La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó una audiencia pública los días 22 y 23 de marzo sobre el caso Gabriel Sales Pimenta vs Brasil. La audiencia comenzó a las 11:00 am de Brasilia y fue transmitida en vivo por las redes sociales de la Corte Interamericana.
Gabriel Sales Pimenta nació en Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, en noviembre de 1954. Hijo de Geraldo y Maria da Glória, tenía seis hermanos: Sérgio, Zé, Marcos, Rafael, André y Daniel. A lo largo de su vida estudiantil estuvo muy involucrado en los procesos políticos donde mostró mucho interés por los desafíos que planteaba el derecho a la tierra en el país. Se graduó en Derecho en la Universidad Federal de Juiz de Fora (UFJF) y luego trabajó en la defensa de los derechos de los trabajadores rurales en el estado de Pará donde fue asesinado el 18 de julio de 1982, luego de recibir varias amenazas.
Los sospechosos de ser autores intelectuales y materiales del asesinato fueron identificados, pero nunca llevados al juicio. El proceso terminó con la prescripción de los principales imputados 24 años después del crimen, fruto de la indulgencia y connivencia del Estado, que incumplió su deber de garantizar el acceso a la justicia.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Comisión Pastoral da Tierra (CPT) denunciaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2006 y, recientemente, el caso llegó a la Corte.
Aunque han pasado casi 40 años desde el asesinato de Gabriel, su caso ilustra un patrón de violaciones cometidas por el Estado brasileño contra los defensores de los derechos humanos, especialmente los que trabajan por el derecho de acceso a la tierra y al medio ambiente.
Según datos de la CPT, de 1980 a 2020, 115 defensores de derechos humanos fueron asesinados en el estado de Pará. De ese total, sólo 26 de ellos tuvieron sus causas concluidas y sólo algunos de los responsables de los crímenes fueron juzgados.
La impunidad de estos crímenes alimenta la violencia en el campo y la persecución contra las personas defensoras que luchan por la justicia, la igualdad y la democracia. Brasil es el tercer país del mundo con mayor tasa de homicidios de defensores de derechos humanos según la organización Front Line Defenders y hasta la fecha no existe en el país un mecanismo efectivo para la prevención y protección de estas personas, ni datos oficiales sobre su ocurrencia.
El caso de Gabriel permite a la Corte Interamericana analizar el deber agravado del Estado brasileño de investigar, juzgar y, eventualmente, condenar a los responsables de crímenes contra defensores de derechos humanos en Brasil, así como la necesidad de adoptar medidas de debida diligencia en la persecución de estos delitos.
Asimismo, se discutió la falta de adopción por parte del Estado de medidas efectivas para atacar las causas estructurales de esta violencia, como es el derecho a la tierra. Igualmente, el caso garantizará el derecho a la verdad sobre lo sucedido a Gabriel y la responsabilidad del Estado por la denegación de justicia.
De ser condenado, se espera que la Corte Interamericana determine que el Estado brasileño debe adoptar medidas tales como fortalecer el programa de protección de defensores de derechos humanos y establecer protocolos para la actuación diligente en estos casos, con el fin de prevenir estos crímenes y que casos como el de Gabriel Pimenta no se vuelvan a repetir.
“Justicia Digna” es el nombre de una historia gráfica sobre la mexicana Digna Ochoa y Plácido. Ochoa fue una abogada y defensora de derechos humanos mexicana, denunciando violaciones efectuadas por las fuerzas armadas mexicanas y por otras autoridades.
El cómic busca contar su historia y la incansable lucha que su familia ha emprendido para la búsqueda de justicia, ya que por su labor recibió amenazas y agresiones sin que ninguno de estos hechos fuera adecuadamente investigados, y el 19 de octubre de 2001 fue asesinada.
A 20 años de estos hechos, su caso permanece en la impunidad. Sin embargo, su legado sigue vivo y su labor como defensora ha sido ampliamente reconocida.
El trabajo fue elaborado por el artista gráfico costarricense Olman Bolaños, con la asesoría de CEJIL y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, y el acompañamiento de la familia Ochoa y Plácido.
