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Etiqueta: CEJIL

Caso Molina Theissen: Guatemala debe garantizar justicia a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos

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Las Américas, 6 de febrero de 2025. Las organizaciones internacionales firmantes advertimos sobre el daño irreparable al acceso a la justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el Conflicto Armado Interno, que podría producirse de anularse la sentencia condenatoria contra cuatro altos mandos militares implicados en el Caso Molina Theissen, cuyos hechos datan de 1981.

El 23 de mayo de 2018 el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo C condenó a Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, Manuel Antonio Callejas Callejas y Manuel Benedicto Lucas García por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen y por delitos contra los deberes de humanidad en perjuicio de Emma Guadalupe Molina Theissen. Por este delito también se condenó a Francisco Luis Gordillo Martínez. El tribunal también encontró responsables a los exmilitares por la violación agravada en perjuicio de Emma Guadalupe Molina Theissen. Por ende, los señores Zaldaña Rojas, Callejas Callejas y Lucas García cumplen con una pena de 58 años de prisión, y el señor Gordillo Martínez de 33 años de prisión.

Este fallo representó un avance en el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Molina Theissen en 2004 que condenó al Estado de Guatemala por la desaparición forzada del niño Marco Antonio y le ordenó investigar los hechos con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales. La condena de estos altos rangos militares representó un hito en la justicia transicional guatemalteca.

Sin embargo, los cuatro condenados no han cesado de presentar recursos legales maliciosos para quedar en libertad y lograr impunidad. Además, sus representantes legales y allegados han mantenido una campaña de desinformación, acoso y criminalización en contra de la familia Molina Theissen.

El jueves 6 de febrero se desarrollará una audiencia ante la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, para resolver los recursos de apelación especial contra la sentencia. De proceder los recursos, los procesos realizados y las sentencias corren el riesgo de ser anuladas, y los perpetradores verían garantizada su impunidad. 

Advertimos que, en un contexto de debilitamiento de la institucionalidad democrática y cooptación del sistema de justicia, el riesgo de retrocesos para las víctimas y familiares que siguen exigiendo justicia, verdad, reparación y no repetición, es cada vez más alarmante en Guatemala. El Estado se arriesga además al desacato de la sentencia de la Corte Interamericana.

Reiteramos nuestra solidaridad con la familia Molina Theissen, ejemplo de dignidad y resistencia en su demanda de verdad, justicia y no repetición.  Así mismo, hacemos un llamado al Estado de Guatemala para que cumpla las sentencias y resoluciones internacionales y ratifique la condena contra los cuatro militares responsables de los crímenes que se cometieron contra la familia Molina Theissen.

FIRMAN

Impunity Watch

Washington Office on Latin America -WOLA

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL

Guatemala Human Rights Commission -GHRC 

Due Process of Law Foundation – DPLF

Robert F Kennedy Human Rights

Latin America Working Group – LAWG

Organizaciones internacionales piden a Corte Suprema de Justicia responder solicitud de Amparo de José Rubén Zamora para mantener su libertad – Guatemala

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Las Américas. 13 de enero de 2025 – Las organizaciones firmantes vemos con preocupación la falta de respuesta por parte de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, al amparo presentado por la defensa del destacado periodista José Rubén Zamora del 15 de noviembre de 2024, para evitar su regreso a la prisión.

En una audiencia programada para el lunes 13 de enero por la mañana, el Tribunal Noveno de Sentencia Penal dará cumplimiento a la resolución de la Sala Segunda para revocar las medidas sustitutivas. Es urgente que la Corte Suprema de Justicia resuelva la solicitud de amparo de manera inmediata para garantizar su libertad, seguridad y sus derechos humanos.

El Sr. Zamora estuvo detenido 813 días por presuntos delitos financieros, desde julio de 2022, hasta que fue excarcelado bajo la medida sustitutiva de arresto domiciliario el 18 de octubre de 2024. Al mes siguiente, un tribunal de apelación guatemalteco revocó las medidas sustitutivas de uno de los casos y ordenó que el Sr. Zamora volviera a la cárcel; este lunes se daría cumplimiento a esta orden.

Su detención ha sido considerada arbitraria y una violación del derecho internacional por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU (GTDA) y un amplio número de estados a nivel global. Según el análisis del GTDA y numerosas organizaciones internacionales, el proceso en su contra se ha caracterizado por múltiples violaciones de sus derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo.

