Análisis del mercado laboral, pobreza y desigualdad en Costa Rica – Al IV trimestre 2024
El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE-UCR) presenta el informe trimestral de mercado laboral, pobreza y desigualdad
El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR) presenta su último informe sobre mercado laboral, pobreza y desigualdad, el cual realiza el análisis hasta el IV trimestre del 2024.
Los indicadores estudiados demuestran que para el último trimestre del año pasado Costa Rica mostraba mejores indicadores de empleo, respecto al mismo periodo del año 2023. También se reflejan mejoras en el salario, una reducción de la pobreza como de la pobreza extrema y de la desigualdad.
Los datos señalan que el desempleo bajó, aunque lo hizo levemente, y pasó de una tasa de 7,3 a una de 6,9. Por su parte, la ocupación creció a un 52,8 %, lo que significa que una mayoría de las personas en edad de trabajar están efectivamente trabajando.
Más trabajo supuso también mejores ingresos para las personas trabajadoras, para el mismo periodo de análisis mejoró el salario por hora para casi la totalidad de las actividades económicas. La mediana de ingreso real, que ya mostraba una tendencia creciente, aumentó en el último año un 5,8 %, pasando de 1 784,8 a 1 888,6 colones la hora.
La pobreza y la pobreza extrema, medidas por la metodología de línea de pobreza, disminuyeron considerablemente en diciembre del 2024 respecto a diciembre del 2023, en 3,3 puntos porcentuales y 1,1 p.p. respectivamente. En la baja destaca la caída de la pobreza en zonas rurales donde este flagelo pasó de 27,1% a 22,1%.
Señala el informe que la reducción reciente en pobreza extrema ha sido generalizada, posiblemente como resultado de mejoras en ingresos, transferencias sociales más efectivas o una combinación de factores económicos y de política pública.
La pobreza y la desigualdad tuvieron mejoras en Costa Rica entre el 2023 y el 2024.
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR
La desigualdad se reduce. Entre junio de 2023 y junio de 2024 hubo una reducción del índice de Gini, pasando de 0,505 a 0,492. La reducción implica una mejoría en la desigualdad. Se trata según la lectura del estudio de una de las reducciones más grandes de los últimos años. Sin embargo, el estudio del IICE advierte que ese buen comportamiento de la desigualdad tuvo un freno pues en los últimos 6 meses del año pasado se mantuvo alrededor de 0,493.
Al respecto, la investigadora del IICE Daniela Córdoba Solano explica que la mejoría en los indicadores responde a diversos factores generales como “la baja inflación que tuvo el país durante el 2024 y el crecimiento económico mayor al esperado, que terminaron afectando positivamente al mercado laboral, los ingresos y la pobreza”.
Por ejemplo, el estudio evidencia que las transferencias sociales del sector público continúan impactando en la reducción de la pobreza total en 2024, aunque su impacto absoluto en la pobreza extrema fue menor que en años anteriores.
Desafíos
Pese a lo anterior, la realidad económica nacional sigue mostrando desafíos. Sin embargo, el mismo informe advierte que la reducción del desempleo fue pequeña y advierte que el aumento en los ingresos refleja disparidades importantes en el comportamiento del mercado laboral por rama de actividad económica.
En términos generales el estudio evidencia retos en la reducción de brechas de género. En los últimos cinco años, la brecha promedio en la tasa de inactividad rondó los 24 puntos porcentuales y esa cifra se explica mayoritamente por las diferencias, entre hombres y mujeres, asociadas a factores inexplicables por los datos observados a través de encuestas. Destaca sí que las mujeres con pareja tienen una mayor probabilidad de no participar en el mercado laboral en comparación con los hombres en la misma condición. En contraste, niveles educativos más altos, como tener estudios universitarios o haber finalizado la universidad, así como contar con secundaria completa, han contribuido a reducir la brecha en la tasa de inactividad.
Informe: Análisis del Mercado Laboral, pobreza y desigualdad I Trimestre 2025
Presenta la investigadora Daniela Córdoba Solano, IICE-UCR. En el informe muestra que, durante el último año, el mercado laboral costarricense obtuvo resultados positivos. Entre el cuarto trimestre de 2023 y el cuarto trimestre de 2024, aumentó la ocupación y se redujeron tanto la inactividad como el desempleo. Informe disponible en: https://iice.ucr.ac.cr/
Gabriela Mayorga López Editora digital y periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR
Con el apoyo de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo el colectivo Escudo Democrático ha convocado la «Marcha de Juan Santamaría por la Democracia en Costa Rica». Esta actividad se realizará este viernes 11 de abril a las 7:00 de la mañana, con inicio en el edificio de los Tribunales de Justicia de Alajuela.
