Persistir en el fin del conflicto armado interno

Por Carlos Meneses Reyes

Pese al rearme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- ejercito del pueblo- FARC-EP-, “se hace camino al andar”. No estamos condenados a otros cien años de soledad. Los Acuerdos de La Habana y del Teatro Colon, existen. Constituyen un Programa Mínimo de lucha del Movimiento Popular y de la izquierda legal, acorde con el compromiso del Estado colombiano y de la comunidad internacional para su cumplimiento. Todo enmarca sobre la prerrogativa que Colombia no transita por un “proceso de paz”; sí por un proceso de fin del conflicto armado interno, bajo la perspectiva del fin de la lucha armada en Colombia, por el poder político y manejo del Estado…Sí por un proceso de la política dirigiendo a las armas o al fusil y no por el contrario. Por ello, la búsqueda de la solución política al conflicto encarando a una insurgencia rebelde no derrotada militarmente, implica que si la solución no es total, no cabe hablar de disidencias. Continuara en Colombia vigente la lucha armada-aunque no como principal forma de lucha- en la medida en que no se produzcan, introduzcan y generen los cambios sustanciales y reformas de fondo al modelo económico, político, militar, imperante. Es la búsqueda de Una Nueva Colombia acorde con el orden mundial, bajo un modelo Alternativo al neo-liberalismo o capitalismo decadente.

EL NO EJERCICIO DE DEMOCRACIA

El conflicto armado interno colombiano no admite mirarlo desde lejos. Concentra la vista a la pura realidad. No se puede afirmar que se dio y desarrollo en el marco de un ejercicio democrático en el país. Tomar el punto de referencia el asesinato del caudillo Jorge Eliecer Gaitan en1948, no es determinismo, como tampoco resaltar que fue producto del Frente Nacional, en que los partidos Liberal y Conservador, cesaron el enfrentamiento fratricida y resolvieron dividirse en milimétrico el poder, junto al ejercicio de las gabelas de la administración estatal, dejando por fuera, excluyendo, cualquier otra fuerza política. Son referentes, como corresponde plantearlo desde el espíritu y contenido de la Constitución Política de 1886.

En ejercicio de Democracia, surge el Conflicto precisamente por falta de Democracia. Por ello el prolongado conflicto armado interno colombiano no se puede circunscribir como a un daño causado a la Democracia. El lenguaje empleado para la defensa de la Democracia no obedece al relato de ese conflicto; es la justificante de la utilización del poder estatal de las armas para afianzar la contrarréplica al conflicto existente. El tropero coronel que intervino en la toma del Palacio de Justicia afirmo: “…aquí defendiendo la democracia, maestro”. Por la contraparte, el uso de las armas para los objetivos políticos. Es la belicización de la política.

Ahora el desenvolvimiento prolongado del conflicto armado interno ha tenido efectos en el sistema político electoral y en los Partidos Políticos. Como Democracia no es solo participación electoral; es dado afirmar que el conflicto armado si repercutió en efectos directos en los procesos electorales, no por una pre concepción de las insurgencias y fuerzas rebeldes en el boicot manifiesto a esos procesos por fechas electorales en Colombia; como en la deslegitimación de ellos debido a la incidencia del accionar rebelde por un escenario de falta de apertura política. Las armas no impidieron los debates electorales. No existe durante el conflicto armado interno suspensión de algún evento electoral nacional. Por el contrario, los recientes cese al fuego unilaterales de las insurgencias en periodos de conversaciones resaltan la tendencia predominante al respecto. Así como el sistema no ha permitido la intervención del software electoral y por ende impedido a toda costa una reforma electoral del fondo; las insurgencias han dejado realizar el festín electoral, sobre el prurito, en prudencia, de dejar escoger civilizadamente al elector. Los analistas del sistema electoral no mencionan lo de “voto cautivo” tampoco lo de “voto consciente” y dan la espalda a lo de la “abstención consciente”. Someramente explicado la abstención consciente de la Izquierda, fue predominante durante el periodo del Frente Nacional; salvo la posición del Partido Comunista Colombiano (PCC) que siempre participó en las fechas electorales. Corresponde mencionar la irrupción de los Partido y Movimientos Políticos Alternativos: Unión Patriótica (UP), Frente Popular (FP) !A Luchar! La inteligencia militar los denomino como organizaciones de fachadas de las guerrillas (Farc-ep, EPL, ELN) y fueron declarados objetivo militar del Terrorismo de Estado. Surgieron como respuesta a la rebelión armada. Optaron, como izquierda, por la vía electoral, legal. En aplicación al principio universal de la división del trabajo, deslindaron del movimiento político clandestino o izquierda ilegal. No obstante tergiversando una tesis del Congreso del Partido Comunista Colombiano, acuñó el Establecimiento lo de la “combinación de las formas de lucha”, emulando que el dirigente sindical, político, popular, de masas, era en la mañana activista político y en la noche guerrillero. Nada más falso; pero que trajo consigo el genocidio político de más de cinco mil activistas políticos alternativos y el registro de cien mil cuadros populares en el exilio político, y/o el desplazamiento interno. Un sensible golpe al ejercicio democrático inexistente en Colombia, que ha significado álgida pérdida para el movimiento popular difícil de reponerse

