El pasado 14 de agosto en horas de la noche, se realizaron bloqueos frente al Outlet Mall en San Pedro en solidaridad con los y las campesinas del Changuena.
Información tomada del Facebook de Marcela Zamora Cruz.
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COECOCEIBA invita al taller: «De la mercantilización a la financiarización de la naturaleza«, el cual está dirigido a personas miembros de organizaciones ecologistas, campesinas, de jóvenes, mujeres e indígenas; que manejen conceptos básicos, sobre lógica y mecanismos en Costa Rica sobre la financiarización de la Naturaleza. Además el espacio servirá para quienes deseen compartir sus experiencias de lucha.
Fechas: 12 y 13 de mayo
Lugar: Casa de Ejercicios Espirituales – Misioneros Claretianos (Iglesia de Ladrillo), San Francisco de Goicochea, San José
– Se solicita a los y las participantes llegar el día martes 12 de mayo a las 2 pm a la casa de Ejercicios Espirituales.
– El taller termina el miércoles 13 de mayo a las 3 pm.
– La alimentación y el hospedaje estarán cubiertos en el mismo lugar del taller
*Por favor confirmar antes del miércoles 6 de mayo al correo: alejandra.rozas@coecoceiba.org o al celular 83-582930 con Alejandra
Enviado a SURCOS Digital por COECOCEIBA.
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Convocatoria: Asamblea Popular sábado 25 de abril
-Urge un espacio para organizar las luchas de las trabajadoras, los trabajadores; las campesinas y campesinos y los sectores populares
-Construyamos un espacio para exigir mejores condiciones de vida para todas y todos
“Justicia, Pan, Paz, Tierra, Trabajo y Libertad”
Las suscritas y los suscritos, activistas independientes e integrantes de distintas organizaciones de trabajadoras y trabajadores, organizaciones feministas, del sector ecologista y otras organizaciones del pueblo, invitamos a la Asamblea Popular “Es el momento de actuar” a realizarse el próximo sábado 25 de abril del presente año en las instalaciones de JUPEMA (segundo piso), costado Sur-Este de la Corte, calle 21, Avenida 8 y 10.
1. Que vivimos en un mundo de injusticia social, en donde la riqueza de toda índole se concentra cada vez en menos manos, en donde más del 50% de la riqueza mundial se concentra en menos del 1% de la población. A pesar de que las mejoras tecnológicas permiten producir recursos para que todas y todos vivamos dignamente, hoy, la lógica del sistema actual capitalista produce aumento en el desempleo, la explotación y la opresión; las guerras, la violencia y la destrucción ambiental.
2. Que los sectores asociados al gran capital, que son los que acaparan la riqueza, impulsan el desmantelamiento definitivo del de las garantías y conquistas sociales, el recorte de los salarios, la liberación de precios y tarifas, la concentración de la tierra en pocas manos, la negación y represión de los derechos democráticos y los derechos humanos.
3. Que estos mismos sectores imponen a los gobiernos de turno para que se apliquen de forma dictatorial los mandatos de las internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI); hundiendo en la pobreza cada vez a más amplios sectores del pueblo y descargando todo el peso de la crisis capitalista sobre sus espaldas.
4. Los organismos del gran capital batallan por insertar a Costa Rica en el mercado mundial como plataforma de servicios, para generar áreas de producción de alta tecnología y para aprovechar los recursos energéticos y la extracción de riqueza del suelo y del subsuelo (extractivismo). Pero también buscan utilizarlo como pasadizo para el aprovechamiento del trasiego rentable de mercancías entre continentes que obliga al Mega Puerto (APM Terminals), los canales secos, al establecimiento de Zonas Francas, que explotan los recursos naturales y la población y reciben todo tipo de regalías, como no pago de impuestos o subvenciones de electricidad y agua.
5. En todo el mundo existen problemas similares a los nuestros porque el capitalismo es un sistema global. Así como ha ocurrido en nuestro país con luchas importantes, como la lucha contra el Combo del ICE, y más recientemente contra el TLC; hay sectores en todo el mundo que se organizan para resistir como puede a esta ofensiva del gran capital que produce fuertes aumentos en el costo de la vida, destrucción ambiental, rebajas salariales, falta de vivienda, reducción de presupuestos para la educación y la salud pública, entre otras injusticias. Los pueblos y las y los trabajadores no cesan de luchar: desde Palestina a Kobane; desde Grecia, España, Italia, Irlanda, Portugal, hasta Venezuela, Bolivia, Ecuador, México, la resistencia no se rinde y alcanza progresos y enfrenta agresiones y amenazas.
6. Que otras instancias unitarias del movimiento social en el pasado han fracasado por el sectarismo, el afán de protagonismo, los métodos burocráticos y las traiciones, que desgraciadamente han debilitado a buena parte de la dirigencia sindical y popular. Esperamos no cometer esos mismo errores.
7. Que la falta de independencia del movimiento obrero, social y popular respecto a los patronos, sus partidos y su Estado es el principal obstáculo para articular y llevar adelante un plan y programa alternativo a la crisis capitalista y a la ingobernabilidad de los patronos y sus instituciones. Esto nos exige con urgencia darnos a la tarea de construir un frente unido de las y los trabajadores y del pueblo para acometer los desafíos que se nos presentan en las luchas de resistencia que se avecinan.
