Crece confusión con mascarillas y vacunas en Casa Presidencial, mientras los habitantes demandan mayor protección del Estado.
En cuanto al uso de la mascarilla, el Decreto 43544-S sí es congruente con lo anunciado por el presidente de la República el 8 de mayo, pues elimina su uso obligatorio en espacios cerrados. Solo deben utilizarla el personal hospitalario y pacientes que requieren atención médica.
Todas las personas que no sean personal de primera línea de atención o que no requieran acceder a los establecimientos de salud, están exentos de esta obligación. “El Ministerio de Salud deberá establecer, bajo razones técnicas, objetivas y con enfoque de Derechos Humanos, los casos excepcionales en los cuales queda excluido el uso obligatorio de la mascarilla.”, señala el Decreto.
Especialistas en epidemiología, virología, así como organizaciones de médicos han alzado la voz contra esa disposición ante la llegada de una nueva ola pandémica, como lo evidencia el crecimiento en el número de contagios en las últimas semanas.
En resumen, con el decreto publicado en atención al compromiso con antivacunas y evangélicos, se vienen dos acciones: antes de su aplicación. El Ministerio de Salud tiene la importante tarea de determinar dónde es obligatorio el uso de mascarillas y qué sucederá con establecimientos privados que se reservan el “derecho de admisión”; y una segunda consecuencia, la presentación de acciones contra el decreto claramente ilegal ante la Sala Constitucional.
Reiteramos: el decreto tiene requisitos que condicionan su aplicación y que corresponde al Ministerio de Salud determinar antes de su efectiva ejecución. Podrían resolverlo hoy o mañana (si están claros), pero mientras no lo hagan queda a la espera. Es un trámite usual.
El Estado costarricense tiene un poco más de 300 instituciones. Así visto es un número de escándalo y justifica el cierre de muchas de ellas. Sin embargo, el simple número no dice nada: ¿cuáles son necesarias, ¿cuáles garantizan la participación ciudadana y democrática, ¿cuáles más bien contribuyen a descentralizar el Estado y ayudan a su funcionamiento? Por ello, hablar de cerrar instituciones a tontas y locas es poco serio; hay que estudiar con detalle cada una de ellas.
Por ejemplo, con el criterio de reducir el Estado habría que cerrar todos los colegios profesionales y que éste asuma la fiscalización de las profesiones o cerrar JUPEMA y la Sociedad de Seguros del Magisterio Nacional o el Cuerpo de Bomberos y que el Estado asuma todas esas funciones. Esta sería una posibilidad propia de una ideología Centralista.
Esto es lo que plantea un proyecto de ley para cerrar varios órganos como el Parque Marino, el Sistema de Enseñanza de la Música o Casas de Cultura y otros. Se cierran y sus funciones son asumidas por el Estado, sea Ministerios u otras instituciones estatales. En otras palabras, centralizamos las funciones en otros órganos estatales. Aparentemente estamos reduciendo el Estado, aunque realmente lo que hacemos es Centralizar esas funciones en el Estado. A menos que se propongan desaparecer las funciones y que el Estado deje de brindar apoyo a la música, al estudio marino u otras cosas más, aunque eso no está claro.
El año pasado el Instituto Nacional de Seguros (INS) trasladó a Hacienda, el Estado, más de ¢33.000 millones de sus utilidades, aparte del pago del impuesto de renta. Eso reforzó el pago de los múltiples servicios que se brindan a la población como educación, salud o seguridad pública. Si el INS no fuera una institución estatal, esas ganancias hubieran agrandado el bolsillo de alguna empresa privada multinacional. Otro ejemplo significativo es RECOPE: para algunos un desastre, aunque lo que observamos a nivel mundial es que los grandes distribuidores de petróleo y sus derivados, están obteniendo obscenos beneficios. Si Recope no fuera estatal, probablemente sería una empresa privada multinacional la encargada de sus funciones haciendo un multimillonario negocio.
La otra arista del tamaño del Estado tiene que ver con su democratización. Cuando se cierra un órgano desconcertado, se cierra la posibilidad de que grupos sociales intervengan en su gobierno y administración, incluyendo a las cámaras patronales. En muchas de estas directivas participan personas o grupos ad honorem, siendo de gran significación la participación ciudadana. Lo que también se propone, es eliminar esa participación y que, como muchas veces ocurre, burócratas decidan.
