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Etiqueta: agroquímicos

Apicultores denuncian envenenamiento de abejas en Liberia

  • El año pasado murieron envenenadas casi cien millones de abejas en Costa Rica

Apicultores de Costa Rica informó que el apicultor, Alonso Céspedes López, denunció el primer envenenamiento que sufren sus abejas durante el presente año en Nacascolo de Liberia. ‘’Es una gran mortandad de abejas lo que se ha presentado en los últimos días, llevan varios días muriendo cientos de ellas, desde hace unos 15 días’’.

Según Céspedes, en las fincas del sector no existen cultivos agrícolas veraniegos, pero sí hay ganaderías, por lo que apunta que la contaminación puede estarse dando desde las fuentes de agua que utilizan tanto sus abejas como el ganado. Al parecer, los ganaderos usan equipos de aspersión para bañar a sus reses, las cuales terminan contaminando los bebederos con sustancias químicas veterinarias que resultan altamente tóxicas; generado la masiva muerte de las abejas. ‘’A lo largo de mi vida como apicultor mis abejas han sido víctima de intoxicaciones por lo menos en tres ocasiones, unas leves y otras más catastróficas.

De acuerdo con los datos revelados por Céspedes, fue envenenado uno de sus apiarios que tiene 19 núcleos para crianza de reinas y treinta colmenas, de las cuales al menos 10 murieron totalmente. Las pérdidas superan los 5 millones de colones, sin considerar el enorme daño ambiental generado de manera directa por la pérdida de los citados agentes polinizadores.

‘’Por ejemplo: aquí fumigan las vacas con unos químicos muy letales, pero no se ha podido establecer cuáles son los que mataron mis abejas porque los funcionarios de SENASA no han recolectado muestras de las abejas muertas para que las analicen en sus laboratorios. Yo vivo cerca de mis apiarios y aquí estoy a la espera de que vengan las personas del SENASA a investigar lo que sucedió’’, añadió.

El año pasado la Cámara de Nacional de Fomento de la Apicultura denunció que los agroquímicos están matando 250 mil abejas cada día catalogando la realidad como el “Armagedón de las Abejas” “masacres de abejas o apicidios”. Esta cantidad diaria de muertes de abejas diarias equivalen en promedio a 92 millones de abejas menos por año, unas 50 toneladas de miel menos y unos 450 millones de colones menos cada año. En términos de polinización equivale a un promedio de 1750 millones de flores menos polinizadas.

Tanto la Cámara de Apicultura como los expertos del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional señalan la gran responsabilidad de un alto uso de plaguicidas del modelo de producción agropecuario.

Informes ONG Apicultores de Costa Rica: 7204 4429 apicultoresdecostarica@gmail.com, https://www.facebook.com/apicultoresCR/

Enviado por Fabián Pacheco.

Talamanca: denuncian fumigación aérea por daños a la salud y ecosistemas

  • Área de salud solicita ayuda a Aviación Civil

  • Estudios demuestran que mujeres embarazadas y escolares se contaminan por plaguicidas

Las personas que viven cerca de plantaciones bananeras han denunciado por décadas las fumigaciones aéreas que las comunidades viven a diario. En una reciente denuncia del área de Salud de Talamanca se solicita la colaboración de Aviación Civil para que verifique “el estado de funcionamiento, mantenimiento y operación de la aeronave agrícola”, entre otras características del avión, campo de aterrizaje y “el estado de cumplimiento de la empresa a cargo de la avioneta, relacionado con los permisos, certificados y la aplicación de manuales”.

El Área de Salud hace hincapié “en la importancia de verificar las responsabilidades del piloto relacionadas con las técnicas empleadas en la aplicación aérea de agroquímicos y la realización de vuelos rasantes, ya que son los principales aspectos que afectan a los denunciantes, así como el ruido generado por aeronave.

Según el documento firmado por la Dra. Jennifer Jones Villers del Área Rectora de Salud de Talamanca: “mediante visitas realizadas a lo largo del 2019 y 2020 se ha evidenciado una serie de irregularidades, entre ellas que el follaje de distintas plantas y arbustos de las propiedades de dos de los denunciantes, estaban llenas de partículas muy pequeñas de algún producto sintético que les fue rociado, en apariencia agroquímico”.

Según el testimonio de una de las denunciantes “el ruido que genera la avioneta fumigadora produce muchas molestias porque sobrevuela, en sus propiedades, a muy baja altura. Como prueba guarda videos donde se aprecia la aeronave haciendo vuelos sobre su casa. Una de las denunciantes presentaba afectación en su pecho, garganta y tenía mucha tos, y manifestó que además ha presentado otros síntomas en diversas ocasiones como picazón en la garganta, dolores de cabeza, tos y ganas de vomitar, entre otros”.