No cabe afirmar que hubo silenciamiento de debates democráticos, dado que a partir de la elección popular de Alcaldes y de Gobernadores se planteó la presentación de Programas y el conjunto del sistema electoral imperante no ha sido garante del debido debate de programas y quedó reducido a un requisito electoral más.

Con fórmulas como las del Frente Nacional, los estados de sitio permanentes (hoy o desde 1991 estados de excepción) y fórmulas de selectividad estratégica del Estado para la permanencia excluyente del poder político, se permitió entronizar, bajo niveles de mayor violencia política, los efectos negativos por un no ejercicio en democracia.

A hoy, conviene destacar que las insurgencias en modo alguno respondieron en forma “terrorista” ante el desgrane por caída de los dirigentes políticos, sociales, sindicales, populares, revolucionaros y de izquierda. No concibieron la aplicación de una Ley del Talión. Otro hubiere sido el escenario de horror para Colombia. El paramilitarismo como estrategia contrainsurgente se aplicó, incluso, en zonas donde no había guerrillas, pues correspondía paralelamente a una estrategia de despojo. Pero mientras el conflicto no este constreñido al fin primordial de la solución política al mismo el desenlace de acontecimientos es imprevisible. Hubo y sigue habiendo militancia paramilitar en todos los partidos del bloque hegemónico de derecha contrainsurgente y sin una reforma electoral de fondo no hay democracia dentro de los partidos; caso del CD “por el que diga…” el Innombrable.

INCIDENCIA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DESEMPEÑO DE LAS AUTORIDADES LOCALES

En Colombia ninguna comunidad es ajena al conflicto armado. La negritudes, los indígenas, los campesinos, los citadinos, son afectados por el conflicto. Afirmaciones de algunas minorías, por ejemplo, “que ese conflicto no nos corresponde, que somos ajenos a él”, carece de asimilación política. La Teoría Política asimila el ser y ente social como sujeto político, desde Aristóteles hasta el Ché Guevara con su aseveración: “con relación a la Política, o se mete contigo o te metes con ella”. Las Insurgencias están contra el orden constitucional vigente. Este aspecto constitucional resulta de inevitable referencia para analizar la contradicción existente entre insurgencias y autoridades indígenas, que fungen por un mandato constitucional y que en el escenario del conflicto armado objetivamente se enfrentan a la insurgencia. Del mismo modo, el que mantengan su autonomía constitucional como minorías y en ocasiones hayan desconocido la presencia del ejército regular no las coloca operativamente al lado de la insurgencia. Es aquí donde opera el principio universal de distinción, para ambas fuerzas beligerantes.

En el estado de cosas inconstitucional (eci) imperante en Colombia, corresponde a los Alcaldes la definición del “orden público”. Esa norma constitucional no opera, sino la decisión del mando militar de la fuerza armada estatal predominante en la región. En los Consejos de seguridad los alcaldes son invitados de piedra. Ahora, en cuanto al desempeño administrativo las autoridades locales actúan durante el conflicto como operadores de los recursos públicos y de los ejercicios de los derechos ciudadanos. Pero es sabido que en relación con lo electoral los grupos paramilitares y clientelistas deciden por quien votar. En cuanto a la operación de recursos públicos, son el botín repartido entre la corrupción clientelista. ¿Pero esa cooptación es producto del conflicto armado interno? Pues no, es propio de la esencia corrupta y clientelista del Estado imperante.

