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Convocatoria: Proceso de reflexión ¿Aún sigue vigente la transformación? Crisis Educativa y Educación Popular

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

¿Qué educación queremos para qué tipo de sociedad?

La versión mercantilizada de la educación se ha convertido en la respuesta dominante en múltiples espacios educativos. Ante esta realidad, enfrentamos un desafío crucial: construir propuestas educativas que busquen la transformación y la profundización de nuestros derechos sociales y culturales.

Estamos en medio de una disputa por los sentidos de la educación, que no es otra cosa que el debate sobre el proyecto de sociedad que queremos construir. Esta disputa se materializa en leyes, reglamentos, programas de estudio y otros dispositivos que dan forma al sistema educativo.

Se nos presenta una falsa dicotomía entre educación básica y universitaria, técnica y humanista, como si una representara una visión privilegiada a expensas de la otra. Sin embargo, abordar estos argumentos de manera superficial nos aleja de una reflexión esencial:

¿Qué tipo de educación queremos para construir la sociedad que soñamos?

En este espacio de diálogo, reflexionaremos sobre preguntas clave:

  • ¿Qué se cuestiona realmente en un sistema educativo?
  • ¿Qué elementos se utilizan para desacreditarlo?

Te invitamos a participar y reflexionar sobre la coyuntura educativa actual.

Duración:
5 sesiones: 19 y 26 de febrero, 5, 12 y 19 de marzo.

Horario:
6:00 p.m. a 8:30 p.m.

Lugar:
Kioscos Socioambientales, San Pedro.

Formulario de inscripción: https://forms.gle/JiAD9jyKQPpUqu4d9

Para más información, descarga la convocatoria o escribe a:
observatoriobienescomunes@gmail.com

Por una Costa Rica democrática, popular y solidaria

Juan Arguedas Chaverri.

Juan Arguedas Chaverri

Algunos elementos para una agenda, con miras a una alianza.

  1. Implementación de los Derechos Humanos: La protección y promoción de los derechos humanos son fundamentales para garantizar la dignidad de todas las personas. Al implementar estos derechos, se fomenta una sociedad más justa y equitativa, donde cada individuo puede vivir sin miedo a la discriminación, la violencia o la opresión.
  2. Desarrollo Económico, Social y Político: Reconocer a las personas como sujetos del desarrollo y centro de este, implica que deben tener voz y participación en las decisiones que afectan sus vidas. Esto no solo empodera a las comunidades, sino que también promueve un desarrollo más sostenible y adaptado a las necesidades locales.
  3. Fortalecimiento de Instituciones Públicas: Las instituciones públicas son la columna vertebral de un Estado Social de Derecho. Al fortalecerlas, se mejora la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos, como la educación y la salud, lo que a su vez contribuye al bienestar general y a la cohesión social.
  4. Vivienda para Todos: El acceso a una vivienda digna es un derecho humano básico. Garantizar este acceso no solo mejora la calidad de vida de las personas, sino que también contribuye a la estabilidad social y económica, reduciendo la pobreza y fomentando comunidades más saludables.
  5. Economía Mixta: Una economía mixta permite combinar la eficiencia del sector privado con la responsabilidad social del sector público. Esto puede resultar en un crecimiento económico más inclusivo, donde se priorizan las necesidades de la comunidad y se promueve la equidad.
  6. Democracia Socialista y Popular: Este enfoque busca una democracia que no solo sea política, sino también económica y social. Al priorizar el bienestar de la comunidad, se fomenta una participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones, lo que puede llevar a una mayor justicia social.

7.Promover una agricultura campesina, indígena, feminista, no patriarcal. Esto no solo respeta la cultura y los derechos de las comunidades, sino que también puede contribuir a la sostenibilidad ambiental y a la seguridad y soberanía alimentaria.