También se recoge la denuncia en redes sociales de una avioneta agrícola sobrevolando Playa Grande de Cahuita en “un video en el que claramente se observa una avioneta esparciendo el producto”. La plantación más cercana al sitio estaría en el poblado de Penshurt.

Según el reglamento para las actividades de la Aviación Agrícola Nº 31520-MS-MAG-MINAE-MOPT-MGPSP[i] es competencia del Consejo Técnico de Aviación Civil y de la Dirección General de Aviación Civil ejecutar, garantizar y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rige la materia de aviación civil y agriada relacionadas con la protección de la salud de las personas, animales y de la conservación del ambiente.

Estudios alertan contaminación por fumigaciones áreas

En 2009 el Instituto Regional en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional encontró restos de Mancozep en la orina de los niños en Talamanca. El Mancozep es utilizado en las plantaciones bananeras y es catalogado como un Plaguicida Altamente Peligroso[ii] (ver más).

En un estudio publicado en 2014[iii] se encontró que las mujeres embarazadas que viven cerca de plantaciones de banano del cantón de Matina en Limón, tienen elevadas cantidades de Etilentiourea (ETU) en su orina. ETU es un derivado del plaguicida Mancozeb, el cual se aplica mediante fumigación aérea. Las regulaciones actuales para las fumigaciones áreas parecen ser insuficientes para prevenir el contacto de las mujeres con este plaguicida. El estudio mencionado corresponde a “Aplicación Aérea de Mancozeb y Concentraciones Urinarias de Etilentiourea en Mujeres Embarazadas de Costa Rica: el Estudio Infantes y Salud Ambiental (ISA)”. La investigación la realizó un grupo de especialistas del Instituto Regional en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) en colaboración con investigadores de la Universidad de Lund y el Instituto Karolinska (Suecia), de la Universidad de Quebec en Montreal (Canadá), y la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos).

Según los investigadores, algunas de las mujeres tenían cantidades más altas que otras porque vivían más cerca de las plantaciones bananeras, trabajaban en agricultura durante su embarazo, y/o lavaban la ropa de sus familiares, quienes principalmente trabajan en banano[iv]( ver más).

Otra investigación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica abocada a estudiar la presencia de plaguicidas en las escuelas de Matina de la provincia de Limón, encontró presentes en el aire y el polvo, restos de 18 agrovenenos rociados por las avionetas (ver más). Este estudio fue desarrollado en 12 escuelas aledañas a plantaciones de banano.

En nuestro país están autorizados hay más de 449 agrotóxicos para las fumigaciones en plantaciones mayormente de banano, arroz, caña y cítricos entre otros [v](ver más) , y a pesar de los estudios y las denuncias más bien se está tratando de flexibilizar y permitir que las avionetas rocíen plaguicidas en lugares próximos a casas, escuelas y centros de salud[vi] ( ver más).

[i]http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=52129&nValor3=70809&strTipM=TC

[ii] https://historico.semanariouniversidad.com/pais/en-talamanca-estudio-revela-presencia-de-agroqumicos-en-orina-de-nios/

[iii]http://www.isa.una.ac.cr/images/articulos/cientificos/2014_Aplicacion_aerea_de_Mancozeb_esp.pdf

[iv]http://www.campus.una.ac.cr/ediciones/2014/octubre/2014octubre_pag05.html%23:~:text=Las%20mujeres%20embarazadas%20que%20viven,se%20aplica%20mediante%20fumigaci%C3%B3n%20a%C3%A9rea.

[v]https://www.repositorio.una.ac.cr/handle/11056/13014

[vi] https://surcosdigital.com/podrian-permitir-fumigacion-cerca-de-escuelas-ebais-y-centros-de-poblacion/

Compartido con SURCOS por Fabián Pacheco

Apicultores denuncian: en Costa Rica los agroquímicos están matando 250 mil abejas cada día

El “Armagedón de las Abejas” “masacres de abejas o apicidios” así definió la situación Juan Bautista Alvarado, presidente de la Cámara de Nacional de Fomento de la Apicultura.

Esta cantidad de muertes de abejas diarias equivalen a 92 millones de abejas menos por año, unas 50 toneladas de miel menos y unos 450 millones de colones menos cada año. En términos de polinización equivale a un promedio de 1750 millones de flores menos polinizadas.

“Lo que las abejas de nuestro país están pasando es una verdadera catástrofe, el auténtico cuyas consecuencias sí que son predecibles: pérdida de biodiversidad, disminución en la producción de alimentos, hambre y finalmente muerte” aseguró el apicultor.

