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Etiqueta: Bernardo Archer Moore

Crisis en la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Bernardo Archer Moore

Por Bernardo Archer Moore

La Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC) se encuentra en una crisis seria debido a la posible pérdida de credenciales de la junta directiva a partir de mayo, 2024, por violar los Estatutos de la Asociación (Artículo 18, inciso g), al ser electo un miembro de la junta directiva al cargo de regidor municipal suplente y ocupar ambos cargos.

Es crucial abordar esta situación con seriedad y urgencia para evitar consecuencias irreparables.

Es alarmante que los miembros de la junta directiva no hayan leído los estatutos de la Asociación y hayan actuado basándose en suposiciones en lugar de hechos escritos. Es esencial que los líderes de una organización conozcan y respeten sus propias reglas y regulaciones para garantizar un funcionamiento adecuado y prevenir conflictos internos.

Es necesario tomar medidas inmediatas para abordar la falta de idoneidad e incompetencia colectiva en la junta directiva y restaurar la confianza en la organización.

El derecho de propiedad privada u ancestral en la costa Caribe es un tema crucial y delicado para la comunidad, por lo que es fundamental resolver estos problemas internos de manera pronta y efectiva.

Se sugiere llevar a cabo una revisión exhaustiva de los estatutos de la Asociación, establecer procesos claros y transparentes para la toma de decisiones, y promover la capacitación y el desarrollo de liderazgo entre los miembros de la junta directiva.

Es vital trabajar en conjunto para superar esta crisis y asegurar la sostenibilidad y el bienestar de la comunidad de Cahuita.

Cambio de «uso de suelo» en el municipio de Talamanca

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Bernardo Archer Moore

Por Bernardo Archer Moore

Según el Diario Extra, el Alcalde afirma que no tiene cuantificado el volumen de cambios de «USO DE SUELO» generados en 188 hectáreas del Distrito de Cahuita, supuestamente originados por nuevas normas legales, específicamente la Ley número 9223 de 2014 y sus jurisprudencias constitucionales.

Para aquellos que no están familiarizados con el tema y no han seguido su evolución en la última década, les aclaro lo siguiente con respeto:

En la última década (2014-2024) en la zona costera del Cantón de Talamanca (Distrito de Cahuita), se han producido dos olas de cambios de «USO DE SUELO» por parte de la Municipalidad, ambos con el objetivo de facilitar un desarrollo inmobiliario costero de alta gama.

La diferencia marcada entre ambos  es que algunos  de los cambios se realizaron  sin considerar la protección de la fauna y los monos, bajo la Ley número 9223 del 20/03/2014 (Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur).

Mientras que los otros cambios  se realizaron  con total desprecio por los derechos humanos de posesión de tierra, supuestamente cumpliendo la Ley número 9242 (Ley para la Regulación de las Construcciones Existentes en la Zona Restringida de la Zona Marítimo Terrestre).

Debido a la etiqueta de «Ocupación en Precario» que esta ley atribuyó a todos los poseedores de propiedades en la Zona Marítima Terrestre, la Municipalidad cambió la naturaleza de los «Permisos de Uso de Suelo» sin restricciones a una naturaleza «PRECARIA» para aquellos que no tenían una escritura pública. Así surgió el nuevo «PERMISO DE USO EN PRECARIO», que no existía antes de 2014.

Imagino que las autoridades tampoco saben cuántos de estos últimos cambios de «USO DE SUELO» se han realizado. Este es un problema integral que debemos abordar como tal.

Estamos de acuerdo en proteger a la fauna y los monos de Manzanillo y Cocles; pero también hay que proteger a  los habitantes locales de Manzanillo, Cocles, Puerto Viejo y Cahuita, con posesiones decenales y leyes ancestrales, quienes también tienen derechos que están siendo vulnerados.

«No todo lo que brilla es oro»

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Bernardo Archer Moore

Por Bernardo Archer Moore

Tengo serias  preocupaciones con respecto al Proyecto de Ley presentado por la diputada del PLN Katherine Moreira Brown llamado «Ley de Reconocimiento de la Población Afro-costarricense como  Pueblo Tribal»  (Expediente Legislativo número 23.903).

