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Etiqueta: autonomía universitaria

Dos diputadas del PLN advierten riesgos contra universidades públicas

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Las diputadas del Partido Liberación Nacional (PLN), Karine Niño y Paola Valladares, alzaron su voz en defensa de la autonomía que resguarda a las universidades estatales y señalaron consecuencias negativas si su financiamiento continúa bajo la mira de ciertos grupos políticos y sociales.

Así lo aseguraron en un foro de organizado por la Alianza por una Vida Digna el pasado miércoles 1 de julio, entidad conformada por un conglomerado de personas e instituciones provenientes de diversos sectores de la sociedad. En esta misma actividad participó el Rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya; el investigador del Instituto Clodomiro Picado (ICP), José María Gutiérrez; y el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA), Noel Cruz. El conversatorio fue transmitido vía Facebook Live en la página web del medio digital Surcos.

Ambas diputadas verdiblancas son parte del grupo de legisladores que expresó críticas contra el Dictamen de Mayoría de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para el análisis de la administración del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el cual fue aprobado por 31 votos contra 13, el martes 23 de junio.

La diputada Niño comentó que varias veces ha tomado la palabra en el Plenario para evidenciar con vehemencia los datos tergiversados que surgen en el debate, así como aquellos que aparecen en algunos medios de comunicación. Además recordó que se ha reunido con la Federación de Estudiantes de la UCR y con representantes de la academia, así como destacó su participación en marchas.

“Ninguno de los dos informes (de mayoría y de minoría) utilizaron los espacios necesarios para ser un apoyo en el crecimiento y fortalecimiento de las universidades. No hay un pensamiento crítico constructivo. Lamentablemente no fui parte de esa comisión, pero sí tuve el tiempo de dedicarme a estudiar estos dos informes y queda claro que lo que se pretende es atentar contra el modelo universitario”, recordó la diputada liberacionista.

Incluso, la legisladora hizo hincapié en que, pese a ser egresada de una universidad privada, se interesó en estudiar el modelo de autonomía universitaria para no dejarse llevar “por un titular de un medio que muchas veces quiere tergiversar”.

“En Costa Rica tenemos el privilegio de tener uno de los mejores modelos de autonomía universitaria. Bien claro lo definieron nuestros constituyentes para que no hubiera interferencia política. Pero al pasar de negociarse el FEES anualmente y no por quinquenios, como se hacía antes, se ha aumentado la intromisión política. Este es uno de los mayores errores que se han cometido y ocurrió en la administración pasada”, señaló la diputada.

Su compañera de bancada, Paola Valladares, concordó en que el Dictamen de Mayoría era una afrenta  a la autonomía de las universidades estatales y recordó que al asumir su cargo como legisladora juró defender la Constitución Política del país, lo que incluye el hacer valer el respeto a este precepto constitucional. “En la multiplicidad de partidos e ideas encontramos personas que tratan de limitar o dar lineamientos a derechos. Las universidades desarrollan y potencializan estudiantes para que puedan ser críticos ante las realidades y eso se ve amparado en la autonomía. Hay quienes dicen que las universidades deben autofinanciarse: esa es una concepción economicista que supone la captación de capital extranjero, pero su aplicación condiciona lo que el inversionista vaya a exigir en cuanto a carreras que se deben impartir, lo que rompe el pacto social”, criticó Valladares.

La diputada verdiblanca llamó a la opinión pública a poner en una balanza lo invertido en educación superior estatal y lo que el país ha recibido en términos de excelencia en la formación de profesionales, aportes de investigación (sobre todo en productos contra el COVID-19) y proyectos de acción social.

“La institucionalidad del país se ha visto fortalecida a partir de la visión que tenía don Rodrigo Facio de los jóvenes, porque él mencionaba que serían ellos, tras su paso por la universidad, quienes iban a sacar el país adelante. Por eso es que, como legisladores, no podemos decirles a estas instituciones cómo deben actuar o en cuáles carreras deben invertir”, insistió Valladares.

Al finalizar su participación en este foro virtual, el Rector de la UCR, agradeció a las diputadas la defensa que han sostenido de la autonomía universitaria, tanto en el plenario como en otros ámbitos públicos, y subrayó la necesidad de continuar este tipo de conversatorios.

Aquí le dejamos el video para que pueda verlo:

 

*Foto: Las legisladoras Niño y Valladares hicieron énfasis en la necesidad de investigar los frutos de la inversión en educación superior pública y no dejarse llevar por los titulares de algunos medios de comunicación. Foto: captura de pantalla del Foro de la Alianza por una Vida Digna.

Fuente del texto: http://www.rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-content/uploads/2020/07/col-08-07-20.pdf

Preguntas esenciales a propósito del FEES

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

En el debate sobre el FEES y el peligro que corre la autonomía universitaria con propuestas que pretenden imponerle reglas para definir en qué y dónde invertir los dineros asignados, se han levantado voces mucho más autorizadas que la mía para demostrar la falta de seriedad en el informe legislativo de mayoría, así como las evidentes ilegalidades e inconstitucionalidades que contiene y la ausencia de buenas razones para sustentarlo.

Quiero dedicar estas líneas a un “argumento” que me parece el que revela las falacias y barbaries que se esconden detrás de las apariencias. Tristemente no hay motivos para ser optimistas. También estoy convencido de que el asunto de fondo no es de mera ignorancia, sino de posiciones ideológicas muy arraigadas. El diálogo sano y democrático sobre la financiación de la educación pública superior y la autonomía universitaria en un Estado de Derecho está hoy contaminado por fuerzas políticas que apuntan a su destrucción. En mi opinión, el problema medular consiste en defender que los centros de educación superior públicos deben producir profesionales –ojalá rápidos diplomados– que respondan con exclusividad a las exigencias de un mercado laboral atado a un muy cuestionable concepto de lo que es el desarrollo económico y social. Al contrario, en esa estrecha concepción de lo que debe ser el conocimiento y su utilidad salen sobrando las bellas artes y las ciencias sociales.

El diálogo es un ejercicio difícil de satisfacer porque, ¿cómo empezar por explicarle a alguien –digamos un diputado o diputada con poder decisorio– que en el mundo actual no solo existe la posibilidad del capitalismo salvaje y la economía de mercado “sálvese quien pueda”, y en cambio es legítimo apostar por construir sociedades mucho más igualitarias, solidarias e inclusivas?

¿Cómo empezar por explicarles a esos mismos que la condición humana –y por cierto la “libertad” con la que se llenan la boca– pasa por respetar la diversidad de identidades, personalidades, vocaciones y profesiones? ¿Cómo explicarles que esa es la esencia de la dignidad humana, sus derechos irrenunciables y su obligación moral de desplegar el conatus de humanidad -único y sublime en cada persona–, a lo que nos llama Baruch Spinoza? ¿Cómo puede convencerse a alguien de que tan importantes para la civilización son los ingenieros que construyen puentes como los músicos que ejecutan una partitura? ¿Cómo decirles que se necesitan filósofos que vuelvan siempre sobre las preguntas fundamentales, historiadores que nos digan de dónde venimos, sociólogos cuyo pensamiento crítico nos advierta lo que anda mal, o psicólogos que ayuden a construir sociedades sanas y felices?

¿Cómo se puede hacer para que entiendan que hay seres humanos para los que hacer dinero, acumular chunches inservibles y consumir hasta reventar no es precisamente ni su prioridad existencial ni su ideal de vida? En fin, ¿cómo se les puede explicar que hay actividades “inútiles” –desde el punto de vista de que no pueden traducirse a términos monetarios–, (ver Ordine, Nuccio) y que obedecen a las más nobles pasiones del ser humano, lo único que ha sobrevivido a las catástrofes naturales, a las pestes, a las guerras y todo aquello que ha “servido” para levantar poderosos imperios que tarde o temprano se derrumban?

¿Cómo hacerles saber, a quienes lo ignoran, que hay seres humanos con talentos especiales para las matemáticas y las herramientas; claro que sí, pero otros talentos irreprimibles para la música, la danza, el teatro, el cine o las letras? ¿Cómo recordarles a estos que lo mejor que quedó de los Mayas fue su arquitectura, escultura, pinturas y algunos códices; o que hubo príncipes y cardenales –de cuyos nombres ya nadie se acuerda– que humillaron y mal-pagaron a Mozart; o que Van Gogh murió en la miseria siendo leal a sí mismo sin haber logrado vender sus cuadros.

Estas son las cuestiones difíciles de superar en el debate abierto sobre el futuro de la educación pública superior. Es un tema de legitimidad en la interlocución. Lo obvio, lo que dábamos por sentado, aquello de que “no solo de pan vive el hombre” , que es igual que preguntarse “¿para qué tractores sin violines?”, aquello que hizo que los fundadores de la UCR abrieran la Escuela de Estudios Generales, parece que ya no está tan claro para las mayorías que nos (des)gobiernan.

Eso es lo que espanta. Personajes inmersos en semejante oscurantismo, actuando con la arrogancia propia de los que se sienten poderosos, ¿esos son los que van a decidir qué se hace con la educación superior en Costa Rica? Me niego a aceptar que la autonomía universitaria quede en manos de las fuerzas de turno, sin conciencia de lo que las instituciones significan y atreviéndose, sin recato alguno, a violentar los valores más sagrados que este pueblo ha logrado conquistar.

* Artículo de José Manuel Arroyo Gutiérrez publicado en la columna ¿Gato o Liebre? del Semanario Universidad y cuyo texto fue compartido con SURCOS por el autor.

