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Gabe Abrahams: plusmarca de una semana de caminata rápida

Noemí Gómez

Entre los días 17 y 24 de mayo de 2025, el marchador barcelonés Gabe Abrahams ha caminado durante 7 días, una semana, por un circuito comprendido entre Barcelona, Badalona y Cornellà de Llobregat y ubicado en el Área Metropolitana de Barcelona.

Abrahams ha caminado un total de 403 km en 7 días, logrando la plusmarca de una semana de caminata rápida o Speed Walking.

Gabe Abrahams ha comentado que el recorrido le ha ayudado a distraer la mente y “a evitar un poco el cansancio, a la vez que un inoportuno enfriamiento ha remado en la dirección contraria. Me lo ha hecho pasar muy mal. Ya estoy acostumbrado a situaciones de este tipo durante las caminatas. Conviene mantener el control de la mente en todo momento y no dejarse intimidar pase lo que pase. Como decía el futbolista Pepe Samitier, en la vida todo tiene solución salvo la muerte”.

Gabe Abrahams tiene una larga lista de plusmarcas en caminatas Multiday, siendo la más larga la de las 6 Semanas del año 2023, conseguida en un circuito de la costa de Cataluña. En aquella ocasión, el marchador mantuvo una media diaria de 45,8 km, mientras que ahora por tratarse de una caminata con una distancia más corta ha conseguido subir la media hasta 57,5 km diarios.

Desde 2020, Gabe Abrahams compagina su condición de marchador con la de articulista en medios de comunicación y autor de libros. Su perfil de autor en SURCOS Digital es el siguiente: Gabe Abrahams.

CGR detecta irregularidades en contrataciones públicas con RACSA

La Contraloría General de la República (CGR) encontró anomalías en contrataciones públicas entre diversas instituciones y Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA). Ante dichas irregularidades el ente regulador emitió las órdenes correspondientes para la atención de los incumplimientos encontrados, asegurando la transparencia y legalidad del proceso de contratación pública.

El estudio encontró que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), la Junta de Protección Social (JPS), la Asamblea Legislativa (AL), la Dirección Nacional de CEN-CINAI y la Municipalidad de San José han firmado contratos con RACSA, los cuales no cumplen a cabalidad con las regulaciones en tema de contrataciones públicas.   

Entre las órdenes de cumplimiento emitidas hacia estas instituciones se les instruyó la implementación de medidas administrativas, para no reconocer la utilidad en los contratos analizados y la recuperación de los montos pagados hasta la fecha bajo este concepto, conforme al marco legal vigente.

Con relación a RACSA, la contraloría señala que esta empresa utilizó de manera indebida la excepción de contratación directa entre entes de derecho público. Según la normativa, RACSA solo puede realizar este tipo de contratos cuando pueda cumplir directamente con el objeto contractual, sin recurrir a asociaciones empresariales que desvirtúen el proceso de contratación. La Contraloría advirtió que el uso de estas asociaciones permitió que proveedores privados ofrecieran bienes y servicios a la Administración sin necesidad de pasar por procesos concursales, lo que contraviene los principios de transparencia y competencia establecidos en la legislación costarricense.

La irregularidad identificada por la CGR radica en que RACSA, aunque contratada bajo la modalidad de contratación directa entre entes públicos, recurrió a asociaciones empresariales con empresas privadas para cumplir con los contratos adjudicados. La normativa sólo permite estos contratos directos si la entidad contratada puede realizar el trabajo por sí misma y dentro de su marco de competencias legales. Al incorporar empresas privadas en el proceso, tanto RACSA como las entidades contratantes incumplieron este requisito fundamental.

La CGR reconoce en la figura de los procesos de licitaciones públicas, donde el Estado puede realizar adquisiciones de bienes o servicios, sin embargo, el ente recuerda que estos procesos deben garantizan la transparencia, la igualdad entre oferentes y la libre competencia, evitando que recursos públicos sean administrados sin los controles adecuados y sin asegurar la mejor opción en términos de precio y condiciones.

Universidad Nacional exige el giro de fondos para la educación superior pública

La Universidad Nacional, el pasado 15 de mayo, acordó demandar el giro inmediato de los recursos definidos en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) conforme al presupuesto nacional aprobado para el 2025. Por medio de una sesión ordinaria el Consejo Universitario de dicha institución aprobó exigir el financiamiento total destinado a las universidades públicas de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

Desde enero del 2025, dicho órgano universitario ha resaltado la obligación del Gobierno de la República de transferir el presupuesto ordinario aprobado para el año 2025 a las universidades públicas. Ante esta acción, en febrero del mismo año por medio de un comunicado el ministro de hacienda resaltó que considerando la compleja situación fiscal del país y a la inestabilidad en el tipo de cambio y el servicio de la deuda, es necesario mantener determinados recursos sin ejecutar para garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras estatales.

Las autoridades de dicho centro educativo aseguran que las acciones del ministro y del gobierno obstaculizan el financiamiento de la Educación Pública, esto como represalia a un aumento del 2% aprobado por la Asamblea Legislativa hacia el FEES. Igualmente destacan el incumplimiento al artículo 78 de la constitución política. Desde el 2019, la asignación presupuestaria a la educación pública ha presentado una tendencia a disminuir año tras año, cayendo de un 7,8 % en 2019 cayó al 5,9 % en 2024.

La universidad encontró contradicción con las declaraciones del ministro para no girar los fondos asignados. Sin embargo, de acuerdo con datos de la OECD, el crecimiento económico del país es superior al de las otras naciones miembros de la organización. Igualmente, otros indicadores macroeconómicos no reflejan las condiciones críticas expuestas por el ministro, la inflación ha presentado un comportamiento descendente, con relación a la deuda el centro académico menciona que el 70% de la deuda pública es interna y expresada en colones por lo que la apreciación del colón frente al dólar es favorable a la economía nacional.

Finalmente, las autoridades universitarias, destacan que la Contraloría General de la República ha aprobado formalmente el presupuesto extraordinario 1-2025, que incluye ₡2.053,1 millones destinados al FEES, evidenciando una contradicción significativa entre la situación económica real y la medida propuesta para no liberar dichos recursos. Por lo que la institución continúa manifestando su desacuerdo a la retención y no ejecución de los fondos por parte del ministro.

