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UNA alerta vicios legales y constitucionales en subasta de frecuencias de radio y televisión abierta

La Universidad Nacional (UNA) emitió un pronunciamiento oficial en el que advierte a Costa Rica sobre los riesgos democráticos, sociales y constitucionales asociados al proceso de subasta de frecuencias de radio y televisión abierta impulsado por el Poder Ejecutivo y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). El acuerdo fue aprobado en la sesión ordinaria 43-2025 del Consejo Universitario (UNA-SCU-ACUE-429-2025).

Según la institución, el diseño actual de la subasta amenaza la pluralidad de voces, puede afectar el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información, y pondría en riesgo la continuidad de medios comunitarios, regionales, culturales y religiosos, que durante décadas han sido actores fundamentales en las comunidades rurales, costeras, fronterizas e indígenas del país.

La UNA subraya que el espectro radioeléctrico, como bien público estratégico, debe asignarse según criterios de interés social y no únicamente económicos, pues constituye un recurso esencial para el acceso equitativo a la comunicación, la cultura, la educación y la participación democrática.


Argumentos principales del pronunciamiento

1. El espectro radioeléctrico y su función social

El comunicado destaca que el espectro es esencial para medios como la televisión, la radio o el internet, y que su uso debe democratizarse para favorecer la transformación digital y el desarrollo social, económico, cultural y político. La concentración mediática afectaría directamente este objetivo.

2. Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones

El TSE ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de modificar frecuencias durante el proceso electoral 2026, por considerar que ello podría afectar el acceso ciudadano a información político-electoral. Pese a ello, el Poder Ejecutivo y la Sutel continuaron impulsando cambios normativos y administrativos.

3. Vicios legales y medidas cautelares vigentes

La UNA recalca que la subasta se abrió pese a:

  • múltiples procesos contencioso-administrativos,

  • medidas cautelares dictadas por la Sala Constitucional,

  • órdenes vigentes de mantener el estatus actual hasta resolver el fondo de los casos.

4. Retroactividad normativa y afectación de derechos adquiridos

Los cambios normativos emitidos por el Poder Ejecutivo en 2024, a dos días del vencimiento de las concesiones, alteraron contratos que garantizaban prórrogas automáticas. La UNA sostiene que estas acciones violan:

  • artículo 34 constitucional (prohibición de retroactividad),

  • artículo 41 constitucional (seguridad jurídica).

5. Riesgo de monopolización

Los montos base fijados para participar en la subasta, que van desde $24.545 hasta $1.601.786, privilegian a unos pocos consorcios económicos y excluyen a medios pequeños. Esta situación, según la UNA, atenta contra el mandato constitucional que prohíbe los monopolios (art. 46).

6. Amenaza a la diversidad cultural y derechos fundamentales

La desaparición de emisoras comunitarias y culturales implicaría:

  • pérdida de patrimonio comunicacional,

  • debilitamiento de identidades locales,

  • afectación del acceso a la pluralidad informativa,

  • daño a derechos culturales y a la participación social.

La UNA recalca que la concentración mediática está reconocida por la jurisprudencia interamericana como un riesgo directo para la libertad de expresión.

7. Rol de la Universidad Nacional

La institución, comprometida con la probidad y la defensa de los recursos públicos, sostiene que no puede permanecer indiferente ante un proceso que:

  • modifica derechos contractuales sin aval legislativo,

  • erosiona principios constitucionales,

  • afecta la calidad democrática del país.


Petitorias del pronunciamiento

El Consejo Universitario acuerda:

  1. Rechazar el proceso de subasta por vicios de legalidad y constitucionalidad.

  2. Exigir a la SUTEL y al MICITT suspender la adjudicación hasta que se resuelvan las controversias constitucionales y se cumpla lo dispuesto por el TSE.

  3. Solicitar al Poder Ejecutivo presentar ante la Asamblea Legislativa un marco regulatorio que:

    • proteja medios comunitarios, culturales, regionales y religiosos,

    • asegure pluralismo y diversidad,

    • garantice acceso equitativo para pymes,

    • preserve el patrimonio comunicacional histórico.