La centralización del Estado es también una concepción antidemocrática.
Otro proyecto de ley avalado por el gobierno de Chaves pretende centralizar todas las inversiones de las instituciones del Estado en el Ministerio de Planificación, exceptuando a las que están en competencia.
El Ministerio de Planificación lo creó la socialdemocracia para contrarrestar la planificación socialista. Por supuesto que en el socialismo la propiedad era en su totalidad del Estado, mientras que planificar en el capitalismo es casi imposible. Asistimos hace años a una tendencia a volver a fortalecer el Ministerio de Planificación tan venido a menos desde hace tiempo. La ley de Empleo Público le otorgó funciones exageradas de dirección en materia de empleo, tanto de fijar las categorías de trabajo, los salarios únicos o la evaluación de desempeño. Se propone ahora que asuma bajo su control la política de inversión de todas las instituciones estatales, sea que debe darle el visto bueno a cada uno de los proyectos en que se realice con inversión pública. Nuevamente es la centralización del Estado, la eliminación de la participación ciudadana, la involución democrática.
No considero conveniente cerrar órganos o instituciones sin consultar a las partes involucradas. Eso es contrario al principio de gobierno popular.
Ahora bien, ¿es buena la centralización del Estado? No creo que sea buena a raíz de las experiencias pasadas, incluso socialistas. Creo más provechoso un Estado descentralizado, con participación ciudadana auténtica, democrático.
Lo que también extraña de todo este malabar es que los neoliberales están abogando por un Estado más fuerte y centralizado. Parece raro.
Por: Adrián Pignataro López y Eugenia Aguirre Raftacco, investigadores de la Escuela de Ciencias Políticas
El proyecto de ley número 21407 busca reformar la Constitución Política en artículos varios para eliminar la segunda vicepresidencia en Costa Rica. Sostiene que la doble vicepresidencia es inefectiva (“tener dos Vicepresidencias no contribuye a mejorar la eficiencia en la conducción del gobierno”), que los puestos son poco conocidos, que muchas veces caen en “la invisibilidad y olvido” de una administración y que podrían ahorrarse recursos financieros condensando la vicepresidencia en una única persona. El presente criterio aborda consideraciones de fondo para consideración de las señoras Diputadas y los señores Diputados integrantes de la Comisión Especial que analiza la reforma constitucional propuesta.
El origen de la figura vicepresidencial
La vicepresidencia nació en Estados Unidos como un puesto para sustituir a la presidencia y para desempatar votos en el Senado. Aunque en un inicio la selección de vicepresidentes se basaba principalmente en criterios electorales, con el tiempo la vicepresidencia adquirió una renovada relevancia cuando los presidentes empezaron a escoger compañeros de fórmula con capacidad de contribuir sustantivamente en la administración y de proveer consejo y apoyo al presidente. La vicepresidencia de Walter Mondale durante la presencia de Jimmy Carter (1977-1981) marcó un precedente en este sentido (Goldstein, 2016). Desde entonces, los vicepresidentes y la vicepresidenta no solo han asumido tareas sustantivas en cada administración sino que se han convertido en consejeros relevantes. La mayoría de los países en América Latina replicaron la institución vicepresidencial de Estados Unidos en sus constituciones y actualmente solo México y Chile no cuentan con vicepresidentes (aunque, para el segundo, esto podría cambiar con la nueva constitución).
En Costa Rica, la Constitución de 1949 estableció la doble vicepresidencia, elegida en una fórmula de manera simultánea con el presidente (artículo 138), con los mismos requisitos para los tres cargos (artículos 131 y 132). La doble vicepresidencia no es la configuración más común en el mundo, pero tampoco es única de Costa Rica. Panamá (antes de 2004) y Perú son otros ejemplos cercanos. En El Salvador existen tres vicepresidentes (llamados designados presidenciales). En países parlamentarios también han existido múltiples vicepresidencias que acompañan al primer ministro (por ejemplo, el actual gobierno español cuenta con tres).