En lugar de abrazarlo con euforia, prefiero abordarlo con un optimismo cauteloso, más aún, ante la presencia de elementos en el proyecto que plantean serios desafíos para la autonomía y autodeterminación de la población afro-costarricense.  

Así como la exclusión de áreas importantes en nuestros territorios tribales; los cuales pueden dejarnos en una situación peor de la que nos encontramos actualmente.

La exclusión de estas áreas de nuestro territorio sin proporcionar compensación o derechos económicos para las comunidades puede tener consecuencias adversas, como el aumento de la pobreza.

El aumentar la pobreza en uno de los cantones con los índices más bajos de desarrollo económico, social y humano, sería un acto de extrema crueldad.

Con el mayor respeto que merecen los propulsores de esta legislación, les sugiero que se realicen los ajustes necesarios para abordar las supra citadas preocupaciones,  y garantizar un enfoque equitativo y ello, creo necesario que se promueva un diálogo inclusivo y respetuoso entre los diferentes actores involucrados, para encontrar soluciones que salvaguarden los derechos de nuestras comunidades y también protejan el medio ambiente.

Es crucial que se busque un equilibrio entre la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades  afro-costarricenses.

“Siempre seréis vistos como hijos de vuestros ancestros”

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Bernardo Archer Moore

Por Bernardo Archer Moore
Cahuita

Hermano y hermana, jóvenes negros adultos, es muy probable que desconozcas que gran parte de la población nativa se refería a tus antepasados con el adjetivo “negro chumico”, aun vestido de caballero, siempre fue visto como el “negro chumico” (“cultura tica”).

Entonces, para quienes hemos vivido esa experiencia, al ver un comentario del presidente de la república sobre la tala de los bosques del Caribe Sur, decir en resumen que «no quedará para los grandes hoteles de 5 estrellas, ni para los monitos». Lo cual, en un doble sentido, bien podría inferir la citada calificación atribuida a la población negra en el pasado, es nuestro deber NO dejarlo pasar desapercibido.

Tampoco debemos descartarlo como un «desliz freudiano» de una persona tan educada, él sabe muy bien lo que dijo y ciertamente lo decía en serio.

A estos niveles y en un tema tan serio el chiste no existe, es sólo una forma más pálida de decir algo grosero, y callarse para no poner en peligro un posible favor político es dejar las puertas abiertas a cosas peores en el futuro.

Ahora, para aquellos afrocostarricenses mayores que están en los albores de la vejez y desesperadamente entusiasmados con la unidad de los negros en torno a sus objetivos de preponderancia, que no es común a todos nosotros.

En cambio, los invito respetuosamente a levantar la bandera del respeto por los costarricenses negros y nuestras comunidades en todo el sentido de la palabra.

En particular, nuestro derecho a la posesión de tierras ancestrales, los mismos que otorgan las leyes compensatorias por abuso y discriminación racial, así como posesiones centenarias, que son anteriores a la propia constitución política actual.

Dilema del liderazgo negro costarricense

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Bernardo Archer Moore

Bernardo Archer Moore
Cahuita

Parece como si nuestros actuales Líderes Negros estuvieran siendo atormentados por las sombras de sus predecesores e incluso, en muchos casos, de sus propios ancestros.

Durante las dos primeras décadas de la nueva República (1953-1973), los afortunados afrocostarricenses que ascendieron al poder político pusieron el listón del desempeño y la integridad mucho más allá del alcance de quienes los siguieron.

El primero fue el honorable Congresista Abogado Alex Curling Delisser (1953 – 1958) quien logró la promulgación de la Ley 1902 de 1955, que otorgó la ciudadanía y el derecho al voto a todos sus compañeros inmigrantes negros. Incluyendo a mis propios abuelos y también a mis padres quienes nacieron a principios del siglo pasado en Madre de Dios, Siquirres y Cahuita, Limón.

Luego vino el Congresista Carl Eduardo Neil Neil (1966 – 1970) quien en 1968 logró aprobar el Estatuto N° 4230 del 21/11/1968; legislación histórica que penaliza las prácticas de discriminación racial que consisten en negar a los negros la entrada a lugares públicos como clubes sociales «sólo para blancos» y similares.

Mantener ese nivel de logros ha sido el desafío insuperable para los políticos negros durante el último medio siglo (54 años para ser exactos).