Como ejemplo reciente el presidente de la Cámara narró “hace una década La Zona de Los Santos albergaba el 8% de las abejas Apis de Costa Rica. Contaban con aproximadamente 3.000 colmenas, hoy sólo les quedan unas 800. Esa disminución representa un 73% y equivale a la pérdida de aproximadamente 220 millones de abejas. Durante el mismo periodo, Los Santos, pasó de producir 90 toneladas de miel por año, a tan solo 20. Así como lo escuchan, se trata de una reducción del 77 por ciento en tan solo diez años”.

 Tanto la Cámara de Apicultura como los expertos del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional señalan la gran responsabilidad de un alto uso de plaguicidas del modelo de producción agropecuario.

Juan Bautista aseguró: “en la práctica todos los casos de envenenamiento masivo, cuyas muestras de abejas han sido analizadas por el SENASA, se ha encontrado un ingrediente activo llamado Fipronil. Al fipronil ya deberíamos declararlo el terror de las abejas costarricenses. Además del terrorífico Fipronil, tenemos un grupo de plaguicidas altamente tóxicos para las abejas, y son los llamados neonicotinoides”.

Sobre estos productos neonicotinoides, el agrónomo Fernando Ramírez Muñoz del Instituto Regional en Estudios de Sustancias Tóxicas (IRET), asegura que son insecticidas más usados en el mundo, un tercio de la venta y la principal problemática es que “son sistémicos y con alta persistencia dentro de la planta (hojas, semillas, frutos, polen, etc)”. Además, el especialista señala otros insecticidas: 49 ingrediente activo (IA) altamente tóxicos para abejas que se usan en nuestro país y herbicidas como glifosato, paraquat y otros que tienen efectos indirectos o colaterales de otros plaguicidas sobre abejas.

Para Ramírez es “imprescindible restringir aquellas sustancias que dañen las abejas y empezar por los Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs) y buscar alternativas de políticas agroecológicas ante la amenaza de los insecticidas neonicotinoides”.

Finalmente, el presidente de la Cámara Nacional de Apicultura, Juan Bautista Alvarado cerró diciendo “el futuro verde de Costa Rica será con abejas o no será”.

 

Compartido con SURCOS por Henry Picado.

Foro internacional: “Políticas para la reducción del uso de plaguicidas en la agricultura, la protección de la salud y el ambiente”

La Red de Acción en Agricultura Alternativa (RAAA) organiza el foro internacional “Políticas para la reducción del uso de plaguicidas en la agricultura, la protección de la salud y el ambiente” agendado para este próximo jueves 03 de diciembre a la 1:00 pm, hora de Costa Rica.

El evento virtual contará con los siguientes panelistas:

– Alexander Von Hildebrand (Alemania). Asesor OPS, OMS y FAO.
– Fernando Ramírez (Costa Rica). Docente e investigador Universidad Nacional.
– Jaime Delgado Zegarra (Perú). ex congresista, docente e investigador Universidad San Martín de Porres.
– Luis Gomero Osorio (Perú). Presidente Consorcio Agroecológico Peruano, coordinador nacional ejecutivo RAAA y docente.
– Medardo Ávila Vásquez (Argentina). Médico docente Hospital Universitario de Córdova y Red de Médicos de Pueblos Fumigados

El foro virtual será transmitido por Zoom y en el Facebook Live de la RAAA.

Información compartida a SURCOS por la Red de Coordinación en Biodiversidad.

El agua, accesibilidad universal y derecho humano

Dra. Daniela Astorga M./ dastorga75@gmail.com

Como profesional de la salud, soy una persona muy preocupada por el tema ambiental, en general, y por el agua y la importancia capital que tiene este vital líquido en la vida y en la salud de las personas, en particular.

Con respecto al tema ambiental, estoy convencida de que lo que hagamos hoy para preservar el medio y cuidarlo, sin duda, será la mejor herencia para las futuras generaciones. Ya lo dijo, con mucha claridad el Papa Francisco: Este planeta es la casa donde vivimos y, por ello, debemos cuidarla.

Considero que las y los costarricenses debemos contribuir en todos los frentes posibles (reciclaje y control adecuado de los desechos, son dos de ellos), para asegurar la reducción de la contaminación del medio.

Sin embargo, hay una batalla que considero que es fundamental, en el presente, dentro de la agenda ambiental. Es la de asegurar agua pública y de calidad para todos, ahora y de cara al futuro.

Hemos visto con gran preocupación como hay sectores que quieren privatizar este valioso y vital líquido. Hay países que tomaron esta medida y eso hace que hoy, muchos de sus habitantes o no cuenten con agua potable o para contar con ella, tengan que pagar precios inaccesibles e inasequibles, a empresas que lucran con el recurso hidríco.

Algunas empresas privadas, en sus propósitos en el control del “negocio” del agua, fueron tan lejos que en el convenio con un gobierno sudamericano, pretendían que una claúsula, prohibiera expresamente que las personas recolectaran el agua de lluvia. Esto sucedió en Bolivia hace pocos años.

