, del pueblo electoral costarricense, de decidir a cuál de los 20 candidatos presidenciales y a sus partidos se le entregará el rumbo del país.

Ese día se realiza un depósito de confianza pública que se le da al ganador, en caso de que supere el 40% de los votos válidamente emitidos, en su favor, ese primer domingo de febrero, para dirigir el Poder Ejecutivo, para que nombre su equipo de gobierno, a los ministros, e inicien su labor política, de conformidad a lo que ha ofrecido en esta campaña electoral.

Es un acto de confianza y de delegación de la voluntad popular, lo que llamamos la representación política. Quien resulte ganador es el depositario de esa confianza popular, que lo obliga a actuar, en nombre del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, siendo su representante, y modernamente también gobierna con el pueblo, si asume la tarea de consultarlo popularmente, por la vía de los plebiscitos y referéndum, lo que no han acostumbrado los gobernantes desde que se instituyeron estas formas de consulta ciudadana.

La voluntad popular es el acto por el cual los ciudadanos depositan su confianza en la gestión de gobierno, en una persona, que en nombre de todos, ejerce el gobierno y el mando del país. Este concepto se desarrolló políticamente hace casi 300 años, evolucionando de distintas formas. Este acto de representación política es una manifestación de que el gobernante debe ser armónico con el pueblo que lo eligió.

Con concepto de representación política y delegación de la voluntad, se eliminó la idea que los gobernantes eran nombrados por Dios, y por ello, además, había que obedecerles. Al contrario, quien debe obediencia al pueblo es el gobernante quien en ejercicio de su cargo no puede gobernar ni legislar contra el pueblo, no puede actuar contra el pueblo, no puede instituirse como dictador, tirano, déspota, sátrapa o ejercer el gobierno autoritariamente, violando derechos y libertades de los ciudadanos. Si así sucediera, el pueblo que lo eligió tiene un derecho natural a la rebelión política para sustituirlo, cambiarlo, y de esa forma establecer nuevamente la confianza pública de la representación popular. En cierta forma, cada procesos electoral, es la manera de ejercer ese control político ciudadano para continuar con el partido de gobierno por otro período, y evaluar de esa manera al gobernante o presidente que termina su mandato.

Jurídicamente el acto de la representación política se asocia al del mandatario, que es la persona a la cual se le da un poder de accionar, de actual, al cual debe sujetarse, y del cual no puede salirse. Si el Mandatario se sale o rompe el compromiso de ese mandato, los Mandantes, los que le dieron el mandado, que electoralmente es el pueblo electoral, pueden quitarle su compromiso, pueden destituirle de la obligación que le depositaron para nombrar otro Mandatario que represente correctamente la voluntad de los Mandantes, en este caso de los electores, para que se restablezca la relación armónica que debe existir entre gobernante y gobernados.

El derecho de destitución del Mandatario, del Gobernante, se estableció en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, y en la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, de 1793, durante los días de la Revolución Francesa.

En la Constitución Política de 1844 de Costa Rica este derecho a la Rebelión Política así se reconoció. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, se había publicado en Costa Rica a inicios de ese año, lo que debe haber influido en esa disposición constitucional.

En la legislación costarricense no existe para el presidente la posibilidad de destituirlo por la vía de la Consulta Ciudadana del Referéndum o del Plebiscito, como sí existe para destituir las autoridades municipales o cantonales, como son los alcaldes. No existe, hasta hoy, el derecho de revocatoria de mandato del presidente, durante el ejercicio de su presidencia.

Sin embargo, en la tradición electoral del país, que ha sido bastante regular desde 1847, con períodos de gobierno de cuatro años en términos generales, cada proceso electoral para decidir quién gobernará por los siguientes cuatro años, se convierte en la práctica también en una consulta ciudadana, de si el mandatario, el jefe de Estado, antes del 1848, el presidente desde 1848, o el Gobernante en general, puede continuar gobernando por otro período de gobierno.

En el siglo XIX se permitía la elección consecutiva del gobernante. En el siglo XX se limitó y desde 1949 se prohibió la reelección consecutiva del gobernante, del presidente, pudiendo hacerlo si deja pasar un período de ocho años. Así, en el siglo XIX, de manera consecutiva se reeligieron Juan Mora Fernández, desde1824 hasta 1833, Juan Rafael Mora Porras, desde 1849 hasta 1859, cuando le dieron el golpe de Estado, Rafael Iglesias Castro, desde 1894 hasta 1902. Desde 1902 hasta hoy no ha habido reelección consecutiva del gobernante.

Los diputados durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX podían reelegirse continuamente y buenos diputados así lo hicieron. Por ejemplo, desde 1934 hasta 1948 fue reelecto consecutivamente como diputado Manuel Mora Valverde, el jefe del Partido Comunista de Costa Rica o Vanguardia Popular, así llamado desde 1943.

Jefes de Estado y presidentes se han reelecto, dejando pasar períodos presidenciales. En el Siglo XX así lo hicieron Cleto González Víquez presidente en 1906-1910 y 1928-1932, Ricardo Jiménez Oreamuno, presidente en 1910-1914, 1924-1928 y 1932-1936.

Desde 1949 hasta hoy solamente dos presidentes han podido reelegirse alternativamente, José Figueres Ferrer, 1953-1958 y 1970-1974 y Oscar Arias Sánchez, 1986-1990 y 2006-2010. Otros presidentes lo intentaron sin éxito.

Desde 1890 existen los partidos políticos, tal y como ahora los conocemos, definiéndose así que solo por medio de partidos políticos se puede aspirar a puestos de elección popular, presidente, diputados y autoridades municipales o cantonales. Los vicepresidentes son de elección popular junto con el presidente desde 1949. Antes de 1948, eran llamados Designados a la Presidencia y eran nombrados por el Poder Legislativo, por el Congreso.

Bajo el régimen de partidos políticos hemos tenido la experiencia histórica de que los partidos pueden reelegirse consecutivamente en el Poder Ejecutivo varias veces, aun cuando no reelijan de manera continua al presidente. Así, desde la segunda mitad del siglo XX el Partido Liberación Nacional se ha reelecto consecutivamente en dos períodos consecutivos de gobierno, con diferente presidente, en 1970-1974 y 1974-1978, cuando fueron electos José Figueres Ferrer y Daniel Oduber Quirós. Luego volvieron a repetir el gobierno consecutivo en 1982-1986 y 1986-1990, con Luis Alberto Monge Álvarez y Oscar Arias Sánchez. Finalmente, repitieron en el 2006-2010 y 2010-2014, con Oscar Arias Sánchez y Laura chinchilla Miranda. Igual lo hizo el Partido Unidad Social Cristiana, en 1998-2002 y 2002-2006, con Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco de la Espriella. Del mismo modo se repitió, muy sorpresivamente este fenómeno con un nuevo partido, nacido en el 2002, Acción Ciudadana, que Gobernó en el 2014-2018 y se reeligió en 2018-2022, con los presidentes Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Alvarado Quesada. Ninguno de los partidos que ha gobernado lo ha hecho tres veces consecutivas.

En este siglo, desde el 2002, en la práctica del proceso electoral, se introdujo la elección de segundo grado, la elección de la segunda vuelta electoral, cuando en la primera no se logra el 40% de los votos para ganar. En este caso, se pasa a una segunda ronda electoral que se realiza el primer domingo de abril siguiente a las elecciones, con solo dos candidatos, los que han obtenido el mayor número de votos o mayor rango porcentual de votación el primer domingo de febrero. Así, hemos tenido segundas rondas electorales en las elecciones del 2002, 2014, 2018 y 2022. Esto pareciera o indica que la segunda ronda electoral se quedó para los procesos electorales que vienen. Ha sido la norma de los procesos electorales a partir del 2014 y puede ser la del próximo resultado del 1 de febrero del 2026. Esto no es para sorprenderse. Puede darse como no darse la segunda ronda, si alguno de los partidos y candidatos sacan o no el 40% de votos, por el cual se está luchando intensamente en estos días y será una lucha intensa durante las cuatro semanas que faltan para votar. La mayor parte de los partidos apuestas sus esfuerzos a quedar de finalistas de la primera vuelta. Solo el Partido Pueblo Soberano sostiene su campaña electoral con confianza de que ganará la primera ronda electoral. Esta confianza le hace falta a los otros partido, independientemente si hay o no segunda ronda.

