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Etiqueta: conflicto armado

Un 20 de julio sitiado

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

La tradicional conmemoración del grito de independencia de Colombia, el 20 de julio de 1.810, en Santafé de Bogotá, llega en momentos de convulsión social, estallido político y económico del movimiento popular, en espiral de ascendencia a un escenario de guerra civil. Al así plantearlo, resalta el estadio de fragilidad por el que transita la unidad de la nación colombiana. No se trata de la ubicación de la problemática contradictoria de un desgobierno, desgastado y en franca caída de legitimidad; como del salto cualitativo que las ansiadas reformas políticas, económicas y sociales prevalecen en el actual momento e imponen el derrotero inaplazable de un gobierno de transición nacional.

Pareciere que los tiempos de la salida alternativa política, civilizada, consensuada, en la base de la negociación, el dialogo y la conveniencia ciudadana, fue echada por la borda y la actitud y posición de las fuerzas retardatorias, militarista y pro imperio, se impongan en una constante de saber que deben cambiar, pero se resisten a ello; que deben permitir la apertura democrática en la validación de la expresiones de democracia directa reclamadas, en ciudades, barrios y veredas, haciendo caso omiso a ese llamado; que el escenario fatuo, basado en la mentira y el engaño de la conducción del país, fundado en intocables privilegios( de castas y de repugnantes estratos)) redunda en la contradicción de intereses de clase, ahondando más la brecha del conflicto económico y social. Ratifica que no existen parámetros de permanencia y estabilidad política en el desempeño y función del Estado- Nación, cuando las reclamaciones de una masa popular alzada e insubordinada es tratada con el apelativo mezquino de la sindicación, la estigma, la estereotipia del odio, lo negativo y confusión.

Del tratamiento contra insurgente a la protesta social

La conducción gubernamental se soporta en una política de hegemonía oligárquica contra insurgente. Debido a una lectura errada de la realidad del conflicto armado interno en el país, por no decir a su desconocimiento oficial, puesto que pesan factores internos y externos, que no admiten esa negativa posibilidad; vale afirmar que a un diagnostico errado de la realidad, corresponde un tratamiento errado y de no solución. El bloque oligárquico predominante, de un borrón de codo, invisibilizó el desarme de una fuerza guerrillera cincuentenaria y lo que ello en política ha significado. Como no se debió a un triunfo militar del establecimiento castrense, optaron por la falsaria del montaje de la no implementación de lo Acordado en la Habana y el Teatro Colón; haciendo trizas el papel, congelando el cumulo de privilegios en el ejercicio de un poder expectante por la atención prioritaria de la opinión nacional e internacional. No hablemos del engaño, en consecuencia, a los ex alzados en armas, que han mantenido su fe en una construcción “de paz”, merecedores de ilimitada solidaridad y lucha por el respeto y conservación de sus vidas y el ejercicio de sus aspiraciones políticas, como sin lugar a dudas, debe ser.

El bloque oligárquico predominante, que borró una tendencia de “centro” en Colombia, al obtener la conservación de poder, así haya sido ilegítimamente, aplicaron la prerrogativa de la continuidad de la guerra y en este momento el panorama insurgente en Colombia es de unas antiguas FARC, que operan con tres siglas diferentes: Segunda Marquetalia, Las Disidencias, las Nuevas FARC; en una tendencia de reciclaje histórico inevitable o imparable, no desde el punto de vista de integrante organizativo material, como en el juego de la estrategia por acoyuntar en lo puntual de acciones de envergadura, contra el aparato institucional, sumido en la corrupción y el desgaste. A las fuerzas guerrilleras del ELN y el EPL, de caracterización insurgente en el país, a tono con los atributos peculiares o propios, consagrados en la caracterización de la normativa internacional, de confluir en fuerzas beligerantes, con un mando propio unificado, programa político a alcanzar en reemplazo a lo Establecido y presencia de permanencia territorial, se une la “tres en uno” de las actuales FARC-EP, producto de la obtusa y equivoca posición del predominio hegemónico oligárquico contra insurgente, que desplaza la salida política al conflicto armado interno colombiano.

De esa manera, el ejercicio político también se circunscribe al predomino en el círculo de influencia del derrotero hegemónico contra insurgente, con el efecto de no existencia de un centro, sino de ubicación concreta de la situación colombiana, en una confrontación de derecha y/o de izquierda. En ese orden de ideas, no existen tendencias: predomina una fuerza de control de derecha enfrentada a una de escala en la confrontación con la izquierda. Aquella de marcado sesgo militarista, buscando sembrar discordia entre la elección capitalista o comunista; lo cual no es elemento de la contradicción principal y esta última, de visión de salida alternativa al modelo económico neoliberal y el actual estado de iniquidad en Colombia. Bajo esa premisa de lo definitorio de bloques, es gráfica y en la práctica identificable, en la cercanía o no a la política de hegemonía oligárquica predominante.

Un sencillo ejercicio surge contemplando el equivalente de fuerza en una de las ramas del poder público: el legislativo. A la derecha del panorama nacional y al circunscribirlos en el congreso de la república, sientan los adeptos a la política contra insurgente gubernativa: Partidos, liberal, conservador, centro democrático, de la U, verdes, dignidad, de la esperanza y otras conocidas denominaciones y en el ala izquierda: los sectores progresistas, reformistas, socialdemócrata, bajo denominación como la Colombia Humana, los decentes, comunes y otras conocidas expresiones.

En lo puntual del ejercicio de democracia representativa imperante, han desplazado a la mínima expresión, la consagración de espacios de participación de democracia directa, contempladas constitucionalmente. Sin lugar a equívocos, es así como en lo referente al ejercicio de los partidos políticos, los han elevado al recurso único de la participación en el debate electoral y desplazado las múltiples formas de participación partidaria en el ejercicio democrático. Convirtieron los partidos en maquinarias electoreras, esterilizando el vínculo de lo partidario político con los alcances programáticos máximos y mínimos del movimiento popular en ascenso. Esto abarca en el análisis del estallido político (que no “social”) de los últimos meses en Colombia, y a la no participación de los partidos de oposición en el salto cualitativo a lo político, del Paro Nacional.

Es por lo anteriormente expuesto, que en el escenario de la protesta popular, desenvueltamente en la llamada “democracia de la calle”, el régimen imperante habilitó el desconocimiento de fuerza política de la contra parte en el Paro Nacional, dándole a la protesta social y política un tratamiento de contra insurgente. Por ello le declaró la guerra a la protesta e impidió que se fortaleciera y vigorizara el papel de la organización e influencia política en el seno del movimiento popular y de masas en ascenso. A ello contribuyeron las actitudes “blandas” de las tendencias “afines” a la izquierda. Resultado de lo anterior es que a la hegemonía de derecha, no corresponde una contra fuerza de hegemonía de izquierda.

Complementa el cuadro anterior del tratamiento dado a la protesta popular durante el Paro Nacional, la reseña, para no incidir en un balance, del juego paraestatal, cumplido por los mandatarios locales y regionales, también elegidos por el voto popular. Las medidas centralistas de control del ejecutivo expresado en el decreto de simulada declaración de conmoción interior y de “colaboración militar”; de notorio espíritu de mano dura dictatorial, desplazaron el poder de los mandatarios locales como responsables del orden público. Esperándose el ahondamiento de una crisis política institucional en el ejercicio del poder, está no paso de roces con alcaldías emblemáticas como la de Bogotá, o confusamente protagónicas como la de Cali; pero a la larga, todas plegadas a la política de bloque oligárquico predominante contra insurgente; lo cual impidió lo caracterizador de un salto político en la toma de decisiones y conducción política de la protesta unificada a nivelo nacional y ante la carencia de una asunción directa del gobierno nacional de sentarse a conversar con los promotores del Paro Nacional, y las innumerables expresiones nacionales, regionales y locales de exigencias y espera de soluciones. Es así como se consolidó un viraje a la derecha y en alineamiento a la política de contra insurgencia aplicada. Predominó lo del ataque de vándalos, la jerga del terrorismo y la supuesta amenaza de los de la primera línea. En una palabra: protesta=terrorismo.

El conflicto político no finaliza

Se espera el recorrido de mucho trecho de inestabilidad política y confrontación tanto en el plano político como en el social. Además de las demandas expuestas muchas subyacen en el olvido y desidia gubernamentales. El gobierno de turno no contempla posibilidades de cambios radicales y profundas ante lo expuesto. Las asume sobre las ramas y les da un tratamiento de resane cosmético, de maquillajes formales en lo ya no inusual, inusitado, ni extraño comportamiento. Por el contrario, ratifica el papel de sub presidente, que no alude solo al prefijo “bajo” “debajo de”, para indicar lo de un presidente de inferioridad, de reacciones tardías, de salidas secundarias y supeditadas a un interés superior, contrario al bienestar popular.

Me permito resaltar sucesos de particular relevancia de la gestión presidencial: 1. La caída de ministros, consejeros, proyectos de ley por manifiesta ingobernabilidad. 2.Desplome de acreditación y prestigio en la encuesta de aceptabilidad de opinión a la gestión presidencial. 3.No logra convencer sobre el no calificado caso de la supuesta autoría de ataque a bala de fusil al helicóptero presidencial en que viajaba. 4. Su confrontación con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su alusión a como si se tratare de la Corte Interamericana, que tienen la misma sigla (CIDH). 5. La presentación de auto entrevistas presidenciales, en un desmesurado desespero por mantener una imagen de aceptabilidad ante la opinión pública. 6. La generalizada aceptación de ser un títere y subordinado al poder, tras el trono, del expresidente innombrable. 7. La desviada, por no decir arrodillada política exterior y manejo abyecto al legitimo gobierno constitucional y de Estado de Derecho de la República Bolivariana de Venezuela. Y la degradante abstención ante el unánime rechazo mundial al genocida bloqueo norteamericano a la valerosa autodeterminación del pueblo cubano y su revolución avante. 8. El falsario discurso de cumplimiento e implementación de los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, con las antiguas Farc-ep, ante la falta de fidelidad a lo pactado. Sus intervenciones de fondo no obedecen a ejecutorias presidencial, sino a proyectos, a prontuarios, a algo que no está en firme, cual la escena de una campaña presidencial y como si estuviere en otro país. Escucharlo, da la sensación que se está partiendo de cero. 9. El quebranto a la vigencia de los Tratados internacionales, de soberano cumplimiento a Cuba-como país garante- para el retorno salvos y sanos, de los plenipotenciarios delegados del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (E.L.N), cuya salida legal y constitucional ha bloqueado de manera torticera. 10. La obtusa posición de no dar la cara; de no negociar directamente con los sectores en conflicto; de notoria torpeza y errada actitud de no condenar los abusos cometidos por las fuerzas armadas en el marco de la confrontación política, en el significado de la protesta popular; ante hechos de inocultable criminalidad y de por si de avalados, probados y ratificados por múltiples medios de presión nacional e internacional. 11. La directa responsabilidad sobre sus hombros de los daños y perjuicios causados con ocasión del prolongado Paro Nacional, como único culpable. 12. Cual síndrome de carencia de personalidad de jefe de gobierno, delegar en subalternos ojos y oídos, cual un “presidente ausente”, en el ámbito del poder legislativo y en el escenario de las luchas populares. Podrán ser seguramente más las falencias de personalidad aciaga como gobernante del sub presidente Duque, en la afirmación de incapacidad para la conservación y manutención del mando, así sea este ilegítimamente delegado, por obra y gracia de un sistema electoral corrupto y encriptado.

El sinsabor que deja el transcurso de un 20 de julio bajo estado de sitio dictatorial, en el embrollo que deja la mentira y el montaje de un presagio de fatalidad terrorista en el desarrollo de las manifestaciones a darse, con el fin de obstruir el libre ejercicio de la protesta y la movilización ciudadana; concluye, en este día, como las circunstancias objetivas lo habían de prever: un circo de auto elogios y sórdidos aplausos, a una acción parlamentaria de respaldo gubernamental, mayoritariamente asentada en un legislativo de predominio narco paramilitar. El no desfile tradicional de las fuerzas armadas, Made in USA, en un imparable efecto de desprestigio y de sindicación criminales, tanto nacional como internacional. La respuesta masiva y movilizaciones en las principales ciudades capitales del país y al caer la tarde, el estruendoso rugir de la lucha callejera, la brutalidad policial aplicada, la arremetida salvaje contra la juventud protestante, el accionar impune de los defensores de la “gente de bien” disparando de civil y a mansalva. Prueba irrefutable de la permanencia de los múltiples conflictos que asolan la nación colombiana.

La mala-hora del conflicto armado en Cúcuta

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

La situación de conflicto armado en la zona rural fronteriza de Cúcuta es aberrante. El Comunicado firmado por doscientas cincuentas organizaciones sociales, populares y políticas del país; así como por seis senadores, intitulado: “Se Agrava Crisis Humanitaria en El Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta”, de fecha 24 de julio de 2.020, centra la atención de denuncia pública nacional e internacional sobre el enseñoramiento del narco paramilitarismo y su uso como instrumento contra insurgente de la Fuerza Armada del Estado colombiano. El tribunal de Paz de Colombia ordena la protección de las víctimas de una de las peores masacres de la guerra.

