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Etiqueta: crisis

Los huevos, el C.N.P., los directores del periódico la nación y noticias monumental

Por Jesús Calderón Rojas

Encuentro social comisión de ruralidad y agroalimentación
A la población costarricense.
13 de junio del 2021.

Este pasado viernes 11 de junio, el periódico la Nación, y este muchacho que tienen de director de noticias en Radio Monumental, la emprenden nuevamente, contra la forma de cómo el Estado costarricense, aplica políticas que buscan garantizar la comida a la población, pero sobre bases de justicia de pago a quienes tienen esa responsabilidad, y hoy nos referimos a la producción de huevos.

Ante la posición de estos peones del gran capital a través de las empresas periodísticas, manifestamos que llegó la hora a los costarricenses de avistar nuevos horizontes, incorporando a la ruralidad a un proceso de desarrollo incluyente.

Costarricenses, el CNP recibió un incremento en la demanda de alimentos por parte del MEP y de los Cen-Cinai del Ministerio de Salud. Veamos el aumento en el volumen de huevos, que pasó de 845.077 kilos en 2019 a 3.794.122 en 2020, en otras palabras en el año 2020 la facturación ascendió a 7.140 millones de colones. Con este incremento en la demanda de huevos, se favorecieron más de 50 empresas de pequeños y medianos en todo el país, y de plano superando la intermediación.

Aprovechando la posición pública de ambos medios de comunicación, la Cámara de Avicultores pega el grito al cielo, y nos dice: “Ese sobreprecio que pagan resulta paradójico en momentos de crisis fiscal y económica del país, donde precisamente el sector público debería buscar mayor eficiencia y reducir los costos de funcionamiento de este tipo de programas, y en particular evitar que muchos hagan clavos de oro con la intermediación existente”. Pero lo curioso, es que para atender esta demanda, el CNP le solicitó a esta Cámara la incorporación de empresas, y las que propusieron no calificaron porque eran tamaño grande.

Para que nos formemos un criterio de la realidad y de porque la queja: Hablemos claro y veamos la realidad de la producción de huevos en el país.

–           La corporación Walmart con un millón de gallinas produce el 40% de los huevos que se consumen.

–           Yema Dorada con 600 mil gallinas

–           Avicultores Unidos con 400 mil gallinas.

–           Granja Santa Marta con 250 mil gallinas.

De acuerdo a ley este programa conocido como el PAI, solo pueden participar pequeños y medianos, y cuando estos no cumplan la demanda, el CNP puede comprarles a las grandes empresas. Años atrás cuando el PAI necesitaba de huevos, lo conseguía a través de la Cámara de Avicultores y de esas grandes empresas, y les pagaban a los productores pequeños a 800 colones el kilo. Costarricenses, aquí está la razón de la queja o como diríamos en la calle, aquí es donde está el brinco.

Es importante que los costarricenses y para esos periodistas, manejemos cifras del Banco Central de Costa Rica, en la actualidad el crédito mayoritariamente es de consumo, con un porcentaje del 33%, seguido por vivienda con un 28%, servicios 12%, comercio 10,7%, industria 3,7, turismo 2.1% y finalmente agricultura con un 2%. A pesar de esa discriminación de acceso al crédito y en términos de generación de empleo la agricultura representa el 11.7%, en relación con el 16,1% correspondiente a comercio, el 10, 3% del sector industrial y el 6,6% de turismo. A pesar de esa discriminación en el acceso al crédito, nuestra actividad productiva en crisis y agravada por la pandemia, sigue trabajando, continúa produciendo, sigue dando empleo.

Que estamos inmersos en una gran crisis, no hay discusión. No es momento de lamentos, es momento de plantear salidas inteligentes al conjunto de problemas existentes, No podemos dejar de lado que el sector de pequeños y medianos productores que aseguran la canasta básica, la comida a todos los habitantes del país, deben contar con una respuesta verdadera y oportuna, para lograr mantener su maltrecha estructura productiva, y desde luego, tratar de incrementar su volumen de oferta.

Recuperar la economía a partir de la operación de pequeños y medianos productores, es de urgencia. La Agroalimentación, será el pilar central de nuestra economía, no solo por tener diversidad de microclimas y distintas experiencias productivas, sino porque sumamos a esta gesta, el conocimiento acumulado. Allí es donde se debe centrar el esfuerzo país.

Atentamente:
JESUS CALDERON ROJAS
COORDINADOR

 

Compartido con SURCOS por José Oviedo.

La Crisis de las crisis

Esteban Beltrán Ulate

Las crisis implican una comprensión de sociedad en tensión constante, situación que responde a una concepción desde la cual existen puntos de presión y “escenarios en tensión”, bajo una multiplicidad de formas. Pensar la humanidad, implica necesariamente pensar la diversidad, por tal razón, decir humanidad es decir pluralidad. No obstante, debido a la globalización que se ha consolidado en nuestra época, bajo una orientación política que instaura una visión de mono-cultura, mono-lengua, y mono-economía, desencadena una hiper-crisis: la crisis de las crisis.

Dicho de otra manera, las crisis son una condición necesaria de todo grupo social donde nada está totalmente asentado, pues la disposición entre tesis y antítesis son constantes, desde diversas dimensiones. El problema que quiero exponer es que, con la modernidad (colonialista, capitalista, patriarcal) se ha constituido una suerte de Torre de Babel, se ha instalado un sentido común, donde la una subjetividad totalizante extiende un discurso a partir de las diferentes estructuras de dominación.