El voto que define resultados es el llamado voto válidamente emitido. Es voto positivo, a favor, de cualquiera de los 20 partidos que están inscritos con sus candidatos presidenciales. Esos son los votos que sirven para declarar presidente o candidato ganador, o sirven para definir de los 20 candidatos cuales son los dos que pasan a la elección de abril. La elección del primer domingo de abril no se define por porcentuales. Allí gana el que más votos tenga. Es lo lógico para garantizar resultado electoral.

Los votos nulos que se realizan por los votantes son aquellos que por alguna razón no permiten determinar con certeza cual fue la voluntad del votante, y los miembros de la Mesa Electoral así los anulan.

Los votos en blanco que se realizan en la Mesa Electoral son aquellos que los votantes devuelven sin expresar su voluntad, dejando en blanco toda la fórmula de votación.

Los votos nulos y blancos, emitidos en las mesas electorales, no se consideran “votos válidamente emitidos” para definir el resultado de la elección. No se cuentan, no tiene valor alguno. Tiene valor CERO (0), no suman nada positivo ni negativo. Reducen en la práctica a los electores que toman la decisión final.

Por eso es importante el voto consciente del elector, del que llega a emitir su voto por alguno de candidatos o los partidos políticos que están participando en las elecciones, porque con su voto se elige, se produce el resultado.

También hay un número de personas que no acude a las urnas a votar. Todos estos, junto con los que tampoco votan en la Mesa Electoral, constituyen el grupo llamado ABSTENCIONISTA. Es un número de ciudadanos que siempre ha existido en los procesos electorales. En las elecciones de la segunda mitad del siglo XX constituyeron un promedio del 18 % de los electores. A partir de la elección de 1998 empezó a subir alcanzando cifras superiores al 30% de votantes en las elecciones, lo que ha preocupado en los últimos procesos electorales, y quizá eso haya ayudado a la convocatoria de las segundas rondas electorales que se han hecho.

La persona, el votante, al no ejercer su derecho al sufragio, de hecho, delega su decisión en los que sí votan, que producen un resultado electoral a favor de alguno de los candidatos. El no votante, de manera consciente o no, confía el voto que se produce por los que sí van a votar. De hecho, los no votantes, los abstencionistas, terminan “votando” con su abstencionismo y silencio electoral en urnas, por el candidato ganador, que producen los que sí llegaron a votar. Así, los abstencionistas terminan “votando” por el ganador, les guste o no quien sea, se lamenten o no del ejercicio de su gobierno.

La elecciones nacionales fragmentan la votación por el presidente y sus vicepresidentes y en la de los diputados. La votación presidencial se la lleva en su totalidad un solo partido político. El Consejo de gobierno o el Gabinete presidencia no se integra proporcionalmente a los votos recibidos por los partidos con sus candidatos a presidente. Al presidente electo se le da la confianza de que escoja libremente a los ministros que le acompañaran en su gestión de gobierno.

La elección de diputados tiene su importancia. Para el partido ganador presidencial por si llega a elegir una mayoría de diputados, ojalá superior de los 29, porque le permite tomar decisiones mayoritarias básicas en la Asamblea Legislativa, en su proceso de aprobación de Leyes. Si la mayoría fuera de 38 o 43 diputados, que con las mayorías calificadas del proceso de aprobación de leyes y otras responsabilidades que podría tomar la Asamblea Legislativa, al Poder ejecutivo le daría un poder político extremo, al punto que el Presidente, con su fracción legislativa tendría capacidad de ejercer un gobierno con características autoritarias de mandato, porque ejercería un control prácticamente pleno de nombramiento de todas las autoridades públicas del país, especialmente de los Poderes de Estado y de los mecanismos de control público constitucionalmente establecidos.

La experiencia histórica señala que pocas veces desde 1953 un partido político ha tenido mayoría parlamentaria superior a 29 diputados, y solamente una vez, en 1982, tuvo 33 diputados de los 57.

En la práctica política los electores parten su voto. Pueden votar un candidato presidencial, pero a la vez votan por candidatos a diputados de otros partidos políticos, para que ellos en la práctica ejerzan un control político parlamentario sobre el presidente y su Poder Ejecutivo. Así, por ejemplo, los últimos 3 gobiernos, dos del Partidos Acción Ciudadana y el del actual presidente Rodrigo Chaves que no han logrado elegir más de 12 diputados, constituyéndose en minorías parlamentarias. En el caso del actual gobierno con la peor gestión de relación política con los Poderes de Estado, incluso la Asamblea Legislativa.

La partición del voto, en las condiciones y momento histórico que estamos viviendo, sigue siendo válida. Pero, la unidad de votantes alrededor del candidato o candidatos opositores que tienen, en la perspectiva, la mayor posibilidad de ganar o de quedar clasificados para una segunda ronda, es también válida. Lo que no es válido en este momento es pensar en abstenerse de votar. Quien así lo haga que le quede claro que su no voto es favor del que gana, sea quien sea.

En 4 domingos definiremos la confianza pública que se le dará al ganador electoral para dirigir el país por los próximos cuatro años.

Que el año nuevo nos dé la suficiente confianza de que podemos mejorar el país, de que podemos recupera el terreno y los caminos perdidos, de que podemos evitar que nos lleven al despeñadero del autoritarismo, de la democracia y de las libertades y derechos ciudadanos.

¡Hay que salir a votar!

Compartido con SURCOS por el autor.

Algunas claves para entender la democracia ante sus amenazas en las elecciones presidenciales de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

Costa Rica ha sido reconocido como un país, como una República, de una tradición democrática muy sólida y antigua. La más vieja y estable del continente americano. Dictaduras, tiranías, satrapías, despotismos gubernativos caben en una mano. Gobiernos militaristas, de excepción.

Hoy esta situación se siente amenazada. Hay las posibilidades de que se rompa esa tradición democrática costarricense en las elecciones presidenciales del primer domingo de febrero próximo.

De seguido algunas claves para entender mejor la situación que enfrenta Costa Rica ante las elecciones de febrero.

Especial relieve en la tradición democrática costarricense ha tenido el predominio de gobernantes, desde 1824, que han sido educadores, abogados, médicos, periodistas, civiles en general. Militares de hecho desde 1890 solo uno, por un breve período, mientras duró su dictadura, 1917-1919.

Sobresaliente reconocimiento ha tenido Costa Rica el que haya eliminado su Ejército, desde 1948, y se le reconozca como una Democracia Desarmada. Al decir Costa Rica se afirmaba que era un país con más maestros que soldados, frase que se usaba como dato distintivo aun cuando existía el Ejército, hasta 1948.

Ha sido un país con un Estado de Derecho muy sólido y estable, desde 1825 cuando se constituyeron sus Poderes Públicos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y desde 1949 el Electoral, cuando se le dio ese rango al Tribunal Supremo de Elecciones, TSE; el órgano o institución encargada de administrar todo proceso electoral nacional, provincial, cantonal o distrital del país, que tenga que ver con la representación política, para los diversos cargos de la Dirección política Estatal y Administrativa, del país, de sus 84 cantones y casi 500 distritos. Los resultados electorales en Costa Rica, declarados por el TSE tienen carácter inapelable. Hasta hoy nunca se han cuestionado los resultados ni las declaratorias de presidentes, diputados o representantes cantonales.

Este Estado de Derecho se ha caracterizado por el respeto absoluto que se ha tenido de las funciones de cada uno de los Poderes Públicos, en la especificidad, indelegabilidad e insubrogabilidad de sus funciones, las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales y electorales, en el respeto que se han tenido entre sí, de sus propias áreas de trabajo.

Desde el punto de vista de procesos electorales, se han tenido para la escogencia de representantes populares, desde que se eligió al Diputado ante las Cortes de Cádiz, en 1812. Durante el proceso de la Independencia la escogencia de los delegados de los pueblos que fueron enviados a Cartago, la vieja capital colonial, para discutir y aprobar la Independencia de Costa Rica, el 29 de octubre de 1821.

