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Etiqueta: deuda pública

Costa Rica y el FMI: Un camino trillado, un fracaso seguro

Luis Paulino Vargas Solís
Economista, director a.i. CICDE-UNED
Grupo Economía Pluralista

Uno de los argumentos favoritos para justificar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es aquel que insiste que ello nos dará una “carta de presentación” o, mejor aún, un “certificado de buena conducta”, ante los mercados financieros internacionales. Y entonces, nos dicen, al mejorar la imagen de Costa Rica, lograremos mayor acceso a financiamiento internacional en condiciones más favorables. Lo cual, a su vez, pondría en marcha una espiral virtuosa de baja en las tasas de interés, reanimación de la inversión empresarial, creación de empleos y, a fin de cuentas, bonanza económica.

Esto que digo no es ni quiere ser una caricatura. Es, casi textual, lo que repiten los economistas de la corriente dominante, cuyos rostros en la televisión se han vuelto tan familiares como los de los futbolistas más famosos. Y, sin embargo, la suya es la oferta propia de una casta de brujos y hechiceros: superstición y pensamiento mágico. Pende de supuestos épicos, extremadamente audaces, pero, además, no hay evidencia histórica que respalde tales desvaríos.

El caso de la crisis de la deuda pública europea

El problema estalló a finales de 2009, cuando se dio a conocer que, contando con la complicidad de Goldman Sachs, poderoso banco de inversiones neoyorkino, el gobierno griego había “maquillado” los datos. Falsamente se había informado que el déficit fiscal era del 3,7% del PIB, cuando la cifra real alcanzaba el 12,7% (meses después el dato se revisó al alza, por encima del 13%). Se desató así la crisis de la deuda europea, conforme los juegos especulativos en los mercados financieros extendían el “contagio” hacia las deudas de Italia, España, Irlanda y Portugal, o sea, los países de la así llamada “periferia de la zona euro”. Ello provocó que las tasas de interés sobre sus emisiones de deuda se elevaron peligrosamente.

Empezó entonces una sucesión de “programas de rescate” para estos países. En el caso de Grecia, el primer programa, por €110 mil millones, se aprobó en mayo de 2010. A poco quedó en evidencia el fracaso de esta iniciativa, lo que obligó a un segundo programa de rescate, aprobado en julio de 2011 por €130 mil millones. Programas similares fueron aplicados para los otros países involucrados en la crisis de la deuda. En todos los casos, sin excepción, estuvo presente el FMI, como parte de la llamada “troika”, junto a la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE).

¿Se logró así restablecer la “confianza” de los mercados financieros y la de esos entes fantasmagóricos llamados “los inversores”? ¿Se logró estabilizar la situación y reducir las tasas de interés, de forma que Grecia y los otros países afectados tuviesen acceso a financiamiento en condiciones favorables? Rotundamente NO.

Los acontecimientos a lo largo de 2011 y hasta bien entrado 2012 resultan muy ilustrativos. Mientras las tasas de interés de la deuda alemana de largo plazo se movían por debajo del 2%, la de Grecia por momentos alcanzaba la cota surrealista del 27-28%. La de Portugal llegó a rozar el 14%, la de Irlanda el 12%, y las de Italia y España rondaban el 7%.[1] Y, por favor, tangamos presente que en esos mismos momentos estaban en vigencia los célebres “programas de rescate”. Estos, conviene enfatizar, materializaban al detalle los énfasis de política económica característicos del FMI, es decir, su marcado sesgo hacia la austeridad fiscal, el recorte y la restricción, sumadas a las infaltables privatizaciones. Tal sería la vía “correcta”, de hecho, la única posible, para sanar los desequilibrios fiscales. Y, sin embargo, la realidad proclamaba ruidosamente otra cosa.

Y, a fin de cuentas, ¿cómo se logró estabilizar la situación e impedir que la eurozona colapsara? No fue gracias a estos programas austeritarios. Un momento, en particular, resultó decisivo para modificar el curso de los acontecimientos, cuando Mario Dragi, presidente del BCE, estando en Londres, lanzó el 26 de julio de 2012, su famosa frase: “el BCE está listo para hacer lo que sea necesario. Créanme que será suficiente”[2]. Ello marcó un punto de quiebre decisivo en el enfoque de la crisis por parte del BCE. Engavetada la ortodoxia, en adelante el BCE siguió la ruta que, desde finales de 2008, transitaba la Reserva Federal de Estados Unidos, la llamada política de facilitación cuantitativa (o “quantitative easing” según su designación original en inglés), lo cual incluye la adquisición masiva de bonos de deuda pública, con el expreso objetivo de reducir significativamente sus tasas de interés.

Posteriormente a esto las primas sobre la deuda de los países de la periferia europea, o sea, el margen sobre las tasas de interés de la deuda alemana, bajaron y se estabilizaron, lo que, a fin de cuentas, impidió que la eurozona implosionara.

O sea, y en breve, el patrocinio del FMI fue por completo incapaz de propiciar que se recuperara “la confianza de los mercados financieros”. No ocurrió tal cosa, y quizá la razón principal de ello es que los paquetes de rescate, lejos de “rescatar” las economías (a lo más “rescataban” a los bancos), más bien provocaron recesión, desempleo al alza e hirviente malestar social. Todo lo cual hacía mucho más difícil recuperar la sostenibilidad de las cuentas fiscales. De hecho, se fracasó dramáticamente justo en aquello que se suponía ser el objetivo prioritario: controlar y reducir la deuda pública. En el caso de Grecia, por ejemplo, siendo que la deuda representaba un 127% del PIB en 2009 -o sea, el año en que se gatilla la crisis de la deuda- a las alturas de 2019, se ubicaba en 165%. Es significativo el título que Stiglitz quiso poner al capítulo 7 de su libro sobre el euro: “Políticas de crisis: cómo contribuyeron las políticas de la troika a empeorar la estructura de la eurozona y a garantizar la depresión” (Stiglitz 2017).

Recordemos que en 2008-2009, el impacto de la crisis financiera y la Gran Recesión originadas en Estados Unidos, provocó una severa recesión también en Europa, incluyendo estos países de la llamada periferia. A las alturas de 2010, y con excepción de Grecia, las economías de los otros cuatro países involucrados en el problema, ya habían logrado reemerger a territorio positivo. Las políticas de austeridad impuestas a través de los “programas de rescate”, produjeron una segunda recesión, incluso más prolongada que la primera, ya que se extendió hasta 2013 (2015 en el caso griego), y cuyos efectos en el desempleo fueron incluso mucho más severos de los que se habían sufrido con motivo de la recesión de 2008-2009.

En síntesis: los programas de austeridad fiscal, liderados por el FMI como parte de la “troika europea”, fueron, desde cualquier ángulo que se les mire, un completo fracaso.

La crisis de 1997 en el sudeste asiático aporta material adicional para la reflexión

Es un tema que el célebre Joseph Stiglitz analiza en su libro “El malestar en la globalización” (Stiglitz 2002). El problema inició con la devaluación de la moneda de Tailandia (el bath) hacia julio-agosto de 1997, y rápidamente se extendió a Corea del Sur, Malasia e Indonesia, con repercusiones que se hicieron sentir posteriormente en Rusia y Brasil.[3] Las políticas de liberalización financiera que el FMI había promovido, crearon las condiciones propicias que dieron lugar a la crisis. Una vez que ésta se precipitó, las recetas fondomonetaristas de austeridad fiscal y privatización dificultaron su superación.

Malasia optó por rechazar la participación del FMI, y decidió seguir su propio camino y generar sus propias respuestas. Desestimó así las advertencias catastrofistas que se le formularon, las cuales le auguraban el castigo de “los inversores” y, desde luego, un desastre seguro (¿verdad que suena familiar?). Y, sin embargo, fue el país que logró la más rápida y sólida recuperación, aunque no fue el único “alumno mal portado”. Tampoco Corea siguió al pie de la letra las recetas que la ortodoxia prescribe.

La herejía de Malasia reiteró una blasfemia que también le dio buenos resultados a la India y China, y les mantuvo al resguardo de la tormenta: la imposición de diversas formas de control sobre los movimientos de capital, diseñadas con sentido pragmático y flexible.

En breve: no aplicar las políticas austeritarias, de privatización y desregulación que prescribe el FMI, puede resultar lo más sensato y correcto.

Y la década pérdida de América Latina…

Podríamos todavía extendernos ampliamente acerca de lo que significaron los programas de austeridad fiscal y “ajuste estructural”, que el FMI, en colusión con el Banco Mundial, aplicaron durante el decenio de los ochenta del pasado siglo en América Latina, como respuesta a la crisis de la deuda externa que tan duramente golpeó a nuestro continente a inicios de ese decenio. Correspondió eso a un paquete de política que a finales de los ochenta recibió la designación de “Consenso de Washington”. Este término fue propuesto por John Williamson (Williamson Septiembre 2003), y posteriormente devino de uso generalizado.

El abordaje que se hizo de la crisis, con base en esa propuesta de políticas, devino devastador para las economías, las sociedades y, en especial, los pueblos latinoamericanos, y sus perniciosos efectos se hicieron sentir durante todo ese decenio e, inclusive, entrados los años noventa[4]. Ello ameritaría una discusión mucho más amplia que, a fin de no alargar en exceso este artículo, dejaré para un momento posterior.

A modo de conclusión, quiero enfatizar que la experiencia latinoamericana de los años ochenta, ofrece conclusiones que coinciden con las que es posible extraer de la crisis de la deuda europea en el período reciente. En particular las dos siguientes:

  1. Las políticas de austeridad fiscal, recorte y restricción que el FMI promueve, provocan recesión y desempleo, y conllevan elevados costos sociales y humanos, con repercusiones negativas que, potencialmente, se prologan por decenios. Tristemente es el camino que, con notoria terquedad ideológica, está siendo elegido por las élites políticas de Costa Rica (tanto el gobierno de Carlos Alvarado como asimismo la Asamblea Legislativa, con pocas excepciones).
  2. El objetivo prioritario de estas políticas es devolverles sostenibilidad a las finanzas públicas, pero, sobre todo, poner la deuda pública bajo control. En ese sentido, su fracaso es total: no lo lograron en América Latina en los ochenta. No lo han logrado en Europa en el período reciente. Tampoco lo lograrán en Costa Rica.

