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Desarrollo de una Plataforma de Comercialización Solidaria

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Fortaleciendo economías locales y la calidad de vida

Carlos Hernández -Cokomal / Redess
carloscokomal.p@gmail.com

La creación de una web de comercialización solidaria es una iniciativa crucial para promover el acceso equitativo a productos elaborados bajo principios de la economía solidaria. Este proyecto busca fortalecer la economía local y mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables, mediante la promoción de prácticas productivas y los valores fundamentales de la economía solidaria, tales como la cooperación, la equidad, la justicia social, la sostenibilidad ambiental y la participación democrática.

Para desarrollar esta plataforma, es necesaria una inversión económica y organizativa significativa. La inversión económica incluye costos asociados al diseño, desarrollo y mantenimiento del sitio web, así como al marketing y la promoción de la plataforma para atraer a productores y consumidores. Además, se requiere la implementación de sistemas logísticos eficientes para asegurar la entrega oportuna de los productos y la capacitación de los productores en el uso de tecnologías digitales.

En términos organizativos, es fundamental establecer una estructura de gobernanza que garantice la participación democrática y la transparencia en la toma de decisiones. Esto incluye la creación de comités de gestión y la colaboración intersectorial con gobiernos, ONGs y comunidades locales para asegurar el éxito del proyecto. También es esencial promover el empoderamiento de los productores y fortalecer las redes comunitarias para facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias.

Objetivos:

  1. Facilitar el acceso al mercado para productores solidarios y artesanos, promoviendo la comercialización de sus productos a través de una plataforma digital.

  2. Generar ingresos sostenibles para las comunidades mediante la venta de productos solidarios.

  3. Fomentar el consumo responsable y la economía circular, incentivando la compra de productos locales y de temporada.

  4. Promover la colaboración y el intercambio de conocimientos entre los actores de la economía solidaria.

  5. Establecer mecanismos de monitoreo y evaluación para medir el impacto de la plataforma en términos de rentabilidad y sostenibilidad.

Elementos de Rentabilidad:

  1. Análisis de Mercado: Realizar estudios de mercado para identificar la demanda de productos solidarios y establecer un nicho de mercado que garantice la viabilidad económica del proyecto.

  2. Modelo de Negocio: Definir un modelo de negocio claro que incluya fuentes de ingresos como la venta de productos, servicios adicionales, y posibles suscripciones o membresías.

  3. Estrategia de Precios: Establecer una estrategia de precios justa y competitiva que refleje el valor de los productos solidarios y asegure la rentabilidad.

  4. Costos Operativos: Identificar y gestionar los costos operativos, incluyendo el desarrollo y mantenimiento del sitio web, marketing, logística y almacenamiento.

  5. Diversificación de Productos: Ofrecer una variedad de productos solidarios para atraer a un público más amplio y aumentar las oportunidades de venta.

  6. Programas de Fidelización: Implementar programas de fidelización para incentivar la repetición de compras y aumentar el valor de vida del cliente.

Tejido Organizativo de Sustento:

  1. Colaboración Intersectorial: Fomentar la colaboración entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales, comunidades locales y el sector privado para asegurar el éxito del proyecto.

  2. Capacitación y Formación: Ofrecer programas de capacitación y formación dirigidos a los productores solidarios para mejorar sus habilidades y conocimientos en áreas como producción sostenible, marketing digital y gestión empresarial.

  3. Plataforma de comercio: Seleccionar una plataforma de comercio que sea fácil de usar, segura y personalizable para adaptarse a las necesidades de la comercialización solidaria.

  4. Diseño y Usabilidad: Crear un diseño atractivo y una interfaz de usuario intuitiva que facilite la navegación y la experiencia de compra del cliente.

  5. Logística y Distribución: Establecer un sistema eficiente de logística y distribución para asegurar la entrega oportuna de los productos a los clientes.

  6. Redes Comunitarias: Fortalecer las redes comunitarias para promover el intercambio de conocimientos y experiencias, e impulsar la innovación social en el ámbito de la economía solidaria.

  7. Monitoreo y Evaluación: Utilizar herramientas de análisis web para monitorear el rendimiento del sitio, identificar áreas de mejora y tomar decisiones basadas en datos.

El desarrollo de una web de comercialización solidaria requiere un enfoque integral que contemple tanto los elementos de rentabilidad como el tejido organizativo de sustento. La colaboración intersectorial, la capacitación, el uso de tecnologías innovadoras y la promoción de una cultura de sostenibilidad son aspectos clave para asegurar el éxito y la sostenibilidad de esta iniciativa. Con un compromiso firme hacia los principios de la economía solidaria, esta plataforma digital puede convertirse en un motor de desarrollo económico y social para las comunidades más vulnerables.

Volver

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Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Es enero de 2020. Cruzo dos veces el aeropuerto Tocumen ubicado en Ciudad de Panamá́. La primera de ida. La segunda de regreso.

Fui invitado a un encuentro de escritores y narradores en San Francisco de Macorís, Republica Dominicana. A ese viajaba. De eso regresaba.