De seguido a la Independencia con la constitución de los primeros gobiernos de carácter colegiado, las Juntas Gubernativas del período 1821-1824, y a partir de allí, cuando nos incorporamos a las Provincias Unidas de Centroamérica, luego llamada República Federal de Centroamérica, período en que Costa Rica se llamó Estado, y nombró sus jefes de Estado, siendo el primero de ellos Juan Mora Fernández, electo en tres ocasiones hasta 1833. Durante la República Federal elegimos las autoridades federales y las locales y elegimos diputados en el Congreso Federal.

A partir de 1838 Costa Rica se separó de la Federación de Centroamérica, el mismo año en que también se separaron Nicaragua y Honduras, permaneciendo bajo la figura de Estado hasta el 31 de agosto de 1848 cuando Costa Rica se proclamó República.

Bajo la República Federal de Centroamérica, en el Estado y en la República de Costa Rica funcionaron los tres poderes públicos clásicos. Durante la República Federal, los presidentes de la Federación lo fueron también de Costa Rica, en armonía con los jefes de Estado costarricenses.

La estabilidad política del país se caracterizó, entre otros factores, por el desarrollo constitucional que se fue impulsando, 11 constituciones entre 1821 y 1871 y tres constituciones desde 1871 hasta hoy, dos de ellas de largos períodos, (1871-1917 y 1919-1948), la de 1917-1919 que correspondió al periodo dictatorial de Federico Tinoco, y la actual desde 1949.

La estabilidad política se acompañó con el desarrollo de libertades individuales y de derechos ciudadanos, así como con la promulgación del Capítulo de las Garantías Sociales, que desde 1943 se incorporó a los cuerpos constitucionales de Costa Rica, la Constitución de 1871 y a la de 1949, derechos y libertades que se han ido ampliando y fortaleciendo al calor del desarrollo de los Derechos Humanos y sociales internacionales de nueva generación ratificados por Costa Rica, dando origen al Estado de Derecho Social y Democrático de Costa Rica.

Parte de este desarrollo democrático institucional se vio fortalecido por la periodicidad y regularidad de los cambios de gobierno, por la vía de las elecciones, que desde 1847 se mantienen en periodos gubernativos de cuatro años, con excepción de breves gobiernos que se establecieron por períodos de seis años, con el derecho de reelección presidencial y de diputados de forma consecutiva. Actualmente, desde 1949 la reelección consecutiva no se permite. La alternativa de presidente se permite dejando pasar ocho años entre una gestión y otra. En este sentido, solo dos presidentes han tenido la oportunidad de elegirse de esta manera constitucional, José Figueres Ferrer, en sus gobiernos de 1953-1958 y en 1970-1974, y Oscar Arias Sánchez, en los suyos, 1986-1990 y en el 2006-2010.

En el desarrollo democrático institucional de Costa Rica el derecho al sufragio evolucionó desde el siglo XIX al XXI fortaleciendo el sufragio y el régimen de partidos políticos.

Hasta 1889 el voto era indirecto. Había una ronda de electores que escogían entre ellos a otros electores que decidían la votación. Los electores debían ser hombres, mayores de edad, alfabetos, con capacidad económica comprobada. El voto era público hasta 1924, que se estableció secreto. Desde 1949 se estableció el voto universal, reconociéndose el voto de la mujer, que empezó a votar en 1951. Empezaron a ser electas diputadas desde 1953, y en el 2010 se eligió la primer mujer presidenta en Costa Rica.

Es posible, y hay gran probabilidad, que en las elecciones de febrero del 2026 alguna otra mujer pueda ser electa presidenta de la República, habida cuenta que en el proceso actual electoral destacan cinco candidatas mujeres que compiten por ese alto cargo público, Claudia Dobles, Ana Virginia Calzada, Laura Fernández, Natalia Díaz y Luz Mary Alpízar.

Desde 1890 se estableció que para aspirar a cargos de elección popular solamente se podía hacer por medio de partidos políticos. De esta forma, desde esa fecha se desarrolló la democracia política electoral de Costa Rica, que en términos generales ha sido bastante democrática, sin restricción de partidos políticos exceptuando las restricciones que se establecieron para la participación de los comunistas en 1929 que se prohibió que lo hicieran con ese nombre, por lo que el Partido Comunista de Costa Rica, fundado en 1931, cambió de nombre para efectos electorales, por el del Bloque de Obreros y Campesinos, nombre con el que participó en elecciones desde 1934 hasta 1942. En 1943 el Partido Comunista, resultado de una alianza con la Iglesia Católica y el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, para aprobar las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, cambió de nombre por Vanguardia Popular. Con este nombre participó en la coalición Bloque de la Victoria, en 1944 y lo intentó en las elecciones de 1948. El resultado de la guerra civil de marzo y abril de 1948 lo proscribió electoralmente desde 1948 hasta 1975.

En el siglo XX se desarrollaron las corrientes político-electorales de izquierda, socialistas, comunistas y las social cristianas y social demócratas, especialmente a partir de la década de 1940

Varios intentos de partidos de izquierda, para participar en elecciones entre 1948 y 1969 fueron sometidos a la proscripción que existía desde 1948. A los comunistas les prohibieron elegir por ellos mismos, pero a las personas comunistas no les impidieron votar por otros partidos, durante esos años. Este es el lunar que la democracia electoral de Costa Rica que ha tenido.

Desde 1970 hasta hoy ha habido representación electoral de izquierda en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, desde dos hasta nueve diputados, de 57 parlamentarios que integran el Poder Legislativo costarricense. Actualmente hay seis.

En la vida parlamentaria de Costa Rica, por la fuerza liberal de finales del siglo XIX se prohibió en 1898 que los católicos se organizaran en partido político, y se estableció que no se podía participar en elecciones aduciendo o agitando sentimientos religiosos.

A partir de 1970 empezaron a surgir partidos de orientación cristiana no católicos, que han venido participando en las elecciones, eligiendo diputados desde 1998. La restricción para los partidos católicos sigue vigente, no así para los partidos cristianos no católicos, que actualmente tienen seis diputados.

En el desarrollo político gubernativo de Costa Rica desde 1953 hasta hoy han habido 18 gobiernos estables de cuatro años cada uno. Nueve de ellos la socialdemocracia ha gobernado, seis lo ha hecho el socialcristianismo. Esto dio origen para que se estableciera el criterio del bipartidismo político, para destacar el control que, del gobierno, especialmente, ha tenido el Partido Liberación Nacional, social demócrata, y el partido Unidad Social Cristiana.

Este bipartidismo también se dio por el control que ambos partidos y tenían mayoritariamente de la Asamblea Legislativa, por la capacidad de pactos o acuerdos político-legislativos que podían establecer o imponer.

En 1998 este bipartidismo parlamentario se rompió, obligando a esos partidos a tomar en cuenta a los otros partidos, por pequeños que fueran para los acuerdos y pactos parlamentarios.

En el 2010 el bipartidismo gubernativo se rompió cuando surgió un nuevo partido político, en el 2002, Acción Ciudadana, que llegó a gobernar de manera seguida en los gobiernos del 2014-2018 y del 2018 al 2022. Este partido surgió con ex militantes de Liberación Nacional y de otras corrientes de izquierda. A partir de ese momento bien se podía hablar del tripartidismo gubernativo.

Pero, para las elecciones del 2022 surgió participando, por primera vez, el Partido Progreso Social Democrático, que eligió al actual presidente de la República, Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda del gobierno de Acción Ciudadana del 2018-2022, que funcionario internacional del Banco Mundial por 35 años, igualmente alejado de la vida política por esos mismos años, desconectado de la tradición política y democrática del país, modelado al estilo de los ejecutivos de estos organismos internacionales, acostumbrados a imponer a los países en que actúan sus políticas y decisiones, como verdaderos tiranos, y acostumbrados por la debilidad de los gobiernos tercermundistas donde actúan a ser acatadas aceptadas sus decisiones, bajo la amenaza de retirarles los apoyos financieros y de asesorías que les acompañan. Del Banco Mundial salió expulsado acusado de acoso sexual a funcionarias de esa institución, existiendo una disposición que le prohíbe entrar a las oficinas de dicho Banco.

En la campaña electoral Rodrigo Chaves logró capitalizar la simpatía electoral enfrentando al bipartidismo tradicional, habida cuenta de que los dos partidos que lo representan habían tenido escándalos políticos asociados a expresidentes, que habían sido acusados penalmente. Su discurso también se orientó hacia los sectores sociales y de las regiones marginales y periféricas que en las políticas y acciones públicas habían sido marginadas o excluidas, donde se concentraba la mayor pobreza del país.

