Grupo de funcionarios y funcionarias de Defensoría de los Habitantes 18 de febrero de 2023
Tiene causas abiertas en la Procuraduría de la Ética, Fiscalía General de la República, Ministerio de Trabajo, entre otras.
Un retroceso y continuo debilitamiento de la defensa de derechos humanos sumado a un caos a lo interno de la institución sería el panorama, en caso de que Mario Zamora llegara a ocupar el cargo de Defensor de los Habitantes, debido a los múltiples cuestionamientos que pesan en su contra.
Así lo expresamos como grupo de funcionarios de la Defensoría, pues sostenemos que, el señor Zamora, nombrado por la ex Defensora anterior como Director del Despacho, resultó todo un fiasco en dicho cargo por sus carencias como gestor gerencial de la institución ya que, al contrario, propició conflictos externos y aislamiento con sociedad civil y problemas internos que profundizaron el debilitamiento institucional.
Fue una de las personas que salió por la puerta de atrás cuando un grupo de habitantes con VIH llegaron a la Defensoría para intentar ser atendidos. Además, ha sido la persona que ha generado más distanciamiento con la sociedad civil organizada, pues se niega a escuchar sus peticiones.
Es contradictorio que se valore la posibilidad de su nombre como Defensor cuando se conoce que su trabajo generó mucho rechazo de poblaciones vulnerabilizadas, entre ellas mujeres, personas con discapacidad, estudiantes, entre otras.
A ello se suma que es una persona con una personalidad muy cambiante y conflictiva, al punto que hace unos meses presentó su nombre al cargo, pero posterior a la lista de cuestionamientos en la comisión de nombramientos presentó su renuncia, y hoy con un oportunismo político, ofrece su nombre al puesto. Esa ambivalente personalidad también lo lleva a realizar acciones de persecución contra trabajadores de la institución -denunciado por persecución sindical ante el Ministerio de Trabajo- pero pocos días previo a la salida de la ex Defensora anterior, aparece en un vídeo siendo parte de un sindicato.
Es una persona que tiene abierta en su contra varias investigaciones en instancias administrativas y judiciales por tráfico de influencias, reconocimiento ilegal de beneficios laborales, pero además siendo Director de Despacho, promovió y presionó para que se nombrara a su ex esposa en un cargo sin que reuniera los requisitos, situación que ya ha sido puesta en conocimiento de las instancias judiciales por nombramiento irregular.
Es bien conocido que durante su gestión como Director General de Migración y Extranjería, violentó derechos humanos en más de 2.400 ocasiones, así declarado por la Sala Constitucional.
A todo ello se suma que el señor Zamora fue el candidato para la Defensoría quien tuvo más denuncias, oposiciones y críticas recibidas en la Comisión de Nombramientos, tanto de parte de funcionarios como de activistas y sociedad civil.
Es claro que un perfil como el del señor Zamora no es compatible con esa necesidad de fortalecer la defensa de los derechos humanos en el país ni tampoco es una persona facilitadora de puentes de diálogo y escucha para la población como lo ha demostrado en su paso por la función pública.
Hacemos un llamado respetuoso pero vehemente a las y los señores diputados para que se designe a una persona con un perfil de mediador, con solvencia moral que el cargo requiere para el ejercicio de la magistratura de influencia. Que al final del proceso de discusión haya madurez para escoger a una persona que venga a dignificar el cargo en lugar de seguir debilitándolo.
En razón de lo expuesto y ante la posible persecución que estas manifestaciones pueden generar, como ya ha ocurrido en el pasado, dejamos a disposición para consultas el correo funcionariosdefensoria2023@gmail.com
Hace algunos años, la Defensoría de los Habitantes gozaba de una amplia y positiva popularidad. Aparecía entre las instituciones públicas con mayor respaldo y credibilidad ciudadana. En esa época, se decía cuando algún ciudadano era víctima de alguna violación de los derechos, lo voy a acusar a la Defensoría. Aun cuando quizás se sobre-dimensionaba el alcance de su accionar concreto, en el imaginario social se le visualizaba de esta manera.
Sin embargo, poco a poco, la entidad se ha ido erosionando al compás de elecciones de jerarcas marcadas por las componendas politiqueras en la Asamblea Legislativa, y no por el dominio solvente de la temática de los derechos humanos, la probada independencia, los atestados y propuestas programáticas de quienes se postulan a ese cargo.
Podríamos decir que la Defensoría se ha ido debilitando, de manera tristemente paralela, al deterioro progresivo de nuestro Estado Social de Derecho. Una entidad que debía de defender y promover los derechos humanos, particularmente, los derechos sociales de los habitantes, ha dejado de jugar un rol activo en este ámbito. Se ha convertido en una institución con una incidencia marginal en temas cruciales de derechos humanos y ha estado sumergida en una crisis interna perenne, en la cual los funcionarios de la institución se han venido enfrentando a conductas arbitrarias y autoritarias de jerarcas, quienes deberían ser abanderados del derecho, del diálogo y la justicia.