  4. Pedir a la Asamblea Legislativa asumir competencia mediante ley expresa para regular el tema.

  5. Exhortar a la Asamblea Legislativa a reconocer que la asignación de frecuencias no es un asunto únicamente técnico o económico, sino constitucional y democrático.

  6. Hacer un llamado a la ciudadanía para informarse adecuadamente sobre el proceso y a las instituciones públicas para actuar con responsabilidad en defensa de la democracia y los derechos fundamentales.

El pronunciamiento es suscrito por el Dr. Braulio Sánchez Ureña, presidente del Consejo Universitario de la UNA.

La Miga presenta sus panes artesanales de masa madre con nuevos sabores para la temporada

La Miga –Pan de Masa Madre– compartió su menú actualizado con una variedad de panes artesanales elaborados 100% con masa madre blanca e integral. Este proyecto familiar ofrece productos hechos con recetas originales, cuidada fermentación natural y una consistencia ideal tanto para consumo directo como para acompañar con salsas, quesos u otros alimentos. Cada pan pesa aproximadamente 700 gramos y puede solicitarse en formato cuadrado o en bola.

Los pedidos se están recibiendo de manera continua hasta el 20 de diciembre, fecha límite para garantizar disponibilidad de sabores especiales para la cena de Navidad. La coordinación de entregas se realiza mediante el número telefónico indicado al final.

Nuevos sabores de temporada

Entre las opciones especiales disponibles, La Miga incorpora dos variedades pensadas para estas fechas festivas:

  • Pan de manzana
    Chía, linaza, canela y pasas. Sin azúcar.
    ₡4.200

  • Pan de calabaza
    Chía, linaza, ayote sazón y ajo rostizado.
    ₡4.200

Sabores tradicionales

  • Pan de arándanos
    Chía, linaza, arándanos rojos.
    ₡4.200

  • Pan violeta
    Chía, linaza y nuez de nogal.
    ₡4.200

  • Pan de aceitunas
    Chía, linaza, aceitunas verdes y salsa de tomate casera.
    ₡4.200

  • Pan multigrano
    Chía, linaza y girasol.
    ₡3.800

  • Pan de romero
    Chía, linaza y romero.
    ₡3.800

  • Pan de tomate
    Chía, linaza y salsa de tomate casera.
    ₡3.800

Cada una de estas variedades mantiene el sello distintivo de La Miga: fermentación natural prolongada, ingredientes seleccionados y sabores bien equilibrados.

Pedidos

Las personas interesadas pueden realizar sus pedidos y coordinar entrega al:

📞 8393-3533
Erika – La Miga, Pan de Masa Madre

Movimiento de Personas con Discapacidad exige al presidente respeto y el fin del uso peyorativo y capacitista del lenguaje

El Movimiento de Personas con Discapacidad de Costa Rica emitió un pronunciamiento público en el que denuncia el patrón reiterado de amenazas retóricas y lenguaje ofensivo utilizado por el presidente de la República en contra de sectores críticos de su gestión. La declaración surge tras las expresiones del mandatario del 1 de diciembre de 2025, cuando se refirió a personas ciudadanas como “sordos”, “ciegos” pero no “mudos”, en un contexto confrontativo que —según el Movimiento— busca la polarización y reproduce prejuicios históricos.

El pronunciamiento señala que utilizar la discapacidad como insulto o metáfora para descalificar la crítica política constituye una forma de discriminación, viola derechos fundamentales y contraviene la normativa nacional e internacional que protege la dignidad de las personas con discapacidad.


La discapacidad no es un insulto: un llamado urgente al respeto y al lenguaje inclusivo

El Movimiento recuerda que:

  • La discapacidad no puede ser usada como un insulto, una burla ni un recurso retórico para desacreditar la disidencia.

  • Es una condición de vida que forma parte de la diversidad humana y debe ser tratada con dignidad por las autoridades públicas.