En esas elecciones su partido Progreso Social Democrático apenas pudo elegir 10 diputados, situación que no ha podido manejar, por la no tradición y experiencia política de su ausencia del país, y por la improvisación que ha tenido que hacer de los funcionarios y equipos de gobierno que ha nombrado, que están sometidos al Estado de Derecho, a la Constitución Política, Leyes de la República e instancias controladoras públicas, como la Contraloría General de la República, encargada de la vigilancia y buena administración de la Hacienda Pública, que solo les permite actuar en el marco de las leyes, bajo controles, y no como quisiera el presidente, actuar sin controles y sin leyes.

Como presidente ha enfatizado en el discurso de “que no lo dejan gobernar”, que “los gobiernos anteriores, desde 1953, han sido de dictadores y tiranos, que solo han gobernado contra el pueblo favoreciendo a grupos económicos, financieros y empresariales asociados a los presidentes” de esos 17 gobiernos anteriores al suyo.

En su práctica política y gubernativa se ha enfrentado a los Poderes Públicos, a la Sala Constitucional del Poder Judicial, a la Contraloría General de la República, a los partidos políticos con representación parlamentaria, a los medios de prensa y de comunicación nacional, a sus periodistas y a gestores de opinión y comunicadores sociales. Su enfrentamiento es al cuerpo de los integrantes de estas instancias, con lenguaje soez, vulgar, provocador, amenazante, actuando desde a institucionalidad que el gobierna y maneja como un déspota o tirano, contra las personas que pueda afectar con las acciones de esas instancias gubernativas.

Ha dicho claramente que desearía gobernar con mayoría legislativa de por lo menos 40 diputados, con mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con la mayoría plena de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones y sin la institución Contraloría General de la República.

En su accionar y en sus ataques ha debilitado al Estado de Derecho y al Estado Social de Derecho. Ha impulsado nacionalmente una situación de tensión social aguda, de falta de respeto, de agresiones orales a las personas que se le oponen o critican, ha provocada que eso se extienda a la ciudadanía y a los grupos que moviliza cubriéndoles gastos de transporte, comida y un pago por participar en las movilizaciones o convocatorias que realiza. Ha convocado a grupos de ciudadanos para ir a pedir la destitución y agredir verbalmente a los miembros de la Corte Suprema de la Corte, de su Sala Constitucional, de la Contralora General de la República y también contra el Tribunal Supremo de Elecciones. A este último lo acusa de intentar un golpe de Estado en su contra.

Constantemente habla de ese peligro que él corre, provocando con la violencia ciudadana que se vive, estimulada por el mismo gobierno, un estado de inseguridad, con el ánimo de poder establecer, de ser posible antes de las elecciones de febrero o de abril, si hubiera una segunda ronda, un Estado de Excepción, que le permita gobernar sin leyes, y en condiciones de un Estado de Sitio, como en las dictaduras.

Ha mostrado su interés de continuar gobernando a partir de mayo próximo cuando se le acaba su período presidencial, lo que no puede hacer porque no tiene opción de reelección continua. Tiene que esperarse ocho años. Esto lo tiene desesperado.

Pero existiendo elecciones, ha logrado inscribir varios partidos políticos con el ánimo de lograr esa mayoría parlamentaria, con la cual acabaría con el Estado de Derecho.

De los partidos que inscribió, que se identifican con él, el que recibe todo su apoyo principal es el que propone la candidatura presidencial de su ex ministra de Planificación y ex ministra de la Presidencia, Laura Fernández, que repite el mismo discurso del presidente. Ella ha sido clara: quiere 40 diputados. Ha dicho contundentemente que quiere gobernar sin controles de ningún tipo para poder gobernar. Claramente ha manifestado que el problema principal del gobernante es que está sometido a leyes y a controles de administración.

Este es el peligro fundamental que tiene hoy la democracia costarricense: que se acabe con su Estado de Derecho, con su Estado Social de Derecho, con sus libertades y derechos ciudadanos, que por la vía electoral se mantenga un gobierno interesado en desarrollarse con formas tiránicas, dictatoriales, despóticas, autoritarias, que por la fuerza y sin controles, legales ni político administrativos, puedan impedirles actuar.

Continuar con el gobierno, con su partido Pueblo Soberano, con su candidata Laura Fernández, es avanzar hacia la bukelización de la sociedad costarricense. Es colocar al país en la balanza de los mandatarios de la ultraderecha latinoamericana, como Javier Milei, en Argentina; José Antonio Kast, en Chile; Nayib Bukele, en El Salvador; Rodrigo Paz en Bolivia; Daniel Novoa, en Ecuador; Nasry Asfura, en Honduras, en caso de que se imponga como ganador, junto a los presidentes de Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, y como faldero sumiso de Donald Trump.

Artículo publicado en MEER.com.es y compartido con SURCOS por el autor.

La venta que pone a Chile en la escena de la guerra en Ucrania

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Por Pablo Ruiz
Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile

En noviembre pasado, un artículo del diario electrónico El Mostrador – medio que es reconocido por tener buenas fuertes y seriedad -, señalaba que el Gobierno de Chile habría accedido a una petición del Gobierno de Alemania para la venta de 30 vehículos de combate de infantería Marder los que anteriormente Alemania había vendido a nuestro país. Lo controversial de este asunto radica en que estos carros de combate terminarían siendo enviados por Alemania a la guerra en Ucrania. Consultado, por el diario El Mostrador, tanto el Ministerio de Defensa como el Ejército de Chile declinaron entregar información al respecto y no han desmentido esta noticia.

En el mismo sentido, el sitio Zona Militar informaba que “múltiples antecedentes apuntan a que el destino final de estos blindados podría no ser Europa Occidental sino Ucrania, a través de un mecanismo de transferencia indirecta que Berlín ha utilizado previamente con otros países”.

Se sabe, por información publicada por el medio alemán DW, que ya, desde el 2023, bajo el gobierno liderado por el excanciller Olaf Scholz, se han estado enviado carros de combate Marder a la guerra en Ucrania. De acuerdo con el sitio especializado Infodefensa la empresa alemana Rheinmetall es la encargada de reparar estos vehículos, acondicionados, y enviarlos luego al conflicto militar que se desarrolla en Ucrania.

Neutralidad y apoyo a la paz

Para Gabriel Aguirre, organizador para América Latina de World BEYOND War (Un Mundo más allá de la Guerra), el posible envío de carros de combate a Alemania “no parece conveniente, desde ninguna perspectiva, que Chile, como Estado, se involucre directamente en esta guerra”.

Aguirre recuerda que en febrero de este 2026 se cumplirán cuatro años desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania y que, lamentablemente, “los países europeos, no han tenido un rol proactivo en términos de buscar la paz sino, pareciera, que más bien Europa ha tomado una postura de seguir reforzando la guerra ampliando las ayudas económicas y militares a Ucrania enviando armas, enviando recursos, lo cual, sin duda, no contribuye a las negociaciones de paz, sino que todo lo contrario, sirve para continuar profundizando la guerra”.

Triangulación y respuesta de Rusia

Una operación de triangulación parecida, en el 2024, fue el intento de Estados Unidos con Ecuador de intercambiar armamento de origen soviético, considerado por el presidente Daniel Noboa como “chatarra”, “a cambio de nuevos equipos para combatir a bandas criminales asociadas con carteles internacionales de la droga” según señaló DW. Estas armas, muy apreciadas por los militares ucranianos, terminarían también en el frente militar de Ucrania.

El medio alemán informaba días después que Rusia había anunciado “la prohibición de la importación de bananas y ciertas flores de Ecuador, semanas después de que Quito anunciara su intención de enviar antiguas armas soviéticas a Estados Unidos para remitirlas a Ucrania” lo que determinó finalmente que “Ecuador no enviará material bélico alguno a país que tenga un conflicto armado internacional”, como aseguró la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld.