De acuerdo con la información compartida, la marcha tiene diversos objetivos, entre ellos la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, así como la independencia de los Poderes de la República y el respeto a la Constitución.
Las personas participantes también manifestarán su respaldo a una Caja Costarricense de Seguro Social pública, fuerte y solidaria, además de defender instituciones estratégicas como el ICE, el AyA y el INA.
Entre otras reivindicaciones se encuentran la educación crítica, libre y universal; la libertad de prensa y el derecho a disentir; los derechos laborales, ambientales y sociales; la agroindustria; y el derecho a organizarse, protestar y exigir rendición de cuentas.
La convocatoria está dirigida a la ciudadanía interesada en participar en esta manifestación por la democracia costarricense.
El 11 de abril de 1856 se libró una de las batallas más significativas en la historia de Costa Rica y de toda Centroamérica, la Batalla de Rivas, en la ciudad del mismo nombre, en Nicaragua. Fue allí donde el ejército costarricense, liderado por el presidente Juan Rafael Mora Porras, se enfrentó con valentía a los filibusteros de William Walker, un militar estadounidense que buscaba imponer un régimen esclavista en la región.
William Walker no era un simple aventurero militar, era parte de un movimiento estadounidense que pretendía conquistar territorios latinoamericanos para extender su dominio y la esclavitud. En 1855 tomó el poder en Nicaragua y amenazaba con expandir su influencia por todo el istmo.
Costa Rica no se quedó de brazos cruzados. El presidente Mora, libertador de Costa Rica, movilizó al país y formó un ejército decidido a defender la soberanía nacional y centroamericana.
Durante la batalla, los militares norteamericanos se atrincheraron en el mesón de Guerra, desde donde repelían los ataques costarricenses. Fue entonces cuando surgió uno de los actos heroicos más recordados. Después de varios intentos fallidos y soldados heridos, Juan Santamaría, logró prender fuego al edificio, sabiendo que perdería su vida también.
Y así fue. Logró su misión, y su sacrificio inclinó la balanza a favor de Costa Rica. Ese acto de entrega ha convertido a Santamaría en símbolo nacional de heroísmo y de lucha por la soberanía, libertad y dignidad nacional, algo de lo que carecieron la inmensa mayoría de los gobernantes costarricenses, excepto Rodrigo Carazo y su intento por enfrentarse al FMI.
La victoria en Rivas no solo frenó las intenciones de los Estados Unidos y Walker, sino que inspiró a otras naciones centroamericanas a unirse para expulsar definitivamente a los filibusteros de la región. La batalla demostró que, incluso una nación, unida por una causa justa, puede resistir amenazas imperiales. También demostró posteriormente que la unidad de los pueblos centroamericanos, como soñaba Francisco Morazán, podía lograr enfrentar al enemigo de la humanidad, los EEUU.
Cada 11 de abril, Costa Rica celebra este día, recordando no solo a los héroes y heroínas, sino también el espíritu de libertad, dignidad y valentía que definió aquella batalla.
Aunque a lo largo de los años, los diferentes gobiernos lo han minimizado y convertido en una fecha de propaganda de sus malos gobiernos, es un día para honrar la historia, pero también para reflexionar sobre la importancia de defender los valores democráticos y la soberanía de los pueblos.
La Batalla de Rivas no fue solo un momento bélico, fue un grito de libertad, soberanía e independencia, que aún resuena en los corazones de los costarricenses, centroamericanos y de muchos latinoamericanos.
Las organizaciones firmantes condenan la campaña de desinformación y criminalización infundada en contra de los medios de comunicación Prensa Comunitaria y Ruda, cuya labor de periodismo comunitario y feminista en Guatemala es fundamental para la democracia del país.
El Ministerio Público (MP) -bajo el mando de María Consuelo Porras- ha deteriorado seriamente el Estado de derecho, la justicia y los derechos humanos en Guatemala al perseguir y criminalizar a voces críticas que han luchado en contra de la corrupción y la impunidad. En lugar de ser un ente garante de la institucionalidad del país y de brindar justicia a la población, el MP se ha convertido en un instrumento de represión.