El equipo de defensa del Sr. Zamora presentó una solicitud de amparo en noviembre de 2024; hasta la fecha, la CSJ aún no ha respondido. Si la CSJ no concede el amparo antes de la audiencia del día 13 de enero el Sr. Zamora podría reingresar a un centro de privación de libertad ese mismo día.

Además de las repetidas violaciones de sus derechos observadas a lo largo de este proceso judicial, también nos preocupan las repercusiones en su salud, bienestar y seguridad física en caso de revocarse sus medidas y reingresar a prisión preventiva.

El Sr. Zamora sufrió impactos negativos en su salud durante los más de 800 días de detención arbitraria. La preocupación por su seguridad es especialmente urgente tras la reciente muerte por heridas de bala de una persona privada de libertad en la prisión de Mariscal Zavala, ocurrido el sábado 4 de enero. Este es el centro donde el Sr. Zamora estuvo recluido durante su detención arbitraria, y donde se infiere que regresaría de revocarse sus medidas.

Es sumamente alarmante que el Sr. Zamora pueda encontrarse otra vez en condiciones de detención arbitraria. Él ha honrado en todo momento las condiciones de las medidas sustitutivas, demostrando que no se justifican las causales para determinar la prisión preventiva.

Instamos a la Corte Suprema de Justicia a resolver la solicitud de amparo sin más demora, poner fin a la detención arbitraria y garantizar el respeto de la presunción de inocencia del periodista Zamora.

Hacemos un llamado al Estado Guatemalteco a que garantice los derechos del Sr. Zamora y asegure que cualquier otro proceso legal contra el mismo se lleve a cabo con celeridad y de conformidad con el derecho internacional.

También instamos al Estado de Guatemala a garantizar la salud, seguridad física e integridad del Sr. Zamora y cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y obligaciones legales.

Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que continúe monitoreando la situación de derechos humanos, de la justicia y del Estado de derecho en Guatemala y brinde apoyo a los periodistas independientes y defensores de derechos humanos.

FIRMAN
Cyrus R. Vance Center for International Justice
Center for Justice and International Law (CEJIL)
Luis Von Ahn Foundation
Due Process of Law Foundation (DPLF)
American Jewish World Service
Impunity Watch
Washington Office on Latin America (WOLA)
Latin America Working Group
Be Just
Guatemala Human Rights Commission
Robert F. Kennedy Human Rights
Article 19
Protection International
Fundación por la Justicia
Lawyers Without Borders

Guatemala: preocupan retrocesos en justicia transicional

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Las organizaciones internacionales firmantes alertamos sobre el grave retroceso que enfrentan los procesos de justicia transicional, a raíz de los recientes cambios que realizó la fiscal general Consuelo Porras en la Fiscalía de Derechos Humanos, así como las recientes resoluciones de las Salas de Apelaciones que buscan garantizar impunidad para los responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno.

El 5 de noviembre, la recientemente electa Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo anuló de manera arbitraria todo el proceso judicial del caso Creompaz,  uno de los casos más grandes de desaparición forzada de Guatemala, ordenando la libertad inmediata de todos los militares implicados en el caso.  Entre ellos, Manuel Benedicto Lucas García, antiguo jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, acusado de genocidio en contra de la población Maya Ixil durante el gobierno de su hermano, Fernando Romeo Lucas García (1978-1982).

El 28 de noviembre, después de 9 meses de juicio en el Caso Genocidio contra Lucas García, la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo aceptó la recusación del Tribunal de Sentencia Penal presentada por la defensa, ordenando que el caso sea conocido por el Tribunal de Mayor Riesgo B. Esto detiene el juicio en su fase final, impidiendo la emisión de la sentencia y anulando años de avance en dicho proceso.

El 4 de noviembre, la fiscal general ya había destituido al fiscal encargado durante años del caso Genocidio, Erick de León. Recordamos que la justicia guatemalteca determinó en dos ocasiones que el ejército implementó una política estatal de genocidio durante el gobierno sucesor de Lucas García, dirigido por Efraín Ríos Montt.

