Desde ACCEDER les extendemos la invitación a participar en las sesiones con sociedad civil sobre Defensa y resistencia: Sosteniendo la democracia juntes, financiadas por el Fondo Canadiense para Iniciativas Locales. Esta actividad está dirigida a personas interesadas en fortalecer sus conocimientos sobre democracia, derechos humanos y Estado de Derecho.
A través de dos sesiones virtuales y tres presenciales se brindarán herramientas prácticas que aumenten los conocimientos y capacidades de las personas participantes para conocer mejor qué es la democracia y el Estado; el sistema judicial, elección de jueces y litigio estratégico; dos talleres prácticos sobre recursos constitucionales como el hábeas corpus y el recurso de amparo; y una sesión como conocer de mejor forma cómo usar la Defensoría de los Habitantes en la defensa de derechos humanos.
No es necesario que te inscribás en todas las sesiones, podés hacerlo sólo en las que te interesen más.
Cronograma preliminar
Democracia 101
Lunes 17 de noviembre, 5pm (Virtual)
Sistema judicial y litigio estratégico
Lunes 24 de noviembre, 5pm (Virtual)
Taller: Derecho a la protesta y hábeas corpus
Miércoles 26 de noviembre, 6pm (Presencial, lugar por confirmar)
Taller: Recurso de Amparo
Miércoles 3 de diciembre, 6pm (Presencial, lugar por confirmar)
Por Allison Quintanilla Hernández Gestora comunitaria Planificadora Económica y Social Viernes 31 de enero, 2025
El principio de no regresividad en materia de derechos humanos es fundamental para garantizar que los avances alcanzados no sean revertidos. Si existiese una polarización, esa debe centrarse en la defensa de la democracia, no en cuestionar derechos ya conquistados.
El artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica establece que el Estado procurará el bienestar de todos los habitantes y reconoce el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Para lograr un entorno de derechos y equilibrio para todas las personas, es esencial fortalecer las instituciones públicas y asegurar que los servicios básicos, como educación y salud, sean accesibles para toda la población, de calidad y sin restricciones.
En los últimos años, hemos observado una disminución en la inversión social pública en áreas clave. Por ejemplo, en 2023, la inversión en educación representó solo el 5,70% del PIB, alejándose del 8% establecido constitucionalmente. Esta reducción tiene implicaciones directas en la calidad y cobertura de la educación, especialmente en zonas rurales. No es posible que para este año el presupuesto para educación sea el mismo de hace 20 años, con becas retenidas antes de iniciar el curso lectivo y casi 1000 centros educativos con cierres sanitarios y técnicos.
Paralelamente, la violencia de género ha mostrado cifras alarmantes, y somos las mujeres y otras poblaciones las que estamos poniendo los cuerpos en esta ola escalonada de violencia en el país. En enero de 2025, se registraron cinco femicidios, una cifra que no se veía desde 2016, esto afirmado propiamente por el OIJ. Estas estadísticas reflejan una realidad que no podemos ignorar como país y que demanda una respuesta contundente del Estado y la sociedad.
Y como este desequilibrio de bienestar no se agudizó ahora, la responsabilidad de gobiernos anteriores ha acumulado consecuencias en lo que algunas personas llamamos ‘’los espacios vacíos no existen’’ mientras priorizamos a la ficción y las pugnas del poder por el poder, los espacios vacíos fueron tomados por el crimen organizado, por la falta de oportunidades, por la violencia, por las organizaciones religiosas, por la desesperanza y por maquinarias político electorales, que hoy están en casa presidencial, hablando de dignidad humana sin entender lo que significa.
Mi historia personal es testimonio de cómo la intervención oportuna de instituciones públicas, aun con sus debilidades, puede cambiar vidas. A los seis años, fui víctima de abuso sexual. Gracias a la acción decidida de mi maestra de preescolar y al apoyo de instituciones como el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pude recibir atención y protección. A pesar de las limitaciones y recursos escasos en una familia binacional y del campo, estas entidades brindaron el soporte necesario para superar situaciones adversas.