  • En una democracia, la función de la Presidencia no es desgraciar ni ridiculizar a sectores que expresan críticas legítimas, sino garantizar derechos, proteger a todas las personas y sostener un debate público respetuoso.

El documento advierte que la normalización del lenguaje capacitista erosiona el debate democrático, profundiza la discriminación y deteriora el Estado de derecho.


Obligación reforzada del Estado y de quien ejerce la Presidencia

El pronunciamiento subraya que Costa Rica cuenta con un marco jurídico claro:

  • Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 8661).

  • Ley 7600 sobre igualdad de oportunidades.

Estas normas obligan al Estado —y en especial a la Presidencia, por su papel de liderazgo público— a combatir estereotipos, evitar prácticas discriminatorias y promover un discurso inclusivo.


Exigencias del Movimiento de Personas con Discapacidad

Con base en lo anterior, las organizaciones firmantes solicitan:

  1. Un compromiso institucional del Poder Ejecutivo para erradicar el lenguaje capacitista en toda comunicación oficial.

  2. Articulación inmediata con el CONAPDIS y la sociedad civil para recibir capacitación sobre discapacidad, igualdad y lenguaje inclusivo.

Además, consideran indispensable que la prensa costarricense cumpla su rol democrático y cuestione abiertamente el uso de expresiones discriminatorias provenientes del Ejecutivo.

El Movimiento concluye que “la dignidad de las personas con discapacidad no puede ser instrumentalizada ni degradada, y menos desde el más alto nivel del poder público”, recordando que la igualdad debe ser un compromiso irrenunciable de cualquier liderazgo democrático.


Organizaciones firmantes

El documento está suscrito por el Movimiento de Personas con Discapacidad de Costa Rica y más de quince organizaciones, entre ellas:

  • Asociación Nacional de Sordos de Costa Rica (ANASOR)

  • ALAMUD

  • ASIDOWN Costa Rica

  • Asociación Ditsú

  • Asociación BarrileTEA

  • Asociación Desampa Inclusivo

  • Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Zeledón

  • MORPHO – Centro de Vida Independiente

  • AMATEA

  • Adultos Autistas Costa Rica

  • ADE para Personas con Discapacidad

  • Asociación de Personas con Discapacidad ASOPPED

  • ASOCOPRODEA

  • CECATS

  • Fundación Justicia y Género
    Entre otras organizaciones nacionales dedicadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Día Internacional de las Personas con Discapacidad 2025

Dr. Federico Montero Mejía
Especialista en Medicina Física y Rehabilitación
Miembro de Número de ACANAMED

Fomentar sociedades inclusivas para el progreso social”

En todas las regiones, las personas con discapacidad y sus familias se enfrentan a retos y obstáculos para alcanzar los objetivos de desarrollo social:

  • Tienen más probabilidades de vivir en la pobreza.

  • Continúan enfrentándose a la discriminación laboral: reciben salarios más bajos y están mayoritariamente representadas en el sector de la economía informal.

  • Los sistemas de protección social tienen una cobertura desigual y son inadecuados si se consideran los costes adicionales relacionados con la discapacidad y con frecuencia excluyen a las personas con discapacidad del sector informal.

  • Además, muchas personas con discapacidad experimentan en los sistemas de atención y apoyo una continua denegación de su dignidad, autonomía y capacidad de acción.

Los tres temas centrales del desarrollo social conformados por:

  • la erradicación de la pobreza;

  • la promoción del empleo pleno y productivo y

  • el trabajo decente para todos; y la integración social,

están interrelacionados, se refuerzan mutuamente y requieren un entorno propicio para poder alcanzarse simultáneamente. La inclusión de las personas con discapacidad como agentes y beneficiarios del desarrollo social es indispensable. Por lo tanto, la inclusión de la discapacidad en todos los aspectos de la vida social, económica, cultural y política es imperativa.