La fiscal general prácticamente desmanteló la Fiscalía de Derechos Humanos, con la destitución de 3 fiscales y el traslado de 11 auxiliares y agentes fiscales que investigaban casos del conflicto armado. Además, nombró como titular de dicha fiscalía a Noé Nehemías Rivera Vásquez, quien es una de las personas incluidas en la Lista Engel, y ha sido el principal impulsor de la criminalización de la exfiscal Virginia Laparra, así como de otras personas defensoras de derechos humanos.  Preocupa que la fiscalía general profundice la estrategia de criminalización en contra de personas operadoras de justicia que han estado a cargo de dichos procesos, abogados, abogadas y personas defensoras.

Estas decisiones no solamente ponen en riesgo el derecho de las víctimas a la justicia, sino que debilitan el Estado de Derecho y la democracia en el país.

Por ello recordamos al Estado de Guatemala, la urgencia de cumplir de forma inmediata con sus obligaciones internacionales, particularmente las ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación al deber de investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de graves violaciones de derechos humanos. Además, hacemos un llamado al Estado para que cumpla las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), particularmente la que se refiere a realizar un examen independiente sobre la labor del Ministerio Público y que cese el uso indebido del derecho penal para criminalizar.

FIRMAN

American Friends Service Committee (AFSC)
American Jewish World Service (AJWS)
Be Just
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Due Process of Law Foundation (DPLF)
Fundación Luis von Ahn
Guatemala Human Rights Commission/USA (GHRC)
Impunity Watch
Latin American Working Group (LAWG)
Robert F. Kennedy Human Rights
Washington Office on Latin America (WOLA)

“Una herida en el sur”: el documental que revela los impactos del «Tren Maya» en la península de Yucatán

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Mérida, Yucatán, México, 17 de octubre de 2024.- El viernes 18 de octubre, Kanan Derechos Humanos, Pata de Perro Films y el Centro por la Justicia el Derecho Internacional (CEJIL) lanzaron “Una herida en el Sur”, un documental que narra los impactos vinculados a la instalación del megaproyecto “Tren Maya” en los Estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. 

Desde las voces de biólogos, ecologistas, personas ejidatarias, personas defensoras de la tierra y activistas, “Una herida en el Sur” aborda las profundas transformaciones de la Península de Yucatán ante la priorización de políticas de extractivismo, turismo desmedido y militarización. 

En el documental, las organizaciones denuncian que la construcción del mal llamado “Tren Maya” ha estado plagada de arbitrariedades, incluyendo la falta de medidas ambientales adecuadas para su instalación; opacidad sobre sus impactos y beneficios; y la falta de una consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas acorde a los estándares internacionales. Con su llegada, también se ha incrementado la militarización en la región, pues es el ejército quien construye gran parte de los tramos del tren y administra todo el proyecto. 

De acuerdo con las organizaciones, aunque el Estado plantea el megaproyecto como solo un tren, en realidad es una iniciativa a largo plazo para reordenar la zona y potenciar la llegada de proyectos que han dañado el territorio, como las industrias de turismo masivo, inmobiliarias, de manufactura y agroindustrial. 

En la región donde se desarrolla el proyecto, es alarmantemente habitual el despojo de tierras de propiedad colectiva, por parte de gobiernos y empresarios para establecer proyectos agroindustriales, turísticos, inmobiliarios y energéticos. Además, según la investigación desarrollada para la producción del documental, la situación actual de despojo y extractivismo en la península ha desencadenado una explotación masiva de maderas preciosas, uso desmedido de plaguicidas y descargas de aguas residuales, causando una preocupante transformación en los suelos. Todo ello ha resultado en una devastadora deforestación y una irreparable pérdida de la biodiversidad, afectando gravemente el equilibrio ecológico de la región. 

El audiovisual denuncia cómo el deterioro y el despojo de los territorios están teniendo consecuencias devastadoras para las comunidades. Desde el abandono del campo y la ruptura de la espiritualidad, hasta la pérdida de los territorios y la identidad maya. Las comunidades enfrentan una realidad marcada por la criminalización, amenazas y un clima creciente de violencia. 

Para las organizaciones, “Una herida en el Sur” es una historia cuyo protagonista no es el Tren mal llamado “Maya”, sino la transformación de un territorio vivo: la península de Yucatán. Este audiovisual es un registro de los múltiples, profundos y violentos impactos de las políticas de despojo y la instalación de megaproyectos extractivos en el Sur de México. Es, también, la historia de resistencia de quienes desafían el racismo, el saqueo, la militarización y el olvido y, en cambio, apuestan por los bosques, por las aguas y por la vida. 

