Desde finales del año anterior la economía ha mostrado una mejora en su ritmo de crecimiento, explicado en buena medida por el mayor dinamismo experimentado por las firmas amparadas al régimen de zonas francas, así como por el estímulo más o menos constante de las empresas de “base local”.
Es así, que el sector industrial dejó atrás el efecto adverso que significó el retiro de una parte de las operaciones de la firma Intel e incluso, el sector agropecuario superó un periodo de casi año y medio en el que registró tasas de crecimiento negativas. Cabe indicar, que a julio anterior la gran mayoría de actividades económicas se encuentran creciendo a tasas cada vez mayores, con una clara excepción: el sector construcción.
En este sentido, esta actividad se ha contraído en cerca de un 15% en el último año (de julio 2015 a julio 2016), debido al errático comportamiento tanto de la construcción privada como de la pública, siendo que esta última ha presentado tasas de crecimiento negativas en los últimos 14 meses, producto de la finalización del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón así como el correspondiente a la ampliación del trayecto entre Cañas y Liberia,
Ante este panorama, tal como fue dado a conocer en las últimas semanas por varios medios de comunicación, las autoridades gubernamentales buscan impulsar esta actividad, mediante un incremento cercano del 26% para el próximo año en los recursos del presupuesto de la República destinado a gasto de capital.
Pero, ¿por qué es importante reactivar la construcción de obra pública en el país?
En primer lugar, porque de los instrumentos con que cuenta el sector público para estimular la producción, la construcción de obra pública es la que tiene un mayor impacto directo e indirecto.
Derivado de lo anterior, porque es una fuente generadora de empleo por excelencia, asimismo, en los casos de proyectos geográficamente bien localizados, también puede tener un impacto importante en la economía local.
Por los encadenamientos productivos que podría genera, en cuanto compra de materiales, alquiler de maquinaria y equipo, así como por la demanda de servicios asociados (seguridad, alimentación, transporte, entre otros).
Finalmente, por su impacto en el nivel de competitividad, cuyo efecto es aún más notorio en el caso de la expansión de la capacidad productiva del país.
No obstante lo anterior, para que estos beneficios se materialicen de manera oportuna, es necesario velar por el cumplimiento de los siguientes preceptos:
Acatamiento de la normativa ambiental aplicable a cada iniciativa, a efectos de minimizar los impactos negativos que este tipo de iniciativas podría tener sobre el medio socio-ambiental.
Cumplimiento de la programación de los proyectos en cuanto su duración, costo y alcance, para así reducir lo más pronto posible el déficit de infraestructura que sufre el país y evitar que los recursos financieros contratados para tales efectos, permanezcan sin uso.
Labor coordinada entre las entidades participantes e interesadas, de tal manera que se minimicen los atrasos que son generados por trabas atribuibles a las propias instituciones del sector público, como es el caso de otorgamiento de permisos, suministro de servicios de apoyo, entre otros.
En conclusión, el año 2017 será crítico para reactivar la construcción de obra pública en el país, sin embargo será necesario superar algunas prácticas que han caracterizado el desarrollo de estos proyectos – especialmente las relacionadas con el atraso en la entrega de las obras – y evitar que las complicaciones actuales existentes en el frente fiscal, se traduzca en la sub-ejecución y postergación de este tipo de iniciativas.
***Para mayor información comuníquese con Greivin Salazar (8835-6576) o con la Oficina de Comunicación de la UNA (2277-3066).
(*)Observatorio de la Coyuntura Económica y Social
Imagen con fines ilustrativos tomada de www.miningpress.com
Enviado a SURCOS Digital por Oficina de Comunicación UNA.
El conjunto de edificios no generaría una dinámica urbana con el espacio público existente
El FIALBC descartó en primera instancia el proyecto de construcción adjudicado en el 2012, pero posteriormente contrató al mismo consorcio para que desarrolle el nuevo anteproyecto y conjunto de planos constructivos (foto Archivo ODI).
La Asamblea Ampliada de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica (UCR), su máxima autoridad académica, dio a conocer su oposición al proyecto para la construcción del nuevo conjunto de edificios que albergarían el Poder Legislativo, debido a que contrasta en tamaño y apariencia con las estructuras existente en su entorno.