La crisis de las crisis es aquella que perpetra una parálisis de los sistemas de pluri-pensamiento, a partir de la instauración de un macro orden que bajo el discurso a la carta de las necesidades previamente condicionadas por estrategias de comunicación inducen a las sociedades a un modo de “sub-vida”. La crisis de las crisis es aquella donde ya ni siquiera podemos tensar-nos como parte de nuestra condición diversa como especie humana, sino que nos encontramos bajo una condición de dominación que está avanzando de manera turbulenta sobre nuestras sociedades bajo una forma de un “sentido común”, que desencadena nuevas consecuencias en una subjetividad neoliberal masiva.

Es necesario reflexionar sobre la naturaleza de las crisis y sus condiciones, esto imprime en hombres y mujeres la necesidad de re-elaborar estrategias teórico-práctica para actuar. En este escenario, las izquierdas deben re-inventarse, y sin olvidar la tradición de sus fuentes, asumir nuevos derroteros discursivos que propicien alternativas que no solo procuren dirigir la mirada al «pan con mantequilla» sino a «al trigo y la vaca». Esto implica dejar de dirigir los ataques a las sombras del esbirro y enfrentar al esbirro mismo. Lo que permitirá volver a la vida de las crisis, donde las izquierdas, bajo diferentes formas, incluso bajo la forma de socialismo democrático, pueda coexistir como modelo, que pueda ser asumido y desarrollado, en consonancia con la vida, dentro de un esquema global y plural.

“Silencio a cualquier costo: Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua”

SURCOS comparte la siguiente publicación:

Amnistía Internacional presenta una nueva publicación a cerca de la situación de represión que se está viviendo en Nicaragua.

Adjuntamos la introducción del texto y extendemos la invitación a leer el artículo completo que se encontrará disponible para descarga al final de la nota.

  1. Introducción:

Cuando las imágenes de la violenta represión contra las protestas masivas que iniciaron en abril de 2018, por una serie de reformas al sistema de seguridad social en Nicaragua, colmaron las portadas de los principales diarios de todo el mundo, parecía que la crisis de derechos humanos en el país había llegado a su punto más álgido.

Para finales de abril de 2018 era difícil pensar que las cosas podían empeorar. El gobierno del presidente Daniel Ortega hacía uso de todo el aparato de seguridad para castigar a quienes se atrevían a manifestarse en las calles exigiendo rendición de cuentas. Dos años después, la realidad continúa superando las peores predicciones.

La evidencia y testimonios contenidos en este informe muestran la forma en la que el gobierno de Nicaragua no solo ha profundizado, sino que ha perfeccionado su aparato represivo, poniendo en práctica una serie de tácticas sofisticadas para silenciar cualquier forma de crítica y demanda social, a cualquier precio.

Las violaciones de derechos humanos, incluida a la libertad de expresión, no son nuevas en Nicaragua. Sin embargo, el uso de nuevas herramientas, como algunas de las que serán presentadas y descritas en este documento, indican el comienzo de un capítulo más sombrío en la historia reciente del país.

Durante abril y mayo de 2018, las autoridades hicieron un uso excesivo, desproporcionado y, con frecuencia, innecesario de la fuerza e implementaron una estrategia en ocasiones deliberadamente letal contra las personas que se manifestaban.1

La negativa del gobierno a cesar la represión, en los meses posteriores, continuó sumando víctimas fatales y heridos a manos de agentes del Estado y grupos parapoliciales armados afines al gobierno, lo que aumentó la indignación social. Numerosas localidades respondieron a la estrategia represiva levantando barricadas y, en ocasiones, utilizando morteros artesanales para defenderse.

En respuesta, en julio de 2018, Ortega anunció la “Operación para la Paz”, que se conoció popularmente como “Operación Limpieza”. Ésta consistió en destruir por la fuerza las barricadas y enviar a grupos combinados de fuerzas parapoliciales armadas y agentes de la Policía Nacional a enfrentar a quienes se manifestaban. 2

En su momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que la puesta en marcha de la Operación Limpieza estaba marcando un punto de inflexión en la crisis de derechos humanos en Nicaragua. 3

Pocos meses después, en diciembre de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua, instalado bajo el auspicio de la CIDH con el fin de coadyuvar en las investigaciones de los hechos violentos ocurridos en el contexto de las protestas, concluyó que la respuesta represiva del Estado se dio en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. El GIEI afirmó que las autoridades nicaragüenses realizaron “conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”. 4

A pesar del escrutinio internacional, la respuesta represiva contra quienes se manifestaban y promovían el respeto a los derechos humanos continuó durante 2019.

De acuerdo con datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), en el 2019 se continuaron reportando casos de homicidios selectivos de personas identificadas como participantes en las protestas o como opositoras al gobierno, incluyendo al menos 40 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales, muchas contra personas campesinas.5

Durante ese año el gobierno se cerró al escrutinio internacional y no permitió la entrada de organismos internacionales de derechos humanos, situación que continuaba hasta finales del 2020.

Organizaciones locales actualmente denuncian que las autoridades siguen utilizando al Poder Judicial como uno de los brazos represivos para encarcelar a activistas en procesos arbitrarios.6 A finales de noviembre de 2020, fecha de finalización de este informe, más de 100 personas continuaban tras las rejas de manera arbitraria.7

Dentro de las cárceles, las personas detenidas bajo cargos que podrían esconder una motivación política siguen reportando malos tratos y hostigamiento, como elementos adicionales de castigo por sus actividades. Además, fuera de las cárceles, quienes trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos son víctimas de una campaña de hostigamiento sistemática, diseñada para detener su labor.

Fuera de las prisiones, activistas excarceladas y sus familias denuncian que el acoso tras volver a sus hogares es tal que les impide ejercer cualquier tipo de trabajo relacionado con los derechos humanos, u otras actividades. En algunos casos, el hostigamiento se materializa en actos de intimidación y acoso por parte de la policía, fuerzas parapoliciales o redes de control local vinculadas con las autoridades.