8. La necesidad de dotarnos de una plataforma de lucha para responder a la solución de las principales necesidades de las y los trabajadores y el pueblo, bajo las banderas de la independencia de clase e impulsar y fortalecer todas las formas de lucha y movilización que decidan los que luchan bajo el mecanismo democrático de las asambleas y consultas a las bases populares por la defensa del ambiente y de nuestra soberanía nacional.
1. Un nuevo espacio: Convocamos a todas y todos las y los luchadores y luchadoras del movimiento social, popular, obrero, campesino, indígena, feminista, ecologista, animalista, sectores que luchan por los derechos democráticos, por la vivienda, por la diversidad sexual, por los derechos animales, poblaciones migrantes, sectores barriales y comunales; en fin, todos aquellos sectores del movimiento popular que verdaderamente están comprometidos y actúan en las luchas concretas por la libertad, la justicia social, la defensa del ambiente, los derechos civiles y las conquistas económicas y sociales del pueblo costarricense; crear juntos y juntas un espacio plenamente democrático de análisis, deliberación y unidad en la acción, que se convierta en un sólido frente unitario de lucha de organización popular y de las y los trabajadores. Establecer claramente un método de coordinación y funcionamiento democrático, que permita la libre expresión y debate en su seno, respetando el derecho a voz y voto de todos sus componentes bajo el criterio de la unidad de acción.
2. Para construir este nuevo espacio se convoca a un primer encuentro social y popular, el día 25 de abril, de 9 a.m. a 5 p,m, en el edificio de JUPEMA(segundo piso); en el cual se discutirán propuestas para redactar una plataforma de lucha que sea consecuente con los considerandos aquí planteados; este encuentro se regirá por un principio básico, que implica que las y los activistas y las organizaciones que participen de él tendrán un posicionamiento político totalmente independiente de todo patrono, del Gobierno de los patronos, de su Estado, de sus partidos y organismos; así como de los lineamientos de los organismos financieros internacionales. Por ningún motivo se aceptará que se pretenda utilizar este espacio para promover el pacto social o la concertación social entre los sectores en lucha y los sectores que detentan el poder económico y político.
Enviado a SURCOS Digital por Adrián Jaén.
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La Editorial Tecnológica de Costa Rica publicó en diciembre de 2014, un libro con un enfoque que rompe paradigmas agro tecnológico culturales convencionales en Costa Rica: “Agricultura güetar”, del etno agroecológo Gerardo Alfaro S.
Alfaro es investigador con una profunda experiencia de campo en proyectos bajo la metodología de “investigación-acción participativa comunitaria” en poblados indígenas y campesinos del mundo rural costarricense, ejecutados a través de universidades como el Instituto Tecnológico de Costa Rica E.T.E.C., Universidad Estatal a Distancia U.N.E.D. y Fondo de Pequeñas Donaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Costa Rica, P.N.U.D.
Esta obra, derrumba los conceptos y prácticas tecnológicas de la agricultura de suelo monocultivista químico industrial “moderna” en Costa Rica, que va contra las fuerzas de la naturaleza. Por y desde las sabidurías y prácticas etno agroecológicas ancestrales de cientos de abuelos y abuelas güetares de Puriscal y Mora; quienes van narrando a través de sus páginas ilustradas a todo color, en los doce meses del año, sus experiencias exitosas en la producción agrícola, bajo sus técnicas de agricultura solar y a favor de los ciclos de las fuerzas de la naturaleza, las cuales alimentaron de forma sana ecológica y justa por cientos de años a las genaraciones costarricenses hasta la década de los 1960. Después de la Revolución de 1948, se rompió este método y dió paso a los preceptos y prácticas de la Revolución Verde en los campos de Costa Rica, cortando y tirando al tarro de la basura por extensionistas de instituciones de gobierno, escuelas y universidades 2000 años de experiencias eficientes tanto ecológica como productivamente, de estos abuelos y abuelas indígenas y campesinos.
El libro se pueden adquirir ya en todas las librerías del país o solicitarlo al correo electrónico gerardoalfarosolorzano@gmail.com, al módico precio de ¢10 mil colones o por medio de un mensaje de texto al cel 6103 4086.
También se puede solicitar el libro por los mismos medios, en formato PDF por un valor de ¢2 mil colones.
Información enviada a SURCOS Digital por Gerardo Alfaro Solorzano.
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Silvia Ribeiro*
El 5 de marzo de 2015, mujeres del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) y Vía Campesina Brasil protagonizaron la primera liberación comercial de árboles transgénicos en América Latina. Cerca de mil mujeres ocuparon una planta de FuturaGene en Itapetininga, estado de São Paulo, arrancando plántulas de eucaliptos transgénicos de esa empresa, propiedad de la transnacional brasilera Suzano Papel e Celulosa, una de las diez mayores productoras globales de celulosa.
Ese mismo día, 300 mujeres de los movimientos ocuparon las instalaciones de la CNTBio (Comisión Nacional Técnica de Bioseguridad, Brasil), interrumpiendo la reunión que pretendía aprobar la primera plantación comercial de eucaliptos transgénicos, consiguiendo con ambas acciones parar la decisión. El día anterior, se había realizado una jornada internacional de acciones de protesta en Brasil, Estados Unidos y otros países (Ver más datos en Campaña para detener los árboles transgénicos, stopgetrees.org).
