El Frente Ecocipreses presentó una denuncia llamada 1176-2020 “Caso de la naciente de Plantón”. La naciente de la ASADA de Cipreses, es destinada para el agua de consumo humano, sin embargo, actualmente se encuentra invadida de agricultura intensiva irrespetando las zonas de protección establecidas por ley. Los vecinos temen por la presencia de agroquímicos en el agua.
Luego de una visita de inspección por parte del Ministerio de Salud el Frente Ecocipreses reflexiona:
Se sigue irrespetando la Ley de Aguas y sembrando sobre la naciente.
Presencia de plaguicidas en el agua. Los tres se encuentran debajo del límite de reporte. No obstante, desde el Frente hacen un llamado a recordar que los resultados del análisis dependen del momento y pueden cambiar según lluvias y aplicaciones, por lo que la tolerancia es de cero a ante la presencia de químicos y sus efectos en la salud.
No se han presentado los estudios hidrogeológicos que AyA solicita a la ASADA.
Las municipalidades de Alvarado y Oreamuno no cumplen planes reguladores.
Información compartida con SURCOS por Luis Sanabria. Fuente: Observatorio de Bienes Comunes.
A los 7 años de edad, Maritza Valverde llegó a vivir a Volcán de Buenos Aires. Ahora, a sus 34, rememora las visitas al río después de la escuela, cuando vivía a los 100 metros y sus vecinos la acompañaban.
“Ahora es totalmente diferente, el río no tiene la misma cantidad de agua, y todo ha cambiado tantísimo”, relata Valverde, quien agrega que antes “todo el mundo se conocía” en la comunidad.
Pero los grandes cambios vienen de años atrás, cuenta Marco Ugalde. El vecino de 51 años lleva toda la vida en Volcán, aunque dice que hubo un cambio “drástico” hace 40 años.
“Había muchas fincas ganaderas, pero en el momento en que la compañía llegó a cultivar piña hubo un cambio drástico. Todo mundo vino a vivir aquí y a hacer una vida de trabajo, tener casita y una rutina diaria”, comenta.
En Buenos Aires de Puntarenas la compañía (como usualmente le conocen) transnacional Fresh Del Monte expandió sus operaciones a finales de los años 70, a través de la subsidiaria Pineapple Development Corporation (PINDECO).
En el año 2018 Buenos Aires representó el 85% del área total dedicado a la producción de piña en la Región Brunca (7.056,38 hectáreas), según el Monitoreo del estado de la piña en Costa Rica para el año 2018 publicado en 2020 por el Centro Nacional de Alta Tecnología. En 1998 la cobertura correspondía apenas a 1.225 hectáreas.
El distrito más representativo es Volcán con 2.792,81 hectáreas de cultivo de piña, algunas localizadas a lo largo de la parte media y baja de la subcuenca. La subcuenca Volcán está comprendida en la gran cuenca del Río Grande de Térraba. La conforman los ríos Volcán, Ángel y Cañas, y atraviesa hasta 10 comunidades.
La parte alta de la cuenca es área protegida del Parque Nacional La Amistad, mientras que gran parte de las tierras en la parte media y baja son propiedad de PINDECO para la producción de piña, aunque conforme desciende también hay presencia de caña de azúcar, ganadería y un historial de deforestación.
Contexto geográfico.En naranja se pueden observar los cultivos de piña en Volcán y zonas aledañas. Fuente: Sistema Nacional de Información Territorial.
Alfonso Beita vive en una propiedad que colinda con el río Volcán. Cada año Beita y su familia siembran más árboles en la zona, e incluso cedieron parte de su propiedad para un proyecto de reforestación propuesto por la Fundación Iván Noé para la Conservación para la recuperación de la cuenca del río Volcán.
Volcán ha sido el hogar de la familia Beita alrededor de tres o cuatro generaciones. Los primeros miembros en migrar hasta la zona provenían de Chiriquí y se dedicaron principalmente a la ganadería.
Ahora Alfonso es quien le ha dado seguimiento a los proyectos de su abuelo, y desde años atrás mantenía el interés (junto a otros miembros de su familia) por conformar una Comisión de Cuenca.
“El sueño era poder hacer la Comisión, y así llegarle a los productores de la parte alta que han deforestado para proponerles reforestar, incluso involucrar estudiantes para sembrar, conseguir fondos para cercar los árboles y darles un seguimiento. Pero es difícil convencer a otros propietarios de que cedan una parte”, comenta Beita. “A mí me da lástima ver y recordar cómo era el río”, reflexiona.
Pero los cambios en la comunidad y particularmente en el río Volcán no se escapan de la vista de los más jóvenes.
Jesse Padilla (25) y Dayana Castro (26) se han criado en Volcán, y aunque salieron del pueblo para estudiar, regresaron y ahora colaboran con la Fundación Iván Noé para la Conservación. Además, ambos coinciden en que han visto cambios en el río los últimos 10 años.
“Años atrás era un río muy limpio y había mucho caudal. La gente se iba a bañar ahí con frecuencia, se tiraban en neumáticos y llevaban comida”, recuerda Padilla. “Pero desde hace 10 años ha cambiado mucho, sobretodo porque en las partes altas se empezó a deforestar para hacer potreros”, agrega.
Castro también destaca los efectos de la deforestación. La joven vecina cuenta que la corta de árboles hacia la orilla de la cuenca ha afectado a la misma, y además han empeorado problemáticas como las inundaciones. “En invierno el río está a la intemperie, las orillas ya no tienen nada que le haga una barrera natural entonces sí se ha salido”, dice.
Pero Castro no es la única en utilizar “a la intemperie” para referirse al estado de la cuenca y la pérdida de barreras naturales. De acuerdo con Ugalde “ese río está como en un desierto. Al ritmo que vamos, si no se hace algo, se podría secar en un verano muy fuerte”.
En octubre de 2020 se realizó una asamblea de representantes para conformar una Comisión de Cuenca para la gobernanza participativa del recurso hídrico. Participaron asociaciones integrales de desarrollo, asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos comunales, finqueros/ganaderos, empresas productivas como PINDECO y CoopeAgri, grupos ecologistas, consejos de distrito municipal, grupos de mujeres y jóvenes.