Un grupo de especialistas de esta Unidad Académica se dio a la tarea de analizar el proyecto en cuestión y finalmente presentó un estudio que incluyó varios cuestionamientos, por lo que recomendó no apoyar dicha iniciativa; esta propuesta fue aprobada por unanimidad por parte de la Asamblea Ampliada el pasado 12 de septiembre.
Con el propósito de construir una infraestructura que respondiera a las necesidades actuales y futuras de la población que conforma el Congreso fue que en el año 2011 se creó el Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/Banco de Costa Rica (FIALBC).
En esta modalidad de financiamiento se estipula que una vez que se terminen los trabajos de construcción, el BCR alquilaría los inmuebles a la Asamblea Legislativa por un plazo de 17 años, por su parte el Congreso cancelaría este cobro y pasaría a ser propietario de los inmuebles al finalizar el plazo.
Según informó la Escuela de Arquitectura, un consorcio resultó ganador del concurso de licitación en el 2012 y se le consignó entonces la elaboración del conjunto de planos constructivos y especificaciones técnicas que detallan el proyecto; sin embargo, esta adjudicación fue descartada posteriormente al no cumplir con los requerimientos para el otorgamiento de todos los permisos de construcción por parte de las entidades competentes.
Seguidamente, FIALBC designó al mismo consorcio para que realizara la tarea de elaborar un nuevo anteproyecto y conjunto de planos constructivos, así como las especificaciones técnicas del proyecto, acuerdo que fue aprobado por el Directorio Legislativo en su sesión extraordinaria del 27 de abril del 2015.
Las obras están previstas para que se lleven a cabo en el lugar en donde actualmente se ubica la Asamblea Legislativa, el cual es calificado por la Escuela de Arquitectura de la UCR como un entorno de alto valor histórico, urbano y cultural donde se encuentran una serie de sitios patrimoniales y de interés histórico; asimismo, esa zona se encuentra regulada por el Plan de Renovación y Repoblamiento de San José, mismo que reitera la importancia de la función social de los proyectos urbanos.
La Asamblea Ampliada de la Escuela de Arquitectura señala como puntos negativos de este proyecto que no genera una dinámica urbana con el espacio público existente, además que no considera el impacto a corto, mediano y largo plazo sobre el contexto urbano preexistente, y que la altura, escala volumétrica y la materialidad de las fachadas del edificio contrastan de manera desfavorable con el entorno construido.
Entre otras consideraciones, el texto del pronunciamiento hecho por la Escuela de Arquitectura consigna la oposición a esta construcción e insta a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa a posibilitar una estrategia que sea multipropósito y que posicione a la nueva sede del Congreso como referencia ejemplar de implementación arquitectónica, urbana y cívica con una inversión sostenible.
“Creemos que es nuestro deber presentar nuestra preocupación sobre las decisiones que se toman en torno al procedimiento para la selección de un anteproyecto de arquitectura de interés público, a la consolidación de un proyecto cívico adecuado para el entorno urbano que deseamos y a la imagen arquitectónica del Poder Legislativo”, indicó el Arq. Olman Hernández Ureña, director de la Escuela de Arquitectura.
La Asamblea Ampliada está integrada por las y los profesores que forman parte del Régimen Académico de la UCR, profesores eméritos, Jefatura Administrativa y representación estudiantil de la Escuela de Arquitectura; adicionalmente incluye a todos los docentes con nombramiento y que imparten cursos en esta Unidad Académica.
En el siguiente enlace puede acceder al Pronunciamiento de la Asamblea Ampliada de la Escuela de Arquitectura:
300 niños de Upala recibieron uniforme y útiles escolares para el ciclo lectivo 2016. Los menores participan en talleres en los cuales se exalta el valor de la educación. (foto tomada de http://www.campus.una.ac.cr/)
Bolsas plásticas como techo, piedras y palitos como juguetes y el grito de “¡yupi, comida!”, lanzado por aquel niño, al recibir su madre una canasta de víveres…
“Nunca habíamos visto la pobreza tan de cerca”, reconoce Melisa López, estudiante de Educación Especial, quien junto a 30 universitarios integra el grupo “Compartiendo sonrisas”, nacido en medio de las giras mensuales que se realizan a las comunidades fronterizas de San Gerardo de Medio Queso, Cachito y Punta Cortés de Los Chiles, como parte del proyecto “Pedagogía social: UNA construcción para las redes comunales”, de la División de Educación Básica del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional (CIDE-UNA).