La valiente acción de las mujeres del MST y Vía Campesina tiene repercusiones que van más allá de las fronteras de su país, y forman parte de una creciente resistencia mundial contra este nuevo asalto transgénico a la biodiversidad, la alimentación y los territorios campesinos e indígenas.
Como reporta el Movimiento Mundial por los Bosques (wrm.org.uy) hay cientos de parcelas experimentales de árboles transgénicos, pero la gran mayoría está en Estados Unidos, China, Brasil y Canadá. Solamente China ha aprobado la liberación comercial de árboles transgénicos maderables y esta es la primera vez que se plantea su liberación comercial a gran escala en América Latina. Varios países del continente tienen investigación y alguna experimentación en esta área, incluyendo a Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay y México. Según un informe de la Coalición Mundial por los Bosques (globalforestcoalition.org), desde 2007 hay empresas experimentando en campo con eucaliptos y pinos transgénicos en el estado de Guerrero, México, lo cual sería muy grave ambiental y socialmente, pero además ilegal, ya que no existe ninguna solicitud a este respecto en los registros de la Comisión de bioseguridad y organismos genéticamente modificados (Cibiogem) de México, que regula los experimentos en campo.
El MST advirtió que los eucaliptos transgénicos tendrán fuertes impactos negativos sobre los campesinos, la biodiversidad, el agua y la tierra. Al igual que los transgénicos agrícolas, no son para satisfacer ninguna necesidad de la gente, sino que están diseñados solamente para aumentar las ganancias de las empresas.
Los enormes monocultivos de eucaliptos que ya existen en Brasil, han desplazado miles de familias indígenas y campesinas. Esas plantaciones no permiten que nada subsista dentro o alrededor, debido al uso intensivo de agrotóxicos y a la enorme cantidad de agua que absorben para crecer. Las plantaciones de eucaliptos son cortadas para procesar en 6-7 años. Luego vuelven a crecer una o dos veces más, pero en 20 años, solo queda un enorme desierto de tocones estériles, el suelo completamente agotado, envenenado y sin nutrientes y las fuentes de agua de los alrededores desecadas. En varios países, no sólo han desplazado a los campesinos de su tierra, también los vecinos han debido marcharse debido al agotamiento de las fuentes de agua. Dentro de esas plantaciones de eucaliptos no crecen otras especies vegetales ni animales, por lo que los movimientos bien los han llamando “desiertos verdes”.
Los eucaliptos transgénicos de FuturaGene fueron manipulados para crecer en solo 4-5 años, por lo que requieren aún más agrotóxicos y mucha más agua, aumentando dramáticamente la crisis hídrica en las regiones que se plante, donde en muchos lugares, ya es grave. Además, señala el MST, son una amenaza a los apicultores, mayoría campesinos, ya que si su miel se contamina de polen transgénico, no sólo deteriora el consumo, además no podrán exportarla.
La contaminación con el polen de cultivos agrícolas transgénicos ya es un problema serio, pero con los árboles transgénicos, por estar emitiendo polen por décadas, a distancias mucho mayores, la situación se vuelve dramática. Las interacciones de ese polen con especies silvestres o cultivadas, así como sobre la biodiversidad, son imprevisibles por el tiempo y distancia que cubren. Paradójicamente, en lugar de que esto lleve a lo sensato, que sería prohibir los árboles transgénicos por sus consecuencias, éste es precisamente el argumento que usan en Brasil las empresas para presionar por la legalización de otra peligrosa tecnología transgénica: Terminator. Esta es otra tecnología transgénica para hacer plantas suicidas, con semillas que se vuelven estériles al contacto con ciertos químicos. Aunque dicen que es para «controlar» la contaminación con polen de los árboles, lo cierto es que si se permitiera su uso en esta especie, sería una violación de la moratoria internacional contra la tecnología, y abriría la puerta para aplicarla en muchos otros cultivos. Para peor, la actual ministra de agricultura de Brasil, Kátia Abreu, defensora de latifundistas y empresas de agronegocios, fue quien presentó (cuando era diputada) la primer propuesta de ley para legalizar la tecnología Terminator en Brasil, donde actualmente está prohibida en la ley de bioseguridad, siguiendo las recomendaciones de la moratoria internacional del Convenio de Diversidad Biológica de ONU; contra su aplicación.
La acción de las compañeras del MST frenó la decisión de la CNTBio en esta oportunidad, pero la amenaza de los árboles transgénicos sigue pendiente y al igual que ha sucedido con otros transgénicos en Brasil, su aprobación afectará en efecto dominó a muchos otros países.
A pocos días de esta importante acción, comenzó además a circular en redes sociales de Brasil una amenaza de muerte contra João Pedro Stédile, unos de los fundadores y líderes del MST, ofreciendo dinero a quien lo capture “vivo o muerto”, por ser “enemigo de la patria”. La amenaza, al parecer iniciada en la página de un policía de Río Janeiro, fue repudiada por movimientos y organizaciones de todo el mundo, con la exigencia a las autoridades de que se investigue y castigue a los responsables.