Los enemigos de la universidad pública y sus desvaríos

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Rogelio Cedeño Castro*

Toda una lección de coherencia, conocimiento y serena reflexión le dio la diputada Paola Vega, en la sesión plenaria del pasado martes 23 de junio, al grupo de legisladores que presentaron el tan anunciado Informe sobre el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), un deplorable documento donde demostraron su enorme desconocimiento acerca de la importancia de la educación superior pública para el país, del sentido de la autonomía universitaria como un ámbito de libre discusión cultural y científica, algo esencial para la vida democrática de cualquier nación que se precie de tal. En síntesis, la necesidad del principio esencial del ejercicio cabal de la libertad de cátedra, sin el que no existe tampoco la universidad verdadera, una donde la libertad es uno de sus atributos esenciales e ineludibles. Además, como bien indicó Paola Vega en su memorable intervención en el plenario legislativo, es hora ya de que esos diputados se quiten la careta, con la que pretenden ocultar sus afanes privatizadores y totalitarios (palabra que me atrevo a utilizar por mi cuenta, pues no la empleó la diputada Paola Vega), para sostener un debate franco y abierto acerca de una institucionalidad universitaria que ha sido esencial para la movilidad social en este país, aunque para ellos ese tema de verdad no es algo de su interés, como tampoco les importan de verdad los temas presupuestarios en sus diferentes aristas, ni el pretendido(y nunca concretado, ni en términos teóricos ni operacionales) “buen manejo” de los recursos del FEES, de que hablan en sus discursos, cuando en realidad lo que buscan es privatizar la universidad pública, cercenándola y sometiéndola a los designios del mercado, tanto al pretender privarla de recursos financieros esenciales, como en cuanto a limitarle la autonomía para la formulación de sus políticas académicas, lo que se expresa en sus pretensiones de dictarle ¿cuáles son las carreras que se deben impartir? y ¿cuáles deben ser sus áreas de investigación? obligándola para ello a la venta de servicios y a la ejecución de “otras acciones” para la obtención de recursos por esa vía, dejando de lado el servicio a la comunidad nacional, una de sus principales razones de ser. Recordó también la misma diputada cómo se ha tergiversado el tema de los salarios de los trabajadores universitarios, todo con el propósito de desprestigiar a las universidades públicas ante una opinión pública desinformada, indicando que sólo el 4% de los trabajadores ganan un salario de cuatro millones de colones: esos son los catedráticos que, después de haber obtenidos altas metas académicas con posgrados de gran exigencia, y habiendo realizado importantes investigaciones, es que alcanzan esa condición. En cuanto a los demás salarios de los trabajadores universitarios, destacó que estos se mueven alrededor del millón de colones y aún menos, sobre todo entre la gran cantidad de docentes interinos con jornadas de medio o tres cuartos de tiempo. Para la diputada Paola Vega lo preocupante es saber si los diputados, cuyo salario alcanza los cuatro millones de colones, cumplen sus funciones con la misma dedicación y esfuerzo con las que lo hacen los catedráticos de las universidades públicas.

Mientras el diputado Carlos Ricardo Benavides reconoce que votará el informe sobre el FEES sin haberlo leído, pues afirma que no tuvo tiempo para hacerlo, lo que deja mucho que desear, sucede que el diputado Erick Rodríguez Steller, en su intervención en el plenario del martes 23 de junio, nos da una muestra de su ignorancia oceánica, su torpeza política, y hasta de un inocultable “resentimiento social” que él, por lo demás, atribuye a otros, los que asegura suelen ser gentes de “izquierda”, a quienes llama chancletudos (nunca he podido entender esa extraña asociación que hacen algunos entre las posiciones de los que se sitúan a la izquierda del espectro político y el uso de ese tipo de calzado). Su obcecación o ceguera lo conducen a tal grado de pérdida de contacto con la realidad, como para llegar a afirmar que la universidad pública lo que hace es formar los cuadros políticos de la izquierda, cosa que en términos de resultados no se puede corroborar, dado el caos y la crisis perenne en que se encuentran las fuerzas de ese sector del espectro político tan vilipendiado por los diputados de la mencionada comisión. Recordando su experiencia como estudiante dice el diputado Rodríguez Steller que recibió una gran cantidad de cursos donde lo obligaban a leer a Karl Marx (¿lo habrá entendido?) y al brasileño Teotonio dos Santos (de grata memoria para quien esto escribe, un autor que leyó siendo muy joven), pues al parecer el pobre diputado únicamente tuvo profesores de una cierta orientación ideológica, por suerte su alma no se perdió en la contaminación de ese infierno “marxista-leninista” al que, como en el caso del Covid 19, se vio expuesto, durante los últimos años de la década de los ochenta, algo que fue replicado durante la misma sesión por la diputada Paola Vega, quien recuerda haber recibido clases con José Merino en la mañana de un día, luego en la tarde con César Zúñiga, quien es hoy el principal asesor del partido Nueva República, y en la noche con Roberto Gallardo, el ministro de planificación de Laura Chinchilla, pasando de leer autores como José Carlos Mariátegui a otros como Francis Fukuyama. ¿Dónde está la universidad marxista-leninista de que se nos habla dijo la diputada? Una que, a contrapelo de lo afirmado, produjo en seno a un político como el diputado Erick Rodríguez Steller, más bien orientado hacia la derecha política.

Como puede apreciarse, estamos sumergidos en unos tiempos históricos en los que, aunque le suene paradojal o incomprensible a mucha gente, la historia misma se torna esquiva frente a nuestra irrelevancia y mediocridad manifiestas, dentro de un medio sociopolítico donde la mentira más descarada es el pan cotidiano. Sucede así, de manera inevitable, que mientras el tiempo cotidiano se limita a transcurrir sólo porque la duración no puede ser detenida, continuando así las agujas del reloj con su incesante marcha, todo en medio de la creciente insignificancia en la que nos encontramos, como bien indicaba el filósofo y sociólogo griego Cornelius Castoriadis (1922-1997), hace ya un cuarto de siglo, dentro de lo que constituye una especie de sino fatal.

Este desolador panorama se nos muestra e intensifica también en toda su desolación, en un medio social y político donde las más elementales virtudes republicanas desaparecieron hace mucho rato, uno donde en la prensa de circulación diaria ya no se hacen, desde hace muchos años, crónicas de los debates parlamentarios, los que se tornan por lo demás cada día más irrelevantes, con unos diputados que ya no debaten, y ni siquiera se escuchan entre ellos, cuando se presentan algunos atisbos de lo que pudiera calificarse como un debate, o discusión de alguna relevancia. Hace ya mucho tiempo que la decadente prensa diaria no registra las crónicas parlamentarias, mientras nosotros recordamos las de otrora en las plumas de Guillermo Villegas Hoffmeister y Óscar Castro Vega (ambos de grata memoria), de Álvaro Madrigal (quien nos acompaña con su frecuentes artículos, en su doble condición de abogado y periodista), de los hermanos Joaquín y Carlos Vargas Gené siempre tan hábiles con la pluma y el arte de la política(en el mejor sentido del término), y muchos otros de una culta además de acuciosa generación de periodistas, los que en su gran mayoría ya nos dejaron, hace algún tiempo, mientras nos íbamos adentrando en la charca mediocre del “periodismo corrongo”, tan dado a las más torpes ligerezas, de que nos habla reiteradamente el periodista y escritor Carlos Morales Castro, en una de sus obras más recientes(LOS HECHIZADOS DEL SIGLO XXI Editorial Prisma San José Costa Rica 2006).

Es en medio de este panorama circense, donde a veces se presenta sin embargo la oportunidad de darnos cuenta del grado de decadencia en que se encuentra la institución parlamentaria en Costa Rica, aunque no es el único caso entre los países de la región, las sucesivas legislaturas de la Asamblea Legislativa de este país centroamericano, tan pagado de sí mismo, se muestran año con año, década tras década, cada vez más decadentes, más alineadas a los intereses de los poderes fácticos e integradas, cada vez más, por una pléyade de mediocres e ignorantes diputados, donde muchas mujeres no se muestran menos decadentes que sus contrapartes masculinas, pido perdón por la herejía a las feministas burguesas. Es aquí, donde a veces sentimos la tentación de invocar a los hados mágicos de un pasado no tan lejano como para haberse borrado de nuestra memoria, no porque todo tiempo pasado haya sido mejor en todos los órdenes de la vida social y política, pero que resulta inevitable mencionar cuando vemos como la gradería de sol (“la canaille”, según Voltaire) continúa asaltando la cancha, algo que está ocurriendo ahora ante la indiferencia casi generalizada, de acuerdo con los términos de la célebre afirmación del recordado y prolífero columnista, escritor y dramaturgo Alberto Cañas Escalante (1920-2014), por lo que uno no puede dejar de pensar en los tiempos de aquellos parlamentarios de relieve y de calidad manifiestas, tanto en la profundidad de su pensamiento como en el despliegue de sus dotes oratorias, en el caso del ya mencionado polemista y crítico, o de otros de la talla de un Rodolfo Solano Orfila, Óscar Aguilar Bulgarelli (que afortunadamente nos acompaña en estos aciagos días), Cristian Tattembach Yglesias, Arnoldo Ferreto Segura, Rodrigo Carazo Odio, Enrique Azofeifa Víquez, Fernando Volio Jiménez, José Manuel Salazar Navarrete, Guillermo Villalobos Arce, Rolando Araya Monge, Manuel Mora Valverde, Alfonso Carro Zúñiga, Rogelio Ramos Valverde, Julio Suñol Leal, Carlos José Gutiérrez, Humberto Vargas Carbonell, Jorge Luis Villanueva Badilla, Álvaro Aguilar Peralta, Rodrigo Gutiérrez Sáenz, Daniel Oduber Quirós, Francisco Morales Hernández(uno de los fundadores de la UNA), Ángel Edmundo Solano Calderón y muchos otros que prestaron grandes servicios al país, por lo que pido disculpas por no poder enumerarlos en este momento. Esas fueron unas gentes que nos iluminaron, durante los memorables debates que dieron en las legislaturas del parlamento costarricense de la segunda mitad del siglo pasado, dentro de lo que resulta un vivo contraste con la oscuridad e insignificancia del presente.

A raíz del informe sobre el Fondo Especial de la Educación Superior FEES que presentaron un grupo de diputados, encabezados por Wagner Jiménez y Erick Rodríguez Steller, hemos podido tener una muestra cabal de la estulticia y la ignorancia reinantes en la presente legislatura (2018-2022), un tema sobre el que será necesario volver. Su desconocimiento y torpeza se hicieron más que evidentes, tanto en el documento mismo como en la discusión del tema en el plenario legislativo, tal y como lo demostramos en las consideraciones que hicimos al inicio de este texto. ¿Qué dirían Rodrigo Facio Brenes y muchos de los otros constituyentes de 1949 tan celosos de la autonomía universitaria, cuya autonomía y libertad tan bien cautelaron en el texto constitucional?

* Sociólogo y escritor

Aporte de las universidades públicas y de su autonomía

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Las universidades públicas son centros de generación de conocimiento, formación profesional y proyección a la sociedad. Son centros de reflexión y pensamiento crítico. No se dedican solo a atender problemas del presente, sino que proyectan su trabajo hacia el futuro. La autonomía garantiza ese espacio de reflexión crítica.

En este video de menos de dos minutos de la Alianza por una Vida Digna se presentan y amplían estas ideas:

En este enlace puede ver el artículo que contiene estas ideas escrito por el doctor José María Gutiérrez:

https://wp.me/p6rfbZ-bvW

Imagen: UCR

Por una visión sin estereotipos de las Universidades Públicas de Costa Rica – para firmar

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica votará el próximo martes 23 de junio los informes de la Comisión que estudio el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES). El informe de mayoría que se debatirá en el plenario evidencia una visión economicista sobre el desarrollo y el bienestar, además de reproducir estereotipos sobre las universidades públicas.

