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Etiqueta: Constitución Política

El gran desafío histórico

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Manuel Hernández

La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (1789), es la piedra angular de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).
El artículo 16 de la primera Declaración estableció:

“Artículo 16.-
Una sociedad en la que no está establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución.”

Nuestra Constitución Política se promulgó hace más de 70 años (1949).
La custodia de la supremacía de nuestra Constitución y la supremacía de los Derechos Humanos se le confió a la Sala Constitucional.

Las opiniones consultivas de la Sala Constitucional acerca de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la Ley de contrarreforma del Código de Trabajo, N* 9808, en materia de huelga, y los pronunciamientos más recientes del Proyecto de Ley Marco de Empleo Publico (N* 2021-017098 y N* 2022-02872), implican, en términos generales, lo siguiente:

1.- En primer lugar, una gravísima alteración del diseño constitucional y democrático de nuestro ordenamiento jurídico, que, por una parte, lesiona el principio de independencia de Poderes, y por otra parte, vacía de contenido las autonomías de las universidades públicas, CCSS y las municipalidades.
2.- El desmantelamiento y menoscabo de los servicios públicos, a merced de la salvaje Regla Fiscal.
Los servicios públicos son la infraestructura de la democracia.
3.-En tercer lugar, una grave vulneración de los derechos fundamentales de la clase trabajadora: el derecho de huelga y negociación colectiva.
La libertad sindical es inherente a cualquier sistema Democrático.
4.- Además, como si lo anterior fuera cualquier cosa, implica una seria lesión del derecho fundamental a un salario que sea suficientemente justo y remunerativo, que por lo menos se ajuste al aumento en el costo de vida.

Este aluvión de pronunciamientos del Tribunal del Perpetuo Martirio de la Constitución, se vuelan, de un solo plumazo, el principio de independencia de poderes y enervan derechos fundamentales de la clase trabajadora.

Pero no dejemos abandonado en el tintero el artículo 16 citado de la Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano: nuestra Constitución fue derrumbada, porque los derechos más preciados de las personas trabajadoras no fueron garantizados y la arquitectura de nuestro ordenamiento constitucional fue aniquilada.

La jurisprudencia de la Sala, que en la práctica funciona como un Senado, abrazó la doctrina neoconstitucional, inspirada en el fundamentalismo neoliberal de Hayek, Buchanan y Friedman.
!Nos arrebataron, en tan poco tiempo, pero de una manera tan violenta, la Constitución de 1949!

Este es el mayor desafío histórico que tenemos: recuperar el Estado Social y Democrático.

Nos veremos en los foros internacionales

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Manuel Hernández

El Tribunal del Perpetuo Martirio de la Constitución le dio el último toque de gracia a la Carta Magna de la 2* Republica.

MIDEPLAN transmutado en el nuevo Leavitan del Sector Público.

Las autonomías constitucionales hechas pedazos de un solo plumazo.

Se confirma la política extrema y salvaje de devaluación de los salarios de las personas servidoras públicas.

Un pronunciamiento que vulnera la Opinión Consultiva de la CORTEIDH, OC-27-21, que en materia de negociación colectiva en las Administraciones Públicas estableció 3 cuestiones fundamentales:
1.- El reconocimiento del derecho de negociación colectiva en la función pública, con fundamento en los Convenios 98, 151 y 154 OIT.
2.- La OC 27-21 dispuso que los Estados tienen la obligación de promover la negociación colectiva en la función pública.
3.- Pero, además, la CORTE IDH estableció que los Estados tienen que PRIVILEGIAR -literal- la negociación colectiva en la Administración Pública, en lugar de leyes que limiten los salarios (literal).

Una resolución del Senado Poltitico de Costa Rica radicada en los dogmas neoliberales de Buchanan y Friedman.
La democracia quedo herida de muerte.

Nos veremos en los foros internacionales.

EN TIEMPOS DE REACCIÓN Y RETROCESO POLÍTICO Y SOCIAL (II)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (22)
Tercera época

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

El devenir histórico de nuestras sociedades transcurre con un mayor o menor grado de alteridad entre épocas de gran dinamismo y transformaciones de todo orden, y otras en las que eso que llamamos “el tiempo histórico” parece detenerse. Las distintas colectividades humanas tienden a percibir estos fenómenos o eventos sucesivos, de una manera más o menos diferenciada. En el caso de la Costa Rica de la segunda mitad del siglo anterior con sus reformas y transformaciones sociales que fueron muy evidentes hasta para el ciudadano más desaprensivo, y con menos capacidad para la observación de los grandes eventos históricos, quedaron sin embargo debajo del tapete- por así decirlo- muchos detalles que no eran perceptibles a simple vista para las gentes más fanáticas y arrebañadas de entonces. En lo esencial, el pacto social y el texto de la Constitución Política de 1949, mantuvieron y profundizaron, con algunas excepciones, el espíritu reformista que había prevalecido desde el inicio de la década de los cuarenta, tal y como habíamos indicado en la primera parte de este artículo, dándole un impulso revolucionario a las transformaciones de la sociedad costarricense.

Después de la campaña maccartista que libraron las fuerzas reaccionarias contra la candidatura socialdemócrata de Daniel Oduber Quirós durante las elecciones de 1966, con su terror y sus voces del odio, exteriorizadas en el mejor estilo totalitario y goebbelsiano del “miente, miente que algo queda” (Joseph Goebbels, dixit), se produce un ascenso de las fuerzas regresivas de la derecha más conservadora con el triunfo electoral de José Joaquín Trejos Fernández, mientras el “calderonismo histórico” abandona, de manera simultánea, sus últimos arrebatos reformistas, dando lugar a una espinosa y difícil coyuntura, en medio de la que –como habíamos indicado-  se produce un giro hacia la izquierda, dentro de las filas del Partido Liberación Nacional que se sintió amenazado con este ascenso de las fuerzas de la reacción, pues si bien prevalecía en el ambiente un marcado anticomunismo de guerra fría, también era muy fuerte el ímpetu reformista y revolucionario en aquel partido que fundaron los glostoras en 1951. Fue así, como el sociólogo y presbítero Benjamín Núñez Vargas y otros connotados dirigentes fundaron el Movimiento de Patio de Agua para una revolución social, para lo que se estuvieron reuniendo, durante algunos meses del año de 1968, en la finca de San Isidro de Coronado, propiedad de Núñez, contando con el apoyo de Daniel Oduber Quirós, José Manuel Salazar Navarrete (destacado intelectual fallecido recientemente), Alfonso Carro Zúñiga y muchos otros que se opusieron al contrato ley con la empresa Aluminium Company of America (ALCOA), (enfrentándose para ello a José Figueres y otros dirigentes de su propio partido), propiciaron el regreso a la vida política electoral de la otra izquierda: la de los vencidos en la guerra civil o golpe de estado de 1948, además de la derogación del párrafo segundo del artículo 98 de la Constitución Política de 1949 y la supresión del texto constitucional de la figura colonialista de los contratos ley durante la legislatura de 1974-1978, la que había permitido los contratos bananeros de los últimos años del siglo XIX, el de 1938 para la región del Pacífico y el contrato de ALCOA, la que coincidió con el período presidencial de Daniel Oduber Quirós y su administración socialdemócrata por excelencia, una que llevó a cabo importantes programas económicos, sociales y culturales que marcaron el punto más alto del estado de bienestar, y el estado social de derecho que alguna vez fuimos,