Retomaré este asunto en artículos posteriores.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

Alonso, Nuria, y David Trillo. 2015. «Riesgo soberano en la eurozona ¿una cuestión técnica?» Papeles de Europa Vol. 28 núm. 1 1-26.

Becker, Victor A. 27 septiembre 2013. «The experience of three crises: the Argentine default, American subprime meltdown and European debt mess.» Real-World Economic Review 64 65-115.

González Sarro, Iván. 2013. Impactos de la década perdida en América Latina ¿Una lección para los países periféricos de la Unión Europea? Reexaminando el modelo neoliberal. Madrid: Instituto de Estudios Latinoamericanos Universidad de Alcalá.

Kokkinakis, Yiannis. marzo 2018. «From Bologna to Athens: the political economy of reforms in Europe.» Real-World Economic Review 147-162.

Palley, Thomas. Septiembre 2017. «Fixing the euro’s original sins: the monetary –fiscal architecture and monetary policy conduct.» Real-World Economics Review 81 15-26.

Soros, George. 1999. La crisis del capitalismo global. México: Plaza & Janes.

Stiglitz, Joseph. 2017. El euro. Cómo la moneda común amenaza el futuro de Europa. Barcelona: Penguin Random House.

—. 2002. El malestar en la globalización. Buenos Aires: Aguilar Ediciones.

Ugarteche, Oscar. julio-septiembre 2016. «Lecciones de la crisis del euro para la cooperación financiera regional.» Problemas del desarrollo 186 (47) 31-57.

Vilariño Sanz, Ángel, Nuria Alonso Gallo, y David Trillo del Pozo. 2011. «La falacia del spread de la deuda soberana como indicador de la solvencia del Estado.» XIII Reunión de la Economía Mundial.

Williamson, John. Septiembre 2003. «No hay consenso. Reseña sobre el Consenso de Washington y sugerencia sobre los pasos a dar.» Finanzas y Desarrollo 10-13.

Wishart, Ian. 2012. «ECB ‘will do whatever it takes’ to save the euro.» PolíticoPro, 26 de Julio.

[1] Algunos trabajos interesantes sobre la crisis europea de la deuda son los siguientes: (Alonso y Trillo 2015); (Vilariño Sanz, Alonso Gallo y Trillo del Pozo 2011); (Ugarteche julio-septiembre 2016); (Becker 27 septiembre 2013); (Kokkinakis marzo 2018); (Palley Septiembre 2017)

[2] Wishart lo cita en estos términos: “Draghi, the ECB’s president, who was speaking in London today (26 July), said he was “ready to do whatever it takes” to save the euro, adding: “Believe me, it will be enough.” (Wishart 2012)

[3] En (Soros 1999) se ofrece una crónica interesante de los acontecimientos, y un análisis muy sugerente.

[4] En (González Sarro 2013) se aporta una síntesis muy ilustrativa sobre las consecuencias sociales y económicas derivadas de las políticas del Consenso de Washington en América Latina.

 

Publicado en https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2021/01/costa-rica-y-el-fmi-un-camino-trillado.html?m=1 y compartido con SURCOS por el autor.

El Diálogo Multisectorial y los Diálogos Regionales, la escasa articulación de dos procesos

German Masís

En las últimas semanas dos procesos de diálogo se han realizado en el país, el proceso de diálogo multisectorial y los procesos de diálogo regional, impulsados por la Administración Alvarado.

En el primero se inscribieron 72 organizaciones y participaron 60 de ellas en 12 sesiones de trabajo en las que se discutieron 274 temas y en las que se llegó a acuerdos en 58 temas, pertenecientes a los grandes temas consensuados en el proceso, a saber:

– reactivación económica, generación de empleo decente y combate a la pobreza
– propuestas fiscales de alto consenso
– evasión, elusión y eficiencia de la gestión tributaria
– gestión de la deuda pública
– activos del Estado
– inversión, eficiencia y eficacia del gasto público
– ingresos y exoneraciones

La mesa acordó medidas para reducir el déficit fiscal en una cifra equivalente al 2.2 del PIB (aunque la meta era de 2.5), entre ellas 10 serían medidas permanentes que sumarían alrededor del 2.18 del PIB y varias medidas de tipo temporal (LN.com,23-11-2020). Entre las principales medidas aprobadas están:

 -el proyecto de Hacienda digital
 -la reducción de la deuda política
 -la reforma al sistema de compras públicas SICOP
 -introducir el sistema de renta global
 -el impuesto a los premios de lotería
 -cambio de deuda cara por deuda barata
 -emisión de bonos cero cupón
 -revisión y mejoramiento de la normativa de la SUGEF
 -facilitar el acceso al crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas productoras
 -recorte de 170 mil millones del presupuesto 2022
 -venta de la cartera de créditos de CONAPE
 -aprobación del proyecto PAGAR
 -impulsar una Política Nacional de los Cuidados
 -inventario de bienes del Estado y su traslado a Hacienda(GobiernodelaRepública,21-11-2020)

Estas medidas aprobadas en el diálogo multisectorial y a las que un Consejo Consultivo Económico y Social les dará seguimiento, resultan para algunos sectores insuficientes dada la magnitud de la crisis fiscal que rondaría este año el 9.3 del PIB y una deuda de alrededor del 70% de la producción.

Más allá de esa valoración, interesa establecer los vínculos de esas medidas con el desarrollo regional y con los procesos de diálogo regional que se han estado realizando en varias regiones. Aunque en el diálogo multisectorial no se aprobó ninguna medida específica sobre el desarrollo regional, en las distintas sesiones se mencionaron algunas acciones ligadas a la problemática regional como:

 -creación de clúster y encadenamientos (territorial -regional)
 -impulso al empleo rural y costero
 -reducción de la brecha digital en las zonas fronterizas y costeras
 -fortalecer el programa de centros de desarrollo empresarial regionales del INA

Por su parte, en las regiones Chorotega, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Brunca y Pacífico Central se han estado efectuando procesos de diálogo coordinados por las Autoridades gubernamentales encargadas de los programas de desarrollo en cada región.

En la región Chorotega se han aprobado propuestas en materia de emprendimientos, diversificación de la economía, tramitología, agro y turismo.

En el Agro se incluyen acciones como agilizar el trámite de apertura de pozos, impulsar la plataforma virtual de comercialización, la simplificación de trámites con el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), y proyecto de agro-innovación 4.0 para fortalecimiento de productores de la Región.

Sobre Turismo resalta la reactivación del Aeropuerto Daniel Oduber, una propuesta de mesa de trabajo para disminuir costos de tiquetes aéreos, así como la presentación de guías turísticas y catálogos de artesanías.

En lo relativo a Emprendimientos se incluyó las capacitaciones y acompañamiento por parte del INA y del MEIC y se realizó un mapeo de programas para acceso a crédito para pequeñas y medianas empresas de diversos sectores de la economía.

Sobre la Diversificación de la economía, se señaló la promoción de acciones del programa Alianza para el Bilingüismo (ABI), así como el fortalecimiento de infraestructura de conectividad en la región, capacitación y nuevas formas de empleo a partir de las tecnologías.

Por último, en tramitología, se incluye la agilización de trámites en SETENA, INVU, AYA y MOPT y el fortalecimiento en la implementación de la Ventanilla Única de Inversión (VUI) en la región. (ElPais.cr,14-11-2020)

El diálogo en la región Huetar Atlántica, coordinado por la Mesa Caribe definió una serie de acciones prioritarias, entre ellas.

En el tema de Logística, la elaboración de una estrategia para la mejora de las principales cadenas de valor del sector logístico y aplicación de un benchmarking internacional, propuesta de proyecto de “Ley de nacionalización de las cargas en puntos de ingreso”, levantamiento de las necesidades de infraestructura y de formación de recurso humano del sector logístico e integrar el clúster logístico al Sistema Nacional de Empleo y la Plataforma de Intermediación Laboral.

En Turismo se mencionó el impulso a un proyecto de reactivación de espacios públicos y embellecimiento del casco central de Limón, el impulso de la Región Caribe como un ícono en gastronomía, mediante la generación de alianzas públicos – privadas, apoyo a las plataformas digitales WAY-Anansy, promovidas por la Federación de Cámaras, desarrollo de una estrategia, en conjunto con el ICT para la visitación tanto de nacionales como de extranjeros y el desarrollo de un proyecto de formación para el empleo, mediante una alianza con PANIAMOR-CCITUL y la Federación de Cámaras.

Sobre Agroindustria, se propuso la identificación y desarrollo de las cuatro cadenas de valor: Cacao, Frutas, Raíces y Tubérculos, y Productos Pecuarios, el apoyo de una plataforma tecnológica para mercadeo agropecuario en la región y el país (eHarvestHub y NAJU), la asistencia técnica y soporte tecnológico agrícola en la región mediante proyectos coordinados (proyecto Fundación Walmart), la coordinación público-privada para inversión y operación de proyectos en el sector agropecuario y la reactivación de la inversión ya establecida en la región para la generación de empleo, desarrollo económico y agroindustria.(ElPais.cr,12-11-2020)

En los diálogos de las regiones Huetar Norte, Brunca y Pacífico Central, lideradas por la Vicepresidenta Epsy Campbell, la Ministra de Economía y el Presidente Ejecutivo del INCOP respectivamente, los clamores de la población son por la mejora en la infraestructura pública, acceso a financiamiento, el rescate de la actividad turística, una de las más golpeadas por la pandemia del COVID-19 y la situación del agro, sin olvidar la principal preocupación de todas las regiones por la falta de empleo y por la pobreza de las familias.