Ya no basta denunciar un estado cosas inconstitucional (eci) en la Frontera de Cúcuta y parte del municipio de Tibú, con Venezuela; sino que, conforme a la redacción y contenido del citado Comunicado de agravamiento de una situación, totalmente apartada al funcionamiento lógico de un Estado, que así no se llamare estado de derecho, expresa una ilógica ausencia de forma de convivencia civilizada. Las amenazas, sometimientos, extorsiones y exigencias afectan a la población civil. Los constantes combates sucedidos en esa zona, con el instrumento contra insurgente utilizado por las fuerzas armadas estatales para enfrentar al Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), se expresa en que desde hace varios meses las fuerzas estatales como tal no combaten en ese escenario fronterizo, sino que lo hace, como punta de lanza, el grupo paramilitar Los Rastrojos, de amplio conocimiento nacional e internacional por ser base de apoyo del opositor venezolano Juan Guaidó, erigido, mutuo propio, como presidente de Venezuela y apoyado por más de 50 países , en el gesto más dramático de aplicación de la Diplomacia de Las Cañoneras, impulsada por el gobierno de los Estados Unidos. Denuncia el citado Comunicado, que los Organismos de Control Constitucional colombiano, no toman, ni han tomado, las medidas de urgencias demandadas. En forma cruda y categórica recuerdan, que al igual como en décadas anteriores, las autoridades de policía, militares, de la Fiscalía, colaboraban con las acciones criminales de los Bloque Frontera y Catatumbo lideradas por paramilitares, hoy vienen haciendo lo mismo. Que es latente la exigencia de los actores sociales, victimas del conflicto armado, defensores de la paz y de los derechos humanos e incansables propulsores de la aplicación y respeto a los Acuerdos de La Habana y del Teatro Colon, reafirmando que esos Acuerdos, con las antiguas y desmovilizadas Farc, deben ser implementados. Dan cuenta de la omisión de los deberes y protección constitucional por parte de la Fuerza Pública, para con las comunidades, quienes han dejado a la población a merced de los grupos paramilitares en labor de vándalos, de reclutamiento forzado, homicidios y violencia institucionalizada. Ese Comunicado y su contenido de denuncias como tal es una fuerte lapidación, de lanzamiento de piedra airado, de un colectivo poblacional hastiado de tantos golpes padecidos y dirigida a la conciencia del movimiento popular para su reactivación en la resistencia y la movilización.

Causas y efectos

El calamitoso escenario de masacres en la zona rural de la fronteriza Cúcuta apunta al origen y las relaciones del para militarismo con la fuerza pública y engranaje con los intereses del ejercicio político en esa región del país.

Impera la mentira oficial en torno a la denuncia, como a la presentación de ese panorama de trágica desolación que conmueve por el salvajismo aplicado y la desidia en afrontar sus verdaderas causas, imperando la negligencia u omisión de las “autoridades”, invocando vehemente la causa en la falta de lo gobernable. Ante esa mentira la labor periodística se limita a los registros de los hechos, ausentes a toda profundización en abordar un análisis objetivo y verdadero, sin beneficio o deseo manifiesto profesional por producir un resultado de ventaja en la función de esa labor; limitándose todo solo a dar lo noticioso. Si eso se predica de la labor periodística, que decir de la conducta asumida por los funcionarios públicos, en una conducta insensible asumida y de guarda de silencio ante la barbarie. Pues ante eso corresponde asumir que no se está en momentos de callar; correspondiendo a los analistas exponer, al desnudo, la dramática situación.

Lo de la zona fronteriza y metropolitana de Cúcuta, corresponde asumirlo dentro del tema de la ofensiva contra insurgente aplicada. Desentrañar el porqué del ensañamiento contra esa población y el escoger prioritario de un escenario de confrontación allí, precisamente ubicado e identificado.

El proceso de terminación del conflicto armado con las antiguas FARC- que no proceso de paz- se limita a eso. Pero toda la causa objetiva, política, social, etc., continua inalterable. Lo que no logró el ejercito burocrático, Made in Usa, lo obtuvo la sagacidad del tahúr oligárquico en escena. Huelga discutir sobre la ganancia oligárquica y del imperio y el golpe a las expresiones de luchas del pueblo colombiano. Pero eso no es ganancia política, es oportunismo ventajoso. En la sucesión de poder oligárquico, el impuesto sub-presidente actual, aplicó el desconocimiento a lo Acordado y la No implementación. Por ello se impuso, al darse el triunfo ilegitimo y fraudulentamente obtenido, la sucesión de efectos como la de una contraofensiva contra insurgente, en el plano militar y en el político. Esto expresado en varias dimensiones o estadios, como la de intensificar los asesinatos selectivos, aumentar la acción deliberada contra líderes sociales; así como contra desmovilizados de las antiguas FARC, y toda expresión emanada de manifestación ciudadana y de la justicia. Todo lo expresado por el partido o secta de gobierno, cumplido, contra las aspiraciones populares. Sepultar cualquier asomo de soberanía y política autónoma exterior, supeditándose el “gobierno” colombiano, al plan militar para la región, elaborado por Trump y sus asesores, con relación a la suerte de la República Bolivariana de Venezuela. La inexistencia de una política, por el cierre de la frontera; la amenazante cabeza de playa para los potenciales 5.000 marines, en un momento álgido en el que el trampero Trump, puede acudir a la descabellada intervención directa, para asegurar ganancia de votos para su absurda e irracional reelección. Estos elementos, combinan lo exógeno, exterior, para incidir en los factores internos de lo “caliente” de una frontera, de peso en el juego perverso de los intereses de poder.

Nunca se había entramado una escena tan patética, para rechazar cualquier intento de acercamiento con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN; intensificando las operaciones militares en la frontera colombo venezolana. Resulta indiscutible, que en tanto en la contra parte del territorio venezolano existe una pacificación regional fronteriza, en los mojones de frontera colombianos, impera un escenario de guerra, que no revierte, puesto que la estrategia militar del Estado colombiano consiste en no desgastar sus fuerzas de despliegue expansionista, manteniendo el uso de los irregulares paramilitares como escudo. “Plata es lo que hay” para eso…, resuena la expresión constante del general Villegas, quien actúa como un verdadero centurión o pretor romano, pisoteando la Constitución del 91, erigiéndose como autoridad civil y militar.

Registro de masacres en la zona fronteriza de Cúcuta

Para el pasado 20 de julio, había tres masacres registradas en la zona rural del área metropolitana de Cúcuta. Dejan un saldo de 18 muertos durante los meses de marzo a julio de 2.020. El 9 de marzo, se perpetró una matanza de ocho hombres en el corregimiento Palmarito y, el 5 de julio, de cuatro personas en Puente León. Tres poblaciones de la zona rural de Cúcuta: Banco de Arena, Puerto león y Vigilancia, son las que colindan con Tibú, Puerto Santander, que conectan con Boca de Grita, al lado venezolano.

Mantienen en un estado de alerta permanente a la población de los corregimientos Guaramito, Aguaclara, San Faustino, Palmarito, Banco de Arena, Puerto Villamizar y Ricaurte, donde ya no se puede hablar de la alteración del orden público, sino de una situación de guerra, dada la profunda crisis humanitaria en esa zona. El día anterior a la matanza asesinaron a Ernesto Aguilar Barreras, líder de la Asociación Campesina de El Catatumbo- ASCAMCAT- en la vereda Totumito, limite rural entre Tibú y Cúcuta. De 34 años, también era miembro de la Junta de Acción Comunal de Vigilancia. Iba con un amigo en su carro, a ver un ganado que tenía. Lo bajaron del carro, lo identificaron y lo mataron hombres armados que circulaban por allí, en Totumito. Encontraron su cadáver, torturado, con las manos cortadas y apuñalado a una hora del casco urbano de Vigilancia, muy cerca de Carboneras, por una vía que llega a Campo Dos. En el lado colombiano quedan las veredas de Totumito y Carboneras en cuyo lugar se presentó la masacre que dejó en el lugar, apilados, los cadáveres. Se generó un desplazamiento inicial de 120 personas. El hecho se atribuye al grupo paramilitar de Los Rastrojos.

Días antes se había registrado la masacre de cuatro personas que habían salido de Cúcuta a Tibú y en Banco de Arena fueron abordados por sujetos armados que tomaban cerveza. Los hermanos Juan Andrés y Jorge Sánchez Pacheco, viajaron para encontrase con su papá, que trabaja en una finca y al que no veían desde hace tres años. Al viaje se unieron un primo y una amiga. Fueron abordados en el sector de La Invasión, a menos de un kilómetro de Banco de Arena. Se supo que los habían desparecido para asesinarlos. Sus cuerpos fueron encontrados desmembrados en costales 22 días después.

Penosa la labor de estos recuentos y martilla cual agudo cincel en el ánimo y conciencia que no se arruga ante el reto de la denuncia. Todo ocurre en zona poblada. Extensa, sí, pero poblada. Con fuerte presencia de la Fuerza Pública, a un nivel de militarización regional. La Policía Nacional generalmente realiza operativos policiales individuales, en conjunto con las Fuerzas Militares y en unidades mixtas. Cuenta con Grupos de Operaciones Especiales «GOES», como son: Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal «GAULA», Escuadrones móviles de carabineros «EMCAR», (grupo con armamento bélico pesado, unidades contra guerrilleras Rurales y Urbanas), Compañía Jungla Antinarcóticos «JUNGLA», Comandos de operaciones especiales «COPES», Comando de Operaciones Rurales “C.O.R”, y Granaderos. Son las llamadas Fuerzas Especiales que aplican en dirección y objetivo: el pueblo. De sentimiento antipopular y violadoras de los Derechos Humanos (DDHH). En este escenario de guerra se erigen con trofeos a la desidia, por el abandono de sus funciones, la inoperancia, la omisión, la permeabilidad corrupta, en y por la aplicación soterrada de una adoctrina de guerra, en que impera la concepción del enemigo interno y el decir de anatema y maldición que se maten entre ellos. Endosan la aplicación de una macabra lógica: todo es producto de la guerra por las rutas del narcotráfico, el imperio de la droga y el dominio territorial por parte de grupos armados organizados, debidamente etiquetados y que reciclan en un mismo recipiente, para que las “honrosa” y “leales” fuerzas estatales sean los buenos del paseo. Lo demás: chusma y terroristas, sellando así la suerte del macabro juego geopolíticamente de intereses oligárquicos e imperiales, en toda esa extensa región.

WILFRIDO CAÑIZARES, director de la Fundación Progresar, caracterizado y valiente defensor de los Derechos Humanos en el Departamento de Norte de Santander y quien ha enfrentado ataques y señalamientos por parte del coronel José Luis Palomino López, Director de la Policía Metropolitana de Cúcuta, advirtió que en los estudios hechos desde la Fundación han “localizado y mapeado” 12 estructuras armadas ilegales que operan a lo largo de la frontera con Venezuela, lo que hace sumamente complejo el panorama en esta zona del país. “El grupo paramilitar de Los Rastrojos viene en un proceso de expansión y trata de ejercer control en ocho corregimientos de cuatro municipios, tres del área metropolitana de Cúcuta y en Tibú. Viene en un proceso de expansión en 52 veredas de estos cuatro municipios: la zona suroriental de Tibú, Puerto Santander, El Zulia y Cúcuta”, aseguró. “y no va a parar mientras el Estado las autoridades locales y regionales, en dar una respuesta inmediata a la emergencia humanitaria no tome las medidas necesarias para proteger la vida, las libertades y los derechos de estas comunidades”.

Desde la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, también hicieron un enérgico llamado a las autoridades y le endilgaron una responsabilidad directa al Gobierno Nacional en las más recientes masacres para las más de 800 familias desplazadas. Al llamado se sumaron también Cisca, el MCP, Vivamos Humanos, Copaz, Indepaz, Corporación Cultura Democrática, Fundación Paz y Reconciliación, Poder Paz, la Mesa de Fortalecimiento de Población Desplazada, Marcha Patriótica, Campaña Colombiana Contra las Minas, entre otros y la Minga.

La confrontación en la frontera

Además del escenario de guerra relatado hasta el momento en la zona fronteriza metropolitana de Cúcuta y límites con el municipio de Tibú; otro frente “de operaciones” armadas sucede en el área fronteriza con el municipio de Villa de Rosario, La Parada Juan Frío. Falso que operen en San Antonio de El Táchira. Todo se da en territorio colombiano, puesto que el control territorial de las fuerzas armadas bolivarianas es incuestionable. El Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN, ejerce control-históricamente reconocido, también en esa zona. 50 AÑOS DE TRABAJO POLITICO CLANDESTINO NO TRANSCURREN EN VANO. Pasan a retiro impune los generalotes y continua el conflicto. Con la misma lógica aplicada por la contrainsurgencia militar; originalmente el ejército no actúa. La punta de lanza tiene como protagonista para el enfrentamiento contra la guerrilla al grupo paramilitar, sugestivamente denominado Autodefensas Unidas de Colombia y Venezuela (AUCV); en inocultable muestra de la expansión intervencionista del paramilitarismo hacia la vecina República Bolivariana. Aparecen muertos a granel, con bandas como el Tren de Aragua, que se enseñorean en el sector y asentados en una invasión conocida como Quilombo, detrás de los Moteles y zona de influencia comercial del municipio de Villa de Rosario. Toda esa área, incluido, Boconó, está infectado de paramilitarismo y en permanente enfrentamiento con las guerrillas, sumándose a ello la presencia de unidades del Ejército Popular de Liberación, EPL. Al respecto conviene resaltar que el pasaje de enfrentamientos con estos es vuelta de hoja; sin que ello implique una colaboración o alianza entre ambas expresiones insurgentes colombianas, en el escenario de hechos motivo de estas redacciones. No obstante, el análisis manido de la Policía sigue siendo el mismo: “No es nada raro que el EPL quiera ganar terreno y por eso busca unirse con bandas locales para así poder atacar al ELN” agregando que les entregan armas y granadas a esas organizaciones delincuenciales para que sigan ganando terreno. Tal bagaje, gastado, vulgar y nada original, no admite consideración alguna de seriedad. Por el contrario, ratifica el interés expreso de permanencia de esas formas delincuenciales como muro de contención en el ataque contra insurgente.