¿Qué pasaría si Rusia tomará medidas represivas contra las importaciones de Chile? ¿Es militarmente estratégico ponerse como “enemigo” de Rusia una potencia nuclear la que disputa y empuja la existencia de un mundo multipolar objetivo que debería ser también de Chile y de todos frente al mundo unipolar impuesto por EEUU a todas nuestras naciones? ¿Nuestras autoridades están conscientes que la guerra en Ucrania fue provocada por EEUU y la OTAN? ¿Es estratégico dañar la relación con Rusia cuando un “aliado” importante de Chile como es EEUU vende armas y realiza ejercicios militares con Argentina y Perú, los que disuaden militarmente a Chile, y que todo esto, promovido por nuestros supuestos «aliados», sólo empuja a más gasto militar y desconfianza con nuestros países vecinos?

En el caso de la triangulación, Chile-Alemania-Ucrania, el canciller Alberto van Klaveren negó una venta ilegal, afirmando que de acuerdo con la legislación chilena está prohibido vender armas a naciones en guerra; “lo cual es técnicamente cierto ya que la venta es a Alemania, lo que permite aprovechar una “gran zona gris” diplomática para el traspaso de armas”, señaló Wes O’Donnell en otra nota publicada por El Mostrador.

Gabriel Aguirre dice que Chile debiera hacer adoptado una posición de neutralidad porque “la tradición de nuestros países latinoamericanos ha sido no involucrarse en conflictos que están desarrollándose en otras partes del mundo sino jugar un rol más bien orientado a la consecución de la paz” por lo cual “no podemos mirar con buenos ojos desde el movimiento de paz esta nueva acción por parte de Chile que desde hace algún tiempo expresó su solidaridad con Ucrania, un conflicto iniciado, fortalecido y profundizado por la OTAN”.

En una carta dirigida a la ministra de Defensa de Chile, Adriana Delpiano, el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas (SOAW-Chile), apelando a la Ley 20.285 sobre el Acceso a la Información Pública, pidió información sobre esta posible venta de carros de combate a Alemania.

“Solicitamos al Ministerio de Defensa que en caso de ser cierta la información, difundida por el diario El Mostrador, cancele dichos compromisos con el gobierno alemán”, concluye la misiva.

En el mismo sentido, se envió una copia de esta carta a la diputada nacional del Partido Social Demócrata en el Bundestag alemán, Isabel Cademartori, quien es nieta de José Cademartori quien fuera ex ministro de Salvador Allende, y donde se le solicita su apoyo “para que Alemania no involucre a nuestro país en este conflicto que lamentamos” y donde, en vez de seguir enviando armas, hay que insistir en un alto al fuego y negociaciones de paz.

Foto: Prensa Presidencia de Chile

De advenedizos y otros figurones

Escrito en . Publicado en Elecciones.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

El señor Nogui Acosta, ex ministro de Hacienda y candidato a diputado por el continuismo chavista en el primer lugar por San José, en legítimo ejercicio de sus derechos, se ha beneficiado familiar y personalmente del sistema público de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S). Sabe a la perfección lo que significa enfrentar la tragedia de una enfermedad grave, con riesgo de muerte en un ser querido, y sin embargo, poder acceder a un servicio médico de calidad, cuyos altísimos costos es imposible sufragar por cuenta propia. Le consta también a don Nogui que es necesario e indispensable un régimen solidario en el que, con la contribución económica de todos, se pueda rescatar a quien ha caído en desgracia.

Por eso resulta incomprensible –por decir lo menos- que una persona que haya pasado por semejante experiencia vital, cuando ha ejercido el poder público suficiente para financiar y fortalecer ese sistema de salud que lo ha salvado, se comporte como enemigo declarado del mismo. Acosta ha recortado presupuestos en materia de salud, ha catapultado la deuda del Estado para con la Caja y hasta ha boicoteado los recursos extraordinarios aprobados por la Asamblea Legislativa para aliviar esa deuda.

Es el mismo esquema moral de Pilar Cisneros, en su momento flamante becaria de la Universidad de Costa Rica, que se da el tupé de descalificar a otros que han accedido a las mismas oportunidades que ella y su familia disfrutaron con dineros públicos, es decir, con recursos de los contribuyentes que pagamos impuestos para provecho de quienes lo requieren. De igual manera se ha comportado como conspicua enemiga de la educación pública abogando por recortes salvajes y cuestionando la sagrada misión de instituciones beneméritas como la UCR. Se ha tratado, ni más ni menos, de morder la mano de quien le ha dado de comer. Ese es el nivel.

Pero el panorama insufrible es todavía peor. El ramillete que nos propone Pueblo Soberano incluye otros figurones por el estilo: el primer lugar por Alajuela, entre otros atestados, es un deudor de cientos de millones de colones a la misma –pobre- Caja y se deshace en maniobras para asegurarse que sus obligaciones se vuelvan incobrables; en el primer puesto por Heredia otra joyita que pasó por la C.C.S. S. como tormenta devastadora adjudicando licitaciones a dedo bajo el esquema de supuesta contribución público-privada, en los que ya se sabe que sólo sirven para privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Todo lo anterior para no mencionar a la tica que quiso, mediante fraude, ser mejicana, o el caso del papá de todos los tomates, otro tico que volvió después de 30 años con ínfulas de mesías salvador y que en mayo próximo –si Trump quiere- entregará el mando del país en las peores condiciones de su historia reciente.

Como diría don Juanito Mora, una gavilla de advenedizos, escoria de todos los pueblos nos amenaza con perpetuarse en el poder. Confío en que lo más puro, digno, auténtico, valiente y democrático que aún anida en el corazón del pueblo costarricense, pueda impedirlo.

El ataque de Estados Unidos a Venezuela del 3 de enero del 2026: a propósito de las reacciones oficiales de Estados de América Latina

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público
Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
Contacto: nboeglin@gmail.com

Ante la operación militar perpetrada por Estados Unidos contra Venezuela en la noche del 2 al 3 de enero del 2026, incluyendo fuerzas especiales, comandos lanzados desde helicópteros, 150 aviones en tareas de apoyo y embarcaciones frente a las costas venezolanas, son varios los Estados de América Latina que han considerado oportuno manifestarse con respecto a esta acción militar unilateral contra Venezuela y contra su máxima autoridad.

A nivel de Naciones Unidas, las reacciones no se hicieron esperar, sea desde la Secretaría General de Naciones Unidas, sea desde la Presidencia de la Asamblea General (véase comunicado oficial de Naciones Unidas).

Se puede prever que un primer ejercicio en el Consejo de Seguridad contará con el veto de Estados Unidos y que el asunto se examinará luego con una votación de los 193 Estados Miembros en la Asamblea General en próximos días, tal y como lo solicitó Sudáfrica en su comunicado oficial condenando a Estados Unidos (véase texto). Tuvimos la oportunidad de analizar un ejercicio muy similar (Consejo de Seguridad – veto ruso – Asamblea General – abrumadora mayoría) en febrero-marzo del 2022, luego de la agresión militar sufrida por Ucrania por parte de Rusia el 24 de febrero del mismo año (Nota 1). Es de notar que por América Latina fungen como Estados Miembros no Permanentes del Consejo de Seguridad, Colombia y Panamá a partir del 1ero de enero del 2026.

Los primeros días de enero no deberían sorprender a observadores internacionales: Estados Unidos ya había planificado en esos primeros días ataques militares sumamente cuestionables y cuestionados en años recientes, como por ejemplo el perpetrado en Irak el 2 de enero del 2020 contra un alto funcionario iraní, contando para ello con información de inteligencia proporcionada por Israel (Nota 2).

Las reglas internacionales vigentes en breve

El uso de la fuerza de un Estado contra otro Estado es expresamente prohibido en la Carta de Naciones Unidas desde 1945, así como en la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde 1948, y su prohibición ha sido invocada una y otra vez por un Estado víctima y reafirmada una y otra vez por instancias de Naciones Unidas; así como por jurisdicciones internacionales desde 1945 que han conocido de acciones militares de un Estado contra otro Estado.