El pasado mes de enero fue juramentada oficialmente la Junta Directiva de la Comisión de Cuenca por el Consejo Municipal de Buenos Aires.
Proyecto de reforestación propuesto por la Fundación Iván Noé para la Conservación. Fotografía: Facebook Programa de Reciclaje Volcán.
Las concesiones
A la problemática de la deforestación se le suma la política actual sobre el otorgamiento de las concesiones de agua, percibida por el sector ecologista, organizaciones comunales y movimientos como Ríos Vivos como una mala gobernanza del recurso hídrico.
En Costa Rica la política vigente de la Dirección de Aguas (DA) del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) permite otorgar concesiones por un 90% del caudal medio anual de una fuente de agua superficial, es decir, personas y empresas pueden pagar un canon para el aprovechamiento del agua de un río.
Pero en tiempos de crisis climática, el llamado del sector ecologista y las comunidades se concentra en exigir una aplicación de metodologías integrales para determinar cuál es la verdadera capacidad de los ríos para otorgar las concesiones asegurando la sostenibilidad.
En 2010 a la Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte se le otorgó una concesión de aprovechamiento para riego por 425 litros por segundo en el río Volcán. Su vencimiento estaba previsto para enero 2020 pero producto de la pandemia se extendió un año más.
SURCOS consultó a Del Monte acerca de la renovación de la concesión expediente 8618A de 425 litros por segundo, canon, sitio de toma y uso. En la respuesta por escrito la compañía mencionó que presentó la renovación ante la DA para uso agroindustrial.
La compañía también cuenta con otra concesión en el río Volcán de 10.60 litros por segundo y destinada a riego (vence en 2023), una toma en el río Cañas de 514 litros por segundo destinada a riego y 10 litros para agropecuario (vence en 2024), y dos tomas en el río Ángel de 150 y 55 litros para riego (vence en 2023).
El último aforo sistemático realizado en el sitio de toma de la concesión corresponde a mayo de 1988. Lo anterior significa que desde ese año no se ha hecho una nueva medición del caudal en el sitio de toma, por ende no tiene en cuenta los cambios que ha traído consigo la crisis climática.
El término “caudal ambiental” se refiere a la cantidad, periodicidad y calidad del caudal de agua que se requiere para sostener los ecosistemas y el bienestar humano que depende de ellos.
En 2019 miembros del Movimiento Ríos Vivos enviaron una carta a la Dirección de Agua para solicitar la realización de nuevos aforos del río Volcán durante el período seco antes de renovar la concesión, para verificar el impacto que ha tenido en el sitio de toma y en el resto del trayecto del río.
Madeline Kiser y Óscar Beita, dos miembros del Movimiento Ríos Vivos que firmaron la carta enviada a la DA, vivían y trabajaban en los Estados Unidos hasta hace dos años, pero siempre se mantuvieron involucrados con las luchas ambientales de Volcán.
Kiser llegó a Volcán en 1984 como voluntaria del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos. En ese momento había una problemática de agua en la comunidad e inició un proceso para hacer un acueducto, proyecto que la acercó a los líderes comunitarios del momento.
“Mientras estábamos allá (en los Estados Unidos) teníamos un programa en el cual traíamos estudiantes de la Universidad de Arizona a Longo Mai (en Buenos Aires), para aprender más sobre el Movimiento Ríos Vivos”, cuenta Óscar Beita.
Durante el tiempo que vivieron en el exterior continuaron buscando aliados, enviaron cartas, colaboraron con la Organización para Estudios Tropicales (OTS, por sus siglas en inglés) para traer personas expertas en caudales ambientales y fijar su atención sobre la cuenca del río Volcán.
Ambos creen en la necesidad de aplicar una metodología holística para el cálculo de caudales ambientales, incorporando un análisis de los efectos ambientales, sociales y económicos de extraer agua de los ecosistemas. Dicha necesidad también la han expuesto el sector ecologista y movimientos comunitarios.
“A la hora de pensar en darle una concesión a alguien, nadie considera los usos sociales que tiene un río, nadie considera que la gente va, se divierte y es salud mental, eso no se considera con ese decreto”, apunta Óscar Beita.
De acuerdo con Beita y Kiser, el decreto ve el agua como un recurso destinado al consumo humano y la producción, pero olvida otros usos sociales.
Vecinos y vecinas disfrutan del río en Semana Santa 2021. Fotografía: Jesse Padilla.
Hablar abiertamente de la piña
Pero los cuestionamientos hacia el manejo del recurso hídrico en la zona no son recientes. A finales de los años noventa el movimiento comunitario Frente de Lucha Contra la Contaminación de PINDECO mantuvo inquietudes al respecto y además denunció los efectos ambientales de la expansión piñera.
Pese a que la lucha del Frente cesó en cuanto PINDECO obtuvo la certificación ambiental ISO 14001 (la cual contempla estándares para el manejo de impactos ambientales) las personas en la comunidad continuaron notando cambios importantes como altos niveles de erosión en los suelos, sedimentación del cauce del río y la disminución de su caudal.
En opinión de Kiser, ha sido un largo proceso poder hablar abiertamente de la piña en la comunidad, aún cuarenta años después de la llegada de PINDECO.
“Hasta en reportes científicos, procesos o planes la palabra piña a veces no aparece, o aparece escondida detrás de ganadería y caña”, agrega.
Según dicen vecinos de Volcán, tratar el tema de la piña aún se considera un tabú, debido a que muchas personas en la comunidad trabajan con Del Monte y temen que algún cuestionamiento los lleve a perder su empleo.
En Volcán la principal fuente de trabajo se relaciona con la piña, por lo que algunas personas de la comunidad abogan por modelos económicos alternativos (un tema que vecinos han conversado en el Foro Confluencia Solidaria) aunque de momento las opciones de empleo fuera del esquema de la piña son escasas.
SURCOS también consultó a Del Monte sobre las represalias en el pasado y el silencio tácito en la actualidad, pero la compañía asegura que siempre ha velado por el bienestar de las comunidades donde operan, aunque las comunidades están en desacuerdo.
En los últimos años, Buenos Aires de Puntarenas se ha posicionado entre los cuatro cantones del país con menor índice de desarrollo humano, solo por encima de Matina, Talamanca y Los Chiles.