El tema de 2025 del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, «Fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social», parte del compromiso renovado de los dirigentes mundiales reunidos en la Segunda Cumbre Mundial para el Desarrollo Social de construir un mundo más justo, inclusivo, equitativo y sostenible, y de su comprensión de que el avance del desarrollo social depende de la inclusión de todos los segmentos de la sociedad y, de hecho, la requiere. (ONU)

En nuestro país, la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley # 7600), del año 1996 marca un antes y un después en cuanto a algunos aspectos que afectan a estas personas. Sin embargo, el después que poco tiempo después de la promulgación de la Ley, activó las acciones de lucha del movimiento de las Personas con Discapacidad para el cumplimiento de los derechos que como seres humanos y ciudadanos les pertenecen, esa activación que vimos y sentimos y que trajeron cambios concretos en algunas áreas y sectores tanto de la sociedad en general como del Estado, poco a poco se fue diluyendo, hasta casi desaparecer, como consecuencia indudablemente de la falta de recursos que siempre ha caracterizado a las organizaciones de personas con discapacidad, la falta de apoyo estatal, pero también como producto de la pasividad en participación política que afecta a los habitantes de nuestro país.

La Ley 7600, fue en nuestro país un logro histórico alcanzado gracias al activismo de personas y organizaciones, que en alianza con legisladores conscientes del tema, culminó con su promulgación la cual marca un hito en la historia de los Derechos Humanos en Costa Rica.

Por otro lado, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD), es el más importante logro histórico a nivel global, que se alcanzó gracias a la participación directa y activa de las personas y organizaciones en el proceso de desarrollo, aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas y posteriormente ratificada hasta hoy por todos los Estados miembros. En Costa Rica fue promulgada por el Congreso de la República en agosto del 2008 como Ley # 8661.

Lamentablemente, a pesar de que se cuenta con tan valiosos instrumentos legales que permitirían garantizar el pleno cumplimiento de todos los derechos de las personas con discapacidad, la realidad está muy alejada de ello, ya que el derecho a la libre movilización, al trabajo, a la accesibilidad a los espacios físicos, e incluso a la salud y a la educación, continúan siendo una quimera para las personas con discapacidad de nuestro país y de muchos otros países del mundo.

UCR conmemora a Personas Defensoras de los Territorios

  • Lunes 8 de diciembre – 10:00 a.m. Conector Biológico, antiguo parqueo de Ingeniería, junto a la Biblioteca Carlos Monge

En 2024, la Rectoría y el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, a solicitud del Programa Kioscos Socioambientales y otras instancias universitarias, con el acompañamiento de familiares y activistas, aprobaron el acuerdo institucional CU-19-2024, que establece que cada 7 de diciembre se realizarán actividades para honrar a las personas asesinadas por defender el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

La fecha fue seleccionada en memoria de los ecologistas Óscar Fallas Baldí, Jaime Bustamante Montaño y María del Mar Cordero Fernández, asesinados el 7 de diciembre de 1994 en un contexto de amenazas y violencia vinculada a la defensa del Golfo Dulce frente a la industrialización impulsada por la transnacional Stone Container.

La UCR ha señalado: “La Universidad reconoce que, a pesar del prestigio internacional de nuestro país por promover la sostenibilidad y la conservación del ambiente, las personas defensoras de los derechos humanos ambientales están expuestas a riesgos como amenazas, hostigamiento, persecución, estigmatización, aislamiento social, violencia física o política, e incluso la muerte”.

El año pasado, la Universidad colocó placas conmemorativas en honor a 12 personas defensoras del territorio, activistas, ecologistas e indígenas que perdieron la vida. Sus ausencias siguen siendo una herida en la memoria colectiva y un recordatorio del alto costo que implica proteger los territorios y los bienes comunes.

Este año, la UCR quiere reconocer a quienes continúan defendiendo la vida, enfrentando actualmente amenazas, criminalización y persecución derivadas de proyectos extractivistas y políticas de despojo. Son personas cuyo trabajo cotidiano sostiene luchas por el bien común, muchas veces sin reconocimiento público, pero con un impacto profundo en sus comunidades y ecosistemas.

Este acto busca renovar el compromiso institucional con la justicia, la memoria y la defensa de los derechos humanos, honrando a quienes resisten y cuidan los territorios.