No obstante los aspectos discutidos en los diálogos regionales, no abordaron directamente los grandes temas de la crisis fiscal, de la deuda pública, de la reactivación económica, de la gestión tributaria, del gasto público y de las necesidades de inversión, es decir los temas estructurales que son el contexto macro de las demandas regionales.

En ese sentido, podría reconocerse una escasa articulación entre los procesos de diálogo nacional multisectorial y los diálogos regionales, en donde el primero pone el énfasis en medidas globales de política fiscal, económica, social e institucional, con poca incorporación de acciones dirigidas al desarrollo de las regiones periféricas o de promoción de un desarrollo nacional más equitativo entre las actividades de la Gran Área Metropolitana (GAM) y dichas regiones.

Acierta plenamente el reciente Informe del Estado de la Nación cuando señala que la red productiva nacional es altamente dependiente de la región Central-GAM y del sector comercio y transporte, y que urge atender la desconexión entre ésta y las regiones fuera de aquella zona, (así como) fortalecer las interacciones para fomentar la actividad económica en ambos casos. (PEN2020, p.29).

 

Foto: UCR

Deuda pública en Costa Rica: ¿necesitamos la austeridad y el préstamo del FMI? / video

Alianza por una Vida Digna realizó el sábado 31 de octubre el foro: Deuda pública en Costa Rica: ¿necesitamos la austeridad y el préstamo del FMI?

El foro fue transmitido también para Buenos Aires y España.

Expositores:

  • Agustín Mario, docente e investigador de la Universidad de Moreno y de la Universidad de Buenos Aires, Argentina
  • Stuart Medina, economista, consultor y fundador de la Red MMT de España

Comentarista:

  • Olga Marta Sánchez Oviedo, socióloga, ex ministra de Planificación Nacional de Costa Rica.

Compartimos el video:

Deuda pública en Costa Rica: ¿necesitamos la austeridad y el préstamo del FMI?

Alianza por una Vida Digna le invita este sábado 31 de octubre al foro: Deuda pública en Costa Rica: ¿necesitamos la austeridad y el préstamo del FMI?

Se transmitirá por medio del Facebook Live de SURCOS DIGITAL, 1 de la tarde Costa Rica, 4 de la tarde Buenos Aires, 8 de la noche Madrid.

Expositores:

Agustín Mario, docente e investigador de la Universidad de Moreno y de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Stuart Medina, economista, consultor y fundador de la Red MMT de España

Comentarista:

Olga Marta Sánchez Oviedo, socióloga, exministra de Planificación Nacional de Costa Rica.

La deuda pública y los dólares del FMI

La mayoría de los artículos de opinión sobre la economía del país son difíciles de entender para la población no especializada. Ante la difícil situación económica que atraviesa Costa Rica, consideramos imprescindible que la ciudadanía tenga una comprensión más profunda de ciertos conceptos fundamentales y así poder tener una discusión informada de las alternativas. El presente artículo pretende brindar una explicación concisa de algunos de estos conceptos, sobre todo relacionados a la deuda pública.

  1. Números e ideología

        Costa Rica se encuentra en medio de una pandemia y, como resultado, en una situación social y económica sumamente difícil. Esto se ha sumado al descontento frente a las políticas públicas, así como a la desconfianza en el gobierno y la institucionalidad del país.

        Mientras tanto, un 26 por ciento de los hogares están bajo la línea de pobreza.[1] Además, la tasa de desempleo abierto se encuentra en un 17 por ciento.[2] Cada vez son más las preocupaciones acerca del futuro de nuestros sistemas de salud, educación, pensiones, transporte público, infraestructura y recursos naturales.

        Sin embargo, el enfoque del discurso público ha estado centrado en las finanzas del gobierno. Se insiste en que sus ingresos han disminuido, la deuda pública continúa aumentando y el déficit fiscal se está saliendo de control. Es así como se deshumaniza a las personas y se construye una sociedad al servicio de la economía, en lugar de una economía al servicio de la sociedad. Como expresó Juliana Martínez, no se deben confundir herramientas con objetivos: la economía debe ser una herramienta y no un fin en sí mismo.

  1. La falacia del hogar

        Es muy sencillo pensar en las finanzas públicas como si fueran las finanzas de nuestro hogar y sostener que los gastos del gobierno deben estar limitados por sus ingresos. Esto se ve frecuentemente en el discurso público en frases como “tenemos que tapar el hueco de la deuda”, “debemos zocarnos la faja”, y “estamos usando demasiado la tarjeta de crédito”. Todas estas frases pueden ser aplicadas a las finanzas de un hogar, pero confunden nuestra manera de entender las finanzas públicas. Esto ha sido analizado durante los últimos años bajo el nombre de la “falacia del hogar”.[3] Esta falacia conduce a un razonamiento absurdo: la deuda es mala porque amenaza nuestra calidad de vida en el futuro, pero tampoco podemos mejorar nuestra calidad de vida debido a la deuda. Este argumento circular acaba siendo la excusa perfecta para la inacción de nuestros gobernantes. Frente a esto, consideramos que para encontrar soluciones a los problemas que hemos observado históricamente y que han sido exacerbados por la pandemia, debemos empezar por analizar lo que no se dice cuando se recurre a la ya mencionada “falacia del hogar”.

  1. Deuda, déficit, y superávit

        Muy a menudo, los artículos de opinión sobre la economía nacional son inaccesibles para la mayoría de los ciudadanos. El exceso de tecnicismos dificulta su comprensión e imposibilita una discusión productiva y democrática. Como afirmó recientemente Rohan Grey, especialista en derecho monetario, “si la gente no entiende qué es el dinero, no puede haber una democracia real”.[4] Es por esta razón que comenzamos explicando varios conceptos básicos, pero imprescindibles para comprender la situación actual: el déficit, el superávit y la deuda.

        Imaginemos que tenemos 1.000 colones. Luego observamos los siguientes casos:

Caso 1: Déficit.
•Ganamos 500 colones y gastamos 700.
•Es decir, terminamos con 800 colones.
•Esto equivale a un déficit de 200 colones.

Caso 2: Superávit.
•Ganamos 400 colones y gastamos 200.
•Es decir, terminamos con 1.200 colones.
•Esto equivale a un superávit de 200 colones.

Caso 3: Deuda.
•Obtenemos un préstamo por 200 colones.
•Gastamos los 1.200 colones que tenemos y nos quedamos sin dinero.
•El déficit fue de 1.200 colones.
•Tenemos una deuda de 200 colones.

        En este ejemplo hemos ignorado el efecto de los intereses sobre la deuda para facilitar la discusión. Lo importante es que el déficit y el superávit se refieren al cambio en un balance durante un periodo determinado, mientras la deuda o el ahorro son cantidades acumuladas. En el caso de los gobiernos, también se usan los términos deuda, déficit y superávit. Esta deuda del gobierno la llamamos deuda pública y, para efectos de este texto, nos interesa diferenciar entre dos tipos de deuda: deuda en colones y deuda en dólares.

        ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Cada colón que llega a nuestro bolsillo tuvo que ser creado y puesto en circulación con autorización del gobierno. El déficit del gobierno es un mecanismo mediante el cual ese dinero ingresa en la economía. Por ejemplo, cada vez que el gobierno invierte en un proyecto público, le paga a ciudadanos o empresas que son parte del sector privado. Esto se contabiliza como un gasto y en caso de que no se cobren impuestos que lo compensen, el resultado es un déficit. Finalmente, es este déficit fiscal el que permite que el sector privado tenga un superávit y logre ahorrar. En caso contrario, si el gobierno recauda más en impuestos de lo que invierte, el gobierno tiene un superávit, pero el sector privado pierde parte de sus ahorros. Es importante comprender esta relación antes de abogar ciegamente por un superávit del gobierno.

  1. Deuda en colones y deuda en dólares

        El monopolio sobre la moneda es una característica única del gobierno, por la cual nunca será incapaz de pagar las deudas denominadas en su propia moneda, independientemente de que las pueda incumplir por motivos políticos (como sucede actualmente entre el gobierno y otras instituciones públicas como la CCSS). Caso contrario ocurre con las deudas denominadas en una moneda extranjera, como el dólar, puesto que al igual que cualquier hogar, el gobierno costarricense no puede emitir dicha moneda, sino que debe recaudarla de algún modo (exportaciones o endeudamiento, por ejemplo). Este punto tan aparentemente trivial es de suma importancia, puesto que significa que, al hablar de la deuda pública, solo es pertinente emplear comparaciones con la deuda de un hogar si dicha deuda pública es en una moneda extranjera. Por el contrario, si la deuda pública es en colones, estas comparaciones son totalmente inapropiadas y engañosas. En otras palabras, el gobierno de Costa Rica puede emitir colones; los hogares costarricenses no. El equiparar la deuda en colones del gobierno de Costa Rica (emisor de colones) con las deudas de los hogares costarricenses (usuarios de colones) es lo que se conoce como la “falacia del hogar”. Ahora bien, es vital reconocer que, aunque la capacidad del gobierno tico de obtener colones sea infinita, existen límites que nos permiten reconocer cuando el gobierno inyecta más dinero en la economía de la que esta puede manejar. Uno de estos límites es la inflación (un aumento generalizado en el precio de bienes y servicios), y muestra que la solución a nuestros problemas es más compleja que simplemente “imprimir” dinero. Sin embargo, la gran utilidad de reconocer la “falacia del hogar” es que nos permite distinguir entre los límites reales (inflación, recursos materiales disponibles, entre otros) y los límites imaginados (un valor específico de deuda pública en colones que se considere arbitrariamente peligroso, como establece la regla fiscal). En el caso de que la deuda esté denominada en una moneda extranjera, el gobierno puede ser incapaz de pagarla. Un ejemplo de esto es Grecia, que entró en una severa depresión en el año 2009. Ante la incapacidad de obtener financiamiento en una moneda que no es propiamente suya, el euro, comenzó a aplicar fuertes programas de ajuste macroeconómico enfocados en la reducción del gasto público y los salarios, el aumento de los impuestos y la privatización de instituciones, la misma receta que hoy nos ofrecen en Costa Rica. Estas medidas han tenido un impacto social sumamente negativo,[5][6] y se estima que la recuperación económica de Grecia tomará 15 años más.[7][8] No en vano las deudas públicas de países desarrollados como Estados Unidos, Australia y Japón, tienden a ser exclusivamente en moneda nacional.