En su creación, la Defensoría se inspiró en el Ombudsman sueco. En Suecia nace como una instancia caracterizada por la independencia ante los poderes políticos y administrativos instituidos. La independencia es entonces un principio clave e imprescindible en la razón de ser de ese Ombudsman. Sin tal independencia la institución pierde su rumbo y sentido.
En el caso nuestro, no por casualidad el artículo 2 de la Ley 7319, mediante la cual de crea la Defensoría de los Habitantes en 1992, está centrado en ese principio. El artículo indica lo siguiente: «La Defensoría de los Habitantes de la República está adscrita al Poder Legislativo y desempeña sus actividades con independencia funcional, administrativa y de criterio.»
Sin esa independencia, su atribución principal de ser «el órgano encargado de proteger los derechos y los intereses de los habitantes» (definida en el artículo 1 de la mencionada ley), se quedará vacío.
En 1991, en París, al finalizar un seminario internacional sobre derechos humanos, las entidades participantes, institucionales y de sociedad civil, aprobaron «los principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos». Tales son lo desde entonces se conocen como «Los Principios de París», que posteriormente fueron reconocidos por la Comisión de Derechos Humanos y por la Asamblea General de la ONU, en 1992 y 1993, respectivamente.
El corazón de los “Principios de París” es la independencia de la que deben gozar instituciones nacionales de derechos humanos, como es la Defensoría. La construcción práctica de esa deseada independencia política, administrativa y funcional, empieza con la elección de la persona que encabeza la institución.
Desafortunadamente, lo que estamos observando en la Asamblea Legislativa en el proceso para elegir a quien lidere la institución en los próximos cuatro años, podría no sentar las bases que aseguren la independencia de la Defensoría. Se han estado impulsando candidaturas que no cumplen con los requisitos de idoneidad, dominio técnico en materia de derechos humanos y, particularmente, en el ámbito de la imprescindible independencia.
Se impulsa a candidatas y candidatos que de ser electos, es muy probable que empujen a la Defensoría a una agenda cada vez más restrictiva en derechos humanos. Malas perspectivas cuando, por la gravedad de la crisis económica y, particularmente, la social, lo que se requiere es un liderazgo que trabaje fuerte en la defensa, protección y promoción de los derechos de los habitantes, especialmente, los que enfrentan más duras condiciones de vida.
Por lo que se ha dado en los últimos tiempos y por el comportamiento de algunos partidos y diputados, que tienen una visión muy limitada de los derechos humanos, pareciera que se quiere llevar a esta institución a un papel tan irrelevante, que termine siendo prescindible.
Ante el grave deterioro de nuestro Estado Social de Derecho, que se traduce en restricciones y violaciones de derechos sociales, nunca ha hecho más falta una Defensoría encabezada por una Defensora o Defensor, que, con la mayor independencia, defienda y promueva los derechos humanos, haga que la entidad recobre credibilidad entre la ciudadanía, labore en estrecha coordinación con las organizaciones sociales y resuelva, en forma constructiva, los conflictos internos que debilitan la acción unitaria de la institución.
La Coordinadora de la Lucha Sur Sur, CLSS, compartió la invitación de la familia Rivera Rivera a las actividades conmemorativas al tercer aniversario del asesinato de Jehry Helmuth Rivera Rivera quien se encontraba participando en los procesos de recuperación de tierras dentro del territorio indígena de Térraba, en cumplimiento con lo establecido en la Ley Indígena No. 6172, la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y el Convenio Internacional 169.
Las actividades están planeadas para el 24 y 25 de febrero de 2023, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., entre ellas: información sobre el juicio y la condena, actividades espirituales, conversatorio sobre la jurisprudencia de la Sala Cuarta, reflexión sobre la actualidad indígena y las recuperaciones de tierra, visitas al lugar de sepultura de Jehry, al fuego de la libertad del pueblo indígena Brörán, al lugar del asesinato y al lugar donde descansa Memo Rivera.
La familia agradece el apoyo a quienes han estado apoyando en los procesos judiciales, e igual manera, agradecen el apoyo mediante la donación de alimentos y ayuda económica para las actividades conmemorativas al Sinpe Móvil: 8573-9496.
El pasado viernes 17 de febrero de 2023, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) realizó una conferencia de prensa en la que se refirieron a los 23 años de lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Esta conferencia contó con la participación en la mesa principal de representantes de todos los pueblos indígenas: Pablo Sibar Sibar, Zeidi Rodríguez Guerra, Luisa Bejarano Montezuma, Felipe Vargas Morales, Virginia Beita Zúñiga y Jenny Lacayo Elizondo.