Puede leer en línea el cómic “Justicia Digna” o descargarlo en este enlace. Puede visitar la página web para conocer más del caso en Caso de Digna Ochoa.
Información compartida con SURCOS por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos amplió las medidas de protección a territorios indígenas. En esa ocasión las medidas protegen la comunidad de Santa Fe del territorio indígena miskitu Wanki Li Aubra, así como a las personas que hayan tenido que abandonar esta comunidad y deseen regresar.
Se determinó que las personas de la Comunidad de Santa Fe se encuentran en una situación de riesgo en la que han enfrentado amenazas, resultando en secuestros, asesinatos, agresiones sexuales, amenazas, incendios de viviendas, robos, emboscadas y ataques a pobladores, y desplazamiento forzado. Así como la falta de actuación y protección por parte de las autoridades nicaragüenses.
El Tribunal Interamericano reconoció que el riesgo que enfrenta la comunidad “deriva del contexto de violencia presentado en la región Costa Caribe Norte de Nicaragua y la conflictividad existente con terceros o “colonos” en el marco de la reivindicación de los territorios ancestrales del pueblo indígena miskitu, así como los procesos de saneamiento que tienen lugar en dicha zona”.
Frente a estos hechos, la Corte IDH ordenó al Estado:
1) adoptar las medidas suficientes y necesarias, a fin de proteger la vida e integridad personal de los integrantes de la Comunidad de Santa Fe, así como garantizar su participación en la implementación de las medidas;
2) informar a la Corte sobre la implementación de estas medidas cada tres meses, contados a partir del envío de su último informe.
Para leer la resolución completa puede hacer click aquí
Información compartida a SURCOS por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional le invita a conocer la página web en el que encontrará testimonios, sobre acciones que se han ejecutado para garantizar los derechos humanos de personas migrantes, asegurar la tierra para los grupos indígenas y garantizar la justicia en América.
Por 30 años estre Centro ha trabajado para reducir la desigualdad, la discriminación y la violencia que atraviesa América mediante la democracia y protegiendo y promoviendo los derechos humanos, con el fin luchar contra la impunidad desenfrenada de la región.
También, se hace una invitación para realizar donaciones personales y compartir la publicaciones de CEJIL en redes sociales para que más personas puedan conocer y apoyar la causa. Gracias a esas donaciones, CEJIL ha logrado litigar más de 220 casos, ha hecho justicia a más 27.000 personas víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y ha impulsado políticas públicas que han cambiado la vida de más de 6 millones de personas.
Le invitamos a navegar y conocer más de estos esfuerzos dando click al siguiente enlace:
Las Américas, 7 de julio de 2021-Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL, organización internacional que ha acompañado la Causa Berta Cáceres de la mano del COPINH, las familias y organizaciones de la sociedad civil, nos sumamos al reconocimiento del fallo condenatorio contra David Castillo, como un paso contundente hacia la justicia por el asesinato de la lideresa lenca, Berta Cáceres y una esperanza en la lucha contra la impunidad en Honduras.
El proceso realizado contra Castillo por la coautoría del asesinato sienta un precedente contundente: se devela la existencia de estructuras de poder que buscan mantener en la impunidad este y otros casos de graves violaciones a derechos humanos contra personas defensoras, pueblos y comunidades enteras. Esta victoria colectiva es un paso más en la obtención de verdad y justicia, pero la lucha sigue por el reconocimiento de todas las personas culpables involucradas en el feminicidio de Berta Cáceres; nos mantendremos vigilantes.
Reconocemos la lucha incansable del COPINH y la familia de Berta Cáceres por confrontar las adversidades en este camino hacia la justicia, en un contexto violento y riesgoso para la defensa por los derechos humanos. Gracias por colectivizar este proceso que representa también esperanza para quienes se niegan a sucumbir a la corrupción y al olvido.
Reafirmamos nuestro compromiso de acompañarles en este andar por la digna búsqueda de justicia para Berta y para los pueblos. Sabemos que aún queda mucho camino por andar.