En otros casos, la represión es más directa. Desde 2018, el gobierno ha cancelado el registro legal y confiscado los bienes de al menos 10 organizaciones de derechos humanos. Las autoridades también han criminalizado a periodistas y cerrado medios de comunicación considerados críticos.

Durante la segunda mitad del año 2020, la Asamblea Nacional, controlada en su mayoría por miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido del presidente Daniel Ortega, aprobó una serie de leyes que restringen considerablemente el ejercicio de los derechos humanos. La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros,8 por ejemplo, cuyo aparente objetivo es fiscalizar el dinero que organizaciones reciben para evitar la “injerencia extranjera”, en la práctica podría forzar a las organizaciones a cerrar sus puertas ante los obstáculos para financiar sus actividades legítimas.

La Ley Especial de Ciberdelitos, por su parte, bajo el pretexto de evitar la propagación de “noticias falsas”, define un marco legal que puede ser utilizado para castigar penalmente a quienes expresen opiniones que, a los ojos de las autoridades, “produzcan alarma, temor o zozobra”.9 En la misma línea, se aprobó, en primera lectura, una reforma constitucional que permitiría la pena a perpetuidad. Debido a la vaguedad del texto que se propone reformar, existe el temor fundado de que sea otra herramienta que pueda ser utilizada para criminalizar a personas percibidas como opositoras.

Personas defensoras de derechos humanos temen que lo peor todavía no ha llegado. Afirman que, en el contexto preelectoral de cara a los comicios presidenciales de noviembre 2021, las violaciones a los derechos humanos, que no se han detenido, se recrudecerán mientras el gobierno busca silenciar cualquier forma de oposición, a cualquier costo.

Mientras tanto, la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y sus familiares, quienes han sido objeto de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, y de otras violaciones de derechos humanos o de crímenes de derecho internacional, continúan siendo una ilusión.

Tras la finalización de este documento, en noviembre de 2020, los reportes sobre el incremento de los actos de hostigamiento contra las personas identificadas como opositoras al gobierno, defensores de los derechos humanos, periodistas, así como víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familias, continuaron sin pausa. Adicionalmente, en diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz”, cuya aprobación fue rechazada por la CIDH, quien además señaló que su contendido limita el ejercicio de los derechos políticos protegidos por las normas internacionales de derechos humanos. 10

 

Enviado por Juan Carlos Cruz Barrientos.

Ley 22163: de emergencia y salvamento cultural (actualización 2021)

En el 2020 se conforma la Red de Emergencia Cultural, que tenía como objetivo primordial la visibilización y atención de la crisis económica y situación de vulnerabilidad del sector cultural y artístico ocasionada por la pandemia.

Entre las acciones que se gestionan para mitigar estos efectos nace la iniciativa de una Ley de Emergencia y Salvamento Cultural, que propone apoyar a las personas trabajadoras del arte y la cultura a minimizar el impacto de la crisis económica ocasionada por la pandemia, debido a la cancelación y reducción de eventos y actividades de esta índole.

Se redacta con la colaboración de los despachos de la diputada Karine Niño del PLN y el el legislador José María Villalta de FA, consecuentemente se presenta ante la Asamblea Legislativa el 20 de agosto del 2020 y se logra un apoyo de 44 diputadas y diputados de las diferentes fracciones políticas, y junto al Ministerio de Cultura se empieza a redactar un texto sustitutivo en consenso.

Ahora bien, el pasado 26 de enero del 2021 la Comisión de Asuntos Económicos dictamina de forma unánime y positiva la ley, y lo que se pretende lograr es el apoyo legislativo para que esta sea puesta en agenda con el fin de que sea votada en plenario. De esta forma se podrá mitigar los efectos de esta crisis en más de 30 mil personas que integran el gremio cultural y artístico.

Compartido en redes digitales.

Si la educación es gratuita, gratuita debe ser la internet, la banda ancha y la fibra óptica, para asegurar el proceso educativo

Vladimir de la Cruz

La reanudación del ciclo escolar es un acierto. La intensa y larga huelga magisterial del 2019 y la pandemia del 2020, que aún no se ha acabado, hicieron perder prácticamente casi año y medio de clases a los estudiantes desde la preescolar, la escolar y la secundaria, así como por el impacto de la pandemia que afectó notablemente la vida universitaria.

Solo en estos niveles, excluyendo el universitario hay alrededor de un millón trescientos cincuenta mil estudiantes, entre la escuela pública y la privada, en números redondos, 150.000 en la preescolar, 600.000 en la primaria, 500.000 en la secundaria y en otras modalidades educativas casi 100.000.

La pandemia puso de relieve, de manera muy destacada, las falencias en el sector público, más que en el privado, las condiciones materiales de estudio y de trabajo docente, tanto de estudiantes como de profesores. Puso en evidencia, además, las carencias informáticas y tecnológicas de las escuelas públicas, especialmente las que están fuera del Valle Central, y de la Gran Área Metropolitana, las limitaciones de las redes informáticas y alcances de disponibilidad para estudiantes, maestros y profesores. Evidenció también los atrasos académicos de formación en el personal docente para atender, en situaciones como las que hemos vivido, y seguimos atendiendo, la educación a distancia, la teleeducación, las clases virtuales, las redes informáticas, el uso de ellas, y especialmente las dificultades de los hogares con aparatos tecnológicos, computadoras, iPads, tabletas, más que teléfonos para darle seguimiento a las actividades académicas que se programaban a distancia. Obliga sin lugar a dudas a una mayor intensidad en los hogares de apoyo a los estudiantes por parte de sus padres, exceptuando a los niños y jóvenes que disponen de esos artefactos electrónicos como parte ya de su vida cotidiana.