Cuando un Estado ha infringido esta regla en el pasado reciente, se ha esmerado en invocar figuras legales inexistentes en derecho internacional público tales como la «legítima defensa preventiva» invocada por Estados Unidos en Irak en el 2003, o por Colombia en Ecuador en marzo del 2008 (operación Fénix) y … de manera pionera por Israel en 1981en Irak (Nota 3); o bien invocando la noción de «guerra contra el terrorismo» para justificar bombardeos en Pakistán y en Afganistán luego del 11 de septiembre del 2001 ideada por la administración norteamericana; o bien refiriendo a la noción de «combatientes ilegales» para enviar a la base norteamericana de Guantánamo en Cuba a personas oriundas de Oriente Medio capturadas de manera ilegal por Estados Unidos y enviadas en vuelos clandestinos a Guantánamo. Más recientemente, Rusia por su parte invocó una «intervención humanitaria» en Ucrania so pretexto de un genocidio cometido contra poblaciones rusas en Ucrania en el 2022. Esta creatividad sin límites obedece al hecho que todos los Estados buscan siempre la manera de maquillar de presunta legalidad la violación a la regla de prohibición del uso de la fuerza.

En efecto, esta regla constituye la piedra angular de todo el edificio normativo construido desde 1945, así como el principio de no intervención de un Estado en asuntos internos de otro Estado. La acción unilateral de Estados Unidos registrada este 3 de enero del 2026 viene a desestabilizar un poco más a la región, confirmándose de paso que para el actual mandatario de Estados Unidos y los integrantes de su gabinete, las reglas vigentes en el ordenamiento jurídico internacional sobre la prohibición del uso de la fuerza …son para otros Estados.

Cabe precisar que desde el 21 de enero del 2025, sea en materia de reglas comerciales, sea en materia migratoria, sea en materia de derechos humanos, sea en materia de respeto al principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado, o bien sea en materia de respeto al principio de prohibición del uso de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza, sea más recientemente en materia de normas internacionales relativas a la captura e incautamiento de cargamentos de droga en alta mar, el actual ocupante de la Casa Blanca se ha esmerado en violar de manera sistemática y desvergonzada algunas reglas internacionales existentes en estas y muchas otras materias.

En América Latina, la última intervención militar realizada por Estados Unidos en Panamá, iniciada el 20 de diciembre de 1989 y concluida con la captura del general Noriega el 3 de enero del 1990, viene a recordarnos la tentación que cada cierto tiempo tienen las máximas autoridades norteamericanas de «resolver» a su manera problemas políticos sin lograrlo mayormente (véase enlace a diversos informes realizados en Panamá sobre esta invasión de 1989). Esta nota de prensa del 2024 señala que aún continúan las investigaciones en Panamá sobre la identificación de las víctimas panameñas, cuya cifra exacta a la fecha se desconoce.

Una acción militar unilateral de Estados Unidos ante una situación interna ya explosiva: ¿hacia dónde se dirige Venezuela?

No está de más señalar que al precisar la máxima autoridad en Estados Unidos en conferencia de prensa este mismo 3 de enero del 2026 que Estados Unidos pretende asegurar una «transición pacífica» y «comercializar el petróleo de Venezuela» mientras esta transición se confirma, el irrespeto absoluto a diversos sectores en Venezuela se ve confirmado, incluyendo a sectores de la oposición política.

Un editorial del New York Times del mismo 3 de enero detalla los riesgos que implica para Estados Unidos y para su imagen en Venezuela, en América Latina (y en el mundo), esta acción unilateral en Venezuela (véase texto).

El documental «De Macedonia, con amor«, realizado por activistas en derechos humanos a raíz de las protestas multitudinarias observadas el 29 de julio del 2025 en Venezuela, retrata de manera bastante completa el descontento de muchos sectores populares con las autoridades venezolanas, luego de anunciarse los resultados oficiales de las elecciones en julio del 2025. Ahora bien, ¿será que todos estos sectores apoyan esta intervención ilegal de Estados Unidos que atenta contra la soberanía de Venezuela?

Ello sin mencionar el hecho que la experiencia ha demostrado que cambios de regímenes políticos mediante una intervención externa militar han agravado la crisis en vez de resolverla, como se ha podido constatar en Irak a partir del 2003, Afganistán a partir del 2002, o bien Libia y Siria a partir del 2011 así como en Yemen a partir del 2014.

Al respecto merece una pequeña mención el regocijo de algunos sectores políticos en Costa Rica y en otras partes de América Latina y del mundo anunciando el fin del régimen actual en Venezuela: en efecto, si bien la captura de la máxima autoridad en Venezuela y de su esposa por parte de Estados Unidos puede debilitar por unos días la cadena de mando dentro del Estado venezolano, es muy probable que el sistema político existente encuentre la manera de suplir esta ausencia y se mantenga, en particular si la oposición política venezolana no encuentra manera de articular un frente común, con lo cual el precitado regocijo resulta algo aventurado. Los ejemplos de regímenes políticos que se han mantenido por muchos años luego de la desaparición de su «líder» histórico, pese a la férrea oposición política de Estados Unidos, son numerosos.

Una primera advertencia hecha en… el 2017 y repudiada de forma casi generalizada en América Latina

Cabe señalar que el 11 de agosto del 2017, el mismo presidente de Estados Unidos había señalado en declaraciones ante la prensa, que:

«No voy a descartar la opción militar, es nuestro vecino y tenemos tropas por todo el mundo. Venezuela no está muy lejos, y la gente allí está sufriendo y está muriendo«

En aquel año del 2017, fueron varias las reacciones oficiales de Estados en América Latina repudiando mediante comunicados oficiales la «opción militar«, y que tuvimos la ocasión de analizar en su momento, haciendo ver que Costa Rica no consideró oportuno manifestarse al respecto como sí lo hicieron muchos otros Estados (Nota 4).

Reacciones oficiales registradas en América Latina de condena al accionar de Estados Unidos de este 2 de enero del 2026

Más allá de la gran incertidumbre que pesa sobre la crisis interna aguda que vive Venezuela desde varios años, y que posiblemente podría verse agravada significativamente con esta intervención militar norteamericana, entre las diversas reacciones oficiales ante lo ocurrido este 3 de enero del 2026, se puede mencionar la de Brasil, que señala de manera enfática (véase comunicado oficial) que:

«Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional.

Atacar países, em flagrante violação do direito internacional, é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo.

A condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões.

A ação lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz«.

Se puede también referir a la vehemente reacción del aparato diplomático de Chile (véase comunicado oficial) que señala entre varios puntos, en un extenso comunicado de lectura sugerida (Nota 5), que:

«Chile reafirma que el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia, y que constituye además un pilar esencial del derecho internacional. La soberanía no es una formalidad, es la garantía esencial que protege a los países de las voluntades externas de la arbitrariedad y de la ley del más fuerte. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro. Asimismo, la amenaza de control externo unilateral de sus recursos naturales o recursos estratégicos constituye una grave violación al principio de integridad territorial, y pone en riesgo la seguridad, la soberanía y la estabilidad de todos los estados de la región».

Por su parte, en su comunicado oficial, Colombia indicó que:

«Colombia reafirma su compromiso permanente con la paz y la seguridad regional, la soberanía de los Estados y el respeto irrestricto de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular la prohibición del uso de la fuerza y la solución pacífica de las controversias. La experiencia histórica de la región, proclamada como Zona de Paz, demuestra que ninguna controversia puede resolverse legítimamente mediante acciones unilaterales».

En su comunicado oficial, el aparato diplomático de México por su parte precisó que:

«El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos.

América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional».

En el caso de Uruguay, su aparato diplomático difundió desde su sitio oficial (véase comunicado oficial) un texto en el que se lee que:

«Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en particular el principio básico de que los Estados se deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o de cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.

Reafirmamos el carácter de América Latina y el Caribe como una zona de paz y libre de armas nucleares, como ha sido la posición de consenso de nuestra región«.

Reafirmar el principio contenido en el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas cuando es violado de manera tan flagrante constituye una obligación para un Estado que cree y defiende este y otros principios fundamentales contenidos en la Carta desde 1945.

Es de notar que mucho antes del 3 de enero del 2025, expertos en derechos humanos de Naciones Unidas habían condenado el bloqueo impuesto a Venezuela y la intercepción de naves sospechosas de dedicarse al narcotráfico con disparos para destruirlas con sus tripulantes a bordo realizados por el ejército de Estados Unidos (véase comunicado de prensa del 24 de diciembre del 2025 y comunicado del 4 de noviembre).