Con y por ustedes, seguimos; por las mujeres defensoras, por el pueblo lenca y por la sociedad hondureña. Hay esperanza, otro mundo es posible.
Imagen cabecera tomada de es.wikipedia.org Compartido con SURCOS por CEJIL.
San José, 08 de abril de 2021.- Esta semana dio inicio el juicio oral y público contra Roberto David Castillo, ex gerente general de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), acusado por su responsabilidad como co autor del asesinato de la lideresa lenca Berta Cáceres Flores el 02 de marzo de 2016. El día de ayer, en el segundo día del proceso, la defensa de David Castillo presentó ante la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una recusación contra el Tribunal que lleva el juicio. Aunque el proceso fue suspendido a raíz de ello, la Corte deberá resolver en los próximos días y el juicio deberá reanudarse.
Ante este proceso, desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), como representantes de la familia de Berta Cáceres y las comunidades organizadas del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares de Honduras (COPINH) en el marco del proceso de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llamamos al Estado de Honduras a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la familia de Berta Cáceres y el COPINH.
Este llamado se vuelve urgente ante la agudización de los ataques perpetrados en contra del COPINH en los últimos años, y, en particular, tras el incidente enfrentado por las hijas de Berta Cáceres y un integrante del COPINH el pasado 03 de abril, fecha en que fueron detenidas ilegal y arbitrariamente por al menos 10 agentes de la policía nacional civil por alrededor de 3 horas. Preocupa que estos hechos constituyan un intento de intimidación en su contra pocos días antes del inicio del juicio oral y público.
Recordamos que la familia de Berta Cáceres y las comunidades del COPINH cuentan con medidas de protección otorgadas por la CIDH desde 2016 y reconocemos que estos hechos demuestran que la situación de riesgo a la que continúan expuestas sigue siendo extremadamente grave, por lo que el Estado de Honduras tiene la obligación de tomar todas las medidas para garantizar su protección, en particular, ante los riesgos agravados que podría implicar el proceso de juicio oral y público contra David Castillo.
En el marco de este juicio, desde CEJIL llamamos también al Estado hondureño a cumplir con todos los estándares del debido proceso y garantizar verdad y justicia para la familia de Berta Cáceres, el COPINH, las comunidades lencas y la sociedad hondureña.
Reconocemos que la recusación presentada ayer se suma a cuatro anteriores y representa una acción más dentro de una serie de medidas dilatorias por parte de la defensa que, a cinco años del crimen, representan un obstáculo más en el acceso a la justicia. Denunciamos también la exclusión de Laura Zúniga, hija de Berta Cáceres, y de personas y organizaciones nacionales e internacionales de observación en la sala de audiencia el primer día del juicio.
Ante ello, hacemos un llamado para que el proceso avance sin más dilaciones y demandamos al Estado de Honduras a cumplir con los principios de publicidad y transparencia, aspectos esenciales para ejercer el control y vigilancia sobre las actuaciones de las autoridades; garantizar que las acciones judiciales se desarrollen de manera independiente e imparcial; y asegurar que se dé un proceso legal justo.
Asimismo, desde CEJIL esperamos que este juicio sea un paso contundente para avanzar hacia la investigación, juicio y sanción de todos los autores intelectuales responsables por el asesinato de la lideresa lenca. Recordamos que a 5 años de los hechos tan solo autores materiales e intermedios han sido procesados, y reconocemos, como lo ha hecho la CIDH, que “la justicia para las víctimas será efectiva e integral cuando se judicialice y responsabilice a todos los autores materiales e intelectuales del crimen”.
El caso de Berta Cáceres continúa representando la grave situación de violencia e impunidad que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos y el territorio al ejercer su labor en Honduras y toda la región Latinoamericana, así como los intereses detrás de los proyectos extractivos y su rol en las amenazas, criminalización y agresiones perpetradas contra quienes defienden el territorio.