El tema principal de la conferencia, luego de explicar el contexto actual de lucha desde los pueblos indígenas, fue la agenda elaborada para el trabajo que los pueblos indígenas se plantean durante este año 2023 y los que vienen, durante la Asamblea Anual de Frente Nacional de Pueblos Indígenas. Dicha agenda es principalmente un llamado a toda la población indígena a defender los derechos a la tierra, a la protección de su idioma, identidad y autonomía, así como el acceso a sus semillas que le garanticen seguridad alimentaria.
Además de esto, otros puntos importantes que fueron abordados fueron: la inoperancia del Estado en los casos de asesinados de Jehry Rivera y de Sergio Rojas, especialmente este último que se mantiene con impunidad; las Asociaciones de Desarrollo Indígena que desde el FRENAPI se caracterizan como una instancia impuesta a los pueblos indígenas por parte de los gobiernos, y como una forma de violencia y control; también la omisión que realiza el Ministerio de Educación Pública (MEP) cuando a la enseñanza de la espiritualidad de los pueblos originarios se refiere.
Para finalizar, la lucha indígena se realiza desde la paz y el llamado a continuar la lucha siempre mantiene el carácter pacífico, sin embargo, las situaciones de discriminación, violencia, racismo, homicidio y usurpación de tierra llevan inevitablemente a la violencia ejercida desde estos terratenientes invasores, en complicidad con el Estado.
Coordinadora de Lucha Sur Sur Comunicado público Jueves 16 de febrero de 2023
En las habituales conferencias de prensa de los miércoles, el día de ayer 15 de febrero el presidente Rodrigo Chávez emitió una serie de comentarios y aseveraciones que evidencian un desconocimiento profundo sobre el tema de la ocupación ilegal de los Territorios Indígenas y de los procesos de recuperación de tierras – Territorios y ponen de manifiesto percepciones discriminatorias hacia estos Pueblos.
De cara a la gira que tendrá la comitiva gubernamental del viernes 17 al martes 21 de febrero a la zona sur donde viven 5 Pueblos Originarios en 12 Territorios, el mandatario aseveró que ningún gobierno hasta la fecha había puesto un solo colón desde 1977 de presupuesto para compensar a gente que compró con título, plano catastrado y con el aval de la Comisión de Asuntos Indígenas (CONAI) y del Registro Nacional, continúa el Presidente diciendo que van a negociar con ambas partes, que llevan un plan, dinero para compensar, que se estarían utilizando 1000 hectáreas para negociar con personas no indígenas de buena fe como las que describió.
Sobre este primer grupo de aseveraciones y promesas, se debe aclarar, que aunque de manera insuficiente, no sistemática y con problemas de corrupción desde la emisión de la Ley Indígena 6172 de 1977 distintas administraciones han indemnizado a personas no indígenas por tierras que estaban en los Territorios Indígenas así establecidos legalmente, lo cual consta en documentos públicos, investigaciones académicas y ampliamente conocido por las personas de Pueblos originarios o no de estos Territorios y de la zona sur en general; por supuesto que el Estado no ha cumplido al día de hoy con su obligación, pero, es absolutamente falso que este gobierno sea el primero que vaya a realizar tales indemnizaciones.
Que personas no indígenas hayan realizado compra y ventas de tierras dentro de los Territorios con escrituras, planos, con el aval de CONAI y el Registro Público, no los hace ser “poseedores de buena fe” aunque al mandatario así le parezca o así lo quiera hacer ver; suponemos que el mandatario y su equipo conocen el artículo 3 de la Ley indígena el cual dicta: “Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso”.
En este sentido el reciente fallo N. 2022024725 del 19 de octubre de 2022 de la Sala Constitucional establece: “carece de plausibilidad jurídica que una persona no indígena pueda adquirir válidamente una propiedad dentro de tal zona restringida… Semejante adquisición, como lo señala el ordinal 3 de la propia Ley Indígena, es absolutamente nula pues la propiedad ya era intransferible… la propiedad integrada a una reserva indígena es intransmisible por disposición expresa de ley, de modo que no es posible recurrir a la buena fe registral o a una presunta confianza legítima para convalidar un acto negocial absolutamente nulo, efectuado en contravención al ordenamiento jurídico”.