Esta cruda realidad rural impulsó a los jóvenes a organizar campañas de recolección, ferias y padrinaje de niños, inicialmente, para llevar canastas de víveres a las familias y juguetes a los niños, en navidad; y, más tarde, para dotar a los menores de útiles escolares, conscientes de que la educación es la herramienta que ellos podrán utilizar para cambiar sus condiciones de vida en el futuro.
“Han tomado la batuta de apoyo a la educación en Los Chiles”, afirma Sylvia Segura, quien junto a Rafael Jiménez, Isabel Badilla y Heidy León –actual directora de Educación Básica- conforman el equipo académico del proyecto de pedagogía social, al cual está adscrito el grupo estudiantil.
Más allá de los cuadernos
Es así como 300 escolares de esas comunidades fronterizas pudieron abrir sus cuadernos nuevos al inicio del curso lectivo 2016 –como lo han hecho desde 2014-, gracias al trabajo realizado por “Compartiendo sonrisas”, en el marco del proyecto de extensión del CIDE.
Cada menor recibió un paquete que contenía bulto, seis cuadernos, cartuchera, lápices e implementos, uniforme, medias y, por supuesto, botas de hule, para recorrer los enlodados caminos que los separan de la escuela.
El aporte no solo contribuye a aliviar la carga económica para los precarios ingresos de las familias, sino a ilusionar a los niños con la idea de levantarse cada mañana para ir a la escuela. “Es llevar esperanza”, “dignificar el derecho a la educación”, dicen los académicos de “Pedagogía social: UNA construcción para las redes comunales”.
A la ilusión por la escuela también contribuyen los talleres con padres de familia y educadores, así como las actividades lúdicas con los niños, donde se reflexiona sobre el valor de la educación como forma de cambiar la realidad, como destaca Jennifer Vanegas, estudiante de Educación Especial.
“Hay una evolución” -advierte Jason Montero, estudiante de Pedagogía I y II ciclos-, “los niños antes decían que iban a trabajar en las piñeras o a jugar futbol; ahora dicen que la educación es importante, hablan de ser profesionales”.
Ese es el fruto del trabajo conjunto de profesores y alumnos, el cual–como subraya José Pablo Alfaro, estudiante de Relaciones Internacionales- “multiplica el impacto” de la Universidad Necesaria en las comunidades.
***Mayores detalles con Sylvia Segura, coordinadora de Pedagogía Social, 8878-7254 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.
Próxima remodelación incluirá la creación de laboratorios de electrofisiología y de modelos animales
Lidiette Guerrero Portilla
Periodista Oficina de Divulgación e Información
Dayana Vargas Sanabria, técnica de laboratorio, realiza sus ensayos en el Laboratorio de Genética (foto: Laura Rodríguez Rodríguez).
En un nuevo pabellón de 560 metros cuadrados, el Instituto de Investigaciones en Salud (Inisa) de la Universidad de Costa Rica alberga sus laboratorios de genética, virología, bacteriología, biología molecular de microorganismos, inmunología, histoquímica, biología molecular humana, microscopía, cultivo celular, un cuarto para ultracongeladores y otro para hacer experimentos a cuatro grados de temperatura.
Esas modernas instalaciones cuentan con los estándares y protocolos de trabajo internacionales, con un destilador que suministra agua destilada por tubería a todos los laboratorios, así como aire acondicionado y condiciones especiales para algunos espacios, como presión negativa o presión positiva, según lo informó su directora, la Dra. Patricia Cuenca Berger.
En total la ampliación de las instalaciones del Inisa son 795 metros cuadrados, divididos en tres edificaciones, uno es el módulo de laboratorios, en donde además se construyó una sala de sesiones; otra área de 200 m2 en donde se ubica una sala de capacitaciones y un vestíbulo en el primer nivel y cubículos y oficinas, en el segundo nivel. Además ampliaron la parte administrativa en 35 m2 para albergar archivos y bodegas, entre otros.
En el nuevo módulo del Inisa se ubican los laboratorios de genética, virología, bacteriología, biología molecular de microorganismos, inmunología, histoquímica, biología molecular humana, microscopía, cultivo celular, un espacio para ultracongeladores y otro para hacer experimentos a cuatro grados de temperatura (foto: Laura Rodríguez Rodríguez).