El documental se presentará en Mérida este viernes 18 de octubre y también estará disponible en canales digitales para uso libre a partir de esa fecha. 

Lanzan investigación sobre criminalización a mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras

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29 de septiembre de 2024.- La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) acaban de lanzar el capítulo dedicado a Honduras de la investigación “Perseguidas por defender y resistir. Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras, Nicaragua y México”. Esta es la segunda de tres publicaciones que reflejan los resultados de un trabajo de investigación sobre la criminalización a mujeres que defienden derechos humanos en Mesoamérica, un fenómeno constante y cada vez más creciente en la región.

La defensa de derechos humanos en Honduras: un escenario propicio para la criminalización

Entre 2017 y 2022, el Registro mesoamericano de agresiones a defensoras de la IM-Defensoras documentó un total de 284 agresiones que de forma individual, colectiva o hacia organizaciones o grupos, criminalizan el actuar de las defensoras de derechos humanos. De éstas, 102 fueron detenciones arbitrarias y 182 se relacionaron con el inicio de causas o procesos penales o administrativos.

Entre las causas estructurales de la efervescencia de la criminalización en Honduras, la investigación identifica el Golpe de estado de 2009 como un punto de inflexión en la deriva autoritaria, conservadora y extractivista del país. A partir de 2009 se multiplicaron los proyectos extractivistas, se aprobaron leyes para privatizar servicios públicos, bienes naturales y territorios ancestrales y comunitarios; se llevaron a cabo reformas de las leyes penales para facilitar la criminalización; se profundizó en la militarización, la corrupción y la cooptación del sistema de justicia por parte de intereses empresariales y familias de terratenientes. El fraude electoral de 2017 fue otro momento clave, generando una oleada de represión y criminalización y consolidando una narco-dictadura con ex-presidentes, como Juan Orlando Hernández, que han sido extraditados a Estados Unidos y condenados a prisión por delitos graves vinculados al narcotráfico. En este contexto, defensoras de la tierra y el territorio, especialmente indígenas y garífunas vinculadas al COPINH y la OFRANEH; integrantes del movimiento estudiantil y defensoras de los derechos de las mujeres han sido las que han sufrido más el impacto de la criminalización.

Misoginia y racismo como componentes fundamentales de la criminalización

La investigación se llevó a cabo a través de entrevistas y grupos focales con defensoras criminalizadas y con abogadas con experiencia en estos casos, las cuales en muchas ocasiones también acaban siendo criminalizadas. Las defensoras entrevistadas identificaron como principales causas de la criminalización el avance del neoliberalismo, el desarrollo capitalista voraz, la corrupción, autoritarismo y conservadurismos de los gobiernos de sus países, así como las violencias estructurales racistas y misóginas que siguen imperando en la región. Por ello, uno de los objetivos de este estudio es comprender desde una perspectiva interseccional los patrones e impactos específicos y diferenciados que, por su condición de género, la criminalización tiene sobre los cuerpos, las vidas, las luchas y los entornos comunitarios y familiares de las defensoras.

Construida desde la colaboración y participación de las defensoras y redes de defensoras de derechos humanos de Honduras, México y Nicaragua, la investigación también refleja cómo, pese a todo, las defensoras siguen resistiendo y persistiendo en sus luchas.

México: A 10 años de la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa, nos siguen faltando 43 

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Las Américas, 27 de septiembre de 2024. Ha transcurrido una década desde la detención y desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, un centro de formación de docentes ubicado en Ayotzinapa, Tixla, estado de Guerrero, México. A lo largo de estos 10 años no ha habido justicia y los avances han sido posibles por la lucha inclaudicable de los padres y madres.

La investigación de la desaparición de estos jóvenes, un gravísimo caso de violencia estatal en México, en un primer momento fue dolosamente desviada para encubrir a los responsables. A pesar de las solicitudes de los padres y madres, de sus representantes y de las autoridades fiscales, no ha sido posible el acceso pleno a información militar indispensable para esclarecer los hechos y determinar el paradero de los jóvenes. Al respecto, en agosto de 2023 el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Ayotzinapa fue claro en señalar que el ejército mexicano contó con información sobre la detención y desaparición de los estudiantes y a pesar de esto, decidió no actuar. Los expertos señalaron también la persistencia de mentiras y engaños para encubrir a los responsables y tergiversar la verdad de lo sucedido.