La interrupción de las clases condujo a la presión de los padres de familia, especialmente de la enseñanza privada, a cuestionar los pagos mensuales que tenían que hacerse, que no se veían en correspondencia con la educación y atención recibida. En bastantes casos en abandonar fácticamente la educación privada y trasladar sus niños hacia la pública, acompañado esto por el impacto en el desempleo ocasionado por la pandemia, la quiebra de micro, pequeñas y medianas empresas, y por la reducción de jornadas, que impuso también la reducción de salarios.

A todo esto, las políticas públicas, de destruir a la clase media, de desemplear, de reducir pensiones, salarios e ingresos reales, de aumentar las cargas impositivas, incluso cobrando los mismos impuestos dos veces, en dos vías, de manera directa y por las vías municipales, recargando impuestos y tasas impositivas en salarios y pensiones, ha provocado un mayor empobrecimiento nacional de los sectores laborales, especialmente de las clases medias. Los techos y las rebajas a las pensiones tuvieron su efecto hacia los salarios, a los que les pusieron también techos, incluso al incremento anual por costo de la vida, devaluación e inflación, que al menos por los próximos dos años no van a crecer.

Así es como hemos recibido el 2021, el año de la celebración del Bicentenario de la Independencia.

La crisis que golpea la educación es también el resultado del abandono que ha habido histórico del sector, en cuanto a que los recursos asignados, el 8% del PIB, no se garantizan acertadamente, no se impulsan las políticas por mejorar la infraestructura ni por impulsar de manera constante la capacitación del personal docente, tarea que no tienen los sindicatos magisteriales. Las escuelas y colegios en su infraestructura se han tenido abandonados por el Ministerio de Educación y por las Juntas de Educación encargadas de velar por el buen funcionamiento de las instalaciones escolares y educativas.

El debilitamiento de los alcances de las redes informáticas para la educación en todo el país no se justifica de ninguna manera, sobre todo cuando se sabe que hay más de un millón de millones de colones, un billón, guardados en las instituciones a cargo de controlar, y de promover, las comunicaciones y telecomunicaciones, sus distintas redes y modalidades, la internet entre ellas, la fibra óptica, la banda ancha, que llevadas a todo el país, ojalá de manera gratuita, sirvan para las actividades educativas y también productivas.

No se puede atender el proceso educativo con teléfonos que se pagan a puchitos, desde mil colones, por tarjeta, en los supermercados y otros puntos de pagos telefónicos.

A los hogares y a los padres de familia, y a los escolares de todos los niveles, hay que asegurarles el acceso a estas redes y medios gratuitamente.

Si la educación, desde 1869, se declaró gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, llevada esta obligación prácticamente hasta el nivel secundario, de igual manera los medios de alcance educativos, como la internet, la banda ancha, la fibra óptica, por medio de los cuales se lleva a cabo a modalidad de estudiar en las casas, debe ser gratuita para todos los costarricenses.

También debe asegurarse para escuelas públicas, las privadas no tienen este problema, la adquisición de computadoras y medios electrónicos que garanticen estas nuevas modalidades educativas.

Hay que garantizar de igual modo que todos los maestros y profesores también tengan las suyas, como asegurar que al menos en cada hogar donde haya un escolar haya también una computadora o un aparato electrónico, que no sea un teléfono, que garantice recibir las horas de clase por día que se van a dar bajo la modalidad virtual, no presencial.

Esta es una demanda patriótica, más que una lucha. Pero, también debe ser una lucha nacional, presente y permanente en cualquier movilización ciudadana que se haga, bajo cualquier pretexto y justificación, en las próximas semanas, meses y con vista a la campaña electoral que ya se metió.

Los sindicatos, los padres de familia, las Juntas de Educación, los estudiantes deben presionar para que así se disponga. Solo así se podrá atender, de mejor forma, la situación impuesta por la pandemia, el desempleo ocasionado, y el empobrecimiento por reducción de ingresos de las familias, que se está sufriendo. Solo así podemos impedir una mayor deserción de la que se calcula que ya impacta el sistema educativo, desde la Huelga del 2019 y la Pandemia que nos acompaña desde el 2020.

Los sindicatos de educadores son los más obligados, junto con los padres de familia, a convocar en esta demanda y lucha.

El Gobierno tiene las posibilidades reales y económicas de poner al alcance de todo el proceso educativo, de los estudiantes y sus familias esta posibilidad de acceso real y gratuito, de la infraestructura tecnológica y sus distintas redes de comunicación, para optimizar, en medio de la crisis generada por la pandemia, esta situación.

A la educación gratuita, gratuita la internet, la banda ancha y la fibra óptica, para asegurar el proceso educativo.

CEPAL: Pactos sociales al servicio del bienestar en América Latina y el Caribe: ¿qué son y qué papel tienen en tiempos de crisis?

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publicó la investigación titulada “Pactos sociales al servicio del bienestar en América Latina y el Caribe: ¿qué son y qué papel tienen en tiempos de crisis?” de la División de Desarrollo Social de la Cepal. El documento es una entrega de Juliana Martínez Franzoni y Diego Sánchez-Ancochea.

El texto aborda desde una perspectiva comparada internacional el papel de los pactos sociales orientados a garantizar el bienestar de la población en América Latina y el Caribe, tomando en consideración el poder de las élites, el papel de los movimientos sociales y la relevancia de las arquitecturas de política social, es decir, la forma en que las acciones y los programas se diseñan desde un inicio.

Asimismo, expone una serie de conclusiones y recomendaciones orientadas a la reflexión respecto de la generación de pactos sociales para afrontar un futuro incierto que, mediado por la pandemia y sus consecuencias sociales, económicas y sanitarias, logre encaminarse hacia sociedades con mayor igualdad y cohesión social.