El acueducto: conquista comunal
En otras zonas piñeras del país se ha alertado sobre la contaminación de las fuentes que abastecen a las comunidades, aunque no es el caso de Volcán.
En 1986 PINDECO propuso la instalación de pozos para abastecer a la población con agua potable, aunque hubo dudas entre los vecinos por la inminente contaminación de los pozos con agroquímicos.
La decisión que tomó la comunidad junto a la compañía fue la creación de un acueducto comunal (ASADA) que hasta la actualidad se abastece de cinco nacientes y tomas provisionales en el río Ángel durante el verano.
“De momento donde tenemos las captaciones no se da el problema de la deforestación”, menciona Maritza Valverde, administradora de la ASADA.
De acuerdo con Valverde, actualmente no hay problemas de abastecimiento de agua en la comunidad, pero a largo plazo y si la población continúa creciendo, el acueducto podría requerir de nuevas formas para abastecerse.
A pesar de que gran parte de la población en Volcán tiene acceso a agua potable, los fenómenos atmosféricos potenciados por el cambio climático sí representan un desafío.
En época seca el acueducto hace dos conexiones para tomas provisionales. Conforme avanza la época y el caudal del río baja, hacen una segunda conexión para asegurar que nadie se quede sin agua.
Pero la época lluviosa es la que representa un mayor problema. Las tormentas y fuertes lluvias contaminan las nacientes y el agua se ensucia, entonces en el acueducto toman la decisión de cerrar la tubería y se suspende el servicio por unas horas hasta lograr la captación de agua potable.
“Todo está siendo muy radical. A mí personalmente me preocupa porque el cambio climático cada vez nos afecta más y eso es muy preocupante”, opina Valverde.
Algunos vecinos coinciden en que la amplia cobertura de agua potable en la comunidad ha generado que pocas personas piensen en la importancia de proteger el recurso hídrico.
Sentimientos por el río
Años atrás Alfonso Beita encontró un tractor a la par de su propiedad que colinda con el río. Según cuenta, era un T9 botando árboles para una represa de la compañía.
“Imagínese lo que sentí, era el bosque ribereño que mi abuelo había dejado a la orilla del río. Yo me crié ahí y hasta aprendí a nadar en él, en mí hay un gran sentimiento por ese río”, comenta.
En opinión de Alfonso Beita, la consolidación de la Comisión de Cuenca es un gran avance y un espacio para que todos se unan a salvar el río.
“La idea es que estas áreas no se toquen y queden como amortiguamiento. Se podrían sembrar árboles funcionales que le den una entrada a los productores”, dice.
El agrónomo señala la importancia de presentar alternativas, como organizarse para la siembra de árboles y plantas medicinales que puedan venderse, hacer senderos para atraer turismo e involucrar a los productores. “Tiene que haber un cambio de mentalidad en los productores”, expresa.
Para Jiri Spendlingwimmer, quien participó en la defensa del recurso hídrico en la Comisión de los Ríos Convento y Sonador ante la amenaza de proyectos hidroeléctricos, la creación de la Comisión de Cuenca en Volcán llega a dar la oportunidad de que la comunidad pueda incidir en situaciones que limitan su bienestar.
“El río Volcán es un río que tiene varias concesiones de riego y no fue algo que las comunidades eligieron. Es importante que sean movimientos de base comunitaria porque es la gente que ahí vive, y no debería ser que desde un escritorio un funcionario en San José decida cuanto dedicar para riego, y la gente ni cuenta se da”, dice Spendlingwimmer.
De acuerdo con Dayana Castro, quien forma parte de la Comisión, la aspiración es involucrar a toda la comunidad y educar a las personas acerca de la importancia de proteger la cuenca. En los próximos meses la Comisión avanzará en la formulación de sus objetivos y proyectos.
Todos los vecinos entrevistados tienen una aspiración común: salvar la cuenca. ¿Su consigna? “Estamos a tiempo”, pero reconocen que deben actuar ahora mismo.
Abril 2021. Fotografías: Jesse Padilla.
Serie de notas periodísticas que cuenta historias y proyectos en la comunidad de Buenos Aires, Puntarenas, quienes se están integrando al espacio colectivo Foro Confluencia Solidaria para aportar a propuestas cuyo objetivo sea la construcción de una sociedad justa, digna y solidaria, centrada en la búsqueda del bien común.
Datos satelitales detectaron cultivos de piña en 1659 hectáreas de cuatro áreas protegidas del país. El gobierno otorgó permisos en solo dos de ellas y lo hizo únicamente para 358,5 hectáreas.
Algunos expertos piden que, para atacar este problema de invasión, los refugios de vida silvestre afectados sean elevados a parques nacionales, una categoría de protección estricta.
María Fernanda Chaves creció con el sol punzante de la zona norte de Costa Rica, las noches calurosas y el olor a agroquímicos. En la escuela, en la iglesia y hasta en los restaurantes, la sombra de la agroindustria siempre estuvo presente.
La joven de 21 años es oriunda de un pueblo llamado Veracruz de Pital, ubicado en el cantón norteño de San Carlos. Por cualquier entrada al pueblo, una plantación de piña recibe a los visitantes. Aunque no siempre fue así, cuando era niña solía escuchar el rugido de los monos congo (Alouatta palliata) desde su hogar, así como el aullido de los coyotes (Canis latrans) en la distancia. Pero, con el tiempo, estos sonidos se fueron apagando.
En los últimos 20 años, el cultivo comenzó a cambiar el paisaje de la zona, a tal punto que, a unos kilómetros de su hogar de infancia, la piña incluso “ingresó” dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque, un importante santuario de humedales.
Algunas plantaciones ingresaron a las áreas protegidas con licencia del Ministerio de Ambiente pues no son zonas de conservación estricta sino que permiten actividades sostenibles dentro de ellas. Sin embargo, la mayoría del área identificada satelitalmente no cuenta con registro de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el ente encargado de otorgar permisos de construcción y siembra.
Piña intrusa
De las 1659 hectáreas de piña identificadas en áreas protegidas en 2018 —el dato más reciente—, laSetenasoloteníaconocimientode358,5hectáreasensusregistros. Es decir, el 74 % de la piña dentro de áreas protegidas no estaría avalada por la institución.
