Vladimir de la Cruz
El año que viene, 2021, presagia una intensa lucha político electoral. Al menos así se presenta el panorama con los Partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, que son los que gravitan con mayor peso en el escenario nacional, y son los que de una u otra manera están preparándose de modo más público para la contienda electoral.
Los otros partidos todavía no suenan tambores ni trompetas, pero no han de estar desprotegiendo ese frente de batalla, porque pasado mañana, el viernes 1 de enero, del 2021, como es la práctica del Tribunal Supremo de Elecciones, se publica el calendario electoral, que es la hoja de ruta de las elecciones nacionales, de presidente, vicepresidentes y diputados, que ha de realizarse el primer domingo de febrero del 2022, el 6 de febrero de ese año, y acabarse allí el proceso electoral si alguno de los partidos que participan en las elecciones saca el 40% o más de la votación. Si así no fuere se prolongaría el proceso, solo para la elección presidencial, con los dos partidos que saquen el mayor porcentaje de votación ese 6 de febrero u obtengan más cantidad de votos, hasta el primer domingo de abril, el 3 de abril.
El 6 de febrero del 2022 sí quedarán electos los diputados de la próxima Asamblea Legislativa.
En este sentido, probablemente, ante la crisis que tiene el país, en el campo económico financiero, de finanzas públicas, de carácter fiscal, de desempleo, de crecimientos de las brechas sociales y de las desigualdades sociales y económicas, de no resolverse sustantivamente en estos meses estos problemas, y eventualmente si no se ha resuelto lo de la pandemia, un eje de la campaña electoral va a girar, en los partidos que tengan mayor opción electoral, en solicitar a los votantes que les den la mayor cantidad de diputados posibles, para de esa manera facilitar más y mejor la gobernabilidad nacional y las relaciones políticas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, sobre todo que en el 2022, el Partido que gane las elecciones presidenciales va a tener la iniciativa de ley, a partir del mismo 8 de mayo, cuando asuma el próximo gobierno.
Esto significa, que por primera vez, en los procesos electorales, el Partido que elige Presidente va a tener la posibilidad de presentar Proyectos de Ley, a la Asamblea Legislativa, que pueden tener relación con las ofertas y programas electorales que se agitaron y ofrecieron, a los electores, durante la campaña que inicia prácticamente en enero del 2021 y de manera precisa desde octubre del 2021 hasta febrero del 2022.
Importante a destacar es que el calendario electoral, que el Tribunal Supremo de Elecciones aprueba y publica, no sufre modificación alguna durante todo el año, generando confianza pública y política en todo el proceso electoral.
Este Calendario marca las reglas del juego electoral a las que se someten todos los partidos políticos, pero también todos los ciudadanos, todos los votantes, todos los mayores de edad que integran y forman el padrón electoral, todo el Pueblo Electoral, todo el Pueblo en el que descansa la Soberanía Popular, que se delega por la votación en los electos, Presidente y Vicepresidentes, y en los diputados. Este acto es el de mayor expresión de Soberanía Popular que se realiza en el país.
La importancia de la votación es esa, la capacidad que tenemos todos los costarricenses que formamos el Pueblo Electoral, de poder elegir las Supremas Autoridades Políticas del país.
El voto en Costa Rica no es obligatorio, es de conciencia. Los que no votan pueden dividirse entre los que se abstienen de ir a votar, a emitir su voto, su decisión de escoger candidatos y de aquellos que asistiendo a las urnas, al recinto de elecciones, anula su voto o vota en blanco, manifestando, quienes anulan o votan en blanco que no están de acuerdo o no simpatizan con ninguno de los candidatos ni de sus partidos políticos.
Los que del todo no llegan a votar a las urnas, los llamados abstencionistas, para mí son aquellas personas o ciudadanos que les es indiferente quien pueda quedar electo, que sienten que ninguno de los candidatos en posibilidad de ser electo les va a afectar en su situación de vida.
Estos votos no cuentan para el resultado final, que se determina con los votos válidamente emitidos a favor de algún candidato y su partido.
Deberíamos avanzar, en el plano electoral, para hacerlos valer, para que pesen en el porcentaje del resultado de elección y para poder también facilitar el derecho de los ciudadanos a manifestarse, con votos válidamente emitidos, en contra de todos los partidos y sus candidatos. Esto obligaría a todos los partidos políticos a mejorar la postulación de sus propios candidatos y de las ofertas y programas electorales en posibilidad de ejecutar desde el Gobierno o desde la Asamblea Legislativa con sus Proyectos de Ley.