En todas partes del mundo, las empresas, medios y autoridades que las encubren, pretenden avanzar impunemente, destrozando la biodiversidad, territorios y medios de sustento de campesinos e indígenas. Por ello es fundamental denunciarlo y mostrar toda nuestra solidaridad contra la criminalización de las resistencias. Sus luchas nos fortalecen a todos.
*Silvia Ribeiro es Investigadora del Grupo ETC
Fuente original ALAI AMLATINA.
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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Más cinco mil campesinos procesados, de ellos 700 son mujeres campesinas en su mayoría por el delito de usurpación de tierra y daños a la propiedad privada, denunciaron las organizaciones campesinas hondureñas.
Las organizaciones campesinas, federaciones, confederaciones de mujeres y jóvenes miembros de la articulación campesina de honduras, (ARCAH-LVC), y representantes de la Plataforma Agraria Regional del Valle de Sula desarrollaron una conferencia de prensa en el marco del día del Campesino Nacional, para denunciar la ola de desalojos violentos que han realizado el ejército y la policía en los últimos meses en el municipio Choloma Cortes y el departamento de la Paz.
Según el informe 11 trabajadores del campo guardan prisión y enfrentan condenas entre los 6 y 18 años de cárcel.
Los detenidos son: son Omar Mejía Gálea, Benancio Palomo Chavarría, Edgardo Hernández detenidos el 10 de Enero 2014 y miembro del Grupo Buena Vista, la brea Comayagua, Héctor David Gáleas López, Nery Antonio Gonzales, Ángel Arnaldo Martínez Márquez, Manuel Nicolás Domínguez, José David Aguilar Gáleas, Jacinto Bardales detenidos el 11 de Octubre 2013, son miembros del Grupo 18 de Abril la Pollera, Quilaperque, La Paz, Osmar Lara miembro del Grupo Campesino Unidos para un Futuro Mejor, Márcala, La Paz y José Isabel Morales (chabelo) detenido 4 de Agosto 2008 Movimiento CREM, Trujillo, Colon.
El movimiento campesino a nivel nacional ha sido objeto en los últimos meses de represión, desalojos violentos y detenciones ilegales por miembros de la policía y el ejército, jueces y fiscales que se prestan para ejecutar desalojos violentos en contra de las familias campesinas que se encuentran en la tierra y favorecer a los terratenientes.
“Condenamos el desalojo que sufrieron esta madrugada los compañeros del grupo campesino Juan Almendares Bonilla, del sector de Planes, Santa María, La Paz, donde se destruyó sus casas y los cultivos de maíz, frijoles y café. Teniendo como resultado compañeros heridos y 15 detenidos entre ellos 9 varones 3 mujeres y 3 niños”, indicaron en un comunicado público.
“Este mismo día a las 3:00 de la mañana unos 200 miembros del ejército de la policía llegaron a la comunidad de Santa María en el departamento de Paz, y desalojaron violetamente a 30 familias miembros de la Empresa Asociativa Campesina Juan Almendares que estaban posicionados en la tierra desde hace más de cuatro años”, añadieron.
En el desalojo destruyeron cultivos, casa en las que habitaban las familias y 15 personas detenidas quienes fueron trasladas a la jefatura de policía de la Paz.
Entre los detenidos se encontraban: a Máximo Carrios, Luis Beltrán Aguilar, José Antonio Vásquez, Edi Benjamín Vásquez, Oscar Martínez, Esteban López, Héctor Emilio López Chicas, Arnold Cruz López Rodríguez. Y de inmediato salieron cinco compañeros con medidas sustitutivas; María Emérita López, Martha Dalila Vásquez, Elvin López (14 años), Jairo Joel López Chicas (15 años) y Jennifer Areli Gáleas.
Finalmente las organizaciones campesinas a nivel nacional demandaron al gobierno de Juan Orlando Hernández el cese a los desalojos violentos, persecución y asesinato en contra de líderes y lideresas campesinas, la aprobación de Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género para la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural, la libertad inmediata para los 16 compañeros campesinos presos en los centros penales de Tamara, Márcala y La Ceiba, Crédito agrícola para las/os pequeños y medianos productores entre otros.
Honduras atraviesa una fuerte crisis agraria y alimentaria debido a que el campo dejo de ser un sector importante para los Gobiernos, pues el sistema Neoliberal definió un plan de desarrollo encaminado a fortalecer la industria de agro exportación, el sistema financiero, la minería, el turismo, la maquila entre otras la agricultura queda en el absoluto abandono.
La falta de voluntad política de los diferentes gobiernos ha provocado graves consecuencias que afectan la soberanía alimentaria de forma severa, al grado que se está importando frijoles etíopes, verduras, arroz y maíz los cuales años atrás eran cultivados por las y los pequeños productores del país, lamentaron diferentes líderes campesinos.
Otro factor que agrava la crisis en el país es el Cambio Climático en el año 2014 los impactos fueron sufridos en la zona sur y otras regiones del país por más de 180 mil familias, que aún se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, porque fueron insuficientes las iniciativas del gobierno para fortalecer la resiliencia de la agricultura familiar ante la sequía, que incluyó bolsas solidarias, importación de frijoles Etíopes y capacitaciones para retención, almacenamiento y limpieza de agua para consumo humano.