En síntesis, puede afirmarse que el impulso de este giro hacia la izquierda se prolongó durante más de una década, hasta que a partir de 1984, con la materialización de un incruento golpe de estado, hacia el interior del gobierno liberacionista de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986), en plena contrarrevolución neoconservadora a escala planetaria, impulsada por Ronald Reagan en los EEUU y Margaret Thatcher en el Reino Unido, empezaron de manera gradual los tiempos de reacción y retroceso social bajo el sello neoliberal, el que se acentuó a partir de la primera administración de Óscar Arias Sánchez, quien fuera el “pacificador” de la América Central (con su contrarrevolución blanda) pero también el que dio inicio al desmantelamiento del PLN, y sus planteamientos de justicia social y del mantenimiento del estado social de derecho hasta convertirlo en le cascarón electoral a que se encuentra reducido, dando inicio a los llamados Programas o Planes de Ajuste Estructural(PAES) y propiciando en ese período una reducción de los aportes gubernamentales a la Caja Costarricense del Seguro Social, cuando su aporte al régimen de invalidez, vejez y muerte fue reducido del 3,25% al 0.25%, lo que dio origen a un reiterado saqueo de los fondos de pensiones del régimen de Invalidez, vejez y muerte de esa institución, algo que se agravó al no pagar o atrasar las remesas los aportes de ley para el ya mencionado régimen de enfermedad y maternidad, cosa que han hecho los sucesivos gobiernos desde entonces durante casi un cuarto de siglo. La deuda con la seguridad social es de proporciones colosales, además ser esencia un acto criminal e irresponsable contra la población (Luis Alberto Jaén Martínez, dixit), a la que siguen engañando ciertos políticos y su corte de serviles.

La desaparición abrupta y el debilitamiento gradual de los sindicatos de los trabajadores agrícolas de las transnacionales bananeras, durante la década de los ochenta (en el marco de una profunda crisis de llamadas izquierdas) marcó un importante retroceso para toda la clase trabajadora de Costa Rica, en medio de una ofensiva ideológica de la ultraderecha neoliberal/ neoconservadora para desacreditar las conquistas sociales de los sectores campesinos, obreros y de los trabajadores del sector público señalándolas, con cierto cinismo, como “privilegios”.

La ofensiva del capital financiero en detrimento del capital productivo, acompañada de una gigantesca evasión y elusión tributarias, el saqueo de los fondos públicos mediante estafas escandalosas como la trocha, la especulación con los títulos valores de la deuda interna y la fuga de capitales hacia los “paraísos fiscales” son elementos que vinieron a completar la debacle social en la que nos hemos venido sumergiendo durante las décadas más recientes.

Desde entonces, a pesar de la lucha y la resistencia sostenida de los sectores populares, sus sindicatos y otras organizaciones, hemos vivido en tiempos de reacción y retroceso político y social. Este, y no otro, es el panorama que se presenta al inicio de la tercera década del nuevo siglo, después de que los “progres” del PAC en complicidad con el PLN, el PUSC y los llamados “partidos religiosos” se encargaron, a partir del año 2014, de acelerar el fin del estado social de derecho y de la Segunda República, surgida tras el último conflicto bélico importante de nuestra historia.

El enorme deterioro del Estado Social de Derecho debe estar en el centro de las elecciones de 2022 – Crónica de conversatorio

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Crónica del conversatorio político “Por la esperanza de una mejor Costa Rica”

Luis Fernando Astorga Gatjens

El jueves, 21 de enero, se celebró el Conversatorio Político “Por la esperanza de una mejor Costa Rica”, co-organizado por la Diócesis de Alajuela y la Universidad Técnica Nacional (UTN), como un espacio de intercambio reflexivo, fecundo y productivo, de cara a las elecciones del próximo 6 de febrero.

El evento de carácter virtual fue transmitido por Facebook Live, YouTube y trasmitido por radio Fides y otras emisoras católicas regionales. Su amplia promoción hizo que tuviera una amplia e interesada audiencia.

Participaron dos expositores y una expositora, bajo la conducción y moderación de Luis Fernando Astorga Gatjens, activista político y social, especialista en derechos humanos y discapacidad. Nelly López Alfaro, Directora del Instituto de Estudios de Población (IDESPO), de la Universidad Nacional (UNA), fue la panelista y Monseñor Ángel San Casimiro Fernández y el ex catedrático y ex vicerrector de la UNA, Hernán Alvarado Ugarte, fueron los dos ponentes.

La actividad fue introducida por el Obispo de Alajuela, Monseñor Bartolomé Buigues y José Matarrita Sánchez, vicerrector de Docencia de la UTN. Ambos coincidieron en la importancia de este tipo de diálogos, en función de iluminar al electorado para animarlo a acudir a las urnas y, con ello, fortalecer la democracia nacional.

El padre Luis Hernández, organizador de la actividad presentó al moderador y a los tres participantes, y con ello, dio el banderillazo de salida del evento, el cual se dividió en cuatro segmentos.

AUGE Y CAÍDA

La primera ronda de intervenciones se centró en la génesis, declive y momento actual del Estado Social de Derecho (ESD) del país. Ugarte Alvarado hizo un recorrido histórico de los antecedentes de ese Estado de Bienestar, que tuvo su punto de origen en la década de los años cuarenta del siglo anterior. Destacó el papel cimero de Rafael Calderón Guardia, Monseñor Víctor Manuel Sanabria y Manuel Mora Valverde, en echar sus cimientos (garantías sociales, creación de la Caja, Código de Trabajo, UCR) y la consagración de éste en la Constituyente de 1949 y en la Constitución Política vigente. Hizo mención del conjunto de instituciones que le dieron vida en las décadas de los años cincuenta, sesenta y setenta de la anterior centuria, lo que permitió destacados avances en derechos sociales; que posibilitaron que Costa Rica se singularizara en el contexto latinoamericano.