Reacciones oficiales mucho más reservadas e incluso de … apoyo a la acción militar de Estados Unidos

Estas reacciones oficiales del 3 de enero del 2026, y posiblemente otras que se den a conocer en América Latina, pueden ser comparadas al comunicado oficial de España, que se abstiene de referir al principio de prohibición del uso de la fuerza en sus respectivos textos. En el caso del comunicado oficial de Noruega, sí se hace ver que la acción militar de Estados Unidos violenta las reglas existentes en derecho internacional público, cosa que evita indicar la Representante de la Unión Europea (UE) en materia de política exterior en su «tweet» (véase enlace). En cuanto al Reino Unido (véase comunicado) y a Canadá (véase comunicado), las evasivas resultan notables y más que notorias. De igual forma se puede citar este comunicado oficial adoptado en el marco del CARICOM (véase declaración conjunta de su «Bureau«).

Volviendo a América Latina, el escueto comunicado oficial de Costa Rica de tres frases (véase enlace) es totalmente omiso (Nota 6) si se compara con los de Brasil, Chile, Colombia, México o de Uruguay. Al respecto, un error gramatical en la primera frase con un «ha» en vez de un «han» evidencia que fue redactado con cierta premura, pese a ser divulgado a una hora bastante avanzada de la tarde en Costa Rica (4:19 pm). Esta misma omisión de Costa Rica ante violaciones a principios y reglas básicas del ordenamiento jurídico internacional se ha observado en otro caso reciente: las reiteradas violaciones del derecho internacional humanitario por parte de Israel en Gaza (Nota 7).

Mientras que el comunicado oficial de Bolivia y el comunicado oficial de Perú evitan mencionar a Estados Unidos, así como el de Nicaragua (véase texto), al igual que el de Panamá (véase texto), el comunicado oficial de Argentina (véase enlace) se congratula de la acción llevada por Estados Unidos, reproduciendo prácticamente el lenguaje y las valoraciones de Estados Unidos de una manera bastante notoria. De igual manera se pronuncia el aparato diplomático de Paraguay (véase comunicado oficial). Llama la atención que para estos últimos Estados, el objetivo de la lucha contra el narcotráfico pareciera justificar acciones como la observada este 3 de enero del 2026 en Venezuela. Se les sugiere revisar y evaluar en qué medida la captura del general Noriega en 1990 por parte de Estados Unidos en Panamá redujo sensiblemente los flujos de droga en dirección del mercado norteamericano. En cuanto a Panamá, objeto de la última intervención militar del mismo tipo realizada en diciembre de 1989 por parte de Estados Unidos, en violación a su integridad territorial y a su soberanía, al parecer sus actuales autoridades se conformaron con omitir toda condena y repudio a esta acción y consideraron oportuno evitar toda referencia a lo vivido en diciembre de 1989 por Panamá.

No está de más señalar que en abril del 2018, la demanda interpuesta por Guyana contra Venezuela ante la justicia internacional de La Haya dejó entrever apetitos norteamericanos por los hidrocarburos en Venezuela, con una diplomacia de Estados Unidos en aquel momento dirigida por una persona cuya única experiencia internacional era la de haber fungido como CEO de una compañía petrolera norteamericana como Exxon Mobile (Nota 8). Estos mismos intereses por el control de los hidrocarburos de Venezuela se dejaron entrever durante la conferencia de prensa ofrecida el mismo 3 de enero del 2026 por el actual ocupante de la Casa Blanca.


Intervenciones militares y formas de repudio oficiales omitiendo designar a sus responsables

Las intervenciones militares por parte de Estados Unidos en América Latina han convulsionado a la región a lo largo de toda su historia y volverán a hacerlo de volver a perpetrarse nuevamente: la última intervención militar norteamericana registrada antes de la del 3 de enero del 2026, fue la acaecida en Panamá en 1989, precedida por un histórico fallo de 1986 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con relación a las acciones militares y paramilitares de Estados Unidos contra Nicaragua: véase el texto de la sentencia, en particular los párrafos 188 y 190 en los que la CIJ califica expresamente la prohibición del uso de la fuerza como un principio general así como una regla consuetudinaria (Nota 9).

Pese a la importancia fundamental de la regla violada en caso de intervención militar de un Estado contra otro, en América Latina se ha a veces repudiado omitiendo referirse a Estados Unidos expresamente: es así como, en el 2016, una resolución de la Asamblea General de la OEA de «desagravio» a República Dominicana por la intervención de Estados Unidos en 1965 se refirió a los «acontecimientos de abril de 1965» (véase nota publicada en el OPALC con texto final de la resolución adoptada).

A modo de conclusión

La diversidad de tono y de vocabulario en las reacciones oficiales ante una violación grave a un regla básica del derecho internacional público como la es la prohibición absoluta del uso de la fuerza evidencian que para algunos (pocos) Estados de América Latina, la acción de Estados Unidos de este 3 de enero del 2026 no sienta ningún precedente peligroso … y que es válida desde el punto de vista jurídico (o que, por lo menos, no requiere condena o manifestación de repudio alguno expresada en un comunicado oficial). Este artículo publicado en el Reino Unido por un renombrado jurista, indica desde su mismo título que no existe ninguna base legal para justificar semejante acción en Venezuela.

Autoridades que son consideradas ilegítimas por otros Estados se observan cada vez que un proceso electoral se realiza en condiciones poco transparentes y en las que no puede participar la oposición política en condiciones de perfecta igualdad. No obstante, pensar que la solución consiste en intervenir militarmente desde el exterior resulta más que ilusorio y abundan los ejemplos recientes y menos recientes, tanto en América Latina como fuera de ella, de intervenciones militares extranjeras que no han hecho sin agravar la situación política interna que pretendían «resolver«. En cuanto al argumento de la lucha contra el narcotráfico (que al parecer tiene muy convencido a varios círculos políticos en América Latina), no está de más recordar que:

– hace justo un mes, el actual ocupante de la Casa Blanca indultó al ex presidente de Honduras condenado en Estados Unidos a 40 años de cárcel por narcotráfico (véase nota de la BBC del 3 de diciembre del 2025) y que;

– muchos expertos han cuestionado el hecho de considerar a Venezuela como un eje mayor en el narcotráfico en dirección de Estados Unidos.

En materia de violación a los derechos humanos, que califican como crímenes de lesa humanidad en el caso de varias de ellas en Venezuela, no está de más indicar que hay dos investigaciones abiertas pendientes ante la justicia penal internacional de La Haya desde el 2018 (véanse detalles en este enlace y en este otro); además de numerosos informes y reiterados llamados hechos desde diversos órganos de Naciones Unidas sobre la situación imperante en Venezuela en materia de derechos humanos. El informe A/HRC/51/43 del 2022 realizado por una comisión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, disponible en este enlace, merece una lectura integral, a complementar con el informe A/HRC/59/58 del mes de agosto del 2025, disponible en este enlace.

Más allá de los errores de apreciación de unos y de otros, y de un mandatario norteamericano tan imprevisible como errático desde que entró en funciones en enero del 2025 (con un nivel de descontento creciente dentro de Estados Unidos a muy pocas semanas de cumplir su primer año en función), resulta de sumo interés comparar la reacción de estos mismos Estados de América Latina ante la agresión militar de Rusia a Ucrania ocurrida el 24 de febrero del 2022 (Nota 10): claramente la consistencia de unos en la defensa de los principios de respeto a la integridad territorial de un Estado y de prohibición absoluta del uso de la fuerza no es tal, sino que se ha ido transformando para varios de ellos, en una incoherencia total entre el 24 de febrero del 2022 y el 3 de enero del 2026.

Desde el punto de vista jurídico, tanto lo observado el 24 de febrero del 2022 como el 3 de enero del 2026 (o el 20 de marzo del 2003 en Irak) constituyen violaciones flagrantes de una regla fundacional inscrita en la Carta de Naciones Unidas desde 1945. El hecho que en ambas acciones militares unilaterales tanto en el 2022 como en el 2026, sus autores sean Estados Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad, debería de interpelar a todos los demás Estados miembros de Naciones Unidas y llevarlos a condenar ambas acciones con la misma vehemencia: en efecto, sustituir progresivamente el derecho a la fuerza por la fuerza del derecho en las relaciones entre Estados ha sido una dura y larga batalla, que inició con la consagración desde 1945 de la prohibición del uso de la fuerza entre los Estados en la Carta de Naciones Unidas.