En este aniversario CEJIL se une a las voces que reconocen el inmenso coraje y valentía de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos que no han cesado en su búsqueda de justicia y en su clamor por recuperar a sus hijos. Con ellas y ellos, nuestra solidaridad.

De igual manera, expresemos nuestro reconocimiento a las organizaciones que acompañan a las familias en esta lucha: el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, Serapaz y el Centro de Análisis e Investigación Fundar. Estas organizaciones han sufrido acoso e intentos de desprestigio por su labor de defensa de los derechos humanos.

La desaparición forzada es un crimen que no cesa hasta en tanto no aparezcan las personas o se esclarezca su paradero. Pero, sobre todo, es una herida que no se cierra, una espera que no termina, un dolor que no encuentra alivio. Por eso, en este 10 aniversario, retomamos las demandas de familiares y organizaciones:

A las autoridades encargadas de impartir justicia, exigimos el pleno esclarecimiento de los hechos, así como la identificación, juicio y en su caso sanción, de todos los responsables, tanto en la esfera civil como militar. En este proceso es indispensable asegurar investigaciones independientes y rigurosas.

A las autoridades militares, demandamos la entrega de todos los archivos en su poder relacionados con este caso, pues está claro que tienen información que puede agilizar las investigaciones.

Y a quienes asumen el nuevo gobierno, le solicitamos vehemente que tomen las medidas necesarias para restablecer la confianza de las familias y las organizaciones que las representan, especialmente garantizar la independencia de las investigaciones para que la verdad prevalezca en este caso. Es indispensable en el proceso que se reconozca y respete la legitimidad de la defensa de los Derechos Humanos y cesen los ataques a las organizaciones.

Finalmente, reiteramos la exigencia de que se determine el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos. Les faltan a sus familias, le faltan a México, nos faltan a toda la humanidad.

Yakye Axa: la Corte IDH realizó una visita de supervisión de cumplimiento de sentencia

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  • A casi 20 años de la sentencia, la comunidad aún no cuenta con acceso al agua potable, a la salud y a una educación y alimentos de calidad.

  • En la audiencia privada que se llevó a cabo tras la visita se expresaron las principales preocupaciones y reclamos de la comunidad.

Asunción, Paraguay, 20 de septiembre de 2024. – Una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) encabezada por su vicepresidente Rodrigo Mudrovitsch, visitó Paraguay para realizar una inspección en relación con las medidas de reparación del caso de la comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay. También participaron integrantes del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y de Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco paraguayo, organizaciones que actúan como representantes convencionales ante la Corte Interamericana, así como también una comitiva de más de 70 personas de distintos organismos del Estado quienes están a cargo de la ejecución de las medidas de reparación. Esta es la segunda vez que la Corte recorre el terreno de la comunidad desde que emitió su sentencia en el 2005.

En comparación a la primera visita realizada en 2017, se han visto algunos progresos en el cumplimiento de las medidas de reparación dictadas, sin embargo, aún queda mucho por hacer. A pesar del avance significativo en la construcción del camino, el mismo todavía presenta varios problemas, como la falta de mantenimiento de los primeros 10 kilómetros, de una correcta señalización, guardarraíl y de luminarias, haciéndolo peligroso para transitar. Asimismo, el camino no se encuentra asfaltado, por lo que el paso de vehículos y las condiciones climáticas pueden generar daños que requiere de un mantenimiento continuo.

Por otro lado, la comunidad no tiene garantizados bienes y servicios básicos como lo son el acceso a la salud, a la educación, a alimentos de calidad y al agua potable, generando obstáculos para su subsistencia. La comunidad no cuenta con independencia hídrica, por lo que depende del agua que proporciona el estado, la cual no es suficiente para toda la comunidad. Por este motivo se ven en la necesidad de recolectar agua de lluvia en tajamares que no tienen las medidas de salubridad correctas. Sobre las viviendas, se avanzó en su construcción, pero las mismas fueron realizadas con materiales de baja calidad y presentan fisuras en las paredes y goteras en el techo. Además, las construcciones fueron realizadas sin letrinas y bañaderos. Al mismo tiempo, el suministro de alimentos en cantidad, variedad y calidad suficientes sigue sin ser garantizado.