Por su parte, Nelly López fijó la década de los ochenta anterior como el punto de una progresiva erosión de ese ESD, donde la intervención de organismos internacionales (como el FMI y el Banco Mundial), marcaron la agenda económica y social del país, bajo la omnipresente consigna: “Más mercado y menos Estado”. Subrayó la directora del IDESPO como el crecimiento de la desigualdad social (Costa Rica es el octavo en el ámbito mundial, en ese preocupante rubro), la concentración de la riqueza en cada vez menos manos y una pobreza que baja poco en sus indicadores, son reflejo de ese deterioro.

Mientras tanto Monseñor San Casimiro recordó el papel de distintas entidades de la Iglesia Católica en apoyo a los pobres y el rol, activo y consciente, bajo el manto de la Doctrina Social de la Iglesia, en la defensa y promoción del ESD. Asimismo reivindicó el rol político de los sacerdotes al lado del pueblo, en la reivindicación de sus derechos, así como la importancia que se apruebe el carácter laico del Estado costarricense.

ESD Y ELECCIONES

La segunda ronda de los intercambios se centró en cómo se ha estado abordando la situación que vive el ESD en la actual campaña electoral. Los tres panelistas y el conductor del debate coincidieron que es un tema ausente. Se indicó que en los programas de los partidos, en las campañas y en los debates se observan temas de ese grave problema que enfrenta el país, pero se ven en forma aislada; no sistémica e integral.

López Alfaro, con cifras frescas del más reciente estudio de IDESPO, mostró el enorme deterioro del ESD y lo contrastó con la escasa consciencia política y social del fenómeno. “Hay un inconsciente colectivo muy arraigado porque la gran mayoría de medios informativos y partidos políticos, no han identificado la gravedad del estado de cosas”, acotó Astorga Gatjens.

Por su parte, Hernán Alvarado destacó el hecho de que el país está en un precipicio económico, político y social, que aunque algunos sectores se lo atribuyen a la pandemia de la Covid-19, lo real y concreto es que es un problema estructural, que viene de décadas atrás. La pandemia lo que ha hecho es agravar los problemas y desnudarlos, y en vez de más democracia para afrontar la crisis múltiple, se ha dado exactamente lo contrario, expresó Alvarado Ugarte.

EL FUTURO DEL ESTADO DE BIENESTAR

La tercera ronda tuvo como tema central, los desafíos futuros del Estado Social de Derecho en el país. Se inició con la pregunta del moderador dirigida a Monseñor San Casimiro: “El Papa Francisco ha planteado tres T dentro de su compromiso social con las mayorías planetarias, que son Techo, Tierra y Trabajo. ¿Cómo visualiza esas tres T en la Costa Rica hoy y de cara al futuro?”

En primer lugar, el panelista expresó su profunda decepción de cómo se ha abordado el tema de la vivienda en el país. Es tema de cada campaña electoral desde hace mucho tiempo y los precarios, y los tugurios siguen creciendo. Se pronunció sobre la necesidad imperiosa de soluciones inmediatas e impostergables y de la construcción vertical de viviendas, partiendo de que el acceso a un techo digno es fundamental para el desarrollo de las personas y las familias. Con respecto al acceso a la tierra expresó que hace mucho tiempo los campesinos fueron abandonados a su suerte, cuando son un actor clave para asegurar la independencia alimentaria del país, máxime en estos tiempos pandémicos que corren. Sobre el acceso al trabajo indicó que es urgente un verdadero plan de reactivación económica, que asegure la inclusión laboral y la reducción del desempleo.

Hernán Alvarado planteó con respecto al futuro del ESD que era imprescindible darle vida al carácter participativo de la democracia costarricense, establecido en el artículo 9 de la Constitución, desde el año 2003. Un componente consustancial de tal aplicación práctica debe ser la revocatoria del mandato, tanto presidencial como de los diputados. Es seguro –subrayó Alvarado Ugarte— que, si se diera la posibilidad de revocar mandatos, el país estaría mejor porque la presión social impediría la incompetencia política, el incumplimiento impune de obligaciones y la corrupción a la que se enfrenta hoy el país. De la misma manera, López Alfaro se pronunció por el fortalecimiento de la democracia y el ESD a través de la participación social en las comunidades, en los barrios, en las asociaciones.

VOTO CONSCIENTE Y CRÍTICO

En la cuarta y última ronda, los tres panelistas coincidieron en la importancia de cumplir con el deber de emisión del sufragio, el 6 de febrero próximo. Pero debe ser un voto consciente y crítico para asegurar que las futuras autoridades se comprometan con retornar al camino de revitalización del Estado Social de Derecho. “Sólo de esta manera, se puede asegurar el desarrollo de un país justo, inclusivo y solidario”, fue el pronunciamiento unificado.

En la misma dirección, se expresó el conductor del evento al reivindicar la necesidad de dar un paso en el desarrollo de ese ESD, al incorporar el carácter ecológico, tal y como ha venido abogando el Papa Francisco al examinar la enorme crisis social en el mundo y los desafíos que nos impone la crisis climática. Alvarado Ugarte subrayó la necesidad de incorporar un amplio capítulo a la Carta Magna dedicado al tema ambiental.

Se terminó el constructivo conversatorio, invocando las esperanzadoras palabras del poeta, Isaac Felipe Azofeifa: “De veras, hijo, ya todas las estrellas han partido. Pero nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer.”

(21 de enero, 2022)

COSTA RICA 2021: LA COMMEDIA È FINITA

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (17).

Tercera época.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

El telón de la obra teatral que ha venido siendo representada durante los últimos ocho años en la escena política del pequeño país centroamericano que somos ha caído por fin: entre la penumbra reinante empezamos a distinguir ¿quién es quién dentro del juego político? Ya no se trata de seguir a los protagonistas por lo que dicen, o acostumbran a decir con suma ligereza, sino de establecer un inventario cabal de lo que han venido haciendo.