Crecí en un entorno donde la desigualdad social y la influencia religiosa marcaban el ritmo de vida hasta convertir la violencia en una forma de vida que se resolvía con el perdón de Dios todos los domingos en la iglesia. Mi madre, a sus 30 años, intentó romper el ciclo de violencia familiar y buscar oportunidades educativas. Sin embargo, enfrentó obstáculos impuestos por creencias religiosas que priorizaban la preservación de la familia por encima del bienestar real, imposiciones como convivir con los abusadores de nuestra familia o mi agresor sexual.
Con el tiempo, y con el apoyo de instituciones públicas como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el INAMU y las Universidades Públicas, logramos al menos alcanzar algo de movilidad social. Mi madre se convirtió en profesional y mis hermanos y yo, accedimos a programas que nos permitieron integrarnos plenamente en la sociedad.
Estas experiencias resaltan la importancia de un Estado Social de Derecho que garantice el bienestar de todas las personas, sin distinción ni discriminación. Los derechos humanos que hemos conquistado, especialmente aquellos relacionados con la igualdad de género y la protección de poblaciones vulnerables, no deben ser objeto de negociación ni retroceso, por más tentador que suene para los cálculos electoreros de los partidos políticos, o para las mismas organizaciones religiosas.
En el contexto electoral actual, es crucial que el debate se centre en los temas que verdaderamente afectan al país: la violencia, la inseguridad ciudadana, la pobreza, la crisis educativa, la salud, la seguridad social, el desempleo y la desigualdad social. Tanto las comunidades de fe como las poblaciones históricamente excluidas, debemos reconocer que nuestros derechos humanos como lo son, los derechos sexuales y reproductivos, o el derecho humano a la libertad religiosa no son moneda de cambio en este proceso electoral por más que lo intenten.
Recuerdo perfectamente una frase de mi madre cuando decidió divorciarse ‘’La Universidad me abrió las puertas para entender que mi valor como persona no estaba en el matrimonio, y que podía liberarme de la violencia sin ir al infierno, perdí el miedo al pastor y a las críticas en la iglesia porque mi familia tiene derecho a superarse y ser feliz’’.
Hoy mi mamá sigue asistiendo a su comunidad religiosa, pero con autonomía promueve el amor y la fe, pero sin abandonar la lucha en defensa del Estado de derecho.
Si hemos de polarizarnos, que sea en defensa de la democracia, la paz y la libertad, y en contra del autoritarismo, la censura y la violencia que promueven los discursos de odio de nuestro presidente Rodrigo Chaves.
Recordemos estas palabras: “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. El Estado y las organizaciones de fe tienen roles distintos pero complementarios. Juntos, podemos trabajar por el progreso del país, respetando la autonomía de cada esfera y garantizando el bienestar de todas las personas sin caer en los cálculos electorales.
Reúne a líderes y lideresas de distintos sectores, que buscan pasar de la preocupación a la propuesta de soluciones, frente a la fragmentación social que enfrenta el país.
Colectivo es un movimiento ciudadano sin colores partidarios conformado por más de cien personas preocupadas por el futuro del país.
Agenda Viva abarca diez ejes temáticos o mesas de trabajo, desde una visión de largo plazo, ética, regional, universal y basada en evidencia.
Noviembre, 2024. En medio de un panorama nacional y global marcado por el crecimiento del populismo, la fragmentación social y grandes desafíos de gobernanza, surge un nuevo movimiento social costarricense con el propósito de consolidar una agenda común defensora de los valores de la democracia, el humanismo, la justicia social y la sostenibilidad en el país.