Para el Programa Kioscos Socioambientales «es urgente que la sociedad costarricense reconozca estas violencias, se posicione frente a ellas y reivindique la importancia de las acciones de defensa que hoy sostienen muchas comunidades».

La actividad es abierta al público y contará con el acompañamiento de las autoridades universitarias, oficina Nacional del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y personas homenajeadas.

Hombres que abrazan el cuido: campaña invita a transformar la corresponsabilidad en los hogares

La campaña “Rompiendo el molde: hombres que abrazan el cuido”, impulsada por MenEngage Costa Rica, MenEngage América Latina y WEM Costa Rica, propone un cambio cultural urgente: que los hombres asuman de manera consciente, activa y cotidiana las tareas de cuidado, tradicionalmente asignadas a las mujeres. A través de una serie de mensajes pedagógicos y visuales, la iniciativa cuestiona la división sexual del trabajo, promueve relaciones más igualitarias y ofrece orientaciones prácticas para ejercer un cuido responsable, empático y libre de violencias.

La campaña parte de un reconocimiento histórico: los roles de género asignaron a los hombres el papel de “proveedores”, relegando el cuido emocional, cotidiano y doméstico a las mujeres. Esto generó sobrecarga, desigualdad y una gran deuda en la corresponsabilidad. Frente a ese escenario, la iniciativa afirma que “los hombres también podemos cuidar” y que este cambio es hoy una posibilidad real.

Uno de los ejes centrales es redefinir lo que significa cuidar. No se trata de “ayudar”, sino de hacerse cargo: participar activamente en las tareas del hogar, en la crianza, en el acompañamiento emocional y en la sostenida distribución del trabajo reproductivo. El cuido implica también escucha, empatía, expresión emocional, paternidad activa y relaciones sin control ni poder.

La campaña destaca que el cuido beneficia a todas las personas involucradas:
— mejora la salud mental,
— reduce la violencia,
— fortalece los vínculos,
— disminuye la carga sobre las parejas,
— fomenta la justicia social.

Además, resalta que el cuido es una forma de amar que transforma y nos transforma. Al asumirlo como un ejercicio cotidiano y compartido, se construyen relaciones más equitativas y entornos familiares más saludables.

Las piezas gráficas incluyen también frases sencillas que expresan cuido y facilitan la comunicación afectiva entre hombres y sus círculos cercanos: “estoy aquí”, “quiero escucharte”, “¿qué puedo hacer por ti?”, “necesito apoyo”. Son recordatorios de que cuidar comienza por hablar con claridad, sin herir, y por escuchar con atención.

La iniciativa invita a romper los moldes aprendidos, asumir responsabilidades compartidas y construir masculinidades más diversas y humanas, donde el cuido sea parte fundamental de la vida cotidiana.

A los detractores de Chaves

Pensamientos Sueltos – Por JoseSo
José Solano-Saborío

Si me permiten una corrección a los detractores del presidente Chaves que se niegan a aceptar sus logros… claro que esta “histórica” administración superó los famosos 70 años de desastres de los gobiernos anteriores.

Comunicación inmejorable

El mayor —y para mí el único— logro innegable de este gobierno ha sido la programación neurolingüística (lavado de cerebro) de buena parte de la población. Convenció a muchos de que su hazaña fue “despertarlos” para ver la corrupción. Y yo, que desde chiquitillo creía que ya estaba bien despierto viendo las protestas por ALCOA, los movimientos universitarias del Movimiento Estudiantil de los 80’s contra el Convenio Atunero, el proyecto EARTH-Kellogg’s, el Fondo de Emergencias, el Combo del ICE, los casos ICE-Alcatel y CCSS-Fischel, Crucitas… ¿entonces todo eso fue un sueño colectivo?

Aumento de exportaciones (de droga)

Las acciones más notorias de esta administración incluyen el cierre de la Policía Naval en Drake y Sixaola, de la Academia en Quepos y de la PCD en aeropuertos y fronteras. Resultado: libre tránsito para los narcos y un aumento exponencial de las exportaciones de droga hacia Europa y Estados Unidos, por los puertos de APM Terminals con todo y escáners.