Son varias las ocasiones en las que miembros del Ejecutivo y por medio de la Mesa Técnica Interinstitucional para Pueblos Indígenas indican que tienen un plan y que tienen recursos para atender el problema de la ocupación ilegal de los Territorios, sin embargo, hasta este momento no se ha dado a conocer ningún documento oficial a los Pueblos Originarios, ni a la ciudadanía en general; además es sabido por estos Pueblos, los habitantes de la región sur y así lo tienen que haber demostrado los estudios del Plan RTI, el problema fundamental no son los poseedores de buena fe, que son los mínimos, el problema fundamental es la ocupación ilegal de los Territorios por parte de personas y empresas poseedoras de mala fe según el bloque de constitucionalidad, la resolución de la Sala Constitucional citada y así señalado por los Relatores de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU (2011 y 2022), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus Medidas Cautelares 321-12 del 2015 sobre Costa Rica y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU; Ilze Brands Kehris, subsecretaria general de la ONU para los derechos humanos, dijo en diciembre del 2022 en visita a Costa Rica que le preocupa que «una gran parte de las tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas siguen siendo ocupados por personas no indígenas», e instó al Gobierno a «acelerar» esfuerzos para restituir esas tierras.
Posteriormente el mandatario también emitió desafortunadas y racistas declaraciones que en resumen exponemos: “Les vamos a advertir a ciertos grupos indígenas minoritarios que están queriendo tomar la ley en sus manos, incitados por extranjeros y gente de ideologías contrarias a la de la mayoría de Costa Rica, a hacer tomas forzosas, matando ganado, macheteando ganado, incendios, ya ha habido dos muertes… Si alguien que va y le quema la casa a alguien en una recuperación forzosa de territorio, no se da cuenta que eso se judicializa…”
Parece ser que el discurso de odio, violencia y racismo de los ocupantes ilegales de los Territorios, sus seguidores y grupos violentos afines se instaló en Casa Presidencial; repite el Presidente las gastadas frases neocoloniales y preconceptos en las que los Pueblos Originarios son incitados o manipulados por otras personas, lo que en el fondo refleja un pensamiento discriminatorio según el cual estos Pueblos no pueden organizarse, pensar y ejercer sus derechos por sí mismos, sino que necesitan de terceros para ello.
Suponemos que el jefe del Ejecutivo tiene estudios para demostrar que las familias recuperadoras de los distintos Territorios, sus objetivos y esperanzas son minoritarios dentro de estos Pueblos y esperamos que si se atreve a decir que hay “extranjeros” no indica si personas o grupos, actuando ilegalmente, impulsando y forzando a las familias recuperadoras a cometer ilícitos, cumpla con su deber legal como funcionario público de brindar la información necesaria a las instancias administrativas y judiciales pertinentes para que estas actúen conforme al bloque de legalidad, de lo contrario, el ilícito lo estaría cumpliendo el mandatario mismo.
Por último, parece ignorar o le han ocultado al presidente de dónde vienen las agresiones y violaciones a los derechos humanos en los que los Pueblos Originarios han sido víctimas de racismo, discriminación y violencia estructural, sistémica y sistemática como lo han denunciado pública y judicialmente organizaciones propias de estos Pueblos y organizaciones sociales e instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
En este sentido señaló el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU actual, en su Informe acerca de su visita a Costa Rica en el 2021, indica en el apartado de conclusiones y recomendaciones: “91. El Relator Especial señala que las causas estructurales de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas se encuentran en la falta de una política adecuada de restitución de tierras y un marco legal que asegure el reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus autoridades propias. Preocupa particularmente el racismo estructural que permea las instituciones del Estado, en particular a nivel local, la no implementación de sus derechos económicos, sociales y culturales y la falta de medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos”.
Son múltiples las agresiones en contra de las familias recuperadoras que ante la inacción del Estado decidieron ejercer su derecho colectivo a la tierra – Territorio amparadas en su historia, cosmovisión, cultura, derecho consuetudinario, los derechos humanos y el bloque de constitucionalidad; agresiones que han derivado en el asesinato por razones políticas de Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre y de Jerhy Rivera Rivera del Pueblo Brörán de Térrba, numerosas tentativas de homicidio y de amenazas de muerte contra recuperadoras y recuperadores, así como quema de casas y cultivos, hechos denunciados publica y judicialmente y que siguen en una vergonzosa impunidad.
No son las familias recuperadoras las perpetradoras de actos violencia como irresponsablemente señala el mandatario, son grupos organizados que ejecutan ataques en turba o masivos como los ocurridos en el Liceo de Térraba en el 2012, en Salitre en el 2014 o en Térraba y China Kichá en el 2020, agresiones que denotan necesariamente organización y financiamiento para su ejecución.
Instamos al Presidente a que se informe y asesore de mejor manera para no repetir estas desafortunadas, racistas y discriminatorias declaraciones y que cumpla con sus obligaciones; que indemnice o reubique a los pocos poseedores de buena fe todavía existentes y que inicie con los procesos de desahucio administrativo contra los ocupantes ilegales priorizados por cada Pueblo, el cómo hacerlo está establecido en la Ley Indígena y su fundamento fue recientemente ratificado por la Sala Constitucional, así que solo es de tener voluntad política y actuar.