Los aranceles de Trump contra Costa Rica

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Aunque los acuerdos del TLC y demás normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), son desdeñados por Donald Trump, ahora el gobierno estadounidense nos dice lo siguiente: «¡Para que les anulemos el arancel del 10%, a los productos que ustedes exportan hacia EE.UU. (que el Chaves pensó no se ejecutaría, a cambio del campo de concentración de migrantes en suelo costarricense), tienen que aceptar lo siguiente!». Pero eso sí, ¡sin chistar!

1°. Que tanto el ICE como el INS, no pueden gozar de ninguna ventaja, como instituciones estatales sin fines de lucro, cuando se trata de licitaciones en telecomunicaciones, tecnologías de la información y seguros, en que participen empresas gringas, que sí lucran, por lo que sus ofertas, necesariamente son más altas, aunque gocen de «trato nacional».

2° Que, pese a que los paperos ticos la están pasando muy mal, por los altos costos de producción, Washington exige que se le ponga una alfombra roja, al ingreso de papas estadounidenses, que, piensan, no pueden faltar acompañando sus hamburguesas.

3° Que, igualmente, los huevos, mariscos, y la leche y sus derivados, sean recibidos con música de fanfarria.

4° Que se establezcan, permisos fitosanitarios de importación, más ágiles (léase laxos), para sus productos vegetales.

5° Que, quizá, como hay muchos estadounidenses radicados en suelo tico, a los que les gusta, uno que otro whiskyto, que no se cobre impuesto a licores gringos con más del 30 % de alcohol.

6° Y, que Costa Rica, impida el uso de software sin licencia, y detenga la piratería en línea.

A propósito de las negociaciones que EE.UU. quiere concluir el mes entrante, los eventualmente afectados, le piden al Ministerio de Comercio Exterior, que, considere que Costa Rica, tiene particularidades relevantes, que les restan competitividad, tales como el alto costo de la electricidad, el alto valor artificial del colón con respecto al dólar, las fundamentales cargas sociales, la deficiente infraestructura vial y portuaria, y la ausencia de mecanismos modernos de contratación, que les ponen en una condición de desventaja, frente a productores subvencionados.

Habrá pues, que esperar para saber si fueron capaces de hacer una buena negociación, patriótica, digna, y cuáles serán las consecuencias de la misma.

¡Hay que detener el genocidio del Estado de Israel contra el pueblo palestino! – SERPAJ

A pesar de las protestas globales y los llamados a cesar la masacre contra el pueblo palestino, Israel continúa sus ataques con total impunidad, respaldado por la complicidad de Estados Unidos.

El silencio cómplice de la ONU y el Parlamento Europeo es alarmante. La violencia escaló hasta niveles catastróficos, arrastrando al mundo hacia lo que el Papa Francisco advirtió: «Una Tercera Guerra Mundial a cuentagotas». Millones de refugiados sufren los embates de la guerra, el hambre y la desesperación, mientras la comunidad internacional mira impasible. El hambre es otra forma de guerra: silenciosa, pero igualmente letal.

Incluso dentro de Israel, sectores del pueblo judío alzan su voz contra la barbarie, gritando: «¡NO EN NUESTRO NOMBRE!». Exigiendo que se ponga fin al genocidio.

La Corte Penal Internacional ya acusó al primer ministro Benjamín Netanyahu de crímenes de guerra y genocidio. Sin embargo, él sigue bombardeando Gaza, intentando exterminar y desplazar al pueblo palestino para apoderarse de su tierra.

La comunidad internacional debe actuar ya:

1.- Exigir el cese inmediato de la guerra.

2.- Promover el diálogo como único camino hacia una paz justa.

3.- Reconstruir Gaza y garantizar dos Estados libres y soberanos.

El genocida Netanyahu debe ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Sus crímenes no pueden quedar sin castigo.

La ONU no puede seguir paralizada por el veto de EE.UU. Es urgente convocar a la Asamblea General para frenar la escalada bélica global y poner fin a la guerra. Su responsabilidad es buscar los caminos de la Paz y el derecho de los pueblos a su autodeterminación y soberanía.

Adolfo Pérez Esquivel
Buenos Aires

Informe de transparencia de la gestión de proyectos de obra pública

Mejorar relación entre las capacidades internas, participación ciudadana y divulgación proactiva entre recomendaciones para mejorar transparencia

La iniciativa CoST Costa Rica publicó en mayo de 2025 la tercera edición del Índice de Transparencia en Infraestructura (ITI). Esta herramienta permite evaluar la transparencia en la gestión de proyectos de obra pública en el país. Este estudio se centra en cuatro dimensiones clave: divulgación, participación, rendición de cuentas y capacidad institucional.

El estudio reciente seleccionó dos proyectos por cada institución evaluada. El primer caso corresponde al proyecto con el mayor presupuesto adjudicado durante el periodo 2021–2024, mientras que el segundo se selecciona de forma aleatoria. Esta metodología permitió cubrir tanto proyectos de alto impacto social y económico como aquellos que representan diferentes niveles de avance.

En total se evaluaron 30 entidades y 60 proyectos, la selección de los proyectos se basó en datos provenientes del Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC) y del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), asegurando una representación diversa en términos de presupuesto, sector (como salud, educación, transporte y ambiente) y tipo institucional.

Entre los resultados se encontró un avance considerable en la calificación nacional, para el presente año se alcanzó los 67 puntos, en comparación con 53 puntos en 2023 y 48 en 2021. Este progreso se atribuye a importantes mejoras en el marco normativo y en la disponibilidad de información pública acerca de los proyectos de infraestructura.

Dentro de los aspectos destacados, la dimensión del ambiente facilitador experimentó un notable salto de 30 a 70 puntos, impulsado por mejoras en la legislación costarricense, especialmente por medio de la Ley 9986 (Ley General de Contratación Pública) y la Ley 10554 (Ley Marco de Acceso a la Información Pública).

La divulgación de información se posiciona como un punto fuerte, con Costa Rica obteniendo un puntaje de 88,6 en esta dimensión, lo que coloca al país en un liderazgo a nivel internacional. En contraste, los indicadores de capacidades internas y participación ciudadana mostraron avances limitados, con ciertos retrocesos en los procesos de institucionalización de prácticas de transparencia.

A pesar de dichos avances el informe advierte que, pese a los avances normativos, la transparencia aún no se ha consolidado como un objetivo institucional integral. Entre las recomendaciones se destaca la necesidad de fortalecer la relación entre las capacidades internas, la participación ciudadana y la divulgación proactiva, así como de mejorar las plataformas digitales para facilitar el acceso a la información. Asimismo, se sugiere la formalización de perfiles como el del informante ideal y el embajador ITI, además de impulsar planes de mejora institucional y capacitación continua.