El Foro Agenda por Costa Rica es un colectivo, que reúne a personas de diferentes áreas como derecho, medio ambiente, ingeniería, salud, administración, ciencias políticas, comunicación, docencia, economía, así como organizaciones y sectores sociales sin colores partidarios, que aspira a convertirse en una plataforma común para las voces que promueven el diálogo, la inclusión y el desarrollo justo y equitativo de Costa Rica y finalmente, generar propuestas políticas para aportar soluciones reales a los problemas que afectan al país.
El movimiento trabaja desde agosto pasado en la construcción de una agenda integral que abarca diez ejes temáticos, desde una visión de largo plazo, ética, regional, universal y basada en evidencia. Estos son educación, seguridad, una sola salud, desarrollo humano, género, ambiente, cultura, desarrollo económico y social, deporte y recreación y reformas electorales y de Estado. Este documento en construcción llevará por nombre Agenda Viva.
«Agenda Viva» no es solo una respuesta al momento político que vivimos; es una apuesta a largo plazo para que la voz de la ciudadanía comprometida tenga un papel activo en la construcción de políticas inclusivas y sostenibles. Nuestra democracia debe evolucionar, ya los partidos solos sin la ciudadanía activa no logran ser respuesta ni motivar al pueblo. Queremos un país que respete los principios democráticos, que apueste por disminuir las desigualdades y que no permita intromisiones extranjeras que pretendan gobernarnos satelitalmente. Esta es una agenda viva que se construye, transforma y cambia», afirmó Emilio Arias Rodríguez, miembro del colectivo y uno de los fundadores del movimiento.
“Somos muchas las personas que con tristeza vemos cómo cada día se erosionan los grandes logros sociales del país, y encontramos en este movimiento un espacio donde la indignación por el rumbo de la educación, de la Caja Costarricense del Seguro Social, el ambiente y la seguridad ciudadana pasan a ser propuestas”, explicó Karla Salguero, miembro de la mesa de educación.
Este movimiento, consciente de la importancia de estos valores comunes, hace un llamado a todos los costarricenses a sumarse a la construcción de una agenda que rechace las falsas promesas del populismo y se centre en soluciones reales para los problemas del país.
“Las personas preocupadas por los altos niveles de violencia, por la inseguridad ciudadana, por el aumento de los discursos de odio y la parálisis en los programas, están invitadas a sumarse a nuestro colectivo¨ mencionó Marta Iris Muñoz, miembro de la mesa de seguridad.
Llamado al diálogo y la unión
Marco Zúñiga, artista y ex presidente de la FEUNA, miembro de la mesa de cultura explicó lo que impulsa al movimiento. “Nuestra base es la defensa de la democracia como principal generador de bienestar social para todos y todas. Creemos firmemente que solo defendiendo la democracia podremos dar respuesta a los retos que enfrenta el país”.
El Foro invita a todas las personas, organizaciones y colectivos que comparten nuestra visión a unirse en la construcción de la agenda y de una Costa Rica más justa, equitativa y sostenible. Este movimiento nace con la esperanza de ofrecer un espacio para aquellos que desean contribuir con sus ideas, conocimientos y voluntad para enfrentar los desafíos actuales sin recurrir al populismo y respetando los principios fundamentales de nuestra democracia.
“Este movimiento representa un nuevo compromiso con el futuro de Costa Rica, para construir un país en el que todos podamos prosperar, sin dejar de lado los valores que han caracterizado a nuestra nación como un ejemplo de diálogo, paz y democracia en la región”, finalizó la doctora Silvia Coto, miembro de la mesa de salud.
Costa Rica enfrenta hoy desafíos inéditos, con una crisis de credibilidad sobre el respeto a los valores democráticos y la convivencia pacífica. Las instituciones están siendo cuestionadas con mentiras, y el poder ejecutivo promueve una cultura contra lo público. A pesar de estos problemas, los demócratas se agrupan más que nunca, unidos por los valores democráticos y el respeto a la institucionalidad, como herramientas de paz y bienestar.