La preocupación que deseo expresar tiene que ver con el dictamen positivo que dio la Comisión Legislativa de Ambiente, el día miércoles, 1 de julio del año en curso, al proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, contenido en el expediente N°20.212.

Realmente, es muy preocupante que se emitiera tal dictamen sin considerar y menos incorporar, ni uno solo de los 21 puntos que las organizaciones ecologistas, ASADAS, las comunidades y varias personas expertas en la materia, recomendaron. Valga destacar que sobre estos puntos hubo consenso tanto con funcionarios del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA) como con representantes de la misma Asamblea Legislativa.

Coincido con las organizaciones y personas que señalan que el proyecto afirmativamente disctaminado, contiene graves omisiones  y ambigüedades que amenazan el ejercicio del dominio público sobre el agua. Con ello, se contradice en forma flagrante la norma recientemente incorporada en nuestra Carta Magna que fija al agua como un derecho humano, cuyo acceso universal y cuidado corresponde garantizar al Estado. Este derecho se diluye y no está asegurado en el texto que aprobó la mencionada comisión legislativa.

De esta manera, este pequeño grupo de diputadas y diputados, dictaminó un texto diferente al que se construyó a lo largo de una década, a partir del consenso laborioso de varios sectores.

Entre sus graves omisiones, el proyecto desconoce a las ASADAS, que han sido y son las organizaciones comunitarias que gestionan el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos de sus localidades. Asimismo no incorpora regulaciones ni sanciones por la contaminación de fuentes de agua con agroquímicos. Este es un serio delito ambiental que algunas empresas agroindustriales, repiten y que le cuesta muy caro al AyA y al país.

En un momento tan duro como el que vivimos como consecuencia de la pandemia de la covid-19, las diputadas y diputados de esta comisión y de la Asamblea Legislativa, en general, deben tomar consciencia de que este recurso es fundamental para la salud y para combatir la pandemia del presente y las futuras, que con seguridad, se presentarán en los años venideros.

Por último, genera molestia e indignación que la gestión legislativa se aproveche de la imposibilidad de llevar justos reclamos y protestas como ésta, a Cuesta de Moras, por las  imprescindibles restricciones impuestas ante la creciente y preocupante propagación del coronavirus. Por ahora, tendremos que fijar nuestro rechazo a este dictamen por este medio y todos los que tengamos a nuestro alcance.

 

*Imagen ilustrativa, UCR.

Enviado por Luis Fernando Astorga Gatjens.

Fumigaciones afectan salud de pobladores de Matina

Compartimos la carta dirigida al Área Rectora de Salud de Matina ante la preocupación que existe por cómo las fumigaciones aéreas en las fincas bananeras pueden estar afectando la salud de los y las habitantes de esta comunidad.

Asociación para el Desarrollo de la Ecología

Limón, 22 de julio de 2020
AEL-054-2020

Dr. Alexander Salas López
Director
Área Rectora de Salud de Matina

Ref.: Sus oficios MS-DRRSHC-ARSM-1981-2020 de 02/7/2020 y MS-DRRSHC-ARSM-3021 de 21/7/2020

 

Estimado señor director:

El suscrito, Marco Levy Virgo, mayor soltero, cédula 7-0069-0314, en mi doble condición de presidente de la Asociación de Desarrollo para la Ecología, cédula jurídica 3-002-387868 y como ciudadano, con el debido respeto, nos permitimos reiterarle muy respetuosamente que existe un manifiesto y evidente incumplimiento del artículo 70 del Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP en la mayoría de las fincas bananeras ubicadas en el cantón de Matina, sobre todo en los sectores de Zent, ruta 32, Estrada, Larga Distancia, Boston y otros sectores del cantón, lo cual podemos demostrar en el momento que a bien tenga acompañarnos, habida cuenta de que se está exponiendo a los pobladores y especialmente a la niñez a una recurrente lluvia de productos químicos, como resultado de la deriva de químicos que se produce con las fumigaciones aéreas.

Sobre el particular, le rogamos tomar en cuenta que hemos aportado fotografías geo referenciadas indicando la ubicación de algunas fincas bananeras que no se ajustan al artículo 70 del Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP, aun así, nos siguen solicitando la ubicación de dichas fincas y nombres de los afectados.

Por otra parte, le indicamos y aclaramos que muchos de los directamente afectados por las inconsistencias y falta de cumplimiento del artículo 70 del Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-GMSP, son los mismos trabajadores y sus familiares así como maestros de escuelas y colegios, que nos han manifestado en privado que algunas empresas bananeras de Matina, supuestamente realizan donaciones y aportes a dichos centros de enseñanza y a la propia área rectora de salud de Matina, comprometiendo o pretendiendo comprometer con ello, presuntamente, la objetividad de algunos directores y funcionarios de salud.