El estudio no solo refuerza la rendición de cuentas y la gestión de los recursos públicos, sino que también sienta las bases para una mayor participación ciudadana en la inversión pública. Los resultados del ITI se constituyen como una herramienta clave para identificar avances y áreas de oportunidad, contribuyendo así a la toma de decisiones más acertadas y a la reducción del riesgo de corrupción en la ejecución de proyectos de infraestructura.

Inicia la Ruta Micológica Costa Rica 2025

La Ruta Micológica Costa Rica 2025, en su cuarta edición, presenta una invitación para adentrarse en el mundo de los hongos con el inicio de la temporada lluviosa. Durante este periodo, se organizan excursiones a diversas localidades montañosas, entre las que destacan Heredia, Escazú, San Gerardo de Dota, Pérez Zeledón y Monteverde.

La presente edición es organizada por Oropopo Experience y Funga Conservation, bajo el lema ¨Naturaleza Viva, Ciencia y Turismo Sostenible¨. La iniciativa, abierta a personas desde los 12 años en adelante, permite que cada participante se convierta en el protagonista de una experiencia educativa y así mismo se fomenta un turismo rural que respete y conserve los ecosistemas. Dicho esfuerzo ha sido reconocido con la marca país Esencial Costa Rica.

Durante las actividades, se recorrerán senderos llenos de historia natural, guiados por expertos además se tendrá la oportunidad de identificar y fotografiar diversas especies de hongos. Igualmente se discutirán técnicas para registrar datos científicos que contribuyan al conocimiento y la protección de la flora fúngica. La metodología de ciencia ciudadana garantiza que esta experiencia sea accesible para las personas interesadas que no cuenten con conocimientos en el tema.

Entre otras experiencias destacadas se encuentran actividades gastronómicas como la denominada “Cocinando en el bosque: Experiencia Gourmet de Hongos”, donde se invita a degustar platos elaborados a partir de hongos autóctonos. Asimismo, se llevarán a cabo encuentros temáticos en destinos como la Zona Protectora Cerros de Escazú, el Hotel Savegre en San Gerardo de Dota y el Santuario Ecológico Monteverde, donde la aventura se mezcla con el aprendizaje, como en el caso de la observación de hongos bioluminiscentes o la exploración de bosques de corales terrestres.

El cronograma de la Ruta Micológica se extiende desde mayo hasta noviembre, con actividades diseñadas para adaptarse a distintos niveles físicos y fomentar la participación de las comunidades en la conservación de la naturaleza.

Desde su creación en 2022, la Ruta Micológica ha reunido a más de 500 participantes y recorrido 14 destinos, fortaleciendo las redes locales de conocimiento y promoviendo el desarrollo en zonas rurales. Este crecimiento constante refleja el interés y la pasión por descubrir y conservar la biodiversidad única de Costa Rica. El proyecto pretende trascender la experiencia turística y se erige como una herramienta de desarrollo comunitario y educativo. Al integrar la conservación ambiental con el impulso al turismo rural en regiones que, tradicionalmente, experimentan menor actividad económica durante la temporada de lluvias.

Para conocer mas sobre la iniciativa puede consultar las redes sociales de las empresas organizadoras.

oropopoexperience.com

Correo electrónico: oropopotravel@gmail.com | fungaconservation@gmail.com

Instagram: @oropopoexperience | @fungaconservation

Más de 100 organizaciones rechazan proyecto de ley de aguas y alertan sobre sus consecuencias políticas y ambientales

  • Recuerdan a los diputados el costo electoral de legislar en contra del ambiente y las comunidades

  • Exigen que la Asamblea Legislativa se abstenga de aprobar el proyecto

Una amplia y diversa coalición de más de 100 organizaciones sociales, comunitarias, indígenas, ASADAS, académicas y de múltiples sectores expresa su profunda preocupación por el avance del proyecto de Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (Expediente 23.511), actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa.

Para las organizaciones firmantes, este proyecto representa un serio retroceso en materia ambiental y social. Señalan que “en lugar de modernizar la legislación para promover una gestión justa, democrática y ecológica del agua, el texto actual abre peligrosos portillos que facilitan su explotación desmedida, en beneficio del sector extractivista”.

Las organizaciones advierten a las y los diputados que aprobar esta ley acarreará consecuencias políticas en los próximos comicios:

“Haremos visible su responsabilidad. No permitiremos que se entreguen nuestros bienes hídricos a los intereses agroindustriales, inmobiliarios y de la construcción. Les vamos a aguar la fiesta”.

Uno de los puntos más críticos del proyecto es la posibilidad de reducir las zonas de protección alrededor de nacientes y acuíferos, sin garantías mínimas ni estudios técnicos previos. La Procuraduría General de la República (PGR-OJ-095-2023) advirtió que esta disposición viola el principio precautorio y constituye una regresión ambiental.

Un ejemplo alarmante se da en la Zona Norte de Cartago, donde nacientes que abastecen a más de 50 mil personas presentan niveles de contaminación por clorotalonil degradado superiores a los permitidos. En lugar de tomar medidas para proteger estas fuentes, el gobierno elevó ilegalmente los límites permitidos. Según el AyA, el 80% del área de protección de esas nacientes está invadido: 44% por agricultura intensiva, 33% por pastos, 3% por infraestructura, y solo un 20% conserva cobertura forestal (UEN-GA-2024-00175).

El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea (AL-DEST-CIV-0026- 2025) también advirtió que las reducciones propuestas en zonas de protección podrían provocar fragmentación del bosque, pérdida de biodiversidad, alteraciones del ciclo hidrológico y mayor vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos.

El proyecto, además, deja temas clave —como el otorgamiento de concesiones, el caudal ecológico y la participación ciudadana— sujetos a reglamentación futura, sin garantías en el texto legal. Esto debilita el control ciudadano y limita la participación de comunidades rurales, costeras e indígenas.

Otro punto crítico es que se permitiría a desarrollos inmobiliarios, como condominios turísticos, perforar pozos propios si el AyA declara falta de disponibilidad, sin distinguir entre proyectos comunitarios y grandes emprendimientos privados. Esta medida puede generar desplazamientos, turismo descontrolado y graves impactos ecosistémicos, especialmente en zonas costeras.

También se plantea una amnistía general para legalizar pozos ilegales, sin estudios técnicos ni revisión de impacto, lo que premia la ilegalidad y compromete la sostenibilidad de los acuíferos.