Con respecto al acceso a la salud y la educación, la construcción del consultorio médico todavía no se terminó y tampoco se conoce con qué equipo contará. Por otro lado, con relación a la educación, han pasado cinco años desde que la comunidad se encuentra en sus tierras y sin embargo el aula móvil que utilizaban continúa a un costado de la ruta. Los dos salones donde actualmente se dan clase fueron erigidos con un fondo de emergencia educativa facilitado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y no cuentan con baños disponibles para los 64 niños y niñas de la comunidad que asisten a clases.

Por último, destacamos que las obras para otorgar electricidad a la comunidad se encuentran paralizadas. A pesar de que las columnas ya fueron instaladas, aún no se ha colocado el cableado o los transformadores necesarios, por lo que la comunidad no cuenta con servicio eléctrico que llegue a todas las viviendas.

Tras la visita, se llevó a cabo una audiencia privada en la que se resaltó la falta de avances en la titulación de las tierras a nombre de la comunidad y en la adopción de medidas legislativas y de otra índole para garantizar el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas.

Durante esta visita en terreno y durante la audiencia, el vicepresidente y la Secretaría de la Corte tuvieron la oportunidad de escuchar directamente a los líderes de la comunidad Yakye Axa, escuchar sus reclamos y ver las condiciones en las que se encuentran. Esperamos que tras esta nueva visita finalmente el Estado adopte todas las medidas necesarias para dar cumplimiento total a la sentencia.

Antecedentes del caso

La comunidad, conformada por más de 300 personas del Pueblo Enxet, está ubicada en el Departamento de Presidente Hayes. Debido a la expansión de la agricultura y ganadería, una gran extensión de sus tierras fue vendidas por parte del Estado paraguayo, sin su consentimiento, obligando a la comunidad a desplazarse y perder el acceso a sus recursos naturales tradicionales. En 1993, la comunidad comenzó los trámites para la reivindicación de las tierras que consideran como su hábitat tradicional. Sin embargo, estos intentos no tuvieron resultados positivos.

El caso Yakye Axa fue litigado por el CEJIL y la organización Tierraviva, las cuales lograron obtener una sentencia en 2005. La Corte condenó al Estado paraguayo por la violación de los derechos a la propiedad colectiva de sus tierras, a la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial y ordenó una serie de medidas de reparación, entre ellas, la devolución de las tierras a la comunidad. Sin embargo, a casi 20 años de la sentencia, el Estado paraguayo aún no ha cumplido con la totalidad de estas medidas, demostrando una demora significativa en la atención estatal.

Presentación de informe preliminar sobre elección de Altas Cortes en Guatemala

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Panel de Personas Expertas Independientes presenta informe preliminar

Compartimos la invitación del Panel de Personas Expertas Independientes que observa la elección de Altas Cortes en Guatemala (PEI-GT), para acompañarles en la presentación de su informe preliminar: «Comisiones de postulación: Balance y decisiones clave».

Fecha: miércoles 11 de septiembre de 2024
Hora: 12:00 pm (Guatemala) / 2:00 pm (Washington DC)

Panelistas:

  • Ana Lorena Delgadillo
  • Sidney Blanco
  • Antonia Urrejola

Transmisión en vivo: YouTube @DPLF.info

Para conocer más sobre el PEI-GT, puede visitar el enlace. http://panelaltascortesgt.org/

Día Mundial del Medio Ambiente – CEJIL

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La crisis climática que atraviesa nuestro planeta y sus enormes consecuencias son una realidad innegable que afecta de forma desproporcionada a las comunidades más vulnerables del planeta. Las inundaciones en Río Grande do Sul (Brasil), los incendios forestales en Corrientes (Argentina) y la intensificación de eventos climáticos extremos en el Corredor Seco de Centroamérica (que atraviesa Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala) son ejemplos claros de cómo el cambio climático nos desafía.

Desde CEJIL, hemos estado impulsando iniciativas para abordar la crisis climática global desde una perspectiva de derechos humanos. En este Día Mundial del Ambiente, queremos compartir contigo nuestra contribución durante las audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos.

¡Gracias por acompañarnos!

En enero de 2023, los gobiernos de Chile y de Colombia enviaron una solicitud de opinión consultiva a la Corte IDH con el propósito de aclarar el alcance de las obligaciones estatales, en su dimensión individual y colectiva, para responder a la emergencia climática en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. En abril de este año, en Barbados comenzaron las audiencias públicas, las cuales concluyeron a fines de mayo en las ciudades de Brasilia y Manaos (Brasil). Durante estas audiencias la Corte escuchó a cientos de organizaciones, activistas, comunidades indígenas, personas expertas y de la academia y jóvenes de todo el mundo sobre el impacto de la crisis climática.