Por lo tanto, se realizó un documento, el cual es el resultado de la colaboración de más de 80 personas, describe el estado actual de diez sectores clave y presenta 53 líneas de acción para mejorar la convivencia y el bienestar común. Las propuestas se enfocan en políticas públicas que promuevan la equidad, la justicia social y el crecimiento inclusivo. Este es un borrador abierto a críticas y aportes, con el objetivo de crear un documento compartido para su revisión por la sociedad costarricense. Finalmente, se busca depurar y presentar la propuesta para su implementación futura, confiando en que lo mejor está por venir para Costa Rica.
Por otra parte, se estableció un formulario para el proceso de Validación Interna Agenda Viva. El objetivo de este formulario fue recoger las valoraciones de las personas participantes del Foro Agenda por Costa Rica sobre el documento titulado Agenda Viva. Además se recordaban los principios fundamentales de esta iniciativa, que buscaban elaborar un primer documento con una propuesta mínima de agenda orientada por los ideales esenciales que unen al progresismo, el humanismo y el reformismo. De esta manera, con base en esta premisa, se invitó a presentar observaciones, propuestas y comentarios, clasificados en tres categorías iniciales: Inadmisible, Mejorable y Sensible. Esto se realizó desde la perspectiva de las organizaciones, colectivos e individualidades que se buscan alinear con la construcción mínima planteada en esta propuesta.
La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad declara su total respaldo al gobierno democrático de la Presidenta Xiomara Castro, y rechaza contundentemente toda acción de desestabilización por parte de los sectores conservadores amparados por la oligarquía local y el gobierno de los Estados Unidos, que pretende impedir el normal desenvolvimiento del proceso de cambio popular y electoral en marcha.
La derecha hondureña, ante la imposibilidad de ofrecer un proyecto de gobierno que satisfaga las necesidades del pueblo, pretende una vez más, atentar contra las instituciones del Estado y, por esta vía, someter al pueblo hondureño a la agenda del miedo, socavar la gobernabilidad e imponer el modelo de opresión de los sectores históricamente poderosos y opresores.
Las declaraciones de la embajadora de EE.UU. en ese país hermano, Sra. Laura Dogu, y como ya se torna costumbre, constituyen una intromisión flagrante en los asuntos internos de Honduras, intromisión que implica incluso, el insulto a altos dirigentes buscando así su desacreditación y debilitamiento. En tal sentido hacemos nuestras las palabras del canciller hondureño Enrique Reina cuando observó que “es insoportable el irrespeto y la injerencia” de dicha embajadora, constituyendo una amenaza directa a la soberanía.
Por una América Latina territorio de paz, sin injerencia imperialista, la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad permanecerá atenta a los acontecimientos. El pueblo hondureño sabrá escribir su propio destino.
Las universidades públicas, una pluralidad de sectores sociales, productivos, estudiantiles y sindicatos, están convocado a un movimiento nacional de protesta cívica, para el miércoles y jueves de esta semana.
Algunos sindicatos están convocando, de manera explícita, a una huelga uno o ambos días.
El objetivo central del movimiento, aunque hay que destacar que no es el único, es protestar contra los constantes recortes de los recursos asignados a la educación pública, y además, presionar para que en esta oportunidad, de una vez por todas, la Asamblea Legislativa cumpla el mandato constitucional, que ordena que el presupuesto destinado a la educación no puede ser inferior al 8% de PIB (artículo 78 de la Constitución Política).
Vale advertir que la norma constitucional no establece una aspiración, una meta, sino un precepto imperativo, que, por encima de cualquier imposición de orden fiscalista, tiene que respetarse en virtud del principio de supremacía de la Constitución, principio que desafortunadamente ha sido violentado impunemente, año, tras año, y nada ha pasado.
En esta ocasión, a raíz de tanto ajuste fiscal y desproporcionada afectación de los recursos destinados al gasto público y la inversión social, en la agenda de la lucha ciudadana la cuestión del presupuesto de la educación asume una centralidad de primer orden.