Por lo tanto, han elegido el camino bajo del simbolismo y las fachadas para eludir las continuas injusticias que enfrentan las comunidades negras del Caribe.

Lo cual se puede resumir como una continua política gubernamental en perjuicio de las mismas, evidenciada por la falta de inversión pública y como si fuera poco, el cierre de nuestras  pocas entidades públicas que generan empleo.

Y más reciente, el intento de invisibilizar la imagen y aportes  de los más connotados líderes políticos negros, asignando cárceles con sus nombres, en lugar de escuelas, colegios, universidades o autopistas. ¡Solo eso faltaba!

Sólo el pueblo puede salvar Cahuita

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Bernardo Archer Moore

Bernardo Archer Moore

La justicia a medias es guardar silencio ante lo que es injusto. Y para luchar se comienza por: 

Vencer el miedo a perder o morir; y de esto último, no te preocupes mi hermano, algún día te marcharás de este mundo, sin nada en tu mano al igual cómo tú vecino desdichado.

Un reciente documental sobre el Proceso de gentrificación de la Costa del Pacífico, revela la verdadera cara del plan regulador costero del Caribe Sur. (Véalo en comentarios).

Todos los residentes costeros están en el punto de mira, y si no te gusta lo que ves, ahora es el momento de hacer algo para detenerlo o quedarte en silencio para siempre.

Tengamos en cuenta que, si bien los esfuerzos de sólo un puñado de políticos y empresarios inmobiliarios corruptos son capaces de poner de rodillas a un pueblo entero, se necesita toda la comunidad para evitar tal calamidad.

En tales luchas, hay que  trazar claramente las líneas entre el bien y el mal, así como entre la justicia y la injusticia. Aquí cabe la frase de:  “Solo el pueblo salva al pueblo».

Link: https://www.facebook.com/share/p/ULa5795bkTjXis4w/?mibextid=WC7FNe 

Deforestar no es indicio de desarrollo y progreso…

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Bernardo Archer Moore

Por Bernardo Archer Moore

Es una coartada para el rápido enriquecimiento de unos pocos a expensas del sufrimiento de los demás.

La deforestación, el desarrollo y el progreso son conceptos muy diferentes. 

Por su parte, la deforestación conlleva impactos negativos en el medio ambiente, como la sequía, pérdida de biodiversidad y el cambio climático (cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos: Como huracanes, inundaciones, incendios forestales, etc.). Lo anterior,  contrario a lo establecido en la Agenda 2030.

Por otro lado, y congruente con la Agenda 2030 citada supra, el desarrollo se refiere al crecimiento económico y social de una sociedad, mientras que el progreso implica avances positivos en diferentes aspectos de la vida cotidiana de los habitantes.

Siendo los  tres elementos  necesarios, es importante encontrar un equilibrio entre el desarrollo y la conservación del medio ambiente para lograr un progreso sostenible.

Sin ello, las familias de menores recursos económicos estarán condenadas a el hambre, la miseria y al desarraigo continuo, en busca de una mejor calidad de vida.

Así las cosas, lo que tenemos entre manos no es un desacuerdo, sino, un desequilibrio entre la  protección ambiental y el derecho humano a progresar en su propia tierra que lo vio nacer.

La urgente necesidad de proteger el medio ambiente en beneficio de la humanidad  y los recursos financieros e institucionales que respaldan tales esfuerzos, han generado un frenesí de defensores del medio ambiente en todas partes; eclipsando así, las pocas voces a favor del derecho humano al libre uso y usufructo de su posesión de tierra.

La causa fundamental de tal desigualdad no es culpa de las organizaciones ambientalistas, sino, la falta de un mayor número cuantitativo y cualitativo de defensores de los derechos humanos; y por el otro lado, el uso inapropiado por parte del Estado de los recursos económicos generados por la conservación de Bosques y Recursos Naturales.  Así como su ineficacia en velar por el cumplimiento de los compromisos de protección.

Por ello, previo a la adquisición de esos compromisos, es crucial considerar el impacto que las medidas de conservación pueden tener en las comunidades locales que dependen de estos recursos para su desarrollo humano, e incluso subsistencia.

Desde esta óptica, es imperativo el proporcionar un desarrollo social, económico y humano diferenciado a los Distritos como Cahuita, Colorado, Tortuguero,  Matina y Limón, con altos índices de conservación de bosques, humedales  y otros recursos naturales.  