Además, el proyecto no delimita claramente las competencias de las instituciones involucradas en la gestión del agua (MINAE, Ministerio de Salud, AyA, SENARA, municipalidades, ASADAS), lo que puede generar conflictos, descoordinación y vacíos de responsabilidad.

Aunque se menciona el cambio climático, no se establecen obligaciones concretas ni mecanismos eficaces para garantizar la adaptación, la protección de ecosistemas o una planificación hídrica con enfoque climático.

Frente a esta situación, las organizaciones firmantes hacen un llamado urgente a la Asamblea Legislativa:

Exigimos que se abstengan de aprobar este proyecto de ley. Antes de avanzar, es indispensable determinar si vulnera la Constitución y el derecho humano al agua. No se puede legislar a espaldas del pueblo y del ambiente”.

Las organizaciones firmantes: Alianza por la Defensa del Agua – Puntarenas, Amigos de los Árboles, Asada Guacimal Puntarenas, Asada San Miguel, Asada San Miguel de Cañas, Asoc. PROAL/Proyectos Alternativos, Asociación Civil Pro Natura, Asociación de Estudiantes de Biología UCR, Asociación de Indígenas de Sixaola Ngäbe (ATIGUSI), Asociación de Mujeres Artesanas de Santa Elena, Asociación de mujeres Meri Dirikä (Mujeres lideresas Ngäbe de Sixaola), Asociación de Progreso Barranca, Asociación de Siquirres, Asociación de Turismo Rural de Santa Elena de Pital, Asociación Ecologista Nido de Halcón, Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral, Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), Asociación Pro Guanacaste Integrado, Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad, Asociación Regenerativa Matzù Insigne, Asociación Sindical Costarricense de Empleados de Telecomunicaciones y Electricidad, ASOOSTRAS Judas de Chomes, AGLOCAM Logística, Bloqueazul, Bloqueverde, Buen Vivir-Costa Rica, Casa AIKO, Meleruk, Talamanca, COECOCEIBA-Amigos de la Tierra Costa Rica, Colectiva por el Derecho a Decidir CR, Colectivo Agroecológico Campo Alegre, Colectivo Agroecológico Zurquí, Colectivo Ecologista Liberiano, Colectivo Trueque, Comisión Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso de la Danta., Comité de vecinos Boquerón, Comité de vecinos Boquerón Abajo, Comité Punta Pelencho, Comunidad de Barrio el llano, Pérez Zeledón, Comunidad de Yerbabuena, La Unión., Concejal de Distrito, Sabanilla de Montes de Oca, CONCEVERDE Colectivo Ciudadano de San Rafael de Heredia, Confederación Unitaria de Trabajadores, Confraternidad Guanacasteca, Coordinadora por la Liberación Animal, Costa Rica por el Océano, Covirenas Caribe Sur, Defensores de la Casa Común, Eco Cipreses, Eco Vida ., Ecolur Compostaje Doméstico, Esparzol, Federación costarricense para la conservación de la naturaleza (FECON), Festival Madre Monte Longo Mai, Foro Político Filosófico Agenda Verde, Frente de Resistencia Animal y de la Tierra, Frente Ecologista Universitario (FECOU), Frente Nacional de Lucha, Fundación Caracara, Fundación CODEHMA, Fundación Orgánica, Fundación Suwo Di, Fundación TAIS, GreenWolf, Hatillo 4 Sur Organizado, Horizonte DEI, Junta de Salud de Sarchi, La Gallada del Golfo Dulce, Montaña Verde, Movimiento Cahuita Unida, Movimiento Costarricense de Solidaridad con Palestina, Movimiento de Resistencia y Formación, Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC, Movimiento Ríos Vivos, Longo Mai de Volcán de Buenos Aires, Movimiento Salvemos la Loma Salitral, Mujeres apoyando a Lucy y doña Digna, Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (Musade), Observatorio Ciudadano del Agua Quebrada Barreal, Observatorio Ciudadano del Agua Río 3 Amigos, Observatorio Ciudadano del Agua Río Agualote, Observatorio Ciudadano del Agua Río Cañas Aserrí. /Desamparados, Oilwatch Costa Rica, PIAPIAS: Comunicación Popular y Educación Antiespecista, Preserve Planet, Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes del Programa Kioscos Socioambientales UCR, Proyecto Movimientos Socioambientales del Caribe Sur de Costa Rica de Kioscos Socioambientales, Radio Machete, Red de Agroecología Costa Rica, Ríos Vivos, Sindicato de Trabajadores Bröran del Agro, Artesanos y Gestores de la Cultura Crün Shürin (STABRÖCS), Talamanca Siempre Verde, UNAPROA, Unidos por el Agua, Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa, Yunta Agroecológica de Mujeres.