Costa Rica es una nación que apuesta por la educación, que sabe que el conocimiento es esperanza, y aunque es urgente y necesaria la crítica y evaluación sobre aspectos diversos de la gestión de la educación superior, no se debe permitir el aval de un documento que no considera o interpreta de manera parcial y sesgada las fuentes de información a las que tuvo acceso como comparecencias, documentos oficiales y los Informes de la OCDE 2017 y el Estado de la Educación 2019. El estudio de esos documentos evidencia que de dichas fuentes se pueden extraer conclusiones muy diferentes a las del Dictamen de mayoría.

El claro énfasis dado a las debilidades puntuales de las universidades públicas lo hace desconocer sus mucho más numerosas fortalezas, lo que implica, por ejemplo, omitir del todo el desarrollo e impacto social, económico y científico que las carreras STEM y la investigación que en esos campos tiene en la Universidad de Costa Rica, que la sola lectura del dictamen deja la impresión de ser inexistentes. Nada más fuera de la realidad.

Varias de las conclusiones del informe de mayoría son de recibo, y la Universidad de Costa Rica reconoce que debe reconocer que urge la puesta en marcha de medidas de fondo en temas como salarios, equilibrio financiero a largo plazo y regionalización.

Para firmar:

Por una visión sin estereotipos de las Universidades Públicas de Costa Rica

FEUNA propone 5 medidas de reforma universitaria frente a inminente crisis

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Frente a la crisis económica que vive el país, la Feuna propone cinco medidas para emprender una reforma universitaria, en un manifiesto presentado ante el Consejo Universitario de la UNA.

“Planteamos cinco medidas urgentes para emprender una reforma universitaria en el marco de un diálogo entre todos los actores que conforman nuestra institución; paralelamente, rechazamos cualquier intento que pretenda disminuir el principio de autonomía universitario, amparado en la Constitución Política de nuestro país”, afirmó Noel Cruz, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA), quien también es representante estudiantil en la Comisión de Enlace donde se negocia el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) entre las universidades y el gobierno.

El dirigente estudiantil explicó que claramente la situación generada por la covid-19 profundizó una crisis que Costa Rica venía arrastrando desde hace tiempo, con lo cual se condicionan las posibilidades del Estado para otorgar el presupuesto constitucional que le corresponde a la educación superior y se ven amenazadas las necesidades estudiantiles.

“Los retos que el país enfrenta requieren de esfuerzos extraordinarios por parte de las autoridades nacionales y universitarias; la sostenibilidad y pertinencia del modelo de universidad pública debe ser la aspiración de la institución”, aseguró.

Es por eso que la Feuna plantea las siguientes medidas en el Manifiesto por la reforma universitaria, presentado el pasado 11 de junio ante el Consejo Universitario:

  1. Formular un plan de inversión del superávit institucional antes de finalizar el presente año. Es necesario que dicha inversión se dirija de forma prioritaria a la atención de los campus, sedes y secciones regionales.
  2. Solicitar al Consejo Nacional de Rectores (Conare) instaurar una mesa técnica en conjunto con el Estado de la Educación para iniciar un proceso de formulación de una política de educación superior
  3. Ajustar, haciendo uso de la autonomía de gobierno que le otorga la Constitución, los porcentajes de la “dedicación exclusiva” que disfruta el personal de la institución, a los montos establecidos en la Ley 9635.
  4. Reducir en un 15% el recargo al salario base establecido para el gabinete de Rectoría y miembros del Consejo Universitario
  5. Solicitar al Consejo Universitario que le instruya a la Rectoría iniciar el proceso de renegociación de la Convención Colectiva.

Para el presidente de la Feuna, las medidas propuestas buscan dar un respiro de legitimidad que permita emprender el urgente proceso de reforma estructural en un marco de diálogo universitario. “Nuestro objetivo es fortalecer el Fondo de Becas para estudiantes y sentar las bases de la universidad del siglo XXI”, subrayó.

Añadió que la propuesta pretende consolidar un proceso de diálogo interno para optimizar el uso de los recursos y ampliar la cobertura del Fondo de Becas frente a la inminente crisis.

Por su parte, Jazmín Arroyo, secretaria general de la agrupación estudiantil Feuna, recalcó que la responsabilidad de compromiso de la organización no es solo con la población estudiantil sino también con la comunidad universitaria “porque la Universidad Nacional debe ser para todas las personas, ahora y en los próximos años”.

Agregó que la disminución de las desigualdades sociales debe iniciar desde adentro de la institución, en el marco de autonomía universitaria, para que las condiciones estudiantiles y laborales sean justas y sostenibles en el largo plazo.

“Somos una representación estudiantil propositiva. No somos enemigos de las personas trabajadoras porque pensamos en el futuro de todas y todos, para que desde afuera no nos impongan medidas que no contemplan las particularidades que tiene la educación superior pública”, recalcó la dirigente estudiantil.

Luego de cerca de dos años de haber presentado una agenda de reforma interna denominada #LaUqueMerecemos, los dirigentes estudiantiles se ven en la obligación de insistir en esa ruta.

Hoy martes 16 de junio a partir de las 2 p.m., la Feuna realizará una transmisión por Facebook live para explicar las medidas propuestas.

Además, la dirigencia de la agrupación estudiantil solicitó un pronunciamiento publicó a los candidatos a rectoría sobre las medidas planteadas por la Feuna, en vista de que el próximo lunes 22 de junio se realizará la elección de nuevas autoridades universitarias en la UNA.

***Mayores detalles con Noel Cruz, presidente Feuna, 8657-9858 o con Jazmín Arroyo, secretaria general 8558-7733.

Algunas observaciones sobre el informe de mayoría de la comisión FEES

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Yamileth González García*

  1. El Informe dictamen de mayoría, (Expediente 21.052) de la “Comisión Especial que estudie, analice y eventualmente proponga proyectos de Ley o Reformas en relación con la administración del FEES” (CE-FEES), de la Asamblea Legislativa es bastante deficiente, parte de premisas a las que no se les da comprobación con hechos y documentos fehacientes, por lo tanto, resultan poco cercanas a la “verdad”.
  2. Tiene muy débil sustento, dice estar realizado “… con base en la normativa vigente y en la información que trascendió en prensa, en las manifestaciones de estudiantes y profesores, así como de la ciudadanía en general, relacionada con la inversión y manejo que realizan las universidades públicas del Fondo Especial para la Educación Superior” (CE-FEES), o sea que la parcialidad campea, es un estudio hecho sobre diversas opiniones, sin una necesaria base documental. No es una investigación como debería demandar una institución como la Asamblea Legislativa, la cual, después de un año de trabajo, consista simplemente en un cúmulo de audiencias descoordinadas.
  3. Además, como muestra de inconsistencia, por ejemplo, el Informe señala una “metodología” acordada por la Comisión, que consiste nada más que en fijar un horario, recibir audiencias y establecer tiempo de exposición, como ellos lo señalan: “La Comisión estableció como horario de sesión los días lunes de 9 a.m. a 11 a.m.; la dinámica de la investigación es la recepción de audiencias por sesión, además de realizar consultas a las diferentes instituciones y partes interesadas” (CE-FEES).
  4. Como un dato que revela la falta de seriedad el “estudio” centra su atención en probar lo que los diputados y diputadas dijeron antes de iniciarlo; no aporta nada nuevo a lo que mencionaron antes de hacer esta “investigación”.
  5. Es un “estudio” que le sirve de excusa a la comisión para ir más allá del encargo original (proponer proyectos o reformas en relación con la administración del FEES); no obstante, se excede en espacios académicos, más allá de lo que significa la administración de los recursos.
  6. Por otra parte, el Informe parece responder a los requerimientos que varios de los organismos internacionales vienen señalando, desde décadas atrás: la necesidad de que las universidades generen sus propios recursos, aumenten el costo de la matrícula, fortalezcan las carreras técnicas y los diplomados, que se le de freno a la autonomía universitaria, ya que la conciben como un obstáculo para someter las universidades a las decisiones políticas y económicas del Gobierno, etc…,etc., Así tenemos, por ejemplo:

         Es un estudio que violenta la autonomía universitaria, aunque dicen no querer hacerlo, cuando afirman que: “Bajo ninguna circunstancia disminuir recursos o pensar en cierres, pero si en un ordenamiento en el cual este primer poder de la República, que es donde se aprueban los recursos y los presupuestos de la Educación Superior, tenga participación directa en el futuro de la educación de nuestro país y en este caso particular de la educación superior. (…) Nosotros vamos a ser muy respetuosos del marco de la autonomía universitaria como lo establece la Constitución Política…” (CE-FEES). El párrafo muestra una flagrante contradicción, ya que la Asamblea Legislativa, según el principio constitucional, no puede tener participación directa en el ordenamiento universitario sin afectar la autonomía. Sin embargo, en esa afirmación se puede leer una amenaza velada a las universidades, ellos son el primer poder de la República y aprueban los presupuestos.

         Una de las violaciones más profundas a la autonomía de las universidades, se da cuando el Informe señala que “Cuando exista colisión o polémica entre la prevalencia del principio de autonomía universitaria establecido en el artículo 185 de la Constitución Política o, el de equilibrio financiero estipulado en el artículo 176 de ese mismo cuerpo legal, debe establecerse con claridad que el segundo tiene prioridad. Por tanto, se impulsa una reforma constitucional para que en adelante quede suficientemente claro que el principio de equilibrio financiero prima por sobre el de autonomía universitaria” (CE-FEES).

Esto es inadmisible, supondría un retroceso a una importante conquista que las universidades han conseguido con un alto costo y que implica la esencia misma de su misión y las protege frente a abusos de poder, permite el desarrollo del libre pensamiento y la creatividad; posibilita tener un gobierno propio sin intromisiones políticas, económicas o de cualquier otra índole … Sin un financiamiento adecuado, no hay autonomía. El acto de ejercer ese derecho pasa por conseguir, de parte del Estado, un financiamiento adecuado y sostenible, un fondo que haga posible actuar.

Hay que dejar claro, por otra parte, que la autonomía, no es un cheque en blanco a las universidades, implica responsabilidad y rendición de cuentas claras y transparentes y devolverle a la comunidad, resultados que contribuyan al desarrollo.

         También este Informe violenta la autonomía al pretender que las universidades públicas pasen a la CAJA ÚNICA DEL ESTADO: “A partir del informe de la Contraloría General de la República denominado “La caja única del Estado y el manejo eficiente de la liquidez del sector público”, se recomienda que se incorpore mediante ley de la República a las universidades, dados sus beneficios para el país, en el régimen de caja única. Lo señalado, a modo de introducción, en el cuerpo de este informe se ampliará a algunas de las propuestas concretas y recomendaciones como resultado de las reflexiones hechas al tenor del trabajo de esta Comisión especial. (CE-FEES).”