Según lo comentó la Dra. Cuenca, las nuevas instalaciones son para las y los investigadores una gran oportunidad de dar un salto cuantitativo y cualitativo en su producción científica y el servicio que brindan a la comunidad, ya que trabajarán con espacio suficiente y equipo moderno.
En este sentido agregó que como parte del plan de equipamiento analizado y aprobado en el seno del Consejo Asesor del Inisa y avalado por la Rectoría, adquirieron equipo clave, como es un pirosecuenciador para realizar análisis de metilación de los genes, una máquina para realizar PCR en tiempo real que permite hacer análisis moleculares muy específicos, cabinas de bioseguridad grado II para virología, bacteriología y cultivos celulares, ultracongeladores, etc.
En relación con la construcción de la sala de capacitaciones o aula multiuso, que tiene una capacidad para 35 personas, la Dra. Cuenca manifestó que permitirá mejorar la proyección a la comunidad, con cursos de extensión docente y con un espacio que facilita a los investigadores e investigadoras compartir con sus grupos de estudiantes de posgrado, en el lugar e incluir en sus clases elementos experimentales, cuando sea necesario.
En el nuevo módulo del Inisa se ubican los laboratorios de genética, virología, bacteriología, biología molecular de microorganismos, inmunología, histoquímica, biología molecular humana, microscopía, cultivo celular, un espacio para ultracongeladores y otro para hacer experimentos a cuatro grados de temperatura (foto: Laura Rodríguez Rodríguez).
Además explicó que esa ampliación les permite cumplir con los requerimientos de la ley 7600, de accesibilidad e inclusión para personas con problemas de movilidad.
Este tercer módulo del Inisa era un proyecto pendiente desde que el Dr. Leonardo Mata Jiménez, primer director y fundador del INISA, construyó con financiamiento externo los dos primeros módulos, en los años 1981-1982. A través del tiempo también lucharon por conseguir apoyo para su construcción la M.Sc. Rafaela Sierra y la Dra. Rosario Achí Araya, cuando ocuparon el puesto de dirección.
El Inisa emprenderá, próximamente, la remodelación de los laboratorios más viejos, para modernizarlos e instalar en ese espacio un laboratorio de electrofisiología para realizar estudios funcionales de las mutaciones nuevas halladas en pacientes costarricenses que padecen enfermedades musculares y un laboratorio para trabajar con modelos animales.
Toda la ampliación de las instalaciones tiene un costo de ¢728 millones más lo invertido en equipamiento por un monto superior a ¢220 millones más ¢3,9 millones para mobiliario del aula multiuso y la sala de sesiones, entre otros.
A través de la firma de la Directriz N° 042-MP, “Construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas”, dirigida al sector público, el Gobierno de Costa Rica asume su responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos indígenas, una acción coordinada y sistemática para proteger sus derechos y a garantizar el respeto a su integridad.
La ruta de dicho proceso es:
El Gobierno emite una directriz que ordena la acción de las instituciones públicas, alrededor del objetivo de construir un mecanismo de consulta a los pueblos indígenas.
El Gobierno y los pueblos indígenas construyen el Mecanismo de Consulta. El Gobierno visita a los 24 territorios.
El Estado costarricense cuenta con un instrumento de consulta a los pueblos indígenas, que guiará los procesos de consulta de las medidas que les afecte.
Para leer la Directiz “Construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas”, ingrese en el siguiente enlace:
El pasado sábado 28 de noviembre, como parte del Programa de Gestión Local se estuvo trabajando en la comunidad de Tarbaca con personas gestoras locales de la zona de Caraigres (Acosta-Aserrí).
En la 6°reunión del Curso sobre Mi Participación en la Construcción de la Democracia, se abordaron las siguientes temáticas: 1) Cómo podemos incidir para democratizar desde lo local; 2) Cuáles son las estrategias de incidencias para la democratización; 3) Conocer y ser capaces de usar los mecanismos de participación ciudadana que brinda el ordenamiento jurídico y 4) Cómo construir, aprender y ejercitar el uso de herramientas prácticas para poder incidir en la democratización de espacios e instancias de decisión relevantes en lo local, lo regional y nacional.
Información e imágenes tomadas del Facebook de Rafael Eduardo López Alfaro.
El pasado sábado 17 de octubre, se realizó en la comunidad de Acosta, Aserrí, como parte del Programa de Gestión Local, la tercer sesión del curso “Mi Participación en la Construcción de la Democracia”.