Puede leer el documento aquí

El año que viene, 2021…

Vladimir de la Cruz

El año que viene, 2021, presagia una intensa lucha político electoral. Al menos así se presenta el panorama con los Partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, que son los que gravitan con mayor peso en el escenario nacional, y son los que de una u otra manera están preparándose de modo más público para la contienda electoral.

Los otros partidos todavía no suenan tambores ni trompetas, pero no han de estar desprotegiendo ese frente de batalla, porque pasado mañana, el viernes 1 de enero, del 2021, como es la práctica del Tribunal Supremo de Elecciones, se publica el calendario electoral, que es la hoja de ruta de las elecciones nacionales, de presidente, vicepresidentes y diputados, que ha de realizarse el primer domingo de febrero del 2022, el 6 de febrero de ese año, y acabarse allí el proceso electoral si alguno de los partidos que participan en las elecciones saca el 40% o más de la votación. Si así no fuere se prolongaría el proceso, solo para la elección presidencial, con los dos partidos que saquen el mayor porcentaje de votación ese 6 de febrero u obtengan más cantidad de votos, hasta el primer domingo de abril, el 3 de abril.

El 6 de febrero del 2022 sí quedarán electos los diputados de la próxima Asamblea Legislativa.

En este sentido, probablemente, ante la crisis que tiene el país, en el campo económico financiero, de finanzas públicas, de carácter fiscal, de desempleo, de crecimientos de las brechas sociales y de las desigualdades sociales y económicas, de no resolverse sustantivamente en estos meses estos problemas, y eventualmente si no se ha resuelto lo de la pandemia, un eje de la campaña electoral va a girar, en los partidos que tengan mayor opción electoral, en solicitar a los votantes que les den la mayor cantidad de diputados posibles, para de esa manera facilitar más y mejor la gobernabilidad nacional y las relaciones políticas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, sobre todo que en el 2022, el Partido que gane las elecciones presidenciales va a tener la iniciativa de ley, a partir del mismo 8 de mayo, cuando asuma el próximo gobierno.

Esto significa, que por primera vez, en los procesos electorales, el Partido que elige Presidente va a tener la posibilidad de presentar Proyectos de Ley, a la Asamblea Legislativa, que pueden tener relación con las ofertas y programas electorales que se agitaron y ofrecieron, a los electores, durante la campaña que inicia prácticamente en enero del 2021 y de manera precisa desde octubre del 2021 hasta febrero del 2022.

Importante a destacar es que el calendario electoral, que el Tribunal Supremo de Elecciones aprueba y publica, no sufre modificación alguna durante todo el año, generando confianza pública y política en todo el proceso electoral.

Este Calendario marca las reglas del juego electoral a las que se someten todos los partidos políticos, pero también todos los ciudadanos, todos los votantes, todos los mayores de edad que integran y forman el padrón electoral, todo el Pueblo Electoral, todo el Pueblo en el que descansa la Soberanía Popular, que se delega por la votación en los electos, Presidente y Vicepresidentes, y en los diputados. Este acto es el de mayor expresión de Soberanía Popular que se realiza en el país.

La importancia de la votación es esa, la capacidad que tenemos todos los costarricenses que formamos el Pueblo Electoral, de poder elegir las Supremas Autoridades Políticas del país.

El voto en Costa Rica no es obligatorio, es de conciencia. Los que no votan pueden dividirse entre los que se abstienen de ir a votar, a emitir su voto, su decisión de escoger candidatos y de aquellos que asistiendo a las urnas, al recinto de elecciones, anula su voto o vota en blanco, manifestando, quienes anulan o votan en blanco que no están de acuerdo o no simpatizan con ninguno de los candidatos ni de sus partidos políticos.

Los que del todo no llegan a votar a las urnas, los llamados abstencionistas, para mí son aquellas personas o ciudadanos que les es indiferente quien pueda quedar electo, que sienten que ninguno de los candidatos en posibilidad de ser electo les va a afectar en su situación de vida.

Estos votos no cuentan para el resultado final, que se determina con los votos válidamente emitidos a favor de algún candidato y su partido.

Deberíamos avanzar, en el plano electoral, para hacerlos valer, para que pesen en el porcentaje del resultado de elección y para poder también facilitar el derecho de los ciudadanos a manifestarse, con votos válidamente emitidos, en contra de todos los partidos y sus candidatos. Esto obligaría a todos los partidos políticos a mejorar la postulación de sus propios candidatos y de las ofertas y programas electorales en posibilidad de ejecutar desde el Gobierno o desde la Asamblea Legislativa con sus Proyectos de Ley.

Pronunciamiento en solidaridad con Kioscos Socio Ambientales ante recortes presupuestarios

Desde las Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) y la Red de Coordinación en Biodiversidad consideramos que:

  1. El papel que desempeña la Universidad de Costa Rica en materia de Acción Social para el país es de suma importancia para el fortalecimiento de la justicia social y ambiental del país. Este es uno de los pilares fundamentales de la Universidad en su estatuto orgánico.
  2. En contextos de crisis es fundamental que este rol de las universidades públicas se mantenga y se fortalezca; para que siga siendo un motor clave para la re-activación económica que pretende el país, pero además se genere de forma colectiva y con un profundo carácter humanista.
  3. El Programa Kioscos Socio Ambientales en más de 13 años de trayectoria ha sido un eje importante para múltiples procesos de defensa de los ecosistemas, la biodiversidad, los bienes comunes, el agua, los bosques, los derechos de los pueblos indígenas, entre otros.
  4. En el contexto de crisis sanitaria se ha demostrado ampliamente que el país debe de potenciar aún más los esfuerzos comunitarios en busca de la sostenibilidad para mejorar sus territorios y defender la justicia ambiental.
  5. Que los procesos comunitarios de defensa ambiental han sido los que verdaderamente han sostenido, impulsado e innovado en materia de conservación de la naturaleza. Existen numerosos ejemplos de que sin estos procesos comunitarios la basta legislación ambiental de Costa Rica no hubiera sido suficiente para salvaguardar la riqueza ambiental. Son los procesos comunitarios y organizativos los que están íntimamente ligados a todos los méritos que el país pueda tener a nivel global.
  6. Que los procesos de criminalización, persecución y asesinatos de líderes sociales se dan en contextos donde muchas veces el Estado está ausente por completo. Por eso es importante que las universidades públicas no abandonen esos escenarios en los que se libran conflictos ambientales donde siempre hay un riesgo latente para las personas que defienden el ambiente.