Entonces ya empezaban a atestiguarse las primeras escenas de una puesta impensable: gentes de todo el mundo con su cubrebocas a cuestas. No sabíamos la dimensión de lo que semanas después sería declarado: la primera y letal pandemia contemporánea asomaría sus fauces sobre esta humanidad, instalando la primera gran crisis civilizatoria de nuestros tiempos.

Fui y volví́

Entonces me fue solicitada una reflexión sobre las movilidades humanas centroamericanas. Eran los de las Caravanas, imagen que no me gusta repetir por tendenciosa y esquiva de la realidades migratorias regionales.

En aquel momento dijimos lo que sabíamos de esos procesos: eran nuevas formas de movilidad, eran colectivas y eran un reflejo de los procesos políticos llevados en sus cuerpos por quienes veían en las migraciones una acción ultima para sobrevivir.

Hoy he vuelto al mismo lugar de hace 5 años. Hice trizas aquella máxima que reza algo así́ como “al lugar que has sido feliz es mejor que no trates nunca de regresar”, pulvericé el presagio.

Hoy como ayer me fue solicitada una reflexión sobre los caminos de las personas migrantes centroamericanas. Hoy son otros los contextos.

Volver significa regresar. Lo hacemos sobre las palabras y sus significados. Sobre el sentido que despiertan. Tratamos de explicarnos y explicar cómo dibujamos estos contextos migratorios contemporáneos.

Volver siempre implica un acto hermoso de resistir al olvido. Será un acto político y absoluto. Volver y recrearse.

Volver y permanecer.

Defensoría identificó fallas en abordaje para atención de personas deportadas

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Reporte de observación activa de Defensoría en aeropuerto

Tal y como ha sido ampliamente señalado por los medios de comunicación, el día de ayer ingresó a nuestro país un grupo importante de personas deportadas de los Estados Unidos. La Defensoría de los Habitantes estuvo presente en el Puesto 2 del Aeropuerto Juan Santamaría, realizando una observación activa de las acciones coordinadas por el Gobierno Costarricense y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), realizándose con total facilitación y apertura.

Al personal de la Defensoría previo a la llegada de las personas deportadas se nos dio una información muy general sobre el “protocolo” a utilizar, por parte de las autoridades migratorias nacionales. A la llegada de la aeronave en el hangar se observó el descenso de las personas deportadas, se ingresó a los tres buses, se realizaron entrevistas con el apoyo de equipo de traducción tecnológico, la colaboración de personas traductoras facilitadas por OIM y el conocimiento del idioma inglés por parte del equipo de la Defensoría.

Se observó una importante cantidad de personas deportadas, bebés en brazos, niños y niñas, mujeres, personas adultas mayores, quienes transmitieron llamados de ayuda, especialmente para poder informar a sus familias donde se encontraban y, evidenciaban y expresaban su angustia.

Se constató la provisión de insumos básicos de aseo para niñas y niños, alimentos (botella de agua, emparedado, manzana y repostería), leche en fórmula, toallas sanitarias, libros de pintar y crayones. Además, los buses contaban con servicio sanitario y aire acondicionado.

De dicha observación, corresponde a la Institución Nacional de Derechos Humanos hacer de conocimiento público, situaciones vejatorias y ajenas al efectivo y pleno disfrute de Derechos Fundamentales de las personas extranjeras que arribaron a nuestro al país las cuales se detallan a continuación:

No se dispuso en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de un lugar adecuado para su llegada y permanencia hasta su traslado al CATEM-Sur, considerando que se trató de un número elevado de personas. A partir del aterrizaje de la aeronave (más de cuatro horas de vuelo) inmediatamente fueron trasladados a los autobuses para un nuevo viaje, ahora terrestre, de aproximadamente seis/siete horas hacia el CATEM-Sur. Era mandatorio garantizar el acceso a la información al primer momento de haber pisado suelo nacional. Esta primera medida tuvo impacto en diferentes aspectos que a continuación se detallan.

Tratándose del acceso a la información sobre el proceso migratorio llevado a cabo por el Gobierno de los Estados Unidos y participación del Gobierno de Costa Rica, a partir de la información compartida por las personas deportadas a esta Defensoría en los buses, indicaron carecer de información del país de llegada, procedimientos migratorios que se aplicarían, lugar y tiempo aproximado de traslado, pedían ejercer su derecho de comunicación con sus familiares y solicitaban apoyo para lograrlo, consultaban sobre la permanencia en el país, plazo estimado de permanencia, entre otros. El faltante de esta información incrementó la angustia y la incertidumbre de estas personas.

La traducción fue limitada en la amplitud de idiomas de las personas deportadas. La intervención de las personas traductoras fue para transmitir un mensaje inicial muy básico, sin abordar las necesidades o el llamado propio de las personas deportadas.

Agregar que, tratándose del Derecho a la identidad, las personas consultadas por la Defensoría manifestaron haber sido despojados de sus documentos de identidad, sus pasaportes, lo cual limitó poder verificar el vínculo familiar.

Entre las entidades que se hicieron presentes en el lugar estuvo la Cruz Roja, el PANI, el MAG, el Ministerio de Hacienda, así como Fuerza Pública, UEI, Policía Turística y la Policía Profesional de Migración, cuerpo responsable del operativo efectuado. No obstante subrayar que, su sola presencia no fue suficiente, dado que tratándose del PANI, su intervención no fue coordinada para realizar un abordaje integral de la población menor de edad en el aeropuerto.