Los temas que se desarrollaron durante el taller fueron: ¿Cómo es y cómo funciona la democracia que tenemos?; cómo funciona la estructura del Estado e instancias de participación; cómo fortalecer las habilidades de los gestores locales de la zona de Caraigres (Acosta-Aserrí) en los mecanismos no formales de participación ciudadana, así como para reconocer la práctica democrática para la incidencia política local.
Se realizó un análisis del poder en las estructuras formales del Estado y en ámbito local; también se conversó sobre cómo incidir en la toma de decisiones desde los gestores locales.
Tomado del Facebook de Rafael Eduardo López Alfaro.
Dentro de las correcciones que se buscan hacer al Reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones está ampliar el marco legal para que sea más completo, claro y se adecúe a la realidad del país (foto Archivo ODI).
Comisión estatal busca actualizar ley que está vigente desde hace más de 30 años
Otto Salas Murillo,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
Un equipo de profesionales de diversas instituciones públicas se ha encargado de estudiar el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones vigente, para poder realizar las actualizaciones pertinentes.
Este Reglamento data de 1982 y es uno de los principales instrumentos que utilizan las municipalidades para regular las construcciones o reparaciones de edificaciones que hacen las y los ciudadanos en sus circunscripciones territoriales.
De ahí que la Escuela de Ingeniería Topográfica de la Universidad de Costa Rica (UCR) organizó la mesa redonda denominada: ¿Es necesario un nuevo reglamento para el control de fraccionamientos y urbanización?, en el mes de junio en la Sala Multimedios de la Facultad de Ingeniería.
Allí participaron el Mag. Mario Arce Guillén, asesor legal de la comisión que analiza el Reglamento; el Lic. Miguel Cortés Sánchez, coordinador de dicha comisión; la Arq. Karla Barrantes Cháves, investigadora del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS-UCR); el Ing. Luis Fernando Chacón Monge, docente de la Escuela de Ingeniería Topográfica y su director, el M.Sc. Juan Antonio Picado Salvatierra.
Urbanismo con reglas claras
El Lic. Miguel Cortés Sánchez, además de ser el coordinador de la comisión que analiza el actual Reglamento, es geógrafo de profesión graduado de la Universidad Nacional y trabaja en la Municipalidad de Heredia (foto Laura Rodríguez).
Arce Guillén comentó que una variable que se debe tomar en cuenta es el constante agotamiento de los recursos naturales, situación que impacta en todo el país y como ejemplo citó que la realidad territorial ha sido modificada.
Asimismo insistió en que lograron detectar vacíos en el reglamento actual que impiden el cumplimiento de aplicaciones legales, “la planificación urbana local es una función inherente a la municipalidades y estando fijados los límites del ejercicio los reglamentos o planes reguladores son desarrollo de esos principios. Por lo tanto, qué es lo que viene a hacer este reglamento, pues a desarrollar el marco legal y la Sala Constitucional ha sido tajante en que dichas cuestiones no violentan el régimen de propiedad privada ni de libre empresa, sino que simplemente otorgan la potestad de controlar la correcta utilización de los suelos para garantizar un desarrollo racional y armónico”, declaró Arce Guillén.
Por su parte Cortés Sánchez explicó que el reglamento se resume en cuatro apartados: Disposiciones Legales; Criterios para utilización y transformación del suelo; Disposiciones aplicables a la transformación del suelo en espacios públicos y privados; e Instrumentos de gestión del suelo.
Según detalló, el objetivo general que buscan es orientar la ocupación del territorio hacia procesos de urbanización que garanticen el uso eficiente del suelo, “la intención es cambiar el modelo de ciudad que tenemos porque no es sostenible en el tiempo; el suelo es un recurso natural que, al igual que el agua, se agota por lo que tenemos que ser eficientes. Hay que promover procesos de urbanización que apunten a esto, por eso es necesario hacer una categorización del suelo y decir bajo qué criterios vamos a considerar qué es urbano, qué no lo es y qué sí podría ser urbanizable”, subrayó Cortés Sánchez.
El Mag. Mario Arce Guillén es abogado especialista en Derecho Público y Derecho Urbanístico, asesor legal de la comisión y profesor de la Maestría de Diseño Urbano de la UCR (foto Laura Rodríguez).