Las personas firmantes: Alejandra Sandi Retana, Alfredo Jiménez Montero, Alix guerrero morales, Álvaro Fernández González, Amanda Carballo Córdoba, Amanda Gutiérrez Rodríguez, Ana Fonseca Moya, Ana Ligia Sanchez Rojas, Ana Tristán Sánchez, Ana yancy galagarza, Andrea Mora Villegas, Andriana Jiménez Marin, Antonio Castiglioni Espinoza, Ariana Gómez López, Ariana Lizeth Coca Barrera, Ariel Vindas Núñez, Ariela Álvarez arguedas, Arturo Carballo Madrigal, Bärbel Passeyer, Brenda Briceño González, Bruno de Jesús Coto Barboza, Carlos Alberto Mayorga Martinez, Carmen Díaz Castro, Carmen Luisa Madrigal Jirón, Catalina Carrillo Vargas, César Augusto Gómez Calderón, Christoph Burkard, Comite de vecinos Boqueron Abajo, Craig Schieber, Dafne Araya Vega, Daniel Moraga León, Daniela María Salas Monge, Dany Villalobos, Darío Antonio Rojas Venegas, David Villalobos Villalobos, Davide Giannotti, Dayana Rojas Venegas, Diana Mejías Villalobos, Diego Alfonso Amey Fonseca, Donel Alvarado Zapata, Dylan Zúñiga Villalobos, Eduardo Gardela Ramírez, Elber Alberto Solano Monge, Enid Cruz Ramírez, Escarleth Rodríguez Solano, Estrella Venegas Zamora, Fabián Arias Solano, Fanny Calvo Aguilar, Federico Campos Mora, Fiorella Biolley Solano, Freddy Alexander Peña Chavarría, Gabriel Delgado Álvarez, Gabriela Pérez Quintanilla, Gaus Monge Mora, Génesis Rojas Cruz, Gina Borrero, Giovanni Brenes, Greivin Núñez Mendoza, Guisell Duran Perez, Hannya leiton Zúñiga, Héctor González Pacheco,, Heidy Córdoba Guido, Ingrid Rodriguez Wolter, Isabel Méndez Garita, Italo Fera Fallas, Ivonne Jackelen, Jeff Hernández Castro, Jeremy Valverde Jiménez, Jorge Corrales Alpízar, Jorge Segura Ramírez, Jorge Sibas Vega, José Antonio Mora Calderón, Jose Coimbra, José Manuel Cerdas Albertazzi, José Pablo Zárate Montero, Juan Pablo Gutiérrez García, Juan Solano, Karen Fallas Corrales, Karen Romero Castro, Karla Ann Koll, Karla Borbón Meneses, Karla Milena Picado Valverde, Katherine Barquero Carrillo, Kattya Rodríguez Alfaro, Kenneth Alfaro Alvarado, Laura Carolina Garrigues Herrera, Laura Yuré Calvo Santana, Ligia Barrantes Cartin, Lucía Mahlich Barreto, Luis Diego Marín Schumacher, Luis Gabriel Coronado, Luis gustavo Moraga Rodríguez, Luis José López Miranda, Luz María Romero Miño, Madeline Kiser, Manuel Palacios Baker, Marcos Benicio Jimenez Montezuma, Maria Celeste Quesada Valverde, María Chaves Villalobos, Maria Daniela Chaves Mendoza, María del Rocío Chamorro Tasies, Maria Delgado Cordero, María Eugenia Delgado Marín, María Fernanda Chaves Rodríguez, María Fernanda Oviedo Zúñiga, María Gabriela Hernández López, Maria Hernandez, María Laura Gutiérrez García, María Soto Barrientos, María Trejos Montero, Mariana Porras Rozas, Mariana Taylor Retana, Marianela Quesada Navarro, Mario jose suazo palma, Marta Castro, Marvin Varela Solano, Maureen Leal Mora, Mauren Ramírez Carballo, Mauricio Alvarez Mora, Maylin Karlson Flores, Me uno a la defensa por El Agua = La Vida, Melanny Delgado Cordero, Melissa Céspedes Alvarado, Melvin Solis Blanco, Millaray Villalobos Rojas, Minor López, Miriam Valle Gutiérrez, Mónica Escalante Casco, Mónica Solís Ugalde, Movimiento de Resistencia y Formación, Nahomy Solís Cruz, Nancy Mendoza Diaz, Natalia Solano Corrales, Natalia Solís Rojas, NICOLAS MORALES LORIA, Noemi Canet, Orlando Barrantes Cartín, Orlando Castro Quesada, Oscar Beita Quesada, Osvaldo Durán Castro, Paola Carrillo Molina, Pascal Girot Pignot, Paulino Najera Rivera, Peggy Chamorro, Priscilla Rojas Alvarado, Rafael Villegas mayorga, Raquel Berrocal Sibaja, Raquel sagot, Rebeca Montero Castro, Ronulfo Morera Vargas, Rosa Cordero Guzman, Rosi Naranjo Segura, Ross Salazar Vargas, Roxana Gómez Zúñiga, Ruth Sancho Matamoros, Samantha Obaldia Calderón, Sandra Candela Restrepo, Seidy Boniche Reyes, Sergio Ortíz Pérez, Sofía Gutiérrez Rodríguez, Sofía Martorell Esquivel, Stefanny Castro Ramirez, Stefano Silvestri, Stephanie Rojas Merlo, Susan Barrantes Acevedo, Tamara Borrero, Thalia jimenez Tomas, Ulises Chavarría Chevez, Verónica Castro Ramírez, Virginia Murillo Murillo, Walter Benavides, Yendry Martínez Rivera, Yoel Buitrago

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Entre el abandono y la humillación: la grave situación de salud que enfrentan los pueblos indígenas en Talamanca

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Por Colectivo Antonio Saldaña
Colaboración especial para el Observatorio de Bienes Comunes

A pesar de los múltiples marcos normativos nacionales e internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades originarias de Talamanca continúan enfrentando condiciones inaceptables en el acceso a la salud. Lo que debería ser un derecho humano garantizado se convierte día a día en un camino de sufrimiento, desprotección y maltrato institucional.

El Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa Rica, establece que los servicios de salud para los pueblos indígenas deben tomar en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales. Sin embargo, en la práctica, estas condiciones son ignoradas sistemáticamente.

Imagen: Estas son las condiciones de las vías de comunicación utilizadas para salir y llegar a los puestos de salud, lo cual influye directamente en el acceso a los servicios médicos, especialmente en situaciones de emergencia.

Un sistema que margina

En los territorios indígenas de Talamanca, muchas personas deben recorrer hasta 8 kilómetros o más para llegar al EBAIS más cercano. Sin embargo, estos centros de atención no cuentan con servicios especializados como pediatría, ginecología ni equipos de rayos X. En casos más complejos, las personas deben trasladarse al hospital de Valle La Estrella o al hospital Tony Facio en Limón, lo que representa distancias de más de 80 o 100 km. En escenarios aún más graves, el traslado se extiende hasta los hospitales centrales en San José, con todos los costos, tiempos y dificultades que esto implica. Esta situación obliga a realizar múltiples viajes para tratar un solo padecimiento, lo cual vulnera profundamente el derecho a la salud de estas comunidades.

La situación se agrava porque muchos EBAIS no cuentan con ambulancias y, en casos de emergencia, el traslado puede tomar horas. Durante este tiempo, las personas indígenas sufren dolor, angustia y, muchas veces, la indiferencia del personal de salud.

Deshumanización institucional

Uno de los aspectos más dolorosos señalados por el Colectivo Antonio Saldaña es el trato deshumanizante que muchas veces reciben por parte del personal médico, especialmente en el hospital de Limón. A pesar de su formación profesional, señalan que la sensibilidad humana brilla por su ausencia. La pérdida de una cita puede dar pie a gritos y humillaciones, mientras que el sufrimiento en urgencias se enfrenta con indiferencia, largas esperas y desatención.

Un sistema que no comprende ni respeta

Además del abandono físico, existe una violencia burocrática e institucional. El sistema SINIRUBE (Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado) descalifica a muchas familias indígenas del acceso a programas sociales, al compararlas con estándares económicos ajenos a su realidad de subsistencia. Esto ocurre sin transparencia ni criterios adecuados.