Esto no necesariamente significa que sea piña ilegal, pero sí significaqueesasplantacionesnopasaronporunaevaluacióndeimpactoambiental, según indicó la secretaria de Setena, Cynthia Barzuna. “Hay muchos proyectos de siembra de piña que han venido operando incluso antes de la existencia de la Ley Orgánica del Ambiente (1995), de manera que para su operación no requerían de la viabilidad ambiental”, dijo Barzuna.
En naranja se observan los cultivos de piña en Costa Rica. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
Lo cierto es que los humedales que hoy están bajo presión agrícola tienen un importante valor ecológico, ya que son únicos en el país y forman un corredor biológico para especies migratorias, según indicó Lenin Corrales, biólogo e investigador del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie).
“Una cosa es que destruyas un humedal y tengas copia de ese humedal en otras partes del país [es decir, otros ecosistemas con características similares]. Pero otra cosa es destruir un humedal que solo existe ahí. Esa es su importancia”, dice el científico experto en cambio de uso del suelo.
La piña ciertamente contribuyó a la degradación del ecosistema, explica Corrales. Este cultivo se disparó en Costa Rica durante los últimos 20 años, tanto que actualmente dos de cada tres piñas vendidas internacionalmente provienen de este país centroamericano. Pero la piña no llegó sola, en comunidades como Veracruz, donde creció María Fernanda Chaves, los días se hicieron más calientes, los coyotes se callaron y el aire comenzó a oler a agroquímicos.
Las imágenes satelitales revelan que el cultivo de esta fruta, para 2018, ya había entrado en cuatro áreas protegidas de Costa Rica. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente no tiene registros de la mayoría de esas plantaciones. Al comparar la información de los satélites con los registros de Setena, hay 1300 hectáreas “perdidas”. De ellas no hay expedientes abiertos.
Pese a que los satélites detectaron presencia de piña en cuatro áreas protegidas, el Ministerio de Ambiente no tiene registros de ninguna plantación de piña en las reservas de Barra del Colorado y Caño Negro.
Cultivos de piña alrededor y dentro del Refugio de Vida Silvestre Caño Negro en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
La información satelital se recopila con dos sensores distintos: Landsat de la NASA y Sentinel de la Agencia Espacial Europea. El equipo técnico del Moccup revisa los datos, hace un mapeo anual y luego los publica para su uso libre. Las imágenes más recientes son de 2019, y en ellas se puede apreciar el cultivo de piña dentro de las cuatro áreas protegidas, los científicos aún están en proceso de calcular la cantidad de hectáreas que representan.
Al comparar estos datos con los registros públicos de Setena solo se encontraron tres permisos: los dos primeros dentro del refugio Maquenque, uno aprobado por 146 hectáreas (2014) y otro que figura “bajo análisis”, el tercero de 202 hectáreas está dentro del Corredor Fronterizo (2015).
Las empresas dueñas de estas plantaciones son Oscar Álvarez Rojas, Productos Agropecuarios Visa S.A. y Trinaca de Alajuela S.A., respectivamente. Según pudo constatar Mongabay Latam, las tres recibieron un permiso de viabilidad ambiental para operar dentro de las áreas protegidas. Sin embargo, las otras 1300 hectáreas no pasaron por este proceso y, por lo tanto, no cuentan con un permiso.
Cuando este medio le consultó a Setena por los propietarios de esas 1300 hectáreas plantadas con piña, la entidad se limitó a indicar que algunas podrían no ser necesariamente ilegales, sino que probablemente existen desde antes de la creación de la institución (1996).
No obstante, las imágenes satelitales del 2015 muestran un área reducida de piña dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo y en el refugio Caño Negro ni siquiera había plantaciones dentro de sus límites. El biólogo Lenin Corrales aseguró que esto habla del abandono de Costa Rica a los ecosistemas de manglares, ya que las autoridades de gobierno tienen poco control sobre lo que sucede en las zonas rurales.
Cultivos de piña dentro del Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).Piña dentro del Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo en 2015. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
Pese a que los ecosistemas de humedal están bajo presión y tienen un importante valor biológico, Caño Negro, Barra del Colorado, Corredor Fronterizo y Maquenque son solo “refugios de vida silvestre”, una categoría de manejo menos estricta que los parques nacionales.
En este tipo de áreas, los dueños de fincas privadas pueden solicitar permisos para “explotación de los recursos naturales” pero con criterios de “estricta sostenibilidad”, según la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. Hasta hace poco, estos permisos se otorgaban a cualquier cultivo pero, a mediados de 2020, el Ministerio de Ambiente emitió una directriz que ordenó detener los permisos a monocultivos dentro de áreas silvestres protegidas.
Presiones al ecosistema
En noviembre del 2016, el huracán Otto tocó tierra en la zona norte de Costa Rica. El pueblo fronterizo de Los Chiles parecía ser uno de los más vulnerables, pero —por el contrario— los daños al final fueron leves. A sus alrededores, el humedal del refugio Caño Negro estaba hinchado de agua.
Este ecosistema terrestre-acuático es crucial para resistir los impactos del cambio climático, explica el biólogo Lenin Corrales del Catie. “Los humedales son como esponjas: absorben el agua y la liberan lentamente”, dice, e indica que la expansión piñera no solo amenaza a los humedales, sino también a las comunidades cercanas.
Una plantación de monocultivo de piña cerca del Refugio Caño Negro en 2017, con caminos para el paso de maquinaria. Fotografía: Lenin Corrales.
Una plantación de piña requiere del dragado del suelo, comenta el científico. “Donde ves piña es porque antes se secó el humedal y se hicieron canales”.
El drenaje de humedales ha tenido otro efecto inesperado: el incremento de incendios forestales en la zona. Por ejemplo, un informe del Catie encontró un aumento en las hectáreas quemadas en el humedal Caño Negro entre 2007 y 2016.
El suelo alberga una capa de metano y material orgánico bajo tierra, el cual es altamente inflamable. Al drenar este ecosistema, las llamas tocan el gas, el suelo comienza a explotar y se dificulta la entrada de los bomberos forestales.
Pero la siembra de piña trajo también otras complicaciones: la contaminación de fuentes de agua cercanas a áreas protegidas con agroquímicos.
Un estudio del 2017 —elaborado por la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)— encontró pesticidas en tres de diez sitios muestreados en el Refugio Caño Negro.