  1. Lucha contra el Narcotráfico y la Corrupción: Estos problemas son interdependientes y afectan gravemente a la sociedad. Combatir el narcotráfico y la corrupción no solo mejora la seguridad, sino que también fortalece la confianza en las instituciones y promueve un entorno más justo y equitativo.
  2. Aumento de Salarios: Ajustar los salarios en función del costo de la vida es esencial para garantizar que las personas puedan cubrir sus necesidades básicas. Esto no solo mejora la calidad de vida, sino que también estimula la economía al aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores.
  3. Regulación del Costo de Alimentos: La regulación de los precios de los alimentos es crucial para garantizar que todas las personas tengan acceso a una alimentación adecuada. Esto puede ayudar a combatir la pobreza y la desnutrición, promoviendo una sociedad más saludable y productiva.
  4. Derecho a la Diversidad Sexual: Este derecho implica el reconocimiento y respeto por la identidad y orientación sexual de cada individuo. Promover la diversidad sexual es fundamental para garantizar que todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, puedan vivir libremente y sin discriminación. Esto no solo fomenta una sociedad más inclusiva y equitativa, sino que también contribuye a la salud mental y emocional de las personas, al permitirles ser auténticas y aceptadas en su comunidad.
  5. Derechos Reproductivos: Los derechos reproductivos se refieren al derecho de las personas a tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva, incluyendo el acceso a métodos anticonceptivos, la atención prenatal y la posibilidad de interrumpir un embarazo de manera segura y legal. Estos derechos son esenciales para la autonomía de las personas, especialmente de las mujeres, y son fundamentales para garantizar la igualdad de género. Al asegurar el acceso a servicios de salud reproductiva, se promueve el bienestar de las personas y se contribuye a la reducción de la pobreza y la mejora de la calidad de vida en general.
  6. El derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos

El derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos es un aspecto fundamental de los derechos humanos y la igualdad de género. Este derecho implica que cada mujer tiene la autonomía y la libertad para tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva, incluyendo el acceso a métodos anticonceptivos, la atención prenatal y la posibilidad de interrumpir un embarazo si así lo desea.

  1. Defensa de los Derechos de la Madre Tierra.

Por una Costa Rica, Democrática, popular, no fascista.

Para la construcción de una agenda común para una alianza.

Sectores sociales se oponen a los retrocesos en el reglamento de calidad del agua

  • La Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR) inicia campaña de recolección de firmas

  • Ecologistas realizan consultas y acciones ante la Defensoría de los Habitantes, Universidades, ARESEP y ASADAS

La propuesta de modificación del Decreto Ejecutivo Nº 38924-S, «Reglamento para la Calidad del Agua Potable» ha desatado un amplio y contundente rechazo por parte de diversos sectores, como estudiantes, sindicatos y ecologistas. La flexibilización de este reglamento plantea riesgos para la salud pública, lo que genera una creciente preocupación en la sociedad (Bloqueverde 8-1-25) .

La FEUCR ha lanzado una campaña de firmas en la que denuncia que la reforma al reglamento de agua potable representa un grave retroceso para la salud pública y el medio ambiente. Según la Federación, «el agua es un derecho fundamental que debemos proteger. Esta reforma pone en peligro la salud de nuestras comunidades y contradice los principios de sostenibilidad que definen a nuestro país». En este contexto, han lanzado una petición en línea con el objetivo de alcanzar 10,000 firmas y garantizar que las autoridades administrativas consideren esta solicitud con la seriedad que merece (Circular DIR-2-2025).

La presidenta de la FEUCR Artemisa Villalta aseguró que “es importante comprender que el agua no es negociable. Es un derecho humano fundamental, y cualquier intento de permitir su contaminación con agroquímicos es una agresión directa contra la vida, la salud de las personas y la soberanía de nuestras comunidades, así como de nuestros ecosistemas. Como Federación de Estudiantes de la UCR, denunciamos con absoluta firmeza esta reforma promovida por el Ministerio de Salud, que traiciona su deber de protegernos y se arrodilla ante intereses económicos. Esta medida no solo pone en riesgo nuestras fuentes de agua, sino también nuestro futuro como país”.