Los asesinatos de líderes son crímenes políticos

De inocultable relevancia esta referencia. Ahora resulta que a las masacres las quieren denominar “homicidios colectivos”. Falso, son lo que son. En estas denuncias ha sido incansable el activista social y de Derechos Humanos Wilfrido Cañizares que al frente de la Fundación Progresar denuncia masacres, amenazas, extorsiones; así como la reciente pretensión de los narco Rastrojos, de iniciar una “limpieza social” en el municipio de Cúcuta, área metropolitana y zona limítrofe con Puerto Santander. Esto le valió la estigmatización por parte del coronel Palomino López, quien no solo ha sido objeto en los últimos días de duros cuestionamientos; sino que también tiene una denuncia de carácter penal ante la Fiscalía y la Procuraduría de sus mismos policías. No escatima en anunciar la participación de 250 efectivos policiales, nuevos o reciclados, para afrontar la situación en estas lineas planteadas. Lo sintomático es que cuando esos anuncios de fuerza se hacen públicos, proliferan versiones, documentos con llamados falsos, iniciativas de conducción a la opinión pública, “comunicados” apócrifos del EPL, acciones o proyecciones falsas del ELN. Difunden que se harán reconocimientos de trochas y su destrucción en 164 kilómetros de frontera que unen al Táchira con el Norte de Santander, de acuerdo con levantamientos satelitales. Mencionan algo insulso como “prohibiciones territoriales” con fundamento en la realidad de los “embudos migratorios”, siendo la constante la inexistencia de una política de fronteras, precisamente por lo obtuso de cerrar las fronteras y las relaciones diplomáticas con el vecino país.

La confrontación en la frontera sacrifica hasta misiones internacionales. Felipe Muñoz, jefe de la Unidad Internacional de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desde febrero de 2018, no salió de sus oficinas en Cúcuta. Sin pena ni gloria renunció. Destacan entre sus logros la recuperación de un balón a un niño que lo había perdido y el regalo de una bicicleta. Hace propia la incitativa de la medida presidencial “primero la niñez” garantizando el derecho fundamental de niños y niñas de padres venezolanos nacidos en Colombia y contar con una nacionalidad. Falso, además de exabrupto que no tiene soporte constitucional. Manejan cifras de cientos de miles de migrantes beneficiados en raciones de alimentos, millones de vacunas e incluidos en el sistema de salud. Cual sistema de salud si en Colombia todo ese andamiaje esta privatizado. No logró coordinar con entes burocráticos migratorios que persisten en Cúcuta, simple o solemnemente por el desconocimiento de una política diplomática hacia el vecino país.

Los asesinatos son selectivos. La movilidad para extraños a la región o zonas, son prohibidas. Se ha dado más de 800 desplazamientos en los últimos 4 meses y algunos sectores de población intentan retornar. No existe una tendencia de repoblamiento como en décadas anteriores en que “refundaron” la región con el consiguiente botín político electorero que ello implicó. A todas luces, les interesa a las fuerzas gubernamentales colombianas, en aplicación a su doctrina militar contra insurgente, la permanencia del foco paramilitar, que no puede subsistir sin el elemento de “lavada de cara” de las acciones armadas encubiertas. Todo un andamiaje de determinadores relacionados con las estructuras paramilitar contrainsurgentes. Es decir, Terrorismo de Estado puro, con fundamento en la Doctrina de Seguridad Nacional e identificación política con lo del enemigo interno. Todos esos crímenes son, sin lugar a duda, política de Estado. La aplicación de la llamada “paz con legalidad” en su lucha contra la “ilegalidad”, que amenaza la “seguridad interna”. Ufanarse de contar ahora con huéspedes instructores, como asesores militares USA, en las llamadas Zonas Futuro, como Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII). Cada día que transcurre presenta situaciones nuevas de análisis. Baste solo mencionar que, entre julio y agosto del presente año, al fin aparecen logros del ejercito localizando depósitos ilegales de armas; capturando cerca de una veintena de miembros de Los Rastrojos y ahora último, la incautación de 47 fusiles de su pertenencia. Pero cómo registran esa confiscación: que efectivos iban tras la captura de dos individuos que resultaron escapándoseles misteriosamente y en cambio- así porque sí- hallaron la caleta con las armas. A otros con ese hueso duro de roer, a no ser que merezca reconocimiento que la veeduría de los asesores gringos les está aportando nuevas luces e iniciativas.

Como corolario a todo lo anterior tenemos: 1. El paramilitarismo que actúa en la región nororiental de la frontera rural del municipio de Cúcuta, comprende red de alistamiento, con suficientes recursos logísticos y licencia de movilidad de personas a ojos vistas de las autoridades colombianas. 2. La facilidad de utilización de lenguaje articulado de facinerosos paramilitares, por los medios de comunicación locales entreven una finalidad de intereses de conveniencia en la función contrainsurgente de las fuerzas armadas estatales colombianas y en la reiterada aplicación de negar la salida a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, de conformidad a lo ya Acordado. 3. El fenómeno de los Falsos Positivos continúa vigente. 4. Manifiesta omisión, por complacencia del régimen, las clases dominantes, las fuerzas armadas y la propia institucionalidad, en el actual estado de cosas. 5.La ruptura de Conversaciones con el ELN que se traía desde el año de 2017, que pone en entredicho el futuro de Colombia, no en lo especulativo de la Paz, como para su construcción, con en el fin del conflicto armado interno. 6. La persistencia de un obstáculo a lo gobernable, por la permanencia de un sistema electoral corrupto, como ingrediente adicional a tantos males padecidos.

Persistir en el fin del conflicto armado interno

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

Pese al rearme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- ejercito del pueblo- FARC-EP-, “se hace camino al andar”. No estamos condenados a otros cien años de soledad. Los Acuerdos de La Habana y del Teatro Colon, existen. Constituyen un Programa Mínimo de lucha del Movimiento Popular y de la izquierda legal, acorde con el compromiso del Estado colombiano y de la comunidad internacional para su cumplimiento. Todo enmarca sobre la prerrogativa que Colombia no transita por un “proceso de paz”; sí por un proceso de fin del conflicto armado interno, bajo la perspectiva del fin de la lucha armada en Colombia, por el poder político y manejo del Estado…Sí por un proceso de la política dirigiendo a las armas o al fusil y no por el contrario. Por ello, la búsqueda de la solución política al conflicto encarando a una insurgencia rebelde no derrotada militarmente, implica que si la solución no es total, no cabe hablar de disidencias. Continuara en Colombia vigente la lucha armada-aunque no como principal forma de lucha- en la medida en que no se produzcan, introduzcan y generen los cambios sustanciales y reformas de fondo al modelo económico, político, militar, imperante. Es la búsqueda de Una Nueva Colombia acorde con el orden mundial, bajo un modelo Alternativo al neo-liberalismo o capitalismo decadente.

EL NO EJERCICIO DE DEMOCRACIA

El conflicto armado interno colombiano no admite mirarlo desde lejos. Concentra la vista a la pura realidad. No se puede afirmar que se dio y desarrollo en el marco de un ejercicio democrático en el país. Tomar el punto de referencia el asesinato del caudillo Jorge Eliecer Gaitan en1948, no es determinismo, como tampoco resaltar que fue producto del Frente Nacional, en que los partidos Liberal y Conservador, cesaron el enfrentamiento fratricida y resolvieron dividirse en milimétrico el poder, junto al ejercicio de las gabelas de la administración estatal, dejando por fuera, excluyendo, cualquier otra fuerza política. Son referentes, como corresponde plantearlo desde el espíritu y contenido de la Constitución Política de 1886.

En ejercicio de Democracia, surge el Conflicto precisamente por falta de Democracia. Por ello el prolongado conflicto armado interno colombiano no se puede circunscribir como a un daño causado a la Democracia. El lenguaje empleado para la defensa de la Democracia no obedece al relato de ese conflicto; es la justificante de la utilización del poder estatal de las armas para afianzar la contrarréplica al conflicto existente. El tropero coronel que intervino en la toma del Palacio de Justicia afirmo: “…aquí defendiendo la democracia, maestro”. Por la contraparte, el uso de las armas para los objetivos políticos. Es la belicización de la política.

Ahora el desenvolvimiento prolongado del conflicto armado interno ha tenido efectos en el sistema político electoral y en los Partidos Políticos. Como Democracia no es solo participación electoral; es dado afirmar que el conflicto armado si repercutió en efectos directos en los procesos electorales, no por una pre concepción de las insurgencias y fuerzas rebeldes en el boicot manifiesto a esos procesos por fechas electorales en Colombia; como en la deslegitimación de ellos debido a la incidencia del accionar rebelde por un escenario de falta de apertura política. Las armas no impidieron los debates electorales. No existe durante el conflicto armado interno suspensión de algún evento electoral nacional. Por el contrario, los recientes cese al fuego unilaterales de las insurgencias en periodos de conversaciones resaltan la tendencia predominante al respecto. Así como el sistema no ha permitido la intervención del software electoral y por ende impedido a toda costa una reforma electoral del fondo; las insurgencias han dejado realizar el festín electoral, sobre el prurito, en prudencia, de dejar escoger civilizadamente al elector. Los analistas del sistema electoral no mencionan lo de “voto cautivo” tampoco lo de “voto consciente” y dan la espalda a lo de la “abstención consciente”. Someramente explicado la abstención consciente de la Izquierda, fue predominante durante el periodo del Frente Nacional; salvo la posición del Partido Comunista Colombiano (PCC) que siempre participó en las fechas electorales. Corresponde mencionar la irrupción de los Partido y Movimientos Políticos Alternativos: Unión Patriótica (UP), Frente Popular (FP) !A Luchar! La inteligencia militar los denomino como organizaciones de fachadas de las guerrillas (Farc-ep, EPL, ELN) y fueron declarados objetivo militar del Terrorismo de Estado. Surgieron como respuesta a la rebelión armada. Optaron, como izquierda, por la vía electoral, legal. En aplicación al principio universal de la división del trabajo, deslindaron del movimiento político clandestino o izquierda ilegal. No obstante tergiversando una tesis del Congreso del Partido Comunista Colombiano, acuñó el Establecimiento lo de la “combinación de las formas de lucha”, emulando que el dirigente sindical, político, popular, de masas, era en la mañana activista político y en la noche guerrillero. Nada más falso; pero que trajo consigo el genocidio político de más de cinco mil activistas políticos alternativos y el registro de cien mil cuadros populares en el exilio político, y/o el desplazamiento interno. Un sensible golpe al ejercicio democrático inexistente en Colombia, que ha significado álgida pérdida para el movimiento popular difícil de reponerse

No cabe afirmar que hubo silenciamiento de debates democráticos, dado que a partir de la elección popular de Alcaldes y de Gobernadores se planteó la presentación de Programas y el conjunto del sistema electoral imperante no ha sido garante del debido debate de programas y quedó reducido a un requisito electoral más.

Con fórmulas como las del Frente Nacional, los estados de sitio permanentes (hoy o desde 1991 estados de excepción) y fórmulas de selectividad estratégica del Estado para la permanencia excluyente del poder político, se permitió entronizar, bajo niveles de mayor violencia política, los efectos negativos por un no ejercicio en democracia.

A hoy, conviene destacar que las insurgencias en modo alguno respondieron en forma “terrorista” ante el desgrane por caída de los dirigentes políticos, sociales, sindicales, populares, revolucionaros y de izquierda. No concibieron la aplicación de una Ley del Talión. Otro hubiere sido el escenario de horror para Colombia. El paramilitarismo como estrategia contrainsurgente se aplicó, incluso, en zonas donde no había guerrillas, pues correspondía paralelamente a una estrategia de despojo. Pero mientras el conflicto no este constreñido al fin primordial de la solución política al mismo el desenlace de acontecimientos es imprevisible. Hubo y sigue habiendo militancia paramilitar en todos los partidos del bloque hegemónico de derecha contrainsurgente y sin una reforma electoral de fondo no hay democracia dentro de los partidos; caso del CD “por el que diga…” el Innombrable.

INCIDENCIA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DESEMPEÑO DE LAS AUTORIDADES LOCALES

En Colombia ninguna comunidad es ajena al conflicto armado. La negritudes, los indígenas, los campesinos, los citadinos, son afectados por el conflicto. Afirmaciones de algunas minorías, por ejemplo, “que ese conflicto no nos corresponde, que somos ajenos a él”, carece de asimilación política. La Teoría Política asimila el ser y ente social como sujeto político, desde Aristóteles hasta el Ché Guevara con su aseveración: “con relación a la Política, o se mete contigo o te metes con ella”. Las Insurgencias están contra el orden constitucional vigente. Este aspecto constitucional resulta de inevitable referencia para analizar la contradicción existente entre insurgencias y autoridades indígenas, que fungen por un mandato constitucional y que en el escenario del conflicto armado objetivamente se enfrentan a la insurgencia. Del mismo modo, el que mantengan su autonomía constitucional como minorías y en ocasiones hayan desconocido la presencia del ejército regular no las coloca operativamente al lado de la insurgencia. Es aquí donde opera el principio universal de distinción, para ambas fuerzas beligerantes.

En el estado de cosas inconstitucional (eci) imperante en Colombia, corresponde a los Alcaldes la definición del “orden público”. Esa norma constitucional no opera, sino la decisión del mando militar de la fuerza armada estatal predominante en la región. En los Consejos de seguridad los alcaldes son invitados de piedra. Ahora, en cuanto al desempeño administrativo las autoridades locales actúan durante el conflicto como operadores de los recursos públicos y de los ejercicios de los derechos ciudadanos. Pero es sabido que en relación con lo electoral los grupos paramilitares y clientelistas deciden por quien votar. En cuanto a la operación de recursos públicos, son el botín repartido entre la corrupción clientelista. ¿Pero esa cooptación es producto del conflicto armado interno? Pues no, es propio de la esencia corrupta y clientelista del Estado imperante.