Cortés Sánchez añadió también que el crecimiento predio a predio, lo que se conoce como alamedas, es el principal reto en cuanto al crecimiento urbano que tiene el país, ya que utilizan grandes extensiones de suelos para urbanizar y en muchos casos no permiten trazar una red vial que se enlace con otros sectores.
Al respecto, la Arq. Karla Barrantes Cháves mencionó que el ordenamiento territorial es clave para el desarrollo integral de Costa Rica y este tipo de reglamentos buscan precisamente cumplir esa meta.
“Gracias a los portillos que abre el actual reglamento se han generado un montón de fraccionamientos y como resultado tenemos que muchas personas no tienen el mismo acceso a educación, transporte público y fuentes de empleo que tienen las personas que viven en los centros urbanos, esto ha creado enormes desigualdades sociales que han repercutido en la calidad de vida de esas personas. Hoy en día vemos desarrollos inmobiliarios en tierras que deberían ser agrícolas o en zonas montañosas, este tipo de cosas han generado problemas territoriales que todos pagamos, pues las municipalidades tienen que llevar servicios e infraestructura a esos desarrollos que están en medio de la nada”, advirtió Barrantes Chávez.
Finalmente, el M.Sc. Juan Antonio Picado Salvatierra hizo énfasis en que la UCR tiene que ser muy activa en este tipo de temas y mantener su presencia en el accionar de nuestra sociedad, para así devolver con creces la inversión que se hace en educación.
Al mismo tiempo, Picado Salvatierra resaltó la necesidad de que existan reglas claras que ordenen el avance del país en todos sus aspectos y uno de los más esenciales es el desarrollo urbano, pues nos afecta a todas y todos.
El Dr. Bernal Rodríguez, director de la Red de Áreas Protegidas de la UCR impulsó la nueva propuesta de zonificación de Finca 4 (foto Laura Rodríguez).
Presentan alternativas en el marco del Día del Medio Ambiente
Katzy O`neal Coto,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
Conservar la riqueza natural de la Finca 4, reforestarla y lograr un uso adecuado del suelo son los motivos que mueven a diferentes instancias de la Universidad de Costa Rica a proponer alternativas para el uso sostenible de esta finca que representa una isla natural dentro de la matriz urbana.
Según un informe realizado por la Escuela de Biología, el terreno de la Finca 4 es un parche de árboles grandes, con vegetación riparia, y crecimiento joven denso tipo charral que sirve de hábitat para aves residentes y migratorias y donde habitan especies de plantas que han desaparecido de toda el área urbanizada del Valle Central.
El viernes 5 de junio en el marco del Día del Medio Ambiente y la Semana Ambiental se realizaron dos actividades con este objetivo: una siembra de árboles organizada por la Comisión Foresta Universitaria y una mesa redonda a cargo de la Escuela de Psicología donde se presentó una propuesta integral de zonificación para el uso de la finca.
Algunas de las especies de aves que se encuentran en Finca 4 necesitan de charrales y vegetación densa para sobrevivir (foto Red de Áreas Protegidas).
Valor natural
La propiedad denominada Finca 4 está ubicada en Mercedes de Montes de Oca, contiguo a las instalaciones deportivas (Finca 3), tiene un área total de 71.252,37 m2.
En ella habitan más de 100 especies de plantas y 117 especies de aves y sirve de refugio para especies de plantas que han desaparecido de toda el área urbanizada del Valle Central. Además, es un mosaico de ambientes donde se combinan bosque en regeneración y matorrales, según detalló el Dr. Bernal Rodríguez, con base en el informe elaborado por la Escuela de Biología.
La señora Thelma Carrera, vecina de la comunidad, se unió a los estudiantes de Voluntariado en la siembra de árboles (foto Laura Rodríguez).
A pesar de ser una zona que fue fuertemente impactada en el pasado, el biólogo Dr. Jorge Lobo explicó que allí se mezcla charral con áreas semi-arboladas de especies nativas, donde aún predomina el árbol de poró que se usaba para dar sombra a las plantas de café, también hay guavas, muñeco, guarumos e higuerones.
Los expertos además consideran la importancia social que tiene este espacio para la observación de aves, caminatas, práctica de deporte y su valor paisajístico.