En la actualidad el agro hondureño enfrenta una verdadera tragedia humana, la situación en el campo se ha venido agravando cada día por la ausencia de un verdadero marco jurídico el pasado 9 de abril fue presentada al Congreso Nacional un proyecto de Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género para la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural, pero este continua durmiendo en el sueño de los justos.
Mientras el Gobierno importa frijoles etíopes, el ejército y la policía destruyen grandes extensiones de milpa, frijoles, plátano, asimismo la quema y destrucción de las casas donde habitan las familias campesinas dejándolas a la intemperie, condenaron.
Información y foto enviado a SURCOS Digital por Marlin Ávila, tomado de http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/conflicto-agrario-y-minero/m%C3%A1s-de-5000-campesinos-procesados-judicialmente?utm_source=Bolet%C3%ADn+de+Noticias%2C+9+de+marzo+2015&utm_campaign=Boletin+1&utm_medium=email
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Futuro del maíz transgénico está en juego y convocan a movilizarse
La Procuraduría dio la razón a ecologistas
La Sala Constitucional convocó para el jueves 7 agosto a las 9:00am a los accionantes y coadyuvantes a una audiencia sobre la Acción de Inconstitucionalidad (12-017013-0007-CO).Esta acción, interpuesta por ecologistas, campesinos, indígenas y el exdiputado Villalta es contra el reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria y es la que tiene detenida las resoluciones para autorizar transgénicos, incluyendo el polémico maíz transgénico de la trasnacional Monsanto.
En la audiencia, estarán los protransgénicos defendiendo su posición y las instituciones del Estado. Ante un escenario negativo la compañía tendría luz verde para la siembra del maíz transgénico. Por eso, es que los ecologistas y sectores sociales se movilizaran este próximo jueves a los Tribunales de Justicia.
Las organizaciones sociales afirman que para autorizar la liberación de transgénicos, se debe realizar un Estudio de Impacto Ambiental el cual, de acuerdo con la legislación ambiental vigente -que responde al artículo 50 Constitucional y a tratados internacionales-, es necesario para “(…) cualquier actividad que pueda dañar, alterar o modificar la biodiversidad…” (PGR, 2013). Mientras que el Reglamento impugnado no exige tal cumplimiento, situación, que sumada a la gran cantidad de estudios científicos que demuestran el riesgo de la liberación de transgénicos en el ambiente, y a la consecuente posibilidad de que se contaminen otras especies; representa el riesgo de que la biodiversidad se vea afectada negativamente.
Para los ecologistas, si bien el procedimiento seguido por la Comisión Nacional de Bioseguridad – entidad que encargada de recomendar permisos – incluye una Evaluación del Riesgo, ésta es diferente del Estudio de Impacto Ambiental. La primera consiste en determinar las posibilidades de que la liberación de transgénicos afecte la biodiversidad, mientras que la segunda corresponde al efecto que dicha liberación conlleva. De esta manera, es posible afirmar, que el impacto ambiental se da tras concretarse las situaciones de riesgo.
Sobre la omisión del Estudio de Impacto Ambiental, la Procuraduría General de la República (PGR) sostiene que si “(…) el grado de afectación al ambiente es relevante la normativa debe contemplar a esa actividad entre las que deben ser evaluadas desde el punto de vista de su impacto en el ambiente, so pena de incurrir en una inconstitucionalidad.” (PGR, 2013)
Por otra parte, otro de los argumentos de la Acción, creemos que el Reglamento es inconstitucional porque vulnera el derecho de información -establecido en la Constitución Política-. En él se indica que será confidencial la información técnica o científica que se aporte por las personas interesadas para los registros de los transgénicos. Sobre el derecho fundamental vulnerado, la PGR manifiesta: “El derecho de acceso a la información pública o de interés público incluye el acceso a la información administrativa entendido este como el derecho de acceso a la información que se encuentra en las dependencias de la administración pública. Se trata de un derecho subjetivo de los ciudadanos frente al Estado que exige de este no impedir su ejercicio por lo que estamos frente a una libertad pública, la libertad de acceso a la información administrativa.” (PGR, 2013)
La Procuraduría también llega a las mismas conclusiones que ha venido sosteniendo el sector ecologista y que justificaron la presentación de esta Acción de Inconstitucionalidad. La PGR concluye: si se confirma que el Estudio de Impacto Ambiental y la Evaluación del Riesgo no son equivalentes: “la normativa legal y reglamentaria que regula el procedimiento para solicitar y otorgar los permisos de liberación de transgénicos es inconstitucional por omitir una evaluación del impacto ambiental y, con ello, quebrantar lo dispuesto en el artículo 50 constitucional. El artículo 132 de Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria es inconstitucional en la medida en que impone vía reglamentaria una limitación al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública que, además, excede en su contenido las limitaciones a su ejercicio permitidas por el artículo 30 en relación con el 24, ambos de la Constitución Política.” (PGR, 2013)
Para los ecologistas la Sala tiene un criterio muy contundente de la Procuraduría que reafirma lo que venimos sosteniendo: que el reglamento fue hecho a la medida de las trasnacionales y no del interés público ni del ambiente. Por eso esperemos que las presiones e intereses no tuerzan los criterios sostenidos por la Procuraduría y especialistas.