Avanzar hacia la justicia integral en este caso resulta vital para debilitar la impunidad estructural que impera en Honduras; evitar que hechos como los enfrentados por Berta Cáceres se repitan; y garantizar que las personas defensoras de derechos humanos, la tierra y el territorio, puedan ejercer su labor de forma segura.
Desde CEJIL continuaremos observando el proceso contra David Castillo y acompañando a la familia de la lideresa lenca, al COPINH y a las comunidades en su camino por justicia para Berta Cáceres, que es también justicia para las defensoras, para los pueblos y para la sociedad en su conjunto.
San José, 28 de octubre de 2020.- En un contexto en que las políticas anti migrantes se profundizan, al tiempo que la pandemia por COVID-19 y las respuestas estatales agravan los riesgos que enfrentan las personas en contextos de movilidad humana, crear redes y compartir herramientas es vital para encontrar nuevas rutas para la defensa y promoción de los derechos humanos.
Desde el Centro por la Justicia y el Derecho internacional (CEJIL) creemos en la construcción colectiva de estrategias que, desde el litigio, la incidencia, la comunicación, el arte y otras disciplinas, nos permitan resistir a los continuos embates que enfrenta nuestra región. Por ello, lanzamos nuestra nueva página web: cejilmovilidadenmesoamerica.org, un espacio para visibilizar la situación de movilidad humana en Centroamérica y México, así como el trabajo de las organizaciones que defienden derechos de las personas migrantes, desplazadas y refugiadas.
Para presentar esta plataforma, te invitamos el próximo miércoles 04 de noviembre a las 14hrs Centroamérica y México al evento “Movilidad humana en Mesoamérica: retos y resistencias”, un espacio para conversar sobre la situación de movilidad en la región desde la resistencia y el arte, y exponer las distintas herramientas que organizaciones de la región, periodistas, estudiantes, y, en general, personas interesadas en la defensa de derechos de la población en movilidad podrán encontrar en el sitio web.
Conoce nuestro programa:
14:00-14:30: Bienvenida y presentación de la página web de Movilidad Humana en Mesoamérica 14:30-15:15: Coloquio: Retos y resistencias entorno a la movilidad humana en Mesoamérica 15:15-15:45: Acto cultural: México y Centroamérica resisten desde el arte
Este evento es abierto al público y será transmitido mediante Zoom y Facebook Live. Acompáñanos a construir rutas para la defensa de derechos humanos que cambien realidades, inscríbete al evento aquí: https://bit.ly/3obMJoh
Este informe independiente recoge las denuncias de pueblos, comunidades, organizaciones y personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas respecto de la creciente violencia perpetrada por parte de colonos; con la complacencia de empresas trasnacionales y el Estado nicaragüense. El texto también expone a empresas extranjeras mineras de oro, actores nacionales e internacionales de la industria maderera y ganadera, así como a destacados funcionarios nicaragüenses detrás de esta violencia.
Frente a estas agresiones, ampliamente documentadas por organizaciones de derechos humanos y retomadas por el informe, el Estado de Nicaragua ha fallado en garantizar la vida e integridad de los pueblos indígenas, al que tiempo las violaciones continúan impunes. En su lugar, el Gobierno sigue promoviendo actividades extractivas en territorios indígenas y la situación de riesgo se agrava.
Como representantes de las comunidades indígenas miskitu ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) te invitamos a la presentación del informe “Nicaragua: Una Revolución Fallida: La Lucha Indígena Por El Saneamiento”, cuya versión en inglés ya ha generado millones de impresiones en los medios, incluida cobertura por parte del New York Times, Guardian, Le Monde, Washington Post, ABC News, MongaBay, entre otros.
Acompáñanos el jueves 20 de agosto de 10:00am a 11:30am hora Centroamérica en un webinario en español para presentar los hallazgos del informe y discutir acerca de las formas de apoyar la lucha de los pueblos indígenas por el saneamiento.