Notas:

Nota 1: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «Agresión de Rusia a Ucrania: abrumador voto en la Asamblea General de Naciones Unidas«, 2 de marzo del 2022. Texto integral disponible aqui.

Nota 2: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «El asesinato de Ghassem Soleimani por parte de Estados Unidos en Irak: breves apuntes desde la perspectiva jurídica«, 4 de enero del 2020. Texto integral disponible aqui.

Nota 3; Cabe recordar que Israel fue el primer Estado que se refirió oficialmente a la noción de «legítima defensa preventiva«, en 1981, cuando la aviación israelí decidió bombardear el reactor nuclear de Osirak, en Irak, construido mediante una convenio de cooperación entre Francia e Irak. Véase a este respecto FISCHER G., «Le bombardement par Israël d’un réacteur nucléaire irakien», Vol. 27 AFDI (1981), pp. 147-167, disponible en este enlace.

Nota 4: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N. «El rechazo del MERCOSUR y de otros Estados de América Latina al uso de la fuerza en Venezuela» 12 de agosto del 2017. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 5: El texto completo del comunicado oficial de Chile se lee de la siguiente manera:

«Como gobierno de Chile manifestamos nuestra máxima preocupación y enérgica condena frente a las acciones militares que Estados Unidos ha estado desarrollando en Venezuela. Y, en particular, ante el anuncio de que un Estado extranjero pretende ejercer un control directo sobre el territorio venezolano, administrar el país y, eventualmente, como señaló su presidente, continuar operaciones militares hasta imponer una transición política. Esto sienta un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global.

Chile reafirma que el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia, y que constituye además un pilar esencial del derecho internacional. La soberanía no es una formalidad, es la garantía esencial que protege a los países de las voluntades externas de la arbitrariedad y de la ley del más fuerte. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro. Asimismo, la amenaza de control externo unilateral de sus recursos naturales o recursos estratégicos constituye una grave violación al principio de integridad territorial, y pone en riesgo la seguridad, la soberanía y la estabilidad de todos los estados de la región. Si pueden hacerlo allá, ¿por qué no podrían hacerlo en el futuro en otra parte?

Este hecho se inscribe en un contexto geopolítico alarmante, en el que la fuerza comienza a reemplazar crecientemente las reglas como mecanismo para resolver los conflictos internacionales. Normalizar esta lógica erosiona el sistema multilateral, debilita la democracia a escala global y expone a todos los países, especialmente a los de menos poder relativo, a decisiones unilaterales impuestas por la fuerza militar.

La democracia no se construye desde la fuerza ni desde la imposición. Chile hace un llamado urgente a las Naciones Unidas para que asuma un rol activo e inmediato, utilizando todos los mecanismos disponibles para evitar una escalada militar, proteger, por cierto, a la población civil y restablecer un marco de solución política y pacífica conforme a la carta de Naciones Unidas. Para ello, estamos en coordinación con distintos gobiernos. Ante este escenario y los posibles efectos regionales que este tenga, como gobierno hemos dispuesto un monitoreo permanente de nuestras fronteras ante posibles aumentos de flujo migratorio desde Venezuela hacia Chile, activando a las distintas instituciones del Estado, y fortaleceremos todos los protocolos de monitoreo y protección consular, prestando especial atención a la situación de las y los ciudadanos chilenos en Venezuela.

Chile va a actuar como siempre lo ha hecho, con responsabilidad, con coherencia y con firmeza, defendiendo principios que consideramos irrenunciables: la no violencia, la soberanía de los estados, la prohibición del uso de las fuerzas o amenaza, la solución pacífica de las controversias y la plena vigencia del derecho internacional».

Nota 6: El texto completo del comunicado oficial difundido por el aparato diplomático de Costa Rica se lee como sigue:

«POLÍTICA EXTERIOR

ENERO 03, 2026 04:19 PM

Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto del Gobierno de Costa Rica sobre la situación en Venezuela.

San José, 3 de enero de 2026. El Gobierno de la República de Costa Rica sigue con atención las acciones desplegadas por los Estados Unidos en territorio venezolano este 3 de enero de 2026, que ha resultado en la detención de Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, y su traslado hacia los Estados Unidos, donde serían enjuiciados.

El Gobierno costarricense hace un llamado hacia una transición democrática y pacífica en Venezuela, que restaure la institucionalidad, el Estado de Derecho, y la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio de 2024.

Costa Rica reafirma su disposición a contribuir a una solución pacífica, sostenible basada en el Derecho Internacional y los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y la Carta Democrática de la OEA, que promuevan la estabilidad regional, el respeto a los derechos humanos, un pleno compromiso regional en la lucha contra el narcotráfico, y el crimen organizado transnacional.

Comunicación Institucional 001-2026 Comunicado sobre situación en Venezuela Sábado 3 de enero de 2026″

Nota 7: Véase BOEGLIN N., «El tratado de libre comercio (TLC) con Israel firmado por Costa Rica el 8 de diciembre del 2025: reflexiones y preguntas, algunas incómodas», 22 de diciembre del 2025. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 8: Véase BOEGLIN N., «La demanda de Guyana contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ): breve puesta en contexto«, 6 de abril del 2018. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 9: Cabe señalar que en este caso, se obtuvo la condena por parte de la CIJ de las acciones norteamericanas; no obstante, el 12 de setiembre de 1991, Nicaragua optó por retirar la demanda presentada para la segunda etapa procesal (indemnizatoria) para obtener una compensación por los daños ocasionados, dando así por concluido este largo proceso (véase comunicado de prensa de la CIJ del 27 de setiembre de 1991). Una primera estimación de los daños ocasionados por Estados Unidos a Nicaragua se encuentra en este documento presentado por Nicaragua a la CIJ en 1988. En el párrafo 372. se lee que: «Therefore, the Court is requested to award Nicaragua a lump-sum of US$2,000 million as appropriate compensation for the enormous social losses it has suffered due to the wrongful acts of the United States«.

Nota 10: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «Agresión de Rusia a Ucrania: a propósito de las reacciones oficiales en América Latina«, 24 de febrero del 2022. Texto integral disponible en este enlace.

La democracia en las bombas del invasor

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Gilberto Lopes

Hace unos meses, en medio del debate sobre las pasadas elecciones venezolanas, discutía con un amigo, analista internacional de una revista chilena. Él, demócrata cabal, era implacable con la dictadura venezolana. Le pregunté entonces si le parecían posibles unas “elecciones libres” en un país sometido a dos décadas de drásticas sanciones comerciales, como ha estado Venezuela desde 2005.

No me respondió. En vez de responder, me preguntó por qué entonces hacían elecciones. No respondió porque no podía responder. Para un demócrata cabal decir que “sí” resultaba demasiado cínico. ¡Imposible! Decir que “no” quitaba sustento a toda su implacable argumentación democrática contra el gobierno venezolano. Por eso no respondió.

Me parece evidente que no puede haber elecciones libres en un país latinoamericano sometido por Washington, durante décadas, a drásticas sanciones comerciales. Esos demócratas no se sienten obligados a exigir el levantamiento de las sanciones para que –una vez libres– los ciudadanos puedan elegir libremente a sus representantes.

Pero esa es una pregunta que debe responder todo demócrata. Aquí, los candidatos presidenciales que se refirieron a los ataques estadounidenses contra Venezuela lo hicieron entusiasmados, aunque con diversos grados de sensiblería. Salvo el Frente Amplio, que condenó el ataque y el secuestro del presidente.

Alaban las perspectivas democráticas, como si la democracia pudiera ser instalada por las bombas de un invasor.

La verdad es que puede, pero solo porque la palabra “democracia”, vaciada de mayor contenido, refleja solo una vaga idea general a la que cada uno le da el contenido que le acomoda. En realidad, la mayor parte de esos “demócratas”, más que demócratas son unos conservadores que –como sabemos– no se sienten del todo incómodos con unas dictaduras sustentadas por las más liberales teorías económicas.

Es tan evidente la contradicción, en este caso, que el hacedor de democracia no es otro que el apoyador del que –aquí– todos acusan de ser una amenaza para para democracia. Naturalmente, estoy hablando de Trump y de Chaves (el Chaves nuestro, no el venezolano). Me parece triste, penoso, mediocre.