El punto de atención ha de ser la función del Estado con las regiones. Asombra la estadística que en la actualidad la representación del Congreso está en solo 7 Departamentos. Esto se analizó en las Conversaciones de La Habana y fue fundamento para la creación de las 16 Curules para las Victimas, que en modo alguno obedece a una reforma política, sino a un Acuerdo de alcance para el desarme. Pero impiden su implementación los intereses clientelistas. Desde ya corresponde caracterizar que es propio de la dictadura mediática el indicar que en las regiones escenario del conflicto armado el Estado es ausente. Tamaña falsedad. Consagrase la real y especial referencia que el Estado sí hace presencia. Ahí está el Estado. En unas regiones más notorias que en otras, la operatividad y funcionalidad de los servicios públicos; pero ahí está: en los Municipios, está la institucionalidad representada en los tres poderes. Abunda la presencia de las Fuerzas Armadas estatales (militarización). Para los cientistas sociales está claro que el problema de fondo no es la ausencia o no presencia del Estado en las zonas o regiones en las relaciones de operatividad del conflicto. El problema allí radica en que el Estado no tiene control del Territorio; pletórico aspecto que nos lleva al análisis concreto de la situación concreta, para bordar la desigualdad estable social bajo una visión de Territorio. Bajo la premisa que no soporta sustentación real lo sostenido por la mediática que las zonas de influencia de las Farc-ep, al concentrarse y desmovilizarse fueron copadas por otras insurgencias. Ese facilismo no prospera. Las guerrillas desarrollan trabajo político entre las masas en esas regiones desde hace más de 50 años. Ese trabajo político es oculto ante el enemigo y amplio entre las masas. Ahora bien, la agudización del conflicto no solo armado o militar, sino también político, económico, social, ecológico, va en relación directa con la agudización de la lucha de clases en Colombia. Asistimos ante la desgarradora realidad que las instituciones operan para perpetuar las condiciones de opresión de clase, explotación y desmejora de la calidad de vida de las comunidades. Los intereses clientelistas, aunados a lo de botín burocrático y de expoliación de la corrupción, asimilan la vigencia de un sistema electoral concebido para la perpetuación de los intereses anti populares. Mientras exista política contrainsurgente esta se alimenta con la doctrina del enemigo interno y la estrategia paramilitar será de su soporte y contenido. Durante la etapa de pos conflicto con las farc-ep quedó claro lo de las tales “rutas del narcotráfico” quedando en manos del narcotráfico y con conocimiento de la inteligencia militar estatal como un medio de su sustento. La DEA maneja el negocio y tanto las oligarquías colombianas y élites del sistema financiero parasitario colombiano y de los Estados Unidos se enriquecen lavando el dinero del negocio del narcotráfico. Solo a ellos interesa la permanencia de los escuadrones narco mafiosos, de “limpieza social”, bandas criminales, como armas de la guerra sucia contra todo lo que huela a izquierda, protesta social, oposición política.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Un tema tan importante no puede desligarse del derecho de la información y la libertad de expresión en momentos en que se busca el empoderamiento de la ciudadanía y no colocarla de espaldas al desarrollo de los desenvolvimientos de la vida nacional, que gira alrededor del conflicto armado interno.

Perdura la concepción que en asuntos de “orden público” turbado, las fuerzas armadas del Estado controlan lo referente a esa información. Rezagos de la antigua Constitución de 1886, de un “estado de sitio” permanente y de normativas así atribuidas. En todo el campo, en lo rural colombiano, la iniciativa de comunicación corre a cargo de las redes radiales en emisoras del ejército y de la policía. En relación con la capacidad de cobertura en kilómetros es de 100 por parte de las emisoras militares a 10 por parte de iniciativas particulares. A más de 600 municipios llega solo la música escogida y las noticias del ejército, aupando la guerra y la imagen de invencibles. Así, que información objetiva y veraz puede circular. Son “zonas silenciadas”, expresión del profesor Fabio López de la Roche, de la Universidad Nacional de Colombia (UN). El papel de la mediática en el largo conflicto armado colombiano llevó a la expresión del Manuel Marulanda Vélez: “Los Medios tienen una deudita con Colombia”. Pese al peligro, aplican en Colombia como medios para persuadir. La campaña mediática desarrollada por los Medios no se hizo esperar y aplicó en el plebiscito en que triunfo el NO contra los Acuerdos de La Habana. Algo indiscutible. En relación con El Catatumbo, no es que los periodistas no sepan de los intríngulis o dificultades de lo sucedido: lo saben, les llegan fuentes, ¡pero lo callan! La censura es la constante y en muy pocas ocasiones disfrutan del refresco de ver plasmadas sus averiguaciones. El ejército les llega ya con los vídeos prefabricados de la toma y acciones; así como de la redacción de su unilateral versión. Un conduccionismo fascista, de abuso de poder inenarrables es lo imperante en lo de la comunicación. Ello, por el control monopólico de los grupos económicos de esos Medios, los cuales disponen que información es procedente, cuáles de desconocimiento y cuáles de invisibilidades.

DEL MOVIMIENTO SOCIAL Y POPULAR Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

Vale preguntarse cómo se explica la permanencia del movimiento popular ante la constante genocida y de muerte selectiva de sus líderes. Las organizaciones sociales en Colombia se mueven bajo la estigmatización, la marca, el rechazo. Bajo el imaginario del enemigo interno los alcances de calificativos predominan para la negación y la eliminación “del otro”. Por tanto existe una cultura antisindical; cuya raíz es la no organización popular. No propender por cambios. Que todo siga igual. Asimilan al dirigente sindical, gremial, como al dirigente político, sin importar la degradación para ambos. Para la derecha los líderes sindicales son guerrilleros incrustados- continúan siéndolo- buscándose también destruir el tejido social de las organizaciones de los trabajadores. El solo anuncio de fundar un sindicato es motivo de persecución, despido. Como si se tratare de un modelo económico de implementar para el paramilitarismo.

En el sector agrario, pues el movimiento social está afectado, indiscutiblemente, por la vigencia de los TLC´s. En el sindicalismo de industria y energético es tenaz la lucha contra el franking. Va acorde con el cerco de territorio excluyente, es decir, paralelo con la lucha contra la minería extractiva, la ganadería extensiva, lo agro-combustible y la defensa ecológica, que enmarca todo un escenario de lucha de resistencia en contra de ese modelo que persiste con la implementación paramilitar. Pero algo que no podrán erradicar de la concepción campesina hoy es su claridad por la conservación del medio ambiente, por construcción humanitaria y de protección a las comunidades. Todo ello explica la convivencia dentro del conflicto. Más de 4 millones de campesinos se movilizaron por la sustitución voluntaria de cultivos y por construir conservación de Territorio e impulso de la economía campesina. No son programas revolucionarios los que impulsan. Instrumentos legales de aplicación como las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) de las que registran 69 procesos de existencia en 15 Departamentos; que bajo una meridiana comprensión avalan el impulso del Paro Agrario Campesino de 2103. Ese que el tahúr Santos llegó a decir que “no existía”. La gran carga para el movimiento social agrario radica también en la interlocución de las comunidades campesinas con las fuerzas de ocupación (digamos que así se comportan) del ejército nacional; que exultantes no admiten o quisieren no entender que las comunidades campesinas no son apéndices, ni agentes operadores, de los grupos en insurgencia. El pasaje trágico del asesinato del Dimar Torres, en El Catatumbo, echó por la borda la esperanza de una reconciliación de ese ejército con las bases del propio pueblo.

VOLVER A LO DE LAS ARMAS EN LA POLITICA

Extenso resulta abordar un balance de las impactantes experiencias civiles con los ex combatientes, desmovilizados y desarmados de las guerrillas de las Farc-ep. La retoma de las armas por parte de las Farc-ep expresada en la Declaración de “Una Segunda Marquetalia”, deja sin alientos a quienes concebimos la superación del uso de las armas con fines políticos. La persecución violenta contra el opositor político, continúa por ambas contrapartes.

Falso que surgió una Nueva guerrilla. Se da una respuesta a la permanencia de la guerra, pese a la desmovilización de una guerrilla «a cambio de nada». Un Acuerdo de Paz incumplido por un Estado falaz y de mafias, que flota por la economía subterránea del narcotráfico. Lo acordado en La Habana fue burlado por un plebiscito de acomodo a lo tahúr del gobernante Santos al Gatopardismo:»que todo cambie, para que nada cambie». Vino el juego de 56 reformas a lo Acordado; las quintas columnas de quienes no fungieron como Plenipotenciarios del Acuerdo, para NO implementarlo: el poder judicial y el legislativo. El Secretariado fariano demostró incapacidad para lograr los cambios políticos, económicos, sociales, militares, ecológicos, que el fin del conflicto demanda. No tiene elementos de análisis lo dicho por los 2 Gustavos Progresistas que se da una alianza para prolongar a la derecha militarista y a las economías oscuras del narcotráfico. Raya con lo ridículo. El Partido de la Rosa debe ganar el espacio político de fuerza Alternativa, asumiendo una práctica frontal de oposición al régimen Hegemónico de Derecha militarista y Contrainsurgente en el poder y no pretender ganar indulgencias con el eco mediático de las guerrillas como origen de todos los males en Colombia. Se impone la ¡Resistencia civil!; Lucha de masas con Paros Cívicos, la democracia de las calles, para el logro de la implementación de los Acuerdos de La Habana: Reforma Agraria Integral, Reforma Electoral de fondo, Sustitución de Cultivos, el llamado a terceros para que respondan ante la JEP. Un Frente Amplio Popular, tal como lo concibió Óscar William Calvo, en significación a la existencia en Colombia de una izquierda ilegal armada y una izquierda legal desvinculada e independiente, que busca en unión con las fuerzas progresistas, socialdemócratas liberales lo Alternativo al modelo económico imperante: ese si causante de los males en Colombia.

 

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Análisis del comportamiento bélico en Colombia

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Durante el gobierno de Ivan Duque reaparecen las andanzas de las fuerzas armadas colombianas en el tinglado de los ataques a la población: ataques a comunidades indígenas y campesinas en el Cauca y otros lugares del país. Asunción, en el acto y resultado de asumir, funciones de policía, en la lucha contra las drogas y el control de militarización de diversas zonas del país, en especial en El Catatumbo.

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Segunda valoración: acusar al E.L.N.

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

Recordemos que, por Acuerdo de Diálogos para la Paz, de marzo de 2016, durante el gobierno Santos II y el Ejército de Liberación Nacional, se sentaron a dialogar, en la ciudad de Quito, los plenipotenciarios de ambas partes en el conflicto armado interno colombiano. Resultados de ello se desarrollaron seis ciclos de Conversaciones, acordado el último ciclo para iniciarlo el pasado 25 de junio de 2018; pero la Delegación del actual gobierno de Iván Duque fue retirada de la Sede de las Conversaciones en La Habana y así permanece congelado ese proceso hasta la fecha.

COMO VAN LAS NEGOCIACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y EL E.L.N.

Para las negociaciones entre el gobierno nacional de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se fijaron seis puntos en la agenda: 1. Participación de la sociedad en la construcción de la paz. 2) Democracia para la paz. 3) Transformaciones para la paz. 4) Victimas. 5) Fin del conflicto armado. 6) Implementación. Aunque taxativos, no se da un orden mecánico de aplicación, dada la característica de una larga historia de diálogos sin resultados visibles que resaltan la falta de confianza entre las partes. En tal sentido el desarrollo de cinco ciclos de conversaciones y situaciones alcanzadas corrió paralelo a consideraciones como el que “Nos alerta que el gobierno no le está cumpliendo a las Farc”. Gabino. Para el ELN “Como están las cosas, la rebelión sigue vigente”. El Frente de Guerra Occidental, expresa: la lucha armada tiene “plena vigencia” en Colombia. No es un modelo agotado, dicen… Pareciere que no es lenguaje apropiado a la búsqueda de la solución política; pero concluido el plazo del cese al fuego bilateral, el pasado 9 de enero de 2018, las contradicciones se fueron agudizando. Indiscutiblemente pesa la decisión de una suspensión de las conversaciones en forma unilateral, en este caso por parte de la estatal. La manifiesta tendencia a querer encasillar al ELN, a jurar a pie juntillas que abandonen la práctica del secuestro, sea con fines políticos o económicos de sustento, a cambio de nada. La reiterada afirmación de alistamiento de menores en sus filas; bajo el parámetro que en Colombia la minoría de edad va hasta los 18 años. Tergiversan el contenido de los Protocolos de Ginebra de protección a la población civil de ataques y contra los peligros provenientes de operaciones militares contra esa población, tipificando el secuestro como prohibido por el DIH, sabiéndose que se contempla como delito de lesa humanidad es la toma de rehenes y que el secuestro individualmente considerado, por parte de una fuerza insurgente, se asimila a la de una retención por parte del Estado; ambos bajo la consideración de conducta que los malos tratos y/o torturas a los retenidos califica como crimen de guerra o de lesa humanidad. Expresa el establecimiento bajo deseo manifiesto que lo recorrido en el proceso del fin del conflicto armado interno con las antiguas Farc-ep, se aplique mecánica y sínicamente al resultado de las conversaciones con el ELN. Lo cierto es que estos han manifestado que durante el proceso a alcanzarse con ellos no permitirán que la participación social, como característica central de la agenda pactada “se convierta en algo decorativo” y a tono con lo anteriormente expuesto: “El ELN no recluta, no hace redadas para llevar gente a la guerra. El ELN no obliga a nadie a ingresar, no tiene a nadie obligado en las filas”. Analizan el trato torticero dado a las Víctimas, retomándolo como tema predominante y en cuanto al modelo desnaturalizado de la concepción inicial y universal de la JEP, el vocero guerrillero Aurelio Carbonell, manifestó que no se van a someter “a esa justicia”; en el entendido que ha de explorarse otro modelo de justicia transicional. Además, rechazan una hoja de ruta que signifique la entrega de armas, antes que se materialice la implementación de los Acuerdos, en clara alusión a la experiencia deparada a las antiguas Farc-ep.

LA LINEA DE COMPORTAMIENTO GUBERNAMENTAL

El Establecimiento concibe las conversaciones en la dinámica de las confrontaciones armadas, sin modificarse la apuesta de la delegación del gobierno anterior, que en cabeza de Juan Camilo Restrepo sostuvo: “el cese bilateral no es el comienzo sino el resultado del proceso de desescalamiento” del conflicto. Mantiene la constante de exigencias unilaterales a la insurgencia en especial sobre el tema de secuestro, denominado como de retenciones individualmente consideradas por la contraparte insurgente. Esta, a su vez, ha aceptado colaborar en el desminado como gesto humanitario y no encuentra reciprocidad por la contraparte estatal, en asomos como el desmonte del paramilitarismo, el cese de asesinatos de líderes sociales, por no mencionar el fin del terrorismo de estado practicado como ejercicio contrainsurgente.