Ver pronunciamiento de la Procuraduría General de la Republica, 2013:http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/asunto_cons/asu_informe_pgr.asp?nValor1=1¶m5=12-017013-0007-CO¶mInf=1
Información enviada a SURCOS por Fabián Pacheco y presidencia de FECON.
Jornada busca lograr el entendimiento de la configuración de luchas de resistencia
La Universidad de Costa Rica de forma abierta y gratuita, junto con el apoyo de Kioscos Socio Ambientales y la Alianza Biodiversidad invitan a la Jornada de Reflexión » 20 años Biodiversidad Sustento y Culturas”, la cual se llevará a cabo a partir del 4 y hasta el 9 de agosto del 2014.
Tras veinte años de publicar “Biodiversidad, Sustento y Culturas”, surge la necesidad de revisar lo ocurrido en el transcurso de este tiempo, para así lograr el entendimiento de los ataques de las corporaciones hacia las comunidades y la configuración de las luchas de resistencia y visibilidad de los pueblos originarios y las agrupaciones campesinas. Dichos embates desfilan el proceso de privatización y acaparamiento de tierra, agua, semillas y bienes comunes, el surgimiento de los transgénicos, la arremetida contra los territorios y los pueblos.
Es por esta razón que se extiende la invitación a dos espacios para entender en colectivo los agravios que sufren los pueblos de América Latina y sus formas de resistencia desde las vivencias, desde las organizaciones que componen la Alianza Biodiversidad:
1- Foro: «Luchas hermanas de una América Latina»:
Lugar: Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de dicha la UCR a las 5 p.m.
2- Presentación de materiales de la Alianza Biodiversidad: «Atisbos de veinte años de lucha»:
Lugar: Mini auditorio 290 de la Escuela de Biología/Universidad de Costa Rica
5:00 PM
La revista es un espacio integrado por organizaciones diversas como REDES Amigos de La Tierra Uruguay, GRAIN, Grupo Semillas de Colombia, Sobrevivencia Amigos de La Tierra Paraguay, Acción por la Biodiversidad Argentina, Acción Ecológica Ecuador, Centro Ecológico Brasil, Movimiento de Pequeños Agricultores Brasil, Grupo ETC, Campaña Semillas de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo CLOC- Vía Campesina y Red de Coordinación en Biodiversidad Costa Rica.
Para descargar sus 80 ejemplares, puede acceder:
http://www.grain.org/es/article/categories/91-biodiversidad
Informes al 8760-9800 o al correo electrónico: revista(a)redbiodiversidadcr.info
Información enviada a SURCOS porRevista Biodiversidad Sustento y Culturas.
• ¡Exigimos la suspensión de todo proceso penal en contra de las familias campesinas que trabajan la tierra en Finca el Aguacate!
• En el banquillo de los acusados deben estar los terratenientes, sus socios del PLN, PUSC y ML en Liberia, así como los responsables de la Fuerza Pública por los abusos de autoridad.
Hechos:
Antecedentes:
• En el conflicto de Finca el Aguacate hay un choque de intereses. Por un lado, tenemos a grandes propietarios que se apropian de tierra, evaden impuestos y movilizan el aparato judicial y armado del Estado a su favor. Por otro, las familias campesinas que ante la incontenible crisis social de la provincia (falta de empleo, hacinamiento, concentración en la posesión de tierras, el modelo de desarrollo del megaturismo, etc.) ha decidido dar una función social a las tierras ociosas de la comunidad.
• El fallecido terrateniente Adolfo Baltodano Estrada (Cala) tiene únicamente 69 hectáreas inscritas y su familia quiere apoderarse indebidamente de más de 700 hectáreas en Finca El Aguacate de Curubandé que nosotros mantenemos en posesión, ante el abandono en que estuvo por más de cuarenta años de improductividad.
• Con este desalojo de enero 2014, ya se contabilizan 5 acciones policiales contra las familias de Barrio Guadalupe de Liberia desde mediados del año 2012.
• La Presidenta de la República tiene un proceso abierto en el Ministerio Público por el decreto del Poder Ejecutivo número 37263-MSP con el que autorizó un desalojo en Finca el Aguacate que se realizó en septiembre del 2012 antes de su publicación oficial en la Gaceta. Dicho proceso está ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción con el Expediente # 12-002192-0396-PE.
• Hace un año, el 11 de enero, el OIJ agredió fuertemente a campesinos del MRA como a Hidelgardo Espinoza Gómez. Ante este hecho se presentó denuncia contra Guillermo Fonseca, sub-director del OIJ en la región.
• La lucha por la tierra en varias comunidades de Costa Rica nos señala la necesidad de una REFORMA AGRARIA RADICAL y la urgencia de SOBERANÍA y AUTONOMÍA ALIMENTARIA, así como un respeto a los TERRITORIOS INDÍGENAS.
• Los más de 50 detenidos en el último desalojo del pasado martes 7 de enero del 2014, estarán siendo objeto de acusaciones para la aplicación del el artículo 140 del código Procesal Penal que ha consistido en la medida cautelar que impide el ingreso a la Finca el Aguacate de las y los imputados.