Las personas menores de edad están siendo víctimas de un proceso injusto. Luego de un transporte aéreo de más de cuatro horas, fueron trasladadas en forma inmediata a un segundo medio de transporte. Agregar que sus madres manifestaron que tenían horas sin haber podido dormir adecuadamente, a su ingreso a los autobuses mostraban gran apetito. Costa Rica ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño, por lo que es mandatorio garantizar que el interés superior del niño sea garantizado.

A pesar de que había un número alto de mujeres, en su mayoría madres de familia, el INAMU no estaba presente. Tampoco estuvo presente el CONAPAM, pese a la presencia de personas adultas mayores con dificultad para trasladarse y que también requerían de un abordaje especial.

Era urgente que, a su llegada al territorio nacional, se verificara que estas personas recibieran una valoración médica que permita identificar si tenían alguna necesidad de salud o si requieren de alguna intervención para resguardar su vida, por ejemplo, acceso a medicamentos tratándose de patologías crónicas. Es decir, no hubo una atención prioritaria individualizada para cada una de las personas que identificara requerimientos médicos particulares. Algunos hombres mostraron las marcas en varias partes de su cuerpo e indicaron ser producto del uso de esposas en el viaje aéreo.

Se observó que algunas de las personas requerían una atención de contención, no obstante, no hubo primeros auxilios psicológicos. No se contaba con personal médico en cada una de las unidades de buses dispuestas para su traslado al CATEM-Sur.

Subrayar que, el Principio de No Devolución, regulado en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, pretende la protección de los bienes jurídicos de la vida, la libertad, la integridad y seguridad de las personas extranjeras, precisamente, por ese deber que tienen los Estados de tomar todas las medidas necesarias para proteger esos bienes jurídicos, independientemente de la nacionalidad o condición migratoria de la persona extranjera. Por tanto, es mandatorio verificar que, al regresar a sus países de origen, ninguna de estas personas será sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Lo anterior especialmente considerando la situación de conflicto existente en varios de los países de origen de estas personas deportadas, lo cual se hizo evidente en su llamado a “no volver a sus países”, así lo manifestaron a esta Defensoría.

Ser testigo de lo antes descrito, nos debe llevar a todas y todos a la reflexión: Costa Rica no se puede alejar de una tradición histórica de respeto a los Derechos Humanos y de ayuda humanitaria, ni puede desconocer los compromisos internacionales que ha asumido en esta materia, a pesar del interés político que pueda motivar a la implementación de acuerdos de cooperación migratoria con otros países de la región.

La Defensoría de los Habitantes continua presente realizando visitas al CATEM-Sur y reiterando al Estado Costarricense la obligatoriedad de garantizar derechos fundamentales, de estas personas deportadas.

Por el Día Mundial contra las Bases Militares Extranjeras

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Por Pablo Ruiz*

En el marco del Día Mundial de Acción Contra las Bases Militares extranjeras, se realizó este jueves 20 de febrero pasado el Foro Internacional “Territorios de Paz, Bases Militares Extranjeras y Militarismo Global”.

En el foro compartieron su análisis Gabriel Aguirre, organizador para América Latina de Un Mundo Más allá de la Guerra; Ángeles Diez, del Frente Antiimperialista Internacionalista y de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad de España; Mahfud Bechri de la Campaña Internacional contra el Muro de la Ocupación Marroquí en el Sáhara Occidental; Basilio Gutiérrez, embajador de Cuba en Ecuador; Luis Ángel Saavedra, de la Coalición contra la Intervención y Base Militar Estadounidense en Galápagos en Ecuador; y de Carlos Padilla Roiz de la organización Los Necios de Honduras.

Gabriel Aguirre, señaló que esta actividad se enmarca en el Día Mundial de Acción Contra las Bases Militares extranjera «porque el 23 de febrero es la fecha en la que se firma un tratado ilegal en el cual Estados Unidos logra hacerse de la posesión de Guantánamo de una forma ilegítima, de una forma ilegal, y por supuesto contraviniendo todos los principios de respeto al derecho internacional y la soberanía de los pueblos sobre sus territorios».

Aguirre indicó que el mundo está plagado de bases militares, de aproximadamente 900 bases militares, que se encuentran en 96 países. La mayoría son de los Estados Unidos y países de la OTAN.

«¿Cómo se justifica la presencia de las bases militares hoy en el mundo? sustentan la presencia y el derecho que ellos se dan para establecer bases militares en todo el mundo y el primer elemento que debemos mencionar, por supuesto, es la denominada Doctrina Monroe, definida en el año de 1823, diseñada por James Monroe, el quinto presidente de los Estados Unidos, donde, principalmente, se habla de cuál va a ser la orientación de la política exterior de Estados Unidos partiendo de un principio fundamental reclamar 35 de los 28 territorios de las nacientes repúblicas que se estaban independizando de las colonias europeas. Bajo este principio de «América para los americanos» hay que mencionar que el libertador Simón Bolívar decía que los «Estados Unidos parecen estar destinados, por la Providencia, a plagar a América de miserias en nombre de la libertad».