La convocatoria sindical a un movimiento de huelga contra las políticas públicas y gubernamentales no es nada que desborde las competencias que nuestro ordenamiento, desde la Constitución Política (CO POL), hasta las leyes ordinarias, atribuye a los sindicatos. Los sindicatos no están haciendo otra cosa que no sea atender una misión suprema, que trasciende la tradicional función reivindicativa y contractual que comúnmente realizan.
Ese cometido superior del que estamos hablando está preceptuado en el artículo 332 del Código de Trabajo:
“ARTICULO 332.- Declarase de interés público la constitución legal de las organizaciones sociales, sean sindicatos, como uno de los medios más eficaces de contribuir al sostenimiento y desarrollo de la cultura popular y de la democracia costarricense.”
Una norma con un apreciable sentido estético, pero que, además, encierra una profunda proyección ética y ciudadana, que define el modelo de sociedad que los sindicatos tienen que asumir la responsabilidad y compromiso de defender y fortalecer.
Esta norma declara de interés público la formación y actividad de los sindicatos, porque se les atribuye el cometido de defender y desarrollar la cultura popular y la democracia. Es decir, la norma legal concibe a los sindicatos como sujetos políticos, actores claves en la configuración del sistema democrático.
La participación política que se reconoce a los sindicatos es expresión del modelo de Estado diseñado por la Constitución: un Estado de carácter democrático, plural, pluricultural, multiétnico y participativo (artículo 1°).
Ese modelaje democrático lo profundizó, a principio de este siglo, la trascendental reforma del artículo 9 de la misma Constitución (2003), que estipuló que el Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable, el cual ejerce -en primer lugar- el Pueblo y los demás Poderes institucionales.
Los sindicatos vienen así investidos como interlocutores políticos, dentro del marco axiológico de la Constitución, cuyas acciones también tienen como destinatarios los poderes públicos, con la finalidad de participar e incidir en el diseño y definición de las políticas públicas que conciernen a las y los trabajadores, inescindiblemente como clase social y ciudadanos.
Al cobijo de ese amplio marco jurídico, cuyo marco comprende el reconocimiento constitucional del derecho de huelga de los trabajadores, que por cierto, el artículo 61 constitucional no restringe los intereses defendibles en una huelga a los intereses de carácter estrictamente profesionales, en consonancia con el artículo 1° y 9 CO POL, que definen el modelo del Estado Social y Democrático, en relación con el articulo 334 y 371 del Código de Trabajo, ultima norma que reconoce el derecho de huelga contra las políticas públicas, se puede sólidamente sostener que la convocatoria de los sindicatos a una huelga contra las políticas de ajuste fiscal, que tanto daño están causando a la democracia social y la educación, tiene pleno respaldo en nuestro ordenamiento jurídico.
No puede omitirse, salvo que se incurra en una ignorancia monumental, que la reciente Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, OC-27/21, en materia de Libertad Sindical, reconoce expresamente, entre otras modalidades, la validez y la protección de la huelga “que impugnan políticas públicas”.
Este histórico pronunciamiento de la CORTEIDH es vinculante para Costa Rica, el cual tiene una eficacia normativa, de carácter inmediata, cuyos derechos de libertad sindical amparados, incluida la huelga, son “derechos de exigibilidad inmediata”, como lo determinó la misma resolución.
No es ocioso recordar que el carácter vinculante del pronunciamiento del Tribunal Internacional fue admitido recientemente por la Procuraduría General de la República, que para nada ha sido una instancia sospechosa de ser simpatizante de los sindicatos.
El carácter vinculante de la Opinión Consultiva implica que todas las autoridades públicas y gubernamentales concernidas en el movimiento de huelga, convocado por los sindicatos, empezando por la Ministra de Educación, tienen que aplicar el correspondiente control de convencionalidad, y por tanto, inhibirse de cualquier actuación administrativa que pueda tener el efecto, directo o indirecto, de limitar, restringir o sancionar, de cualquier manera, el ejercicio pleno de ese derecho fundamental de las y los trabajadores.