Finalmente, le solicitamos indagar y facilitarnos la investigación y los protocolos usados para que se concluya que solo son 100 metros los necesarios para la franja, cuando en Ecuador son 200 metros y Argentina 500 metros.

Atenderemos notificaciones al correo: machore@gmail.com

Cordialmente,
Marco Levy Virgo
Asociación para el Desarrollo de la Ecología

 

*Imagen tomada de http://paraquat.com

Proyecto de Ley de Aguas presenta serios vacíos

-Contaminación con agroquímicos quedaría sin castigo;
-No se reconoce a las ASADAS como entes jurídicos

(FECON, 01-07-2020). La Comisión de Ambiente en la Asamblea Legislativa dictaminó el día de hoy el proyecto de ley #20.212 denominado: «Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico» sin incorporar las 21 observaciones planteadas por las organizaciones ambientales mediante documentos y audiencias.

El proyecto de ley presenta ambigüedades que amenazan el ejercicio del dominio público sobre el agua; carece de avances sustantivos en la protección de fuentes y cuerpos de agua que erradiquen las acciones de sobreexplotación, acaparamiento, contaminación; genera un significativo retroceso en de la participación social en la fiscalización del dominio público; además la propuesta legislativa contiene regresiones importantes en términos ambientales.

En el texto se observaron vacíos de redacción para garantizar el dominio público e interés social en el manejo del recurso hídrico como objetivo de la Ley, ya que carece de mecanismos de participación social en la planificación.

Así mismo, la ley carece de herramientas para aumentar la gobernabilidad del agua. Por ejemplo: no existe en la ley para evitar la perpetuación de personas en cargos como de la Dirección Nacional de Aguas, que en la actualidad genera gestiones inoperantes y con poca transparencia.

La propuesta legislativa le niega el reconocimiento jurídico de las ASADAS. Estas organizaciones están totalmente ausentes dejándolas con inseguridad jurídica. Además, es urgente incluir el Principio Precautorio en las definiciones y artículos para su aplicación oportuna por parte de la administración pública.

En el tema de contaminación, es un error sacar de la ley un término importante como la “contaminación difusa” que permitiría la sanción apropiada ante daños, por la complejidad de las dinámicas ambientales y la necesidad de proteger el interés común en los casos de contaminación con agroquímicos por parte de empresas agroindustriales.

Igual de preocupante es que en el campo de la evaluación del impacto ambiental, se limita la posibilidad de proteger el líquido vital. La propuesta legislativa mantiene al agua apenas con un insignificante 8% del puntaje dentro del análisis del impacto los proyectos, impidiéndose proteger efectivamente las fuentes, por lo que se plantea análisis directo del impacto extractivo con base en el criterio de caudal ambiental.

Existe preocupaciones por elementos ambiguos o riesgosos para la gestión ambiental sostenible del agua y el dominio público efectivo, como lo son la inclusión de las fincas ganaderas dentro del uso doméstico, los injustificados “usos especiales del agua” que evaden el pago de canon, los reconocimientos por inversiones que traspasan funciones públicas a actores privados y desfinancian la gestión pública, además de la polémica figura de autoabastecimiento en condominios que sobrepone intereses particulares sobre el interés común.

En un contexto de conflictividad creciente por temas de protección y acceso al agua, y la incapacidad actual de las instituciones de responder y resolver adecuadamente estas situaciones, este proyecto de ley no representa un avance suficiente para tutelar un efectivo derecho al agua.

Contacto: Dany Villalobos, teléfonos: 8420 9643

*Imagen ilustrativa.

Se lanza la revista latinoamericana Ciencia Digna

La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina lanza su publicación buscando promover “una reflexión crítica sobre la naturaleza de los procesos sociales de construcción de la ciencia y la tecnología, sus productos y sus impactos”.

El 16 de junio se celebró el Día de la Ciencia Digna a instancias de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL), una “articulación de académicas/os e investigadores/as de distintas áreas”. Ese día, que homenajea al investigador argentino Andrés Carrasco, quien demostró los efectos del glifosato en el desarrollo embrionario, tendrá un aditivo especial este año, el quinto desde la existencia de la organización: el festejo coincide con el lanzamiento de su propia revista.

Con la expansión del agronegocio como telón de fondo, que impone el modelo de producción con transgénicos asociados a paquetes de agroquímicos, la unión propone que su revista “sea una herramienta útil para alimentar los debates sobre ciencia y tecnología propiciando un diálogo de saberes con la mayor participación pública posible”.