Cultivos de piña alrededor y dentro del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
Para frenar estos impactos, Corrales asegura que el Estado debe comenzar a “consolidar” las áreas protegidas del norte y elevar su categoría de manejo a una protección más estricta.
“Todas esas áreas protegidas de la zona norte son refugios de vida silvestre. Convive la propiedad privada con la pública. El privado puede hacer con la finca lo que la norma le permite y así comienzan a drenar”, asegura.
En Costa Rica, la exportación de piña genera un lucrativo mercado de 1000millonesdedólarescadaaño. Pero su explosión fue reciente: en cuestión de dos décadas la actividad creció en un 700 %, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El cultivo existe en el país desde finales de la década de los setenta, pero vino a ser un producto importante para la economía costarricense hacia el año 2001. En ese año, la transnacional Del Monte introdujo una variedad llamada piña Golden o MD-2, la cual tuvo un éxito rotundo en el mercado europeo y estadounidense.
Cultivos de piña dentro del Refugio de Vida Silvestre Maquenque en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
Ante la actividad emergente, el Ministerio de Agricultura de Costa Rica también dio un empujón a las empresas, principalmente con asesoría técnica. Una de las recomendaciones de ese momento fue utilizar el bromacil como herbicida, un químico altamente tóxico. Hoy en día, la Universidad Nacional de Costa Rica, en su Manual de Plaguicidas de Centroamérica, cataloga a este químico con “toxicidad aguda” para humanos. Es más, desde 2017 la importación de este químico está prohibida en el país, pero sigue apareciendo esporádicamente en análisis toxicológicos de la zona norte costarricense.
Las exportaciones comenzaron a fluir hacia Estados Unidos y Europa y, de la misma forma, se fue ampliando el cultivo en el país. En 1995, apenas existían 5500 hectáreas sembradas y hoy el área ya supera las 60 mil hectáreas.
De igual forma creció su importancia económica. Actualmente, la piña es el principal cultivo de Costa Rica, generando un 5 % del PIB nacional y alrededor de 32 mil empleos directos. Con el crecimiento, no obstante, también vinieron efectos colaterales.
Comunidades en conflicto
El suelo en Veracruz de Pital parece una alfombra de pequeñas coronas verdes. Luego de un tiempo, parece “como un desierto verde”, dice María Fernanda Chaves, una activista que vivió en este pueblo durante 17 años. Según dice, aquí no es nuevo que la piña ingrese en áreas protegidas, “ya se sabe que no se respetan los límites naturales. Tampoco se respetaron los límites para proteger quebradas y ríos”, asegura.
Sin embargo, este no es un tema que se discuta frecuentemente en la región. Según dice Chaves, la piña cambió el paisaje pero también a las personas, quienes tienen temor de alzar la voz por temor a represalias por parte de las empresas.
Una plantación de piña cerca del humedal Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro en 2017. Fotografía: Lenin Corrales.
A kilómetros de distancia, en el pueblo caribeño de Guácimo, la exalcaldesa de esta municipalidad, Erlinda Quesada, también comenzó a notar cierto temor entre las comunidades piñeras, quienes preferían no hablar pese a que, por ejemplo, sufrían impactos en sus fuentes de agua.
“La gente está consciente. Pero si usted dice muchas cosas y vive en un sector en donde el único empleo que hay es la piña, nunca más le vuelven a dar trabajo ni a usted ni a sus parientes”, asegura Quesada.
A pesar de esta política tácita de silencio, existen algunas denuncias. En 2013, los vecinos de Guácimo denunciaron a la piñera Tico Verde S.A. por sembrar este cultivo dentro de los límites del Área de Conservación Tortuguero. La actividad terminó contaminando con agroquímicos algunas fuentes de agua de la reserva y de comunidades aledañas. Aun así, los jueces solo le ordenaron a la piñera la remoción de las hectáreas sembradas. Quesada asegura que debido a las sanciones débiles y al temor por quedarse sin empleo, las denuncias al final son escasas.
En Veracruz de Pital, un grupo de vecinos trató de denunciar la destrucción de una naciente de agua como consecuencia de la actividad piñera entre 2011 y 2012. Sin embargo, María fernanda Chaves recuerda que la acción no prosperó, principalmente porque la gente temía represalias.
Lo cierto es que, con el paso del tiempo, las puestas del sol se hicieron diferentes en Veracruz y Guácimo. Ahora, las noches son más calientes y los coyotes ya no se escuchan durante la noche. El cultivo que enamoró a Costa Rica los silenció.
*El autor de este reportaje participó en el SpeedPitching del NoForo organizado por Factual/Distintas Latitudes, un espacio para conectar historias con medios de toda la región.
El año pasado murieron envenenadas casi cien millones de abejas en Costa Rica
Apicultores de Costa Rica informó que el apicultor, Alonso Céspedes López, denunció el primer envenenamiento que sufren sus abejas durante el presente año en Nacascolo de Liberia. ‘’Es una gran mortandad de abejas lo que se ha presentado en los últimos días, llevan varios días muriendo cientos de ellas, desde hace unos 15 días’’.
Según Céspedes, en las fincas del sector no existen cultivos agrícolas veraniegos, pero sí hay ganaderías, por lo que apunta que la contaminación puede estarse dando desde las fuentes de agua que utilizan tanto sus abejas como el ganado. Al parecer, los ganaderos usan equipos de aspersión para bañar a sus reses, las cuales terminan contaminando los bebederos con sustancias químicas veterinarias que resultan altamente tóxicas; generado la masiva muerte de las abejas. ‘’A lo largo de mi vida como apicultor mis abejas han sido víctima de intoxicaciones por lo menos en tres ocasiones, unas leves y otras más catastróficas.
De acuerdo con los datos revelados por Céspedes, fue envenenado uno de sus apiarios que tiene 19 núcleos para crianza de reinas y treinta colmenas, de las cuales al menos 10 murieron totalmente. Las pérdidas superan los 5 millones de colones, sin considerar el enorme daño ambiental generado de manera directa por la pérdida de los citados agentes polinizadores.
‘’Por ejemplo: aquí fumigan las vacas con unos químicos muy letales, pero no se ha podido establecer cuáles son los que mataron mis abejas porque los funcionarios de SENASA no han recolectado muestras de las abejas muertas para que las analicen en sus laboratorios. Yo vivo cerca de mis apiarios y aquí estoy a la espera de que vengan las personas del SENASA a investigar lo que sucedió’’, añadió.