Prensa Comunitaria y Ruda han publicado investigaciones que han expuesto grandes esquemas de corrupción y los mecanismos usados por los grupos de poder para la cooptación del sistema de justicia, así como los patrones de criminalización del MP, y ahora son objeto de demandas infundadas e intimidación de que se abran nuevos procesos.
Exhortamos al Ministerio Público para que respete el estado de derecho y la libertad de prensa en el país y se abstenga de seguir impulsando casos espurios en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, como lo hicieron con el reconocido periodista José Rubén Zamora. Asimismo, llamamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que analice la situación de riesgo de las y los periodistas de Prensa Comunitaria y Ruda y examine su situación y su solicitud de medidas cautelares para proteger su vida e integridad física.
Organizaciones firmantes:
Washington Office on Latin America (WOLA)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
La contradictoriamente autodenominada, «Asociación Pro-Hospital de Cartago«, conformada por un grupito de partidarios chavistas, que, paradójicamente, no quieren que se construya el muy necesario hospital en Cartago, insisten en su necedad, pese al peso de la realidad y la legalidad. Resulta que, al ir perdiendo su lucha innoble y politiquera, apelaron ante la Contraloría General de la República, para que este ente, se trajera abajo la adjudicación en firme de la construcción, a la Compañía Constructora Vanderlat y Jiménez S.A., que, como es conocido, ha cumplido con todos los requisitos, para que fuese adjudicada como responsable, de la magna obra que, caprichosamente, molesta al Chaves, a Marta Esquivel, a Munive, a la fracción legislativa, y a otros que se mantienen escondidillos.
Pero, por fortuna, el deficiente escrito de apelación pasó a alargar la lista de objeciones mal intencionadas, y sin sentido, que, personas como la diputada Pilar Cisneros, insisten en inventar. Diputada a quien, sus compañeros diputados la vieron y oyeron argumentar que era probable que se diera una catástrofe nuclear, en el lugar donde tendremos ese importantísimo centro de salud. En su resolución, la Contraloría General de la República, determinó que «el acto final de readjudicación, fue publicado el 19 de marzo de 2025, por lo que el plazo de ocho días hábiles para interponer el recurso venció el 31 de marzo de 2025, mientras que el escrito de apelación fue presentado hasta el 1° de abril de 2025; es decir, una vez vencido el plazo para apelar, por lo que el recurso se tiene por extemporáneo y en consecuencia lo que procede es su rechazo de plano«. Y, segundo, sobre el medio de interposición del recurso de apelación, la Contraloría estimó que «lo procedente es rechazar de plano el recurso presentado debido a que la recurrente no interpuso su recurso por el medio habilitado legalmente para ello».
Seguramente, al sentirse derrotados, junto al enfurecido presidente de la República, levantarán una campaña de troles, cobardemente desde el anonimato, denunciando, falsamente, «cariñitos» en dólares, falta del muy anticipado permiso sanitario de funcionamiento (¡que habrá de tramitarse después de construido el hospital!), y, que se enteraron, que se sembrarán rosas y no hortensias, en los jardines del hospital, por lo cual, hay que hacer una marcha, para pedir la renuncia, de la señora Contralora General de la República…
Por: M.Sc. Jhon Fonseca, experto en política comercial y economía internacional
Este mes, Estados Unidos activó una nueva política comercial que podría marcar un antes y un después en las relaciones económicas globales: el esquema de tarifas recíprocas, que entra en ejecución entre el 5 y el 9 de abril. La medida establece aranceles para aquellos países que, desde la perspectiva estadounidense, imponen condiciones de acceso a mercados desiguales o restrictivas a productos y servicios originarios de EE.UU. Costa Rica figura oficialmente en la lista con una tarifa del 10 %, lo que ha encendido alertas entre sectores exportadores, zonas francas y autoridades de comercio exterior.
Un giro en la estrategia comercial de EE.UU.
Este nuevo enfoque comercial rompe con la lógica del sistema multilateral de comercio basado en la no discriminación. Bajo el principio de “reciprocidad justa”, EE.UU. impone tarifas equivalentes a las que enfrenta en terceros mercados, incluyendo consideraciones de medidas no arancelarias como certificaciones, trámites y requisitos regulatorios que desde su perspectiva son injustificados. El riesgo es claro: una espiral de retaliaciones comerciales y una mayor fragmentación del comercio global.