El consejo editorial de la revista Ciencia Digna está integrado por investigadores e investigadoras de Argentina, México, Ecuador, Costa Rica, Brasil, Paraguay, Perú, y los uruguayos Pablo Galeano, Santiago Mirande y Claudio Martínez. Este último, integrante del Departamento de Biología Celular y Molecular de la Facultad de Ciencias y del Colectivo TÁ de la Universidad de la República (Udelar), que se dedica a estudiar los impactos de los transgénicos y plaguicidas, así como de la construcción de alternativas, conversó con la diaria sobre el lanzamiento de la publicación.

Ciencia independiente versus ciencia interesada

“Tomé contacto con este grupo por intermedio de Andrés Carrasco, el timonel en toda esta manera de ver la ‘ciencia digna’ frente a lo que los colegas argentinos llaman ‘ciencia mercenaria’”, dice Martínez. “Carrasco me introdujo al mundo de la mirada crítica acerca de los transgénicos y su modo de producción asociado. Cuando estaba cursando mi tesis de doctorado, hace unos 15 años, hice dos cursos con él sobre su área de investigación, que era el análisis molecular de la biología del desarrollo enfocado a embriones. Utilizando ese modelo Carrasco descubrió los efectos teratogénicos del glifosato, de malformaciones fetales”.

Como para no marcar un camino. “Glyphosate-Based Herbicides Produce Teratogenic Effects on Vertebrates by Impairing Retinoic Acid Signaling” fue publicado en la revista Chemical Research in Toxicology en agosto de 2010 por Alejandra Paganelli, Victoria Gnazzo, Helena Acosta, Silvia López y Andrés Carrasco. Allí, los investigadores, tras aportar minuciosas pruebas, afirmaban cosas como que “el efecto directo del glifosato sobre los mecanismos tempranos de morfogénesis en embriones de vertebrados abre la preocupación sobre los hallazgos clínicos en descendencia humana en poblaciones expuestas a herbicidas basados en glifosato en campos agrícolas”. De cierta manera, trazaban una línea entre el laboratorio y las comunidades que sufrían la aplicación de las tecnologías del modelo sojero.

“Mi inserción formal en la UCCSNAL fue en 2017, en un encuentro que organizan en Rosario”, dice. Desde entonces el contacto formal lo llevó a formar parte del Consejo Editorial de la revista. “Esta es una iniciativa que surge para que científicos con cierto perfil, a los que nos cuesta publicar ciertos contenidos, sobre todo en español, podamos publicar”, explica. “Claramente tenemos una visión crítica del sistema científico, que va desde las agendas hasta las narrativas, las financiaciones y los objetivos”, agrega.

Leyendo el primer número, uno puede apreciar que la revista apunta a pensar la ciencia. “Pensar la ciencia es también hacer ciencia”, dice, con razón, Martínez, quien también argumenta que “no es una revista a priori pensada para publicar resultados originales. Es, en cierta medida, una revista para pensar la ciencia y la tecnología, los discursos y las narrativas que están asociadas a ellas”.

La oposición entre una ciencia digna y una ciencia mercenaria puede resultar un poco chocante, porque implica la idea de que el mundo se divide en dos bandos: uno claramente identificado con el bien y el otro con el mal. Martínez dice que no hay que pensar que la ciencia la hacen sólo los científicos, sino todo un sistema: “Hace tanta ciencia un científico como un burócrata de una agencia que está definiendo qué es lo que se hace o no”.

En Uruguay 80% de la investigación se hace en la Udelar. Le digo al entrevistado que no sé si es que he tenido suerte –es un caso de sesgo de cherry picking, de extraer las cerezas más apetecibles y pensar que todas son igual de sensacionales–, pero los investigadores e investigadoras con los que he hablado no me parecen muy mercenarios, y le confieso que esa división parece estar más orientada a una ciencia producida en otros países, que son justamente los que luego nos venden sus tecnologías.

“Es cierto lo que decís respecto de Uruguay, hasta en eso somos una isla”, reconoce. “La enorme mayoría de los científicos uruguayos son independientes y hacen una ciencia independiente. A lo que el grupo llama ‘científicos mercenarios’ es cuando hay conflictos de intereses que no han sido declarados. El término viene de Argentina, donde sí hay casos bastante evidentes de conflictos de intereses, puertas rotatorias, e incluso hay periodistas que hablan de corrupción y colusión. En Argentina y en Brasil hay casos documentados de esto”, agrega.

“En el caso de Uruguay no voy a decir que no los haya, pero son un caso muy mínimo”, sostiene Martínez, quien dice que tal vez cuando se jubile tendrá la libertad suficiente para hablar de estas cosas. “Sé de conflictos de intereses que no se han declarado”, afirma, y uno no puede evitar pensar en lo que está pasando en Uruguay con la ley de etiquetado frontal de alimentos. Los octógonos negros de exceso de azúcares, sal y grasas implicaron investigación científica de calidad que avala la medida. Sin embargo, una unidad de la Facultad de Química, con ayuda de una agencia de comunicación, salió a hacer fuerza para que la medida no se implementara, recurriendo a argumentos ya esgrimidos con anterioridad por la industria. Hoy los octógonos negros están en un impasse que nada tiene que ver con la ciencia y mucho con intereses económicos.