Quiso engatusar con la tipificación del paramilitarismo como delito y hasta las vacas sagradas de los jurisconsultos del Establecimiento replicaron que la solución no está en prohibir lo prohibido. Contraria a la concepción de búsqueda de solución alterna al conflicto, condiciona la suerte de las conversaciones a que los rebeldes respeten la legitimidad del Estado, cesen en toda acción armada y de saboteo económico contra el sistema contra el cual luchan en armas.

Imponen que el único que puede cobrar impuestos en Colombia es el Estado, en contraposición a la caracterización de una fuerza insurgente, que domina territorio, controla población e impone una juridicidad propia. De esa manera el actual gobierno exige a la contraparte la capitulación previa para conversar; desplazando el entendido de la insurgencia de tratar a fondo con soluciones de Acuerdo todos y cada uno de los factores de enfrentamientos manifiestos, una vez estén sentados en búsqueda de soluciones de fondo y definitivas.

La parte estatal, sin ningún gesto de retribución, exige al E.L.N que confiese si tiene efectivos en la República Bolivariana de Venezuela. Que le confirme el número de secuestrados en su poder, conforme a las cifras que la inteligencia estatal maneja. Aplica lo de derrotar militarmente a la guerrilla y luego conversar con ella; militariza el campo; desplaza unidades militares blindadas en regiones fronterizas como El Catatumbo, ineficaces en una guerra irregular de guerrillas y sobrado asomo de expansión militarista contra el vecino país. Activa las circulares rojas de detención internacional a reconocidos jefes insurgentes, junto con inusitada ofensiva diplomática de exigencias a países fronterizos, sin acatar las calidades de países garantes, de apoyo, acompañamiento y de cooperación, previstos en el Derecho Internacional, en armonía y colaboración al fin del conflicto existente. Desestima el gesto de peso político de designar como plenipotenciario en las conversaciones a su jefe máximo Nicolás Bautista, Gabino, como es de su usanza. Profundiza una calculada campaña de desprestigio a nivel nacional e internacional al ELN, estigmatizándolo no como una fuerza insurgente, sino narcotraficante, deshumanizada, con la ayuda de la dictadura mediática a fin de propinar los efectos de golpes políticos ante la población, ante ineficacia de los “golpes” militares que propina bajo el amparo de la inexistencia de veeduría internacional del desarrollo y contingencia de sucesos, supeditando la guerra a un juego de imprevistos.

En Insurrección, órgano informativo, a finales de junio de 2017, el ELN editorializa calificando a Santos de un adversario difícil y sinuoso para el dialogo, aunado a sectores del establecimiento empeñados en desconocer lo acordado “en una y otra Mesa”; caracterizados por lo confrontativo contra las expresiones rebeldes del movimiento popular; oteando agravamiento de la situación sin importar el ganador de la campaña electoral, para ellos independientemente lo fuere cualquiera de los partidos del régimen. El resultado del sistema electoral corrupto e ilegitimo colombiano, demuestra la hegemonía del bloque de poder contrainsurgente, sin cambio político específico alguno ante el reto del fin del conflicto armado interno.

Es sabido que desde la época del “estatuto de seguridad” del gobierno de Turbay Ayala, un decreto de guerra dispuso que todo lo relacionado con acciones de “orden público” debía pasar por el tamiz noticiario de la inteligencia militar. En las zonas de escenario del conflicto esa disposición continúa aplicándose, siendo dócil y sumisa la dictadura mediática al respecto. De esa manera han tejido en el imaginario de opinión que el Ejército de Liberación Nacional es una organización de narcotraficantes. Nada más alejado de la realidad.

Un recuento de análisis de prensa sobre el escenario de guerra en El Catatumbo destaca, solo en este Año de 2018, los golpes acertados al “Eln”, sin beneficio de la duda, como tampoco de prueba alguna. Así:

A enero de 2018. Desmantelan un centro de acopio de base de coca del ELN en la vereda Corinto del corregimiento San Martín de Loba (Sardinata), al servicio del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Las autoridades hallaron 109 paquetes que contenían al menos 116 kilos de base de coca. La Policía aseguró que con esta operación se debilitó las finanzas del frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, en por lo menos 500 millones de pesos.

Difunden que según se conoció, luego de que el ELN recolectaba la base de coca en este lugar, la llevaban hasta los laboratorios para convertirla en clorhidrato de cocaína y posteriormente exportarla a Venezuela, Europa o Estados Unidos.

A 09 de febrero de 2018, siguen acusando al ELN, con lo de coca: con esta operación que pertenece al Plan de Campaña “Victoria”, se afectó cerca de 2 mil millones de pesos de las finanzas del Frente Juan Fernando Porras Martínez, del ELN. Destruyendo instalaciones en El Catatumbo mediante incursiones aéreas…

A 07 de abril de 2018. Desmantelan una de las refinerías más grandes del ELN en Convención. Corregimiento de Cartagenita…654 millones de pesos cuesta el complejo petrolero ilegal que desmanteló el Ejército. “Estamos en un complejo preciado para el Ejército de Liberación Nacional (ELN); les golpeamos las finanzas”. Mientras los expertos antiexplosivos destruían de manera controlada esta refinería, con el objetivo de que la compañía Capitán Francisco Bossio del ELN no continuara afectando la estructura petrolera de la región y no causara más daños ambientales en esta zona del Catatumbo.

A 02 de mayo de 2018. Caen once integrantes del ELN en el municipio Páez, Venezuela. Las autoridades también ubicaron una casa desde donde delinquían los capturados. Con tropas combinadas de la Armada Nacional y la GN venezolana, incautaron material de guerra de la comisión de finanzas Rafel Villamizar del ELN. Que, en el lugar, también fueron hallados 200 kilos de clorhidrato de cocaína, 99 kilogramos de marihuana y 500 de explosivos tipo R1, con alta potencia y gran alcance de destrucción.

Siguen vinculando a ELN con drogas: por el ‘Tío’ (30 o 40 años), capturado como jefe de finanzas del frente de guerra suroccidental del ELN.

A 12 de noviembre de 2018. Desmantelan complejo de cocaína del ELN en San Vicente, zona rural y boscosa de Abrego. El cristalizador producía al menos 2.400 kilos de droga al mes. Donde hallaron las estructuras ilegales al servicio del narcotráfico en N de S.

21-11-18. Se lee también que exportaban coca con sello Catatumbo. Este martes, la Policía Antinarcóticos anunció que, durante operativos realizados en Cúcuta, Tibú y Bogotá, capturaron a 25 personas más que traficaban para el ELN.

Así presentado el ELN seria esencialmente una organización narcotraficante. También sería la única, pues no se menciona golpes a ninguna otra. Todo un contrasentido cuando el gobierno, ante veedores internacionales, mantenía instaladas una mesa de conversaciones con colaboración de países y apoyo internacionales. Pero todo ello obedece al manejo de descalificación por la mentira y la calumnia a justificar el rompimiento de las conversaciones.

De ser cierto el panorama presentado pues el Ejército de Liberación Nacional (ELN) no sería una fuerza con estatus político de beligerancia en un conflicto armado interno, de conformidad con los parámetros del derecho Internacional. Carecería de entidad propia como organización político-militar, con mandos superiores e inferiores. Su dedicación no sería la formación de cuadros. No ofrecería un programa de alcances mínimos para las masas. No ejercería un control y presencia permanente en territorio determinando; tanto en lo rural como en lo urbano. Tampoco desarrollaría trabajo político urbano y rural al interior del movimiento popular. Su finalidad no sería la toma del poder, sino la del enriquecimiento de sus miembros y militantes, estrategia que siempre han manejado en el sentido que hace treinta años si eran una guerrilla idealista y hoy no les mueve un gesto noble y de sacrificio.

POSIBLES SALIDAS

Partiendo del presupuesto que el ELN sabe, por experiencia, que es lo que no debe hacer ante la prepotencia hegemónica de la derecha en el poder; en mi condición de ciudadano, careciendo de ostentación, atendiendo al clamor de búsqueda de la solución política a la terminación del conflicto armado interno con el ELN y en consonancia con el mandato constitucional de búsqueda de la paz, sea el momento propicio para que se recomponga la Mesa de Conversaciones. Que la Alta Parte Contratante estatal tenga representantes plenipotenciarios por parte del Legislativo y lo Judicial en la Mesa de La Habana. Que las Conferencias Exploratorias de la Sociedad en el marco de las conversaciones con el ELN permitan avanzar eficazmente en los diálogos y en tal sentido se amplié el espectro de su participación con la reglamentación de aportes con debates de las organizaciones sociales, incluida la de las organizaciones de profesionales en todas las disciplinas. De igual manera se implemente la participación de la ciudadanía en municipios y ciudades intermedias inferiores a doscientos mil habitantes con Cabildo Abierto Populares que en ejercicio democrático debatan y aporten sobre temas de manejos de recursos naturales y defensa del medio ambiente, en sus jurisdicciones. El problema de la Salud, lo energético y la soberanía alimentaria. Y para impedir la burla por desconocimiento a lo Acordado, la parte insurgente presente como eje de conversación su desarrollo bajo la premisa que todo lo Acordado, sea inmediatamente implementado.

En la última alocución presidencial en cadena a todo el país, el 28 de noviembre de 2018, Iván Duque ratificó la disposición de conversar con el ELN, bajo la condición que el ELN deje de secuestrar y de actuar. Más de lo mismo. Ante el panorama de movilización y de resistencia popular agregó la búsqueda de la equidad en el país. Una expresión que se utiliza para mencionar un equilibrio entre nociones de justicia e igualdad social. La equidad alude en las relaciones sociales, en la defensa de igualdad del hombre y la mujer; es decir, la equidad de género que su partido CD despotrica y desconoce. En el uso y control de la propiedad y servicios, con función social que presupuestos fascistas no asumen. ¿Pero puede haber equidad, igualdad de ánimo, en un sistema de capitalismo salvaje neoliberal? Si el señor presidente no dialoga con el ELN, no dialoga con nadie. Ni con estudiantes, profesores, transportadores, campesinos, indígenas, ni empleados públicos. Y si lo hace es para engañar. En eso se condensa la existencia o no de voluntad política por parte del ejercicio oligárquico de poder.

Ensayo sobre lo inminente fascista del centro democrático

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Por, Carlos Meneses Reyes

 

En Colombia las expresiones “ismo” en el léxico político han fenecido. Pero también los referentes de “centro” dejan de ser alocución valida. Lo de “polarización” pasa a ser una imagen en el colectivo, convirtiéndose en un estereotipo o camisa de fuerza que afecta el ideario de explicación de hechos y sucesos y la participación de fuerzas (sinergias), pasa a caracterizaciones definidas en torno a las denominaciones de derecha y/o de izquierda para analizar las situaciones concretas del devenir social e histórico del campo político colombiano.

En lo ideológico y filosófico-político, corresponde partir de lo concreto y definido bajo las caracterizaciones de derecha o de izquierda al aceptar como alocución no valida lo etéreo de centroderecha o de centroizquierda, llegándose al sin sentido de ubicaciones “un poco más hacia el centro” o “un poco más hacia allá”. Pero esto no obedece a simple inflexión de cambio de tono o de voz. Ocurre en el caso concreto político a la admisión de presupuestos de análisis en que, existiendo una hegemonía de derecha en el derrotero político del país, se tome como mediato al análisis los periplos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez y de Juan ML Santos. Pesando el panorama del conflicto armado interno en ascendente, el Bloque de Poder Oligárquico optó por una salida militarista a la solución de este, lo cual explica la procedencia de un cuadro de extracción de campesino-rico para las riendas del Estado. Uribe Vélez fue ungido para incrementar la guerra, en aplicación a la salida militar y el andamiaje electorero político lo llevó a repetir el mandato, en dos ciclos de intensificación del conflicto armado en Colombia que concluyó en la no derrota militar de las insurgencias cincuentenarias. Ese mismo bloque hegemónico de poder oligárquico oteo el panorama de los resultados y con sobrada capacidad dio viraje hacia una tendencia de centro, predominando la designación para las riendas del Estado en un cuadro de la rancia aristocracia política, en el que predominó la salida política y civilizada a la consecución del conflicto armado, centrándose todo el esfuerzo en el fin del conflicto armado con las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia – ejercito del pueblo Farc-ep. Logrado el objetivo con las firmas de los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, junto con el desarme de esa guerrilla, para la implementación de lo acordado, el Bloque de Poder oligárquico, viró en el cambio de idea y de actuación de manejo gubernamental, burlando y dilatando la implementación de lo acordado (pacta sund servanda), volviendo a un ciclo de retoma de la derecha, dejando sin validez la alocución de centro. Sin mayor excitación asimilamos el último resultado electoral presidencial en que el bloque de poder oligárquico en “contienda”: Duque, De La Calle, Vargas Lleras, Fajardo, se enfrentan a la tendencia Progresista encarnada en Petro, secundada por la izquierda no armada, que, conforme al derrotero histórico continua en la fila, en la búsqueda de turno, antes a la saga del liberalismo y hoy a la cola del progresismo.