Esto, hasta ayer, no era inaceptable, ya que significa entrabamiento del funcionamiento administrativo; la Caja Única nunca ha sido eficiente y limitaría la independencia financiera de las universidades, instituciones que no son una oficina del Gobierno o del Estado, va contra la autonomía financiera, consignada constitucionalmente.

Es precisamente validando ese compromiso de responsabilidad y rendición de cuentas que la universidad debe ser transparente en el manejo de sus recursos y no puede permitirse dejar su administración a otras instancias; pues sino, como respondería ante los convenios de colaboración establecidos con colaboradores nacionales e internacionales de orden público y privado cuyos proyectos de investigación y cooperación en sectores de punta son efectivos en el mediano plazo y permiten consolidar plataformas y estructuras de cooperación entre la universidad, el sector público y el sector privado.

Recordemos que la ley de administración financiera y presupuestos públicos, así como el ordenamiento jurídico existente resguarda la hacienda pública mediante la presentación de presupuestos y planes operativos anuales, estipulados por la misma normativa que son sometidos a la Contraloría General de la República y los procesos de evaluación correspondientes. La autonomía garantiza el autogobierno en un espacio propio del sector público costarricense.

  1. El Informe contiene afirmaciones y propuestas que evidencian un enorme desconocimiento de la realidad universitaria, por ejemplo:

         La siguiente afirmación del Informe demanda reflexión “Costa Rica requiere fortalecer su sistema nacional de innovación a fin de robustecer y diversificar nuestro desarrollo tecnológico. En este objetivo, las universidades cumplen un rol central; por ejemplo, un espacio de mejora esencial y muy necesario que han señalado diversos estudios radica en la mejora de la estructura productiva, aquí, sin una participación coordinada, comprometida y activa entre las instituciones públicas, el sector privado y las universidades no se tendrán mejoras sustanciales pronto. En un país con recursos limitados y en medio de un periodo de desaceleración económica como la que se experimenta, se debe plantear un debate crítico y reposado sobre cómo acercar las necesidades del sector productivo a las agendas universitarias, en especial las relacionadas con investigación. Por su trascendencia y alto valor (CE-FEES).”

Desde luego que es necesario fortalecer el sistema nacional de innovación, pero el Informe desconoce que las universidades y el sector productivo del país tienen lazos fuertes (que desde luego se deben fortalecer); que no se parte de cero, ya existe un valioso aporte y la coordinación entre estos sectores no es inexistente.

Aquí vale la pena recordar dos ejemplos: la industria agroalimentaria en Costa Rica no camina con éxito, sin el apoyo del Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos (CITA). Junto al CITA se puede mencionar también al Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) que por medio de sus especialidades en ciencias del suelo, biotecnología y tecnología poscosecha, realiza análisis el suelo y foliares, de aguas fertilizantes con servicios en biotecnología. Por otra parte, el CIGRAS que es el ente nacional de análisis de calidad de todas las semillas y granos que ingresan al país…, En diversas ocasiones han recibido estos entes donaciones para fortalecer el trabajo de seguridad alimentaria y nutricional del país. La Estación Experimental Fabio Baudrit, tiene una significativa reserva de germoplasma de diversos productos alimenticios, que pueden, sin duda, ser un alivio ante cualquier situación de inseguridad alimentaria y nutricional. La Fabio, como se le denomina más cercanamente, ha generado una serie de innovaciones como lo son las diversas variedades de frijol que se transfirieron al mercado nacional o más recientemente una nueva variedad de papaya, conocida como la papaya perfecta…

Y en Salud, que mejor ejemplo a citar, que el del Instituto Clodomiro Picado, centro de referencia mundial en la producción de sueros antiofídicos y que hoy se ha visto trabajar en la producción del plasma que ha venido a aliviar efectos del Covid-19. El ICP tiene vínculo con sectores externos a la UCR y es altamente respetado y conocido internacionalmente.

Estos son solo dos ejemplos, de los miles que se podrían comentar, de esa relación entre la universidad pública y la sociedad, buscando aportar al desarrollo nacional, buscando devolver el beneficio social de la educación universitaria.

         Se afirma que: “LAS UNIVERSIDADES DEBERÍAN ESTAR GENERANDO UN VALOR PÚBLICO QUE SOBREPASE LAS NECESIDADES ESTUDIANTILES Y QUE, ADEMÁS, ESTÉ AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA. “El valor generado por las entidades y órganos del Estado, mediante servicios, resultados, confianza y legitimidad, toda institución pública incluidas las universidades estatales, están llamadas a generar en los servicios que prestan un valor público para la ciudadanía. Dentro de este contexto dicho valor público no solamente se genera en cuanto al impacto para los estudiantes, sino también sobre cualquier otra actividad realizada por parte de las universidades como la investigación, acción y extensión social entre otras.

El aumento en el gasto es superior a los resultados alcanzados en matrícula, títulos y percepción positiva de algunos atributos de calidad del servicio los cuales mejoraron en promedio (CE-FEES).”

¿Cómo es eso de que deberían estar generando un valor público…? ¿no les es evidente el valor público de las universidades? ¿es que no han visto que, en medio de esta crisis los medios de comunicación refieren todos los días alguna incidencia positiva de las universidades?

         Cómo pueden decir que: “Las universidades han dirigido mayoritariamente sus ingresos al pago de salarios millonarios y a realizar inversiones en sus campus centrales, lo que les ha restado la posibilidad de favorecer con estos recursos al resto de su comunidad estudiantil, ubicada en las regiones, así como crear valor público que se pueda proyectar al resto de la sociedad y generar un vínculo con las comunidades” (CE-FEES).

Esas afirmaciones no tienen ningún respaldo técnico… son especulaciones. No es válido, afirmar que la mayoría del FEES se va en salario millonarios…ni es cierto que no se apoyó la población estudiantil en sedes (significativos esfuerzos van dirigidos a becas y residencias en las sedes o campus universitarios). Es ridículo que se diga que hay que crear valor público y generar vínculo con las comunidades, porque ese vínculo existe y es significativo. Habría sido aceptable que el Informe señalara la necesidad de fortalecer la relación, pero no descalificar a las universidades negándolo.

  1. Se señala que: “El aumento en el gasto es superior a los resultados alcanzados en matrícula, títulos y percepción positiva de algunos atributos de calidad del servicio los cuales mejoraron en promedio.” Y que por eso consideran que “es tan importante quitarle la presión inercial a la masa salarial, a través de una reforma de empleo público para que pueda invertirse en investigación. Esta es una apuesta inteligente en el largo plazo, no solo para generar valor público sino también para que los entes universitarios generen sus propios ingresos y dependan cada día menos del FEES, el cual por la situación financiera del país y principalmente por los niveles endeudamiento, cada día está más comprometido” (CE-FEES. Y también que “es necesario que asuman lo más pronto posible, el reto de establecer una política de autofinanciamiento, que les permita fortalecer las fuentes de recursos para llevar adelante sus objetivos” (CE-FEES).

La afirmación de que los entes universitarios deben generar sus propios recursos, no se puede aceptar, con esa política se busca privatizar la universidad pública. Ya las universidades venden servicios y reciben donaciones significativas y está en sus intereses hacerlo cada día más; pero es inadmisible la insistencia en sustituir el FEES con recursos propios, eso es privatizar la educación superior pública. Entonces, ¿las universidades solo harán, aquello por lo que se paga y no lo que es importante para el país? ¿Entonces la actividad universitaria que no se paga no se haría?

Y está, además, el comentario de que el “… aumento en el gasto es superior a los resultados alcanzados en matrícula, títulos y percepción positiva…” refleja una concepción de universidad centrada en graduar estudiantes, y no le dan valor a las otras actividades sustantivas, que son, a la par de la docencia, la investigación y la acción (extensión) social. Estaríamos por lo tanto reduciendo las universidades a “enseñaderos” y limitando su impacto para el país.

  1. Señala el Informe que “LA OFERTA ACADÉMICA ESTÁ OBSOLETA Y DIVORCIADA DEL SECTOR PRODUCTIVO, LO QUE PRODUCE SOBRE OFERTA EN CIENCIAS SOCIALES Y UN ALTO DÉFICIT EN CARRERAS STEM”. Y que “Genera gran preocupación entre los miembros de esta Comisión, lo obsoleta y divorciada del sector productivo, que está la oferta académica, principalmente de la UCR, UNA y Universidad Estatal a Distancia (UNED), que las lleva a generar una sobre oferta en las áreas de ciencias sociales y un alto déficit en carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) (CE-FEES)…

Insisto en que la afirmación de que, excepto el ITCR, las demás universidades están obsoletas en su oferta académica no es válida, sorprende, entonces, que según el estudio de empleabilidad más reciente en seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2014-2016, realizado en el 2019, en el CONARE la empleabilidad de las Universidades estatales es de 94,6% y el de la UCR, en específico es de 95,2%.

Recordemos también que, la respuesta de la UCR en área tecnológica ha sido congruente y coordinada con el desarrollo nacional. Así́ en el pasado como en el presente, vemos como luego de creado el Mercado Común Centroamericano y del surgimiento de instituciones como RECOPE y el ICE; la UCR diversifica sus programas: la Ingeniería Civil ve nacer la Ingeniería Eléctrica, la Mecánica, la Industrial, la Química y la Agrícola; que décadas más tarde abren posgrados en todas esas áreas y, posteriormente, establecen alianzas con empresas de alta tecnología que llevan a crear nuevas opciones curriculares. La Escuela de Ingeniería Eléctrica amplía la matrícula con nuevas promociones de estudiantes que se imparten parcialmente de forma desconcentrada en la Sede de Guanacaste (Liberia) y, en la Sede del Pacífico (Puntarenas); la de Ingeniería Mecánica lo hace en Tacares de Grecia; Ingeniería Industrial, por su parte, ha graduado a cientos de estudiantes en la Sede de Occidente, en San Ramón.

La expansión geográfica se complementa con otras opciones de estudio, como las maestrías de Comunicaciones Digitales, Sistemas de Mediana y Baja Tensión (que se han impartido en asocio con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el Instituto Costarricense de Electricidad y el sector privado y, la carrera de Computadoras y Redes que nace con el fin de apoyar a las empresas de alta tecnología con sus problemas de diseño y pruebas de circuitos cerrados… Nuevas opciones se generan como, por ejemplo, Autotrónica, Microelectrónica, Industria Alimentaria, Hotelería, Ingeniería Ambiental y de Salud…

El LANAMME es indiscutiblemente uno de los centros de investigación que más aportes le han generado al país. Sin el LANAMME, Costa Rica no podría avanzar, exitosamente, en el mejoramiento de las carreteras, desde luego que como Universidad somos instancia de diagnóstico, estudio, análisis y no de ejecución de obras.»