Costa Rica: advertencia estratégica o amenaza estructural
En principio en las negociaciones de tratados de libre comercio (TLC), el balance para las partes se logra mediante un complejo proceso de reciprocidad negociada, en el que cada país busca maximizar sus beneficios sin comprometer sectores estratégicos. Este equilibrio no se define únicamente en términos arancelarios, sino también mediante la inclusión de disciplinas como acceso a servicios, compras públicas, propiedad intelectual, inversión y cooperación técnica. Así, un país puede conceder mayor acceso a su mercado en bienes, pero obtener a cambio reglas más favorables para sus exportadores de servicios o mejores condiciones para la inversión extranjera. El resultado es un paquete integral en el que las concesiones y los beneficios están cuidadosamente calibrados, tomando en cuenta asimetrías de desarrollo, sensibilidades productivas y objetivos estratégicos de largo plazo.
La inclusión de Costa Rica con una tarifa recíproca del 10 % envía un mensaje potente: ni siquiera los socios con tratados de libre comercio están exentos de ser evaluados bajo esta nueva lógica de poder comercial. En esta nueva realidad, aunque el DR-CAFTA sigue vigente, el anuncio implica una reinterpretación unilateral del equilibrio alcanzado en esa negociación. Nuestro país se enfrenta ahora a una amenaza real de erosión de su acceso preferencial, que ha sido clave para atraer inversión extranjera, generar empleo y posicionarse como hub regional.
Este contexto presenta una disyuntiva estratégica: o se interpreta la medida como una coyuntura transitoria, o se reconoce que Costa Rica debe replantearse su posicionamiento estructural dentro del nuevo orden comercial emergente.
Reconfiguración profunda de cadenas, flujos y rutas globales
Las nuevas tarifas no sólo impactan en el corto plazo. Están generando una reconfiguración en cuatro dimensiones clave de la economía internacional a partir de los impactos en la competitividad relativa de los países:
Cadenas globales de valor (GVC): Empresas multinacionales podrían reconsiderar la ubicación de centros de producción, ensamblaje o servicios, optando por países con menor exposición al riesgo político-comercial. Si Costa Rica no logra reducir su vulnerabilidad percibida, podría quedar fuera de futuras expansiones o relocalizaciones estratégicas.
Flujos de comercio: La tarifa del 10 % afecta directamente la competitividad de productos costarricenses frente a pares regionales. En sectores donde el margen de ganancia es bajo, este arancel puede ser decisivo para la permanencia o salida de un mercado.
«Si el país logra movilizar sus fortalezas, anticipar cambios estructurales y construir una narrativa internacional potente, podrá no solo mitigar el impacto inmediato, sino también reposicionarse estratégicamente en un mundo donde la resiliencia, la transparencia y la agilidad serán las nuevas monedas de cambio.»
Inversión extranjera directa (IED): El atractivo de Costa Rica como destino para inversiones orientadas a exportación depende de la estabilidad y previsibilidad del acceso a EE.UU. Esta medida introduce incertidumbre, lo cual puede retrasar decisiones de inversión o redirigirlas hacia otros países con condiciones más “estables”.
Redes logísticas y rutas comerciales: La configuración de rutas logísticas puede alterarse para evitar países afectados por tarifas. Esto pone en riesgo la posición de Costa Rica como plataforma exportadora eficiente y conectada, especialmente si puertos, aeropuertos o zonas francas pierden relevancia dentro de las rutas comerciales principales.
Un elemento adicional que merece atención es el impacto interno de estas tarifas en el caso de Estados Unidos. Si bien hay un efecto inflacionario inmediato derivado del aumento en los aranceles, este podría verse parcialmente compensado por las propuestas de reducción de impuestos internos impulsadas por el presidente Trump. La carga fiscal total para el consumidor estadounidense resulta de la suma entre los impuestos a la importación y los tributos internos. De modo que un aumento en los primeros, acompañado de una reducción en los segundos, puede mitigar el deterioro del poder adquisitivo. Esto genera una especie de equilibrio fiscal interno que, si bien no elimina por completo el impacto inflacionario, evita que se traduzca en una caída abrupta del consumo.