Lo anterior ayudaría a equilibrar la protección del medio ambiente con el bienestar de las personas que viven en esas áreas.

Por esta razón, los ingresos que está conservación genera para el país deben destinarse a promover una estrategia de desarrollo a través de Planes Reguladores, que proteja a las comunidades locales de ser perjudicadas por medidas que limiten el uso de sus tierras. En lugar de la monstruosidad burocrática creada en las últimas décadas.

Sin ello, jamás se encontrará un equilibrio entre la conservación ambiental y el desarrollo humano, donde se asegure que las políticas y acciones implementadas sean inclusivas y sostenibles a largo plazo.

Ciudadanos de Cahuita reclaman sus derechos ancestrales

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Bernardo Archer Moore

Desde septiembre de 2012 asumí el desafío de encontrar una manera de revertir las graves injusticias cometidas contra la comunidad negra de la costa caribeña de mi país de nacimiento – Costa Rica, desde los días de esclavitud seguidos por los engañosos contratos laborales de Minor Keith para construir ferrocarriles y cultivar Plantación de banano junto a las vías del ferrocarril.

Esto me llevó a examinar de cerca las dos leyes que otorgaron el estatus de ciudad de Cahuita en 1915 y Puerto Viejo («Old Harbour») en 1935; igualmente todos los demás estatutos legales posteriores y sus jurisprudencias, que afectan a los habitantes de las zonas costeras, así como varios fallidos intentos del pasado.

El descubrimiento de escrituras originadas por las leyes de Cahuita y de Puerto Viejo:

Fue el punto de inflexión en este esfuerzo, que despertó una renovada esperanza en desafiar exitosamente las afirmaciones de los funcionarios gubernamentales de que dichas leyes estaban derogadas por la ley de zona marítima 6043 de 1977. En ocasiones afirmando que nuestros antepasados («los negros no titularon sus tierras»).

Para hacer las cosas aún más favorables, en la última década entraron en vigor dos decretos presidenciales reconociendo a Cahuita como una comunidad tribal, que inició bajo la administración de Luis Guillermo Solís y se reselló bajo la administración de Carlos Alvarado y Epsy Campbell.

De esta manera se suma una nueva dimensión totalmente favorable a nuestra lucha por preservar los derechos territoriales de nuestros antepasados en la costa. Y, en consecuencia, tanto los nuestros como también el de las futuras generaciones en esta región del país.

Debido al resultado infructuoso de varios esfuerzos en el pasado, no hay muchas esperanzas en la población de ser reivindicados en los estrados judiciales nacionales, sino, ante los organismos internacionales que protegen tanto el derecho fundamental a la posesión de la propiedad privada, como el derecho a la consulta previa del cual gozamos los territorios tribales. (Convenios 107 y 169 de la OIT y respectivas jurisprudencias).

Sin embargo, para llegar a esa etapa final (CIDH), primero es necesario agotar las vías al interior del país, razón por la cual en octubre pasado se presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el Estado de Costa Rica, por la violación del derecho a la propiedad privada, y la NO Consulta a los Pueblos Tribales, por parte del Municipio de Talamanca, el INVU y el ICT en el proceso de elaboración del Plan Regulador Costero recientemente aprobado.

La Sala IV ya tramitó y se encuentra a la espera de un informe solicitado a los citados imputados antes de emitir el fallo correspondiente. (Número de expediente 23-027898-0007-CO).

Hasta el momento estamos más que satisfechos con el proceder de la Sala Constitucional y nos llena de la esperanza de no tener que recurrir en el oneroso gasto de interponer una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cosa que estamos dispuesto a hacer si fuese necesario.

La enajenación estatal de tierras ancestrales afro-costarricense

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Bernardo Archer Moore

Esta ha sido una situación constante desde principios del siglo XX.  Pero, al abordar este tema no puedo evitar recordar varios sabios consejos de Don Quijote.   El primero es: “Casamientos de parientes tienen mil inconvenientes”. 

En esa misma línea de pensamiento, Jamás podréis olvidar, que, a la sombra de las leyes promulgadas en la década de 1960, particularmente la creación del Instituto de Tierras y Colonización ITCO, (luego IDA y ahora INDER).   Donde en el proceso de implantación se cometieron graves actos de injusticia, que algunos describen como errores del pasado. 