  1. Se insiste en el fortalecimiento de las carreras técnicas, pero eso siempre se ha hecho en las universidades y, si en este momento existe una demanda laboral hay que atenderla y fortalecerla; pero, desde luego no limitando o cerrando otros ámbitos. Si el mercado laboral demanda más técnicos, hay que atender la demanda, pero no cerrando ciencias sociales o artes… ¿Que haría la sociedad sin un pensamiento filosófico, sin escritores, artistas, historiadores, educadores…? El desarrollo es integral y a él caminamos desde diferentes perspectivas disciplinarias.

Además, esa distorsión la causan las universidades privadas que centran su oferta en carreras de bajo costo económico.

  1. “LA ENTREGA DE DIPLOMADOS UNIVERSITARIOS: UNA FORMA DE DEMOCRATIZAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS REGIONES”, pregona el Informe.

“El presidente de la Comisión consultó sobre el nuevo posible modelo de regionalización que podría establecerse para mejorar los indicadores en las regiones, a lo que se respondió que una forma de mejorar el acceso a la educación es impartir diplomados en las universidades públicas, que se encuentran en las regiones y eliminar la duplicidad de carreras entre las mismas universidades públicas, en aras de que se llenen todos los cupos, por ejemplo la carrera de educación que es una de las más demandadas, debería existir un acuerdo para que, por ejemplo, sea impartida por la UNA y así la UCR pueda impartir otras carreras. … Sin embargo, estos diputados y diputadas no podemos recomendarles a las universidades como impartir sus carreras, dado que están protegidas por la autonomía constitucional en este punto. (CE-FEES)”

Esa afirmación me genera dos comentarios:

El concepto de UNIVERSIDAD, entendida como ente de estudios superiores, está ligado a la formación de grado y posgrado, no a la formación preuniversitaria, como es el caso de los DIPLOMADOS… esa es función de los centros “parauniversitarios” o colegios universitarios, como se llaman. Vale la pena recordar, una valiosa experiencia que las universidades públicas tuvieron, en los años de 1990, con los Colegios Universitarios mediante un Convenio de Articulación ( 1997) que fue bastante exitoso y que permitía a los estudiantes, particularmente de las zonas rurales, iniciar estudios en nivel pre-universitario y luego pasar, si así lo querían, a la universidad, sin hacer examen de admisión y poder así, continuar su diplomado con un grado superior, pero esa experiencia se vino al traste, cuando la Asamblea Legislativa, transformó a la mayoría de esos centros en una universidad.

En el presente, las universidades pueden abrir diplomados y carreras cortas, (algunas lo tienen, como la UNED), PERO con cuidado, ya que el desafío es grande. Las universidades tienen una responsabilidad y compromiso con la sociedad y, esto no es solo un asunto de formación y de calidad, sino que, tiene que ver, también, en cómo se enfrenta esa nueva perspectiva de la formación universitaria que se abrió paso, sustentada en el crecimiento de una demanda y de una presión laboral, que articuladas a partir de un nuevo imaginario social, según el cual una titulación en educación superior puede ser sinónimo de carreras cortas y técnicas, pone en juego y en duda la auténtica naturaleza y razón de ser de la universidad, desaparece la perspectiva de la formación integral y humanista, la formación crítica, reflexiva y dialógica, indispensables para una formación de excelencia e impacto”.

  1. Hay otros temas complejos en el Informe, sobre la repartición del FEES y la recomendación que hacen para que recursos del presupuesto de la UCR y de la UNA se trasladen al ITCR que, las diputadas y los diputados, asumen como la universidad del futuro en Costa Rica.

Asumir la primera recomendación nos haría entrar en fuertes contradicciones, porque, para empezar, no se trata de “desvestir un santo para vestir a otro” y por otra, no es casual, ni antojadizo que unas universidades tengan más porcentaje que otras… Al crearse el Fondo Especial para la Educación Superior cada universidad entró con un presupuesto y las más grandes tenían su presupuesto, que desde un inicio era mayor. El problema es que se fueron creando nuevas universidades sin presupuesto e integrándolas al FEES. Caso contrario el de Universidad Técnica Nacional, que, con fuerte respaldo del Partido Liberación Nacional, la Asamblea le asigna sus propios recursos.

La alusión a que el Instituto Tecnológico de Costa Rica, es la única institución que ha hecho bien su trabajo y , por tanto puede ser considerada como la “Universidad del futuro”, ya que “… ha sido un ejemplo “de hacer mucho con poco”, lo que nos lleva a pensar, que, si contáramos con instrumentos de planificación y evaluaciones rigurosas, de las cuales dependería la distribución del FEES, como ha sugerido este informe, estamos convencidos de que el TEC tendría la posibilidad de acceder más recursos, por sus eficientes resultados…(CE-FEES)”, esta afirmación muestra, (pensándolo amablemente) el desconocimiento, con todo respeto y admiración por el ITCR, de las personas de la comisión especial; no se puede permitir ni pasar por alto esta afrenta para el resto de las instituciones de educación superior pública.

Las encuestas y estudios realizados nacional e internacionalmente, con organismos e instrumentos muy calificados le han dado a las universidades públicas una prestigiosa calificación no solo a nivel latinoamericano sino mundial. (Por ejemplo, https://www.ucr.ac.cr/noticias/2019/01/11/el-81-de-los-costarricenses-considera-que-la-ucr-le-aporta- mucho-al-pais.html)

https://www.larepublica.net/noticia/tres-universidades-publicas-destacan-en-la-lista-de-las-mejores-del-mundo

  1. Es importante concluir señalando que las universidades pueden recibir todo tipo de observaciones y recomendaciones, sobre salarios, empleo, etc. Etc. sin que eso signifique violentar la autonomía. Sugerir, proponer, lo que no sería admisible es ordenar. De manera que la afirmación que se hace en el informe, (“…estos diputados y diputadas no podemos recomendarles a las universidades como impartir sus carreras, dado que están protegidas por la autonomía constitucional en este punto… No puede ser de recibo.

* Ex Rectora UCR (Colectivo Mujeres por Costa Rica).

 

Imagen ilustrativa.

Autonomía constitucionalmente garantizada

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Walter Antillón

En noviembre del año 1158, por designio de Federico I Barbarroja, al término de la Segunda Dieta Imperial de Roncaglia fue promulgada la Constitutio Authentica Habita, que prohibió a las autoridades civiles y eclesiales de la Ciudad de Boloña someter a juicio a los estudiantes y los profesores de la Universidad. ¿Llegó a intuir entonces el astuto Hohenstaufen que aquella inmunidad concedida al Studium Generale de Boloña iba a ser providencial en el mundo del futuro? Se dice que su intención era fortalecer el pensamiento laico, frente a la opresiva influencia de la Iglesia (¿). Lo cierto, en todo caso, es que rápidamente la medida se propagó a las Universidades de París, Oxford y otras; y pasados tantos siglos, un invaluable resabio del viejo privilegium fori lo encontramos en la Constitución Política de la República de Costa Rica, artículo 84, que dice:

‘LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA ES UNA INSTITUCIÓN DE CULTURA SUPERIOR QUE GOZA DE INDEPENDENCIA PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y DE PLENA CAPACIDAD JURÍDICA PARA ADQUIRIR DERECHOS Y CONTRAER OBLIGACIONES, ASÍ COMO PARA DARSE SU ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO PROPIOS. LAS DEMÁS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DEL ESTADO TENDRÁN LA MISMA INDEPENDENCIA FUNCIONAL E IGUAL CAPACIDAD JURÍDICA QUE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (…) EL ESTADO LAS DOTARÁ DE PATRIMONIO PROPIO Y COLABORARÁ EN SU FINANCIACIÓN’

La redacción del texto constitucional, debida a la pluma de Fernando Baudrit Solera y Rodrigo Facio Brenes, dos fervorosos universitarios y connotados juristas, responde a su clara visión del papel rector y soberano que la Universidad estaba y está llamada a jugar en la conformación cultural y política del País.

En su voto 2008-013091, la Sala Constitucional se ha referido a las Universidades Públicas diciendo que:

“…están fuera de la dirección del Poder Ejecutivo y de su jerarquía, que cuentan con todas las facultades y poderes administrativos necesarios para llevar adelante el fin especial que legítimamente se les ha encomendado; que pueden auto-determinarse, en el sentido de que están posibilitadas para establecer sus planes, programas, presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno propio. Tienen poder reglamentario (autónomo y de ejecución); pueden auto-estructurarse, repartir sus competencias dentro del ámbito interno del ente, desconcentrarse en lo jurídicamente posible y lícito, regular el servicio que prestan y decidir libremente sobre su personal…”

Y acerca del fin de la autonomía universitaria, la Sala dijo:

“…La autonomía universitaria tiene como principal finalidad procurar al ente todas las condiciones jurídicas necesarias para que lleve a cabo con independencia su misión de cultura y educación superiores. En ese sentido la Universidad no es una simple institución de enseñanza (…), pues a ella corresponde la función compleja, integrante de su naturaleza, de realizar y profundizar la investigación científica, cultivar las artes y las letras en su máxima expresión, analizar y criticar, con objetividad, conocimiento y racionalidad elevados, la realidad social, cultural, política y económica de su pueblo y el mundo, proponer soluciones a los grandes problemas y por ello en el caso de los países subdesarrollados o poco desarrollados como el nuestro, servir de impulsora a ideas y acciones para alcanzar el desarrollo en todos los niveles (espiritual, científico y material), contribuyendo con esa labor a la realización efectiva de los valores fundamentales de la identidad costarricense, que pueden resumirse … en los de la democracia, el Estado Social de Derecho, la dignidad esencial del ser humano y el ‘sistema de libertad’, además de la paz (artículo 12 de la Constitución Política) y la Justicia (41 ídem); en síntesis …que la Universidad, como centro de pensamiento libre, debe y tiene que estar exenta de presiones o medidas de cualquier naturaleza que tiendan a impedirle cumplir, o atenten contra ese su gran cometido …” (Tomado de J. Córdoba y A. González: Constitución Política de la República de Costa Rica concordada y con jurisprudencia de la Sala Constitucional; IJSA, San José, 2010; pág. 415. Las negritas en el texto son mías).

Entre los filósofos del Constitucionalismo actual (Pizzorusso, Ferrajoli, Häberle) se ha venido perfilando cada vez con más claridad la idea (embrionaria en la Polis griega y en la República romana) de la necesidad de realizar una distinción entre las funciones y las instituciones esenciales del Estado moderno, esto es: funciones e instituciones de Gobierno y funciones e instituciones de Garantía (contra-poderes) (1).