        Como señalamos anteriormente, la economía no debe ser un fin en sí misma, sino ponerse al servicio de la sociedad. Debemos reconocer que no existe como una mera abstracción en el vacío, sino que se desarrolla en un contexto social y de estructuras legales que le dan forma. En ese marco, es importante no simplificar elementos clave como la deuda pública con discursos como la falacia del hogar, al igual que entender que el déficit es una herramienta fundamental de toda economía moderna, pues permite la acumulación de riqueza en diferentes sectores. Aunque no corremos el riesgo de declararnos en bancarrota por nuestra deuda en colones, sí lo hacemos con una deuda en dólares. Este es un hecho que no debe pasarse por alto cuando se habla de endeudamiento en monedas extranjeras, dado que las políticas de austeridad que se usan para evitarla bancarrota tienen un alto costo social. No obstante, existen riesgos reales de un déficit muy alto en moneda nacional, como la inflación. Este riesgo inflacionario se debe analizar más profundamente, y es dicho análisis el que permitiría evaluar el tamaño del déficit que nos podemos permitir. Por lo tanto, tampoco es conveniente reducir la solución a la “impresión” de dinero. Además, en otros espacios se ha mencionado el impacto que estas políticas pueden tener en las tasas de interés, los impuestos y el tipo de cambio. Todos estos son temas que requieren un análisis aparte, pero que sin duda debemos también reinterpretar si queremos buscar soluciones a los problemas que enfrentamos.

5. Referencias

  1. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de Hogares Julio 2020. Resultados generales. Vol. 1, año 9. San José, Costa Rica, Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2020.
  2. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Trimestre móvil Junio-Julio-Agosto 2020. Encuesta Continua de Empleo. Principales indicadores. Vol.1, año 1. San José, Costa Rica, Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2020.
  3. Kelton, Stephanie. The Deficit Myth. Modern Monetary Theory and the Birth of the People’s Economy. London, UK: John Murray Publishers, 2020.
  4. https://www.publico.es/sociedad/entrevista-rohan-grey-rohan-grey-gente-no-entiende-dinero-no-haber-democracia-real.html
  5. https://www.tni.org/en/democracy-not-for-sale
  6. https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(18)30146-4/fulltext4
  7. https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/10/01/sp093019-The-IMF-and-the-Greek-Crisis-Myths-and-Realities
  8. https://www.theguardian.com/business/2013/jun/05/imf-underestimated-damage-austerity-would-do-to-greece

Mauricio Chaves, Tsen Chung, Mauricio Gutiérrez, Mauricio Morúa
mmtcostarica@gmail.com

Posición de BUSSCO sobre diálogo nacional. Una negociación para empezar a cambiar el rumbo económico del país

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) concibe una «mesa de negociación» para debatir sobre medidas y acciones tendientes a cambiar el rumbo económico, después de 40 años de neoliberalismo.

Desde BUSSCO ratificamos nuestra disposición al diálogo y a la negociación, no creemos en un esfuerzo de diálogo para diseñar una nueva propuesta negociadora con el FMI, sino para encontrar propuestas equilibradas que posibiliten salidas en beneficio de las mayorías. BUSSCO es firme en señalar que el FMI no es la vía para la solución de nuestros problemas.

Una negociación real para enfrentar la crisis y superar el modelo neoliberal.

Se debe abrir un proceso de negociación que aborde temas urgentes como el Fraude Fiscal: evasión de IVA e ISR, elusión fiscal del comercio exterior, reestructuración de la deuda pública, exoneraciones y privilegios fiscales al gran capital corporativo. También, un sistema tributario progresivo, fortalecimiento del mercado interno, generación de empleos, salarios dignos, servicios públicos de calidad, universales y sostenibles, así como garantizar la libertad sindical.

Nuestra agenda para enfrentar la crisis incluye la eliminación del IVA a servicios básicos, el impulso a un salario mínimo para trabajadores desempleados, subempleados y en condición de pobreza, el fortalecimiento de la CCSS y la salud pública, ampliación del gasto público como mecanismo para reactivar la economía, nos oponemos a la privatización del INA y la FANAL al desfinanciamiento de las instituciones y a orientar los recursos exclusivamente al pago de deuda pública. Promovemos la creación de un impuesto permanente a las grandes riquezas para financiar la lucha contra el COVID-19 y la reconstrucción económica.

Las organizaciones pertenecientes a BUSSCO, rechazamos vehementemente la negociación con el FMI que promueve la venta de activos estatales, aumento de impuestos al consumo, reducción de en inversión social y pérdida de soberanía en el manejo de nuestras finanzas públicas y a los proyectos que precarizan y eliminan derechos laborales.

Deben existir condiciones mínimas para crear un proceso de negociación realista y viable, participativo y en igualdad de condiciones para todos los actores económicos, sociales y políticos y con una agenda amplia sobre los temas urgentes y no limitada a un único punto.

No concebimos un diálogo real, mientras en la Asamblea Legislativa avanzan proyectos como Empleo Público, eliminación de la jornada de 8 horas, eliminación de anualidades, sobre salario escolar y cualquier proyecto que violente condiciones y derechos laborales para generar una real confianza en la mesa.

Reiteramos nuestra voluntad y disposición al diálogo, a fin de encontrar soluciones a los principales problemas que enfrenta la sociedad costarricense, pero para ello, se requiere de la voluntad política, sin imposiciones de diseño, composición y metodología como lo ha planteado el gobierno y el Estado de la Nación.

15 de octubre, 2020.
BUSSCO
PODER SINDICAL Y SOCIAL CONTRA EL MODELO NEOLIBERAL

Costa Rica no necesita ningún acuerdo con el FMI

Manuel Delgado

A mí me llama mucho la atención que ninguno de los partidos con representación parlamentaria, con la sola excepción del Partido Integración Nacional, lo haya dicho así. Todos dicen: “Bueno, tengamos cuidado con eso, hagamos tal cosa, propongamos tales cambios, no aceptamos tales o cuales propuestas”, pero nadie ha dicho: “No al acuerdo”. La llamada clase política, incluido el Frente Amplio, da por sentado de hay que llegar a un acuerdo con ese organismo, cuya presencia, piensan, es tan natural como ver salir el sol por el este cada mañana.

Veamos. Estamos pidiéndole al FMI un crédito por 1.750 millones de dólares, pero el Banco Central, que es del Estado, que es de los costarricenses, tiene una reserva monetaria de 8.000 millones de dólares. La fórmula es muy simple: el Poder Ejecutivo, a través de su Ministerio de Hacienda, emite bonos por una cantidad de dinero, digamos 2.000 millones de dólares, y el Banco Central se los compra al gobierno baratos, digamos al 2%, que es el precio a que están colocados.

Con ese dinero que ya tenemos no hace falta que venga el Fondo aquí. El gobierno podría hacer, por ejemplo, una recompra de deuda que es uno de los rubros que más pesan desde el punto de vista fiscal. Nosotros tenemos una deuda gigantesca cuyos acreedores son en algunos casos organizaciones sociales (por ejemplo, los fondos de pensiones), pero sobre todo el acreedor es la enorme plutocracia, los grandes ricos que se hacen más que millonarios año con año cobrándole al Estado intereses muy altos por su deuda, por esos bonos, que tienen los intereses altos y además son muy seguros.

Por supuesto que esta propuesta no es aceptada por UCCAEP, cuyos miembros reciben millones como acreedores, ni tampoco el presidente del Banco Central. Dicen que esa medida es peligrosísima y pone al país al borde de una inflación galopante. Pero eso no es cierto.

Las reservas actuales, esos 8.000 millones de dólares, equivalen a un 16% del PIB. Pero el país ha tenido recientemente reservas menores: 2.300 millones 14% del PIB) en el 2007; 3.700 millones (=10% del PIB) en el 2010; 4.600 millones (=11% del PIB), en el 2012. Las reservas eran menores y el país no se hundió en el desamparo.

Lo que ocurre es que el déficit es una excusa para amarrar con el FMI un acuerdo que nos obligue a cosas que todavía no confiesan: vender los bienes del estado, reducir derechos laborales, acabar con el estado de seguridad social. Ya lo hicieron con el TLC, que fue excusa para lograr lo que no pudieron antes por la protesta popular, que fue “abrir los monopolios” (es decir, privatizar, al menos en parte) de las telecomunicaciones, la electricidad, los seguros.

Segundo: ¿Por qué no es deseable ese acuerdo con el FMI? El Fondo Monetario Internacional no es una entidad financiera. Ese es un nombre equivocado que le damos. No se hizo para financiar, se hizo para intervenir, se hizo para imponer a los países fórmulas de tipo económico y de tipo fiscal y de tipo social. Si yo quiero comprar una casa, yo voy al Banco Nacional, le doy todos mis atestados y el Banco los estudia. Si califico, me dan el préstamo para comprar mi casa y punto. Pero el Banco Nacional no me dice de qué color tengo que pintar las paredes, ni de qué marca tienen que ser los electrodomésticos que compre, ni en qué lugar tengo que poner la cama. En cambio, el Fondo Monetario Internacional nos dice todo eso, nos exige; es un instrumento no para financiar sino para obligar al país para doblegar su soberanía y obligarnos a cambios estructurales en materia económica y social, y los que están planteando ahora son sencillamente catastróficos.

Volveré con el tema.