Sin embargo, analizados en su conjunto (Ley del ITCO, ZMT, y Parques Nacionales, PNE y Humedales, entre otros); se descubre un vínculo subyacente de privación continua de los derechos de propiedad privada a los negros en la región del Caribe.

Estas instituciones fueron aprovechadas para facilitar la apropiación estatal de tierras que ya estaban en manos de las poblaciones más vulnerables, se trata, con diferencia, del peor despojo de tierras que hemos vivido los afros costarricenses, y quizás la República.

Entonces, pedirle al gobierno de turno y a sus entidades públicas que demarque lo poco que queda de nuestro territorio ancestral, es como pedirle al tigre que cuente el ganado que aún nos queda en el pasto, o al ratón que cuide el queso que queda en nuestras cocinas.  

¡Qué interesante!

Pero, como en Cahuita el tigre acabó con las vacas en los potreros de nuestros ancestros ubicados en Playa Blanca, y los ratones del queso en las cocinas de Cahuita Bluff y Black Beach, ya no confiamos ni en tigres o ratones. Thanks, but no thanks brother [Gracias, pero no gracias hermano].

En vista de que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) es un organismo importante para la protección de los derechos humanos en las Américas.

Esperamos y tenemos fe, que la resolución de sus Magistrados será justa y favorable para todas las partes involucradas en este asunto de la vigencia de la Ley de Cahuita de 1915. Así como el respeto de nuestro derecho tribal sobre las tierras ancestrales Afro caribeñas. “Ladran, Sancho, señal que cabalgamos”.

Hermanos y hermanas: “Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades”. “Y verá el mundo que tiene contigo más fuerza la razón que el apetito”.

Política nacional de desarrollo costero: Este es el monstruo al que nos enfrentamos

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Bernardo Archer Moore

Por Bernardo Archer Moore

La titularidad de nuestras tierras costeras en el Caribe de Costa Rica es un tema que involucra aspectos legales, culturales y ambientales, que el Ministerio de Planificación Nacional y el Instituto Costarricense de Turismo nunca han tomado en cuenta.

En la región del Caribe, especialmente en lugares como la Barra del Colorado, Tortuguero, Ciudad de Limón, Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo, existen comunidades indígenas y afrodescendientes con derechos ancestrales sobre la tierra.

Paralelo a las regulaciones estatales que protegen ciertas áreas como Patrimonio Natural del Estado o Zona Marítima Terrestre, que puede limitar el uso privado de la tierra; sin embargo, la legislación costarricense reconoce los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes sobre sus territorios tradicionales, lo que incluye las zonas costeras.

Razón por la cual es importante que se respeten los derechos de las comunidades locales y que se busquen soluciones que equilibren la protección del medio ambiente con el desarrollo sostenible de la región.

La colaboración entre las autoridades locales, las comunidades indígenas y afrodescendientes, y las organizaciones de la sociedad civil es fundamental para encontrar soluciones justas y equitativas para todos los involucrados. Ese es precisamente el dilema que tenemos entre manos.

Las políticas públicas que promueven el desarraigo y la gentrificación en estas zonas costeras a través de los “PLANES REGULADORES COSTEROS”, suelen estar motivadas por varios factores.

Primordialmente están diseñadas para impulsar el desarrollo económico y turístico de la zona, lo que puede llevar a la expulsión de residentes de bajos ingresos y a la transformación de la comunidad local.

Además, la presión de la demanda de vivienda en estas atractivas zonas costeras, llevaran a un aumento de los precios de la vivienda, lo que paralelo al incremento de ganancias de los inversionistas, a su vez, desplazará a los residentes de larga data.

Es importante entonces, que las políticas públicas tengan en cuenta el impacto social y económico en las comunidades locales y busquen soluciones equitativas que protejan los derechos de los residentes actuales mientras se fomenta el desarrollo sostenible.

No es la cultura de la región la que necesita cambiar y adaptarse a las nuevas políticas públicas, sino que éstas deben formularse de acuerdo con la cultura y el estilo de vida de las personas, algo difícil para quienes detentan el poder político local y nacional; quienes  una vez electos y nombrados, se sienten amos exclusivos de la corona.