En el texto constitucional costarricense, las únicas funciones consignadas son la sustitución de absoluta o temporal de la persona que ocupe la presidencia (artículo 135). Además, se faculta la posibilidad de que las personas vicepresidentas se desempeñen como ministras o ministros (artículo 143). Pero la ausencia de funciones específicas, más allá de la sustitución, no ha impedido que las vicepresidencias en Costa Rica asuman roles y tareas, de manera formal (por decretos) o informal, en las distintas administraciones. Esto surge de un dilema muy simple al que se enfrentan las personas presidentas de la República: ¿qué hacer con las personas que las acompañaron en la papeleta? Los candidatos y las candidatas presidenciales tienen incentivos para seleccionar compañeras y compañeros calificados, para hacer atractiva su fórmula al electorado. Es decir, si escogen personas con capacidad y conocimiento para obtener votos, pueden también recurrir a ellas en el ejercicio del gobierno. Los datos muestran que ha sido así.
La evidencia en Costa Rica
Desde 1970 hasta 2018 (periodo para el cual se obtuvo información), solamente dos de los 26 vicepresidentes y vicepresidentas en los trece gobiernos no han tenido un cargo formal (o al menos identificable con la información recolectada). Las otras 24 personas han, desde la vicepresidencia, liderado ministerios[1] (Ambiente, Cultura, Economía, Hacienda, Industria y Comercio, Justicia, Planificación, Presidencia, Relaciones Exteriores), coordinado consejos presidenciales (Social, Económico, de Competitividad, de Economía Social Solidaria, de Cooperación Internacional, Política Exterior y Negocios Internacionales y de Sostenibilidad Ambiental), presidido la Comisión Nacional de Emergencias y dirigido el Consejo de Seguridad Nacional[2].
Adicionalmente a los roles formalmente asignados, las personas vicepresidentas han liderado tareas de alto relieve nacional, por ejemplo, en la atención de la emergencia por el Huracán Juana (Jorge Manuel Dengo Obregón), en el impulso de legislación sobre la igualdad de la mujer (Victoria Garrón Orozco) y el matrimonio igualitario (Ana Helena Chacón), en la negociación política-partidaria (Rodrigo Oreamuno Blanco), en la creación e implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza (Rebeca Grynspan Mayufis), en la coordinación del Triángulo de Solidaridad (Astrid Fischel Volio), en el equipo de evaluación de la mina de Crucitas (Alfio Piva Mesén), en la coordinación del Plan Franja de Desarrollo de la Zona Norte (Epsy Campbell Barr) y de la Mesa Caribe para el diálogo, el desarrollo económico y la inclusión social en la región Huetar Caribe (Marvin Rodríguez Cordero), entre otras.
Por lo tanto, aunque algunas puedan ser personas poco conocidas para la opinión pública (como lo son muchas otras personas funcionarias públicas, incluyendo diputadas, diputados, ministras y ministros), la evidencia indica que las vicepresidencias en Costa Rica han aportado en la gestión gubernamental. Este rol es variable, pues existen casos extremos de baja o nula participación y de conflictos con la presidencia (lo que también ha sucedido en otras democracias).[1] Sin embargo, los roles y tareas de las personas vicepresidentas son prerrogativas presidenciales. Las personas vicepresidentas pueden convertirse en un recurso en las tareas de gobierno, si quien ocupa la presidencia considera que esto contribuye a su gestión. Teniendo presente el concepto de centro presidencial, es decir, “los núcleos que apoyan directamente la labor de los jefes de gobierno y buscan reforzar su autoridad y su liderazgo […] mediante funciones de asistencia y asesoramiento, de coordinación, control político y planeamiento estratégico” (Lanzaro, 2018, p 13), entonces disminuir la vicepresidencia a la mitad (eliminando la segunda de ellas) implica una reducción en el margen de acción de la persona que ocupa la presidencia en particular y del centro presidencial en general.
Esta reducción de número no sería meramente formal. Las diversas labores de las personas elegidas para la vicepresidencia son un reflejo de que las candidaturas vicepresidenciales presentan altos niveles de experiencia política y conocimiento técnico-político (policy expertise). Pignataro y Taylor-Robinson (2021) muestran que más de la mitad de las personas candidatas en la vicepresidencia en los principales partidos (1974-2018) tienen experiencia política previa (media o alta), conocimientos técnico-políticos y un posgrado universitario. Es decir, no son mero “relleno” en la fórmula sino que son personas que pueden aportar con conocimiento y capacidad en el gobierno.