Por su parte, el Frente Ecológico de Cipreses ha presentado una solicitud formal a la ministra de Salud, Mary Denisse Muñive, en la que cuestiona los fundamentos científicos, técnicos y jurídicos de la reforma, especialmente en relación con el manejo de casos de contaminación del agua con agroquímicos. La reforma busca tergiversar el principio precautorio, que actualmente es la base de la legislación ambiental, para permitir que se realicen análisis de riesgo con el fin de suspender el suministro solo después definir un valor especifico. Este enfoque ha sido utilizado por el Ministerio de Salud en situaciones de contaminación con Mancozeb en Barranca y Clorotalonil en Cartago (ver casos de implementación de la reforma al decreto previo a su publicación).

En la carta, los ecologistas piden aclaraciones sobre el cambio del «Valor Máximo Admisible» a un «Valor de alerta», dado que en Costa Rica no existe un monitoreo continuo de las fuentes de agua ni de los operadores de abastecimiento de agua, ni por parte del Ministerio de Salud y con capacidad limitada para detectar la mayoría de agrovenos. Actualmente, los exámenes se realizan de manera anual y no detectan de manera proactiva la contaminación por agroquímicos. Además, recordaron que en Costa Rica hay más de 250 ingredientes activos registrados para su uso en la agricultura, pero el Laboratorio Nacional de Aguas no tiene la capacidad para analizar más de 40 de estos ingredientes activos. Esto significa que, cuando se detecta un agrotóxico, es posible que muchos otros ya estén presentes sin poder ser detectados.

Finalmente, las organizaciones ecologistas han enviado cartas a la ARESEP, Universidades, ASADAS y la Defensoría de los Habitantes para que se pronuncien sobre la reforma mencionada. En sus comunicaciones, insisten en que «el Reglamento para la Calidad del Agua Potable siempre ha considerado las regulaciones de la Unión Europea, que son mucho más estrictas y cuentan con un componente ético de toxicidad. Por lo tanto, es fundamental mantener el ‘Valor Máximo Admisible’ y no reemplazarlo por un valor de alerta».

Este rechazo generalizado refleja la preocupación de distintos sectores por los posibles impactos negativos de la reforma en la salud y el bienestar de la población.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Más de 200 de entidades deportivas sin protocolos contra el acoso sexual

Defensoría detecta debilidades en implementación de Ley contra el Acoso Sexual en el Deporte

Defensoría llama a deportistas víctimas de violencia denunciar ante la entidad deportiva correspondiente e informar al ICODER. Se registra, a marzo del 2024, un total de 21 denuncias en el ente rector del deporte.

De tratarse de otros casos graves como abusos sexuales de personas menores de edad dirigir la denuncia ante el Ministerio Público.

A casi tres años de la entrada en vigor de la Ley N° 9967, Ley contra el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Deporte, la mayoría de las entidades deportivas beneficiarias de fondos públicos del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) no ha cumplido con su obligación de presentar los protocolos para prevenir y atender denuncias de acoso sexual. De las 233 entidades registradas, solo el 7% ha presentado su reglamento (es decir, 16).

Para las autoridades deportivas evidencia una falta de compromiso y poco conocimiento e interés por parte de dichas entidades por cumplir con lo que dicta la Ley 9967.

De acuerdo con un informe emitido por la Defensoría de los Habitantes, se determinó que, hay dificultades en la implementación de la normativa. Estas incluyen la falta de recursos humanos y financieros, vacíos legales en la ley y esa baja respuesta de las entidades deportivas ante la obligación de implementar protocolos contra el acoso sexual. Adicionalmente, hay una necesidad de reformar aspectos importantes de esta ley como la falta de sanciones para las entidades que incumplen y la protección adecuada para personas menores de edad involucrados en estos casos.