Los “progres” del PAC, esos maestros del fingimiento, no sólo nos han traicionado, ejecutando con saña la más agresiva contrarreforma neoliberal que acabó con nuestro estado social de derecho, y el pacto social establecido en la constitución de 1949, sino que terminaron por confundir a un gran sector de la población, que ante su postura mimética llegó a pensar que ellos son “comunistas”, “socialistas” o algo así, resultando muy difícil sacarles de la cabeza a muchas gentes semejante equívoco, por lo que no se han dado cuenta de que este gobierno representa a lo más rancio de la ultraderecha neoliberal. Contando con la ayuda y decidida participación de los restos ya descompuestos del otrora PLN socialdemócrata (en el buen sentido del término), de los del PUSC del tránsfuga Rodolfo Piza Rocafort, quien en esta campaña electoral se nos presenta con otro rostro, del también “progre” FA que se adhirió a la coalición gobernante desde el primer momento, en abril de 2018, de cuyo gabinete formó parte su presidenta durante casi tres años, sin deslindarse de manera clara y transparente del neoliberalismo (neoconservador y mercantilista, más bien) reinante, mientras sus líderes más conocidos dicen ubicarse hacia el centro, un gran sector de la población lo sigue y seguirá viendo como los temibles “comunistas”, “ socialistas” o “castrochavistas”, y aunque esas percepciones carezcan de todo asidero en la realidad, son válidas en las cabezas de quienes terminaron pensando de esa manera. Dado lo anterior, es que podemos comprender porque un gran sector de la población rural involucrado en la protesta social de agosto-octubre de 2020, en las filas del Movimiento Rescate Nacional, encabezado por Célimo Guido y Óscar Campos, decía que estaba luchando contra un gobierno “comunista”, a pesar de que la policía que los reprimía brutalmente sigue siendo entrenada por los Carabineros de Chile y la sanguinaria Policía Nacional de Colombia, consumadas expresiones de la política represiva de la ultraderecha en esta parte del mundo. Carlos Alvarado se negó a dialogar con quienes protestaban en las calles, y con la complicidad del FA formó unas “mesas de diálogo” (de un monólogo del régimen, en realidad) en las que terminaron dándole atolillo con el dedo a los participantes.

Una vez terminada la representación teatral, no podemos ponernos a reír, la comedia resultó ser una tragedia en la que los patos a sacrificar resultamos ser nosotros: lo peor de todo, es que nos quedamos sin herramientas políticas para enfrentar la catástrofe que se nos viene encima, tendremos que empezar de cero como en el viejo mito de Sísifo para llevar la roca hasta la cima de la montaña, pero metidos en un gigantesco mar de confusiones, donde a semejanza de Odiseo de Itaca tendremos que poner oídos sordos a los cantos de sirena, esos del régimen imperante que se tornarán más abundantes, cuando más profunda y evidente se nos haga la catástrofe, corremos el riesgo de encallar en las rocas.

Cambio de modelo en Chile: ¿El norte estará en el sur?

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Luis Fernando Astorga Gatjens

El triunfo electoral de Gabriel Boric sobre José Antonio Kast, en la segunda ronda de las elecciones presidenciales chilenas del 19 de diciembre anterior, tuvo su fragua en octubre del 2019, en un país marcado por un inesperado estallido social de alcances tsunámicos.

En ese octubre pre pandémico, cuando el gobierno de Sebastián Piñera decretó un aumento del valor de los boletos del Metro de Santiago, los estudiantes protestaron brincándose los molinetes de ese sistema de transporte. Lo que fue inicialmente una acción puntual de protesta derivó pronto en un movimiento generalizado en la capital y en otras ciudades del país austral.

El fuerte contraste entre una élite económica y política, beneficiaria directa del modelo neoliberal y que se rodeó golosamente de privilegios, frente a amplias mayorías empujadas a la pobreza, acumuló las condiciones propicias para el intempestivo estallido social.

El modelo chileno que los políticos y medios adeptos a esa doctrina, habían convertido en un referente internacional, se derrumbó como un castillo de naipes. El proyecto marcado por la reducción del rol del Estado y la expansión del papel del sector privado, que impulsó e impuso la dictadura de Augusto Pinochet, con la asesoría de Milton Friedman, no resistió la acumulación de injusticias y desbalances sociales.

Las protestas fueron duramente reprimidas por la policía con un saldo tan trágico como doloroso: 20 muertos, 233 heridos y más de 700 personas detenidas. Empero la represión fue más gasolina que agua. Y lo que fueron, inicialmente, reivindicaciones económicas y sociales (centradas en pensiones, salud, educación) se tornaron en exigencias políticas. Ganó fuerza el reclamo de una Convención Constituyente que pusiera fin a la camisa de fuerza que ha sido la Constitución, creada a imagen y semejanza de la dictadura de Pinochet.

La acción de la protesta social fue tan fuerte que el gobierno de Piñera no tuvo más remedio que convocar a un referéndum para determinar si la ciudadanía estaba de acuerdo con iniciar un proceso constituyente, para redactar una nueva Constitución y también para fijar el mecanismo del proceso. Originalmente, el referéndum fue convocado para el 26 de abril de 2020, pero a causa de la pandemia de la covid-19, hubo de ser pospuesto para el 25 de octubre del mismo año. El resultado aprobatorio fue contundente: Mas del 78 % de los que votaron dijeron que si aprobaban la Constituyente mientras menos del 22 % se inclinó, por lo contrario.

Así las cosas, el 15 y 16 de mayo de 2021 los electores chilenos acudieron a elegir a 155 constituyentes encargados de redactar la nueva Carta Magna. Más de 6,3 millones votaron. Los resultados representaron una abrumadora derrota para la derecha, ya que, de los 155 elegidos, 48 fueron independientes, 52 de la oposición, los pueblos originarios obtuvieron 17 puestos y el oficialismo tan solo 38. Una cifra a todas luces insuficiente para fijar la agenda y acuerdos de la Convención, que arrancó sus tareas el 4 de julio de 2021 y las completará a finales de junio de 2022.

El 21 de noviembre de 2021 se celebraron los comicios para elegir quien dirigirá, desde la presidencia, los destinos de Chile entre 2022 y 2026. También fueron electos los senadores, diputados y consejeros regionales. A raíz de las situaciones y procesos desarrollados a partir de octubre de 2019, se esperaba un claro triunfo del candidato de la coalición de izquierda, “Apruebo Dignidad”, Gabriel Boric, aun cuando los números no le alcanzaran para evitar el balotaje. Sin embargo, en un resultado inesperado, el candidato ultraderechista, José Antonio Kast se impuso sobre Boric por dos puntos.

Este resultado envalentonó a la derecha que esperaba ganar en la segunda ronda, que se celebró el 19 de diciembre. Para esta elección se confabularon todos los ingredientes para la polarización política. Se enfrentaban dos proyectos diametralmente opuestos.

Kast (55 años), neoliberal confeso, detractor de la Convención Constituyente, simpatizante de Pinochet, admirador de Trump y Bolsonaro, y con una serie de proyectos amenazantes para los imperativos avances sociales y los derechos humanos, frente a Boric (35 años), líder de la nueva izquierda chilena, madurado al calor de las luchas estudiantiles y sociales, adversario abierto del modelo neoliberal e impulsor de una Constitución que sea llave y matriz de la imperativa e impostergable justicia social para un pueblo marcado por lustros de desigualdad y pobreza, en medio de la concentración indignante de la riqueza de las élites.

El 19 de diciembre se jugaba entonces algo más que una elección entre dos candidatos presidenciales; se jugaba la perpetuación del modelo neoliberal frente a su progresivo desmantelamiento. Eso lo comprendió el pueblo de Chile que acudió a las urnas en un porcentaje mayor que en la primera ronda y le dio un contundente triunfo a Boric (55,87 %) sobre Kast (44,13 %).