Costa Rica, en cambio, enfrenta una situación profundamente distinta. Dado que los impuestos a las importaciones desde Estados Unidos son prácticamente cero bajo el DR-CAFTA, y que el margen para reducir impuestos internos es limitado, el país carece de herramientas para una compensación recíproca similar. Aún más, cualquier intento de elevar tarifas sería respondido con una duplicación de aranceles por parte de EE.UU., agravando la situación. En este escenario, el efecto inflacionario se traslada directamente a la población y a la estructura productiva, generando un impacto que afecta la competitividad de las exportaciones costarricenses.
Amenazas concretas y oportunidades latentes para Costa Rica
La imposición de tarifas recíprocas a Costa Rica no solo representa un desafío inmediato, sino que plantea amenazas profundas a mediano y largo plazo. Una de las más apremiantes es la posible pérdida de participación de mercado frente a competidores con estructuras fiscales o comerciales más flexibles. La competitividad relativa del país podría deteriorarse especialmente en sectores clave como la agricultura, los dispositivos médicos, la electrónica, la agroindustria especializada y la manufactura avanzada, todos pilares fundamentales del modelo exportador costarricense. Además, existe el riesgo de que esta medida sea el preludio de una revisión más amplia del régimen de zonas francas por parte de socios comerciales estratégicos, lo que podría comprometer aún más nuestra posición en las cadenas globales de valor.
Sin embargo, en medio de esta coyuntura compleja también emergen oportunidades que el país no puede darse el lujo de desaprovechar. Es momento de reforzar la narrativa de Costa Rica como un socio confiable, ambientalmente responsable, trazable y alineado con valores democráticos, atributos cada vez más valorados en el comercio global. Asimismo, acelerar la integración de servicios digitales y conocimiento intensivo en la oferta exportadora permitiría al país subir en la escalera del valor agregado. Si se mueve con inteligencia estratégica, Costa Rica podría incluso convertirse en un nodo clave para las cadenas de suministro regionales, posicionándose como un puente confiable entre Estados Unidos y América Latina.
Para lograrlo, el país requiere una estrategia de respuesta integral que combine acciones inmediatas con visión de largo plazo. Desde el gobierno, es urgente activar los mecanismos institucionales del DR-CAFTA, reforzar la diplomacia comercial con Washington y liderar un frente común regional que procure un marco más equitativo de reciprocidad. El sector privado, por su parte, debe identificar los productos más sensibles, fortalecer los atributos diferenciadores de la oferta nacional —como la sostenibilidad y la innovación—, y diversificar proactivamente los destinos de exportación. Finalmente, la academia y los centros de pensamiento deben jugar un rol clave generando evidencia sobre el impacto de las nuevas tarifas, elaborando escenarios prospectivos, y formando talento humano con capacidades para navegar en este nuevo orden comercial en construcción.
Conclusión
La tarifa del 10 % impuesta a Costa Rica no es sólo una cifra: es un llamado a la acción. Representa un síntoma de un nuevo orden comercial en construcción, donde las reglas tradicionales están siendo desafiadas y el poder de negociación se redefine. Costa Rica, como economía abierta e integrada, no puede permitirse el lujo de reaccionar tarde.
Si el país logra movilizar sus fortalezas, anticipar cambios estructurales y construir una narrativa internacional potente, podrá no solo mitigar el impacto inmediato, sino también reposicionarse estratégicamente en un mundo donde la resiliencia, la transparencia y la agilidad serán las nuevas monedas de cambio.
Jhon Fonseca Ordóñez Docente en política comercial y economía internacional, UCR
Cuatro estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) comparecerán ante el Tribunal del Tercer Circuito Judicial de San Ramón de Alajuela. La Fuerza Pública inició el proceso judicial acusándoles de «obstrucción de la vía pública» en contra de “la libertad”. Esta acción representa un grave intento de criminalizar la protesta social en el país.
Estas personas fueron detenidas el 21 de noviembre de 2019 mientras ejercían su derecho a la protesta en San Ramón de Alajuela. La manifestación pacífica y organizada por el movimiento estudiantil, buscaba denunciar los recortes al presupuesto de la educación superior. A pesar de que la protesta no generó bloqueos totales ni afectaciones al tránsito, la policía respondió con un uso desproporcionado de la fuerza, empleando gases lacrimógenos y persecuciones para dispersar al grupo de manifestantes que no superaba las 25 personas.