Los abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por las recientes acciones del gobierno de Nicaragua y nos solidarizamos con los ciudadanos nicaragüenses a los que se les ha despojado de su nacionalidad.
El 9 de febrero de 2023 el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, después de modificar la Constitución de Nicaragua, despojó de su nacionalidad a 222 presos políticos, incluyendo jóvenes universitarios, militantes políticos, líderes campesinos, sacerdotes y periodistas. El 15 de febrero se despojó a otros 92 nicaragüenses de su nacionalidad, entre los cuales se encuentran el escritor y premio Cervantes de literatura Sergio Ramírez y la reconocida poeta Gioconda Belli. Estos hechos violan el derecho humano fundamental a tener una nacionalidad y la prohibición a que se prive arbitrariamente de ella a cualquier ser humano, consignada en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En los últimos años al menos dieciocho universidades han sido canceladas arbitrariamente como una forma de control ante la rebelión estudiantil de 2018 que dejó 328 muertos, cerca de 2 mil heridos y cientos de detenidos. El gobierno de Daniel Ortega ha cancelado también el estatus legal de más de 3 mil organizaciones no gubernamentales, incluyendo aquellas que defienden los derechos humanos y de las mujeres. Veintiséis medios de comunicación han sido cerrados y más de doscientos periodistas han debido exiliarse. Por si fuera poco, desde 2018 se prohíbe la entrada a organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Exhortamos a la comunidad internacional a que se pronuncie y asuma un papel activo en todas las acciones que puedan llevar al cese de los abusos y las violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen Ortega-Murillo. Exhortamos también al gobierno nicaragüense a que detenga la represión contra su pueblo.
Para sumar su firma envíe su nombre al correo ocr@urukeditores.como al WhatsApp 8393-0561.
Las noticias suelen relatarse siguiendo un orden cronológico inverso: desde el final hacia el principio, esto es, desde lo más reciente de los hechos hacia sus antecedentes y su contexto. Pero esta vez quizás deberíamos iniciar así: “El 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón llegó a América con tres naves; tras este ‘descubrimiento’ se desató la invasión europea, y con ella el genocidio más grande en la historia de la humanidad”. Pero, tal vez lo hagamos en otra oportunidad, porque ahora urge informar sobre las durísimas condiciones de supervivencia del pueblo Yanomami en los estados de Roraima y Amazonia, Brasil.
Carlos Amorín
El pasado viernes 20 de enero la plataforma digital Sumaúma, con sede en Altamira, Pará, publicó un artículo cuyo título fue “Diario de guerra. No estamos pudiendo contar los cuerpos1” , ilustrado con desoladoras fotografías de niños y niñas Yanomami desnutridos y enfermos. Las periodistas Ana Maria Machado, Talita Bedinelli y Eliane Brum iniciaron su texto así: “La criatura Yanomami ya había vivido 1.095 días, pero pesaba lo mismo que un bebé recién nacido. Con 3 años apenas alcanzaba los 3,6 kilos”.
Una imagen puede más que mil palabras
Las fotografías son de una crudeza extrema, y evocan testimonios gráficos de hambrunas en otras latitudes, o de los campos de concentración nazis. Este horror generó repercusiones primero a nivel local, y rápidamente las imágenes se viralizaron a nivel global.
Esa misma tarde el presidente Lula anunció que estaría viajando al día siguiente a Boa Vista, capital del estado de Roraima, y el Ministerio de Salud Pública declaró el “estado de emergencia sanitaria” en todo el territorio Yanomami.
Lula llegó a esa ciudad acompañado por diversas autoridades gubernamentales, especialmente por Sonia Guajajara2, ministra de Pueblos Indígenas, y la presidenta de la Fundación de los Pueblos Indígenas, Joênia Wapichana3, ambas recientemente designadas en sus funciones por el nuevo presidente.
En el precario centro de salud local especializado en la atención a los Yanonami, Lula declaró a la prensa que “Más que una crisis humanitaria, lo que vi en Roraima fue un genocidio: un crimen premeditado contra los Yanomami, cometido por un gobierno insensible al sufrimiento«.
Cuando más es más
Las cifras oficiales del MSP establecen 99 infantes de entre 1 y 4 años fallecidos en 2022 como consecuencia de desnutrición, neumonía, diarrea, malaria, contaminación con mercurio provocada por la minería ilegal y otras enfermedades evitables.