Innovación financiera, macroeconomía y economía “circular interna” (para los compas)

A sus donadores de campaña, vía el fideicomiso paralelo e ilegal “Costa Rica Próspera” —como los “ex” pericos Bernal Jiménez Chavarría y Calixto Chaves— los premió con más de 25 mil millones anuales en promedio por exenciones arancelarias gracias a la Ruta del Arroz.

Manipuló el tipo de cambio para sostener una inflación artificial y provocar una deflación ficticia que terminó por matar a pequeños agricultores y ganaderos, junto con nuestra seguridad y soberanía alimentaria. También golpeó a operadores turísticos, hoteles mipymes y exportadores de commodities agrícolas, mientras concentraba todo en la apuesta exportadora de las transnacionales en zona franca, que no pagan renta y cuyas utilidades no se quedan en Costa Rica.

Su mayor logro macroeconómico, dicen, fue bajar el desempleo. Pero lo hizo aumentando la informalidad, con trabajadores independientes que no cotizan pensiones ni cargas sociales. “Reducir” la pobreza a costa de aumentar la desigualdad, como señala la OCDE. Somos el país de la OCDE que más creció en términos macroeconómicos, pero el que menos invierte en educación (¿esa era la Ruta que no le dio la gana mostrar a la exministra?), programas sociales y salud. Y de paso, duplicó la deuda billonaria del Gobierno con la CCSS.

Seguridad ciudadana

El mayor incremento estadístico, ligado al “aumento de exportaciones” (de droga), ha sido la duplicación de los asesinatos porsicariato del narcotráfico y el crimen organizado.

Derechos humanos

Y como si fuera poco, también logramos bajar las estadísticas en las que Costa Rica solía liderar: derechos humanos, libertad de prensa y expresión, y transparencia.

Un gobierno histórico, sin duda. Y Laura Fernández nos pide “continuidad” para, ahora sí, hacer lo que no ‘les dio la gana’ en estos 4 años.

A la opinión pública nacional e internacional

Trino Barrantes Araya
Ana Cecilia Jiménez Arce
Partido Vanguardia Popular – PVP
Fundado 16 de junio de 1931

Hay resultados electorales y políticos que dejan un sabor a duelo, un sinsabor amargo, un nudo que nos hace difícil tragar la saliva. No anticipamos resultados, en Honduras son las actas las que finalmente cotejan el valor real del voto.

La enseñanza que nos deja este proceso, en nuestra hermana República de Honduras, debe servirnos a todas y todos. Siempre resulta más fácil la crítica, una vez que se tienen el resultado.

Claro está, después de un resultado extraño, es muy fácil adivinar las causas. Pero no es de nuestra incumbencia este amargo ejercicio que tuvo lugar este domingo 30 de noviembre en el proceso electoral hondureño.

Nos corresponde, claro está, condenar la acción injerencista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenando y condicionando el voto a favor Nasry Asfura, y lanzando al aire falsas promesas de impulsar el apoyo al nuevo gobierno. Lo decía el Libertador: “Estados Unidos no tiene amigos, solamente intereses”.

Rechazamos y condenamos esa postura imperialista; ya lo hizo contra nuestro país, Costa Rica, metiendo sus manos sucias en un proceso que atañe directamente a nuestra soberanía. El levantamiento de la inmunidad al presidente por la comprobada beligerancia política, formalmente condenada por el Tribunal supremo de Elecciones.

Peor aún es su matonismo de procónsul contra el gobierno democrático de Nicolás Maduro; ahora de una manera perversa contra la República Bolivariana de Venezuela, antojadiza y unilateralmente exige cerrar el espacio aéreo venezolano en su totalidad a todas las líneas aéreas que prestan servicio a esa República soberana.