“Ahí donde hay conflictos de intereses no declarados surgen los problemas. Porque si el científico que escribe un artículo explicita que trabaja para Bayer, uno sabe quién está firmando el paper y sabe de dónde viene”, dice Martínez, recordando el reciente escándalo del estudio sobre los efectos de la hidroxicloroquina como terapia para la covid-19, que debió ser retirado por la prestigiosa publicación The Lancet.

“El término ‘mercenario’ me resulta muy fuerte, pero cuando voy a Argentina y veo la realidad de los pueblos fumigados, cuando voy a Rosario y están quemando las islas para plantar soja, y está toda la ciudad cubierta de humo, veo que están atravesando una realidad, a nivel ambiental y a nivel de salud, mucho más grave que la nuestra. Mi filosofía es más de sumar y construir algo nuevo que de meter más el dedo en la grieta, pero son modus operandi. Capaz que hay más momentos en los que no hay más remedio que separar las aguas, y otros en los que hay que tratar de ser lo más político posible”, reflexiona. Pone de ejemplo el Plan Nacional de Agroecología en el que ha estado trabajando con el colectivo TÁ. “Allí coexisten sectores que uno a priori diría que no son compatibles. Pero hoy la prioridad es sacar adelante el plan” argumenta. “Más que de ciencia digna o mercenaria, prefiero hablar de ciencia independiente y ciencia vinculada a intereses. Ese sería mi matiz personal”.

Enviado por Jaime García.

UCCAEP actúa irresponsablemente, advierten expertos en legislación ambiental

– Perderíamos avances que podrían violentar derechos fundamentales que tenemos en el país.
– Es falso que exista un acoso de parte de las normas ambientales.
– Cualquier persona paga dos mil veces más por el agua que lo que pagan las grandes empresas, la solicitud de UCCAEP sobre el agua es indignante.

(FECON, 16-06-2020) Según expertos en legislación ambiental, llamar “acoso” a la normativa ambiental en el país es inaceptable por parte de la Unión Costarricense de Cámaras Empresariales y Asociaciones de Sector Privado (UCCAEP). Un documento titulado “Pacto por el empleo” contiene una serie de exigencias antojadizas que según dicen buscan la reactivación económica, pero en realidad obedecen a caprichos sin fundamento técnico ni legal que atentan la protección al ambiente.

Para Álvaro Sagot Rodríguez, abogado y docente de la Universidad de Costa Rica, es falso que exista un acoso de parte de las normas ambientales. A los grandes empresarios se le deben de exigir requisitos, no para limitarlos a ellos, sino para pensar en las siguientes generaciones.

El abogado ambiental recordó que existe en la legislación ambiental el principio de no regresión y el principio de progresividad que exige al país a entonar todo el ordenamiento jurídico hacia la protección de los derechos humanos fundamentales.

Para el abogado Isaac Rojas, de COECOCEIBA, Amigos de la Tierra Costa Rica, las solicitudes de UCCAEP son una clara regresión en lo que el país ha avanzado. Por lo tanto esto podría violentar derechos fundamentales que tenemos todas las personas que habitamos en el país.

“En materia ambiental no podemos retroceder. Siempre hay que ir adelante porque estamos hablando de derechos humanos, que tienen que ver con el lugar que habitamos, que tienen que ver son nuestra salud y que tienen que ver también con la salud de los ecosistemas con que nos relacionamos.” Dijo Rojas que además es el Coordinador Internacional del Programa de Bosque y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional.

Rojas señaló que “la flexibilización de la legislación que hace UCCAEP es inaceptable. Así también es inaceptable la solicitud de abrir nuevos negocios, la solicitud de abrir la generación eléctrica que ha demostrado impactos graves en comunidades y ríos de nuestro país.”

Hay que recordar gracias a criterios técnicos y científicos muchas comunidades han logrado echar para atrás varios de estos negocios que iban a seguir atentando contra los ríos, y lo han hecho tanto en sede judicial como ante el Poder Ejecutivo. Tal es el caso del “enjambre hidroeléctrico” que planteaba desarrollar más de 17 represas en la Zona Sur y que gracias a la organización comunitaria y al trabajo de colectivos como Ríos Vivos fueron frenadas.

Además Rojas alertó que “la UCCAEP también está pidiendo la apertura del negocio de los agroquímicos. Cuando se ha comprobado de que el país tiene el deshonroso puesto de ser uno de los países donde se consumen más pesticidas en el mundo, con esto la UCCAEP quiere llevarnos a ser el número uno impactando la salud nuestra y de la naturaleza.”