El punto de atención ha de ser la función del Estado con las regiones. Asombra la estadística que en la actualidad la representación del Congreso está en solo 7 Departamentos. Esto se analizó en las Conversaciones de La Habana y fue fundamento para la creación de las 16 Curules para las Victimas, que en modo alguno obedece a una reforma política, sino a un Acuerdo de alcance para el desarme. Pero impiden su implementación los intereses clientelistas. Desde ya corresponde caracterizar que es propio de la dictadura mediática el indicar que en las regiones escenario del conflicto armado el Estado es ausente. Tamaña falsedad. Consagrase la real y especial referencia que el Estado sí hace presencia. Ahí está el Estado. En unas regiones más notorias que en otras, la operatividad y funcionalidad de los servicios públicos; pero ahí está: en los Municipios, está la institucionalidad representada en los tres poderes. Abunda la presencia de las Fuerzas Armadas estatales (militarización). Para los cientistas sociales está claro que el problema de fondo no es la ausencia o no presencia del Estado en las zonas o regiones en las relaciones de operatividad del conflicto. El problema allí radica en que el Estado no tiene control del Territorio; pletórico aspecto que nos lleva al análisis concreto de la situación concreta, para bordar la desigualdad estable social bajo una visión de Territorio. Bajo la premisa que no soporta sustentación real lo sostenido por la mediática que las zonas de influencia de las Farc-ep, al concentrarse y desmovilizarse fueron copadas por otras insurgencias. Ese facilismo no prospera. Las guerrillas desarrollan trabajo político entre las masas en esas regiones desde hace más de 50 años. Ese trabajo político es oculto ante el enemigo y amplio entre las masas. Ahora bien, la agudización del conflicto no solo armado o militar, sino también político, económico, social, ecológico, va en relación directa con la agudización de la lucha de clases en Colombia. Asistimos ante la desgarradora realidad que las instituciones operan para perpetuar las condiciones de opresión de clase, explotación y desmejora de la calidad de vida de las comunidades. Los intereses clientelistas, aunados a lo de botín burocrático y de expoliación de la corrupción, asimilan la vigencia de un sistema electoral concebido para la perpetuación de los intereses anti populares. Mientras exista política contrainsurgente esta se alimenta con la doctrina del enemigo interno y la estrategia paramilitar será de su soporte y contenido. Durante la etapa de pos conflicto con las farc-ep quedó claro lo de las tales “rutas del narcotráfico” quedando en manos del narcotráfico y con conocimiento de la inteligencia militar estatal como un medio de su sustento. La DEA maneja el negocio y tanto las oligarquías colombianas y élites del sistema financiero parasitario colombiano y de los Estados Unidos se enriquecen lavando el dinero del negocio del narcotráfico. Solo a ellos interesa la permanencia de los escuadrones narco mafiosos, de “limpieza social”, bandas criminales, como armas de la guerra sucia contra todo lo que huela a izquierda, protesta social, oposición política.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Un tema tan importante no puede desligarse del derecho de la información y la libertad de expresión en momentos en que se busca el empoderamiento de la ciudadanía y no colocarla de espaldas al desarrollo de los desenvolvimientos de la vida nacional, que gira alrededor del conflicto armado interno.

Perdura la concepción que en asuntos de “orden público” turbado, las fuerzas armadas del Estado controlan lo referente a esa información. Rezagos de la antigua Constitución de 1886, de un “estado de sitio” permanente y de normativas así atribuidas. En todo el campo, en lo rural colombiano, la iniciativa de comunicación corre a cargo de las redes radiales en emisoras del ejército y de la policía. En relación con la capacidad de cobertura en kilómetros es de 100 por parte de las emisoras militares a 10 por parte de iniciativas particulares. A más de 600 municipios llega solo la música escogida y las noticias del ejército, aupando la guerra y la imagen de invencibles. Así, que información objetiva y veraz puede circular. Son “zonas silenciadas”, expresión del profesor Fabio López de la Roche, de la Universidad Nacional de Colombia (UN). El papel de la mediática en el largo conflicto armado colombiano llevó a la expresión del Manuel Marulanda Vélez: “Los Medios tienen una deudita con Colombia”. Pese al peligro, aplican en Colombia como medios para persuadir. La campaña mediática desarrollada por los Medios no se hizo esperar y aplicó en el plebiscito en que triunfo el NO contra los Acuerdos de La Habana. Algo indiscutible. En relación con El Catatumbo, no es que los periodistas no sepan de los intríngulis o dificultades de lo sucedido: lo saben, les llegan fuentes, ¡pero lo callan! La censura es la constante y en muy pocas ocasiones disfrutan del refresco de ver plasmadas sus averiguaciones. El ejército les llega ya con los vídeos prefabricados de la toma y acciones; así como de la redacción de su unilateral versión. Un conduccionismo fascista, de abuso de poder inenarrables es lo imperante en lo de la comunicación. Ello, por el control monopólico de los grupos económicos de esos Medios, los cuales disponen que información es procedente, cuáles de desconocimiento y cuáles de invisibilidades.