El año pasado la Cámara de Nacional de Fomento de la Apicultura denunció que los agroquímicos están matando 250 mil abejas cada día catalogando la realidad como el “Armagedón de las Abejas” “masacres de abejas o apicidios”. Esta cantidad diaria de muertes de abejas diarias equivalen en promedio a 92 millones de abejas menos por año, unas 50 toneladas de miel menos y unos 450 millones de colones menos cada año. En términos de polinización equivale a un promedio de 1750 millones de flores menos polinizadas.
Tanto la Cámara de Apicultura como los expertos del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional señalan la gran responsabilidad de un alto uso de plaguicidas del modelo de producción agropecuario.
Estudios demuestran que mujeres embarazadas y escolares se contaminan por plaguicidas
Las personas que viven cerca de plantaciones bananeras han denunciado por décadas las fumigaciones aéreas que las comunidades viven a diario. En una reciente denuncia del área de Salud de Talamanca se solicita la colaboración de Aviación Civil para que verifique “el estado de funcionamiento, mantenimiento y operación de la aeronave agrícola”, entre otras características del avión, campo de aterrizaje y “el estado de cumplimiento de la empresa a cargo de la avioneta, relacionado con los permisos, certificados y la aplicación de manuales”.
El Área de Salud hace hincapié “en la importancia de verificar las responsabilidades del piloto relacionadas con las técnicas empleadas en la aplicación aérea de agroquímicos y la realización de vuelos rasantes, ya que son los principales aspectos que afectan a los denunciantes, así como el ruido generado por aeronave.
Según el documento firmado por la Dra. Jennifer Jones Villers del Área Rectora de Salud de Talamanca: “mediante visitas realizadas a lo largo del 2019 y 2020 se ha evidenciado una serie de irregularidades, entre ellas que el follaje de distintas plantas y arbustos de las propiedades de dos de los denunciantes, estaban llenas de partículas muy pequeñas de algún producto sintético que les fue rociado, en apariencia agroquímico”.
Según el testimonio de una de las denunciantes “el ruido que genera la avioneta fumigadora produce muchas molestias porque sobrevuela, en sus propiedades, a muy baja altura. Como prueba guarda videos donde se aprecia la aeronave haciendo vuelos sobre su casa. Una de las denunciantes presentaba afectación en su pecho, garganta y tenía mucha tos, y manifestó que además ha presentado otros síntomas en diversas ocasiones como picazón en la garganta, dolores de cabeza, tos y ganas de vomitar, entre otros”.
También se recoge la denuncia en redes sociales de una avioneta agrícola sobrevolando Playa Grande de Cahuita en “un video en el que claramente se observa una avioneta esparciendo el producto”. La plantación más cercana al sitio estaría en el poblado de Penshurt.
Según el reglamento para las actividades de la Aviación Agrícola Nº 31520-MS-MAG-MINAE-MOPT-MGPSP[i] es competencia del Consejo Técnico de Aviación Civil y de la Dirección General de Aviación Civil ejecutar, garantizar y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rige la materia de aviación civil y agriada relacionadas con la protección de la salud de las personas, animales y de la conservación del ambiente.
Estudios alertan contaminación por fumigaciones áreas
En 2009 el Instituto Regional en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional encontró restos de Mancozep en la orina de los niños en Talamanca. El Mancozep es utilizado en las plantaciones bananeras y es catalogado como un Plaguicida Altamente Peligroso[ii] (ver más).
En un estudio publicado en 2014[iii] se encontró que las mujeres embarazadas que viven cerca de plantaciones de banano del cantón de Matina en Limón, tienen elevadas cantidades de Etilentiourea (ETU) en su orina. ETU es un derivado del plaguicida Mancozeb, el cual se aplica mediante fumigación aérea. Las regulaciones actuales para las fumigaciones áreas parecen ser insuficientes para prevenir el contacto de las mujeres con este plaguicida. El estudio mencionado corresponde a “Aplicación Aérea de Mancozeb y Concentraciones Urinarias de Etilentiourea en Mujeres Embarazadas de Costa Rica: el Estudio Infantes y Salud Ambiental (ISA)”. La investigación la realizó un grupo de especialistas del Instituto Regional en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) en colaboración con investigadores de la Universidad de Lund y el Instituto Karolinska (Suecia), de la Universidad de Quebec en Montreal (Canadá), y la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos).
Según los investigadores, algunas de las mujeres tenían cantidades más altas que otras porque vivían más cerca de las plantaciones bananeras, trabajaban en agricultura durante su embarazo, y/o lavaban la ropa de sus familiares, quienes principalmente trabajan en banano[iv]( ver más).
Otra investigación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica abocada a estudiar la presencia de plaguicidas en las escuelas de Matina de la provincia de Limón, encontró presentes en el aire y el polvo, restos de 18 agrovenenos rociados por las avionetas (ver más). Este estudio fue desarrollado en 12 escuelas aledañas a plantaciones de banano.
En nuestro país están autorizados hay más de 449 agrotóxicos para las fumigaciones en plantaciones mayormente de banano, arroz, caña y cítricos entre otros [v](ver más) , y a pesar de los estudios y las denuncias más bien se está tratando de flexibilizar y permitir que las avionetas rocíen plaguicidas en lugares próximos a casas, escuelas y centros de salud[vi] ( ver más).
El “Armagedón de las Abejas” “masacres de abejas o apicidios” así definió la situación Juan Bautista Alvarado, presidente de la Cámara de Nacional de Fomento de la Apicultura.
Esta cantidad de muertes de abejas diarias equivalen a 92 millones de abejas menos por año, unas 50 toneladas de miel menos y unos 450 millones de colones menos cada año. En términos de polinización equivale a un promedio de 1750 millones de flores menos polinizadas.
“Lo que las abejas de nuestro país están pasando es una verdadera catástrofe, el auténtico cuyas consecuencias sí que son predecibles: pérdida de biodiversidad, disminución en la producción de alimentos, hambre y finalmente muerte” aseguró el apicultor.