EL URIBISMO NO ES UN MOVIMIENTO POLITICO

Se llama Uribismo a los seguidores de Uribe. La única bibliografía encontrada es el esfuerzo del fundador del Centro de Pensamiento Primero Colombia, con la publicación de un libro “Las ideas de Uribe” escrito por su asesor de campaña José Obdulio Gaviria. Uribe Vélez surgió como precandidato del partido liberal en las elecciones presidenciales del 2002 y al no lograr la candidatura obtuvo el apoyo del oligárquico partido conservador y por medio de firmas obtuvo esa candidatura. Cumplido su primer periodo presidencial, para las elecciones presidenciales de 2006, reunió a todos los grupos de seguidores, creándose un partido electoral conocido como el Partido Social de Unidad Nacional o Partido de la U. Materializo la ralea, la unión de todos los pelambres y calañas de lo más descompuesto de los partidos tradicionales, aunado al arribismo de los nuevos ricos y traquetos, como base social, para enfrentar el peligro de una insurgencia ascendente y escalada del conflicto armado interno a estadios de una guerra civil. Constituyó el acenso de la lumpen burguesía y la entronización de la corrupción bajo el soporte condicionado de un sistema electoral corrupto, ilegitimo e ineficaz, de reflejo de mínima expresión de voluntad popular. En ese estadio de ignominia e iniquidad permanecemos.

Lo más rancio de la oligarquía colombiana: Vargas Lleras, no se unió a ese partido acogiéndose a la tendencia coyuntural trazada por el Bloque Oligárquico de Poder, con su movimiento Cambio Radical (CR), que junto con Convergencia Ciudadana y Alas Equipo Colombia, apoyaron esa candidatura con réditos a su favor.

El Uribismo- bajo la semblanza de Uribe- se proyectó bajo un modelo de corrientes ideológicas de chovinismo nacionalista paisa. De anticomunismo a cualquier tendencia renovadora o alternativa de poder. Anti farc (anti fariano), a toda manifestación de beligerancia política de las insurgencias y por ende a su desconocimiento. A arraigo de fundamentalismo religioso o de clericalismo religioso, triunfante en las contiendas civiles del Siglo XIX. Impulsor de las tendencias teóricas del neoliberalismo, de un Estado Comunitario, Corporativista, Libertario y/o de tercera vía, frente al “gigantismo” estatal y en búsqueda a la nimiedad o mínima expresión del Estado Benefactor. Los dos periodos presidenciales de Uribe constituyeron el desarrollo de su manifiesto programático enunciado. En consonancia con el orden económico mundial predominante junto al juego del Mercado y la función del Estado, desplaza lo justo sobre lo bueno y en orden al desconocimiento del individuo liberal, como objeto de servicios, predica fortalecer a la comunidad frente a los abusos del Mercado y al llamar excesos la consecución de fines del Estado aplica la privatización a ultranza en desmejora de las conquistas sociales y el panorama de seguridad social. Bajo la egida del antiterrorismo y la lucha contra el narcotráfico, sintoniza con los intereses del Imperio. Ya cumplido su ciclo presidencial, frente a su sucesor, en la mecánica de turno de la táctica del Bloque de Poder Oligárquico, no asume una oposición política, sino una clara disidencia en contra del mandato constitucional de búsqueda de la Paz.

LOS ORIGENES DEL PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO

El 06 de abril de 2013 nacen las Juventudes del Centro Democrático en Valledupar. Asistieron delegados del Departamento del Cesar y comitivas de Medellín, Barranquilla, Manizales, Guajira, Bogotá. Centraron su aceptación en los cinco pilares que a continuación analizaremos. Se presentaron como jóvenes del presente, no del futuro (…). Los asistentes impulsaron un proceso de alternativa de centro democrático que les permitiera participar con éxito en las elecciones de presidencia de la República y de cuerpos colegiados a todos los niveles. Asimilaban la aprehensión del deterioro de la seguridad. Desconociendo las exploraciones y tendencias para un ciclo de conversaciones, acercamientos y negociaciones con las guerrillas de las Farc-ep, fundamentaban que “las Farc no han abandonado su pretensión de tomarse el poder por las armas ni abandonan la combinación de todas las formas de lucha y siguen victimizando al pueblo que dicen defender”. Tal enunciado aún lo mantienen inmodificable, pese al giro y resultado de los acontecimientos; la no existencia de las farc-ep como guerrilla; la demostración en el tortuoso procedimiento de implementación de lo Acordado que en forma real jamás se les entregó el país; como no primo el lavado de activos de las guerrillas. De maneras que con presupuestos falsos se erige todo un proyecto de vocación de poder, para dirigir un país.

CARACTERISTICAS DEL CENTRO DEMOCRATICO

Analizar al partido Centro Democrático (CD) como organización política incluye auscultarla sobre los parámetros de estructura interna de poder. Las políticas o lluvia de propuestas públicas que propicia. El contenido de sus estatutos de partido.

Una detenida lectura de los antecedentes para la creación del partido Centro Democrático (CD) de sus estatutos y declaraciones, conlleva a una correspondencia a idearios totalitarios y fascistoides. Pretende ser de centro y democrático, para mimetizarse. No encontramos una manifestación pública y en alta voz que exponga esos- sus – propósitos. Corresponde al analista auscultar, el origen, la evolución en consonancia con los hechos y situaciones políticas dadas en el panorama político nacional. Resalta la entronización de un partido caudillista. Incorpora el culto a la personalidad en relación con el papel atribuido al expresidente Uribe. La presentación del logotipo es una composición de artes gráficas en que una figura deja de ser imaginaria e incorpórea y toma el aspecto inequívoco de un rostro, de una persona enfocada al papel personalista del personaje, fundador y orientador del partido. La posición de la mano en el pecho, cual argumento engañoso o manera de expresarse propio de una persona, repetido en actos oficiales o públicos. Lo finalista del mensaje publicitario es demagógico y conclusivo en que todo lo que diga y haga el expresidente es el Centro Democrático. Rezan sus estatutos: “La naturaleza del proceso de nominación es el dueño del partido”. En el orden jerárquico: 1. El Presidente Fundador es vitalicio. Los demás no más de tres periodos. Acorde con lo de “presidente eterno” o “presidente vitalicio”.

Como organización política, el Centro Democrático será examinado a continuación sólo desde tres perspectivas, a saber, según su ubicación ideológica; según la estructura interna de poder; según la oferta de políticas públicas que propicia.

Ahora bien, en términos ideológicos, ¿qué dicen los estatutos del partido? Normalmente, los estatutos de los partidos proponen algún enunciado de corte ideológico. Pues bien, en el caso de CD no existe ese enunciado explícito de orientación ideológica. Lo que más se acerca, es el artículo segundo de los estatutos el cual afirma: «ARTÍCULO 2. NATURALEZA. El Partido Centro Democrático es una organización política de ciudadanos de carácter democrático, popular, diverso, incluyente y moderno”. El propósito del presente ensayo apunta a desmentir esos enunciados.

El CD se inspira en cinco pilares como centro del quehacer político y de las propuestas de política pública: 1. Seguridad Democrática. 2. Confianza Inversionista. 3. Cohesión Social. 4. Estado Austero y Descentralizado. 5. Dialogo Popular.

  1. La Seguridad Democrática. Concebida como la lucha frontal contra los alzados en armas. Aunque expresa- para mimetizarse- que no obedece a concepciones como las de la doctrina de la Seguridad Nacional, que ha hecho carrera en América Latina, que parte de la consideración ideológica de la existencia de un “enemigo interno” y el derecho penal del enemigo; constituyó la aplicación de una visión militarista del conflicto interno colombiano, forzando a la ciudadanía a la solidaridad publica para estatal bajo innumerables incentivos y colocando a la población civil como activa en ese conflicto sin miras a las consecuencias de objetivo militar por parte de las insurgencias existentes. Acorde con el mandato imperial enfoca, mecánicamente, la lucha contra el terrorismo bajo el precio que para atacar al terrorismo y la lucha contra el narcotráfico no existe la soberanía de la nación, sino un embeleco o engaño de soberanía democrática.

En forma despampanante asegura que «No hay mayor inequidad en Colombia que en el acceso a la seguridad: son los más pobres quienes están menos protegidos, quienes son desplazados de sus tierras y sufren en carne propia el terror de las organizaciones armadas ilegales”. Cuando es sabido que la tal Seguridad Democrática, militarizando al país, se basó en la permisibilidad para que los hacendados y latifundistas llegaren a sus predios y hatos ganaderos, debido a la intensidad del conflicto; puesto que esa concepción de seguridad fue eminentemente clasista y resulto siendo el vehículo expedito para la violación de los derechos humanos. La Junta de Inteligencia Conjunta llegó a ser el órgano donde se coordinó la inteligencia estatal, integrado por los directores de los organismos de inteligencia del Estado, entre ellos el fatídico DAS, como policía política; el grado de coordinación de los organismos de inteligencia dependiendo también de la confianza que generaba la contrainteligencia, volcada en la seguridad urbana, con la ciudadanía y sector privado. Aplicaron enunciados como: “Una red de ciudadanos en las zonas urbanas y rurales del país cooperará activa, voluntaria y desinteresadamente con las autoridades, brindando información que permita la prevención y la persecución del delito”. Así fue como crearon las Redes de cooperantes (sapos); aplicaron programas de recompensas en la danza de los millones de las finanzas públicas feriados por “autoridades” militares y de policía, sin control auditado. Todo un desangre de financiación bajo una escasa evaluación o negación de resultados. La Seguridad democrática fue la aplicación de una óptica militarista y policial. Desmejoró mandatos constitucionales tales como el desconocimiento de las funciones propias en el manejo del orden público en las jurisdicciones propias de acaldes y gobernadores (artículos 296 y 315-2 de la CP); siendo desplazados los alcaldes en la conservación del orden público en el municipio, al aplicarse los Consejos de Seguridad sin su presencia y dirigencia. Cual verdadero reinado de un Mini Furher. Durante la aplicación de esas metodologías se archivo la discusión de contar con una policía cívica, no militarista; que dependa del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa. Acorde con la concepción de las Convivir, se aplicó una policía comunitaria y no una policía cívica, ciudadana, de credibilidad y confianza y no una “policía” para la guerra. De función proactiva, preventiva y no reactiva, represiva. El país no contó con una política de seguridad ciudadana; confundiendo las funciones del ministerio de defensa y del ministerio de justicia. Queda mucho por contar de esa “Seguridad Democrática”.

  1. La Confianza Inversionista. Esta propuesta se impulsa paralela con la seguridad interna. Abrir compuertas a la llegada del capital multinacional, que obligatoriamente desplaza al capital nacional sobre figuras de absorción. El capital inversor extranjero, actúa como verdadero invasor, desbastador de recursos naturales. Saca de competencia a las pequeñas y medianas empresas impulsando un discurso de farsa. Adecuan todo un cuerpo normativo y de convenios o tratados para beneficiar con estabilidad financiera ampliamente a los grandes inversionistas con salvedad tributaria y a espaldas de la persona natural o física. El escándalo de Carimagua que confluyó en benéficos a latifundistas y empresarios del “agro ingreso seguro”, vulnerando los derechos a víctimas y desplazados por la cruenta reforma agraria dc concentración de tierras paramilitar. Este modelo de confianza inversionista resultó siendo perverso, en contra de la prevalencia del interés general con menoscabo al grueso de la población y beneficios y concentración de poder a los grandes trust o carteles económicos y financieros.
  2. Cohesión social. Es una propiedad del estadio de la sociología y no propiamente de la política. Abarca el funcionamiento y estructura de la sociedad humana. Aplica al plano emocional, las relaciones de interacción, de relaciones a nivel laboral, fenómenos económicos, religiosos, artísticos. Toda una gama de expresiones. Alienta a un sistema de pertenencia o proyecto de situación común; pero lo supedita a lo coercitivo de lo normativo. Por ende, no es de ejercicio de práctica política o de debate de ideas. La función es la de adherir, no la de debatir. Una impositiva fuerza de atracción. En un esfuerzo por entenderlo en la realidad política, dista de un ejercicio sano democrático.
  3.  Estado Austero y Descentralizado. Complementa lo de coacción social. Colombia es una Republica unitaria, descentralizada. Esto de descentralizada rige u obedece a una función administrativa. Lo preocupante radica en que el “chovinismo nacionalista paisa” impulsado, es de carácter regionalista. También lo pudiere haber costeño o de otra región de las cinco que comprenden el mapa físico de Colombia. Esa descentralización regional, en la filosofía del partido en análisis, atentaría contra la Unidad Nacional, opuesto al mentís que es pluralista e incluyente. La concepción de un estado austero se supedita a un estricto y férreo cumplimento de las normas y/o mandatos morales. Impera lo severo y rígido. Es control ciudadano. Juega la dictadura mediática. El prejuicio. La imposición. Con relación al tema de Antioquia y la ultraderecha el columnista Gustavo Lopera, asienta: “Me niego a creer que los paisas somos uribistas por genética, al contrario, quiero creer que nuestra vocación es más sublime”.
  1. Dialogo popular. El sentido de un dialogo es la confrontación y discusión. Es conversación entre dos o más individuos (partes) que exponen sus ideas o afectos. Se intercambian posturas y opiniones a la consecución de logros alternativos. Los estatutos del partido Centro democrático aluden al funcionamiento del artículo 55 de la CP en la búsqueda de concertación para solucionar los conflictos colectivos de trabajo. Incurre en yerros de metodología de la presentación. No alude a la ineficacia o letra muerta de las formas de participación democrática (Artículo 103 de la CP). Desconoce y boicotea una Consulta Popular. No alude al ejercicio soberano de los Cabildos Abiertos Populares. Por celo santanderista callan y otorgan los estados de cosas inconstitucionales (eci) en el país. No admiten el dialogo, conversaciones y búsquedas de Acuerdos y cumplimientos civilizados a salidas políticas con las Insurgencias. Al callar otorgan réditos a la salida militarista. Es decir, al incremento de la guerra.