Por último, no es menos importante subrayar que reiterados pronunciamientos de los órganos de control de OIT, admiten la validez de las huelgas “que engloban también la búsqueda de soluciones a las cuestiones de política económica y social.” (Ver Recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical, párr. 758 y 763. Asimismo, Comité de Libertad Sindical, 344º informe, Caso núm. 2509, párrafo 1247; 348º informe, Caso núm. 2530, párrafo 1190; 351º informe, Caso núm. 2616, párrafo 1012; 353º informe, Caso núm. 2619, párrafo 573; 355º informe, Caso núm. 2602, párrafo 668; 360º informe, Caso núm. 2747, párrafo 841; y 372º informe, Caso núm. 3011, párrafo 646).
La convocatoria sindical a la huelga, ahora más que nunca, está de sobra justificada, en razón que el Estado ha perdido legitimidad democrática, a causa de regresivas políticas públicas, enraizadas en la ignominiosa Regla Fiscal, que lesionan los programas sociales y servicios públicos que constituyen la infraestructura de la democracia (educación, cultura, salud, niñez y adolescencia, entre otros tantos), afectando con mayor intensidad los sectores más vulnerables de la población costarricense.
La permanente violación del artículo 78 constitucional, los insufribles recortes de los presupuestos públicos menoscaban la cultura popular y socaban la democracia costarricense, cuya defensa, en buena hora, que ya hacía tanta falta, están asumiendo patrióticamente los sindicatos.
Admito que todavía me queda algo de optimismo. Pienso que aún no es demasiado tarde para defender y rescatar la democracia, en beneficio de las grandes mayorías de la población. No es aún imposible.
John Lennon afirmó:
“Tú decides el mundo que quieres tener. Tienes el poder de cambiar el mundo, por ende, el de quienes te rodean. Aquí nada es imposible.”
En medio de la crisis más grave que ha sufrido nuestro sistema democrático, ese es el impostergable desafío ético y político que tienen los sindicatos, cuya senda marcó, hace 81 años, el artículo 332 del Código de Trabajo, con una impensable visión de futuro.
El mayor riesgo es que no hagamos nada y dejar que la historia nos pase por encima.
«Por enfrentarse a LOS PODEROSOS, se le ataca tanto«, nos dijo de Rodrigo Chaves, un amigo, ¡que, sin duda, así lo cree! Para él, desempleado y rebuscándose la subsistencia todos los días, «el presi» es uno más del pueblo humilde. Un «genio del Banco Mundial», que sacrificó su liderazgo allá, en un lejano y muy pobre país musulmán, para venir a luchar por los miserables de su país de origen. Algo así, como un santo varón, que, como la canción de Luis Miguel, merece la “Entrega total” de sus fieles creyentes.
Ahora bien, como se trata de alguien a quien apreciamos, con datos confiables, le prometimos al amigo, escribir un resumen de algunas «cosillas» del gobierno de su líder, que por aquí reunimos, para que, después de leer, reflexione sobre ellas. ¡Veamos!
1. En un país tan pobre como Costa Rica, que «juega de rico» en el club de países ricos, y no tan ricos, conocido como la OCDE, los compatriotas que sufren de miseria extrema, podrían llenar 13 veces, el Estadio Nacional. Viejitos, niños, hombres y mujeres de todas las edades, que sufren al interior de sus familias, la escasez de alimentos y otras necesidades, características de sus tugurios. Pues resulta, que, a ellos, tan dependientes de la solidaridad cristiana, Chaves, por cuestiones fiscales, dice, les ha recortado en una cuarta parte, la «inversión social«, que, aunque limitada, por lo menos les hacía tener esperanza en un mañana mejor.