• En lo político es evidente el apoyo que brinda la Presidenta de la República, como también en la Asamblea Legislativa los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) hacen causa común con el terrateniente Baltodano Estrada quien es primo de la Diputada Liberacionista María Ocampo Baltodano; quien a la vez es terrateniente y esposa del ex diputado Luis Román y madre del regidor municipal de Liberia Eugenio Román Ocampo acaparadores de grandes extensiones de tierra en Playa Cabuyal el Golfo de papagayo y que la Municipalidad de Liberia reclama como suyas.
Proponemos:
1. Emplazar a las diferentes fuerzas políticas que aspiran a llegar a Zapote y Cuesta de Moras en estas elecciones a pronunciarse sobre los brutales desalojos y la judicialización de familias campesinas pobres. ¿Reivindica Johnny Araya las acciones de su gobierno del PLN? ¿Qué opina el FA que cuestiona a “los mismos de siempre”? Existen en esta campaña un “siniestro silencio” los graves problemas que se afrontan en las zonas rurales. No se habla del desempleo en el campo, a la quiebra que han venido haciendo los Gobiernos de la Unidad Social Cristiana y el Partido Liberación Nacional del sector productivo agrícola, ahogando en la pobreza a miles de trabajadores del campo. ¿Qué opinan ante la propuesta de una Reforma Agraria como palanca de justicia para el pueblo en el campo?
2. Llamar a la comunidad nacional, asociaciones comunales, campesinas, de trabajadores, estudiantiles y a toda la población en general a repudiar las agresiones contra las familias campesinas de Barrio Guadalupe de Liberia. Proponemos como base la “CARTA de Solidaridad” que adjuntamos la cual puede ser firmada por cualquier organización solidaria. Dicha carta implica la colaboración de estas organizaciones a la publicación y el envío de copia a Sala IV, Casa Presidencial y al Movimiento de la Reforma Agraria.
3. Organizar una campaña para la RECUPERACIÓN de la Finca el Aguacate. Por ejemplo, un primer paso sería la conformación de un Comité de Amigos de la Lucha Campesina para coordinar esfuerzos con otras organizaciones y hacer un frente común en el plano político, legal y de solidaridad.
Responsabilizamos a la Presidencia, a sus Ministros y a los magistrados de la Sala Constitucional por los desalojos y agresiones contra las 300 personas que ocupan y trabajan la Finca.
A continuación indicamos los faxes y correos electrónicos a los que se deben dirigir los pronunciamientos y comunicados de solidaridad para exigir se detengan las agresiones y se resuelvan los recursos.
INSTANCIA Teléfonos FAX CORREO
Sala IV 2295-3696; 2295-3797; 2295-3798; 2295-3700 2295-3712 vcantillo@poder-judicial.go.cr
Casa Presidencial 2207-9100 2253-9078 mfernandez@casapres.go.cr
Movimiento de la Reforma Agraria 8921-46-86 2665-5364
www.facebook.com/MovimientoReformaAgraria/
¡Tierra para quien la trabaja! ¡Ni un desalojo más!
Enviado SURCOS por Movimiento de la Reforma Agraria.
La densidad de población en el campo mozambiqueño es grande. Crédito: Unión Nacional de Campesinos de Mozambique.
El campesino Rodolfo Razão obtuvo en 2010 el Derecho de Uso y Aprovechamiento de la Tierra (Duart) para 10 hectáreas, pero no puede cultivar más que siete. El resto lo ocupó una compañía sudafricana que produce soja, maíz y frijoles en unas 10.000 hectáreas en el noreste de Mozambique.
De nada sirvió quejarse a las autoridades del distrito de Monapo, donde vive, en la provincia de Nampula. A sus 78 años, no puede esperar mucho más.
Brígida Mohamad, viuda de 50 años, sufre por uno de sus siete hijos, cuya tierra también fue invadida por una empresa. “Mi hijo no tiene donde sembrar, no estamos vendiendo nuestras ‘machambas’” (granjas), protestó al recibir IPS en Nacololo, una localidad de Monapo en la que ha vivido siempre.
Estos son algunos ejemplos que explican el miedo con el que los campesinos imaginan el Programa de Cooperación Tripartita para el Desarrollo Agrícola de la Sabana Tropical en Mozambique, conocido como ProSavana, apoyado por las agencias de cooperación de Brasil (ABC) y de Japón (JICA).
Inspirado en la tecnología de agricultura tropical desarrollada en Brasil, ProSavana pretende aumentar la producción en el Corredor de Nacala, un área de 14,5 millones de hectáreas en el centro y norte de Mozambique, con un potencial agrícola similar al del Cerrado, la sabana brasileña.
De los 4,5 millones de habitantes de esta zona, 80 por ciento viven en la zona rural, una densidad muy grande comparada con la de Brasil y otros países, que ya despoblaron el campo modernizando la agricultura.
Pero en ciertos lugares del Corredor de Nacala se puede recorrer dos kilómetros sin ver una casa, ante la dispersión y el aislamiento de las familias que practican agricultura de subsistencia en terrenos que tienen en promedio 1,5 hectáreas.
La mandioca es la base de la alimentación aquí. También se cultiva maíz, calabaza, girasol y batata para el autoconsumo, y algodón, tabaco y acajú para la venta.