Estas formas hostiles de la derecha recalcitrante, con claros tintes supremacistas y fascistas, trastocan toda la normativa internacional e irrespetan la Carta Fundamental en la cual se sustentan las Naciones Unidas. Pero irrespeta además la declaración de la CELAC, cuando declaró a América Latina zona de paz y contra la guerra.

Es un lugar común señalar que cuando un imperio está en crisis, sus zarpazos son muy peligrosos. La penetración e injerencia del imperio huele a cadáver putrefacto. Desgraciadamente algunos países que, sostenidamente han sido afectados por los embates del águila imperial, doblan su cerviz al amo del norte.

Trinidad y Tobago, República Dominicana, Argentina, Ecuador, olvidan de pronto el legado del Libertador, de Morazán y Martí. Soportan estoica y sumisamente los vejámenes del imperio del mal.

México, Colombia y Brasil también han sido sujeto del matonismo del imperio en esta nueva escalada, que busca como legitimarse ante la derrota de su mundo unipolar y el nuevo ascenso de polos de desarrollo político y económico que le disputan su hegemonía.

Para el caso de Honduras, lo reiteramos, es claro que estos resultados electorales son preliminares. Así lo dijo la CNE. Esperemos entonces que se haya logrado la transparencia absoluta en el manejo de los votos y que los datos sean cotejados con las actas, pues serán las actas que comprueben la validez de los sufragios y le digan al mundo el verdadero resultado de dichas elecciones.

Saludamos al pueblo de Honduras por su resistencia histórica y por su lucha por construir la identidad morazánica.

Fuera la injerencia gringa de América Latina.

¡Viva el pueblo hondureño en resistencia!

Llamado urgente por la Paz a los presidentes y presidentas del continente

Delegaciones de nueve países, movimientos sociales y organizaciones reunidas en el II Encuentro Regional en Medellín, Colombia, exigen a los gobiernos de América Latina y el Caribe romper alianzas con la OTAN, frenar la militarización y defender la soberanía de una región declarada Zona de Paz.

Carta a los presidentes y presidentas de Nuestra América

Señores y señoras, presidentes y presidentas de los Estados de América Latina y el Caribe:

Reciban un saludo en nombre de las delegaciones académicas, organizaciones sociales, movimientos comunitarios, guardias territoriales, defensores y defensoras de derechos humanos, colectivos de comunicación, movimientos sociales cooperativos, artísticos, culturales, instituciones educativas y liderazgos populares de más de ocho países que participamos en el II Encuentro Regional “Geopolítica y Militarización en Nuestra América”, celebrado en Medellín, Colombia.

Nos dirigimos a ustedes con sentido de responsabilidad histórica y con convicción democrática, conscientes de que las decisiones tomadas por los gobiernos impactan directamente la vida, la paz y la autonomía de los pueblos.

I. Nuestra América, Zona de Paz: coherencia entre la palabra y la acción

Desde el año 2014, la CELAC declaró a América Latina y el Caribe como “Zona de Paz”, compromiso que fue ampliamente acogido por nuestros gobiernos y respaldado por los pueblos del continente.

Sin embargo, en los últimos años observamos con profunda preocupación una creciente tendencia de algunos gobiernos latinoamericanos a vincularse con bloques militares globales y regionales, como la OTAN, así como a adoptar enfoques de seguridad que reproducen lógicas de confrontación, disuasión bélica y subordinación geopolítica frente a potencias con intereses globales.

En este sentido, rechazamos de manera categórica las reiteradas violaciones al derecho internacional, a los acuerdos multilaterales, a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos que el Gobierno de los Estados Unidos ha venido cometiendo mediante políticas sustentadas en el engaño, la injerencia y la agresión contra nuestras naciones. Tales acciones, además, implican un despilfarro de recursos públicos que podrían destinarse a atender las profundas necesidades sociales del propio pueblo estadounidense, que enfrenta crecientes niveles de pobreza y precarización.

Estas alianzas contradicen:

Los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

Los compromisos multilaterales de nuestra región frente a la paz, la soberanía y la cooperación solidaria.

La tradición latinoamericana de resolver conflictos mediante el diálogo diplomático, la integración regional y el multilateralismo respetuoso.