El abogado defensor Edgardo Araya, interpuso en diciembre de 2019 una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 256 bis del Código Penal, que tipifica como delito «impedir, obstaculizar o dificultar» el tránsito en vías públicas. Esta acción buscaba sentar un precedente para la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión en Costa Rica.
El caso estuvo suspendido mientras la Sala Constitucional analizaba la acción presentada por la defensa. Sin embargo, en agosto de 2023, la Sala resolvió que la definición del delito es constitucional, siempre y cuando no se use para criminalizar la protesta social. Tras el fallo, el juicio fue reactivado.
Llamado a la solidaridad y a la defensa de los derechos humanos
Las personas estudiantes que fueron detenidas, sus familias, el movimiento estudiantil y organizaciones sociales hacemos un llamado a la comunidad universitaria, sectores populares, defensores de derechos humanos y sociedad civil a movilizarse y acompañar este proceso en los tribunales de San Ramón.
Las próximas audiencias, donde se escucharán los testimonios de ambas partes y se recibirán pruebas y declaraciones de testigos, se llevarán a cabo:
Miércoles 9 de abril – 7:00 p.m.
Jueves 10 de abril – 6:00 p.m.
Tribunal del Tercer Circuito Judicial de San Ramón
Hacemos un llamado a apoyar a las personas acusadas y defender el derecho a la protesta. Nos vemos a las afueras del tribunal para exigir justicia y decir fuerte y claro: ¡Protestar no es un delito!
No podemos permitir que se criminalicen las luchas por la educación pública y los derechos fundamentales. Defender la protesta es defender la democracia.
Si en el 2015, Ecuador figuraba, bajo el gobierno de Correa, en el ranking o ÍndicedePazGlobal, que publica el Institute for Economics and Peace, en el puesto 84, en el 2024 está situado en el puesto número 130 con lo cual Ecuador “puede considerarse un país peligroso”.
Por Pablo Ruiz*
En febrero del año 2008 participé de una delegación a Ecuador junto al fundador de SOA Watch, Roy Bourgeos, y la excoordinadora para América Latina de dicha organización, Lisa Sullivan, donde tuvimos la ocasión de reunirnos con el expresidente Rafael Correa en el Palacio de Carondelet la sede del Gobierno ecuatoriano. Le pedimos entonces que Ecuador dejará de enviar tropas a entrenarse a la nueva Escuela de las Américas la que, desde el 2001, se llama Instituto de Cooperación para Seguridad del hemisferio occidental (WHINSEC, por sus siglas en inglés) y cumple la misma función de adoctrinar y entrenar bajo la misma política militar estadounidense.
En ese lejano 2008, Correa transitaba su segundo año de gobierno, nos escuchó con atención y respeto. Entendía perfectamente de qué hablábamos, el papel que ha tenido y sigue teniendo el entrenamiento militar de las tropas latinoamericanas en los Estados Unidos.
Se comprometió entonces a trabajar para tener una mejor correlación de fuerzas como gobernante, entendiendo que para los presidentes de América Latina no es fácil, de un momento a otro, contrariar los deseos o mejor dicho los mandatos que Estados Unidos impone a nuestros países y no tener consecuencias que lamentar.
Ese año 2008, meses después, el 28 de septiembre, tuvo su primera gran victoria. El pueblo ecuatoriano, luego de una Asamblea Constituyente, aprobó una NuevaConstitución la que establece que “Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia social” y que “Ecuador es un territorio de paz” donde se prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras, entre otras conquistas.
Al año siguiente, el 2009, el presidente Correa decide entonces no renovar el Acuerdo con Estados Unidos del uso militar de la base aérea de Manta y, finalmente, el 2012 tomaladecisiónderetiraralastropas ecuatorianas del entrenamiento en WHINSEC.
En esos años lejanos vimos un Ecuador que florecía. Un gobierno que sostenía un diálogo directo con los movimientos sociales, con la ciudadanía, la que tomaba la palabra con propiedad. En esos años, la vida fue cambiando al color de la esperanza y la economía mejoró progresivamente en este país.
También es preciso recordar que, el 3 de mayo de 2007, bajo el gobierno de Correa, se creó también una ComisióndelaVerdadque tuvo como mandato “investigar, esclarecer e impedir la impunidad respecto de los hechos violentos y violatorios de los derechos humanos, ocurridos entre 1984 y 1988 y otros periodos”.