Durante las audiencias se trataron temas desde las políticas para mitigar los efectos causados por la emergencia climática, las obligaciones de los Estados para enfrentar la crisis, los impactos diferenciales en distintas poblaciones como niños, niñas y adolescentes, mujeres y comunidades indígenas y el trabajo de personas defensoras del medio ambiente y los riesgos a los que se enfrentan en su trabajo. En estos días de trabajo, la Corte pudo escuchar los testimonios de activistas jóvenes como Francisco Vera, de Colombia e integrantes de la Red Latinoamericana y Caribeña de Niñas, Niños y Adolescentes (REDNNyAs) y el Movimiento Latinoamericano de niñas, niños y adolescentes trabajadores, así como también las experiencias de integrantes de comunidades indígenas como Patricia Gualinga, lideresa indígena kichwa, de Ecuador y Darío Mejía Montalvo, integrante y ex presidente del Foro Permanente de Asuntos Indígenas de la ONU, entre muchos otros.

El Máximo Tribunal regional de derechos humanos escuchó a más de 170 organizaciones, expertos y expertas, comunidades afectadas y activistas sobre el impacto de la emergencia climática.

Desde CEJIL, fue una de nuestras prioridades colaborar en la diversificación de voces, opiniones y conocimientos. Es por eso que a lo largo de este proceso trabajamos con más de 1500 personas, entre científicos, niños, niñas y adolescentes, integrantes de comunidades indígenas y personas defensoras de derechos humanos. Este trabajo derivó en la creación de cinco escritos que presentamos ante la Corte y en el apoyo a diversas presentaciones realizadas por otros expertos y expertas en la materia.

En estos escritos nos centramos en las obligaciones estatales derivadas de los deberes de prevención y garantía en derechos humanos frente a la emergencia climática; el derecho al acceso a la información y las obligaciones sobre producción activa de información y transparencia; las obligaciones diferenciales de los Estados con respecto a los derechos de las niñas, niños y las nuevas generaciones; las obligaciones convencionales de protección y prevención a las personas defensoras del medio ambiente y del territorio; y las obligaciones estatales emergentes de los procedimientos de consulta y acceso a la justicia frente a la emergencia climática. “Desde CEJIL, llevamos adelante una iniciativa amplia para poder hacer y apoyar la participación de voces de una diversidad de organizaciones y personas expertas de la región, celebramos este poderoso espacio de escucha que brindó la Corte en Barbados y Brasil”, indicó Florencia Reggiardo de CEJIL.

La CorteIDH es el único tribunal regional de derechos humanos que recibe una solicitud de opinión consultiva sobre emergencia climática. Su respuesta podría una guía a los Estados de la región para el desarrollo de políticas y programas a nivel local, nacional e internacional en concordancia con los compromisos asumidos bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos y ambientales.

Histórico triunfo para las personas defensoras de derechos humanos

Escrito en . Publicado en Derechos.

CEJIL

Queremos compartir una excelente noticia para nuestra región. 

El mes pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia histórica en el caso Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (CAJAR) vs. Colombia en la cual por primera vez reconoció el derecho a defender derechos humanos y condenó al Estado colombiano por la vigilancia ilegal, amenazas y hostigamiento de los integrantes de CAJAR durante las últimas 3 décadas. Esta es la primera sentencia en la cual los integrantes de una organización de personas defensoras, que recurrentemente defiende a víctimas ante la Corte IDH, son reconocidos como víctimas directas. Desde CEJIL, acompañamos a CAJAR hace más de 30 años en su búsqueda de justicia. 

-Décadas de amenazas y hostigamiento

CAJAR es una organización de personas defensoras de Derechos Humanos que nació en Colombia en 1980. En la actualidad, acompaña casi 500 casos a nivel nacional e internacional, con el objetivo de esclarecer graves violaciones a los derechos humanos y garantizar la sanción de los responsables. Por más de 30 años, los y las integrantes del Colectivo han vivido actos de estigmatización, hostigamiento, amenazas, agresiones y acciones de inteligencia ilegal con la intención de impedir su trabajo contra la impunidad en Colombia, lo que incluso ha llevado al exilio de algunos integrantes. No sólo integrantes de CAJAR sufrieron estas amenazas, sino también sus familiares, incluidos hijos e hijas menores de edad. En Colombia, cada año más de 100 personas son asesinadas por defender derechos.