«Un segundo elemento, que también sustenta todo esto, tiene que ver con la tesis del «destino manifiesto» donde John Sullivan, en 1845, dice «otras naciones han emprendido una interferencia hostil contra nosotros con el objeto de frustrar nuestra política y obstaculizar nuestro poder, limitando nuestra grandeza, y frenando el cumplimiento de nuestro destino manifiesto de extendernos por el continente asignado, por la providencia, para el desarrollo libre de nuestros millones que se multiplican anualmente». Es decir, para quienes tengan una interpretación rápida de esto, no es otra cosa más que el pueblo anglosajón destinado por la Providencia, por la divinidad, a hacerse del control del mundo entero. Creo que es un discurso muy similar al que utiliza hoy el Estado sionista de Israel, justamente para justificar su intervención contra el pueblo palestino», dice Gabriel Aguirre.

En embajador de Cuba en Ecuador, Basilio Gutiérrez, recordó que «la República de Cuba, que nació en mayo de 1902, fue una República, como decimos nosotros los cubanos, mediatizada porque dejamos de ser Colonia de España para convertirnos en una semicolonia de los Estados Unidos y eso fue como resultado de la imposición, por la fuerza, de la Enmienda Platt que le daba a los Estados Unidos el derecho de intervenir en los asuntos internos de Cuba, incluso por la vía de la fuerza, cada vez que viera en peligro sus intereses en la isla. Por otra parte, le concedió el derecho de firmar un acuerdo para bases navales y carboneras y establecerlas en la isla. Como resultado de este acuerdo, impuesto, es que se estableció la base naval de Guantánamo, en febrero de 1903, y que está allí, hasta hoy, en contra de la voluntad del pueblo cubano».

«Hoy 117 km cuadrados del territorio nacional de Cuba están ocupados por la base militar de los Estados Unidos, la más antigua del mundo, en contra de la voluntad, en contra de la aceptación del pueblo y del gobierno de Cuba y desde que triunfó la revolución, el 1 de enero de 1959, Cuba, en todos los escenarios, ha dado y sigue dando la batalla para que le sea de vuelta a nuestro país. Es parte de nuestro territorio, que nos ha sido arrebatada por la fuerza y que incluso de manera denigrante ha sido utilizada para traer supuestos terroristas del mundo y ahora para traer allí y hacer una prisión de inmigrantes que dice la administración del presidente Trump son una amenaza para los Estados Unidos y lo hacen violando los Derechos Humanos algo que está probado cómo se violan los Derechos Humanos allí, en la base naval de Guantánamo, cómo se han aplicado torturas terribles contra las personas que están allí», señala el embajador cubano.

Por su parte, Carlos Padilla Roiz, de la organización Los Necios, de Honduras, señaló que el intervencionismo de EEUU «también se manifiesta a nivel ideológico y simbólico y se ha realizado por medio del financiamiento de ONGs, a través de USAID, como el escándalo que hace poco ha sido conocido a nivel mundial, pero también se sabe que desde los años 80, a través de las iglesias protestantes, de las ONGs, de supuesta cooperación cívico-militar que daba una cara más favorable del ejército nacional ante la población, se han ido introduciendo esos procesos de dominación cultural».

«Los Estados Unidos también apoyaron dictaduras militares en muchas décadas y esto también llevó a que el ejército nacional se comportara prácticamente como una extensión del ejército norteamericano a través de la asesoría técnica de lo que ya conocemos de la Escuela de las Américas que han ido introduciendo sus criterios y su visión en el cuerpo de las fuerzas armadas», dice Padilla quien recordó que desde la Base Militar de EEUU en Soto Cano fue expulsado el presidente Manuel Zelaya en el golpe de Estado en Honduras el 2009. La presidenta Xiomara Castro, «se ha manifestado a favor de revisar la relación con EEUU en el marco de la expulsión de nuestros migrantes lo que pone a la vista que no hay una relación soberana o que no hay una relación, mejor dicho, equitativa entre el gobierno de los Estados Unidos hacia nuestro gobierno».

El foro fue organizado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos; la Coordinadora Ecuatoriana del Movimiento de Amistad y Solidaridad con Cuba; la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el pueblo saharaui; el Centro de documentación de Derechos Humanos Segundo Montes Mozo; la Fraternidad Ecuménica Ecuatoriana; y Un Mundo más allá de la Guerra (World Beyond War).

El Día Mundial de Acción Contra las Bases Militares extranjeras, este 23 de febrero, ha sido convocado por la Oficina Internacional de la Paz (IPB), No a la guerra – No a la OTAN, Pace e Bene, RootsAction, Veteranos por la paz, Red de resistentes de la industria de la guerra, Internacional de Resistentes a la Guerra y World Beyond War.

El Foro Virtual Internacional «Territorios de Paz y Bases Militares Extranjeras» está disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=oe6g9oxjWmk

* Pablo Ruiz es parte del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, editor de la Revista El Derecho de Vivir en Paz.

Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile

www.derechoalapaz.org

Monitoreo tectónico y volcánico peligran ante falta de presupuesto

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Aprobación de proyecto de ley en Asamblea Legislativa garantizará recursos permanentes al Ovsicori-UNA

La adquisición de herramientas necesarias para la construcción y mantenimiento de instrumentación sismológica y geodésica, materiales para el abordaje tectónico y volcánico en Costa Rica, así como el desarrollo de los sistemas de alerta temprana de sismos, podrían dejar de funcionar dada la suspensión en 2023 del giro de recursos económicos provenientes del Fondo Nacional de Emergencias al Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI) de la Universidad Nacional (UNA). Lo anterior debido a la caducidad del Transitorio I de la Ley N.8488.

Dicha ley garantizaba que esos recursos no se destinarán a la contratación de personal, ni a la participación de funcionarios de OVSICORI-UNA, en congresos o reuniones científicas, sino, únicamente al mantenimiento y expansión de las redes de monitoreo, es decir a la instrumentación.

Con la finalización del Transitorio que permitía el financiamiento, a través del Fondo Nacional de Emergencias, no existe un mecanismo de financiamiento estable. De mantenerse esta situación, se interrumpirán las labores de monitoreo y estudio de las amenazas naturales a cargo del OVSICORI-UNA, lo que repercutirá negativamente en la respuesta ante emergencias y en la coordinación con otras instituciones del Estado y gobiernos locales.

Aportes a la sociedad

Esteban Chaves, director del OVSICORI-UNA, destacó los logros y contribuciones directas al pueblo de Costa Rica, mediante los recursos del Transitorio de la Ley de Emergencias, entre ellos: el seguimiento a la actividad eruptiva del volcán Turrialba durante la segunda mitad de la década de 2010, la anticipación del terremoto de Nicoya, ocurrido el 5 de septiembre de 2012.

Ocho años atrás, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) se basó en los datos de monitoreo del OVSICORI-UNA, para cerrar el parque nacional volcán Poás 18 horas antes de una erupción que destruyó varios equipos de vigilancia y causó daños al mirador de visitantes. Asimismo, en 2019, pese a las emisiones de ceniza, se habilitó el acceso de los turistas al Poás, gracias a la vigilancia constante y al aprendizaje que se impartió sobre los procesos volcánicos proporcionados por el observatorio.

Algo similar sucedió en 2024, cuando el instituto anticipó con éxito los escenarios de actividad en el Poás, alertando a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y al SINAC con cuatro meses de antelación, lo que permitió tomar decisiones informadas sobre la seguridad y consideraciones económicas. No obstante, el parque permaneció abierto.

El sismólogo resaltó que el logro más reciente corresponde al sistema de alerta temprana de terremotos, manejado con la red sismológica digital y la transmisión de datos en tiempo real. A través de esta iniciativa, los usuarios de celulares con sistema operativo Android™ o iOS™ reciben alertas sobre terremotos inminentes, con 30 segundos de aviso, antes del arribo de las ondas sísmicas causantes de los mayores daños.

Chaves precisó que para completar la red de instrumentación geodinámica y asegurar una cobertura adecuada en el territorio nacional, aún se requieren más instrumentos y construir sitios de monitoreo, lo cual permitirá al OVSICORI-UNA y al país contar con vigilancia en tiempo real de los volcanes activos de Costa Rica (Rincón de la Vieja, Poás, Irazú y Turrialba), estaciones sísmicas, geodésicas, analizadores de gases volcánicos y cámaras web, entre otros.

En la actualidad los científicos de OVSICORI trabajan en la anticipación de otro terremoto, con magnitud entre 7,2 y 7,4, el cual ocurriría en un futuro cercano en la península de Osa.

Rescate en camino

A las puertas de un colapso del monitoreo tectónico y volcánico, el OVSICORI-UNA, se vio en la necesidad tocar las puertas de la Asamblea Legislativa; en este caso, el instituto contó en primera instancia con el acompañamiento de la legisladora Rosaura Méndez Gamboa, representante del Partido Liberación Nacional (PLN), por la provincia de Cartago, la cual redactó el proyecto de ley: “Adición del artículo 46 ter a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N.8488, para establecer un financiamiento permanente a las redes de monitoreo geodinámico y meteorológico”, presentado a la secretaría del Directorio Legislativo en diciembre pasado.

El pasado 18 de febrero de 2025, el proyecto de ley ingresó al orden del día de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

El texto, presentado bajo el expediente 24.738, propone que el OVSICORI-UNA, la Red Sismológica Nacional (RSN) y el Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR), así como el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), se financiarán de manera permanente del aporte del 0.60% (cerca de ¢2.000 millones) de todas las primas de seguros de vida, salud, incendios y líneas afines que se vendan en el país. En ese sentido el OVSICORI percibiría un 35% (alrededor de ¢600 millones anuales) de los fondos recaudados para la adquisición de equipos sísmicos y volcánicos, necesarios para realizar las actividades de monitoreo en Costa Rica.

En caso de existir algún remanente, estos fondos se destinarán al equipamiento y fortalecimiento de la investigación en amenazas sísmicas y volcánicas.

Oficina de Comunicación

Universidad Nacional, Costa Rica

El Ovsicori-UNA cuenta con la red de instrumentación geodinámica permanente más grande y moderna de toda América Latina.