La UCCAEP también están pidiendo profundizar un modelo anticuado cuando dicen que quieren la apertura del mercado de exploración y explotación de mercado de gas natural. Tristemente estas peticiones en materia ambiental solamente nos enseñan que empresarios como UCCAEP actúan irresponsablemente en una crisis.

A esto Isaac Rojas dijo que: “los empresarios ven la crisis como una oportunidad para profundizar su agenda, para profundizar sus beneficios a expensas de toda la sociedad.”

A propósito del agua

La UCCAEP solicitó en este documento: “Instruir al SENARA para que dicha institución no aumente las tarifas de riego por parte en el Distrito de Riego Arenal – Tempisque.”

Para Oscar Alpízar, abogado ambiental, integrante de Confraternidad Guanacasteca: “no se entiende como la UCCAEP solicita tratos preferenciales en el costo de las tarifas del agua para el sector agroindustrial.”

Alpízar acotó que: “En la actualidad ya estas tarifas son ínfimas e indignantes. Las grandes extensiones agrícolas pagan 0,2 colones por metro cúbico de agua, mientras que el ciudadano paga en promedio 400 colones por metro cúbico. Es decir, cualquier persona paga dos mil veces más por el agua que lo que pagan las grandes empresas.”

https://feconcr.com/uncategorized/expertos-en-legislacion-ambiental-advierten-uccaep-actua-irresponsablemente/

El 65% de los alimentos frescos consumidos en Costa Rica contiene residuos de agroquímicos

  • Un 19,5% de los vegetales frescos producidos en el país tienen niveles de contaminación de residuos de plaguicidas por encima de lo permitido.
  • Poder Ejecutivo sin iniciativa para remediar la situación.

(11/06/2020) Un informe publicado el 10 de junio, la Unidad de Control de Residuos del Departamento de Plaguicidas del Sistema Fitosanitario del Estado, reporta solamente un 35% de los alimentos analizados está libre de residuos de plaguicidas, mientras que el 65% contienen restos de algún agroquímico.

Además el informe reveló que el 19,5% tiene restos de plaguicidas por encima de la normativa establecida a nivel nacional en el Reglamento Técnico de Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas en Vegetales y el uso de plaguicidas prohibidos (Decreto No 35301-MAG-MEIC-S).

En este informe se analizaron 5.186 muestras de vegetales, frutas y verduras durante el año 2019. De estas 3.482 muestras eran productos con intención de importación (muestras tomadas en aduanas) y 1.704 vegetales producidos en Costa Rica.

Una situación grave es la presencia de moléculas prohibidas en el país encontradas en los vegetales frescos. Por ejemplo el Carbofurán y el Ometoato prohibidos según el Decreto Ejecutivo N° 38713-MAG-S-MINAE-MTSS. El Carbofurán es un insecticida altamente tóxico que genera lesiones en órganos genitales (testículos y útero).

Otro hallazgo preocupante es la presencia de Fipronil, Clopirifos Metamidofós (nombre comercial Tamarón y prohibido en el país) y Cipermetrina en el chile dulce, lo que lo hace junto al culantro y el apio como los vegetales frescos con mayor contenido de residuos.

Algunos de estos agroquímicos han sido cuestionados a nivel global por causar daños en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas. Es el caso del Clorpirifos, que se ha reportado que tiene efectos en la capacidad de aprendizaje de las personas menores de edad y se encuentra prohibido en varios países del mundo por este motivo.

Además cada vez se reportan más daños causados por el Fipronil, el agroquímico responsable de la intoxicación de 2 millones de abejas en Esparza hace pocas semanas.

Costa Rica importó en 2018 la cifra récord de 18,6 millones de toneladas de ingredientes activos de agroquímicos. Una parte se reexporta hacía Centroamérica, pero la gran mayoría se comercializa en Costa Rica, haciéndonos ganar la fama de país que consume más agrotóxicos por hectárea cultivada.

Las personas agricultoras enfrentan una profunda crisis económica, una de los principales flagelos ha sido en endeudamiento para la compra de insumos agropecuarios. Los cuales según el Ministerio de Economía Industria y Comercio enfrenta serias distorsiones y sobreprecios en la venta minorista de agroquímicos. El MEIC reporta que muchos de estos plaguicidas tienen sobreprecios de hasta un 50% del valor de importación. Es decir, que a los agricultores le cobran precios de usura por los agroquímicos.

Pese a esto no existe iniciativa por parte del Poder Ejecutivo ni para bajar los niveles de contaminación con residuos de plaguicida en la comida, pero tampoco para controlar el distorsionado mercado de los plaguicidas.

Enviado a SURCOS por Henry Picado Cerdas

Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad y de la Federación Ecologista (FECON)