El nuevo presidente tomará posesión del cargo, en marzo de 2022 y tendrá como desafío el cambio de modelo, con la abierta oposición de la derecha y las élites económicas, cuyo peso es significativo. Eso se puso de manifiesto al día siguiente de la elección de Boric, cuando esa abstracción denominada mercado (que no son otra cosa que empresas y personas de carne y hueso), mostró su descontento con la caída de la bolsa de Santiago mientras el peso sufrió una significativa depreciación.

La elección de Boric no solo es muy importante para Chile. Lo es para América Latina, región donde las fuerzas progresistas han ido ganando terreno.

Chile ha sido destacado como un “milagro económico” aunque ese milagro siempre fue para una minoría y algunas trasnacionales avariciosas. Las mayorías, mientras tanto, lo vieron desde muy lejos. En el presente, puede emerger un modelo alternativo que consolide la democracia y haga renacer un Estado Social de Derecho, robusto y fuerte como lo soñó Salvador Allende. Esto le dará sentido al propósito y consigna el Norte está al Sur.

Imagen: https://www.radioagricultura.cl

¿La reforma a la reelección de autoridades políticas resolverá el problema?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Cuando se dispuso separar la elección de Alcaldes de la elección nacional, y le siguió la elección de los miembros de los Consejos Municipales y Distritales, en la misma dirección, primero la de Alcaldes en el 2002 y luego los otros puestos concejales, a partir del 2006, haciéndolas el mismo año electoral, pero a finales, en diciembre, luego de la nacional, que se hacía en febrero, hasta que se llegó a separar totalmente el proceso en el 2014, que de manera excepcional, se prolongaron sus mandatos por seis años, hasta el 2020, para regularizar a partir de ese año 2020, períodos nuevamente de cuatro año, acordes con los períodos presidenciales y legislativos, fue para darle mayor importancia a las Municipalidades y sus respectivos cantones. Así cada dos años habrían elecciones, unas nacionales y otras municipales, cada uno de estos procesos electorales para elegir autoridades con mandatos de cuatro años, las municipales con posibilidad de reelección consecutiva. En el 2002, 2006 y en el 2010 el impacto de las elecciones nacionales quedó grabado en los resultados de las elecciones municipales que le siguieron cuando los partidos gobernantes, Unidad Social Cristiana en el 2002, el 2006 y el 2010 obtuvieran la mayoría bastante amplia, sobre los otros partidos, de los alcaldes electos. Empezó a cambiar esta situación en el 2016, cuando el Partido Acción Ciudadana, ganador en el 2014, no tuvo el músculo político de la elección de febrero de ese año, y tuvo que enfrentar las elecciones municipales en el 2016, con dos años de gobierno en marcha, cuyo resultado municipal no se le reflejó positivamente, sin obtener mayoría política de las municipalidades, que seguían mayoritariamente en manos de los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana.

Con ello, con estas elecciones separadas, a los pueblos, conjunto de personas, de cada cantón, habitantes y electores, se pensaba en rematar en el fortalecimiento de la democracia representativa y electoral, para la mejor escogencia de sus autoridades políticas, separada su elección de la nacional presidencial y de diputados. Era para que los ciudadanos de los cantones pudieran concentrarse en sus propias autoridades, en su propio gobierno, para hacerlo más democrático, más directo, para participativo, y quizá también más efectivo. Eso sigue siendo válido.

El Código Municipal, antes que el Electoral nacional, establecía como figuras importantes la reelección consecutiva, el Referéndum, el Plebiscito y la Revocatoria de Mandato. Estas figuras poco se han practicado en el país. Los partidos políticos nacionales, que “mandan” teóricamente a los cantonales, de la misma bandera, no les ha interesado fortalecer estas figuras de movilización, de discusión y de poder ciudadano, ni a nivel local y mucho menos a nivel nacional. Algo parecido sucede a nivel nacional, con el Referéndum y el Plebiscito que son tan solo letra muerta en la Constitución Política, por esa abulia política que tienen los partidos y sus dirigentes políticos, y porque no les interesa empoderar o darle poder a los ciudadanos.

En ese sentido, en las municipalidades, se arrastraba la experiencia, la tradición y la legalidad de que las autoridades municipales podían elegirse continuamente, mientras sus electores así lo hicieran y quisieran en reconocimiento a obras de trabajo municipal y de buen ejercicio, sano, honrado y honesto, de gobierno local. Era al mismo tiempo una mejor escuela para la formación futura de dirigentes políticos nacionales, de donde podían ir saliendo hacia la Asamblea Legislativa, las instituciones del Estado, y los mismos Ministerios, con posibilidad de que algunos de estos dirigentes pudieran formarse con aspiraciones presidenciales, como resultado de una larga carrera política y administrativa, como hemos visto recientemente que han aspirado a luchas esas candidaturas nacionales. Al interior de algunos partidos importantes y nacionales, como Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, de hecho los dirigentes municipales han acaparado la toma de decisiones importantes y se han impuesto hasta las Asambleas Nacionales quitándoles poder de nombramientos municipales y restringiendo, incluso, potestades, de los que salían candidatos presidenciales de esos partidos. Ese ha sido, como hemos venido viendo un camino a la muerte de la democracia interna de esos partidos, al autoritarismo municipal que les ha surgido, y a los cacicazgos locales, a veces con dudosos apoyos financieros municipales, y de sus campañas electorales, asociados a grupos tenebrosos de las narco mafias locales, lo que devienen en los liderazgos apadrinados por ellos originando la narco política y los dirigentes políticos sostenidos por estas redes de poder mafioso, y por la macabras y tenebrosas redes de los negocios que ellos mismos fraguan.

Los escándalos de corrupción que sacuden a algunas autoridades, personajes, municipales, nacionales y empresariales, por la telaraña que han construido con el tiempo, de favorecimientos mutuos, con perjuicio al interés público, nacional y municipal, a las obras, que resultaban mal hechas, a propósito, porque el negocio estaba también en la reparación constante de ellas, y no solo en la adjudicación de los carteles para sus construcciones, y por el daño resultante a la imagen pública de la democracia política, de los políticos, de las autoridades políticas, de los partidos políticos, a los cuales están ligados estos personajes, la confianza y fe pública en los procesos administrativos, a la seguridad jurídica que se supone debe haber en igualdad de trato para todos los ciudadanos, y para los mismos empresarios, que también algunos de ellos salieron afectados por este matrimonio y concubinato empresarial discreto, casi secreto, que habían establecido, hoy evidencia que la profundidad de este daño y de esta presencia en prácticamente en todo el país, en todas las municipalidades, especialmente donde estas empresas cuestionadas han actuado, y que deben investigarse a fondo, y con la mayor amplitud posible, si de verdad se desea acabar con esa hidra y con esos tentáculos. Recuerdo hace pocos meses en el Cantón de Santa Cruz, como la municipalidad cerró una calle pública, a Playa Mantas por favorecer intereses hoteleros locales, y la mantiene cerrada sin posibilidad para ningún costarricense, de hecho de poder llegar a esa playa por el camino existente, sobre el cual volcaron árboles para impedir el tránsito de vehículos. En este caso hasta la policía local está comprometida en este mafioso negocio, porque la misma policía impide el paso, aspecto que también debe ser investigado, como debe suceder en otros sitios.