Por nuestra independencia económica

Jorge Hernaldo Jiménez Bustamante

Costa Rica frente al Fondo Monetario Internacional

Un pequeño país, con una economía precaria y en una situación de recesión inducida por la pandemia del COVID 19 observó como su gobierno recurre con candidez al apoyo del Fondo Monetario Internacional. Es algo así como le sucede al padre de familia sin empleo ni dinero que recurre a un prestamista, agiotista, mejor dicho, para evitar que su familia muera de hambre.

La sociedad ha creado esta función, el prestamista, que es frecuente en el mundo de los pobres, asalariados, carentes de riqueza. Es un alivio provisional que pronto se vuelve en un tormento. El capitalismo internacional por medio de los gobiernos de las grandes potencias, en especial los Estados Unidos, el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial, que le dio la posibilidad de crear la estructura económica favorable a sus intereses, es el gestor y dueño del FMI.

El FMI es uno de sus instrumentos de dominación económica, el más importante, para controlar a los países subdesarrollados. Es un instrumento poderoso del capitalismo internacional, representado por el Gobierno Estadunidense Americano, que mediante préstamos a países en dificultades económicas, establece reglas que lo mantendrán alineados estrictamente, evitando cualquier viso de desarrollo independiente. Se le exige siempre al país endeudado la reducción del gasto público y del aparato estatal, previendo que pueda ser factor determinante en inversiones que el sector privado del país en cuestión no las puede hacer. Se afirma por parte del FMI que una deuda reducida y un gasto público decreciente son determinantes del crecimiento económico del país, lo cual no siempre es cierto y muchas más veces es falso.

Obviamente los Estados Unidos de América no tiene nunca que recurrir al FMI, que se abstiene de opinar sobre la política económica de ese país, a pesar de tener ese país una deuda pública mayor al 100% de su Producto Interno Bruto. Como en el orden económico mundial está establecida la dominación monetaria, en donde el US$ es la moneda de intercambio internacional y de acumulación de valor, la Reserva Federal del gigantesco país, que funge como banco central emisor, sostiene la deuda de su gobierno con millonarias emisiones. Mientras los países periféricos subdesarrollados tienen que acumular en sus bancos los billetes verdes del país emisor y no los pueden usar aún cuando no tengan con que pagar sus deudas. ¿Por qué? porque el Capitalismo Internacional, mediante sus calificadoras de riesgo, los tiene amenazados de dejarlos fuera de sus inversiones y préstamos.

A.-) ¿Por qué en Costa Rica algunos tienen temor y prejuicios sobre la emisión monetaria?

La estructura económica tiene dos subestructuras concatenadas, una real y otra ficcional. Lo real son los bienes materiales, las ciudades, las estructuras públicas, a saber, puertos, aeropuertos, carreteras, centrales eléctricas y todos los demás bienes de producción y de consumo, en manos privadas o públicas. Todo lo económico real está aparejado por una ficción matemática; se ha establecido una moneda, que es ni más ni menos que una unidad de medida, mediante la cual se mide el valor de todos los bienes económicos reales. Ella por si sola no tiene valor real, pero tomada como tal, o sea, si es aceptado por todos, un valor ficticio convencional, o cercano a ella, se convierte en un acumulador de valor y en un medio de intercambio. Es decir, cobra realidad. Así quien tiene el poder de emitir moneda, dinero, tiene la capacidad de acrecentar su riqueza muy por encima de la riqueza real que verdaderamente ostenta. En eso consiste el negocio bancario, reciben depósitos guardan un mínimo de dinero como reserva, lo prestan y vuelven a recibir depósitos de ese mismo dinero, así repiten indefinidamente el proceso creando más y más dinero.

La FED, la federación de bancos de la Reserva Federal, quien es el emisor del omnipresente US$, ha estado haciendo emisiones continuas, a pesar de que en el 2008 se consideró que ya había llegado al límite de sus posibilidades. Estas emisiones son usadas para comprar letras del tesoro, mediante las cuales se financia el enorme déficit del gobierno federal y para financiar a los bancos comerciales. El señor Ben Bernanke, quien comandó la FED por 14 años y quien fue el sucesor del connotado señor Greenspan, quien se retiró en el 2006 y fue acusado de provocar la crisis del 2008, continuó la misma política expansionista de su antecesor. Se le llamó el señor helicóptero, porque alguien decía que se debía repartir dinero desde esa aeronave. Ambos disminuyeron el encaje legal de los bancos para que estos crearan y crearan más dinero.

 Siempre existe el peligro de que la expansión monetaria no se trasforme en riqueza real mediante la producción y rebote produciendo inflación. Eso puede suceder cuando hay ocupación plena, que constituye el límite para la producción. Entonces y solo entonces el exceso de dinero y su velocidad de circulación hace aumentar los precios provocando la inflación, en cambio cuando hay capacidad de aumentar la producción “la ficción se vuelve realidad”.

Pero además el límite del dólar se estira sobre el de cualquier otra moneda, porque siendo la moneda de intercambio internacional este sobre pasa la capacidad de su país de origen y ejerce presión para aumentar la producción de otros países. El caso más connotado en los últimos treinta años ha sido China. Y si esto no fuera suficiente, se cuenta con una red de bancos mundiales que acumulan la moneda como riqueza, en respaldo no sabemos de que ya que la única razón que dan es tener reservas para financiar meses de importación, como si desapareciendo las exportaciones, no por ello no disminuirían las importaciones.

 El Fondo Monetario Internacional y las calificadoras de riesgo son los cancerberos del dólar, cuidan que los bancos centrales conserven celosamente sus reservas monetarias, apartándose de las necesidades de su país y de su gobierno, y ni siquiera en casos de absoluta necesidad, como es el caso de la pandemia actual, les permiten ni siquiera pensar en hacer uso de ella

Las medidas sanitarias establecidas para combatir la pandemia han causado un deterioro trascendente del proceso económico, cuya magnitud es de una dimensión pocas veces vista en circunstancias anteriores.

La disminución de la producción y del empleo es de consecuencias graves para toda la comunidad, ante ella la responsabilidad del Estado como un todo es enorme e ineludible. El gobierno de la República y todas sus instituciones deben tomar las decisiones correctas para enderezar el rumbo de la economía.

La decisión más importante de todas ellas es la inversión pública extraordinaria que debe hacerse para generar producción y empleo.

El Estado, por medio de su Banco Central, es el ente emisor del medio de pagos de nuestra sociedad, y el dinero es el instrumento básico con que se mueve la actividad económica.

Ante la situación en que nos encontramos es necesario que el Estado emita el dinero necesario para reactivar la economía por medio de la inversión pública. Para ello no es necesario que continúe endeudándose con terceros cuando lo puede hacer con sí mismo.

Veamos: ¿De dónde proviene el temor, casi un tabú para muchos, de que el Banco Central le preste al Gobierno, para que este invierta por sí mismo o pague su deuda con la Caja Costarricense de Seguridad Social, para que esta invierta en la construcción y equipamiento de las instalaciones clínicas y hospitalarias?

Una errónea interpretación de una teoría económica ha causado esta aterrorizada actitud ante la llamada, por algunos, emisión inorgánica de dinero; a la cual se le atribuye la “pandemia” de la inflación.

Lo cierto del caso es que no en todas las contingencias sucede lo mismo y por el contrario de lo que algunos creen, en situaciones como la actual es necesario y obligatorio que se actúe con decisión, como solo un estadista con visión sería capaz de hacerlo.

Veamos porque decimos que una emisión monetaria extraordinaria sería conveniente y no generaría inflación. La teoría monetaria o monetarista dice que la emisión monetaria, multiplicada por la velocidad de circulación del dinero, V, debe ser igual a la cantidad de transacciones económicas, T, multiplicadas por los precios, P.

 Esa igualdad se presenta así: M x V = T x P.

Luego si la economía está en pleno empleo las transacciones son constantes y la velocidad de circulación del dinero también, ya que la gente no tiene por qué cambiar su patrón de gastos, entonces si se hiciera una emisión monetaria que aumentara la cantidad de dinero en poder de la gente, esto provocaría un aumento en el nivel de los precios en la otra parte de la igualdad y se estaría desatando la temida inflación.

Pero hoy en día la situación es muy distinta a la descrita en párrafo anterior, estamos lejos del pleno empleo, mucha gente está desocupada o recibiendo menos ingresos, y los que no, están precaviendo situación en deterioro, lo que los ha llevado a un gasto menor al habitual, entonces la velocidad del dinero ha disminuido y eso se ha manifestado en un aumento de las cuentas en los bancos y en una disminución de los nuevos créditos. Queda implícito en lo anterior que las transacciones tampoco son las mismas.

Ahora bien, si la emisión monetaria aumentara, y se concretara en préstamos del Banco Central al Gobierno, dada la depresión de la actividad económica y la menor velocidad de circulación del dinero, no tendría por qué aumentar el nivel de los precios, por el contrario serían las transacciones económicas las que se verían incentivadas y si el Estado usa el dinero en inversiones públicas o en crédito barato para la inversión privada, así sería.

Veámoslo mediante una representación numérica:

Si antes de la pandemia M fuera 1000, V fuera 10, entonces si T=100, P=100.

La igualdad sería: 1000 x 10 = 100 x 100.

Si en la época del –cobid 19 ; la emisión monetaria fuera la misma y los precios casi no han variado y las transacciones han disminuido. por ejemplo a 80, y la velocidad del dinero disminuid a 8, el resultado será la siguiente igualdad :

1000 X 8 = 80 x 100.

(Suponiendo una velocidad de circulación que satisfaga la igualdad y un nivel de precios igual al anterior.)

Si mediante una emisión monetaria extraordinaria del BCCR la cantidad de circulante aumentara a 1200, lo que pasaría seria lo siguiente:

1200 x 10 igual a 120 x 100

El aumento se daría en las transacciones y no en los precios a pesar del lógico aumento de la velocidad de circulación del dinero.