En efecto, las constituciones modernas diseñan cada vez más cuidadosamente los Contrapoderes de Garantía para controlar y detener la influencia de los grupos políticos dominantes (y de los grandes intereses económicos que a través de ellos buscan imponer sus decisiones y determinar nuestro destino) sobre los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Aquí menciono dos de esos contra-poderes: i) El Poder Judicial, como Contra-poder del Derecho, para realizar el control de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad de las actuaciones de los poderes políticos y fácticos; y ii) La Universidad, como Contra-poder del Saber, para garantizar la presencia de una conciencia crítica informada en la sociedad, que conjure las tramas ideológicas deshumanizantes y anti-democráticas.

En cuanto al Poder Judicial, en Costa Rica ha existido desde antiguo una grave tara institucional de funcionamiento: los magistrados de la Corte Suprema son nombrados por la Asamblea Legislativa, órgano controlado por las cúpulas políticas ligadas a su vez con la oligarquía nacional y transnacional; y en razón de esa falla, desde hace un tiempo se ha venido afinando la maquinita de nombrar magistrados ‘amigables’ con los intereses de la Alta Política, quienes han respondido con docilidad a dichos intereses, sobre todo en los sectores más estratégicos: a) la Sala Constitucional, para hacer pasar sin ningún rasguño un gigante jurídico erizado de inconstitucionalidades como el TLC, y un adefesio jurídico preñado de autoritarismo como es la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas; y b) la Sala Penal, para inmunizar a los políticos contra los procesos penales, como ocurrió con el prevaricante “archivo de la causa” a favor de Otto Guevara, Johnny Araya y otros, por parte de los magistrados Chinchilla, Ramírez, Arias y Gamboa. Para decirlo en términos de extrema mesura, el necesario, urgente contra-poder de la Justicia está severamente minado en CR., con frecuente violación de los derechos que nuestro PUEBLO tiene al bienestar, a la Institucionalidad y a la Justicia (2).

Estando así las cosas, ahora la Bestia de la Ilegitimidad arremete de nuevo, para tratar de abatir el contra-poder que nos queda: el contra-poder de la conciencia, que es la Universidad Pública: conciencia lúcida de la Patria, como la llamó el Rector Claudio Gutiérrez. Husmea afanosamente en las murallas de la Constitución en busca de una grieta, una oculta poterna que le permita penetrar y destruir la autonomía universitaria, para imponer en nuestra Alma Mater la visión economicista y enajenada que predomina en aquellos cambalaches: expendios generosos de títulos que se atreven a usar el nombre de ‘universidad’.

Como el derecho a la salud y a la justicia, como el derecho al pan de cada día, el pueblo tiene un derecho fundamental a la formación de su conciencia crítica (a través del conocimiento y la sensibilidad humanistas que sólo puede procurarle una Universidad autónoma y libre de interferencias), porque necesita avanzar hacia formas más plenas de la democracia.

Autonomía y seguridad económica: la auténtica Universidad necesita la autosuficiencia económica, cónsona a su esfera de autonomía funcional y organizacional, para cultivar libremente la academia que fecundará las mentes, las sensibilidades y los conocimientos de los hombres y las mujeres, futuras portadoras de lucidez: ambas garantías están por ahora resguardadas tras el bastión de la Constitución. Pero ¿hasta cuándo? ¿hasta dónde se atreverán a llegar los profanadores?

Los toques de alarma están dados. Nuestro deber imperativo es entonces sacudir fuertemente la conciencia de los ciudadanos: llamarlos a defender esa Constitución y esa Universidad que son la salvaguarda de los derechos fundamentales de todos.

(1) Alessandro Pizzorusso: Lecciones de Derecho Constitucional; CEC, Madrid, 1984; tomo II, pág. 9); Luigi Ferrajoli: Principia iuris, I, p. 822 y passim. Trotta, Madrid, 2007; Peter Häberle: El Estado Constitucional; Unam, México, 2003; pág. 165 y sigtes.

(2) De mi cosecha: El Poder Judicial. Crónica de una debacle; IJSA, San José, 201

Algunas consideraciones a propósito del dictamen legislativo sobre el FEES

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Muñoz Varela[1]

Una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa ha presentado en estos días un dictamen sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), en el que se ponen en cuestión la dotación de presupuestos por parte del Estado a las universidades públicas y las funciones sustantivas que estas instituciones desempeñan, así como la validez y los alcances de la autonomía universitaria.

Es pertinente hacer al respecto algunas observaciones puntuales en relación con aspectos que se indican en el documento de dictamen y que derivan en distorsiones o en aseveraciones sin fundamento acerca del quehacer académico y del desempeño de las universidades públicas.

El análisis que aquí se presenta, se coloca en negrita lo señalado en el documento y de seguido se elaboran y presentan los respectivos comentarios.

  1. “Los diputados y diputadas integrantes de esta Comisión Especial Investigadora suscribimos el presente informe luego de realizar el análisis de la normativa vigente, la información que trascendió en prensa, manifestaciones de estudiantes y profesores, así como de la ciudadanía en general, relacionada con la inversión y manejo que realizan las universidades públicas del Fondo Especial para la Educación Superior.”
  2. a) La normativa vigente en relación con las universidades públicas y su financiación es clara y se basa en la legalidad y legitimidad del Estado Social de Derecho y en la Constitución Política.
  3. b) La comisión interrogó a dirigentes de las federaciones de estudiantes y a rectores, representantes del CONARE y del Programa Estado de la Nación, así como a autoridades de gobierno. En ningún momento ha habido consulta a “la ciudadanía en general”, o al menos así no consta en el documento. A su vez, los medios de prensa citados en el documento tienen una línea editorial claramente hostil a las universidades públicas. En el trabajo de interrogación realizado por la comisión, además de ser densamente tendencioso y también agresivo, hay una sensible carencia de fuentes básicas de información, que den cuenta de manera veraz acerca del quehacer académico de las universidades públicas, de la forma en que hacen uso de los recursos que reciben del Estado por medio del FEES, de su gestión financiera e institucional, así como de todas las actividades académica y proyectos que estas instituciones llevan a cabo en docencia, investigación y acción social.
  4. “Bajo ninguna circunstancia disminuir recursos o pensar en cierres, pero si en un ordenamiento en el cuál este primer poder de la República, que es donde se aprueban los recursos y los presupuestos de la Educación Superior, tenga participación directa en el futuro de la educación de nuestro país y en este caso particular de la educación superior.”

El legislador constituyente consideró necesario y prudente establecer la autonomía universitaria dándole rango constitucional expreso, a fin de asegurar que las universidades públicas no se vieran expuestas al arbitrio circunstancial de las decisiones de los gobiernos de turno ni de otros poderes que podrían estar interesados en intervenir y afectar el desempeño de estas instituciones. Así, la universidad pública quedó establecida como una institución de Estado, no como una entidad dependiente del gobierno central ni de ningún otro poder del Estado. Así, por tanto, carece de toda validez y no se justifica la pretensión de la “Comisión” por tener “participación directa en el futuro” de la educación superior. Lo mismo el futuro como el presente de la educación superior pública es un asunto que, por disposición constitucional definida en la autonomía universitaria, le compete única y exclusivamente a las comunidades universitarias y a las autoridades académicas de las universidades públicas.

  1. “Las universidades públicas no son parte del Plan Nacional de Desarrollo, esto provoca distorsiones y hace perder potencial a las políticas públicas y a los objetivos de desarrollo que establece el país.”

Las universidades públicas, a través de la docencia, la investigación y la acción social, contribuyen no solo a fortalecer las políticas públicas, sino también a proponer políticas públicas que sean de beneficio para la mejora del bienestar de la sociedad costarricense en general. Por su propia naturaleza académica y por las actividades que desarrolla, la universidad pública no puede quedar atada a las regulaciones de los planes nacionales de desarrollo, que suelen ser cortoplacistas y que responden siempre a los intereses políticos de cada nuevo gobierno. Son múltiples los proyectos que, dentro de las funciones de investigación y de acción social, la universidad pública lleva a cabo en una gran diversidad de comunidades del país y en conjunto con variados sectores productivos, los cuales contribuyen de manera sustantiva al desarrollo nacional y, también, a dar sustentación concreta a los objetivos de un desarrolla nacional bajo una perspectiva de Proyecto País. Si la universidad pública quedara atada y encajonada en los planes nacionales de desarrollo, mucha de esta labor se vería limitada, restringida, liquidada.

  1. “[…] un espacio de mejora esencial y muy necesario que han señalado diversos estudios radica en la mejora de la estructura productiva, aquí, sin una participación coordinada, comprometida y activa entre las instituciones públicas, el sector privado y las universidades no se tendrán mejoras sustanciales pronto.”

De múltiples maneras, tanto las instituciones del Estado como el “sector privado” se han beneficiado siempre de la labor que llevan a cabo y de los servicios que prestan las universidades públicas. Por su parte, “la mejora de la estructura productiva” pasa por definir y desarrollar políticas públicas que atiendan de manera integral a todos los distintos sectores productivos. No se trata únicamente de la estructura productiva vinculada a la inversión extranjera directa ni a la agroindustria a gran escala ni al sector industrial vinculado al mercado de la globalización corporativa.

La sociedad necesita que las universidades públicas, haciendo uso de la autonomía que les asiste, puedan realizar sus propios diagnósticos sobre las necesidades de formación profesional y de generación de conocimiento que el país requiere para promover e incentivar el fortalecimiento de la estructura productiva en todos sus diversos ámbitos de actividad. La universidad pública debe mantener su autonomía para discernir por sí misma cuáles son las necesidades de atención prioritaria y, en su lugar, buscar el desarrollo de las vinculaciones institucionales e interinstitucionales que corresponda.

Esta es una dinámica que las universidades públicas han desarrollado desde siempre. Son bien conocidas las coordinaciones de colaboración que, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica han mantenido con instituciones como el Ministerio de Educación Pública (MEP), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), entre muchas otras. Relaciones de apoyo y de colaboración que en una proporción elevada han ido en un solo sentido, es decir, sin que haya existido mayor reciprocidad por parte de las instituciones beneficiadas. Las funciones sustantivas de la universidad están al servicio de dichos apoyos y colaboraciones, todo lo cual se encuentra debidamente documentado

Todas las unidades académicas de la universidad han participado de estas relaciones de coordinación con las instituciones del Estado, con las comunidades, con asociaciones y colectivos del sector productivo. Son múltiples las acciones desplegadas por la universidad desde la investigación y la acción social para dar apoyo al sector productivo y mejorar la estructura productiva del país.