Es igual que los negocios de las grandes construcciones, cuyos alcaldes, tiene capacidad de exonerar de ciertos pagos, que pueden ser multimillonarios según la inversión, a empresas constructoras, especialmente de condominios, y de torres condominiales, aspecto que también se puede investigar, seguro que dará positivos resultados, mientras a pequeños constructores, o a personas esas mismas autoridades municipales les ponen todas la trabas posibles para sus posibles proyectos habitacionales o de construcción. Conozco casos.

El punto en debate que se quiere introducir, casi como un distractor de la corrupción, es el de la reelección de alcaldes y de autoridades municipales, porque el de las autoridades nacionales no tiene discusión porque ya hay impedimentos de reelección consecutiva. ¿Por qué no se discute el caso de la reelección de partidos políticos, que son los que nombran y escogen a esas personas que salen malas personas? El que es pillo es pillo, el que roba poco termina robando mucho. El que tiene ocho o más años para ver que roba, tratará de robar en cuatro, si eso es lo que le ofrecen en posibilidad. Son las personas, son los candidatos los que hay que escoger, que sean buenos, correctos, honestos, honrados. ¿Pueden escogerse en un partido políticos buenos y honestos candidatos? Con limitarles el plazo de gobierno no les van a limitar su ansiedad por enriquecerse si el puesto se los permite. Con más avidez, gula y glotonería política irán. Y si están apoyados por grupos mafiosos, de cualquier naturaleza que sea, con más rapidez tratarán de actuar, hasta para dejar “herederos” del puesto, para hacer que la correa de trasmisión siga funcionando. Con limitar el plazo de gobierno de una autoridad a un solo período no van a acabar con la corrupción si no es la corrupción la que debe atacarse, si no es a los corruptos a los que se debe castigar y de manera ejemplar ante la sociedad nacional. Que el que se meta en ese camino sepa que de ser agarrado va a sufrir las máximas penas posibles.

Lo que hay en trámite legislativa son cantos de sirena contra autoridades políticas futuras pero fantasmas, suponiendo de previo que en ese futuro, que se regulará por esos cambios que se desean introducir todos los futuros alcaldes, y miembros de los consejos municipales y distritales son desde ahora concebidos de manera corrupta, salvo de que de previo demuestren lo contrario, lo cual es difícil. La corrupción se da en acto, por quien es corrupto, no de naturaleza, sino porque ha desarrollado una conducta, una moral y un ética de la corrupción, que le permite justificar lo que hace.

Con los límites al ejercicio del poder no se le está metiendo ningún límite a la corrupción ya existente. Ya lo veremos. Lo único que están haciendo algunos diputados con esa discusión es tratando de lavar su conciencia política, la de sus partidos, la de saber que ha hecho malas escogencias. Hay que dejar de hacer esas malas escogencias. ¿Pueden hacer esto los partidos? Para estas elecciones ya no lo hicieron. Veremos los malos frutos si sembraron malas semillas. Para las elecciones del 2022, de alcaldes y de consejos municipales, estaremos pendientes de por dónde va la comparsa política.

Los que están interesados en golpear partidos políticos, en esta lucha, de pronto alimentarán, con sus posiciones las tendencias autoritarias, despóticas y populistas, de cualquier tipo, quizá más peligrosas que lo que se quiere combatir hoy. La improvisación de dirigentes políticos, en todos los niveles de la vida y organización democrática, va a ser una de las variantes más peligrosas.

Sergio Ramírez Mercado y la Ciudadanía de Honor costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

La Ciudadanía Honorífica, de Honor, es una distinción que soberanamente otorgan los países, por decisión facultativa de sus máximos órganos políticos, sean del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. En el caso costarricense es el Poder Legislativo, llamado Asamblea Legislativa, el que tiene la facultad de realizar estos reconocimientos.

En Costa Rica, como lo es en general en todos los países, son pocas las personas que han recibido esta distinción, que se puede realizar a extranjeros, a ciudadanos no costarricenses, como también se ha realizado a costarricenses.

Pocas personas han recibido esta distinción, entre ellos Franklin Ramón Chang Díaz, astronauta de la NASA, Hans Dietrech Genscher, Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Antonio Giustiniani y Casablanca, médico, John F. Kennedy, Presidente de los Estados Unidos, Stanley Lindo Morales, Juan Morera Coll, sacerdote español conocido como Fray Casiano, Arturo Romero López, Sor María Romero Meneses, religiosa nicaragüense, Franklin D. Roosevelt, Presidente de los Estados Unidos, y José de la Cruz Turcios Barahona, sacerdote.

Cuando se le dio a Franklin Chang Díaz, en reconocimiento a sus hazañas espaciales, y ser el primer cosmonauta y científico distinguido, de origen costarricense, de la NASA, se produjo un cambio en la legislación nacional en torno a la ciudadanía. Hasta entonces, a finales del siglo XX, la ciudadanía costarricense se perdía cuando un ciudadano adoptaba otra nacionalidad. Había de hecho una renuncia tácita u obligada por ese motivo.

En el caso de los astronautas extranjeros de la NASA, para ascender en su carrera, debían ser ciudadanos estadounidenses, lo que obligó a Franklin Chang a renunciar a la ciudadanía costarricense.

En el acto de Juramentación de los ciudadanos que adoptan la nacionalidad estadounidense al jurar esa nacionalidad y las leyes norteamericanas, juran a la vez su compromiso de luchar y defender ese país ante cualquiera otro, incluso el país originario del nacionalizado. Así, Franklin Chang juró luchar, en el campo militar, si fuera del caso contra Costa Rica, como ciudadano norteamericano que pasaba a ser.

Para esos días, con gran reconocimiento nacional de sus méritos espaciales, el Partido Liberación Nacional valoró la posibilidad de que Franklin Chang fuera un posible candidato a la Presidencia de la República, lo que chocó inmediatamente con la renuncia a la nacionalidad que había hecho, lo que se exigía para ser Presidente de la República, ser costarricense. Además, las fuerzas políticas de izquierda, y sectores académicos, culturales y universitarios, en ese momento, alertaron sobre el juramento que había hecho el Astronauta Chang Díaz de combatir contra Costa Rica, empañando esa posible escogencia candidatura presidencial y obstaculizándola.