La perspectiva de convertir este Corredor en granero del país, incluso para la exportación facilitada por el puerto de Nacala, deberá intensificar los conflictos por la tierra, al atraer empresas volcadas a la producción en gran escala y alta productividad, en extensas haciendas que desplazan poblaciones tradicionales.
La llegada de esos grandes inversionistas es una desgracia, lamentó Mohamad, rechazando cambios que no se deben solo a ProSavana, pero que pueden acelerarse por su influencia.
Los campesinos no perderán sus tierras, el objetivo principal del programa es apoyar a los agricultores que ya están en el Corredor y mejorar sus técnicas productivas, aseguró a IPS el coordinador mozambiqueño de ProSavana, Calisto Bias.
Pero las comunidades locales sufrirán una ruptura en su modo de vida, porque los inversionistas traerán nuevas relaciones, de empleados y patrones, y los monocultivos jaquearán el hábito de “producir un poco de todo para su propia alimentación”, prevé Sheila Rafi, oficial de Recursos Naturales de la organización no gubernamental Livaningo.
Generar empleos por medio de inversiones y cadenas de valor constituye una de las “misiones” de ProSavana. Otra es modernizar y diversificar la agricultura con miras a aumentar la productividad y la producción, según el sitio web creado por el Ministerio de Agricultura.
Pero la amenaza más temida es la “usurpación” de tierras. Muchos buscan protegerlas tratando de conseguir el título del Duart, pero este no asegura nada, según los testimonios recogidos.
La ley mozambiqueña establece que toda la tierra es propiedad del Estado y no puede venderse o servir de fianza. Las personas físicas o jurídicas pueden solicitar el Duart al gobierno por un plazo de hasta 50 años.
Cerca de 250 campesinos de Nacololo se juntaron el 11 de diciembre frente a la residencia del jefe de puesto local, para exigir explicaciones sobre una alegada usurpación de cerca de 600 hectáreas por la empresa sudafricana Suni.
El distrito de Malema, a 232 kilómetros de la ciudad de Nampula, también vive días turbulentos. Allí operan grandes compañías agrícolas como la japonesa Nitori, algodonera que logró la concesión de unas 20.000 hectáreas, donde viven algunas familias que serán reasentadas.
Otra es Agromoz (Agribusiness de Moçambique SA), sociedad de capitales brasileños, mozambiqueños y portugueses, que produce soja en 10.000 hectáreas.
La falta de informaciones oficiales agrava las incertidumbres. “Solo escuchamos que hay un programa llamado ProSavana por los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, el gobierno aún no nos informó nada”, sostuvo Razão.
“No estamos en contra del desarrollo, pero queremos políticas que beneficien a los campesinos y que nos expliquen que lo que es ProSavana”, machacó Costa Estevão, presidente del Núcleo Provincial de Campesinos de Nampula.
El acuerdo triangular, de aparente complementariedad entre el mercado importador japonés, los conocimientos brasileños y las tierras de Mozambique, iniciado en 2011, ya reveló su fertilidad para las controversias.
Organizaciones sociales de los tres países se movilizaron para rechazar o reorientar ProSavana. Brasil quiere “exportar un modelo en conflicto”, según Fátima Mello, directora de relaciones internacionales de la organización brasileña FASE y activa participante de la Conferencia Triangular de los Pueblos frente al ProSavana, que tuvo lugar en Maputo en agosto.
Millones de campesinos sin tierra, un intenso éxodo rural, cruentas disputas de tierra, deforestación y consumo de agrotóxicos sin precedentes fueron el resultado de ese modelo que prioriza el agronegocio, el monocultivo para exportación y las grandes empresas, destacan los activistas, defendiendo la agricultura familiar como factor de seguridad alimentaria.
Un componente importante de ese modelo es el Programa de Cooperación Nipo-Brasileño para el Desarrollo de los Cerrados, iniciado en 1978 en el centro de Brasil y que ahora sirve de inspiración a ProSavana.
La tecnología que se transferirá a los agricultores del Corredor de Nacala proviene de Brasil. La Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria está capacitando a técnicos y gestores del Instituto de Investigación Agraria de Mozambique, en lo que constituye el primer proyecto de ProSavana, de 2011 a 2016.
Los demás componentes del programa, el plan director que evalúa las áreas y cultivos con buenas potencialidades en el Corredor y el Proyecto de Extensión y Modelos, también cuentan con participación brasileña decisiva.
Falta “un debate público profundo, amplio, transparente y democrático” con la sociedad, además de la evaluación del impacto ambiental exigida legalmente, protestaron 23 organizaciones y movimientos sociales mozambiqueños, apoyados por 42 entes internacionales, en una carta abierta a los gobernantes de Brasil, Japón y Mozambique, firmada en Maputo el 23 de mayo.
Los firmantes reclaman la suspensión inmediata de las acciones, la apertura de un diálogo oficial con todos los sectores sociales, la prioridad a la agricultura campesina y agroecológica y una política de soberanía alimentaria.
Todos los recursos destinados a ProSavana deben transferirse a la “definición y elaboración de un Plan Nacional de Apoyo a la Agricultura Familiar Sustentable”, concluyen.
Enviado a SURCOS por IPS – Metas del Milenio.aa