Vicepresidencias y representación democrática
Asimismo, la vicepresidencia es un espacio de representación ampliada (Pignataro y Taylor-Robinson, 2021) para grupos que no siempre tienen presencia en otros puestos, particularmente en la presidencia.
Mientras que el número de mujeres candidatas presidenciales en partidos grandes (con altas posibilidades de ganar) es reducido, muchas más mujeres han competido por la vicepresidencia y han ejercido este cargo. Desde 1990 hasta 2022, en todas las elecciones más de 40% de las candidaturas vicepresidenciales han sido mujeres (exceptuando 2010, cuyo porcentaje es de 38.9%, cuando fue electa la primera y única mujer presidenta). En la historia democrática de Costa Rica, mientras ocho mujeres han ejercido el cargo de vicepresidenta, tan solo una ha logrado llegar al puesto presidencial. Asimismo, en las candidaturas vicepresidenciales se cuentan personas afrodescendientes y personas del movimiento LGTBI. Reducir el número de vicepresidencias a uno implica una disminución de este espacio ampliado de representación.
Las candidaturas vicepresidenciales también permiten la representación multipartidaria en la misma papeleta. En otros países de América Latina es común que existan vicepresidentes de otros partidos (Marsteintredet y Uggla, 2019), por lo que la fórmula permite consolidar coaliciones partidarias. Incluso en sistemas parlamentarios se han utilizado las vicepresidencias para este tipo de equilibrios en gobiernos de coalición, como en el gobierno de Pedro Sánchez (España) y en el primer gabinete de Giuseppe Conte (Italia). Esta es una opción que en Costa Rica no se ha materializado en sentido estricto, pues ha habido vicepresidentes que en el pasado militaban en distintos partidos, pero no continúan al momento de formar parte de la papeleta (Ana Helena Chacón Echeverría es un ejemplo). Pero algunos partidos sí han utilizado los puestos de vicepresidentes para la representación intrapartidaria, cuando distintas facciones de un mismo partido se encuentran representadas por medio de las candidaturas vicepresidenciales para apostar a la cohesión partidaria. El Partido Unidad Social Cristiana solía utilizar esta estrategia en sus candidaturas de los años ochenta y noventa,
Fuente: Elaboración propia con las papeletas del Tribunal Supremo de Elecciones.
Actualmente, a la luz de escenarios legislativos con mayor número de partidos políticos y más tendientes al transfuguismo político (los llamados diputados y diputadas “independientes”), si se considera la figura de la vicepresidencia según el orden de sustitución presidencial, es posible imaginar que, en escenarios hipotéticos con una vicepresidencia menos y ante la eventual ausencia de la presidencia y la vicepresidencia, asumiría el cargo una diputación de oposición como resultado de un directorio legislativo multipartidista o estrictamente de oposición al partido de gobierno. Ello sería problemático para dar continuidad a la línea programática del partido que democráticamente obtuvo la presidencia en una elección popular. La segunda vicepresidencia garantiza que, en caso de ausencia de las personas en la presidencia y en la primera vicepresidencia, el Ejecutivo se conserve en el partido ganador de la elección presidencial.
Por último, la eliminación de una de las figuras vicepresidenciales también puede tener repercusiones en el desarrollo de carreras políticas. De los 26 vicepresidentes y vicepresidentas de Costa Rica en el periodo 1970-2018, cinco han optado por presentarse como candidatos y candidatas presidenciales luego de ejercer como vicepresidentes (de forma consecutiva o no). El caso en que se concretó la aspiración presidencial lo representa Laura Chinchilla Miranda, quien fungió como vicepresidenta entre 2006 y 2010 antes de buscar la presidencia en el siguiente periodo. Más recientemente la exvicepresidenta Lineth Saborío Chaverri (2002-2006) buscó el alto cargo de forma no consecutiva.
Conclusión
La doble vicepresidencia en Costa Rica amplía la representación política y partidaria, así como la capacidad de gestión política del centro presidencial. El ahorro presupuestario por eliminar la segunda vicepresidencia es ínfimo como porcentaje del presupuesto.[1] Aunque la constitución es minimalista respecto a las funciones de las vicepresidencias, la tendencia histórica de las últimas presidencias ha sido aprovechar las capacidades y conocimientos de estas personas elegidas en las tareas del gobierno, de una forma variada y flexible. Reducir el número de vicepresidentes limitaría esta posibilidad a la presidencia y su capacidad para ejecutar un programa.