Así, por disposición judicial se estableció, por este caso, que la Ciudadanía costarricense no era renunciable, y por ello se permitía la doble nacionalidad para aquellos ciudadanos, que por diversas circunstancias tuvieran que adoptar otra nacionalidad junto a la costarricense.

De acuerdo con la Constitución Política ciudadano costarricense es el que nace en Costa Rica, derecho de ius solis, y el que nace en el extranjero por ser hijo de padre o madre costarricense, derecho de ius sanguinis.

Sin embargo, a los hijos de los costarricenses, en el extranjero, que no son inscritos antes de los 18 años en el Registro Civil, se les niega la nacionalidad que tienen por el ius sanguinis, que no es renunciable, que se arrastra y se tiene por toda la vida, y que permitiría que en cualquier momento ese costarricense, demostrando su raíz paterna o materna pudiera gestionar su nacionalidad costarricense. Tiene esto más fuerza que la renuncia y recuperación de la nacionalidad, como se estilaba antes, porque la renuncia es un acto de voluntad, mientras la nacionalidad es una consecuencia genética irrenunciable.

El mérito para distinguir a un ciudadano con este reconocimiento, Ciudadano de Honor, lo analiza la Asamblea Legislativa, lo que es finalmente una decisión política del Pueblo Soberano allí representado.

El principio general es que se otorga por servicios notables que se prestan a la República, o como ha venido sucediendo por la altas distinciones nacionales o internacionales del Homenajeado que se le reconocen.

La Asamblea Legislativa puede otorgar la Ciudadanía de Honor sin restricción de límite, mientras que para otras distinciones, como los Benemeritazgos de la Patria, solo puede otorgar una por Legislatura, lo que se ha roto, recientemente, por una reforma al Reglamento Legislativo, que por cascada, en abundancia, se han hecho Declaraciones de Benemeritazgos de la Patria, en un solo día, el 21 de julio pasado, a catorce mujeres, y el 11 de agosto se tramitaron otros reconocimientos, más por la necesidad de llenar el vacío de que pocas mujeres que tenían este reconocimiento.

Las recientemente declaradas Beneméritas son Yolanda Oreamuno Unger, Anna Gabriela Ross González, María Teresa Obregón Zamora, Ana Rosa Chacón González, Luisa González Gutiérrez, Mireya Barboza Mesén, Olga Espinach Fernández, Pacífica Fernández Oreamuno, Virginia Grütter Jiménez, Estela Quesada Hernández, Adelaida Chaverri Polini, Manuela Tattenbach Yglesias, Carmen Naranjo Coto y Emilia Prieto Tugores, todas ellas que destacan en la ciencia, la política, la salud, la poesía, el arte y el medio ambiente entre otros campos.

Hace pocas semanas se presentó, ante la Asamblea Legislativa, una propuesta de Declaración de Ciudadano de Honor, para el distinguido y reconocido escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado.

El trámite que en la Comisión Permanente Especial de Honores, de la Asamblea Legislativa, debió ser secreto en su deliberación, que debía conocer los atestados, de manera confidencial, a favor como las facetas negativas que se consideraran en su contra, salió a la luz pública, por cuanto la Presidenta de esa Comisión Parlamentaria, que se integra de manera secreta por el Presidente Legislativo, hizo pública su oposición a este reconocimiento, opinando negativamente sobre unos pasajes de uno de sus libros, desatando con ello una polémica nacional sobre la validez de su distinción.

Recientemente la Academia Costarricense de la Lengua le ha declarado Miembro de Honor de la misma, y la Universidad Nacional, de Heredia, le ha otorgado el Doctorado Honoris Causa.

Sergio Ramírez es nicaragüense por nacimiento, pero ha vivido mucho tiempo, en distintos momentos de su vida, y por largas temporadas, en Costa Rica, que lo ha tenido como un hijo adoptivo, ligado por sus aportes a la cultura nacional, y desde aquí a la cultura centroamericana cuando estuvo ligado al Consejo Superior de las Universidades de Centro América, CSUCA, en la década de 1970, época en la que procreó tres hijos en Costa Rica, que por esa razón son costarricenses, derecho de ius solis, y que sería buen fundamento para que, por ese motivo, también se pueda acoger al trámite de la nacionalidad costarricense, como lo hacen inmensa cantidad de ciudadanos de Nicaragua y otros países, que al tener descendencia en el país, les facilita la adquisición de la nacionalidad costarricense.

Sergio Ramírez ha sido permanentemente nicaragüense por su propia voluntad, porque nació en Nicaragua, porque ama su país, su cultura, su Historia, porque se crio en Nicaragua, porque allí permanece su Biblioteca principal, que es como su alma, porque vivió y luchó en Nicaragua contra la dictadura de la Familia Somoza por procurar un país más digno, más democrático, más justo.

Sus vínculos afectivos con Costa Rica los tiene no solo por su convivencia con nosotros, por sus hijos nacidos en Costa Rica, por los trabajos realizados desde Costa Rica, sino también porque en la práctica Costa Rica ha sido su Patria adoptada, la tierra y la Nación que le produjo fuertes vínculos históricos, laborales, afectivos y jurídicos, porque se siente ligado al ser humano costarricense, porque se identifica y mimetiza con él, porque es tan costarricense como los que nacemos aquí, porque conoce la Historia costarricense como propia, porque su Humanidad a la par de nicaragüense, es costarricense, es centroamericana, como lo es también ciudadano del mundo, ciudadano Universal, por los reconocimientos internacionales que recibe y, por las protecciones que, igualmente, le brindan ante las amenazas que recibe del actual gobierno nicaragüense, que ponen en peligro su vida, su existencia, su palabra creadora con filo, su compromiso de seguir anhelando y luchando por una Patria nicaragüense democrática, no autoritaria, no dictatorial.

Desde Costa Rica también lo hizo en esa la década, 1970-1979, hasta el triunfo, en aquel año del Frente Sandinista de Liberación Nacional, del que formó parte del Gobierno inicial de la Revolución triunfante, permaneciendo en su Patria toda la década siguiente, contribuyendo en la lucha por afianzar el proceso revolucionario gestado en 1979 en el poder.

A Sergio Ramírez la Ciudadanía Honorífica, que se le pudiera dar por la Asamblea Legislativa, no lo va a hacer más costarricense de lo que ya es. Es Costa Rica la que se va a enriquecer con un Ciudadano y una persona como él que honrará a la Nación Costarricense por su creación literaria, por su reconocimiento y distinción internacional.