B.-) ¿Cuál es la problemática económica que nos ha ocasionado la pandemia?

La pandemia ha desatado una recesión, ha inducido una recesión y se hace necesario un Ajuste Económico.

Si bien en el cortísimo plazo el gobierno ha actuado para solventar las necesidades más apremiantes mediante el uso de financiación de organismos internacionales, aunque esto está bien, no es suficiente.

El combate a la pandemia del Coronavirus Covid-19 ha provocado un deterioro grave del proceso económico. Todos nos preguntamos: ¿Qué es lo que hay que hacer para recuperar la economía?

Sí sabemos que el deterioro de la actividad productiva no volverá al estado anterior a menos que se haga un esfuerzo extraordinario. El peor flagelo a que nos vemos sometidos es el desempleo, causa de innumerables problemas sociales y el cual es imposible de subvencionar, no solo en el largo plazo sino también en el corto y mediano plazo.

Tenemos un alto índice de desocupación, el mayor de América Latina y esto conlleva una lógica depresión del ingreso de las familias, lo cual es a no dudarlo el principal problema que enfrentamos. Lograr reducir la desocupación debe ser nuestro mayor anhelo y tomar las decisiones políticas para lograrlo, nuestra mayor tarea.

El periódico diario La Nación en su editorial del día lunes 21 de septiembre encabeza diciendo: “Aumento Alarmante del desempleo”. Y a continuación nos muestra las cifras que reveló la encuesta continua de empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El hallazgo de esta encuesta en el trimestre de mayo a julio del presente año que el porcentaje de desocupados ascendió al 24 % de la fuerza laboral, es decir, 557.000 costarricenses buscaron empleo y no lo encontraron. Este dato no nos muestra el número de personas que han desistido de buscar trabajo ni tampoco las personas con subempleo de menos de 40 horas por semana. El 54% de la desocupación son personas que no terminaron su educación formal, y eso nos está indicando que clase de empleos debe crearse para ser ocupado por ellos.

Es obvio que sin trabajo no hay producción, estamos ante una disminución de la producción significativo, PIB que es el indicador que usamos para valorar nuestra deuda pública, y como lo dice el ex ministro de hacienda Señor Rodrigo Chávez: “Acuérdense que la razón deuda/PIB, que es el principal indicador que el fondo monetario quiere modificar, también depende del PIB. Si el PIB crece, la Deuda/PIB decrece”

El también exministro de hacienda señor Thelmo Vargas dice: “La solución obvia es volver a crecer, a alta velocidad y cuanto antes”, para lo cual propone incentivos a la inversión privada y también “la concesión de obra pública nueva y existente”.

Ya en el año 2015, Mario Dragui, presidente del Banco Central Europeo, advertía del peligro de la histéresis que sucede cuando el desempleo coyuntural se trasforma en desempleo estructural. Si la persona pasa un período largo desempleado se le hace cada vez más difícil reintegrarse al trabajo.

Eso no nos es extraño, ya tenemos un desempleo de larga data ¿Qué pasaría entonces si el desempleo coyuntural provocado por la pandemia también se nos vuelve endémico?

Veamos cual es la situación desde la perspectiva económica actual:

1. Hay sectores económicos paralizados.
2. El desempleo se incrementó peligrosamente.
3. Las transacciones económicas disminuyeron.
4. La velocidad de circulación del dinero ha disminuido.
5. Ha aumentado la morosidad en los créditos.
6. La mayoría de la población está endeudada.
7. Hay muy pocas oportunidades de inversión.
8. El gobierno tiene un déficit fiscal y una deuda creciente.
9. El valor de la moneda se mantenía estable, en los primeros meses, pero ha comenzado a disminuir.
10. El Banco Central tiene un acopio de moneda internacional muy importante.

C.-) ¿Cuál es entonces el paso necesario para iniciar un proceso de reactivación?

La clave está en el Banco Central. Es el único actor económico que tiene posibilidades de impulsar la economía.

Por tres razones:

  1. Es necesario generar inversión y para ello se necesita dinero. El BCCR es quien puede aumentar la emisión monetaria y financiar al gobierno y las instituciones públicas para generar inversión en obra pública.
  2. El Banco Central tiene capacidad de monitorear la estabilidad de la moneda con los recursos que tiene como reservas de tal manera que si se produjera un aumento de los precios por variación en el tipo de cambio este fuera suave o moderado.

Costa Rica ante la grave situación en que se encuentra está solicitando un crédito al Fondo Monetario Internacional. Este organismo se apresta a poner montura y rienda a nuestro país para gobernarnos económicamente.

Si bien las consecuencias de la atención y prevención de la pandemia están afectando los fundamentos de la organización social y económica de nuestra población, nuestro Estado tiene la capacidad de establecer la política y los instrumentos económicos para salir delante de la crisis. No debemos ceder nuestra soberanía por un puñado de dólares.

Veamos cual es la situación en que nos encontramos y cuales puede ser la salida que nos permita superar la crisis creada por la pandemia.

Tenemos un alto índice de desocupación, el mayor de América Latina y esto conlleva una lógica depresión del ingreso de las familias, lo cual es a no dudarlo el principal problema que enfrentamos. Lograr reducir la desocupación debe ser nuestro mayor anhelo y tomar las decisiones políticas para lograrlo, nuestra mayor tarea.

D.-) ¿Crédito disponible, a bajas tasas de interés y incentivos fiscales a las empresas serán la solución que esperamos para hacer crecer la producción y el empleo en forma acelerada?

Premisa fundamental que encontramos en cualquier libro de finanzas o de administración de negocios es la siguiente: “el planeamiento financiero de la empresa comienza con un pronóstico de ventas”

Toda empresa privada produce para vender en el mercado, por lo tanto, es el pronóstico de ventas la variable más importante para realizar una inversión, luego vienen las condiciones financieras y tributarias que servirán para establecer los términos de la inversión a realizar. El problema es que el mercado está super deprimido, son pocos los nichos de mercado que son favorables para la inversión y no es previsible a mediano plazo que esa situación sea diferente. El caso más significativo es el turismo, y ese sector dadas la circunstancia internacional se repondrá muy lentamente y no es posible prever cuando alcanzará la magnitud anterior a la pandemia.

En conclusión, los incentivos tributarios, que algunos economistas y ex ministros proponen, no servirán para incentivar la inversión; tampoco lo hará el crédito barato que ofrezca el sistema bancario nacional con base en los préstamos del Banco Central. Tómese en cuenta la lentitud con la cual crece actualmente el crédito bancario y el crecimiento inusual de los saldos en las cuentas bancarias. Eso nos está indicando la baja velocidad de circulación del dinero y la disminución de las transacciones económicas. Que también se reflejan en un índice de precios con disminuciones mensuales que son reflejo de la recesión económica que sufrimos.

Recuérdese que hace tres meses nada más la variación interanual de los bancos públicos estaba cerca de cero por ciento y la variación en crédito en dólares en menos doce por ciento. No creo que esos porcentajes hayan variado mucho en estos últimos meses. En compensación y dado el aumento en los saldos de las cuentas corrientes y de ahorros de esos bancos, su inversión en bonos de Hacienda ha tenido un aumento que hasta abril pasado llegó a ser de i,79 billones de colones. Esto significa un incremento del 37% respecto al saldo de diciembre anterior. Decía el reportaje de La Nación que el jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras había explicado que la ralentización de la demanda del crédito obliga a los bancos a buscar opciones de inversión. Otros datos dados en el reportaje del periódico citado fue el aumento del saldo de la cuenta corriente de la banca pública y privada, que pasó de 2,87 billones en diciembre anterior a 3,93 billones de colones en mayo de este año. A todo esto, las tasas de interés estaban y están en mínimos históricos.

El índice mensual de actividad económica, IMAE, muestra variaciones negativas desde marzo de este año, en julio la variación interanual fue de un 7,8 %, eso significa una contracción de nuestra economía. El Banco Central estima que la producción se contraerá como nuca antes, el déficit será el peor que se ha registrado, el crédito no crecerá y los riesgos para un mayor deterioro persisten. La previsión del BCCR apunta a una contracción del 5% del PIB.

No creo necesario seguir aportando evidencia de la “pandemia económica” que estamos afrontando y tampoco de la necesidad de torcer el curso de los acontecimientos para lograr de nuevo el crecimiento. Es evidente que la actividad económica privada no volverá a crecer si no crece la demanda, y ante este círculo económico vicioso solo hay un actor que puede actuar para romperlo.

Y ese actor económico que está por encima de las exigencias del mercado y que es capaz de actuar con propiedad, y es más con responsabilidad histórica, es el Estado.

Y pensar que algunos lo quieren desmembrar cuando nunca en tiempos de bonanza fueron capaces de mejorar su estructura y su funcionalidad.

Todos los países en esta época aciaga de pandemia han recurrido a la emisión monetaria y al crédito público Los Estados Unidos de América tendrá un déficit fiscal del 18% del PIB y el coeficiente deuda/PIB superará el 100%. Recuérdese que USA para financiar la Segunda Guerra Mundial llegó a acumular una deuda equivalente al 119%. Ahora se enfrentan a una problemática más grave que una guerra, ya que esta generó empleo, mientras la pandemia de hoy está generando desocupación. Así como la economía americana se repuso en aquella ocasión aumentando la producción ahora lo podrá también superar si se proyecta hacia el crecimiento económico. No es reduciendo el gasto público como lo puede lograr, es aumentando este para generar una mayor demanda que reactiva las empresas a producir y vender.