[1] También en otros países latinoamericanos se encuentran casos de vicepresidentes en ministerios: Juan Carlos Varela e Isabel Saint Malo en Relaciones Exteriores (Panamá), Salvador Sánchez Cerén en Educación (El Salvador), Martín Vizcarra en Transportes y Comunicaciones (Perú), por citar algunos ejemplos.
[2] El Consejo de Seguridad Nacional fue una instancia informal creada en la administración de Luis Alberto Monge Álvarez para coordinar acciones internas y externas relacionadas con Nicaragua (Sojo, 1999, p. 84).
[3] El caso más emblemático de conflicto entre presidencia y una vicepresidencia Costa Rica aconteció entre Abel Pacheco de la Espriella y Luis Fishman Zonzinski. El primero no asignó funciones al segundo, quien renunció tres años después sin haber ejercido la vicepresidencia de manera efectiva. Esto contrasta con la proactiva vicepresidencia de Lineth Saborío de la misma administración, mostrando que el conflicto derivó por razones personales y políticas, no por la vicepresidencia como institución.
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (2019). Proyecto de Ley: Reforma de los Artículos 133, 135, 136, 137 y 138 de la Constitución Política (Eliminación de la Segunda Vicepresidencia de la República). Expediente No. 21.407.
Goldstein, Joel K. (2016). The White House Vice Presidency. The Path to Significance, from Mondale to Biden. University Press of Kansas.
Lanzaro, Jorge (coordinador) (2018). Centro presidencial. Presidencias y centro de gobierno en América Latina, Estados Unidos y Europa. Madrid: Tecnos.
Marsteintredet, Leiv y Fredrik Uggla (2019). Allies and Traitors: Vice-Presidents in Latin America. Journal of Latin American Studies, 51(3), 665-688.
Pignataro, Adrián y Michelle M. Taylor-Robinson (2021). Party competition, gender quotas, and enhanced inclusiveness in the selection of vice-presidential candidates. Politics, Groups, and Identities, 9(4), 721-738.
Sojo, Carlos (1991). Costa Rica: política exterior y sandinismo. San José: FLACSO.
Adrián Pignataro López y Eugenia Aguirre Raftacco Investigadores de la Escuela de Ciencias Políticas, UCR
El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI – UCR) y el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM – UCR), le invitan a la presentación del III Informe del Estado de la Libertad de Expresión en Costa Rica.
Fecha: Miércoles 25 de mayo, 2022
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Auditorio de la Plaza de la Autonomía, Ciudad de la Investigación-Sede Rodrigo Facio.
El pasado sábado 7 de mayo se llevó a cabo el conversatorio “Calypso, patrimonio vivo del Caribe costarricense”, organizado por Onda UNED y el Ministerio de Cultura y Juventud. En la actividad participaron Sebastián Fournier, coordinador de Onda UNED, María Soledad Hernández, investigadora en el Centro de Patrimonio del MJC, Ulysses Grant McLean, investigador y músico, Ramón Morales Garro, investigador y músico, y Rodolfo Vargas Meza, representante de la Universidad Estatal a Distancia.
En el marco del Día Nacional del Calypso, el conversatorio se realizó en memoria del calipsonian Alfonso Goulbourne “Gianty”, conocido como Yayanti, miembro en vida de la legendaria agrupación Kawe Calypso y se transmitió en el perfil de Facebook Onda Uned.
El próximo 26 de mayo se celebrará el Día de la Persona Chiricana en Costa Rica. Diversas comunidades lo estarán celebrando desde Puerto Jiménez pasando por Jacó y llegando a Puntarenas. Los eventos más importantes se darán en Potrero Grande, que se ha convertido en uno de los sitios de mayor representación de las chiricanidad en Costa Rica. Las celebraciones tendrán lugar desde el jueves 26 hasta el domingo 29 de mayo.
El 26 de mayo es una fecha instaurada por el Ministerio de Educación Pública para recordar y celebrar la presencia de los chiricanos en el país. Su historia se remonta a que, desde mediados del siglo XIX y adentrados los años del siglo XX, una gran cantidad de personas provenientes de Panamá llegaron a diferentes partes del sur de Costa Rica, donde se mezclaron con personas indígenas y gente del Valle Central. Fueron los chiricanos quienes fundaron Puerto Jiménez, Jacó y Puntarenas, donde se dedicaron a diferentes actividades como la pesca, la caza de conchas y perlas.
La actividad tiene como objetivo recordar la presencia de personas chiricanas, su herencia y su tradición. Le invitamos a conocer más detalles de esta importante expresión cultural en el siguiente video compartido con SURCOS por el antropólogo social José Luis Amador.
El día 8 de mayo, con motivo de la celebración del traspaso de poderes del nuevo gobierno encabezado por Rodrigo Chaves Robles, organizaciones de mujeres feministas y activistas independientes convocaron a la Marcha 2 8M(día de la mujer siempre y por siempre), para recordarle al ahora presidente, que la lucha por los derechos de la mujer y en contra del acoso se mantiene en pie y más fuerte que nunca.
La marcha partió del costado sur del Parque de la Merced, Avenida 4, por el Boulevard Peatonal.
Se le invita al programa elaborado por el Colectivo Reflexión-Acción Alternativas titulado “La justicia en Costa Rica: Factores que la determinan”.
Durante el programa, se contará con la colaboración de los profesionales: Eugenia Salazar Aguilar, abogada activista en derechos humanos; David Corrales Molina, abogado-criminólogo y profesor universitario en ULICORI; José Manuel Arroyo Gutiérrez, Magister ex magistrado, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y profesor catedrático de la UCR y a Jorge Coronado Marroquín, sociólogo activista social con especialidad en economía, política, estudios de ciencias políticas y asesor de organizaciones sindicales de CR y América Latina.
El programa tendrá lugar este próximo 13 de mayo a las 18:00 (-6 UTC) y se transmitirá por la página de Facebook de Alternativas, en la Radio 16.
Las universidades públicas juegan un papel esencial en la vida democrática de nuestra sociedad. Siendo instituciones en permanente evolución, las universidades se transforman para adaptarse a entornos complejos y cambiantes y así depurar su aporte, desde una visión humanista, de excelencia académica y de compromiso con el bien común. Paralelamente, nuestras universidades y la sociedad que las ampara deben defender y fortalecer los fundamentos del ethos universitario público, el cual depende, en gran medida, de la autonomía a la que constitucionalmente tienen derecho.
La autonomía es uno de los principales logros históricos de las universidades de América Latina a partir de la Reforma de Córdoba, un proceso impulsado por el movimiento estudiantil de la Universidad de Córdoba, Argentina, en 1918. En Costa Rica, la autonomía de la Universidad de Costa Rica quedó establecida en la constitución política de 1949, extendiéndose luego a las otras universidades públicas conforme se fueron creando. Su carácter autónomo ha permitido a estas instituciones hacer múltiples contribuciones a la vida del país en diversos ámbitos.
Pese a su relevancia, el concepto de autonomía universitaria se percibe con frecuencia como algo abstracto y difuso, incluso al interior de nuestras instituciones de educación superior. Además, sectores políticos y económicos hegemónicos, junto con algunos medios de comunicación, presentan con frecuencia a la opinión pública una visión distorsionada de este precepto, haciéndolo ver como un privilegio injustificado. Cada vez con más frecuencia se escuchan voces que cuestionan la autonomía universitaria y propugnan modificarla de diversas formas. El actual escenario político nacional no es nada halagüeño en este sentido; conviene por lo tanto retomar el valor de la autonomía de las universidades públicas para fortalecerlo y consolidarlo.
La autonomía universitaria incluye la libertad académica, la autodeterminación en el establecimiento de planes, programas, presupuestos y organización interna, y la plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. La autonomía, en suma, procura dar a estas instituciones todas las condiciones jurídicas requeridas para que desarrollen con independencia su misión (ver Gutiérrez, 2021). El que las universidades sean centros de pensamiento y acción libres y críticos en función de los más amplios intereses de la colectividad es fundamental. Y es precisamente este uno de los puntos que incomodan a los poderes fácticos de carácter económico y político, aquí y en todo el continente.
En los últimos años hemos presenciado embates contra la autonomía universitaria en Costa Rica. Por un lado, se ha cuestionado el presupuesto que se asigna a estas instituciones de educación superior. Sin un adecuado financiamiento por parte del estado, la autonomía universitaria se debilita y el aporte de estas instituciones a la sociedad pierde sustento. Además, se ha elaborado un discurso recurrente que propone condicionar la asignación presupuestaria a que las universidades adapten sus planes de trabajo y su funcionamiento a propuestas que emanan de estos sectores hegemónicos. Esta tendencia quedó claramente reflejada en el dictamen de mayoría de la comisión especial de la Asamblea Legislativa con relación a la administración del Fondo Especial de Educación Superior (FEES), presentado en el 2020, en el que algunas propuestas implicaban claras transgresiones a la autonomía (ver Gutiérrez, 2020).
Estos intentos por condicionar las agendas universitarias con base en los intereses de poderes fácticos del país incluyen, entre otros elementos, un cuestionamiento al desarrollo holístico en las diversas áreas del conocimiento, lo cual es un fundamento central del ethos universitario, centrado en la integralidad de los saberes. Se propone un énfasis desmedido en áreas de trabajo que tienen que ver con el desarrollo económico y se desmeritan áreas como las ciencias básicas, las humanidades, las artes y las ciencias sociales, haciéndolas ver como ‘inútiles’ para los objetivos de desarrollo del país. El aporte universitario a la economía es por supuesto fundamental, y estas instituciones lo hacen de múltiples formas, pero este es solo uno de los componentes de un amplio espectro de disciplinas y labores, todas ellas importantes.
Se subvalora con frecuencia también la acción social o extensión y se cuestionan los procesos de pensamiento crítico que aportan las universidades sobre la realidad nacional, una función fundamental a través de la cual se aportan visiones diversas que abonan a los debates en el país y enriquecen nuestra vida democrática.
De acatarse este tipo de presiones, la autonomía se desdibujaría y las universidades dejarían de ser centros de análisis y pensamiento libres para convertirse en meros instrumentos de agendas externas. En suma, se debilitaría la esencia misma del concepto de universidad pública. Estas tendencias han tenido un fuerte impacto en muchas universidades del mundo, las cuales han entrado en procesos de mercantilización acelerados, lo que Martha Nussbaum ha denominado ‘la crisis silenciosa de la educación superior en el mundo’ (Nussbaum, 2012) (en realidad es una crisis de una dimensión tal que ya no es tan silenciosa).
Es importante dejar claro que la autonomía universitaria no es autarquía irresponsable y que la misma conlleva un enorme compromiso de análisis y mejoramiento permanentes, en el sentido de que nos conmina como comunidades universitarias a depurar continuamente nuestro trabajo, abandonando zonas de confort y privilegios inaceptables y asumiendo metas cada vez más ambiciosas en función de la excelencia académica y la procura del bien común. La autonomía obliga a la reflexión y el análisis autocrítico con miras a mejorar nuestro aporte, así como a hacer un uso adecuado de los recursos que provee el estado. Esa es nuestra responsabilidad, la cual debe ir a la par de la defensa de la autonomía.
Dados los peligros que se ciernen sobre la autonomía universitaria, se requiere una actitud proactiva y decidida en las comunidades universitarias para defender este valor esencial. Con frecuencia las dinámicas cotidianas y los intereses particulares de grupos en nuestras instituciones impiden darle a este tópico la importancia que merece. Es necesario generar conciencia sobre los riesgos a los que las universidades están expuestas.
La defensa de la autonomía, incluyendo la procura de un presupuesto justo para que estas instituciones puedan realizar su labor, es una tarea que nos concierne a todas y todos en las comunidades universitarias, y también le concierne a la sociedad en general, por la importancia de estas instituciones en la vida del país. Esta defensa demanda procesos activos, comprometidos y participativos, que tengan impacto a lo interno y a lo externo de nuestras instituciones y que posean incidencia política real.
Pare ello se requiere desarrollar un doble accionar centrado en la reflexión y la participación. Por un lado, debemos generar espacios de análisis y discusión sobre estos temas en diversos nichos (formales e informales) de las universidades públicas, con un rol activo de docentes, estudiantes y personas administrativas. El movimiento estudiantil en particular tiene un importante papel que jugar, como lo ha hecho en pasadas luchas por reivindicaciones varias. Y, además, es fundamental generar confluencia entre las comunidades universitarias y diversos sectores organizados de la sociedad, para que la defensa de la autonomía se entienda como una necesidad de la colectividad en su conjunto, en diálogo con reivindicaciones urgentes de otros sectores.
Estas tareas de reflexión y análisis deben ser complementadas con la preparación de procesos de participación y movilización, para enfrentar los retos que se avecinan y generar formas concretas de transformar este pensamiento crítico en incidencia política efectiva. Existen debates decisivos sobre los rumbos que Costa Rica tomará en el futuro. En este contexto, la defensa del estado social de derecho y de la institucionalidad pública debe ser una prioridad en la procura de garantizar una vida digna para todas y todos. La defensa y el mejoramiento de las universidades públicas, y particularmente la protección de su autonomía, son tareas fundamentales en las cuales las comunidades universitarias tenemos una enorme cuota de responsabilidad. Los tiempos llaman con urgencia a la reflexión y a la participación.
Gutiérrez, J.M. (2021) La Universidad de Costa Rica en sus encrucijadas. En: Reflexiones desde la Academia: Universidad, Ciencia y Sociedad. Segunda edición. Editorial Universidad de Costa Rica, San José, pp. 13-47.
Nussbaum, M. (2012) Sin Fines de Lucro. Por qué la Democracia Necesita de las Humanidades. Katz Editores, Buenos Aires, 199 p.
¿Quiere conocer más de las costumbres, tradiciones, gastronomía, artesanías, vestidos tradicionales, danzas y producción agrícola de la cultura indígena Ngäbe? Venga este próximo sábado 30 de abril a la feria indígena Ngäbe-Conte Burica, ubicada en las Vegas de Río la Vaca o Noviribotdä, Laurel, Corredores, Puntarenas.
Esta feria indígena es una iniciativa de estas comunidades Ngäbes y la Asociación Socio Cultural Noviribotdä, para mejorar la economía local, propiciar el intercambio, lograr comercio más justo, compartir y fortalecer tradiciones culturales. ¡Aproveche para disfrutar en familia el día sábado!
Dentro de la feria, se ofrecerán exposiciones de gastronomía, artesanías, vestimentas tradicionales, danzas y juegos tradicionales, productos agrícolas orgánicos y tradicionales de la cultura Ngäbe.
Esta feria la viene retomando la comunidad ahora saliendo de la pandemia, dando un ejemplo claro y concreto de organización local. La feria se desarrollará cada 15 días, en un espacio propio e íntimo del pueblo Ngäbe que abren para los que quieran leer, aprender y vivir por un día la profunda y rica cultura Ngäbe.
A pocos metros donde se desarrolla la feria, también se puede visitar la Finca Kare, que es una iniciativa de las familias locales que procura promover la diversificación de cultivos de plantas frutales, medicinales y hortalizas, con el fin de establecer un modelo de autosuficiencia y sustento familiar. En este hermoso proyecto agroecoturístico, encontrará decenas de especies para usos en gastronomía, artesanías, medicina y el consumo diario, debidamente rotuladas e identificadas en idioma Ngäbes y español. Además de combinar espacios agrícolas y naturales, se puede disfrutar de una caminata por senderos en los bosques primarios de la zona e ir degustando las frutas y otros productos de temporada.
El 26 de marzo pasado el Proyecto “Geografía y Diálogo de Saberes” de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socio Ambientales UCR, en conjunto con el Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica (CNEAO) del INA, estuvieron presente en la feria para documentar y colaborar en la promoción de este importante espacio.
Las ferias se desarrollan de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. en las siguientes fechas: 30 abril, 14 y 28 mayo, 11 y 25 junio, 9 y 30 julio, 13 y 27 agosto, 10 y 24 septiembre, 8 y 29 octubre, 5 y 26 noviembre y en 10 y 31 diciembre.
Para más información de la Feria puede comunicarse con Lendor Jiménez del Comité de Ferias al número, 8944-8206.
Para más información y visitar la Finca Kare, se puede contactar por medio del teléfono, 6253-6955, a Marcos Jiménez Montezuma, o vía correo electrónico a: nivingabe@gmail.com
Colabora: Proyecto ED-3526 “Geografía y Diálogo de Saberes” de la Escuela de Geografía y Programa Kioscos Socioambientales UCR.
Fuente: youtube.com / facebook.com
Compartido con SURCOS por Escuela de Geografía y Programa Kioscos Socioambientales, UCR.