La Ciudadanía Honorífica para Sergio Ramírez va a contribuir a afirmar y afianzar más la identidad nacional costarricense, como sentimiento subjetivo que lleva Sergio Ramírez, en sus venas, en su corazón, en su pluma y lengua creadora, que le unen desde esas trincheras a nuestra Historia Cultural y Literaria, a nuestra esencia costarricense.

Sergio Ramírez con su Ciudadanía de Honor contribuirá al fortalecimiento del Estado y de la República de Costa Rica desde la Cultura.

Con la Ciudadanía de Honor a Sergio Ramírez también estaremos contribuyendo con el pueblo nicaragüense en las preservación de sus valores, de su lucha por la Libertad y la recuperación de la Democracia.

En 1855 el Presidente, y Padre de la Patria costarricense, Juan Rafael Mora Porras, ante la oprobiosa presencia del filibustero norteamericano William Walker en Nicaragua, quien quería esclavizar a los pueblos centroamericanos y anexarlos a los Estados Unidos, invitado por malos nicaragüenses que lo hicieron llegar a Nicaragua, y después allí establecido prácticamente por la fuerza, tomó, Juan Rafael Mora, la decisión de marchar sobre Nicaragua para liberarla, de asegurar su Libertad, Independencia y Soberanía, y también la de Costa Rica y la de Centroamérica, como finalmente se logró con la rendición de Walker el 1 de mayo de 1857, después de dos años de combates.

Hoy, de nuevo los costarricenses podemos contribuir con la Democracia en Nicaragua y en la región dándole la Ciudadanía de Honor a Sergio Ramírez, brindándole la Bandera Nacional como su manto protector ante la persecución internacional que el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo han desatado contra él, como uno de los símbolos de la resistencia intelectual, cultural y política, y de la lucha democrática nicaragüense.

La Ciudadanía de Honor para Sergio Ramírez lo distinguirá a él, ciertamente, pero también a los costarricenses que lo tendremos como un costarricense más que nos resaltará, honrará y distinguirá con su existencia, como un Hijo distinguido de la Patria costarricense.

La Asamblea Legislativa debe proceder con la Declaratoria de Ciudadano de Honor para Sergio Ramírez Mercado.

Los méritos literarios son bien reconocidos. Su obra de muchos libros tiene la calidad de los Premios internacionales que les han dado. Por ellos hasta el Premio Cervantes, considerado el más importante de la lengua castellana.

Su paso por la política nicaragüense también es bien conocida y destacada, desde la trinchera política, hasta el Gobierno y el Parlamento nicaragüense, pero también continuando en la oposición política, como dirigente político sandinista y fuera del sandinismo oficial. También ha sido editor profesor universitario, invitado de varias Universidades en diversos países, columnista regular destacado en muchos periódicos, escritor de novelas, cuentos, ensayos, de relatos, con obras literarias relacionadas directamente con Costa Rica, antologador del pensamiento del General de Hombres Libres, de Augusto César Sandino, publicada su antología en varios países.

No debe atrasarse su trámite ni dejarse para después del receso parlamentario, que, con motivo de las elecciones, se aproxima.

Empleo público: parches, remiendos ¿y el respeto a la constitución?

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

SURCOS comparte la siguiente información:

Este lunes 22 de noviembre a las 5:00 pm se llevará a cabo el programa radial Orden del Día, en el cual se realizará un análisis del tema: “Empleo público: parches, remiendos ¿y el respeto a la constitución?”.

Se transmitirá por Facebook Live de Orden del Día o por Radio Universidad de Costa Rica 96.7.

Participarán:

  • Mauricio Castro Méndez 
  • Shirley Benavides Vindas

Moderadoras: Guiselle Boza Solano y Rosaura Chinchilla Calderón

Adjuntamos invitación formal al evento:

El proyecto de empleo público en el martirio de la cruz

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos, Trabajo.

Manuel Hernández

Esta semana, el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público recibió dos certeros martillazos, que no le ayudan mucho a sostenerse en el madero.

A inicio de la semana, fue primero el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, que reiteró su oposición al proyecto, porque lesiona el principio de separación de poderes e independencia del Poder Judicial, y además, porque afecta el funcionamiento y organización de este poder de la República.

Ahora, a finales de la semana, este viernes, definitivamente, viernes negro para el proyecto, la Procuraduría General de la República rindió su opinión a la Asamblea Legislativa, sobre la última versión del texto que se le consultó.

De esta opinión, amerita destacar las consideraciones que contiene acerca de las modificaciones que incluyó el informe de la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa, que no fueron objeto de pronunciamiento de la Sala Constitucional en el Voto N° 2021-017098-0007-CO.

La opinión de la Procuraduría señala –lo cual ya habíamos advertido- que hay dos aspectos que fueron modificados por esa Comisión, que en su oportunidad no se   consultaron al Tribunal Constitucional.

Por una parte, el informe de la Comisión, aprobado por el plenario, excluyó, ex oficio, al propio Poder Legislativo de la aplicación de varios artículos del proyecto.

Por otra parte, tratándose del salario global de los rectores de las universidades públicas, que la Sala estableció que es inconstitucional que el tope esté en función del salario del Presidente de la República, y lo fije la Autoridad Presupuestaria, el informe de la Comisión, motu proprio, extendió esa exclusión al Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones e instituciones con autonomía de gobierno u organización (artículo 37).   

La opinión de ese órgano subraya que la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad, como lo ha resuelto el Tribunal Constitucional “no puede variar lo que no ha sido objeto de pronunciamiento de este Tribunal” (Voto N° 12026-2010).

Asimismo, sostiene que la Comisión únicamente podía considerar los “efectos directos” que se derivan de la opinión de la Sala Constitucional, pero no incorporar aspectos novedosos, que no fueron consultados, “so pena de ser declarado como vicio de procedimiento.”

Al final, concluyó lo siguiente:

“De conformidad con lo expuesto, esta Procuraduría estima que el proyecto de ley consultado sigue presentando inconvenientes a nivel jurídico, incluso eventuales roces de constitucionalidad”.

Efectivamente, aunque no sólo por este motivo sustancial de procedimiento, porque también contiene vicios que alteran las reglas del sistema democrático y derrumban la Constitución Política, el controversial proyecto, como concluyó la Procuraduría, contiene graves vicios de constitucionalidad.

Ya habíamos comentado, en un artículo anterior, que la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad se extralimitó, porque modificó a su arbitrio, varios artículos del proyecto, que no fueron objeto de pronunciamiento por la Sala Constitucional, incurriendo en una grave anomalía de procedimiento, lo cual viene a confirmar la Procuraduría General de la República.

Ahora, el proyecto, de nuevo, se vuelve a meter en un estrecho y difícil laberinto, que, parafraseando a Unamuno, tal vez sea su última agonía, y que, quien quita, podría ser la crónica de una muerte muy anunciada.

19/11/2021