Panelistas:
Anuradha Mittal, autora del informe y Directora Ejecutiva de Oakland Institute
Lottie Cunningham, fundadora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN)
Claudia Paz y Paz, directora del programa de México y Centroamérica del Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL)
Moderadora: Sofía Espinal, oficial de comunicación en CEJIL para el programa de México y Centroamérica
Las comunidades indígenas en las regiones autónomas de la Costa Caribe enfrentan una situación de violencia agravada, como lo demuestran los recientes ataques contra las comunidades Alal, Wasakin y el pueblo Miskitu. • Desde enero de 2020, diez personas de las comunidades Mayangna y Miskitu en la Región Autónoma de la Costa del Caribe Norte (RACCN) han muerto en invasiones territoriales, lo que eleva a 46 el número total de asesinatos registrados desde el 2011. Decenas de personas han sido heridas, secuestradas, desaparecidas y miles han sido desplazadas debido a las invasiones de tierras. • El gobierno de Nicaragua ha puesto millones de hectáreas a disposición de la explotación minera, la industria maderera y la ganadería, atrayendo a empresas transnacionales y llevando a miles de colonos a regiones autónomas en detrimento de las vidas y los medios de vida de los pueblos indígenas. • Si bien las leyes del país establecen la autonomía de las comunidades indígenas en la gestión de sus tierras y recursos naturales, estos derechos se niegan sistemáticamente mediante el despojo. • Personas funcionarias participan en ventas ilegales de tierras y en la represión policial auspiciada por el Estado en contra de las comunidades que resisten el despojo. —
El Instituto Oakland es un grupo independiente de personas expertas que aporta nuevas ideas y acciones audaces a los problemas sociales, económicos y ambientales más urgentes de nuestro tiempo.
CEJUDHCAN es una organización no gubernamental, sin fines de lucro que brinda programas educativos, apoyo legal y asistencia práctica a los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en la costa caribeña de Nicaragua.
CEJIL es una organización regional que promueve y defiende los derechos humanos en las Américas ante los sistemas internacionales de protección, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entre los diferentes litigios que ha llevado a cabo se encuentran las medidas de protección en nombre de 12 comunidades miskitu y dos personas defensoras de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
San José, 11 de agosto de 2020.- La pandemia por COVID-19 ha profundizado las desigualdades con respecto a la garantía del derecho al agua en América Latina y el mundo. En este contexto, el acceso al agua resulta aún más indispensable en tanto las directrices de la OMS urgen el lavado de manos para limitar el contagio y propagación del virus, medida que resulta imposible en algunas comunidades sin acceso al agua en cantidades suficientes como para cubrir las necesidades básicas de consumo e higiene.
Al tiempo que comunidades enfrentan el desabastecimiento del agua, pueblos indígenas y comunidades campesinas continúan ejerciendo su labor de defensa del agua y recursos naturales ante la instalación de proyectos extractivos en sus territorios. Ante ello, personas defensoras continúan siento amenazadas, estigmatizadas y criminalizadas.
Aunque el reconocimiento al derecho al agua se consolida cada vez más en el ámbito internacional desde su primera definición hace casi 20 años y se ha reconocido el vínculo indispensable entre agua y la garantía de muchos otros derechos, incluyendo la vida, la salud, la alimentación, entre otros, este proceso de paulatina consolidación no ha estado necesariamente acompañado en la misma intensidad por ejercicios de rendición de cuentas y este derecho continúa amenazado.
Así, resulta indispensable definir con mayor precisión el alcance de su protección; y los deberes de prevención y respuesta de los Estados, así como visibilizar las luchas de los pueblos y comunidades que continúan resistiendo al extractivisimo y el desabastecimiento y exigen la garantía de su derecho al agua.
Frente a este contexto, desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Mujeres MODATIMA (Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente) te invitamos el próximo jueves 13 de agosto de 10:00am a 4:00pm (hora Centroamérica) a una jornada virtual para conversar sobre las luchas, alcances y retos para garantizar el derecho al agua en América Latina.
Conoce nuestros bloques de conversación (hora Centroamérica):
10:00-11:00am: Estándares internacionales sobre el derecho al agua, ¿dónde estamos y qué falta?