En el momento actual, en el contexto de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, esta disposición colaborativa de parte de las universidades públicas se expresa, entre otras acciones, por la relación establecida entre el Instituto Clodomiro Picado de la UCR y las autoridades del sistema nacional de salud, para hacer investigación y elaborar un medicamento que permita atender con eficacia a las personas que resultan enfermas por el contagio del virus. En medio de la pandemia y cuando la universidad se encuentra sin actividad presencial en sus instalaciones, la planta de investigación del Instituto Clodomiro Picado no para de trabajar en la búsqueda del medicamento que pueda servir para curar a las personas contagiadas.

  1. “Por su trascendencia y alto valor estratégico para el progreso del país, hay que plantear la posibilidad de una diversificación de los destinos de los recursos públicos que financian la investigación. El monopolio de la inversión en investigación con fondos públicos y privados en las universidades públicas requiere análisis y debate.”

La investigación en las universidades públicas responde a una visión integral y estratégica del bienestar nacional en los diferentes ámbitos del conocimiento, no a requerimientos específicos de carácter sectorial. La investigación en la universidad, tal como ya se indicó en el punto anterior, ha sido diversa y ha estado al servicio de muy diversos sectores productivos e institucionales.

Desde su propio quehacer de investigación y también desde la acción social, la universidad pública aporta al país y a la sociedad costarricense en general, manteniendo su independencia y autonomía y abarcando todos los campos del conocimiento. Esto es de sustantiva importancia, a efecto de no descuidar ningún ámbito y que, a su vez, la investigación no se sectorialice ni se restrinja a las demandas, por ejemplo, de un determinado “sector privado”.

Tampoco sería conveniente que las universidades queden obligadas a buscar financiamiento privado para realizar investigación. Esto significaría la privatización de la investigación y su puesta al servicio de intereses específicos, corporativos, que muy poco o nada tienen que ver con la búsqueda del bienestar social colectivo. En la medida que esto ocurra, la universidad pierde su esencia y la investigación deja de servir como un elemento de “valor estratégico para el progreso del país”.

  1. “LAS UNIVERSIDADES DEBERÍAN ESTAR GENERANDO UN VALOR PÚBLICO QUE SOBREPASE LAS NECESIDADES ESTUDIANTILES Y QUE, ADEMÁS, ESTÉ AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

“El valor generado por las entidades y órganos del Estado, mediante servicios, resultados, confianza y legitimidad, toda institución pública incluidas las universidades estatales, están llamadas a generar en los servicios que prestan un valor público para la ciudadanía.”

Este título es inexplicable e inconcebible; una afirmación carente de toda veracidad. La sociedad en su conjunto, las instituciones del Estado, el sector privado y una gran variedad de organizaciones civiles se han beneficiado y se benefician constantemente del valor público que representa el quehacer académico de la universidad en sus funciones de docencia, investigación y acción social. Es inaudito no reconocer los servicios que aporta la universidad en términos de valor público para la sociedad. No se puede decir, tal como se afirma en este titular, que las universidades públicas solo se dedican a hacer labor de enseñanza.

  1. […] por eso creemos que es tan importante quitarle la presión inercial a la masa salarial, a través de una reforma de empleo público para que pueda invertirse en investigación. Esta es una apuesta inteligente en el largo plazo, no solo para generar valor público sino también para que los entes universitarios generen sus propios ingresos y dependan cada día menos del FEES, el cual por la situación financiera del país y principalmente por los niveles endeudamiento, cada día está más comprometido.”

En este documento se hace énfasis en que las universidades públicas deben incrementar la matrícula y además diferenciar el valor de los aranceles, de manera que el estudiantado proveniente de familias adineradas pague más.

Reducir salarios a fin de trasladar mayor volumen de recursos a la investigación. En este aspecto, la comisión legislativa no se da por enterada de que para hacer investigación se necesita tener una formación académica sólida y que esta formación no se logra sino a través de toda una experiencia acumulada. Se requieren condiciones adecuadas para lograrlo, dentro de las cuales está contar con un salario decente que permita la adquisición de material bibliográfico, el acceso a fuentes de información en internet y otras. Por otra parte, en la medida que en la universidad pública la investigación es con mucha frecuencia parte del quehacer académico, que no se reduce éste exclusivamente a la docencia, plantear una ley de empleo público que vendría a precarizar las condiciones de trabajo en la universidad, esto no significaría otra cosa más que un serio y muy peligroso debilitamiento de la investigación.

  1. “[…] hay un sistema de educación universitaria que va creciendo, la expansión en general es positiva, pero los énfasis en que se están produciendo, graduando los estudiantes, no necesariamente son los énfasis que nuestra economía o que nuestra sociedad necesita.”

Argumento recurrente de las instituciones del gobierno central. Sin embargo, “los énfasis que nuestra economía o que nuestra sociedad necesita” no son necesariamente los que están planteados en los planes nacionales de desarrollo. En estos planes hay interferencias de sectores y de intereses políticos que, en general, las universidades siempre han buscado evitar para no caer en una distorsión ni restricción de sus enunciados misionales. La universidad pública es una institución de la sociedad y para la sociedad. El papel histórico jugado por ellas es, en este sentido, fundamental como contribución al desarrollo del país y a la búsqueda de bienestar para la sociedad en general.

La formación profesional en carreras técnicas, ingenierías y otras, es naturalmente muy importante. Sin embargo, “los énfasis” de la formación universitaria no pueden quedar circunscritos a este tipo de carreras. La sociedad necesita contar con profesionales en todos los campos del saber. En el actual contexto de la crisis sanitaria, pasa a quedar en evidencia la necesidad de que, por ejemplo, las instituciones de salud cuenten con la labor de análisis y de asesoría que pueden brindar los profesionales en psicología social, para que ayuden a las autoridades de salud a prevenir y controlar posibles desencadenamientos de patologías psicológicas a raíz del confinamiento y también de la angustia por la pérdida del empleo, la reducción de los ingresos, la incertidumbre que se proyecta hacia futuro y otros tantos factores que podrían estar generando tendencias de patologías psicológicas en la sociedad.

  1. “[…] también hay un actor relevante que es el Conesup, quien vela por el tema de las universidades privadas; entonces, ahí, tanto el Estado de la Nación como OCDE nos han dicho que hay que mejorar en materia de la gobernanza para garantizar una mejor rectoría, en la medida de lo posible, que garantice mayor coordinación y coherencia de las políticas públicas de las entidades educativas.

No se puede equiparar el sistema universitario público con el sistema privado. Se trata de dos regímenes totalmente distintos. A lo sumo, lo que sí se puede hacer es que se exija y cumpla una evaluación de la calidad académica especialmente en las universidades privadas. La sociedad necesita que se le garantice que lo que las personas paguen a una universidad privada por los servicios de enseñanza sea, en efecto, de calidad.

Después de tres décadas en que da inicio en Costa Rica el auge de las universidades privadas es sabido que hasta la fecha la gran mayoría de ellas no rinden cuentas sobre la calidad académica de las titulaciones que están vendiendo. Una gran mayoría de ellas tampoco dan información sobre sus planes de estudio.

La “coordinación y coherencia de las políticas públicas de las entidades educativas” es una demanda ilusoria. Deja de lado que las universidades privadas responden a sus propios intereses de mercado y que para ellas no existe ninguna fiscalización por parte del Estado en relación con lo que hacen.

Las universidades públicas, con base en la autonomía institucional que les asiste, responde con su oferta académica a las necesidades de formación profesional y técnica que la sociedad necesita. Actualiza sus planes de estudio y cuando es necesario crea nuevas carreras. Esa es la institución universitaria que la sociedad necesita; una institución que orienta a la sociedad y que promueve e impulsa el desarrollo del país con equilibrios intersectoriales, con inclusión de los diversos sectores sociales y productivos y con pertinencia de la formación que proporciona.

  1. Vinculación subordinada del Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES) con los planes nacionales de desarrollo:

“Poderles contar como socios estratégicos dentro de los planes nacionales de desarrollo y de inversión pública y no únicamente, posteriormente, durante la Agenda Nacional de Cooperación o, también, poderles hacer partícipes, de una manera más directa, en el plan estratégico nacional, que esta visión de largo plazo, al 2050.”

Las universidades no pueden ni deben plegarse ni asociarse con los planes nacionales de desarrollo. Esto necesariamente implicaría dejar de lado o minimizar su autonomía e independencia para realizar análisis crítico de las propuestas del desarrollo nacional. Por disposición constitucional, en el caso de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, esta institución tiene a su cargo analizar propuestas de política pública y proyectos de ley y dar su criterio. Esta es una forma en que la universidad contribuye a mejorar la orientación estratégica que tales políticas pueden tener para un desarrollo económico equilibrado y para la mejora del bienestar común en la sociedad.

Desde hace bastantes años, las políticas públicas asociadas a los planes de desarrollo han sido claramente lesivas para sectores específicos de la sociedad, por ejemplo, el sector agricultor. Los planes nacionales de desarrollo, como políticas de Estado, requieren del juicio crítico de un actor que no forme parte del gobierno central ni que esté asociado a este de manera subordinada. Para eso están las universidades públicas.

Por supuesto, las universidades públicas pueden ser y siempre han sido colaboradoras cuando se trata de desarrollar acciones en COORDINACIÓN con las distintas instituciones del Estado. Siempre ha existido una relación de sinergia entre el PLANES del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y los planes nacionales de desarrollo. En vez de establecer rigideces y camisas de fuerza, la lógica de una administración pública propositiva y fructífera debería plantearse en términos de diversidad de actores institucionales.

  1. “El Ministerio de Planificación y Política Económica como rector del empleo público no pretende entrometerse, si cabe la palabra, dentro de las regulaciones internas y la manera de administrarse de las universidades, lo que pretende es establecer lineamientos generales que lleven hacia la unicidad, la coherencia, hacia la sostenibilidad y hacia la excelencia.”

Lo que aquí se dice es totalmente contradictorio. Es como decir: “te vamos a establecer un marco rígido del cual no te podrás mover en ningún sentido, pero tenés plena libertad para hacer lo que querrás ahí dentro”. Bien se sabe que, en buena lid, las políticas públicas constituyen parámetros de proyección cuya ejecución debe ser evaluada, corregida y mejorada según sean los resultados de la evaluación. Entre las políticas públicas y las políticas institucionales de las universidades, según ya se ha indicado, existen necesariamente confluencias y sinergias. Las universidades pueden muy bien representar marcos de referencia para la evaluación de las políticas públicas.

En la medida que se les obligara a subordinarse a los planes nacionales de desarrollo y a las políticas de las instituciones del Estado, las universidades pasarían a convertirse en no otra cosa que en dependencias de esas instituciones. Consecuentemente, con ello ya habrían perdido toda posibilidad de tomar sus propias decisiones en materia de su oferta académica, de la definición de la investigación y de la prestación de los servicios de la acción social.