«Recibimos esta decisión de la Corte con gran satisfacción. Creemos que es un paso en la dignificación de los y las integrantes de CAJAR y de sus familias. Han sido décadas de persecución y esta sentencia tiene un elemento de reparación importante».

 -Impacto de la sentencia  

El 18 de marzo, en un acto público llevado a cabo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá (Colombia), CAJAR y CEJIL recibieron la sentencia acompañadas de familiares, representantes de la comunidad de derechos humanos colombiana, académicos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y periodistas, entre otras. Esta sentencia crea avances muy importantes para la defensa de derechos humanos en la región ya que por primera vez: se condena a un Estado por la violación al derecho a defender derechos como un derecho autónomo, lo que CEJIL ha impulsado en diversos procesos ante el SIDH, y que podría ayudar a avanzar en la protección tanto en Colombia como en la región en el ejercicio de este derecho. Ello debido a que reconoce que la violación del derecho a defender derechos humanos genera afectaciones distintas y adicionales a aquellas relacionadas con la violación de otros derechos; la Corte introduce el concepto de “derecho a la autodeterminación informativa”, que refiere al derecho de acceso y control sobre la información personal frente a actividades de vigilancia e inteligencia estatal contra personas defensoras. 

Además, la decisión señala  los vacíos y obstáculos existentes en la normativa colombiana sobre inteligencia y acceso a la información, y con ello, las consecuencias e impacto que ha tenido no contar con toda la información generada y recolectada respecto de las y los integrantes del Colectivo y sus familiares. La sentencia también reconoce la particular afectación que experimentaron las mujeres defensoras, así como los graves impactos sufridos por aquellos que se vieron obligados a abandonar el país debido a amenazas, agresiones y hostigamientos derivados de su labor de defensa de derechos. 

La sentencia establece más de 16 medidas de reparación, incluyendo reformas a la ley de inteligencia y manuales de inteligencia, el establecimiento de un mecanismo para el reconocimiento de nuevas víctimas integrantes de CAJAR que hayan sido objeto de actividades de inteligencia y vigilancia, la puesta en marcha de un mecanismo de acceso a la información personal producto de actividades de inteligencia, entre otras.  

-Línea de tiempo del caso frente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) 

2002 – CEJIL presenta una petición conjunta con Cajar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  

2006 – La CIDH admite el caso.  

2019 – La CIDH emite el informe de fondo del caso y concluye que el Estado de Colombia es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, protección de la honra y dignidad, libertad de expresión, libertad de asociación, derechos del niño, circulación y residencia, y protección judicial.  

2020 – El caso avanza de la CIDH a la Corte IDH.  

2022 – Se lleva a cabo la audiencia pública del caso en la Corte IDH.  

2024 – La Corte IDH encuentra responsable internacionalmente a Colombia por violar los derechos a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a la libertad de pensamiento y de expresión, a la autodeterminación informativa, a conocer la verdad,  a la honra, a las garantías judiciales,  a la protección judicial, a la libertad de asociación, de circulación y de residencia, a la protección de la familia, los derechos de la niñez y el derecho a defender los derechos humanos diversos derechos de los miembros del Cajar y sus familiares.    

– ¡Nuestra lucha sigue!  

La sentencia es sólo el primer paso hacia cambios reales en las vidas de las víctimas, sus familias y todas las personas afectadas por violaciones similares a su derecho a defender derechos en Colombia. CEJIL acompañará a las víctimas durante la implementación de las reparaciones, con el compromiso de trabajar incansablemente hasta que cada una se cumpla. 

¡Este es el momento de cambiar realidades y usted puede ser parte de esta misión! Su donación el día de hoy nos permite continuar defendiendo el derecho a defender derechos en la región. CEJIL representa más de 200  casos frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, alcanzando a más de 30.000 personas y apoya a 400 organizaciones en las Américas. 

Información compartida con SURCOS por Center for Justice and International Law (CEJIL) Center for Justice and International Law. (2024). Histórico triunfo para las personas defensoras de derechos humanos [Correo electrónico].