En Costa Rica debemos también financiar la reactivación, para lo cual debemos aumentar nuestra deuda pública mediante créditos a baja tasa de interés y de largo plazo. Estos dos factores son muy importantes, pero lo es más el destino que se le de a los recursos provenientes de los préstamos. Debemos hacer inversiones que además de generar mucho empleo, para los puestos de trabajo que requieren los desocupados, deben ser estratégicos para generar producción y que esta mejore su competitividad internacional. Como ejemplo básico pongo la urgencia de modernizar el puerto de Caldera y poner a funcionar el ferry con el puerto de Acajutla en El Salvador. Ni que decir de las vías que van a los puertos y a las fronteras y las que terminaran con el entrabado vial del Área Metropolitana. Y con repercusión social y económica la construcción extensiva ya acelerada de vivienda popular y de centros educativos.

E.-) ¿Quién puede decirnos que estas inversiones no serían un disparador para la empresa privada?

Todas las obras públicas las construyen empresas privadas. Todos los materiales, herramientas, maquinarias y repuestos las producen, las importan y las venden empresas privadas. Todos los empleos que se generarían son demandantes de productos de las empresas privadas.

F.-) ¿Que podría aplicarse de los impuestos propuestos por el Gobierno?

 Respecto al financiamiento del Gobierno mediante nuevos impuestos debo opinar lo siguiente para cada uno de ellos:

  1. Impuesto a transacciones y retiros en los cajeros automáticos.

 Cubre en forma casi absoluta todos lo movimientos de dinero que pasan por las entidades bancarias y financieras. Se dice que este impuesto generaría un 3% del PIB, yo me pregunto, ¿de cuál PIB, de cualquier de los montos que adopte el PIB? Si es tan absoluto que prácticamente grava toda actividad económica, una y otra vez, sobre el mismo ingreso de la persona, entonces porque no convertirlo en impuesto único, sustituyendo el impuesto a la renta y al salario, eso sí dando un perfil progresivo hacia los de mayor ingreso. Si no me parece que mediante él tal y como está propuesto, se estaría gravando por segunda vez una misma transacción económica. Por ejemplo, el salario paga un tributo, y si al depositarlo en la cuenta del trabajador se e cobrara también la tasa cobin, eso significaría una doble imposición. Otro ejemplo, si compro un bien que paga el IVA y lo hago con una tarjeta pagaría un segundo impuesto por una misma compra. Si quiero hacer la compra con dinero efectivo, voy al cajero y saco el dinero, igual me cobrarían este nuevo impuesto. Este impuesto al igual que el impuesto de renta debería regirse por una tabla con excepciones para pensiones y sueldos menores a 840 mil colones y para compras menores a medio millón de colones.

Por otra parte, me pregunto lo siguiente: ¿si el gobierno estaría exento de pagar este nuevo tributo, porque la Caja Costarricense de Seguro Social, agobiada en su actuar y en sus ingresos por la pandemia, debería pagarlo?

  1. Impuestos sobre las remesas al exterior

Es un incremento de un 5% sobre impuestos que ya están legalizados según la reforma fiscal aprobada en 2018, se estima un resultado del un 0,18% del PIB lo cual resulta poco significativo, se plantea como temporal y a mi parecer debería ser permanente.

  1. Sobre tasa de un 10% sobre el impuesto de renta.

El impuesto de renta es progresivo, en igual forma lo debería ser el aumento que se propone a efecto que no distorsione el efecto progresivo.

  1. Impuesto sobre la propiedad.

Este gravamen no debería afectar a los productores agrícolas con pequeña propiedad y residentes permanentes en su finca, tampoco a los propietarios de viviendas cuya única propiedad sea su casa de habitación. Si debiera ser permanente para los propietarios de tierras en desuso, sean agrícolas o urbanas, no así las dedicadas a la arboricultura, silvicultura, y otros usos.

Negociar primero con los acreedores, después con el FMI

Gilberto Lopes
Sep 2020

Reducir el gasto público, vender empresas del Estado y aumentar los impuestos: básicamente, son las tres recetas que el gobierno sugiere para negociar un préstamo con el FMI.

Quisiéramos sugerir que las dos primeras podrían ser desastrosas y la tercera debería ser revisada, entre otras cosas para eliminar exoneraciones a sectores como las zonas francas y normas que permiten a grandes empresas ocultar sus ganancias y no pagar nada al fisco.

Un estudio de la OCDE sobre la economía de Costa Rica (siempre lleno de generalidades y sesgos ideológicos), de junio pasado, señala que, como resultado de la pandemia el Producto Interno Bruto (PIB) podría reducirse un 22% este año: el turismo ha colapsado; la tasa de desempleo está aumentando; alrededor de 7100 empresas, que emplean a más del 8% de todos los trabajadores, han solicitado ser incluidas en el régimen temporal de trabajo que les permite reducir las horas de trabajo y los salarios. El estudio reconoce también que la demanda interna se debilitará, ya que las medidas para controlar la pandemia impactan el consumo y la inversión.

Reducir el gasto público

En ese contexto, ¿qué sentido tiene reducir el gasto público?

Como los efectos de la Covid 19 en la economía mundial (y en la nuestra también) durará un tiempo largo, difícil aun de precisar, es necesario que los gastos reflejen nuestras prioridades para hacer frente a este desafío.

La crisis de la Covid 19 y la recesión ofrece una oportunidad única para repensar el papel del Estado, tanto sobre sus relaciones con las empresas privadas como con los empleados públicos y con las personas a las que ofrece todo tipo de servicios.

La vieja creencia de que el gobierno es una carga para la economía de mercado ha perdido toda credibilidad, señalaron recientemente dos economistas destacados, Mariana Mazzucato y Antonio Andreoni. La reciente revelación de cómo los dineros de la CCSS se destinaron a financiar La Nación son una muestra contundente de cómo el sector privado depende del público.

Si no se compensa con dinero efectivo a empresas, trabajadores autónomos y asalariados, mientras no tengan ingresos, la economía irá directamente a la catástrofe; se dispararán la pobreza y todo tipo de problemas sociales, dijo el economista español Juan Torres. Se refería a la situación de su país (por cierto mucho más endeudado que el nuestro), pero no hay razón para pensar que la recomendación no se aplica también aquí. Pero nos quieren convencer de lo contrario.

Los salarios del sector público son casi un 50% más altos que los del sector privado en Costa Rica, como lo reconoce la OCDE. Parecería sensato, en las actuales circunstancias, pensar que es indispensable mejorar las condiciones de trabajo en el sector privado. Pero no es así.

El pasado 28 de septiembre un economista costarricense publicaba en La República un artículo en el que señalaba, en tono crítico, que los “Salarios de empleados público son el doble de alto que en empresas privadas”. Reconoce también que si bien el salario promedio del sector público cae un 6,2% con respecto a marzo, como consecuencia de la pandemia, los privados caen un 9%, mientras los del gobierno central aumentan un 1,7%.

Dejemos por ahora de lado observaciones sobre el estudio de ese economista, naturalmente sesgado en cifras y conclusiones. Para el autor, de lo que se trata (también lo propone la OCDE) es de promover de forma urgente una “verdadera ley de empleo público que ordene el sistema salarial del sector, pasando a todos los funcionarios a un esquema de salario único para acabar con la perversidad de los pluses o incentivos salariales».

Es evidente la conveniencia de ordenar al régimen salarial del sector público que, con el tiempo, fue generando distorsiones entre las diversas instituciones. Pero la idea de esa “ley de empleo público”, tal como planteada, es llevar el sector al nivel del sector privado. En opinión de la ministra de Planificación y Coordinadora del Equipo Económico, Pilar Garrido, un sistema de salario único “permitiría al Estado un ahorro de 243 mil millones de colones al año”.

¿Tiene sentido esto? ¿El Estado ahorra 243 mil millones de colones a costa de los costarricenses, propuesta hecha cuando lo que hace falta es garantizar ingresos suficientes a todos e inyectar recursos a la economía para evitar que colapse? Ese “ahorro” es dinero que Garrido propone sacar del bolsillo de los costarricenses, probablemente para pagar intereses de la deuda o –quien sabe– financiar proyectos “público-privados” cuyo costo para el Estado y para los costarricenses termina siendo desmesurado.

Esa visión miope y mezquina está detrás de todo el paquete económico propuesto por el gobierno. Quieren reducir el sector público, Pretenden cobrar impuesto al aguinaldo, acabar indefinidamente con los reajustes cuando la deuda supere el 50% del PIB. Una condición que la OCDE sueña con que la incorporemos a nuestra Constitución y que se hará eterna –como lo saben bien quienes hicieron una norma– pues difícilmente el país logrará rebajar su deuda a ese nivel en un tiempo previsible. Para tener una idea de lo que esa meta representa vale recordar que a finales de 2019, la deuda pública en la OCDE representaba 72,6% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países miembros.

Consideraciones todas que nos llevan a la conclusión de que el gasto público debe incrementarse y mejorarse.

Vender empresas del Estado

También ha propuesto el gobierno vender empresas públicas.

El nuevo presidente de la Unión de Cámaras (UCCAEP), Álvaro Jenckins, empresario de la caña con empresas en zonas francas, –también miembro del grupo empresarial Horizonte Positivo, que hoy le habla al oído al presidente Alvarado–, no solo defiende el modelo sino que tiene interés en comprar Fanal, que el gobierno quiere privatizar.

En reciente entrevista Jenckins recordó los primeros contactos con Alvarado, cuando este era funcionario del IMAS en el gobierno de Luis Guillermo Solís y se creó Horizonte Positivo.

Calculan el precio de venta de Fanal en doce mil millones de colones; pero la empresa aporta once mil millones a las arcas del Estado por año. Cosa similar ocurre con Bicsa, la otra empresa que quieren privatizar, con el argumento de que, con esos recursos, se reducirá la deuda pública.

Hace 30 años –dijo Ottón Solís, economista y fundador del PAC– “se demostró que la opción del efímero y falso heroísmo ante una aguda crisis fiscal, sólo conduce a convertir en inevitables reformas estructurales”, en larga nota en la que defiende las iniciativas del gobierno.