Como ejemplo reciente el presidente de la Cámara narró “hace una década La Zona de Los Santos albergaba el 8% de las abejas Apis de Costa Rica. Contaban con aproximadamente 3.000 colmenas, hoy sólo les quedan unas 800. Esa disminución representa un 73% y equivale a la pérdida de aproximadamente 220 millones de abejas. Durante el mismo periodo, Los Santos, pasó de producir 90 toneladas de miel por año, a tan solo 20. Así como lo escuchan, se trata de una reducción del 77 por ciento en tan solo diez años”.
Tanto la Cámara de Apicultura como los expertos del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional señalan la gran responsabilidad de un alto uso de plaguicidas del modelo de producción agropecuario.
Juan Bautista aseguró: “en la práctica todos los casos de envenenamiento masivo, cuyas muestras de abejas han sido analizadas por el SENASA, se ha encontrado un ingrediente activo llamado Fipronil. Al fipronil ya deberíamos declararlo el terror de las abejas costarricenses. Además del terrorífico Fipronil, tenemos un grupo de plaguicidas altamente tóxicos para las abejas, y son los llamados neonicotinoides”.
Sobre estos productos neonicotinoides, el agrónomo Fernando Ramírez Muñoz del Instituto Regional en Estudios de Sustancias Tóxicas (IRET), asegura que son insecticidas más usados en el mundo, un tercio de la venta y la principal problemática es que “son sistémicos y con alta persistencia dentro de la planta (hojas, semillas, frutos, polen, etc)”. Además, el especialista señala otros insecticidas: 49 ingrediente activo (IA) altamente tóxicos para abejas que se usan en nuestro país y herbicidas como glifosato, paraquat y otros que tienen efectos indirectos o colaterales de otros plaguicidas sobre abejas.
Para Ramírez es “imprescindible restringir aquellas sustancias que dañen las abejas y empezar por los Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs) y buscar alternativas de políticas agroecológicas ante la amenaza de los insecticidas neonicotinoides”.
Finalmente, el presidente de la Cámara Nacional de Apicultura, Juan Bautista Alvarado cerró diciendo “el futuro verde de Costa Rica será con abejas o no será”.
La Red de Acción en Agricultura Alternativa (RAAA) organiza el foro internacional “Políticas para la reducción del uso de plaguicidas en la agricultura, la protección de la salud y el ambiente” agendado para este próximo jueves 03 de diciembre a la 1:00 pm, hora de Costa Rica.
El evento virtual contará con los siguientes panelistas:
– Alexander Von Hildebrand (Alemania). Asesor OPS, OMS y FAO. – Fernando Ramírez (Costa Rica). Docente e investigador Universidad Nacional. – Jaime Delgado Zegarra (Perú). ex congresista, docente e investigador Universidad San Martín de Porres. – Luis Gomero Osorio (Perú). Presidente Consorcio Agroecológico Peruano, coordinador nacional ejecutivo RAAA y docente. – Medardo Ávila Vásquez (Argentina). Médico docente Hospital Universitario de Córdova y Red de Médicos de Pueblos Fumigados
El foro virtual será transmitido por Zoom y en el Facebook Live de la RAAA.
Información compartida a SURCOS por la Red de Coordinación en Biodiversidad.
Como profesional de la salud, soy una persona muy preocupada por el tema ambiental, en general, y por el agua y la importancia capital que tiene este vital líquido en la vida y en la salud de las personas, en particular.
Con respecto al tema ambiental, estoy convencida de que lo que hagamos hoy para preservar el medio y cuidarlo, sin duda, será la mejor herencia para las futuras generaciones. Ya lo dijo, con mucha claridad el Papa Francisco: Este planeta es la casa donde vivimos y, por ello, debemos cuidarla.
Considero que las y los costarricenses debemos contribuir en todos los frentes posibles (reciclaje y control adecuado de los desechos, son dos de ellos), para asegurar la reducción de la contaminación del medio.
Sin embargo, hay una batalla que considero que es fundamental, en el presente, dentro de la agenda ambiental. Es la de asegurar agua pública y de calidad para todos, ahora y de cara al futuro.
Hemos visto con gran preocupación como hay sectores que quieren privatizar este valioso y vital líquido. Hay países que tomaron esta medida y eso hace que hoy, muchos de sus habitantes o no cuenten con agua potable o para contar con ella, tengan que pagar precios inaccesibles e inasequibles, a empresas que lucran con el recurso hidríco.
Algunas empresas privadas, en sus propósitos en el control del “negocio” del agua, fueron tan lejos que en el convenio con un gobierno sudamericano, pretendían que una claúsula, prohibiera expresamente que las personas recolectaran el agua de lluvia. Esto sucedió en Bolivia hace pocos años.
La preocupación que deseo expresar tiene que ver con el dictamen positivo que dio la Comisión Legislativa de Ambiente, el día miércoles, 1 de julio del año en curso, al proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, contenido en el expediente N°20.212.
Realmente, es muy preocupante que se emitiera tal dictamen sin considerar y menos incorporar, ni uno solo de los 21 puntos que las organizaciones ecologistas, ASADAS, las comunidades y varias personas expertas en la materia, recomendaron. Valga destacar que sobre estos puntos hubo consenso tanto con funcionarios del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA) como con representantes de la misma Asamblea Legislativa.
Coincido con las organizaciones y personas que señalan que el proyecto afirmativamente disctaminado, contiene graves omisiones y ambigüedades que amenazan el ejercicio del dominio público sobre el agua. Con ello, se contradice en forma flagrante la norma recientemente incorporada en nuestra Carta Magna que fija al agua como un derecho humano, cuyo acceso universal y cuidado corresponde garantizar al Estado. Este derecho se diluye y no está asegurado en el texto que aprobó la mencionada comisión legislativa.
De esta manera, este pequeño grupo de diputadas y diputados, dictaminó un texto diferente al que se construyó a lo largo de una década, a partir del consenso laborioso de varios sectores.
Entre sus graves omisiones, el proyecto desconoce a las ASADAS, que han sido y son las organizaciones comunitarias que gestionan el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos de sus localidades. Asimismo no incorpora regulaciones ni sanciones por la contaminación de fuentes de agua con agroquímicos. Este es un serio delito ambiental que algunas empresas agroindustriales, repiten y que le cuesta muy caro al AyA y al país.