  1. “[…] se pueda hacer un proceso de formulación conjunto porque las universidades también pueden aportar mucho con evidencia a tener mejores diseños de programas, de proyectos de inversión pública, pueden aportar a las fases de pre inversión, las fases de programación y pudiéramos hacer un único instrumento donde quizá en el largo plazo estén incorporados como responsables de algunos de los proyectos de inversión y los programas dentro del Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública.”

No es necesario que Mideplan esté en el CONARE para que las universidades presten el tipo de asesorías que aquí se mencionan. Es interesante que se reconozca la capacidad que tienen las universidades para el diseño de programas y proyectos de inversión pública, pero que con mayor énfasis aún se demande la incorporación de Mideplan al CONARE.

Por lo dicho anteriormente sobre la condición de agente de análisis crítico de las universidades públicas, estas instituciones no debieran operar dentro de un instrumento único. Por otra parte, a propósito del “largo plazo”, diversos centros e institutos de investigación de las universidades han elaborado propuestas de largo plazo para atender problemas prioritarios del país; sin embargo, en una gran mayoría de casos las autoridades de gobierno no las han tomado en cuenta. No es de recibo insinuar que las universidades públicas operan en el marco del corto plazo y que se olvidan de tener una visión estratégica, con proyección de futuro, del desarrollo nacional. Es todo lo contrario.

  1. “Algo que quiero destacar es que, en este periodo de nuestra gestión, de 2010 a 2018, la población estudiantil en el Tecnológico aumentó un 36% de 2011 a 2018, en diferentes programas que tenemos. Y quiero resaltar que, atendiendo las solicitudes de varios sectores productivos, el aumento más grande se dio en la carrera de Producción Industrial, un 69%, y en la carrera de Ingeniería en Computación con un 54% de aumento de la matrícula de primer ingreso.”

Desde su origen, el TEC es una institución universitaria especializada en ingenierías y carreras técnicas. Es decir, es una institución sectorializada que atiende las demandas de formación de sectores vinculados a la tecnología, la construcción, la agroindustria, tecnologías del medio ambiente, computación e informática. Nadie podría objetar nada al respecto. Pero de decir que es la “universidad del futuro” porque imparte las carreras que más demanda el mercado laboral es decir una evidente falacia. Significa privilegiar un sector del mercado laboral y dejar por fuera a los demás. Si se está hablando de una preocupación por el desarrollo nacional, no se puede dejar al margen la formación en educación, salud, ciencias sociales, artes y otras muchas carreras más.

  1. “El TEC tiene una gama curricular de vital importancia para la atracción de inversiones, por lo que merece, sin duda, un mayor porcentaje del FEES, si el país quiere resolver a mediano y largo plazo el problema del desempleo.”

Está más que probado que la inversión extranjera directa no resuelve el problema del desempleo. Además, se trata de empresas de producción industrial o de maquilas que operan con privilegios fiscales y cuyo mercado laboral, por los niveles de organización tecnológica de sus procesos de producción, no constituyen fuentes de trabajo tan significativas según lo quiere hacer ver la Comisión.

Igual que muchas otras cosas que se afirman en el dictamen de la comisión, esta afirmación también es radicalmente falaz, tendenciosa y desconocedora del significado de la universidad pública y de los beneficios que ella aporta a la sociedad.

  1. “La señora ministra tiene una alta cuota de responsabilidad y yo quiero, doña Giselle, que usted asuma un compromiso, no conmigo ni con doña Patricia, ni con los miembros de esa Comisión, sino con el país para detener estos borbollones de dinero que estamos destinando a salarios y que están condenando muy pronto a las universidades a desaparecer financieramente.”

Desconoce la evidencia que aporta este mismo documento, que al final presenta la lista de las personas que cuentan con los mayores salarios en las universidades públicas. Habría que decir cuántas personas en las universidades tienen un salario mayor a 4 millones de colones y qué proporción de la planta docente y administrativa representan esas personas. Este documento es solo un rosario de falsedades que se asumen como argumento para buscar la destrucción de las universidades públicas.

  1. “En el caso en particular de lo que don Marcelo llama privilegios, usted estaría de acuerdo con la frase de don Marcelo que son los privilegios los que podrían acabar con la autonomía universitaria, específicamente ese tema.”

El término privilegios se convierte en una muletilla vacía que sirve como arma de destrucción masiva, a la vez que obvia los intereses de la sociedad por contar con la educación superior pública y con los servicios de investigación y de acción social que las universidades públicas proporcionan. El foco de ataque son la UCR y la UNA. Las otras universidades públicas “hacen mucho con poco” y, además, el ITCR ya fue declarado en el documento como “la universidad del futuro”.

  1. “La OCDE, hoy habría reunión, pero no puedo estar en dos partes a la vez, la OCDE en el informe del año 2018 señala que las universidades estatales tienen pocos incentivos para responder a las necesidades del mercado laboral, potenciar los graduados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y mejorar la representatividad en el acceso a la educación superior.”

El enfoque de mercado por encima de la visión integral de la formación profesional universitaria. Restringir la visión del quehacer formativo de la universidad a las carreras que respondan “a las necesidades del mercado laboral” significa no solo cercenar el cuerpo académico de la universidad, sino también direccionar la formación universitaria hacia carreras que responden a un determinado sector del mercado laboral; el sector precisamente vinculado a la economía de capitalismo corporativo transnacional y el que representan las empresas nacionales inscritas en la dinámica de la globalización neoliberal. En este sentido, cuando se habla de fortalecer la oferta de educación superior en las regiones, de lo que se está hablando es de algo muy difuso, en la medida en que de lo que se trata es de habilitar fuerza de trabajo técnica en las regiones para ser empleada por ese mercado laboral corporativo, pero no en recuperar ni potenciar las capacidades productivas locales para promover el desarrollo y el bienestar social local a partir de las propias particularidades productivas de las regiones.

  1. Un reclamo generalizado y evidenciado en esta Comisión es que las universidades se han enfocado en desarrollar únicamente el GAM, lo que ha desembocado en que únicamente las empresas de zonas francas que generan empleo de altísimo nivel estén interesadas únicamente en desarrollarse dentro del GAM.

Ahora entonces ya sí lo dijeron: de lo que se trata es de invertir en el fortalecimiento de la oferta de educación superior técnica en las regiones para habilitar fuerza de trabajo que permita desconcentrar de la zona urbana de la GAM a las empresas de zonas francas. Es lo dicho anteriormente: lo que interesa no es la educación superior en las regiones para estimular y dar soporte al desarrollo local, sino para habilitar fuerza de trabajo técnica para las empresas de inversión extranjera directa y también para las empresas nacionales vinculadas a la economía de la globalización neoliberal.

  1. “Sin embargo, estos diputados y diputadas no podemos recomendarles a las universidades como impartir sus carreras, dado que están protegidas por la autonomía constitucional en este punto.”

¿Con qué criterio académico y de planificación prospectiva las diputadas y los diputados le podrían decir a las universidades cuáles carreras impartir y cuáles no? Por tal razón, hay que eliminar o debilitar la autonomía universitaria en la Constitución para que sean las personas integrantes de una comisión legislativa quienes les indiquen a las universidades públicas cuáles carreras impartir y cuáles no.

  1. “Algo en lo que hemos coincidido los legisladores, y lo hemos venido confirmando a través de las diferentes audiencias, es la urgencia de cambiar los criterios de distribución del FEES, de manera que no respondan a un criterio costumbrista, sino más bien a criterios técnicos, que reconozcan el cumplimiento de indicadores efectivos y, además de ello, que puedan traducirse en metas y mediciones, de manera que se premie con mayor monto del FEES a las universidades que efectivamente están cumpliendo con sus proyectos y metas, las cuales deben traducirse en mayores cupos, investigaciones, infraestructura e inversión en las regiones.”

La Universidad que cumpla con los indicadores que los señores diputados determinen, esa universidad será “premiada” y, así, cada vez que se entreguen los fondos del FEES, la distribución podrá variar en función del cumplimiento de esos indicadores. Es decir, ya no se trata únicamente de condicionar la entrega de los recursos del FEES a la reducción de personal (administrativo, se ha dicho) y a la rebaja de los salarios en las universidades, sino también que los diputados se atribuyen la facultad de realizar la correspondiente distribución del presupuesto, de conformidad con sus decisiones políticas. Y es por eso entonces que se hace necesario subordinar la autonomía universitaria a las decisiones económicas en materia de aprobación de presupuestos nacionales para la educación superior pública.

  1. “Es importante para estos diputados y diputadas que en esa mesa de trabajo se puedan definir mecanismos que le permitan a la Asamblea una visión integral, una perspectiva integral, sobre la totalidad de las fuentes de financiamiento que tienen las universidades dentro del presupuesto nacional de la República. Introducir en la discusión y aprobación de recursos a las universidades vía FEES, el tema de los recursos, producto del superávit que mantienen las universidades.”

De nuevo, uno de los aspectos medulares en que recalca este documento es la intervención, fiscalización y determinación política externa, efectuada de manera cruzada entre el poder ejecutivo y el legislativo, de la disposición y organización de los presupuestos por parte de las universidades. De esta manera, las rectorías de las universidades pasarían a ser no más que empleadas al mando de los poderes ejecutivo y legislativo. Y aún así afirman en este documento que lo que buscan es mejorar el desempeño de las universidades y no afectar los alcances de la autonomía universitaria.

  1. “La diputada Yorleny León ha sido enfática en que el Planes debe evaluarse por un tercero, y dicha propuesta fue acogida por esta Comisión, dado que es Conare quien lo realiza y, además, es quien lo evalúa; por ende, la evaluación no es realmente objetiva, pues es un “yo con yo” tal como lo ha dicho reiteradamente la señora León. Y su posición fue compartida por la Contraloría General de la República.”

Una vez más, interferencia política externa sobre las decisiones de política y de inversión de las universidades públicas. Tal como se puede ver a lo largo de todo el documento, la aprobación del FEES estaría supeditada a la intervención de las decisiones políticas externas en materia de desarrollo institucional, definición de programas de inversión, costo de los aranceles, oferta académica y gestión de la investigación.

  1. “El sistema de acreditación también golpea con más dureza a las regiones, es por ello vital que exista una forma más acelerada y barata de poder acreditar más carreras en zonas rurales, con el objetivo de bajar las brechas y esto es de suma importancia para realizar mejoras de fondo en la educación, porque tal como fue dicho por representantes de Sinaes:”

Esta indicación inentendible refleja muy bien el nulo o muy bajo nivel de comprensión que tienen las personas integrantes de la comisión acerca de lo que es una universidad pública. Imagina esta gente que las universidades son como una especie de planta industrial donde se fabrican profesionales y también paquetes de objetos tecnológicos.

[1] Observatorio de la Educación Nacional y Regional (OBSED), Instituto de Investigación en Educación (INIE), Universidad de Costa Rica.