Por ello, desde este Encuentro Regional solicitamos a sus gobiernos una revisión profunda y urgente de estos procesos y el abandono de Tratados que vulneran la soberanía continental y de los pueblos.

II. Militarización y alianzas bélicas: riesgos para la soberanía y la vida

La incorporación —explícita o indirecta— de países latinoamericanos a alianzas militares como la OTAN u otras estructuras de guerra tiene implicaciones serias:

Erosiona la soberanía regional, colocando decisiones de seguridad bajo doctrinas ajenas a nuestras realidades.

Desplaza recursos esenciales que deberían dirigirse a educación, salud, transición ecológica y bienestar social.

Profundiza la militarización interna, reforzando doctrinas del “enemigo interno” que han causado históricas violaciones de derechos humanos.

Nos involucra en conflictos geopolíticos globales que no responden a los intereses de nuestros pueblos.

Debilita la integración y la tan necesaria unidad latinoamericana, al fragmentar posicionamientos conjuntos y generar dependencias estratégicas.

Desconoce las recomendaciones de las diferentes Comisiones de la Verdad de nuestro continente, un aprendizaje histórico que no podemos desestimar.

Nuestra América no debe convertirse en escenario, ni plataforma de confrontación entre potencias. Nuestro compromiso debe ser, preservar la paz, proteger la vida y fortalecer la justicia social.

III. Solicitud formal a los gobiernos de la región

En coherencia con las discusiones, análisis y consensos alcanzados en este Encuentro, solicitamos:

  1. Reconsiderar, frenar o revertir los acuerdos de cooperación militar o de alineamiento estratégico con la OTAN y otros bloques de guerra global y regional.

  2. Abstenerse de establecer nuevas alianzas bélicas, misiones de entrenamiento o protocolos de interoperabilidad con potencias globales.

  3. Reafirmar explícitamente, en foros internacionales y en políticas nacionales, el compromiso de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

  4. Priorizar un enfoque de seguridad centrado en la vida, la democracia, los derechos humanos, el desarrollo social y el cuidado de la Madre Tierra.

  5. Promover una agenda regional de desmilitarización y fortalecimiento del diálogo político entre Estados.

  6. Alternativas para una seguridad latinoamericana basada en la vida

Reconocemos que la región enfrenta desafíos reales: extractivismos violentos, criminalidad corporativa transnacional, dinámicas de desestabilización, disputas territoriales alimentados por intereses extranjeros y aplicación de nuevas tecnologías de vigilancia en contra de los pueblos, entre otras.

Pero ninguna de estas amenazas justifica la subordinación militar a potencias o bloques de poder.

Los pueblos de Nuestra América demandan una seguridad que:

Proteja las comunidades, no que las controle.

Defienda los territorios, no que los militarice.

Cuide la vida, no que prepare la guerra.

Fortalezca la integración regional, no que la fracture.

Este es el camino sensato, justo y coherente con nuestra historia.

IV. A los gobiernos de Nuestra América: un llamado firme

En nombre de quienes resisten en los territorios, guardias indígenas, campesinas y cimarronas; organizaciones barriales; defensores ambientales; comunidades rurales y urbanas); sindicatos y organizaciones de trabajadoras y trabajadores, movimientos populares, hacemos un llamado:

No permitir que Nuestra América vuelva a ser patio militar de ninguna potencia.

No comprometer la soberanía del continente en alianzas de guerra que no representan a nuestros pueblos como la OTAN.

Sean coherentes con la palabra empeñada, América Latina y el Caribe son, y deben seguir siendo, Zona de Paz.

Confiamos en su responsabilidad histórica y en su obligación con la vida digna de nuestros pueblos.

Firman,

Participantes del II Encuentro Regional

Geopolítica y Militarización en Nuestra América”

(Canadá, EEUU, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Canadá)

Medellín, Colombia — 28 de noviembre de 2025

https://www.colombiainforma.info/encuentro-sobre-geopolitica-y-militarizacion-en-nuestra-america/