Sobre la situación de seguridad en Ecuador es preciso recordar que, en el año 2007, el presidente Rafael Correa recibió un país con una tasa de 16,9 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Años después, el 2014, “cerramos con una tasa de homicidios de 8,1 por cada 100.000 habitantes y nuestra meta para este 2015 es terminarlo en seis homicidios por cada 100.000 habitantes», señaló el entonces Ministro del Interior, José Serrano, en un EncuentrosobreSeguridadCiudadana desarrollado en Ecuador.
Por supuesto, es claro, que no todo fue perfecto bajo el gobierno de Rafael Correa, pero se avanzó significativamente. También, hay que recordar que hubo un intento de golpe de Estado, el 2010, sabotajes, presiones, etc., pero claramente se vivía mucho mejor en ese Ecuador, en ese periodo, de la “Revolución Ciudadana”.
El país más violento de América Latina
Han pasado muchas cosas en Ecuador, que sería largo relatar, muchas son conocidas, y llegamos al presente en que el DiarioElPaís de España titula, a comienzos de marzo de este 2025, que “Ecuador se sitúa como el país más violento de América Latina: un asesinato cada hora”.
“En los primeros 50 días del año, el país ha registrado 1.300 asesinatos, lo que equivale a un crimen por hora. Esta cifra refleja un aumento del 40% en comparación con 2023, un año que ya ostenta el título de ser el más violento en la historia reciente del país. En medio de este contexto de sangre, al menos 50 menores de edad han perdido la vida, solo en enero”, señala el diario español.
Si en el 2015, Ecuador figuraba, bajo el gobierno de Correa, en el ranking o ÍndicedePazGlobal, que publica el Institute for Economics and Peace, en el puesto 84, en el 2024 está situado en el puesto número 130 con lo cual Ecuador “puede considerarse un país peligroso”. “Este indicador mide el nivel de paz y la ausencia de violencia en un país”, señalan.
El 2024, bajo el gobierno de Daniel Noboa, Ecuador ocupó de acuerdo a uninformedeInSightCrime el primerlugarenlaregión en cuanto a homicidios per cápita, con casi 38.8 casos por cada 100.000 habitantes.
El 2024 el asesinato de cuatro niños, el “Caso Las Malvinas”, donde están involucrados 16 militares ecuatorianos, ha sido uno de los hechos más terribles (que nos recuerda el asesinato y desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa), entre tantos otros, que han sucedidos bajo el mal gobierno del Presidente Noboa. Sin embargo, este no es un caso aislado. La UNICEF ha señalado que la tasa de homicidios de niños, niñas y adolescentes aumentó en un 640 por ciento en cuatro años.
En un artículo escrito anteriormente, titulado “Las implicancias de EEUU en Ecuador”, que deja en evidencia la “supuesta” ayuda y asistencia militar, de inteligencia, de entrenamiento, estadounidense a Ecuador, no ha hecho diferencia, en nada ha servido para hacer de Ecuador un país más seguro. Todo lo contrario, donde Estados Unidos o el neoliberalismo salvaje mete sus manos, se acentúan las injusticias, el caos, y la violencia.
Entre otras cosas, señalé en el artículo referido que:
En septiembre de 2021, el Comando Sur y las Fuerzas Armadas de Ecuador firmaron un “memorando de entendimiento” con el objetivo de mejorar sus relaciones en materia de seguridad y defensa. El acuerdo titulado “Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional” busca el intercambio de datos e información lo que les permitirá a las fuerzas de Estados Unidos y Ecuador operar de mejor manera.
En el contexto de la firma del “memorando de entendimiento”, la embajada estadounidense en Quito señaló que “los Estados Unidos y el Ecuador gozan de una larga historia de cooperación en materia de seguridad centrada en temas de interés mutuo, incluida la seguridad aérea y marítima” agregando que “desde la reapertura de la Oficina de Cooperación en Seguridad en 2018, la Misión de los Estados Unidos ha entregado más de $2.8 millones en asistencia humanitaria, $1.4 millones en entrenamiento militar, y $27.7 millones en equipos y apoyo a las contrapartes ecuatorianas para combatir operaciones ilícitas y fortalecer la defensa del Ecuador”.