2. La Seguridad Social, reforzada a través de los años, desde que se estableciera como compromiso estatal, hace más de 80 años, ha sido tan dejada de lado por el actual gobierno, que, pese a urgentes necesidades, ha hecho aumentar su deuda en más de ¢3,7 millones de millones (¢3,7 billones). ¡Nunca en la historia de Costa Rica, se ha visto algo semejante! Y es que, para «exhibir» ante el mundillo de Wall Street, «índices macroeconómicos positivos», se está desamparando a los más pobres, a los que hasta quisieran emigrar en busca de sustento, nos ilustran encuestas de Cid-Gallup, pues ya no aguantan tanta injusticia.
3. Con los «ahorros» mal entendidos, en programas de vivienda de interés social, este gobierno ha dejado por fuera a más de 11 mil familias sin techo, con las consecuencias que ello tiene, sobre el ansiado bienestar de esos miles de costarricenses, agobiados por la miseria que duele.
4. Los CEN-CINAI, casi desconocidos por muchos habitantes indiferentes a ellos, tienen la misión de «contribuir a mejorar el estado nutricional de la población materno-infantil y el adecuado desarrollo de la niñez que vive en condiciones de pobreza y riesgo social«. Sin embargo, pese a esa fundamental misión en pro de los venerables niños, la administración de Chaves, les ha recortado el insuficiente presupuesto, ¡en cerca de ¢5.000 millones!, demostrando así una muy reprochable insensibilidad, y una despreocupación incomprensible, por la nutrición de los niñitos pobres.
5. Conocido es, que ante el desempleo y la miseria que resulta de él, algunos compatriotas por desesperación, con limitadísima educación, se han involucrado en el mercado de las drogas, con tan dolorosas consecuencias, que muchos han terminado en prisión o en el cementerio. Los datos nos dicen, que el año pasado, los asesinatos superaron la cifra de 75 mensuales, para un total de 903. Inocentes, o no (solo Dios puede juzgarlos) lo más triste es que, nos han acostumbrado a esas noticias cotidianas, que sentimos alejadas de nuestras vidas. “Es cosa de los pobres metidos en drogas, que se matan entre ellos”, es el innoble mensaje que se transmite, pretendiendo ocultar cuál es la raíz de esa terrible estadística.
6. Existe en Costa Rica, desde mayo del 2006, en que iniciaba la administración de don Óscar Arias, un programa en el IMAS, que tiene como objetivo, “la inclusión, la permanencia, la asistencia y la reincorporación al sistema educativo de los estudiantes en pobreza y pobreza extrema”. Se trata de un subsidio, conocido como AVANCEMOS, que, como algo «especial» de este gobierno, ha dejado sin financiar más de 98.000 becas. Contribuciones modestas, es cierto, pero que, para los niños y adolescentes, y sus familias, son determinantes para seguir estudiando o no. Se trata de subsidios de ₡18.000 mensuales para estudiantes de primaria, y de ₡30.000 a ₡40.000 para estudiantes de secundaria, por lo cual, rechazamos que se aleguen, frías cuestiones macroeconómicas, para decidir, desde la Casa Presidencial, el futuro y el presente educativo de tantos niños y muchachos, cuando saben muy bien, que, aunque no se les atiende, el 60% de los estudiantes en escuelas y colegios públicos, cumplen con los requisitos para optar por esa ayudita económica.