Datos de la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual (CIHS) del ICODER, entre enero del 2023 y marzo del 2024, indicaron haber recibido 21 denuncias asociadas con acoso y hostigamiento Sexual en el ámbito deportivo, las cuales se encuentran en seguimiento y requieren de la actualización de los respectivos expedientes.

Para esta Defensoría, es importante que las organizaciones deportivas asuman su responsabilidad en la prevención y erradicación del acoso sexual, garantizando entornos deportivos seguros, sin discriminación, sin acoso, sin abusos y respetuosos para todas las personas participantes. Incluso, a solicitud de la CIHS del ICODER, funcionarias de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes, acompañaron al proceso de capacitación sobre esta temática, así como la entrega de material visual a personal de las organizaciones deportivas y del ICODER, en mayo del año anterior.

Ante este panorama la Defensoría en su informe recomendó al Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, definir con claridad la asignación presupuestaria y de recursos humanos para la CIHS. Además, que la CIHS reciba capacitación por parte de la Defensoría de la Mujer de esta Defensoría en el tema de Hostigamiento Sexual, en aras de garantizar la protección de derechos que les asisten a las personas inmersas en el ámbito deportivo y el mejor ejercicio de sus funciones.

También se le recomendó revisar las recomendaciones realizadas por la CIHS orientadas a implementar en forma adecuada el cuerpo normativo, conformar una comisión de trabajo para revisar las propuestas de reforma al Reglamento de la ley 9967 en relación con la función de la CIHS de informar a esta Defensoría sobre las denuncias que se presenten y las resoluciones finales y valorar la interposición de la propuesta de reforma legislativa a la Ley 9967, conforme a los principios de protección a las personas menores de edad y proponer otro tipo de sanción para cuando se trate de una persona menor de edad la que sea sancionada como hostigadora, así como para equiparar los plazos de prescripción para la interposición de las denuncias y el establecimiento de posibles sanciones en el caso de que las federaciones,

asociaciones o entidades deportivas incumplan con la aplicación de esta normativa.

A la CIHS del ICODER, esta Defensoría le recomendó promover programas de prevención y capacitación en la materia de hostigamiento sexual tal cual se encuentra establecido en la Ley 9967 y su reglamento, a las Federaciones, Asociaciones y demás entidades deportivas que de alguna manera están vinculadas con el ICODER, para ello pueden valorar la coordinación necesaria con la Defensoría, también realizar campañas enfocadas a que conductas de hostigamiento sexual en el ámbito del deporte no van a ser permitidas, ni toleradas y toda situación que se conozca al respecto, debe ser debidamente denunciada y puesta al conocimiento de la Comisión y revisar el formulario establecido para la recepción de denuncias, para que este contenga los requisitos estrictamente necesarios establecidos en la ley y elaborar una base de datos con el registro de sanciones en firme, que sea de acceso al público, que pueda ser consultada por cualquier persona interesada, garantizando el resguardo de la identidad, datos personales y cualquier otra información sensible de las víctimas.

Si no hay una respuesta de la entidad deportiva y tampoco del ICODER ante una denuncia, la persona víctima puede presentar el caso ante la Defensoría de los Habitantes para exigirle cuentas a la entidad rectora pública. Defensoría dará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en su informe.

Comunicación institucional
Defensoría de los Habitantes

Wajiha Sasa, cónsul honoraria del Estado de Palestina en Costa Rica anuncia cese al fuego en la Franja de Gaza

Con inmensa alegría y alivio, informo al pueblo costarricense y a la comunidad internacional sobre el acuerdo de cese al fuego alcanzado entre la resistencia palestina y el Estado de Israel, el cual entrará en vigor a partir de este domingo 19 de enero.

Esta noticia ha sido recibida con júbilo por el pueblo palestino en Gaza, Cisjordania y entre la diáspora. Tras quince meses de sufrimiento y de una brutal agresión israelí, finalmente se vislumbra un horizonte de paz.