No obstante, datos obtenidos por la plataforma Sumaúma mediante la Ley de Acceso a la Información, registran la muerte de 570 niños y niñas Yanomami por esas mismas razones en los últimos cuatro años, periodo en el cual Jair Bolsonaro ocupó la Presidencia.
El Ministerio de Justicia, por su parte, informó que se inició una investigación a cargo de la Policía Federal por posible delito de “genocidio”, al constatarse graves omisiones por parte de funcionarios públicos responsables de la asistencia sanitaria y humanitaria a los Yanomami, así como posible corrupción a gran escala implicando desvío y reventa de medicamentos y alimentos destinados a los indígenas.
“Ordené ayer la apertura de una investigación policial para averiguar si hubo genocidio. Consideramos que hay indicios muy fuertes de negativa a la asistencia nutricional y de salud de esas poblaciones indígenas. Hubo intención», dijo el ministro de Justicia Flavio Dino.
La investigación abarcaría no solo posibles delitos de jerarcas de Salud regionales y nacionales, sino también crímenes de contaminación ambiental y desvío de fondos.
El “otro” ejército de Bolsonaro
Asimismo, Lula da Silva advirtió que se perseguirá a los “garimpeiros4” ilegales que, según estimaciones, serían unos 20 mil en los estados de Roraima y Amazonas, más de dos tercios del total de Yanomami habitando en la región. También anunció “medidas enérgicas” contra la deforestación que se multiplicó enormemente con la protección de Bolsonaro.
El informe “Yanomami Under Attack”, publicado en abril de 2022 por Hutukara Associação Yanomami y Associação Wanasseduume Ye’kwana, con asistencia técnica del Instituto Socioambiental (ISA), hace un balance de la extracción ilegal de oro y otros minerales en esa región.
Se sabe que el problema de la minería ilegal no es nuevo en la Tierra Indígena Yanomami (TIY). Sin embargo, su escala e intensidad crecieron de manera impresionante en los últimos cinco años. Datos de MapBiomas indican que a partir de 2016 la curva de destrucción minera tomó una trayectoria ascendente y, desde entonces, ha ido acumulando tasas cada vez mayores. En los cálculos de la plataforma, de 2016 a 2020 la minería en TIY creció nada menos que un 3.350%, señala el texto.
Dicho informe muestra que en 2018, el área total afectada por los garimpos ilegales era de 1.200 hectáreas. Relevamientos efectuados en diciembre de 2021 comprobaban que esa superficie había crecido a 3.272 hectáreas.
La voz de las víctimas
Para las asociaciones indígenas, el estado de salud crítico que muestran las imágenes compartidas en los últimos días con niños, adultos y ancianos desnutridos, es consecuencia de la combinación de tres factores desencadenados por el garimpo: aumento de los casos de paludismo, falta de acceso a alimentos o agua potable y reducción de los servicios sanitarios.
Según el informe “Yanomami Under Attack”, en el centro de de salud Yanomami de Arathau, cerca del río Parima, “en 2020 se prestaron 11.200 servicios de atención sanitaria, pero en 2021 el número se redujo a 2.800.
Como consecuencia −continúa el informe−, varios pacientes con enfermedades tratables vieron empeorar su estado, y algunos incluso murieron. Es el caso de un chamán de 50 años que murió en la comunidad Macuxi Yano en octubre por no poder recibir atención médica. Y también la situación de dos niños de la casa Xaruna que murieron de malaria en octubre, y un tercer niño de la misma comunidad víctima de malaria y neumonía, en noviembre”.
La plataforma Sumaúma, a través de la Ley de Acceso a la Información (LAI), obtuvo otros datos alarmantes: “Los casos de malaria, enfermedad que se propaga en el territorio con los mineros, pasaron de 2.928 en 2014 a 20.394 en 2021; 46 niños menores de 5 años habían perdido la vida solo en los 5 primeros meses de 2022 por lo que las estadísticas denominan ‘causas evitables’ (falta de tratamiento médico y prevención) y el 52,7% de los niños yanomami menores de 5 años estaban desnutridos”.
La información obtenida por Sumaúma también mostró que desde julio de 2020, los centros de salud que operan dentro del territorio yanomami fueron cerrados 13 veces debido a las acciones de los mineros, dejando a los indígenas sin atención médica.
“La falta de asistencia a los pueblos indígenas es la forma más eficaz de matar sin dejar huellas”, concluye Sumaúma.
Como dijimos al inicio, deberíamos comenzar este desarrollo informativo empezando en 1492, pero eso ya lo han hecho otras personas y, algunas, de manera excelente.
No obstante, es necesario debatir hasta qué punto las sociedades no originarias de nuestra querida América han adquirido conciencia de las razones profundas por las cuales las (ahora) minorías étnicas continúan siendo diezmadas por doquier mediante el genocidio5 y el etnocidio6.