Academia Nacional de Ciencias: Reforma al reglamento de Agua Potable es un retroceso en la salud pública

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  • Propuesta no consideró a sectores de la comunidad científica nacional

  • Insta a suspender la aprobación de la modificación

  • El 90% de las sustancias usadas son consideradas Plaguicidas Altamente Peligrosos

Mediante un pronunciamiento de la Comisión de Salud Global sobre la modificación del Decreto Ejecutivo No. 38924-S del 2 de enero de 2015, “Reglamento para la Calidad del Agua Potable”, se considera que “esta modificación acarrea consecuencias perjudiciales para la salud de la población”.

Según la Academia Nacional de Ciencias (ANC), “claramente esta modificación al reglamento atenta contra el principio precautorio de in dubio pro salud por flexibilizar la normativa existente”. 

La reforma establece un cambio en la regulación de plaguicidas en el agua, reemplazando el concepto de «valor máximo admisible» (0,1 μg/L por plaguicida y 0,5 μg/L para el total de plaguicidas) por un «valor de alerta», a partir del cual se realiza una evaluación de riesgo específica para cada plaguicida. Si se detecta que la concentración de plaguicidas en el agua supera este valor de alerta, se lleva a cabo un análisis de riesgo para determinar un Valor Máximo Admisible Ajustado por Riesgo (VMAAR), que podría ser superior al valor de alerta. Si el nivel de plaguicidas se encuentra entre el valor de alerta y el VMAAR, el agua podría seguir consumiéndose sin un límite claro, hasta que el nivel de contaminación disminuya.

Por lo tanto, “la propuesta de modificación del reglamento mencionado constituye un retroceso en la salud pública del país”.

Para la ANC, el problema de contaminación del agua por plaguicidas en Costa Rica es de gran magnitud y “la modificación propuesta del decreto empeora una situación ya de por sí complicada”. Por ello, hacen “un llamado a mantener el modelo preventivo del valor máximo admisible y a crear caminos que conduzcan a la prevención de la ingesta de agua contaminada”.

Les preocupa la ausencia de sectores de la comunidad científica nacional que “tienen un conocimiento amplio y experiencia en estudios sobre calidad y contaminación del agua, y que están en la mejor disposición de aportar estos insumos para generar políticas públicas basadas en evidencia científica y dirigidas al bien común”.

Finalmente, “instan a las autoridades y a la sociedad en general a suspender la aprobación de la modificación del Reglamento para la Calidad del Agua Potable y abrir procesos de análisis y discusión sobre este delicado asunto, sobre una base científica y en salvaguarda de la salud pública del país”.

Contexto:
El año pasado, la ANC organizó un foro titulado “Plaguicidas: impactos ecológicos y en salud pública y posibles soluciones para Costa Rica”, donde expertos expusieron la grave situación del uso de plaguicidas en el país. Costa Rica es uno de los países que más plaguicidas aplica por área agrícola, con más de 250 ingredientes activos registrados, de los cuales cerca de 200 se utilizan activamente, y aproximadamente el 90% de estos son considerados Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs). Esta contaminación tiene serios efectos en la salud humana y los ecosistemas, lo que requiere una toma de conciencia y la implementación de medidas preventivas y correctivas, como se discutió en el foro.

Ver pronunciamiento completo: https://www.anc.cr/pronunciamiento-de-la-comision-de-salud-global-de-la-academia-nacional-de-ciencias-sobre-la-modificacion-del-decreto-ejecutivo-no-38924-s-del-2-de-enero-del-2015-reglamento-para-la-calidad-del-agua/

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Imagen: UCR.

Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias se pronuncia sobre modificación al “Reglamento Para La Calidad Del Agua Potable”

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

Pronunciamiento de la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias sobre la modificación del Decreto Ejecutivo No. 38924-S del 2 de enero del 2015 “Reglamento Para La Calidad Del Agua Potable”

El viernes 13 de diciembre el Ministerio de Salud hizo una consulta pública la modificación del Decreto Ejecutivo No. 38924-S del 2 de enero del 2015 “Reglamento Para La Calidad Del Agua Potable”. La Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias (ANC) considera que esta modificación acarrea consecuencias perjudiciales para la salud de la población.

El año pasado la ANC organizó el foro titulado “Plaguicidas: impactos ecológicos y en salud pública y posibles soluciones para Costa Rica”. En dicha actividad, expertas y expertos en el tema expusieron la grave situación por la que atraviesa Costa Rica en este tema. En el pronunciamiento de la ANC a raíz del foro se mencionó que “Costa Rica es uno de los países a nivel mundial que aplica más plaguicidas por área agrícola (las estimaciones oscilan entre 10 y 35 kg/hectárea cultivada de acuerdo con diferentes fuentes). En la actualidad hay registrados en nuestro país más de 250 diferentes ingredientes activos con diversas acciones biocidas, de los cuales se usan activamente cerca de 200. Aproximadamente la mitad de los ingredientes activos usados en nuestro país en los últimos años se consideran Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs) de acuerdo con criterios internacionales (FAO, OMS) y, por volumen de uso, se estima que alrededor de un 90% de los plaguicidas usados son PAPs.”