Reforestación
Miembros del Consejo Técnico Ambiental, de la Comisión Foresta Universitaria y la Escuela de Biología trabajan en la reforestación de Finca 4 y aportaron criterio en la nueva propuesta de uso de la finca (foto Katzy O’neal).
Como un primer paso para la reforestación de este sitio, donde ya existen otras especies de árboles nativos, el pasado 5 de junio se llevó a cabo la siembra de árboles organizada por la Comisión Foresta Universitaria.
Allí sembraron árboles de cortés negro, caoba y aguacatillo, una especie típica de las zonas altas e intermedias de Costa Rica que produce frutos atractivos para las aves. “La idea de nosotros es mantener la siembra de especies que sirvan para mantener las poblaciones de aves en esta zona” explicó el Dr. Lobo.
En esta jornada además sembraron árboles en las Instalaciones Deportivas (finca 3), en la Ciudad de la Investigación (finca 2) para un total de 46 árboles de más de un metro de altura, entre los que se cuentan güitites, robles sabana y cortés amarillo.
La propuesta de zonificación establece cuatro zonas dentro de Finca 4 (fuente Red de Áreas Protegidas).
Esta siembra forma parte del plan de reforestación que viene realizando la Comisión de Foresta Universitaria desde el año 2012 y tiene como propósito repoblar el campus universitario con árboles de especies nativas del Valle Central.
Además participaron el Consejo Técnico Ambiental, la Escuela de Biología, la Escuela de Psicología, el Programa de Voluntariado, la Unidad de Gestión Ambiental y el sector de Áreas Verdes de la Oficina de Servicios Generales.
Propuesta
La propuesta fue tomada con beneplácito y con cautela por parte de los miembros de la comunidad (foto Anel Kenjekeeva).
El Consejo Técnico Ambiental de UCR a solicitud de la administración elaboró una propuesta de zonificación de la denominada Finca 4. Ésta se presentó en la mesa redonda “Muchos sueños…un lugar: construyendo el futuro de Finca 4” que se realizó en el Auditorio de la Facultad de Derecho el pasado 5 de junio.
La actividad contó con la participación del Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración, el Dr. Bernal Rodríguez Herrera, director de la Red de Áreas Protegidas de la UCR y como moderador el Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, director de la Escuela de Bilogía.
El Dr. Bernal Rodríguez explicó que se propone la creación de cuatro zonas: Una reserva que representa el 60% del área total, la cual incluye la zona de protección ribereña del Río Torres y un área donde hay mayor cobertura de bosque. Un 21, 4% del área se destinará a un Bosque Recreativo donde los vecinos podrán seguir caminado y haciendo ejercicios.
El Dr. Bernal Rodríguez, el Dr. Gustavo Gutiérrez y el Dr. Carlos Araya participaron en la mesa redonda sobre el futuro de Finca 4 que se realizó el 5 de junio en el Auditorio de Derecho (foto Anel Kenjekeeva).
Un 11,6% estará dedicado para parcelas experimentales donde estudiantes e investigadores de Biología realicen experimentos de sucesión del bosque que también ayudarán a mantener la diversidad en la zona. Finalmente se reserva un 7% para construcción, en la parte más alejada del río y donde hay menos árboles, donde se podría ubicar el edificio de la Facultad de Odontología.
Esta propuesta para el uso y zonificación de la finca 4 se desarrolló tomando en cuenta el criterio de profesores de la Escuela de Biología y vecinos de la comunidad. En ella participaron representantes de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), la Escuela de Biología, la Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones (OEPI), el Programa de Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS), el Jardín Lankester, la Vicerrectoría de Administración, la Escuela de Psicología y la Red de Áreas Protegidas (RAP).
Compromiso
El profesor de la Escuela de Psicología, Dr. Mauricio Leandro Rojas, organizó la actividad y señaló la importancia de tomar en cuenta a la comunidad y mantener el diálogo abierto (foto Anel Kenjekeeva).
El Dr. Carlos Araya Leandro aclaró que la administración ha cambiado su posición inicial de construir en un 30% de los terrenos y ahora “esta administración está total y absolutamente de acuerdo con esta propuesta” de manera tal que, en el caso de que la Municipalidad otorgue el permiso de uso de suelo para construir, sólo se construiría el edifico de Odontología que representa un 7% del área y los accesos serán por la Finca 3.