Algunos realizaron esta advertencia hace ya muchos años, como por ejemplo la célebre cantante Elis Regina, que en su versión de la mundialmente famosa Aquarela do Brasil contrapone un coro representando un canto indígena como fondo de la idílica imagen que presenta la canción7.
La Rel UITA se compromete a seguir muy de cerca esta situación, y a aportar la mayor información al respecto.
Imagen: Allan McDonald
Foto: Samaúra.com
(Con información de: Sumaúma.com, AFP, France24.com, EFE, Larepublica.co, BBC.com, Nwesletter.ihu, Federico.Tatter Substack, www.ihu.unisinos.br y fuentes propias)Nota del Editor: Agradecemos la valiosa colaboración de Jair Krischke en la elaboración de este informe.
Notas:
1 – https://sumauma.com/nao-estamos-conseguindo-contar-os-corpos/ 2 – Originaria de las Tierras Indígenas Arariboia. El término Guajajara hace referencia a su pueblo nativo. 3 – Oriunda del estado de Roraima. El término Wapichana hace referencia a su pueblo nativo. 4 – Mineros, principalmente de oro, en los ríos selváticos que constituyen verdaderas mafias de las florestas. 5- Eliminación física de un pueblo. 6 – Eliminación del “alma” de un pueblo, su arte, su cultura, su lengua, creencias, instituciones, etc. 7 – https://www.youtube.com/watch?v=rvxmF4KS9O4
El señor Víctor Julio pide apoyo y denuncia atropello a los derechos constitucionales de familias que fueron desalojadas en la localidad de Pilón de Pavones. Él reclama que por ley, los desalojos se debían realizar hasta el 2024, y que la municipalidad no ha tenido voluntad para garantizar un hogar digno a estas familias vulnerables.
La petición de divulgación se da debido a que las familias no pretendían ocupar esos lugares para siempre, sin embargo, no se garantizó el debido proceso, sin importar si menores de edad o personas adultas dormían en la intemperie.
Más de treinta artistas peruanos nos hemos unido para hacer memoria y honrar a los 60 fallecidos durante este gobierno. La canción se llama “PRESENTES” y cuenta con la interpretación de Laurita Pacheco, Susana Baca, Consuelo Jerí, Lunandina, entre muchos otros.
El videoclip cuenta también con la participación de la actriz Ana Correa, de Hildy Quintanilla (Mashara Teatra – Qinti) y la artivista Micaela Távara Asimismo, la portada de la canción es el retablo “Yawarniky waqachiwan” del artista ayacuchano Reynaldo Quispe quien ha querido sumar su arte a este proyecto colectivo. El videoclip cuenta con imágenes de las manifestaciones en diversos puntos del Perú y cuenta con material proporcionado a muchas manos y articulado en un único mensaje bajo la dirección de Gustavo de la Torre (Pasaje 18).
Lo que los grandes medios callan, nuestro arte lo canta. Ayúdanos a que este mensaje suene muy fuerte.
Las movilizaciones populares han conquistado democracia con su voluntad y acción colectiva en todas las sociedades del mundo. Los procesos democráticos nunca han sido dadivas de poderes opresivos, han sido el resultado de prolongadas luchas contra quienes han impuesto sus beneficios e intereses privados, sobre el presente y el futuro de las inmensas mayorías nacionales. La democracia y sus formas adoptadas en cada espacio social, no están restringidas a individuos o grupos privilegiados, son derechos alcanzados por muchos para todos, sin distinción alguna porque somos iguales y humanos. Quien se pretenda ser superior a otro ser humano, es simplemente un ignorante imbécil.
Las formas democráticas de pueblos y sociedades logradas por las colectividades son muchas, como múltiples son los oprobios, maltratos y violaciones contra las personas, por ser mujeres, jóvenes, pobres, niños, indígenas, ancianos, migrantes, trabajadores, discapacitados, por el color de piel, o por pensar diferente, así como con las agresiones de exterminio genocida contra pueblos creadores de civilización y hacedores de historias nacionales. Vivimos en una sociedad y sistema contradictorio que desprecia, esclaviza y destruye a quienes despojan, explotan y enriquecen a los que se creen dueños de vidas y pueblos.
Estas y otras son las características de la actual situación y condición de vida en nuestra tierra peruana. Un sistema inequitativo, desigual, contradictorio, dominados por tiránicos y miserables gobiernos, quienes coludidos con empresarios globales y delincuentes financieros son protegidos por leyes indignas y procesos corruptos, así como amparados por la prensa servil y por las jerarquizadas y ciegas fuerzas represivas del poder imperante.