Pero lo cierto es que, en estas materias, no hay nada “inevitable”. Lo ocurrido hace 40 años (no 30), en el gobierno de Rodrigo Carazo, no tuvo nada de “falso heroísmo”. Como tampoco la crisis fue resultado inevitable de los esfuerzos hechos entonces por el gobierno para enfrentar el déficit fiscal y los compromisos de la deuda sin afectar los servicios públicos, como los de salud y educación.

Que las políticas de Carazo no fueron la causa de la crisis lo demuestra la situación del país hoy donde, 40 años después y de una continuada aplicación de políticas contrarias, estamos frente a los mismos (o peores) desafíos que los de entonces.

Hoy se conoce bien los intereses que estaban detrás de los esfuerzos por ahogar las políticas del gobierno de Carazo. Se trataba de iniciar un proceso de ajuste estructural, de asalto al sector público y de privatizaciones, particularmente el del sector bancario, que se inició entonces con recursos de la AID norteamericana.

No se trató de generosas concesiones de los Estados Unidos, en el escenario de su lucha contra el gobierno sandinista en Nicaragua, como sugiere Solís. Se trató de una política despiadada, con recursos de la AID que significaron una severa carga para el país –obligado a recibirlos y depositarlos en una cuenta del Banco Central; pagar intereses de 21% por ese dinero, que el Banco Central se obligaba a prestar a prácticamente nulos intereses para comprar productos norteamericanos. Además de préstamos por cerca de 200 millones de dólares para crear una banca privada, contribuyendo a desarmar las bases del Estado Social en Costa Rica y avanzar en las privatizaciones, comenzando por el sector bancario.

Desde entonces no han cesado en esa lucha, fundamento de toda política neoliberal, de la concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad, que está en la base de la crisis política y económica que la Covid 19 solo contribuyó a desnudar y acelerar.

Tal como en los 80, cuando los intereses más conservadores se aprovecharon de la crisis para adelantar sus intereses, el modelo se repite ahora, en este nuevo escenario.

Vendiendo empresas públicas para pagar deudas, a la larga solo tendremos cada vez menos recursos y más deudas, como ha ocurrido en estos 40 años. El desafío es desarrollar empresas para ganar dinero y, además, pagar deudas. Pero parece eso demasiado pedir para políticos de visión corta y empresarios de ambiciones desmedidas.

Aumentar impuestos

Aumentar impuestos: ¡sí, claro! Pero revisemos los hechos.

La reciente reforma fiscal condonó multas e intereses a empresas como la Standard Fruit Company, Durman Esquivel, Veinsa, Florida, Café El Rey por 194 mil millones de colones, gracias a la amnistía tributaria incluida en la reforma fiscal del año pasado.

Según Procomer, 375 empresas de zona franca tuvieron exoneraciones de impuestos estimadas en 953 millones de dólares, o sea, 575.612 millones de colones al tipo de cambio del 31 diciembre 2018, casi un 55% de los 1.750 millones de dólares que el gobierno quiere negociar con el FMI.

Entre las exoneraciones es particularmente incomprensible las que disfrutan, por ejemplo, los casinos y las empresas de apuestas electrónicas que mueven $4 mil millones de dólares al año. O empresas piñeras y bananeras, que exportan al costo a Panamá y, por lo tanto, no pagan impuesto. Luego reexportan desde Panamá, donde tampoco pagan, porque no son productos producidos allá.

Volvamos al documento de la OCDE, que sugiere “comenzar a gravar los ingresos de las cooperativas, que siguen estando exentas a pesar de que algunas de estas disfrutan de condiciones monopólicas en mercados clave y se benefician de la protección comercial”. Y agregan: “También debe darse prioridad a la eliminación de exenciones fiscales que benefician a los hogares de altos ingresos”. Para la OCDE esto incluye gravar el aguinaldo, “que actualmente está exento del impuesto sobre la renta”, pero no dice ni una palabra sobre las zonas francas.

Una reforma a la ley el año pasado le permitió a las empresas de zona franca vender en el mercado interno, algo que les estaba prohibido. Esto les ha dado una condición privilegiada en el mercado nacional, pero ha facilitado también a empresas instaladas fuera de zona franca crear mecanismos para ocultar ganancias y no pagar impuestos.

El mecanismo lo explicó el economista Daniel Vartanian: una empresa que está instalada en Costa Rica le compra –a precios particularmente elevados– servicios a una empresa de su mismo grupo inscrita en zona franca. Servicios como administración de personal, contratación de artistas y realización de grandes conciertos; display en las góndolas (en el caso de un supermercado), entre muchos otros.

El resultado es que la empresa que está en el mercado local no tiene ganancias y, por lo tanto, no tributa. La que esta en zona franca tampoco tributa porque las de zona franca están exentas. Walmart, o Credomatic, son empresas que operan con mecanismos de este tipo.

No deja se ser particularmente irritante que empresarios de zonas francas, hoy instalados en puestos clave del gobierno, argumenten que francas no se les puede cobrar impuestos porque se irían del país, argumento que –como es obvio– no se sustenta, conociendo ese vínculo entre las del mercado interno y las de zona franca.

En el caso de las zonas francas se agrega otra medida, también del todo inconveniente. Se trata de la reciente exoneración de los impuestos a bienes inmuebles que antes pagaban.

“Lo más paradójico es que hace dos meses exoneraron a las zonas francas del pago del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, que siempre habían pagado. Mientras a las empresas más grandes se les quita el pago, ahora quieren triplicárselo a la gente. Esta situación es insostenible”, expresó el alcalde de Montes de Oca, Marcel Soler.

El documento de la OCDE al que hemos hecho reiteradas referencias afirma también que, según la experiencia de Colombia, “reducir las contribuciones a la seguridad social puede ayudar a reducir la informalidad”.

Dice también que “trasladar gradualmente carga impositiva desde las contribuciones a la seguridad social hacia el impuesto a la propiedad ayudaría a reducir la informalidad y la desigualdad”. Una falacia, en el fondo y en la forma, un argumento para el que el documento no aporta evidencia alguna.

Un lenguaje avieso para proponer lo que he llamado la “economía mágica”. Una economía sin sustento en los hechos, ideología pura que apenas esconde una voracidad perversa. Argumentos todos que ilustran bien la naturaleza de las decisiones sobre estas materias y hacia qué lado inclinan la balanza las propuestas del gobierno.

Negociar primero con los acreedores

El tema de la deuda pública es extenso y complejo. Se han multiplicado los análisis que desnudan los intereses que se esconden detrás de las diversas propuestas del largo documento donde el gobierno expone sus propuestas al FMI.

Los intereses que el país paga por su deuda llegaron a más del 4% del PIB a fines de 2019. De modo que es conveniente renegociarla, teniendo en cuenta la necesidad de aumentar el gasto público, como consecuencia de la Covid 19.

Pero, además de lo que propone el gobierno, no hay en el documento ninguna propuesta de renegociar la deuda –como hizo ya en dos ocasiones, por ejemplo, con mucho éxito, el gobierno argentino– reduciendo montos, mejorando plazos y tasas de interés. El gobierno de Alvarado no ha propuesto nada de eso, un aspecto indispensable en cualquier iniciativa seria de renegociación de la deuda.

Gran parte de la deuda pública de Costa Rica –al contrario de la de otros países– está en manos de acreedores nacionales. Como lo indica el gráfico de la OCDE, a fines de julio casi 78% de la deuda era interna y cerca de 22%, externa. Hay que negociar primero con los tenedores de esa deuda, antes de acudir al FMI, donde se debe llegar con un escenario más claro y menos demandante, si se logra una renegociación favorable.

El gobierno, además de no haber hecho ninguna propuesta de renegociación a los acreedores, tampoco ha hecho referencia alguna a otras diversas propuestas, como las de utilizar las reservas del Banco Central para hacer frente a los mayores gastos provocados por la pandemia que, como lo han demostrado economistas y banqueros nacionales, podrían hacer inclusive innecesario cualquier negociación con el FMI.

Queda en evidencia así que no se trata del problema de la deuda, ni del gasto público, sino de una nueva ofensiva para ordenar el país de acuerdo a un modelo que no solo no va a permitir reducir la deuda, sino que va a agravar las disparidades sociales que se han acentuado en los últimos 40 años, caldo de cultivo para la miseria insultante que la Covid 19 dejó en evidencia en todo el país.

Una alternativa política

Ante esta realidad –y esta es mi propuesta– habiendo surgido innumerables voces que, bien informadas, sugieren caminos más razonables y justos, sería oportuno que se reuniesen y, agrupados detrás de estas sugerencias, la transformen en el programa de un conjunto de personas dispuestas a conformar una importante fracción parlamentaria en las próximas elecciones, en un esfuerzo no solo por detener y revertir estas políticas conservadoras, sino también por recuperar un indispensable nivel político en una Asamblea Legislativa que hoy, con contadas excepciones, da vergüenza.

Manuel Delgado expone implicaciones de la negociación Gobierno – FMI

La seccional en el Hospital Nacional Psiquiátrico de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) invitó al periodista y filosofo Manuel Delgado Cascante, a comentar las implicaciones de la negociación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el programa de opinión y formación Más que Una Opinión de UNDECA – Hospital Nacional Psiquiátrico, el analista detalla los efectos que tendría este pacto promovido por el gobierno y sectores afines. Le invitamos a escuchar la exposición.

Nota del expositor:

Hay en mi exposición un error de expresión que se me escapó y es que las exoneraciones en el país son del orden del 6% del PIB (eso está bien), pero el gobierno pretende reducirlas en un 0,52%, es decir, quedarían algo así como en un 5,48%. Es decir, las reducen en una cantidad ridícula. Perdonen que no me haya podido expresar bien. Vamos a hacer una edición escrita de la que luego les estaré hablando y voy a corregir. Agradezco todas las observaciones críticas que me ayuden a mejorar ese texto. Gracias.

Nota editorial: Las observaciones para el analista Manuel Delgado Cascante pueden enviarse al correo periodico.surcos@surcosdigital.com y con gusto se las haremos llegar.