Este nivel de contaminación por plaguicidas tiene enormes impactos en la salud humana y es de perjuicio para los ecosistemas, lo cual ha sido ampliamente documentado mediante investigaciones científicas en el país. Por lo tanto, se requiere tomar conciencia de la gravedad de esta situación e implementar medidas preventivas y correctivas, las que fueron discutidas en el foro mencionado.

En este contexto nos preocupa la propuesta de modificación del Reglamento para la Calidad del Agua Potable que ha preparado el Ministerio de Salud. Uno de los problemas principales es que se cambia el concepto de “valor máximo admisible” de 0,1 µg/L para cualquier plaguicida y de 0,5 µg/L para el total de plaguicidas, por el concepto más flexible de “valor de alerta”, a partir del cual se realicen valoraciones de riesgo específicas para cada plaguicida. Esto significa que, en caso de que se detecte que la concentración de plaguicidas en una fuente de agua supere el valor de alerta, se efectuaría un análisis de riesgo para establecer un Valor Máximo Admisible Ajustado por Riesgo (VMAAR) que podrá ser mayor al valor de alerta. El agua potencialmente contaminada con concentraciones mayores al ‘’valor de alerta´´ e inferiores al VMAAR seguiría siendo consumida por la población durante un periodo indefinido, hasta que se reduzca el nivel de contaminación. Claramente esta modificación al reglamento atenta contra el principio precautorio de in dubio pro salud por flexibilizar la normativa existente. Por tanto, la propuesta de modificación del reglamento mencionado constituye un retroceso en la salud pública del país.

El problema de contaminación del agua por plaguicidas en Costa Rica es de proporciones importantes, según evidencia la contaminación de fuentes de agua potable con metabolitos del plaguicida clorotalonil en ciertas regiones del país. La modificación propuesta del decreto empeora una ya de por sí complicada situación. Se hace un llamado a mantener el modelo preventivo del valor máximo admisible y crear caminos que conduzcan a la prevención de la ingesta de agua contaminada, a la adecuación de la normativa en el sentido de hacerla más exigente, así como el fortalecimiento de la implementación de la misma y al mejoramiento de las prácticas agrícolas nacionales.

Como miembros de la ANC nos preocupa que, en la elaboración de normativa en este tema, no se tome en cuenta a sectores de la comunidad científica nacional que tienen conocimiento amplio y experiencia en estudios sobre calidad y contaminación del agua y que están en la mejor disposición de aportar estos insumos para generar política pública basada en evidencia científica y dirigida al bien común.

Los miembros de la ANC instan a las autoridades y a la sociedad en general a suspender la aprobación de la modificación del Reglamento para la Calidad del Agua Potable y abrir procesos de análisis y discusión sobre este delicado asunto, sobre una base científica y en salvaguarda de la salud pública del país.

La Alianza por una Vida Digna le invita a visitar y compartir sus redes

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Le invitamos a seguir estas páginas, y compartirlas, para enterarse de distintos temas de relevancia para la construcción de vida digna en el país

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Defensoría: País requiere discutir estructura tributaria que garantice financiamiento de la inversión social

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • Reforma deberá ser progresiva y sostenible, sostiene la Defensoría

  • Todos los sectores deberán aportar elementos técnicos con visión país

La Costa Rica de hoy, en materia de políticas sociales, se ha visto robustecida por la posición visionaria de diferentes estadistas que han comprendido que el desarrollo del país se sustentaba en la inversión pública de servicios fundamentales como educación, salud, cultura, vivienda, seguridad, luz, agua, telefonía, internet, entre otros; regidos por principios tales como oportunidad, inclusividad, igualdad, solidaridad, accesibilidad, equidad y desarrollo social.

Este enfoque, sustentado en un Estado Social de Derecho, pone de manifiesto que la inversión social es la base de un alto desempeño de desarrollo humano y social sustentado en indicadores. Lo anterior ha derivado que Costa Rica históricamente sea una nación vanguardista en la realización de temas vinculados a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La Defensoría de los Habitantes, a lo largo de la última década, viene escuchando el reclamo de autoridades de gobierno en el sentido que, para cumplir con un mandato constitucional o una ley específica, se requiere de mayores ingresos para su acatamiento; no obstante, tampoco proponen alternativas alcanzables para su cumplimiento. Para la Defensoría no pueden existir funcionarios públicos obligados al cumplimiento de la ley y otros que no: éstos últimos aduciendo imposibilidades materiales, financieras o de cualquier otra índole.

La ecuación completa en materia fiscal se compone de dos grandes variables: ingresos + gastos. El país ha venido, durante los últimos cinco años tomando medidas para la reducción del gasto. La más recientes, la aprobación de la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la creación de la Regla Fiscal. Ambas leyes permitieron que, mientras en el 2019 el país debía endeudarse un 54% para financiar el déficit fiscal, datos preliminares para el 2025 muestran que el nivel de endeudamiento, para financiar el presupuesto de este año, disminuyó al 38%. Esto muestra que, desde el 2019, se viene financiando el presupuesto de la República con menos endeudamiento. El 50% de la ecuación en materia de gastos se ha venido realizando con altos y bajos.