Así mismo, el vicerrector reiteró el compromiso que históricamente la UCR ha tenido con la conservación del medio ambiente. También aseguró estar de acuerdo con la lucha que los miembros de la comunidad han dado por la protección de la Finca 4 que calificó de “una lucha absolutamente pertinente”.
Miembros del movimiento conservacionista y el grupo probosque Guaymí se mostraron de acuerdo con la propuesta presentada. Además, reiteraron su solicitud para que la Universidad los incorpore en una mesa de diálogo para la planificación de la Finca 4 y la Finca 3, las cuales afectan la calidad de vida de la población, según detalló la señora Miki Bors.
El Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta asumió su compromiso para que la administración de los terrenos de Finca 4 sea administrada por esta Unidad Académica junto con la Red de Áreas Protegidas e indicó la necesidad de que el Consejo Universitario defina concretamente los porcentajes de zonificación de la finca tal como se recomiendan en esta propuesta.
Memoria
Desde abril del 2013, la UCR inició los trámites legales ante la Municipalidad de Montes de Oca, para obtener el uso del suelo en la Finca 4 con el propósito de desarrollar varias edificaciones en un 30% de la propiedad y un 70% dedicado a áreas verdes.
Desde entonces los vecinos del grupo pro bosque Guaimí se han opuesto a cualquier desarrollo que se intente realizar en esta propiedad universitaria bajo el argumento principal de que es un bosque, bajo los principios de irreductibilidad del bosque y del indubio pro natura.
El Consejo Municipalidad de Montes de Oca envió la consulta a la Procuraduría General de la República para definir si esta finca es o no es bosque y así poder definir el uso de suelo y por tanto el futuro de esta finca.
En el mes de mayo del 2015 el Consejo Universitario de la UCR declaró el 60% de los terrenos de la Finca como reserva ecológica dedicada a la preservación y refugio de especies naturales, así como a la investigación.
Según detalló el vicerrector de Administración, Dr. Carlos Araya Leandro, existen dos escenarios; si se le niega a la UCR el uso del suelo el 100% de la finca permanecería como zona protegida y si la Universidad obtiene el permiso se limitaría a construir sólo el edificio de la Facultad de Odontología que corresponde a un 7% del terreno.
Esta semana se iniciaron las obras para la construcción de la Escuela de Salud Pública en la Finca 2 de la UCR (foto Archivo ODI).
Tal y como se había informado hace dos semanas cuando se colocó la primera piedra del edificio de la Escuela de Salud Pública, este jueves se iniciaron los movimientos de tierra detrás de la Escuela de Enfermería, donde se ubicará la nueva edificación, que se proyecta construir en un lapso de diez meses.
La Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones (OEPI) informó que las obras fueron adjudicadas a la empresa LOTO Ingenieros Constructores S.A, quienes laborarán de 6 .a.m. a 5 p.m. en este sector de la Ciudad de Investigación.
Informó además la OEPI que la maquinaria de construcción pasará por la calle La Cruz, para lo cual se tendrá personal controlando el ingreso y tratar de minimizar así el impacto en el tráfico normal. Al respecto confirmaron que la velocidad máxima de la maquinaria en el campus universitario será de 25 kilómetros por hora.
En nuevo edificio de la Escuela de Salud Pública se estrenará a finales del presente año. El croquis muestra donde estará el edificio y los espacios para los materiales, grúas y otros durante la construcción (Imagen suministrada por OEPI).
Tanto la empresa constructora como la Universidad han tomado medidas para mitigar los impactos ambientales de la construcción tales como el polvo, el ruido y los residuos sólidos y líquidos; por lo tanto se colocarán cobertores en los montículos de tierra y a la maquinaria, se clasificarán los residuos y su manejo se hará en centros de acopio autorizados.
El nuevo edificio de la Escuela de Salud Pública contará con tres niveles, con un área total de 1370 metros cuadrados, que se ajustarán a la topografía inclinada del terrero. En el nivel de llegada se ubicarán las aulas y un auditorio, en el nivel superior estarán la dirección, oficinas, salas de cómputo y un estudio. En el nivel inferior se ubicarán los cubículos de los profesores y profesaras y las oficinas de la maestría.
Las personas interesadas en obtener mayor información de los nuevos proyectos de mejoramiento institucional pueden visitar el sitio web: www.pmi.ucr.ac.cr o escribir al Ing. Gayner Alfaro a gainer.alfaro@ucr.ac.cr.