Por otro lado, la medicina tradicional indígena no es reconocida por el sistema de salud nacional, lo cual representa una forma de colonialismo institucional que invalida saberes ancestrales fundamentales para estas comunidades.

El CONASPI y la promesa incumplida

El Consejo Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas (CONASPI) fue creado por decreto para articular y garantizar un enfoque intercultural en salud. Sin embargo, su inacción ha llevado a que las comunidades lo describen como “un decreto que duerme el sueño de los justos”, sin impacto real.

Anécdotas que duelen

El pasado 1 de mayo de 2025, un niño indígena de 13 años sufrió un accidente en motocicleta mientras era acompañado por un adulto. Sin embargo, el informe oficial indicaba que el menor conducía solo una “bicimoto”, lo que provocó la intervención de instituciones como el PANI, que lejos de proteger, actúan con base en prejuicios y suposiciones fuera de contexto. El caso fue usado, según denuncia el colectivo, para humillar a la familia del menor en lugar de apoyarla.

Un llamado urgente

El artículo 24.2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que los pueblos indígenas deben tener acceso sin discriminación a todos los servicios sociales y de salud. Lo que se vive en Talamanca es una violación sistemática de estos principios.

Desde el Colectivo Antonio Saldaña alzamos la voz por nuestros pueblos. Exigimos una transformación profunda del sistema de salud y de las instituciones del Estado, para que reconozcan la dignidad, la diversidad cultural y los derechos humanos de las comunidades indígenas.

Compromisos del Estado costarricense con el derecho a la salud

Costa Rica ha asumido múltiples compromisos nacionales e internacionales que garantizan el derecho a la salud como un derecho humano fundamental. Estos compromisos obligan al Estado a asegurar que todas las personas, sin discriminación, puedan acceder a servicios de salud adecuados, oportunos y culturalmente pertinentes.

Constitución Política de Costa Rica

El artículo 21 establece que la vida humana es inviolable, y el artículo 50 señala que es deber del Estado procurar el mayor bienestar de todos los habitantes mediante la organización y estímulo de la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, así como la protección de la salud como parte de ese bienestar.

Ley General de Salud (N.º 5395)

Esta ley declara que la salud es un bien de interés público, y establece la responsabilidad del Estado en garantizar condiciones sanitarias adecuadas y en organizar un sistema nacional de salud accesible para toda la población.

Convenio 169 de la OIT

Ratificado por Costa Rica en 1993, este tratado internacional establece que los gobiernos deben garantizar a los pueblos indígenas el acceso a servicios de salud que consideren sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, e integren adecuadamente sus conocimientos y prácticas tradicionales.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Costa Rica ha respaldado esta declaración, cuyo artículo 24 reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a sus medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, así como a acceder, sin discriminación, a todos los servicios sociales y de salud disponibles.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)

Como Estado parte de este pacto, Costa Rica reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y se compromete a tomar medidas concretas para lograr progresivamente su plena realización.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En particular, el ODS 3: Salud y bienestar, compromete a Costa Rica a garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, prestando especial atención a grupos en condición de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas.

Racismo, colonialidad y discriminación: las raíces profundas del abandono

La situación que enfrentan los pueblos indígenas en Talamanca no es solo una crisis de acceso a servicios médicos: es la expresión de una histórica estructura de exclusión y racismo institucional que persiste en Costa Rica, a pesar del discurso oficial de paz, democracia y respeto a los derechos humanos.

Los patrones de desatención que sufren las comunidades indígenas están marcados por una lógica de colonialidad del poder, en la que el conocimiento, las formas de vida y los derechos de los pueblos originarios son subordinados o invalidados por sistemas construidos desde y para una cultura dominante. Esta colonialidad no se expresa únicamente en la omisión de servicios médicos, sino en el desconocimiento sistemático de la medicina tradicional, en la imposición de criterios burocráticos ajenos a sus realidades, y en la falta de formación intercultural del personal médico y administrativo.

El racismo estructural se evidencia cuando el sistema de salud no adapta sus servicios ni sus prácticas a las condiciones territoriales, económicas y culturales de los pueblos indígenas, sino que los obliga a desplazarse largas distancias, a esperar en condiciones inhumanas, y a ser juzgados o humillados por profesionales que actúan desde el prejuicio y la indiferencia.

Asimismo, los mecanismos de control y vigilancia institucional —como SINIRUBE o el accionar del PANI— terminan reforzando estereotipos coloniales que criminalizan o culpabilizan a las familias indígenas por su pobreza o por vivir fuera de los parámetros urbanos del “ciudadano ideal”. Estas formas de discriminación no son errores aislados; son parte de un sistema que sigue tratando a las poblaciones indígenas como sujetos de segunda categoría.

La salud, entendida como un derecho humano integral, solo será posible cuando el Estado reconozca y repare estas desigualdades históricas, y se comprometa con una verdadera descolonización institucional. Esto implica no solo políticas inclusivas, sino un cambio profundo en la ética pública, la formación profesional y la voluntad política, para garantizar el respeto, la dignidad y la autodeterminación de los pueblos originarios.

Una voz que resiste: el papel del Colectivo Antonio Saldaña en la defensa de la dignidad indígena

La labor del Colectivo Antonio Saldaña ha sido fundamental para visibilizar las múltiples formas de discriminación, abandono y violencia institucional que enfrentan los pueblos indígenas de Talamanca. A través de la denuncia pública, la documentación de casos y la incidencia política, el colectivo ha contribuido a generar conciencia crítica sobre la urgencia de transformar un sistema que sigue reproduciendo prácticas coloniales. Su trabajo no solo pone en evidencia las fallas estructurales del Estado, sino que también reafirma el derecho de las comunidades a ser escuchadas, respetadas y reconocidas en su dignidad y saberes propios. En un contexto donde el silencio perpetúa la injusticia, la voz del Colectivo Antonio Saldaña es un acto de resistencia y esperanza.

Llamado al cese de hostilidades

Comunicado

Las mujeres y sus diversas organizaciones hacemos un vehemente llamado a la razón a quienes encabezan el gobierno de la república para que depongan sus discursos incendiarios que atizan el odio de manera irresponsable, y en su lugar, conduzcan a nuestra querida nación por los caminos de la paz, la no violencia y el diálogo democrático.