Ponentes:
María Noel Leoni – Directora de CEJIL para el Cono Sur y Bolivia
Manuela Royo – Abogada, académica e integrante del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente
Modera: Liliana Caballero – Oficial de incidencia de CEJIL para Centroamérica y México
11:30-12:30am: Relatos desde la ruralidad: entrevista sobre la situación en Guapinol, Honduras; y Petorca, Chile
Ponentes:
Lorena Donaire – Fundadora y vocera de Mujeres Modatima, Petorca y Co Fundadora de Mujeres en Resistencia (Chile)
Juana Zúniga – Defensora del río Guapinol e integrante del Comité Municipal de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (Honduras)
Modera: Sofía Espinal – Oficial de comunicación de CEJIL para Centroamérica y México
2:00-3:30pm: La resistencia de pueblos originarios en Mesoamérica: foro sobre la lucha de los pueblos Mixe y Maya en México, el pueblo Lenca en Honduras y el pueblo Ngäbe en Panamá
Ponentes:
Yásnaya Elena Aguilar – Pueblo mixe, Oaxaca, México
Pedro Uc Be – Pueblo maya, Yucatán, México
Dunia Sánchez – Pueblo lenca, comunidad de Río Blanco, Honduras
Weni Bagama – Pueblo Ngäbe, Comarca Ngäbe-Buglé, Panamá
Modera: Guillermo Rodríguez – Oficial de incidencia de CEJIL para Centroamérica y México
3:30-4:00pm: Clausura: reivindicar la lucha por aguas libres a través de la poesía
Presentan: • Yásnaya Elena Aguilar – Pueblo mixe, Oaxaca, México • Pedro Uc Be – Pueblo maya, Yucatán, México
San José, 11 de junio de 2020.- Las medidas de prevención ante la pandemia del COVID-19 implementadas por el Estado de Costa Rica han sido en general acertadas, evitando así o retrasando en su caso el contagio comunitario de la enfermedad. Sin embargo, es primordial que las decisiones y medidas de prevención tomadas se basen en el respeto a los derechos humanos de todas las personas, incluyendo a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio, sin discriminación alguna.
Desde el Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (CENDEROS), el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, el Colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) celebramos las declaraciones del pasado 8 de junio, del señor canciller de la República de Costa Rica, Rodolfo Solano, quien de manera muy vehemente llamó a eliminar las expresiones xenofóbicas contra la población nicaragüense debido a la crisis sanitaria. Ese mensaje directo y enérgico debe calar en todo el accionar institucional de país. Además, pone de manifiesto que Costa Rica cuenta con las condiciones y la disposición para elevar la voz con más contundencia en foros internacionales, con el fin de exigir acciones decididas y urgentes en contra del régimen orteguista que sigue afectando de manera criminal e impune al pueblo nicaragüense. Es de vital importancia para toda la región centroamericana, que se reconozca a Daniel Ortega Saavedra como responsable directo de la propagación descontrolada de la pandemia en Nicaragua; la ausencia de medidas e información consistente y veraz para toda la población; y la precariedad y amenazas con la que opera el sistema público de salud del hermano país.
A pesar de celebrar las declaraciones del señor Canciller, las organizaciones que monitoreamos las vulnerabilidades, desafíos y afectaciones que enfrenta la población nicaragüense migrante, refugiada y solicitante de refugio en Costa Rica mostramos nuestra preocupación ante las acciones y medidas adoptadas en los últimos días, principalmente en la zona norte, que han generado expresiones de discriminación contra la población nicaragüense. Así se observa en las disposiciones del Área de Salud Los Chiles, que entre otras orienta: “Todo paciente indocumentado, se deberá de realizar llamada inmediata al 911 para el despacho de unidad de migración y fuerza pública. NO se debe atender hasta tanto estos no se apersonen al EBAIS.” Posteriormente expone: “Se tamizan solamente a personas costarricenses, residentes con documentación probatoria de su estado en Costa Rica de lo contrario NO se realiza tamizaje por COVID-19…” y continúa indicando “…Se deberá de atender el paciente siguiendo las más rigurosas acciones de auto cuidado esto por cuanto TODO paciente indocumentado no costarricense en la actualidad se debe de considerar positivo por COVID hasta que no se demuestre lo contrario” (negrilla propio).