7. Si algo ha sido fundamental, para que Costa Rica se haya destacado en el continente americano, como una nación con logros importantes en su población, han sido dos cosas nacidas casi simultáneamente: la abolición del ejército, que nos hizo ahorrar un inmenso gasto inútil en armas y soldados, y el transferir esos recursos económicos, hacia un sistema educativo público, gratuito, de calidad, con universidades prestigiosas, abiertas a buenos estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico. Sin embargo, siguiendo una ruta orientada a erosionar esa columna fundamental de la sociedad costarricense, la administración Chaves, en tan solo dos años, muestra datos que hacen encender luces de emergencia. Casi como un logro hacendario, desde que se estableció constitucionalmente, un porcentaje de financiamiento mínimo, el de este año ha sido el más bajo. Nuevamente, son los más pobres los más afectados, pues, en todos los niveles, se restringen las opciones educativas, sin poder optar por las instituciones privadas que, principalmente en el nivel básico, han venido superando a las escuelas y colegios públicos. Ese desinterés por la educación estatal, se evidencia en datos que ilustran como, cerca de 900 centros educativos, han recibido de parte de las, igualmente autoridades gubernamentales, advertencias sanitarias de funcionamiento, mientras que 78 instalaciones educativas, siguen “funcionando”, con órdenes de no hacerlo.
8. Cuando se habla de DESIGUALDAD SOCIAL, más allá de un ejercicio académico, nos referimos a la distancia enorme que no debería existir, entre aquellos que viven en la opulencia, a veces el despilfarro y el desperdicio (como coleccionar relojes Rolex, por ejemplo) y las grandes mayorías, que sienten como, día con día, su calidad de vida es tan baja, que no les permite, aunque se esfuercen estudiando y trabajando honestamente, satisfacer sus necesidades básicas. Cabe recordar, que cuando la sociedad costarricense, aspiraba a alcanzar una menor desigualdad social, la clase media poco a poco se ensanchaba y, con el apoyo de instituciones y empresas estatales, todas ellas trabajando sin fines de lucro, los signos de bienestar, eran evidentes. La llamada «distribución de la riqueza», seguía senderos de tintes más justos.
Hoy, detenido ese proceso desde hace unos años, la administración de Chaves, le ha aplicado «marcha atrás». Un gobierno promocionado «contra los poderosos», se muestra más bien, como un gobierno «de los poderosos», de los que acumulan más riqueza. Es un gobierno ¡contra los pobres!; contra aquellos que paradójicamente, le han venido apoyando, hasta la “entrega total”, inocentes del engaño, que se esconde en los discursos de Pilar y Chaves, que, para desdicha de ellos mismos, les creen el discurso demagogo y populista.
La evidencia descansa en medidas gubernamentales, dirigidas a favorecer a los que, por ejemplo, comercian todo tipo de productos importados (arroz y otros productos alimenticios, medicamentos, equipos y herramientas de trabajo, utensilios domésticos, vehículos…) que, por más de un año, han obtenido ganancias exorbitantes, gracias a un cambio del colón con respecto al dólar, manejado políticamente, y a una cascada de dólares, de imprecisa procedencia. Asimismo, merced a acciones ejecutivas (algunas ilegales) como, contratos de construcción de obra pública, otorgados «a dedo», sin licitaciones, gracias a una aplicación amañada, de decretos de emergencia.
Como muestra independiente de tal desigualdad social, fomentada por Chaves, los datos de la OCDE, nos gritan a la cara, que, dentro de ese grupo de 38 naciones, ninguna supera a Costa Rica, como la más desigualdad, aunque las prácticas del Banco Mundial permiten aplaudir, como sucedió tanto tiempo en Chile, a las autoridades hacendarias que muestran una inflación tal, que impide ejecutar ajustes salariales, hace tiempo congelados injustamente.
FINALMENTE, aunque no es exhaustivo lo que cubre este comentario, pues no hemos hablado del efecto que, por ejemplo, sobre los más pobres tiene el manejo indebido del abastecimiento de agua potable, sí esperamos que, cuando nuestro amigo nos lea, conociendo lo inteligente que es, ojalá lo invite a pensar, o, por lo menos, a dudar, de lo que hasta ahora le han dicho y ha creído. Si lo hace, estaremos avanzando hacia algo excepcionalmente importante; hacia la defensa de nuestra democracia y nuestras instituciones estatales, amenazadas desde sus propias entrañas y en camino a ser subastadas.