He mantenido un contacto constante con el Embajador del Estado de Palestina ante las Naciones Unidas, Riyad Mansour, quien ha expresado: «Acogemos con beneplácito este acuerdo. Hemos trabajado incansablemente durante los últimos 15 meses para poner fin a esta agresión genocida contra nuestro pueblo».

Si bien celebramos este logro, debemos permanecer vigilantes. Todas las personas que aman la paz y respetan el derecho internacional, en particular los derechos humanos, deben mantenerse alerta ante cualquier nueva agresión por parte de la fuerza ocupante de Israel.

Ahora más que nunca, corresponde a todos los países y pueblos del mundo apoyar al pueblo palestino en su camino hacia la autodeterminación, el derecho al retorno de los refugiados de Gaza y de quienes fueron desplazados desde 1948.

Instamos a la comunidad internacional, al gobierno y al pueblo de Costa Rica a encontrar formas de apoyar al pueblo palestino, a resistir la ocupación israelí y a mantener el boicot, desinversión y sanciones (BDS) hasta que finalice la ocupación y Palestina sea libre.

Agradecemos el constante apoyo de Costa Rica a la causa palestina.

Wajiha Sasa Cónsul Honoraria del Estado de Palestina en Costa Rica San José, Costa Rica, 15 de enero de 2025.

CharityCR impulsa educación y sostenibilidad con su tercera campaña

Recolección de útiles escolares

  • Tres escuelas de cantones vulnerables de Los Chiles se verán beneficiadas.

Charity CR, una organización sin fines de lucro que trabaja para crear un Costa Rica más verde, justo y equitativo, ha lanzado su tercera campaña consecutiva de recolección de útiles escolares, con el objetivo de beneficiar a niños y niñas en situación vulnerable en el cantón de Los Chiles. Este esfuerzo busca no solo apoyar la educación, sino también fomentar una cultura de sostenibilidad en las comunidades costarricenses.

La educación es la base para construir un país más justo y próspero. Invertir en las futuras generaciones asegura no solo un mejor futuro para los niños y niñas, sino también para toda la sociedad. Al brindar acceso a herramientas esenciales como útiles escolares, se promueve la igualdad de oportunidades, permitiendo que cada estudiante pueda desarrollar su máximo potencial y contribuir positivamente al desarrollo de Costa Rica.

Apoyo a las escuelas de Los Chiles

Este año, las donaciones serán destinadas a tres centros educativos de la región: Escuela Leónidas Sequeira, Escuela San Antonio y Escuela Nueva Esperanza Caño Negro.

«Los Chiles es uno de los cantones más vulnerables del país. Muchas familias enfrentan dificultades económicas extremas que obligan a los padres a sacar a sus hijos de la escuela para, en ocasiones, trabajar. Esta campaña busca aliviar esa carga y promover la educación como una herramienta transformadora», destacó Charline Viales, fundadora de Charity CR.

Charity CR está recolectando útiles escolares nuevos y usados en buen estado, promoviendo así la reutilización como parte de su compromiso con el medio ambiente. Entre los artículos más necesitados se encuentran: Loncheras y bultos, botas de hule y zapatos escolares, botellas de agua reutilizables, artículos básicos como cuadernos, tijeras y folders, entre otros.

«Queremos inculcar un mensaje importante: antes de desechar útiles en buen estado, consideren donarlos. Estas pequeñas acciones pueden marcar una gran diferencia en la vida de un niño y también en el cuidado del planeta», enfatizó Viales.

Red de acopio en todo el país

Para facilitar la participación, se han habilitado zonas de acopio en diversas localidades, incluyendo Santa Ana, San José, Coronado, Hatillo, Tibás, Desamparados, Guadalupe, San Ramón, Heredia y Limón. También, se puede donar a través del SINPE Móvil 8963-0903.

«Hemos creado una red accesible para que todos puedan contribuir sin importar su ubicación. Cada donación cuenta y tiene el poder de transformar vidas», agregó la fundadora.

Un historial de impacto positivo

Esta campaña se suma a otras iniciativas exitosas de Charity CR, como jornadas de limpieza de playas, entrega de juguetes en Navidad y creación de un banco de alimentos en época de pandemia. Además, donan toallas sanitarias desechables y reutilizables para que estudiantes puedan afrontar su periodo. Estas acciones reflejan la misión de la organización: «brindar amor y servicio a las comunidades costarricenses».

Charity CR invita a toda la población costarricense a participar en esta noble causa. Ya sea donando útiles escolares, compartiendo información sobre la campaña o involucrándose como voluntario, cada acción cuenta para construir un futuro más equitativo y sostenible para las nuevas generaciones.

Para más información sobre cómo colaborar, visite las redes sociales @comunidadcharity.

Caso Medellín: La Lucha contra la Violencia y la Seguridad centrado en las personas

Invitación

Desde Agenda Viva, te invitamos a la conferencia «Caso Medellín: La Lucha contra la Violencia y la Seguridad centrado en las personas» con los expertos:

– Dr. Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín.

– Dr. Germán González, investigador en Epidemiología de la Violencia.

Un espacio clave para debatir las lecciones que Costa Rica debe aprender en medio de la emergencia nacional de violencia e inseguridad que enfrentamos.

Lea la explicación ampliada mediante este enlace.

21 de enero.

¡No te lo perdás! Confirmá tu asistencia aquí:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGa_zttvaGJbgTQ48AXTgYERir0BsAyGNABqjQGzs0BkAwkQ/viewform?usp=header

Compartido con SURCOS por Luis Bernardo Villalobos.

Legislación de protección al consumidor financiero – conversatorio

Invitación

El problema del sobreendeudamiento de las personas en Costa Rica es muy grave ya que afecta a una proporción muy alta que están sufriendo congojas terribles.

La OCDE ha señalado falencias serias en la legislación nacional en lo referente a la defensa de los derechos de los deudores y los usuarios del sistema financiero. Un proyecto de ley trata de crear un ente que represente y defienda los derechos del consumidor.

Este conversatorio trata de abrir debate respecto a cómo debe ser esa legislación para que sea eficiente en sus objetivos. Es muy importante conectarse a este evento, escuchar y proponer ideas al respecto.

Esta discusión será con personeros del más alto nivel de las agencias encargadas de la Defensa del Consumidor Financiero de Chile y México, países que tienen varios años de contar con leyes al respecto.

Conéctese, infórmese y participe.

Más detalles:

https://facebook.com/events/s/conversatorio-internacional-le/900907251877284/

Adopta Estados Unidos medidas en la dirección correcta, pero el bloqueo permanece

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba

El 14 de enero de 2025, el gobierno de Estados Unidos anunció la decisión de: 1) excluir a Cuba de la lista del Departamento de Estado de países que supuestamente patrocinan el terrorismo; 2) hacer uso de la prerrogativa presidencial para impedir que se pueda tomar acción en tribunales estadounidenses ante demandas judiciales presentadas al amparo del Título III de la ley Helms-Burton; y 3) eliminar la lista de entidades cubanas restringidas que designa a un grupo de instituciones con las cuales se prohíbe a ciudadanos e instituciones estadounidenses realizar transacciones financieras, lo que ha tenido efecto en terceros países.

A pesar de su carácter limitado, se trata de una decisión en la dirección correcta y en línea con el sostenido y firme reclamo del gobierno y el pueblo de Cuba, y con el llamado amplio, enfático y reiterado de numerosos gobiernos, en especial de América Latina y el Caribe, de cubanos residentes en el exterior, de organizaciones políticas, religiosas y sociales, y de numerosas figuras políticas de Estados Unidos y de otros países. El gobierno de Cuba agradece a todos por su contribución y sensibilidad.

Esta decisión pone fin a medidas coercitivas específicas que, junto a muchas otras, causan un grave daño a la economía cubana, con un efecto severo sobre la población. Este es y ha sido un tema presente en los intercambios oficiales de Cuba con el gobierno de Estados Unidos.

Es importante señalar que permanecen vigentes el bloqueo económico y buena parte de las decenas de medidas coercitivas que se pusieron en vigor desde 2017 para reforzarlo, con pleno efecto extraterritorial y en violación del Derecho Internacional y de los derechos humanos de todos los cubanos.

Por solo citar unos ejemplos, continúa la persecución ilegal y agresiva contra los suministros de combustible que Cuba tiene legítimo derecho a importar. Se mantiene la cruel y absurda persecución de los acuerdos legítimos de cooperación médica internacional de Cuba con otros países, amenazando así con privar a millones de personas de servicios de salud y limitando las potencialidades del sistema de salud pública cubano. Las transacciones financieras internacionales de Cuba o las de cualquier nacional que estén relacionadas con Cuba permanecen bajo prohibición y represalias. Los buques mercantes que atraquen en Cuba también siguen amenazados.

Por otro lado, todo ciudadano estadounidense, empresa y entidad subsidiaria de una corporación de ese país, tiene prohibido comerciar con Cuba o entidades cubanas, salvo excepciones muy restringidas y reguladas. El acoso, la intimidación y las amenazas contra el nacional de cualquier país que se proponga comerciar con Cuba o invertir en este país, continúa siendo política oficial de Estados Unidos. Cuba sigue siendo un destino que el gobierno estadounidense prohíbe a sus ciudadanos.

La guerra económica permanece y persiste en plantear el obstáculo fundamental al desarrollo y la recuperación de la economía cubana con un alto costo humano para la población, y continúa siendo un estímulo a la emigración.

La decisión anunciada hoy por Estados Unidos corrige, de modo muy restringido, aspectos de una política cruel e injusta. Es una corrección que ocurre ahora, a punto de producirse un cambio de gobierno, cuando debió haberse materializado hace años, como acto elemental de justicia, sin reclamar nada a cambio y sin fabricar pretextos para justificar la inacción, si es que se deseaba actuar correctamente. Para excluir a Cuba de la lista arbitraria de Estados patrocinadores del terrorismo, debió bastar el reconocimiento de la verdad, la ausencia total de razones para tal designación y el desempeño ejemplar de nuestro país en el enfrentamiento al terrorismo, lo cual han admitido incluso agencias del gobierno de Estados Unidos.

Se conoce que el gobierno de ese país podría revertir en el futuro las medidas hoy adoptadas, como ha ocurrido en otras ocasiones y como muestra de la falta de legitimidad, ética, consistencia y razón en su conducta contra Cuba.

Para hacerlo, los políticos estadounidenses no suelen detenerse en encontrar justificación honesta, mientras siga vigente la visión descrita en 1960 por el entonces subsecretario de Estado asistente Lester Mallory, y la meta por él descrita de doblegar a los cubanos por vía del cerco económico, la miseria, el hambre y la desesperación. No se detendrían en justificaciones mientras ese gobierno continúe siendo incapaz de reconocer y aceptar el derecho de Cuba a la libre determinación, y mientras siga dispuesto a asumir el costo político del aislamiento internacional que le provoca su política genocida e ilegal de asfixia económica contra Cuba.

Cuba seguirá enfrentando y denunciando esta política de guerra económica, los programas de injerencia y las operaciones de desinformación y descrédito financiadas cada año con decenas de millones de dólares del presupuesto federal de Estados Unidos. También permanecerá dispuesta a desarrollar una relación de respeto con ese país, basada en el diálogo y la no injerencia en los asuntos internos de uno y otro, a pesar de las diferencias.

La Habana, 14 de enero de 2025

Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.