Lamentamos que estas directrices, en sí mismas discriminatorias, sean un retroceso en materia de derechos humanos, ya que legitiman los abusos de autoridad e incentivan la xenofobia entre la población costarricense, lo cual a su vez exacerba en el imaginario social ideas de que las personas nicaragüenses están propagando el virus y resulta en expresiones de discriminación y amenazas proferidas por funcionarias y funcionarios públicos, periodistas y población general que, por prejuicios y desconocimiento, expresan en medios de comunicación y redes sociales. Preocupa, además, que negar el acceso a la población migrante a servicios de salud resulte en agravados riesgos de contagio, no solo para estas personas, sino también para el resto de la población costarricense.
Como ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “Todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos”.
En este sentido, las organizaciones firmantes instamos al Estado de Costa Rica a promover los derechos humanos de la población nicaragüense migrante, refugiada y solicitantes de refugio, así como brindar atención médica sin discriminación, cumpliendo la circular N° GG-0733-2020, emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social, que garantiza la atención a todas las personas que presenten algún síntoma de la enfermedad, incluyendo a las personas migrantes.
Llamamos a las autoridades costarricenses a tener la mejor disposición individual y colectiva en el abordaje de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio, y les solicitamos mantener un compromiso responsable y oportuno en cada una de las instituciones estatales, evitando la exclusión social y la estigmatización a la población nicaragüense. Asimismo, recomendamos al Estado evitar la aplicación de medidas lesivas a los derechos humanos, como el abuso de autoridad y las suspensiones a las libertades fundamentales, y en cambio promover y garantizar la vigencia de los derechos humanos de todas las personas en el país.
Finalmente, exhortamos al Estado a cumplir con las recomendaciones establecidas en la Resolución 1-20 de la CIDH sobre “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, la cual fija estándares internacionales basados “en [que] la atención y contención de la pandemia deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos”. Entre otros, recomienda:
Evitar el empleo de estrategias de detención migratoria y otras medidas que aumenten los riesgos de contaminación y propagación de la enfermedad generada por el COVID-19 y la vulnerabilidad de las personas en situación de movilidad como deportaciones o expulsiones colectivas, o cualquier forma de devolución que sea ejecutada sin la debida coordinación y verificación de las condiciones sanitarias correspondientes, garantizando las condiciones para que estas personas y sus familias puedan salvaguardar su derecho a la salud sin ninguna discriminación.
Abstenerse de implementar medidas que puedan obstaculizar, intimidar y desestimular el acceso de las personas en situación de movilidad humana a los programas, servicios y políticas de respuesta y atención ante la pandemia del COVID-19, tales como acciones de control migratorio o represión en las cercanías de hospitales o albergues, así como el intercambio de información de servicios médico hospitalarios con autoridades migratorias con carácter represivo.
Garantizar el derecho de regreso y la migración de retorno a los Estados y territorios de origen o nacionalidad, a través de acciones de cooperación, intercambio de información y apoyo logístico entre los Estados correspondientes, con atención a los protocolos sanitarios requeridos y considerando de manera particular el derecho de las personas apátridas de retornar a los países de residencia habitual, y garantizando el principio de respeto a la unidad familiar.
Implementar medidas para prevenir y combatir la xenofobia y la estigmatización de las personas en situación de movilidad humana en el marco de la pandemia, impulsando acciones de sensibilización a través de campañas y otros instrumentos de comunicación y elaborando protocolos y procedimientos específicos de protección y atención dirigidos a niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados, en especial, proveyendo los mecanismos específicos de asistencia a aquellas personas que se encuentran separadas o sin compañía.
Incluir expresamente las poblaciones en situación de movilidad humana en las políticas y acciones de recuperación económica que se hagan necesarias en todos los momentos de la crisis generada por la pandemia.