En un momento tan duro como el que vivimos como consecuencia de la pandemia de la covid-19, las diputadas y diputados de esta comisión y de la Asamblea Legislativa, en general, deben tomar consciencia de que este recurso es fundamental para la salud y para combatir la pandemia del presente y las futuras, que con seguridad, se presentarán en los años venideros.
Por último, genera molestia e indignación que la gestión legislativa se aproveche de la imposibilidad de llevar justos reclamos y protestas como ésta, a Cuesta de Moras, por las imprescindibles restricciones impuestas ante la creciente y preocupante propagación del coronavirus. Por ahora, tendremos que fijar nuestro rechazo a este dictamen por este medio y todos los que tengamos a nuestro alcance.
Compartimos la carta dirigida al Área Rectora de Salud de Matina ante la preocupación que existe por cómo las fumigaciones aéreas en las fincas bananeras pueden estar afectando la salud de los y las habitantes de esta comunidad.
Asociación para el Desarrollo de la Ecología
Limón, 22 de julio de 2020 AEL-054-2020
Dr. Alexander Salas López Director Área Rectora de Salud de Matina
Ref.: Sus oficios MS-DRRSHC-ARSM-1981-2020 de 02/7/2020 y MS-DRRSHC-ARSM-3021 de 21/7/2020
Estimado señor director:
El suscrito, Marco Levy Virgo, mayor soltero, cédula 7-0069-0314, en mi doble condición de presidente de la Asociación de Desarrollo para la Ecología, cédula jurídica 3-002-387868 y como ciudadano, con el debido respeto, nos permitimos reiterarle muy respetuosamente que existe un manifiesto y evidente incumplimiento del artículo 70 del Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP en la mayoría de las fincas bananeras ubicadas en el cantón de Matina, sobre todo en los sectores de Zent, ruta 32, Estrada, Larga Distancia, Boston y otros sectores del cantón, lo cual podemos demostrar en el momento que a bien tenga acompañarnos, habida cuenta de que se está exponiendo a los pobladores y especialmente a la niñez a una recurrente lluvia de productos químicos, como resultado de la deriva de químicos que se produce con las fumigaciones aéreas.
Sobre el particular, le rogamos tomar en cuenta que hemos aportado fotografías geo referenciadas indicando la ubicación de algunas fincas bananeras que no se ajustan al artículo 70 del Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP, aun así, nos siguen solicitando la ubicación de dichas fincas y nombres de los afectados.
Por otra parte, le indicamos y aclaramos que muchos de los directamente afectados por las inconsistencias y falta de cumplimiento del artículo 70 del Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-GMSP, son los mismos trabajadores y sus familiares así como maestros de escuelas y colegios, que nos han manifestado en privado que algunas empresas bananeras de Matina, supuestamente realizan donaciones y aportes a dichos centros de enseñanza y a la propia área rectora de salud de Matina, comprometiendo o pretendiendo comprometer con ello, presuntamente, la objetividad de algunos directores y funcionarios de salud.
Finalmente, le solicitamos indagar y facilitarnos la investigación y los protocolos usados para que se concluya que solo son 100 metros los necesarios para la franja, cuando en Ecuador son 200 metros y Argentina 500 metros.
Atenderemos notificaciones al correo: machore@gmail.com
Cordialmente, Marco Levy Virgo Asociación para el Desarrollo de la Ecología
-Contaminación con agroquímicos quedaría sin castigo; -No se reconoce a las ASADAS como entes jurídicos
(FECON, 01-07-2020). La Comisión de Ambiente en la Asamblea Legislativa dictaminó el día de hoy el proyecto de ley #20.212 denominado: «Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico» sin incorporar las 21 observaciones planteadas por las organizaciones ambientales mediante documentos y audiencias.
El proyecto de ley presenta ambigüedades que amenazan el ejercicio del dominio público sobre el agua; carece de avances sustantivos en la protección de fuentes y cuerpos de agua que erradiquen las acciones de sobreexplotación, acaparamiento, contaminación; genera un significativo retroceso en de la participación social en la fiscalización del dominio público; además la propuesta legislativa contiene regresiones importantes en términos ambientales.
En el texto se observaron vacíos de redacción para garantizar el dominio público e interés social en el manejo del recurso hídrico como objetivo de la Ley, ya que carece de mecanismos de participación social en la planificación.
Así mismo, la ley carece de herramientas para aumentar la gobernabilidad del agua. Por ejemplo: no existe en la ley para evitar la perpetuación de personas en cargos como de la Dirección Nacional de Aguas, que en la actualidad genera gestiones inoperantes y con poca transparencia.
La propuesta legislativa le niega el reconocimiento jurídico de las ASADAS. Estas organizaciones están totalmente ausentes dejándolas con inseguridad jurídica. Además, es urgente incluir el Principio Precautorio en las definiciones y artículos para su aplicación oportuna por parte de la administración pública.
En el tema de contaminación, es un error sacar de la ley un término importante como la “contaminación difusa” que permitiría la sanción apropiada ante daños, por la complejidad de las dinámicas ambientales y la necesidad de proteger el interés común en los casos de contaminación con agroquímicos por parte de empresas agroindustriales.
Igual de preocupante es que en el campo de la evaluación del impacto ambiental, se limita la posibilidad de proteger el líquido vital. La propuesta legislativa mantiene al agua apenas con un insignificante 8% del puntaje dentro del análisis del impacto los proyectos, impidiéndose proteger efectivamente las fuentes, por lo que se plantea análisis directo del impacto extractivo con base en el criterio de caudal ambiental.
Existe preocupaciones por elementos ambiguos o riesgosos para la gestión ambiental sostenible del agua y el dominio público efectivo, como lo son la inclusión de las fincas ganaderas dentro del uso doméstico, los injustificados “usos especiales del agua” que evaden el pago de canon, los reconocimientos por inversiones que traspasan funciones públicas a actores privados y desfinancian la gestión pública, además de la polémica figura de autoabastecimiento en condominios que sobrepone intereses particulares sobre el interés común.
En un contexto de conflictividad creciente por temas de protección y acceso al agua, y la incapacidad actual de las instituciones de responder y resolver adecuadamente estas situaciones, este proyecto de ley no representa un avance suficiente para tutelar un efectivo derecho al agua.