El artículo “Violencia y el rol de EEUU en Ecuador”, publicado en el sitio web de TELESUR, indica que “en el periodo 2021-2022 la asistencia militar de EEUU para Ecuador alcanzó los 172 millones de dólares en el marco de programas militares y antinarcóticos, convirtiéndolo en el principal receptor de asistencia militar en la región”.
Más atrás, el 2019, el gobierno ecuatoriano firmó acuerdos con los Estados Unidos que permiten a los militares estadounidenses operar con sus aviones P-3 Orion desde las bases aéreas de Simón Bolívar y desde el aeropuerto de la Isla San Cristóbal ubicada en el archipiélago de las Islas Galápagos para combatir el narcotráfico.
Revivir Ecuador
En octubre de 2024, el actual gobierno de Ecuador, presidido por Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma constitucional que permitiría “abiertamente” volver a establecer bases militares extranjeras en Ecuador las que están prohibidas de acuerdo con el artículo 5 de la actual Constitución ecuatoriana.
En sentido contrario, en el “ProgramaPlurianualdeGobiernodelaRevoluciónCiudadana 2025-2029” que ha presentado Luisa González, como candidata presidencial, se establece: “Defender la soberanía nacional y rechazar la aplicación de la extraterritorialidad de la ley: no a los Tratados de Asistencia Recíproca; no a la instalación de bases militares extranjeras en nuestro territorio”.
Veremos lo qué pasa este 13 de abril en la votación de segunda vuelta para las presidenciales en Ecuador. Hay esperanzas en que Luisa González pueda triunfar y sería una muy buena noticia para Ecuador y América Latina que se dé ese paso y comenzar a cambiar la dura realidad en que los grupos de poder, incluso acusados de estar involucrados en narcotráfico, han sumido al Ecuador del presente.
* Pablo Ruiz es integrante del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile y editor de la Revista El Derecho de Vivir en Paz www.derechoalapaz.org
Delegación de SOA Watch se reunió el 2008 con el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, el ex sacerdote Roy Bourgeos, Pablo Ruiz y Lisa Sullivan.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología presentó una solicitud formal a la Contraloría General de la República para realizar una Auditoría Evaluativa Operativa en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
Mediante el oficio AEL-00134-2025, con fecha del 31 de marzo de 2025, Marco Levy Virgo, presidente de la organización, dirigió a la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, una serie de observaciones sobre deficiencias en varias instituciones del sector público.
El documento señala cuatro áreas de preocupación: deficiencias en las auditorías internas y ejecución presupuestaria, nombramientos inadecuados en puestos clave, sustituciones basadas en criterios personales y nepotismo en cantones de bajo desarrollo.
Según indica la misiva, existe «nulo o deficiente accionar de las auditorías internas, pese a las obligaciones establecidas en la Ley de Control Interno», así como «prácticas que afectan la eficiencia, la transparencia y la idoneidad en la gestión pública».
La asociación cuestiona las subejecuciones presupuestarias e incumplimientos en materia sanitaria y ambiental atribuidos a las autoridades del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ambiente y Energía. También menciona como problemática la designación exclusiva de personal médico como directores de Áreas de Salud, excluyendo profesionales con formación más adecuada.
La auditoría solicitada busca evaluar el desempeño de las auditorías internas, analizar las prácticas de nombramiento, identificar causas de subejecuciones presupuestarias e incumplimientos, además de proponer enmiendas para corregir estas irregularidades.
El oficio fue enviado con copia a autoridades municipales de Siquirres, Matina, Talamanca y Limón, así como a personal de auditoría de distintas instituciones públicas.
La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica invita a la población a participar en la conferencia virtual titulada «Las controversias en la definición de vida y muerte y sus implicaciones éticas en el marco de la medicina de trasplantes».
La actividad será impartida por el Dr. Adrián Cáceres Chacón, especialista en Neurocirugía y miembro correspondiente de dicha institución.
La conferencia se realizará el jueves 10 de abril de 2025 a las 7:00 p.m. (hora de Costa Rica) a través de Facebook Live en la cuenta @ACANAMED (Academia Nacional de Medicina de Costa Rica) y mediante la plataforma Zoom.
Las personas interesadas pueden confirmar su participación al correo-e info@acanamed.com o al teléfono 2296-7615 para recibir el enlace de conexión, con cupo limitado.
La Academia Nacional de Medicina informa que esta actividad está avalada con 1 crédito de recertificación médica para profesionales incorporados que se inscriban previamente.