Para la Defensoría de los Habitantes surge ahora entonces la gran pregunta: ¿qué ha sucedido con el otro 50%?; esto es, ¿qué medidas efectivas ha tomado el Ministerio de Hacienda para aumentar los ingresos?, ¿en cuánto se han incrementado los ingresos tributarios resultado de estrategias para luchar contra la evasión y elusión fiscal?, por ejemplo. Es importante señalar que el Fondo Monetario Internacional reconoció en el 2018 que la evasión en IVA rondaba en el 2,7% del PIB y un monto similar en renta; o sea, cerca del 5% del PIB solo en evasión. Y ni hablar de la resistencia a implementar mejoras en los sistemas digitales de tributación, que al mes de agosto del 2024 solo tenía un avance del 19%, y se anunció que comenzará a implementarse hasta el 2026.

Sostiene la Defensoría de los Habitantes que el país debe revisar si existen actividades productivas que mueven el PIB, y que al día de hoy aportan 0% en impuestos a la renta. En ese sentido, como Institución Nacional de Derechos Humanos, considera fundamental que el país se proponga la apertura de un diálogo intersectorial que permita tener como resultado una nueva estructura tributaria, que sea progresiva y sostenible. Todos los actores sociales, económicos, financieros, gubernamentales, la sociedad civil organizada, entre otros, deben aportar en la construcción de un escenario presupuestario que permita superar los obstáculos, las excusas, las imposibilidades, para volver a tener una Costa Rica visionaria que sustente sus bases en el Estado Social de Derecho.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Desarrollan prueba para diagnosticar paragonimiasis en humanos

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Dra. María José Zúñiga.

  • Instan a la población a reportar la presencia de cangrejos de agua dulce para obtener más cantidad de muestras y así mapear con mayor precisión la distribución del parásito.

Elaborado por: Johnny Núñez Z.
Periodista-O.C-UNA
jnunez@una.cr

Investigadores del Laboratorio de Zoonosis y Entomología de la Escuela de Medicina Veterinaria (EMV) y Laboratorio de Biotecnología de Plantas de la Escuela de Ciencias Biológicas (ECB) de la Universidad Nacional (UNA) trabajan desde hace cinco años en el diseño de un antígeno de alta sensibilidad y especificidad, para diagnosticar de forma más precisa la paragonimiasis, enfermedad producida por el consumo de cangrejos y otros crustáceos de río sin cocinar o en ceviche.

María José Zúniga, investigadora de este procedimiento y quien realiza su tesis doctoral bajo la tutoría del especialista Frank Solano, comentó que su investigación denominada: “Búsqueda de antígenos para el inmunodiagnóstico de la paragonimiasis en Costa Rica: una zoonosis alimentaria que puede ser letal”, tiene como objetivo secuenciar el genoma completo de Paragonimus mexicanus e identificar antígenos específicos para desarrollar una prueba diagnóstica.

Zúniga explicó que esta investigación, pionera en América Latina, surgió porque la prueba actual, que consiste en analizar muestras de heces al microscopio, no es fiable. “Resulta que cuando el gusano adulto está en pulmón no libera huevos a diario, lo que puede causar falsos negativos y dificulta la detección. Además, en casos de paragonimiasis cerebral es imposible detectar los huevecillos en heces. De ahí que buscamos desarrollar un antígeno recombinante para detectar anticuerpos en el suero que pueda diagnosticar este padecimiento”, agregó Zúniga.

La tesiaria dijo que en la actualidad la paragonimiasis es una enfermedad zoonótica desatendida, que afecta a mamíferos como especies silvestres y mascotas, mientras que en las personas suele confundirse con tuberculosis.

Cabe destacar que dicha investigación es respaldada con recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (Fees) y el Consejo Nacional de Rectores (Conare) con apoyo de la Universidad de Costa Rica (UCR) y Estatal a Distancia (UNED).

Paragonimus en Costa Rica

La investigadora Gaby Dolz resaltó que estudios hechos en colaboración con los investigadores Edith Ulate, Roderico Hernández, Gerardo Rojas, Ana Jiménez e Ingo Wehrtmann evidenciaron que, en el país, desde 1968, la paragonimiasis se había reportado en 28 personas.

En el 2000, una prueba intradérmica reveló la presencia del agente infeccioso en 23 de un total de 100 estudiantes de la escuela de Alto Katsi de Talamanca, mientras con una técnica inmunoenzimática se estableció infecciones activas en 10 niños. El último caso de paragonimiasis cerebral reportado fue un menor indígena Ngäbe en 2013.

En 2015, los investigadores mencionados capturaron y examinaron 347 cangrejos de agua dulce, de los cuales 44 (12.6%) fueron positivos con metacercarias de Paragonimus spp en ocho sitios (Limón, Guácimo, Sarapiquí, Talamanca, Upala, Parrita, Buenos Aires, Coto Brus). Además, se extrajeron 588 metacercarias  de P. mexicanus y 11 de P. caliensis.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la paragonimiasis como una enfermedad pulmonar causada por la ingestión de varias especies de metacercarias (parásitos) del género Paragonimus.

Oficina de Comunicación

Universidad Nacional, Costa Rica