Por tanto:

Nos pronunciamos en defensa del Programa Kioscos Ambientales; sus docentes, sus asistentes y sus estudiantes cuyo quehacer es importantísimo en este contexto nacional de crisis. Consideramos desacertada la decisión de parte de la Rectoría saliente de la Universidad de Costa Rica, de recortar un 60% de los nombramientos docentes de forma injustificada.

Solicitamos de forma vehemente a las autoridades universitarias que se restituyan todos los nombramientos del equipo docente.

Mariana Porras
Presidenta
Red de Coordinación en Biodiversidad

Dany Villalobos
Presidente
Federación Costarricense Para la Conservación del Ambiente (FECON)

https://feconcr.com/noticias/1587/

Izquierdas del mundo, ¡únanse! y otros ensayos

Boaventura de Sousa Santos

El texto Izquierdas del mundo, ¡únanse! y otros ensayos; es una obra elaborada por Boaventura de Sousa Santos junto a otros autores y autoras bajo el sello de CLACSO y está disponible en la plataforma digital para descarga gratis.  Este material pone en evidencia la situación de crisis que se vive a nivel mundial y que se ha atenuado con la pandemia del COVID-19, mediante este recurso lo que se propone es reflexionar y construir una alternativa progresista, abarca los siguientes apartados:

Capítulo 1. El nuevo interregno
Capítulo 2. La articulación entre fuerzas de izquierda: el caso portugués
Capítulo 3. Brasil: la fractura del desgaste de gobernar
Capítulo 4. Colombia: la fractura de la lucha armada bajo la vigilancia del imperio
Capítulo 5. México: la fractura entre la institucionalidad y la extrainstitucionalidad
Capítulo 6. España: la fractura de la identidad nacional

Además, en el texto se incluyen otros ensayos sobre la realidad latinoamericana tales como:

Ecuador: del centro al fin del mundo
Evo Morales: el indio fuera de lugar
La nueva Guerra Fría y Venezuela
Soplan vientos favorables desde España
Las venas abiertas de Nicaragua
Carta abierta al presidente Iván Duque
Para alimentar la llama de la esperanza

El prólogo del texto está a cargo de Karina Batthyány (Secretaria Ejecutiva, CLACSO) y Nicolás Trotta (Ministro de Educación, Argentina); y expresa lo siguiente:

La pandemia del COVID-19 evidenció la imperiosa necesidad de construir una nueva alternativa progresista ante una crisis social y ambiental de una extraordinaria gravedad y que no tiene precedentes en la historia de la humanidad.

Frente a esta situación terminal, la tarea crucial y más urgente para los partidos y frentes políticos progresistas y las redes comunitarias y colectivos de cientistas sociales críticos consiste en construir horizontes allí donde hoy hay abismos. Si la ideología dominante postula que, ante el modelo de acumulación capitalista neoliberal no hay alternativas, nuestra tarea es fabricar bisagras políticas y conceptuales que articulen el pasado con el presente, enhebrando narrativas capaces de proyectar una nueva agenda social organizada en torno a, por lo menos, tres tareas: un trabajo de reconceptualización y profundización de la justicia social –que no es otra cosa que colocar por encima de los intereses sectoriales una política del bien común–; el reconocimiento y la sanción de nuevos derechos –especialmente dirigidos hacia grupos históricamente excluidos: las mujeres y las disidencias sexuales, las infancias y juventudes, las afrodescendencias, los pueblos originarios–, y una política orientada al cuidado y preservación del ambiente en el que vivimos –es decir, la casa de todos y todas–.

Los desafíos que estamos llamados a enfrentar tienen lugar en un momento histórico inédito cuyo principal actor venía desplegándose con toda su fuerza hasta la pandemia: las fuerzas neoliberales han hegemonizado la agenda global con el propósito excluyente de acelerar la concentración de la riqueza. Bajo los auspicios del capital financiero global, como nunca antes, un grupo reducido de personas ha concentrado un volumen de riqueza extraordinariamente grande; nunca antes, tampoco, las economías de los países estuvieron tan a merced de poderosos grupos financieros como lo están ahora, poniendo en jaque la soberanía política y la independencia económica, herramientas imprescindibles para el desarrollo sostenible de una sociedad.

Ante este escenario global, el mapa de América Latina se encuentra en un estado de reconfiguración permanente. En los dos últimos años se sucedieron de manera vertiginosa acontecimientos políticos que pueden ser hilados con la calma de quienes reconstruyen trozos del pasado, pero para quienes vivimos y palpitamos el ritmo diario de la gestión deben ser rápidamente enumerados: la victoria de Andrés Manuel López Obrador –poniéndole fin a un largo ciclo de gobiernos neoliberales en el país azteca–; el triunfo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner hacia fines del 2019 –cuyo enorme desafío consiste en poner de pie un país devastado por las políticas neoliberales impulsadas por la coalición Cambiemos–; la libertad de Lula tras 19 meses de detención arbitraria, los estallidos sociales que irrumpieron en octubre en Ecuador y entre octubre y febrero de 2020 en Chile y que dieron lugar posteriormente al referéndum histórico que dejará atrás la Constitución pinochetista –dando cuenta de la enorme vitalidad de los movimientos populares en todo el continente–; el golpe de Estado en Bolivia y el triunfo por la vía democrática de los candidatos del MAS Luis Arce y David Choquehuanca –que permitió el retorno tras el exilio a Evo Morales. Son algunas postales de nuestra historia reciente que invitan a la esperanza y nos recuerdan que la historia es tornadiza y no puede ser digitada por oscuros intereses desde los centros del poder.