Por ello, las luchas democráticas son trascendentes para todos. Los privilegiados y serviles del poder condenan las movilizaciones patrióticas de nuestros luchadores sociales, que no solo sacrifican trabajos y familias, también son víctimas de asesinatos inmunes e impunes. Esos héroes populares construyen democracia para todos, incluso para quienes los denigran y asesinan.
Pero, las reivindicaciones democráticas no son electorales, ni los actos técnicos e instrumentales de la votación crean democracia, como tampoco puede serlo, la designación de las personas que decidirán por nosotros, sin consulta ni transparencia. Asimismo, las elecciones no son las formas más idóneas de representar las necesidades y aspiraciones democráticas de una colectividad ciudadana, como es falso, que la cantidad de electores, en la votación individualizada, sea garantía para la democracia. Ninguna magnitud puede representarla. La aritmética electoral no tiene relación alguna con la democracia, menos aún en contextos complejos y contradictorios. La democracia no posee determinaciones cuantitativas, como tampoco elección alguna, posee la capacidad de calificar políticamente un proceso que trasciende el acto electoral.
En el presente abundan procesos electorales que no son democráticos, como también se conocen prácticas democráticas sin elecciones, dado que lo democrático, no son las elecciones, son las acciones que respetan y amparan los derechos alcanzados y la conquista de nuevos y mayores derechos en sociedades inequitativas, contradictorias y clasistas.
El acto instrumental electoral, no sustituye ni representa la acción de los actores orgánicos de la sociedad, que son quienes crean y modelan democracia. Por supuesto, tampoco podrá ser democrática una designación ni acción alguna que se encuentre pautada por leyes, reglamentos o procedimientos estandarizados, sin tiempo ni espacio, como en la actualidad se recurre en las viejas y nuevas tiranías, como la peruana.
Contemporáneamente son muchas sociedades que han adoptado las elecciones por ser portadoras de experiencias, de apariencia democrática, del pasado ateniense donde solo votaban los que eran libres en un universo de esclavitud. Hoy la vigencia electoral se reproduce por ser funcional a la reproducción de las tendencias dominantes en las sociedades y de los poderes preexistentes, por ello siempre están pautadas jurídicamente, en el Perú de 1827, solo podían votar los hombres mayores de 25 años, alfabetos, dueños de actividades independientes, contribuyentes del Estado e inscritos en el Registro Civil. Esto es, no podían votar quienes eran dependientes, analfabetos, mujeres, indígenas, etc. Electoralmente cada sociedad ha condicionado y reproducido diferencialmente sus prejuicios y estructuras clasistas.
Ninguna elección ni sufragio universal, ha sido un albur político, social o económico para las sociedades, por ser un medio por el cual se conoce, condiciona y controla, las orientaciones sociales, políticas y económicas del Estado, a través de los partidos políticos, candidatos y resultados electorales. El miedo, el chantaje, el fraude y la corrupción han acompañado los actos electorales de las dictaduras en las sociedades latinoamericanas.
La importancia y trascendencia de la democracia no puede ser ocultada por la demagogia ni por su transfiguración por parte de los poderes despóticos, por ello los tiranos se dicen democráticos, encubiertos con elecciones, reformas constitucionales y procesos jurídicos administrativos, que legalizan su ilegitimidad, como lo hace la espuria presidenta en el Perú, como lo hizo Fujimori, Pinochet e incluso Adolfo Hitler (Discurso a trabajadores Rheinnetall-Borsingwerke. Berlín, 10 de diciembre de 1940).
No obstante, la organicidad y la acción ciudadana crean democracia, destruyendo tiranías, como lo hacen miles de peruanos y pueblos movilizados en el Perú contra corruptos y sanguinarios gobernantes y sus corifeos sirvientes.
La significación de la democracia y la paz para la ciudadanía y sus pueblos, es el espacio del respeto y amparo de la igualdad jurídica, que posibilita la organicidad y las demandas reivindicativas para crear nuevos y mayores derechos en la construcción de la igualdad y el progreso social.
La paz y el silencio sepulcral es la esencia del totalitarismo, pero nunca para la democracia, que es vida, cambio y luchas por bien común. Imaginar que la divergencia social es nociva, porque subvierte el orden y el poder, es la transparente manifestación de la opresión política existente en el Perú, espacio donde se promueve el odio que justifica toda la represión y asesinato de personas que luchan, no por beneficios personales ni locales, sino por el interés nacional y la democracia para todos.
El totalitarismo niega la igualdad y el bien común, por el miedo a los otros que explota y asesina cotidianamente. Las medidas represivas para conservar el orden y la paz sepulcral, son auténticas declaraciones de guerra, no solo contra el pensamiento crítico, grupos o personas, también contra la democracia, la historia y cultura de los pueblos.
*Profesor Catedrático pensionado de la Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.