DEL MOVIMIENTO SOCIAL Y POPULAR Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

Vale preguntarse cómo se explica la permanencia del movimiento popular ante la constante genocida y de muerte selectiva de sus líderes. Las organizaciones sociales en Colombia se mueven bajo la estigmatización, la marca, el rechazo. Bajo el imaginario del enemigo interno los alcances de calificativos predominan para la negación y la eliminación “del otro”. Por tanto existe una cultura antisindical; cuya raíz es la no organización popular. No propender por cambios. Que todo siga igual. Asimilan al dirigente sindical, gremial, como al dirigente político, sin importar la degradación para ambos. Para la derecha los líderes sindicales son guerrilleros incrustados- continúan siéndolo- buscándose también destruir el tejido social de las organizaciones de los trabajadores. El solo anuncio de fundar un sindicato es motivo de persecución, despido. Como si se tratare de un modelo económico de implementar para el paramilitarismo.

En el sector agrario, pues el movimiento social está afectado, indiscutiblemente, por la vigencia de los TLC´s. En el sindicalismo de industria y energético es tenaz la lucha contra el franking. Va acorde con el cerco de territorio excluyente, es decir, paralelo con la lucha contra la minería extractiva, la ganadería extensiva, lo agro-combustible y la defensa ecológica, que enmarca todo un escenario de lucha de resistencia en contra de ese modelo que persiste con la implementación paramilitar. Pero algo que no podrán erradicar de la concepción campesina hoy es su claridad por la conservación del medio ambiente, por construcción humanitaria y de protección a las comunidades. Todo ello explica la convivencia dentro del conflicto. Más de 4 millones de campesinos se movilizaron por la sustitución voluntaria de cultivos y por construir conservación de Territorio e impulso de la economía campesina. No son programas revolucionarios los que impulsan. Instrumentos legales de aplicación como las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) de las que registran 69 procesos de existencia en 15 Departamentos; que bajo una meridiana comprensión avalan el impulso del Paro Agrario Campesino de 2103. Ese que el tahúr Santos llegó a decir que “no existía”. La gran carga para el movimiento social agrario radica también en la interlocución de las comunidades campesinas con las fuerzas de ocupación (digamos que así se comportan) del ejército nacional; que exultantes no admiten o quisieren no entender que las comunidades campesinas no son apéndices, ni agentes operadores, de los grupos en insurgencia. El pasaje trágico del asesinato del Dimar Torres, en El Catatumbo, echó por la borda la esperanza de una reconciliación de ese ejército con las bases del propio pueblo.

VOLVER A LO DE LAS ARMAS EN LA POLITICA

Extenso resulta abordar un balance de las impactantes experiencias civiles con los ex combatientes, desmovilizados y desarmados de las guerrillas de las Farc-ep. La retoma de las armas por parte de las Farc-ep expresada en la Declaración de “Una Segunda Marquetalia”, deja sin alientos a quienes concebimos la superación del uso de las armas con fines políticos. La persecución violenta contra el opositor político, continúa por ambas contrapartes.

Falso que surgió una Nueva guerrilla. Se da una respuesta a la permanencia de la guerra, pese a la desmovilización de una guerrilla “a cambio de nada”. Un Acuerdo de Paz incumplido por un Estado falaz y de mafias, que flota por la economía subterránea del narcotráfico. Lo acordado en La Habana fue burlado por un plebiscito de acomodo a lo tahúr del gobernante Santos al Gatopardismo:”que todo cambie, para que nada cambie”. Vino el juego de 56 reformas a lo Acordado; las quintas columnas de quienes no fungieron como Plenipotenciarios del Acuerdo, para NO implementarlo: el poder judicial y el legislativo. El Secretariado fariano demostró incapacidad para lograr los cambios políticos, económicos, sociales, militares, ecológicos, que el fin del conflicto demanda. No tiene elementos de análisis lo dicho por los 2 Gustavos Progresistas que se da una alianza para prolongar a la derecha militarista y a las economías oscuras del narcotráfico. Raya con lo ridículo. El Partido de la Rosa debe ganar el espacio político de fuerza Alternativa, asumiendo una práctica frontal de oposición al régimen Hegemónico de Derecha militarista y Contrainsurgente en el poder y no pretender ganar indulgencias con el eco mediático de las guerrillas como origen de todos los males en Colombia. Se impone la ¡Resistencia civil!; Lucha de masas con Paros Cívicos, la democracia de las calles, para el logro de la implementación de los Acuerdos de La Habana: Reforma Agraria Integral, Reforma Electoral de fondo, Sustitución de Cultivos, el llamado a terceros para que respondan ante la JEP. Un Frente Amplio Popular, tal como lo concibió Óscar William Calvo, en significación a la existencia en Colombia de una izquierda ilegal armada y una izquierda legal desvinculada e independiente, que busca en unión con las fuerzas progresistas, socialdemócratas liberales lo Alternativo al modelo económico imperante: ese si causante de los males en Colombia.

 

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