Dicho sea de paso: no está en nuestro ADN político cultivar el pesimismo; quienes escribimos estas líneas venimos de tradiciones políticas y del pensamiento que se han forjado al calor de infatigables luchas por la construcción de sociedades más justas. Y no han sido pocas y pocos los que dejaron la vida en ello. Creemos que este momento reaccionario global debe enfrentarse con convicción e inteligencia, con una estrategia de integración política y una profunda creatividad. Las encrucijadas del presente demandan conciliar las bases y fundamentos de nuestras identidades políticas con la capacidad de maniobrar en un mundo convulsionado. Hay que aprender –y este es uno de los grandes méritos de este libro– que los problemas comunes que enfrentamos nos dejan aprendizajes globales que debemos identificar y estudiar, para no repetir errores.

Precisamente por eso, y en más de un sentido, este volumen constituye una pieza fundamental para la construcción colectiva de ese horizonte que ya ha comenzado a vislumbrarse. El conjunto de ensayos que reúne este nuevo libro de Boaventura de Sousa Santos es un texto imprescindible para comprender las características del interregno histórico en el que vivimos, analizar las fuentes de donde brotan las desigualdades que nos preocupan y –sobre todo– trazar una hoja de ruta y una estrategia para consolidar proyectos políticos que contribuyan a construir otros mundos posibles, más justos y más igualitarios.

Frente a ese desafío, ¿quién mejor que Boaventura de Sousa Santos para orientar la mirada y la imaginación hacia la construcción de escenarios sociales alternativos? El gran sociólogo portugués es una de las referencias mundiales en el campo de las ciencias sociales y las humanidades; fundador de las epistemologías del Sur, Boaventura de Sousa Santos ha construido una mirada sobre el presente que combina de un modo magistral el análisis incisivo con la capacidad (propia de los grandes maestros) de formular grandes ideas orientadoras, imprescindibles en estos tiempos.

De los libros se espera que sean capaces de contar buenas historias, una cierta cortesía compositiva, indispensable claridad y precisión argumental. Pero hay libros que, además, movilizan, inquietan, azuzan e instalan preguntas.  Izquierdas del mundo, ¡únanse! Es uno de esos textos.

En sus páginas se nos propone una lectura desde las nervaduras políticas del presente identificando las potencias que tienen los partidos y movimientos progresistas para construir nuevas hegemonías políticas frente al modelo geopolítico de dominación neoliberal.

En un libro clásico del pensamiento crítico, Raymond Williams afirmaba que el problema inicial siempre es la perspectiva desde donde se mira. Junto con situar un problema, hay que definir el punto de vista desde dónde abordarlo. Siguiendo al autor de Marxismo y literatura, ¿cuál es el enfoque que asume este nuevo ensayo del sociólogo portugués? El propio Boaventura de Sousa Santos responde a la pregunta: su perspectiva es la de quien se propone realizar un análisis no coyuntural del presente. A diferencia de los enfoques a los que nos tiene habituados –las lecturas de mediano y largo plazo– Boaventura calibra la mirada en el corto plazo para realizar desde allí un análisis de fondo tanto sobre las dificultades como sobre las enormes posibilidades que tienen las fuerzas progresistas y las izquierdas en el siglo XXI para desplegar una alternativa que reviva las tradiciones del internacionalismo progresista y le ofrezca a la humanidad rumbos acordes con los principios rectores de un humanismo crítico que coloque en el centro de sus reflexiones un nuevo contrato social y ambiental.

Si siempre es difícil contar el presente, Boaventura de Sousa Santos lee este tiempo histórico bajo el signo de un interregno. Entre la caída del Muro de Berlín treinta años atrás y la crisis financiera que se desató entre 2008 y 2011 tuvo lugar un tiempo que no ha terminado de configurarse y para el cual no ha aparecido aún su relevo. Una certeza: las ideas e intereses asociados a la “nueva normalidad” más que nombrar un “tiempo nuevo” buscan naturalizar las desigualdades preexistentes, agudizadas por la crisis desatada por la pandemia. Se sabe: la palabra “nueva” es la más vieja del diccionario.

Analizar coyunturas es mucho más que atisbar lo efímero. Es un ejercicio de interpretación de los tiempos y ritmos políticos, de las palpitaciones y de las oportunidades que abren las crisis y de cómo puede ser más apropiado y potente orientar los esfuerzos. Frente a realidades que cambian vertiginosa y permanentemente, leer entre coyunturas es construir oportunidades para la generación de alternativas. Al mismo tiempo, y lejos de ser un libro que lanza advertencias e identifica peligros, Izquierdas del mundo es una cantera de aprendizajes basados en acontecimientos que han tenido lugar en la historia reciente.

Las experiencias que aborda este volumen –a los casos de Brasil, Colombia, México, Portugal y España, hemos incorporado en esta nueva edición los de Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Venezuela– cifran también una expectativa que podríamos pensar bajo el signo de un aura pedagógica: incrementar el interconocimiento de las fuerzas progresistas para desarrollar aprendizajes globales que permitan construir alternativas políticas plurales frente al modelo del pensamiento único reaccionario desplegado a escala global.