UNA CALIFICACION APROPIADA

Los factores analizados nos llevan a identificar al partido Centro Democrático como un partido fascista. Lo resumimos en la inclusión de las 14 características que la politología universal enseña:

  1. Nacionalismo poderoso y permanente. Agobian al colectivo insistiéndole en forma agobiante, sobre uso de frases, reiterativas mentiras o argumentaciones falaces, símbolos, canciones, parafernalias patrioteras. Himnos a la guerra. Impulso del militarismo.
  2. La alusión al castigo severo. Les disgusta reconocer la defensa de los derechos humanos y a sus luchadores.
  3. La lucha social y quienes la lideran como una causa unificada para eliminar un perjuicio preconcebido, en la identificación de enemigos o chivos expiatorios.
  4. Supremacía a lo militar, como atractivo o encanto especial o llamativo, en contraposición a lo civil.
  5. Dominio total de lo machista y sexismo rampante. Alergia a la distinción y aceptación de género.
  6. Idolatría y sumisión a la dictadura de los medios de comunicación. A la aplicación y mensaje subliminal de Goebbels: una mentira y calumnia repetida se convierte en lo cierto.
  7. Obsesión con la Seguridad Nacional. Un instrumento o arma motivacional para el control de las masas.
  8. El fundamentalismo religioso. Su uso en una entremezcla con las funciones gubernamentales para el control social.
  9. El corporativismo, como poder, esencialmente protegido, en el beneficio de elites, empresas y usufructuarios del poder.
  10. Supresión de los sindicatos y organizaciones laborales y de trabajadores. Todo poder laboral es suprimido como peligroso.
  11. Aunque posan de cultos, encierran desprecio por las artes y por los intelectuales.
  12. Son obsesivos por el castigo y la violencia policial en la erradicación del crimen. No admiten concausas ni efectos.
  13. Usan el poder para proteger a comilones en la práctica de la corrupción y rampante amiguismo.
  14. Acuden a las elecciones fraudulentas en la perpetuación del poder. La permanencia de sistemas electorales corruptos e ilegítimos. Practicas inveteradas de control político electorero. Adecuación de autoridades administrativas para desplazar a la justicia electoral.

 

  1. PD. Al concluir el presente ensayo se difunde la noticia de división dentro del partido Centro Democrático. José Obdulio Gaviria habla de las tensiones por las que atraviesa el partido y menciona la existencia de un relevo generacional. Afirma: “Uribe y yo somos el pasado”. A juzgar por la víspera, el Consejo Nacional Electoral ha de tomar cartas sobre la existencia de ese partido.

 

**Esta es una ponencia que se presentará en el Seminario Internacional de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) a realizarse en San Pablo. Brasil, el 30 y 31 de agosto de 2018 en la Universidad de San Pablo, con el lema: Democracia: Fortalecimiento o Extinción en América.

 

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Carlos Meneses: Un Estado fallido también en lo electoral

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

 

El Concejo Político Nacional del partido Farc- Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común-decidió suspender temporalmente su participación electoral. El motivo: las manifestaciones de hostigamiento orquestadas por la derecha militarista, en varias ciudades del país, contra la presencia de su candidato a la presidencia de la república Rodrigo Londoño: Timochenko.

No han sido manifestaciones espontaneas sino de acciones coordinadas por aspirantes a una que otra corporación pública del partido Centro Democrático (CD), acolitados por radio comunicadores, empresarios, militares en retiro, con el uso de las redes sociales, alimentando emociones, incitando al odio, buscando como resultado que la participación en política no se dé y el poder competir en el proselitismo político legal, de cara al debate electoral por el que se transita , se convierta en un imposible para los del partido FARC; además de buscar entronizar una ola de reacciones atentatorias contra la integridad física del candidato y aislarlo del medio del ejercicio político que es su vínculo con las masas. Excitan vivamente una ola de odio contra cualquier manifestación proveniente de la antigua guerrilla de las Farc-ep; también pretenden con esas conductas o manifestaciones anular el predominio ascendente de los líderes del partido Farc y de contera afectar su torrente proselitista; afectar e intimidar a sus seguidores, bajo el signo de la amenaza y la aversión a ellos (“al otro”). Buscan lacrar, ultrajar, ofender, bajo preconcepciones y prejuicios sociales, artera y malintencionadamente conocidos por la difusión de un estereotipo alimentado por la dictadura mediática, consistente en definir en el colectivo una imagen estructurada y concebida en forma alienante, de deshumanizar la figura e imagen del contradictor político; no tanto para desconocerla, como para destruirla y buscar su eliminación física. Ello además de traer como resultado la aversión, como sentimiento de odio y de rechazo hacia los lideres, partidarios y seguidores del partido Farc, materializan la violación de sus derechos humanos.

SE TRATA DEL DESCONOCIMIENTO Y RECHAZO AL FIN DEL CONFLICTO ARMADO CON LAS FARC-ep

La existencia de una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reviste el carácter de institucionalidad. No se puede mencionar o hablar de impunidad al existir una forma de justicia transicional para juzgar los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por parte de los miembros de la insurgencia fariana, los agentes de las fuerzas armadas del Estado y los particulares incursos, con motivo del conflicto, en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Voces de dirigentes, partidos, movimientos, se constituyen en disidentes del sistema imperante en Colombia al desconocer la existencia de la JEP y el funcionamiento del Tribunal para la Paz, que es el instrumento idóneo para juzgar a todos los actores del conflicto armado citados. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución Política de Colombia y las leyes. Como desconocen la existencia de la JEP como juez natural; la derecha militarista se erige en juez y parte al pretender llevar a la calle, violando elementales derechos de participación electoral, el juicio contra los ex militantes de la insurgencia fariana y callando el juicio contra los instigadores del Terrorismo de Estado, la responsabilidad de miembros de las fuerzas armadas del Estado colombiano y demás incursos en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que se hayan causado y que corresponde definir, conocer y juzgar a los Magistrados del Tribunal para la paz, dentro del sistema de justicia transicional ya existente.

Esa justicia, en la forma parcial como ha venido funcionando, ha permitido la salida temporal de la cárcel a miembros de las fuerzas armadas estatales acusados de esos delitos. No así, miles de miembros de la antigua insurgencia continúan en las mazmorras de las cárceles colombianas. La dirigencia de las antiguas Farc-ep, han aceptado su sometimiento a esa justicia, pese a no estar en los Acuerdos de La Habana y a sus reformas por el resultado del Plebiscito, como requisito sine qua non para participar en política. Pero unilateralmente lo aceptaron en una más de las innumerables concesiones por las que han optado, que redunda en réditos de favorabilidad ante la opinión pública nacional y mundial. Así la mediática dictatorial enajene la mente de amplios sectores de la población nacional, pontificando dizque la sociedad nunca los va a aceptar, desconociendo que en cincuenta años de conflicto armado han estado en la forma más ínsita y natural arraigados en el seno de las masas populares que les apoyaron y apoyan hasta el final. Tal como lo afirmó el sabio campesino Manuel Marulanda Vélez: “los medios tienen una deudita con Colombia”.

Los justicieros de la derecha militarista deciden juzgar y castigar a los miembros del Partido Farc, en las calles, alterando el orden constitucional del respeto al contendor político electoral. No esperan a que el Juez natural les atribuya las culpas o delitos. Quienes tipifican e inculpan esos delitos son los Magistrados de la JEP, no los medios ni los falsos mesías y redentores, para que con esas confrontaciones piensen hacer justicia con su propia mano. Pero la indiferencia gubernamental y la del Estado colombiano raya en complicidad con el ejercicio de esa para institucionalidad. Se da un materializado Hostigamiento por razón de la ideología política. Hostigamiento definido por la Corte Constitucional y tipificado por la Ley 1482 de 2011 que castiga penalmente el hostigamiento por motivo de ideología política; así como también por motivo de raza, religión, opción sexual etc. Se materializa lo del Estado fallido en lo electoral en Colombia y como sucedería en cualquier sociedad civilizada en el mundo, el no permitir el ejercicio electoral a un contendor debidamente inscrito, sentaría el precedente de la suspensión de las elecciones de 2018.

¿GUARDA EL ORDEN Y EL ORDEN TE GUARDARÁ?

Pues esa máxima no aplica en condescendencia con el comportamiento y ajuste del Partido Farc a la institucionalidad. El Acuerdo de La Habana contemplaba, que una vez sucedida la desmovilización y la entrega de las armas, la insurgencia fariana se convertiría en un Movimiento o Partido político, para participar en la actividad política legal en Colombia, bajo el prolegómeno de la implementación de una Reforma Electoral de fondo en el sistema político colombiano. Esa indispensable reforma electoral fue sepultada por el poder legislativo, representativo de los bloques de poder antipopulares imperantes. Pese a no pasar esa implementación, los ex insurgentes férianos decidieron constituirse en partido político e inscribirlo como tal, en contravía a una posición cincuentenaria de lucha contra ese mismo sistema electoral corrupto imperante contra el que se opusieron. Hubieran podido optar por constituirse en movimiento político de oposición sin violar lo Acordado. El golpe político al sistema electoral colombiano hubiere sido significativo. No necesitaban tener, conforme a lo Acordado, personería política de partido para ocupar las diez curules ya definidas. Como movimiento político las hubieran podido usufructuar. Optaron por beneficiarse de las gabelas de un partido político inscrito. Respetable decisión que trae como consecuencia la defensa improrrogable de su participación en la contienda política electoral del 2018. Y como en política la determinante son los hechos, ante el desespero e irracionalidad de la derecha militarista, avale el Hostigamiento al partido Farc, como desprestigio ante el mundo el corrupto sistema electoral colombiano, con el estribillo que en unas justas electorales de legitimación valida aplique el “o todos o en el suelo o todos en la cama” y en tal sentido se revindique la ilegitimidad del festín electorero colombiano del 2018.

CUAL DEMOCRACIA DEL DERECHO AL VOTO

Al no darse la implementación de la Reforma Electoral, concebida no solo para la participación de la insurgencia en la política legal, como la participación del movimiento popular y el entorno participativo de la izquierda, incluida la izquierda revolucionaria no armada, en sus manifestaciones de masas; es dable considerar que el fenómeno de la abstención mantiene sus constantes.

La abstención en Colombia supedita a un amplio sector de la población en capacidad de votar que no reconoce el sistema electoral imperante y se aleja de sus realizaciones. Constituye una población molesta por la imposibilidad de verificar el contenido de una desinformación proporcionada por el poder de los medios de comunicación. Ponen a escoger entre los mismos “al menos malo”. A eso se denomina democratura neoliberal o democracia de baja intensidad. Impera la dedocracia mientras que los intereses del capital financiero parasitario, del sistema de corruptela generalizada y la desmedida invasión de inversionistas privados continúan haciendo su agosto.

Votar por votar no representa las aspiraciones de representatividad del pueblo colombiano, con postulaciones a cargos públicos de gentes cuestionadas, con un sistema de financiamiento a los partidos anidados bajo la corrupción, el clientelismo y la compraventa de votos. El sorprendente resultado del NO en el plebiscito sobre la paz en Colombia, a poner fin al conflicto armado interno, deja una secuela de enseñanzas.

Asistimos a la existencia de un sistema institucional electoral perverso entronizado en la impunidad y la corrupción. Todas las estructuras del sistema electoral vigente, desde su institucionalidad registral, carente de la buena fe pública, rodeada de ilegitimidad, hasta el ejercicio mismo de la práctica electoral, están viciados. Ese tal llamado cuarto poder- el electoral- constituye un adefesio, una afrenta ante Colombia y el mundo. Se conocen los efectos adversos de los procesos de revocatoria de alcaldes, sin prospectos de efectividad o viabilidad. Aquí el CNE no tiene carácter jurisdiccional y por ende no tiene competencia para dirimir ningún contencioso entre el pedido ciudadano de revocatoria y el encartado. Se carece de una jurisdiccional especializada para el efecto de delitos electorales.

El actual sistema electoral no garantiza el mandato constitucional de Partidos y Movimientos Políticos organizados democráticamente; ni sus procesos de democratización interna. Ofensivo, por ejemplo, que el Partido Centro Democrático, cohoneste vallas o pancartas en el que imponen a sus militantes que el candidato de esa colectividad a la presidencia será “El que diga Uribe”. ¡Físico caudillismo fascista y ninguna “autoridad” electoral, hasta el momento, ha tomado oficiosamente cartas en el asunto! Aberrante, que, por no contarse con un tribunal especializado en materia electoral, luego de cuatro años de investigación y dizque revisión de medio millón de documentos, el Consejo de Estado decide anular la elección de tres senadores que calentaron silla y siesta devengando del erario público millonadas, relevándolos para dar entrada a los fundamentalistas del partido Mira, de los megas iglesias cristianas de la multimillonaria María Luisa Piraquive. Odiosa oportunidad de revivir a un partido de derecha en desgracia y precisamente en época electoral, con sus cantaletas de sermones discriminatorios contra la igualdad de género, la escogencia de sexo y el comportamiento de libre ejercicio de la personalidad; opuesto a la laicidad, es decir al sistema que excluye a las mega iglesias internacionales del ejercicio del poder político o administrativo y de la organización de la enseñanza pública y privada. Los difusores de la noticia lo califican de una investigación de gran envergadura que encontró serias irregularidades en el sistema electoral colombiano, comenzando por los softwares usados para realizar los escrutinios. La pérdida y destrucción de formularios y material electoral. Inconsistencias en formularios en los que los datos deberían coincidir. La utilización de plumones que no eran de secado rápido, lo cual generó doble marcación al doblar el tarjetón. Total, incoherencia en la información de totalización de los votos de los jurados en las mesas, de datos consignados en los formularios E 14 y el formulario E 24, que contiene el conteo en las comisiones escrutadoras y el formulario E 26 que finalmente declaran o no la elección. Y pese a todas esas falencias las dieron por declaradas. Toda una repetitiva situación consuetudinaria durante cincuenta años de insurgencia armada, durante los cuales jamás se dio un boicot a esa forma de burla electorera a la voluntad popular. Durante ese lapso se han contabilizado 32 y más formas de fraude electoral aplicados. No es de hoy esa alta vulnerabilidad del sistema electoral colombiano, ni que el menguado sistema informático con que cuenta el Estado colombiano sea la causa de esos males; cuando precisamente es el sistema del sufragio digital el medio idóneo para curar entuertos electorales. Resaltan las dificultades por la carencia de un juez especializado y eficiente electoral y en modo alguno la solución a tal desastre pueda ser la recomendación de tomar medidas de controles y precauciones, como lo dispone la vacua, por vacío y falta de contenido de fondo, de la tal sentencia del Consejo de Estado. Como oportunista y ofensiva la invitación de politiqueros en el sentido que el Partido Farc se retire de la contienda electoral. Se constituyen en verdaderos agresores cohonestando los delitos electorales.

DE OTRAS AGRESIONES

Corresponde registrar que además del hostigamiento contra el partido Farc las manifestaciones de la derecha militarista alistan contra el Partido Progresista. En momentos en que se organizaba un Foro minero con la participación del candidato presidencial Gustavo Petro, en la Jagua de Ibérico, en la sede de Sintramieneregética, elementos aún no identificados asaltaron las instalaciones y sustrajeron bienes y dineros de la organización sindical. Destacando a las organizaciones sindicales como poleas de transmisión del movimiento popular, al atentar contra la presencia del candidato Timochenko en la ciudad de Yumbo, también causaron destrozos a la sede del Sindicato Sutimac, donde iba a reunirse con grupo de sus seguidores. Esta violencia electoral antisindical es propiciada por la derecha militarista. Desde la firma de los Acuerdos de La Habana, de septiembre de 2016 hasta junio de 2017 fueron asesinados 82 defensores de derechos humanos y contra más de cincuenta habían atentado contra sus vidas. Hasta la fecha los delitos contra los defensores de los derechos humanos van en crecimiento, siendo los líderes sindicales, comunales, comunitarios, campesinos; así como recuperadores de tierras, defensores del medio ambiente y afrodescendientes los más afectados.

Sepa el mundo que es mejor decir que con estas elecciones no se está construyendo una Nueva Colombia.

 

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El culto al militarismo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

 

La visita del Papa Francisco I ha embriagado de optimismo a quienes han asistido a los actos de su presentación, como a quienes siguen por las cadenas televisivas su visita de cuatro días a Colombia.

Respetando el fervor religioso, destaco el factor de información a millones de colombianos(as) sobre los estragos del conflicto armado interno. Resalto el contenido político y social de sus desplazamientos a lugares de hecho y la recepción de testimonios del drama padecido por los habitantes de la nación colombiana. Los réditos políticos destacan. El partido de las Farc despliega su constante de perdón. El de la extrema derecha, oportunista, pesca en río revuelto.

Al negarse a asistir a los actos protocolarios, el ex presidente o mejor, el senador Uribe se coloca en segunda fila “yo no fui (a la calle 26) a que me viera el Papa” trina; explicando su escaso séquito con dos pancartas, que por primera vez los medios dictatoriales de la información en Colombia, no le acatan. Al centro democrático (CD) le sucede como a la oposición venezolana: dentro del sistema imperante; pero con el galimatías, es decir, el lenguaje oscuro e impropio de calificativos y palabras, generando confusión de ideas a sus electores y de espaldas a la verdad y a la realidad política. Coinciden en que el objetivo no es un “programa” de gobierno de inspiración popular, sino en el desgaste iconoclasta, de la imagen del presidente Maduro allá y del presidente Santos, acá. Cómo se dice se “mamaron”. Pero cualquier desprevenido no observa que la ganancia ha sido el fortalecimiento de lo institucional falaz, engañoso y falso, que las víctimas del conflicto en Colombia provienen de afectados por el paramilitarismo y por las guerrillas. Ha cundido un velo de silencio sobre la responsabilidad del terrorismo de Estado en Colombia. El glorioso ejército colombiano o fuerzas armadas estatales del conflicto, ha pasado por el tamiz del agache, sin romperle, ni mancharle. Jamás se había sentido la presencia de una doctrina militarista vigente, como en esta ocasión de la visita papal. El que el comandante del ejército nacional le haya entregado al Papa una virgen ataviada con un uniforme camuflado y exhibido el dolor en la revictimización de los mutilados en sus filas, hiere cualquier sensibilidad neutral de la Iglesia.

Por ello la izquierda destaca que Uribe y Santos, son caras de la misma moneda oligárquica; eso sí una más desgastada que la otra.

Que se espera de Medellín

Hoy sábado 9 de septiembre de 2017, llega el Papa Francisco a la ciudad de Medellín, para lo cual destaco el contenido del artículo del profesor Renan Vega Cantor, publicado en Rebelión.org, “La hipócrita solidaridad de los paisas del Atlético Nacional”, Cito: “Hay que decir que en las últimas décadas, como resultado de dos fenómenos complementarios, el tráfico de narcóticos y el paramilitarismo (los cuales confluyen en un político regional que llegó hasta la Presidencia), el apelativo paisa se convirtió en sinónimo de traqueto, sicario y paramilitar y se generalizaron las patrañas sobre la supuesta grandeza del pueblo paisa, encaminadas a legitimar tropelías, robos, crímenes y expropiaciones que han llevado a cabo terratenientes, ganaderos y empresarios, tanto en Antioquia como a lo largo y ancho del país. PAISAS LLORAN A FUTBOLISTAS PERO EXIGEN QUE CONTINUE LA GUERRA DE EXTERMINIO. (resaltó). Fueron los mismos que el 2 de octubre pasado votaron en el Plebiscito por la continuación de la guerra. Con un 63% (431 mil votos) del total de sufragantes…”. Región en la que los gobernantes de turno se han encargado de influir o inculcar peligrosa tendencia de identidad o idiosincrasia paisa en la cual destaca que “el grandioso pueblo paisa”, puesto que sus gobernantes locales no aluden a los colombianos. Pasan de una polarización del país a una estrategia de secesión regionalista que alarma la suerte de la unidad de la nación colombiana. Como quien dice un “país” excluyente en el que solo quepan las castas predominantes. ¡Así como pretendieron darle a monseñor Ordoñez (el ex procurador), fallaron en la tentativa de “condecorar” al papa con el mismo collar de arepas y el insulso decreto de “visitante o ciudadano ilustre”! ¡El Estado Vaticano, no lo aceptó!

¿Y qué de Cartagena?

La Perla del Caribe y la más bella de sus ciudades, encierra la contradicción de ostentar el mayor grado de inequidad, abandono, miseria y galopante corrupción. Que lo sepa el mundo. Pese a que los medios presentarán las ostentosas edificaciones de eventos internacionales; las pomposas obras náuticas y puntos de marina; que devele la visita del Papa la acción humanitaria de san Pedro Claver, la intensidad de la Cartagena profunda, inculta y segregada racialmente.

Que el mundo conozca a la Colombia real, injusta e inequitativa, en la que callarán los fusiles; pero se alzará incontenible la lucha social, política e emancipadora de su pueblo.

 

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Enseñanzas de un paro e ir a un plebiscito

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

Sobre que deja un paro de los propietarios

Luego de cuarenta y seis días de paro, el sector empresarial de los transportadores de toda clase de carga por carretera, llegaron a un acuerdo con el gobierno nacional en veinticinco aspectos puntuales, de esencial interés económico, del que salieron bien librados y en el que las consecuencias de efectos nocivos para la sociedad civil colombiana no admite conmiseración alguna. Primó el efecto del grupo de poder o de presión económico de un sector del actual establecimiento. El tal paro de camioneros lo fue de propietarios monopólicos y de pequeños propietarios de camiones transportadores. Como tal no fue un paro contra el modelo neoliberal y sí con la presencia de las banderas negras en su conducción. A los dueños de ese medio de producción capitalista se les denomina transportadores, empresarios. Los mismos, acolitados por el respaldo de la extrema derecha, mantuvieron a proporción de la ciudadanía colombiana en ascuas, frente al fenómeno de desabastecimiento de artículos de primera necesidad o pan coger. Para el logro de sus pretensiones cuentan con el personal asalariado sentado al volante de cada camión. El gran ignorado y siempre utilizado como carne de cañón. Durante la protesta del paro de dueños de camiones se ventiló el ensañamiento de la multinacional de transporte de mercancías por carretera, marítima y fluvial, la suiza Impala, de ejercicio y control sobre el destino del manejo de ese emporio de riqueza nacional. Sobre esto, es el Estado colombiano un mero espectador; como resultado de las políticas neoliberales, aplicación a ultranza de la privatización y multiplicación de los tratados de libre comercio firmados a ton ni son, bajo la férula de los planes intervencionistas e invasores del ejercicio de la guerra en Colombia.

Pareciere que la mediática dictatorial en Colombia, disfrutare de la danza de cifras multibillonarias de pérdidas sufridas al país. La indolencia por la no recaudación de ingresos públicos y de paso el fariseísmo pretencioso de alusión a la falta de leche, de legumbres, granos o carnes. Ocultando la escena de damnificados. No dando claridad política y conceptual a las masas; desconociendo la tragedia de los trabajadores como asalariados del volante, durante esos días de cese de actividad laboral y las consecuencias- para ellos- de los días venideros. Esto demuestra la ciega visión de un modelo económico instaurado solo en beneficio de los gremios de presión económica, en la identificación de un gobierno esencialmente antipopular como el que rige.

Verdaderamente da grima abordar los puntos del Acuerdo para el cese del paro de los camioneros. Resumidos en veinticinco aspectos para garantizar, esquemas de renovación del parque automotor (sin alusión, ni erradicación, al manejo corrupto de la chatarrización); cumplimiento de un fallo del Tribunal Superior de Cundinamarca (ah, gobernalidad); ajustes limitados en tarifas de peajes, inequitativamente para el grupo de presión y no para el grueso de la ciudadanía colombiana; ajustes en los manuales de señalización y prevención del uso de llantas lisas(¡sorprendente!); alta consejería para la competitividad, costos de carga, movilización por rutas criticas; análisis de las actuales facturas cambiarias. Dentro de esa gazapera, le ponen ocupación a la ministra Clara de Trabajo, según lo cual el Ministerio de Trabajo elaborará un programa de prevención y promoción de las normas laborales con el fin de consolidar y mejorar la formalización del gremio (¡?). No menciona al conductor asalariado y en gremio están es los empresarios capitalistas. Ponen a competir a la ministra Clara con Vargas Lleras, para desarrollar un programa de vivienda para pequeños propietarios de camiones y conductores (no juega asimetría ni competencia alguna). Que la inclusión de peligrosidad y alto riesgo y en el sistema pensional para el conductor será responsabilidad del Ministerio de Trabajo, sin ningún ton ni son, como si ello no fuera propio de su naturaleza; así como agregarle responsabilidad al Ministerio de Trabajo, para que junto con la DIAN, analicen los contenidos y efectos de las actuales facturas cambiarias, que como es conocido son títulos valores de los que el asalariado conductor no se beneficia el modo alguno por la plusvalía de la mercancía transportada.

Solo tres de las Acuerdos aluden al conductor, sin mencionarlo como asalariado y ellos sin ningún respaldo de eficacia. Cómo, si estamos en un modelo y gobierno neoliberal. Cómo, si el tal paro fue de los dueños del capital inversionista privado y no de los trabajadores del volante para quienes solo la perspectiva de la Construcción de una Nueva Colombia, garantizará el que al menos logren la fundación y conformación de sindicatos de base y de industria del transporte, con la seguridad que no serán asesinados en su intento.

Y ahora la preparación para la participación en el plebiscito

El valorado hecho político de la insurgencia de las Farc-ep de aceptar la decisión que sobre la suerte del Plebiscito tomara la Corte Constitucional, redunda en beneficio para el logro del fin último de la terminación del conflicto armado interno en Colombia. La izquierda revolucionaria en Colombia tiene claro el derrotero a seguir en consolidar la aplicación e implementación del Acuerdo General con que concluya la labor de la Mesa de La Habana. Opuestos, por principio, al ejercicio de la eficacia plena del ejercicio electoral en el modelo de participación de democrática indirecta vigente en el país colombiano, la convocatoria a un plebiscito por el sí o por el no, en torno a aprobar e implementar lo acordado en La Habana, concentra la tipicidad del próximo evento electoral en Colombia. Absurdo el decir de la extrema derecha uribeña de ser ilegal el mencionado plebiscito, gozando de la egida protectora del fallo de constitucionalidad. Las condiciones nacionales e internacionales están dadas. En concreto la izquierda revolucionaria alienta la participación por el Sí.

Pero ni tanto que alumbre al santo. El punto 2 de Conversaciones acerca de garantías para el ejercicio de la política por parte de la izquierda en Colombia, está por conocerse. Entiéndase que las garantías no son solo un estatuto para el ejercicio de la oposición, ni para la participación de las farc-ep y otras insurgencias en el plano electoral. Incluye en especial a los movimientos de izquierda que contengan en sus programas partidarios el cambio estructural del actual sistema de cosas. Que propugnen por la consecuencia política de modelos alternativos, no solo al neo liberalismo sino al capitalismo como tal. Pero como efecto práctico a las garantías negadas para la participación amplia de la izquierda revolucionaria y socialista, en el maremágnum de la participación electoral, apunta a contar con instrumentos eficaces de participación. Ello hace parte de la autonomía política. Anida una equivoca concepción en cuanto a las llamadas cuotas electorales como si fuera migajas de regalos o concesiones. Que si no sacan tantos representantes en las próximas elecciones de mitaca, pues tendrían tantas curules provisionalmente. Tamaña desfachatez e irrespeto al soberano elector. Tamaña trampa. La participación de la izquierda en el caudal electoral en Colombia estará condicionada a la derogación del actual sistema electoral vigente, corrupto, atípico; no solo en el ejercicio del sufragio directo y universal y de escrutar o conteo de los votos; cómo en la existencia de un sistema institucional electoral perverso entronizado en la impunidad y la corrupción. Todas las estructuras del sistema electoral vigente, desde su institucionalidad registral, carente de la buena fe pública, rodeada de ilegitimidad, hasta el ejercicio mismo de la práctica electoral, están viciados. Ese tal llamado cuarto poder- el electoral- constituye un adefesio, una afrenta ante Colombia y el mundo.

 

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