El juramento constitucional de cumplir con nuestro pacto político y con las leyes debe honrarse hasta su último día de la gestión gubernamental; el marco jurídico que nos cobija no es de carácter optativo. El gobierno debe maximizar sus esfuerzos para enmendar sus pifias, sus grandes errores, su errática gestión, sus desaciertos.

Nuestro país no merece esta polarización entre hermanas y hermanos, porque si no rectifican serán recordados como la administración del extravío y de la polarización. Es responsabilidad del mandatario Chaves Robles utilizar las vías del diálogo y el entendimiento y cesar en sus hostilidades.

El regresivo mensaje del presidente se inscribe en una tradición autoritaria de larga y continua data llegando al extremo de manifestar un impulso irracional al invocar a una guerra civil como un medio legítimo, esto es en realidad un delirio de poder irreflexivo inaceptable, que no podemos admitir ni validar.

Aunado a lo anterior tenemos noticia de que en las llanuras del norte se está fraguando una arremetida armada que no es ni más ni menos que un llamado a la sedición de forma abierta y sin tapujos, amparados en las armas, al hedor a muerte y la violencia, ¿Qué se creen estos hombres? ¿Qué son dueños de la verdad? ¿Qué son la conciencia de la nación? Están equivocados porque son numerosas las voces que se levantan desde la ciudadanía adversando tal disparate.

Esto nos hace recordar que la Guardia Pretoriana fue extinguida desde el siglo III, porque si bien nació para proteger al emperador romano, cometió excesos y abusos de poder contra la población hasta que fue eliminada. El presidente de la república si bien tiene ínfulas de emperador romano, no lo es, su mandato expira en un año y otra persona será electa para ocupar ese mismo cargo, porque así lo establece nuestra organización política.

No es con amagos de violencia como se resuelven los grandes y graves problemas nacionales. Bien se aplica el dicho “zapatero a tus zapatos”, deje de buscar y atizar conflictos y dedíquese a gobernar para toda la población que ese es ni más ni menos el mandato constitucional que usted juró defender.

La paz es una construcción social; desde la antigüedad se asocia con ideas de armonía y bienestar integral, no es solamente la ausencia del conflicto armado. En nuestro país se asocia con la doctrina en materia de los Derechos Humanos y a eso debe enfocarse la gobernanza democrática.

Frente a esta delicada coyuntura nos pronunciamos y reafirmamos los valores de la paz, la no violencia y la búsqueda constante de la justicia y la razón. Frente al autoritarismo y la arbitrariedad, frente a las guerras y genocidios que otros deciden sin ninguna compasión, rechazamos toda intención de retroceder y de renunciar a nuestras esperanzas por una vida más justa y más pacífica.

21 de mayo, 2025.

Suscriben:

  1. Albena Muñoz Taya, cédula 901040926

  2. Albertina Alfaro Chinchilla, cédula 105650667

  3. Alejandra Bonilla Leiva, cédula 302080425.

  4. Alice Solís Fernández 104680009

  5. Ana Chacón Mora, cédula 105480839

  6. Ana Helena Chacón, cédula 1567359

  7. Ana Isabel Ruiz Rojas cedula # 401031163

  8. Ana Leonor Ramírez Montes cédula 104830426

  9. Ana Ligia Sanchez Rojas, cédula 700470621.

  10. Ana Lupita Chaves Salas, 104550585

  11. Ana Priscilla Flores Quirós, cédula 114040862

  12. Ana Tristán Sánchez, cédula 105130593

  13. Ana Victoria Rodríguez Badilla, cédula 103800227

  14. Anacristina Rossi 104070914

  15. Andrea Campos Ramirez, cédula 109380681

  16. Andrea Cordero Vargas, cédula 112510163

  17. Andrea Cuenca Botey, cédula 110060165

  18. Ann Mc Kinley Meza, 7 0086 0416

  19. Argentina Artavia Medrano 107090127

  20. Bianca Carolina Castaño Sandoval 155820864908

  21. Carmen Carro Barrantes, cédula 106000363

  22. Carmen Lia Meoño Soto, cédula 203730473

  23. Carmen María Muñoz Quesada 106190272

  24. Carolina García Mendoza, cédula 110200521

  25. Carolina Viquez 109350514

  26. Casilda Sancho B 506 202410142

  27. Cassandra Jara Barrantes, cédula 118760925

  28. Cecilia Claramunt Montero, cédula 104480250

  29. Cynthia Córdoba Serrano, cédula 108290785.

  30. Daniela Miranda Méndez, cédula 114120885

  31. Elides Rivera Navas, cédula 601990675

  32. Elisabeth Cook Steike, cédula 184000052015

  33. Ericka Arrieta Matarrita. Cédula 108020564

  34. Erika Sevilla Zepeda, cédula 107900467

  35. Esperanza Tasies 700670374

  36. Eugenia Salazar Aguilar, cédula 104720913

  37. Fabiola Bernal Acevedo, cédula 01030029

  38. Flora Fernández Amón 105230903

  39. Gabriela Quirós Sánchez, cédula 114180925

  40. Giannina Tanzi P – 104340758

  41. Giselle Arce Fonseca, cédula 105230641

  42. Guiomar del Rocío Martín 103550418

  43. Haydeé Hernnández Pérez, cédula 10559O946

  44. Hazel Vargas Zeledón. 103980738

  45. Hilda Echeverría Alvarado – 900240403

  46. Ileana DAlolio Sánchez 110510808

  47. Ileana Ramírez Quirós, cédula 105860094

  48. Irené Barrantes Jimenez, cédula 111550692

  49. Isabel Ducca Duran 105640060

  50. Isis Fallas Salazar, cédula 108530920

  51. Julia Ardón Morera, cédula 2-0386-0415

  52. Julia María de la O. Murillo, cédula 401010754.

  53. Karla Calderón Sánchez, cédula 114240786

  54. Karol Tatiana Navarro Monge 1-0941-0004

  55. Katherine Cerdas Bonilla 303590402

  56. Kattia del Carmen Castro Valverde, Cédula 107 29 0341

  57. Kattia Isabel Castro Flores, cédula 107590724

  58. Keyra Martínez Meneses, cédula 701860267

  59. Larissa Arroyo Navarrete, cédula 109850255

  60. Laura Arias Cabrera, cédula 108750206

  61. Laura María Valenciano García 1-0973-0873

  62. Laura Pacheco Muñoz 112240846

  63. Leda Barquero 105560466

  64. Lucía Molina Fallas, cédula 1 07930190

  65. Luz María Chacón León 203360097

  66. Ma. del Milagro Solís Aguilar, 106970566

  67. Magda Sánchez Lépiz, cédula 103930882

  68. Margarita Salas Guzmán 110080057

  69. María Clareth Calderón Monge, cédula 118100822

  70. María del Rocío Chamorro Tasies, cédula 111240216

  71. María Dolores Ramírez Bonilla, cédula 3245233

  72. María Emma Prada Granados, cédula 117000795806

  73. María Fernanda Chaves Rodríguez, cédula 207930834

  74. María Gabriela Hernández López, cédula 204070211

  75. María Lorena Molina Molina 202940461

  76. María Natalia Chaves Vargas, cédula 207560519

  77. María Trejos Montero, cédula 106890938

  78. Mariela Víquez Ramirez, cédula 401110780

  79. Marielos Muñoz Solórzano, cédula 603340348

  80. Maritza González Zuñiga, Cédula 104181352

  81. Maritza Salgado Silva, cédula 800860319

  82. Marla Hernández Gaubil 107970014

  83. Marla Hernández Gaubil, cédula 107970014

  84. Marlen Zúñiga Alvarado 1 06830439

  85. Marta Eugenia González Madriz 104460350

  86. Marta Solano Arias, cédula 104530311

  87. Mayra Castro Artavia, cédula 104530815

  88. Melania Monge Rodriguez 105370482

  89. Milagro García Bolaños 104050350

  90. Millaray Villalobos Rojas ; 109340412

  91. Nancy Piedra Guillén 105860455

  92. Nataly Segura Molina 208100216

  93. Nelsy Saborío 106300624

  94. Nicole Daniela Sánchez Calvo 118070611

  95. Nora Gómez Mora, cédula 108360262

  96. Nora Montero Quirós 103550044

  97. Pamela Bojorge Ortega, cédula. 603340112

  98. Patricia Porras Guzman 111350324

  99. Priscilla Araya Cabrera 304270423

  100. Priscilla Echeverría Alvarado 900640150

  101. Priscilla Fernández Ortiz, cédula 303550419

  102. Raquel Berrocal Sibaja, cédula 114360553

  103. Raquel Hernández Castro cédula 108320138

  104. Rebeca Solórzano Aguilar, cédula 112380408

  105. Rocío Abarca Sánchez, cédula 701600677

  106. Rocío Solís García, cédula 108370263

  107. Rosa Anca Huamani, cédula 186201879632

  108. Roxana Arroyo Vargas, cédula 106430057

  109. Roxana Hidalgo Xirinachs 105970626

  110. Sandra Araya Umaña, cédula 401310102.

  111. Sandra Cartín Herrera, cédula 203430634

  112. Sharo Rosales Arce, cédula 106920853

  113. Shi Alarcón-Zamora, cédula 112910818

  114. Silvia Regina de Lima Silva, cédula 107600000731

  115. Sofía Gómez Morice, cédula 116970519

  116. Stella Chinchilla Mora, cédula 106160504

  117. Sylvia Ester Muñoz Mata, cédula 108830514

  118. Teresita Ramellini Centella, cédula 8-0087-0026

  119. Tiryth María Vindas Campos, cédula 504410688

  120. Vania Quezada Silva, cédula 800640843

  121. Vicky Luna Salas 204690427

  122. Vivian Solís Espinoza, cédula 110320334

  123. Wendy Vásquez Pessoa, cédula 303640290

  124. Yamileth Monterrey López, cédula 800580801

  125. Yamilette Fontana Coto. 194410669

  126. Yanina Soto Vargas 104770775

  127. Yanis Quesada Chanto, cédula 107520531

  128. Yendry Martínez Rivera, cédula 110800645

  129. Zaida Lorena Valverde Hernández, cédula 106240926

  130. Zeidy Brukwä Rodríguez, cédula 603850036

  131. Alexander Rojas Parajeles, 1-0713-0292

  132. Carlos Manuel Muñoz Jiménez 401810513

  133. David Contreras Mora 105310468

  134. Edison Valverde Araya 1 0346 0024

  135. Esteban Rodríguez Dobles 205420910

  136. Fernando Alfredo Mora Chacón 1-0377-0243

  137. Guido Mora Mora 302570217

  138. Henry Mora Jiménez 105120548

  139. Jaime Cerdas Solano. 1-0573-0178

  140. Jaime Delgado Rojas, céd. 400960395

  141. Luis Ángel Céspedes Rodriguez 104131304

  142. Óscar Castillo Rojas. Céd.: 301951450

  143. Pablo Andrés Chinchilla Balladarez 112420412

  144. Roberto Castillo Rojas 301770017

  145. Rodolfo Ulloa Bonilla, 105480272

  146. Sergio Reuben-Soto 103150723

Organizaciones

  1. Organización de Mujeres indígenas Mano de Tigre

  2. Territorio Conte Burica

  3. Kalpulli Otokani

  4. Colectiva Feministas en Resistencia

  5. Frente Nacional de Lucha

  6. Profesionales para la Ciudadanía

  7. Centro de Amigos para la Paz

  8. Asociación de Mujeres Hefziba Internacional

  9. Colectivo Mujeres por Costa Rica

  10. Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)

  11. ACOPROM

  12. Observatorio de Género y Medios

  13. Feministas Picos Rojos

  14. Seguridad Feminista

  15. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa

  16. MUSADE

  17. Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad

  18. Colectiva Coexistir, Cartago

  19. Juventud del Frente Amplio

  20. Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia-Costa Rica

  21. Grupo de Trabajo, Agenda CEDAW Costa Rica

  22. Movimiento Reflexión en Acción

  23. Voces de fe contra la violencia de género

  24. Alianza de Mujeres Costarricense

  25. DEI – Departamento Ecuménico de Investigaciones

  26. Asociación TransVida

  27. Escudo Democrático

  28. Radio Zurquí

  29. Mundo Sin Guerras y Sin Violencia

  30. Me Pasó en la UCR

  31. Frente Feminista

  32. Asociación Civil Pro Natura

  33. SERPAJ, Servicio, Paz y Justicia, Costa Rica

  34. Frente Nacional de Pueblos Indígenas

  35. Mujeres en Lucha Social

  36. Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo

  37. Socias del Museo de las mujeres de Costa Rica

  38. Mujeres Migrantes Luciérnagas sobre Ruedas

  39. Somos Fuego

  40. Mujeres autoconvocadas en la lucha por nuestros derechos

  41. Comisión Nacional de las Mujeres. Acción Ciudadana.

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