Partamos de la tesis que hace de andamio de este potente conjunto de ensayos: la principal fuerza histórica que recorre nuestro tiempo es el discurso neoliberal configurado como una fuerza transnacional poderosa y profundamente antidemocrática. Si una imagen caracteriza este tiempo es el de las democracias secuestradas por fuerzas antidemocráticas. Sutiles a veces, extremadamente alevosas en otros casos, nuestro tiempo se caracteriza por la enorme fragilidad y la amenaza permanente de la democracia como forma de vida. Frente a ello, uno de los modos de leer este tiempo que nos propone Boaventura de Sousa Santos es la tensión entre articulaciones y fracturas dentro de los partidos y grupos progresistas y de izquierda.

Dos notas, complementarias: los primeros cinco capítulos hacen referencia a procesos de crisis: las fracturas de las izquierdas en España, Colombia, México y Brasil, del que solo queda exceptuada la articulación del caso portugués. Pero Boaventura de Sousa Santos no piensa las fracturas como quiebres irreversibles sino como oportunidades para pensar nuestros puntos flacos, una vía de interpretación que habilita modos de leer las dinámicas como tramas abiertas, en permanente construcción.

Es indispensable identificar esos puntos débiles de las alternativas progresistas para trabajar allí donde se evidencian las dificultades. La tensión creativa y las divergencias constructivas son siempre bienvenidas y necesarias sobre todo cuando estamos frente a un tiempo y una crisis que nos demanda construir fuerzas y políticas de izquierda que desbordan la idea tradicional de partido.

Al mismo tiempo, Boaventura señala que estas grandes orientaciones deben ir acompañadas de una “sabiduría pragmática” que sepa construir alternativas reales para gobernar. La otra cuestión indispensable es partir de la identificación de una irreversible contradicción entre democracia y capitalismo. Si –como estamos convencidos y convencidas– el horizonte emancipador es la democracia, los derechos humanos y la dignidad, tres lecciones se desprenden de este nuevo libro de Boa (como afectuosamente lo llamamos sus amigos y amigas): el futuro es público; sin el Estado no se puede, pero solo con el Estado no alcanza, y el papel de los movimientos sociales es cada vez más vital.

Izquierdas del mundo, ¡únanse! invita –finalmente– a un modo de lectura no coyuntural de la coyuntura en estado de actualización permanente. Tal es así que, por primera vez, se incorporan a este libro un conjunto de ensayos que actualizan y amplían los problemas abordados en la primera edición. Un libro –nos atrevemos a decir– escrito para lectores y lectoras interesados en participar de las luchas por sociedades más justas y equitativas; sociedades que deberán ser –por definición–, anticoloniales, antipatriarcales, antineoliberales. No importan tanto los nombres de las tradiciones políticas en las que se inscriban para alcanzar ese fin; su diversidad hablará de la riqueza que el campo progresista tiene para alcanzar esas metas, su capacidad de articularse dará cuenta de la inteligencia con la que sepan moverse en un escenario reaccionario global.

Ensanchar la convocatoria a todas y todos los que deseen contribuir con una democracia que debe encolumnarse en la defensa de la humanidad y del ambiente a través de la radicalización de la democracia es el propósito fundamental de este volumen. Revolucionar la democracia y democratizar las revoluciones precisas de mapas que nos ayuden a armar los recorridos, a establecer prioridades, a identificar los problemas que no pueden esperar. Este libro nos habla de cómo alcanzar la indispensable convivencia dentro de la divergencia, la imprescindible construcción de equilibrios, el diálogo como ejercicio permanente, señales irrefutables no solo de que los partidos progresistas y de izquierdas tienen la capacidad de gobernar, sino

de que son la única alternativa viable frente a la crisis terminal que atravesamos.

Entre Buenos Aires y Montevideo,
noviembre de 2020

 

Imagen tomada de El País.

Compartido con SURCOS por Óscar Jara.

Documento: “Mujeres por Costa Rica ante el COVID-19: medidas para superar la crisis y su impacto en las mujeres”

La Fundación Friedrich Ebert publicó el documento “Mujeres por Costa Rica ante el COVID-19: medidas para superar la crisis y su impacto en las mujeres” de las autoras Ana Leonor Ramírez Montes, psicóloga, docente universitaria e investigadora; Elizabeth Fonseca Corrales, historiadora y ex diputada de la República; Margarita Bolaños Arquín, antropóloga y productora agrícola orgánica; Olga Marta Sánchez Oviedo, socióloga y ex Ministra de Planificación y Política Económica; y Olga Marta Sánchez Oviedo, socióloga y consultora adhonoren de grupos de mujeres.

El documento invita a reflexionar acerca de las condiciones que deben cumplirse para la reactivación económica, la generación de empleo decente, el combate a la pobreza y su impacto en las mujeres. Dichas condiciones son:

  1. “Reconocer que los problemas estructurales del actual estilo de desarrollo económico, causante de una creciente desigualdad social y territorial, ya mostraba una clara tendencia a la desaceleración. Además, evidenciaba un incremento del desempleo, en particular en mujeres y jóvenes, una disminución de la inversión privada y pública, un crecimiento de la deuda pública, entre otros indicadores relevantes”
  2. “El actual estilo de desarrollo ya no estimula el crecimiento y profundiza la inequidad. El crecimiento económico es fundamental, pero para que active transformaciones estructurales debe estar orientado a generar las bases materiales de un desarrollo que combata la desigualdad, avance en la igualdad de género e igualdad territorial, y a la vez, que sea compatible con la sostenibilidad ambiental”
  3. “Debe destacar un robusto sistema educativo que permita incidir en la capacidad creadora y productiva de las personas, pero también en la forja de la identidad personal y colectiva, y en el desarrollo de competencias ciudadanas”

SURCOS invita a consultar el documento a continuación: