La mayoría de los artículos de opinión sobre la economía del país son difíciles de entender para la población no especializada. Ante la difícil situación económica que atraviesa Costa Rica, consideramos imprescindible que la ciudadanía tenga una comprensión más profunda de ciertos conceptos fundamentales y así poder tener una discusión informada de las alternativas. El presente artículo pretende brindar una explicación concisa de algunos de estos conceptos, sobre todo relacionados a la deuda pública.
Números e ideología
Costa Rica se encuentra en medio de una pandemia y, como resultado, en una situación social y económica sumamente difícil. Esto se ha sumado al descontento frente a las políticas públicas, así como a la desconfianza en el gobierno y la institucionalidad del país.
Mientras tanto, un 26 por ciento de los hogares están bajo la línea de pobreza.[1] Además, la tasa de desempleo abierto se encuentra en un 17 por ciento.[2] Cada vez son más las preocupaciones acerca del futuro de nuestros sistemas de salud, educación, pensiones, transporte público, infraestructura y recursos naturales.
Sin embargo, el enfoque del discurso público ha estado centrado en las finanzas del gobierno. Se insiste en que sus ingresos han disminuido, la deuda pública continúa aumentando y el déficit fiscal se está saliendo de control. Es así como se deshumaniza a las personas y se construye una sociedad al servicio de la economía, en lugar de una economía al servicio de la sociedad. Como expresó Juliana Martínez, no se deben confundir herramientas con objetivos: la economía debe ser una herramienta y no un fin en sí mismo.
La falacia del hogar
Es muy sencillo pensar en las finanzas públicas como si fueran las finanzas de nuestro hogar y sostener que los gastos del gobierno deben estar limitados por sus ingresos. Esto se ve frecuentemente en el discurso público en frases como “tenemos que tapar el hueco de la deuda”, “debemos zocarnos la faja”, y “estamos usando demasiado la tarjeta de crédito”. Todas estas frases pueden ser aplicadas a las finanzas de un hogar, pero confunden nuestra manera de entender las finanzas públicas. Esto ha sido analizado durante los últimos años bajo el nombre de la “falacia del hogar”.[3] Esta falacia conduce a un razonamiento absurdo: la deuda es mala porque amenaza nuestra calidad de vida en el futuro, pero tampoco podemos mejorar nuestra calidad de vida debido a la deuda. Este argumento circular acaba siendo la excusa perfecta para la inacción de nuestros gobernantes. Frente a esto, consideramos que para encontrar soluciones a los problemas que hemos observado históricamente y que han sido exacerbados por la pandemia, debemos empezar por analizar lo que no se dice cuando se recurre a la ya mencionada “falacia del hogar”.
Deuda, déficit, y superávit
Muy a menudo, los artículos de opinión sobre la economía nacional son inaccesibles para la mayoría de los ciudadanos. El exceso de tecnicismos dificulta su comprensión e imposibilita una discusión productiva y democrática. Como afirmó recientemente Rohan Grey, especialista en derecho monetario, “si la gente no entiende qué es el dinero, no puede haber una democracia real”.[4] Es por esta razón que comenzamos explicando varios conceptos básicos, pero imprescindibles para comprender la situación actual: el déficit, el superávit y la deuda.
Imaginemos que tenemos 1.000 colones. Luego observamos los siguientes casos:
Caso 1: Déficit. •Ganamos 500 colones y gastamos 700. •Es decir, terminamos con 800 colones. •Esto equivale a un déficit de 200 colones.
Caso 2: Superávit. •Ganamos 400 colones y gastamos 200. •Es decir, terminamos con 1.200 colones. •Esto equivale a un superávit de 200 colones.
Caso 3: Deuda. •Obtenemos un préstamo por 200 colones. •Gastamos los 1.200 colones que tenemos y nos quedamos sin dinero. •El déficit fue de 1.200 colones. •Tenemos una deuda de 200 colones.
En este ejemplo hemos ignorado el efecto de los intereses sobre la deuda para facilitar la discusión. Lo importante es que el déficit y el superávit se refieren al cambio en un balance durante un periodo determinado, mientras la deuda o el ahorro son cantidades acumuladas. En el caso de los gobiernos, también se usan los términos deuda, déficit y superávit. Esta deuda del gobierno la llamamos deuda pública y, para efectos de este texto, nos interesa diferenciar entre dos tipos de deuda: deuda en colones y deuda en dólares.
¿Por qué es importante hacer esta distinción? Cada colón que llega a nuestro bolsillo tuvo que ser creado y puesto en circulación con autorización del gobierno. El déficit del gobierno es un mecanismo mediante el cual ese dinero ingresa en la economía. Por ejemplo, cada vez que el gobierno invierte en un proyecto público, le paga a ciudadanos o empresas que son parte del sector privado. Esto se contabiliza como un gasto y en caso de que no se cobren impuestos que lo compensen, el resultado es un déficit. Finalmente, es este déficit fiscal el que permite que el sector privado tenga un superávit y logre ahorrar. En caso contrario, si el gobierno recauda más en impuestos de lo que invierte, el gobierno tiene un superávit, pero el sector privado pierde parte de sus ahorros. Es importante comprender esta relación antes de abogar ciegamente por un superávit del gobierno.
Deuda en colones y deuda en dólares
El monopolio sobre la moneda es una característica única del gobierno, por la cual nunca será incapaz de pagar las deudas denominadas en su propia moneda, independientemente de que las pueda incumplir por motivos políticos (como sucede actualmente entre el gobierno y otras instituciones públicas como la CCSS). Caso contrario ocurre con las deudas denominadas en una moneda extranjera, como el dólar, puesto que al igual que cualquier hogar, el gobierno costarricense no puede emitir dicha moneda, sino que debe recaudarla de algún modo (exportaciones o endeudamiento, por ejemplo). Este punto tan aparentemente trivial es de suma importancia, puesto que significa que, al hablar de la deuda pública, solo es pertinente emplear comparaciones con la deuda de un hogar si dicha deuda pública es en una moneda extranjera. Por el contrario, si la deuda pública es en colones, estas comparaciones son totalmente inapropiadas y engañosas. En otras palabras, el gobierno de Costa Rica puede emitir colones; los hogares costarricenses no. El equiparar la deuda en colones del gobierno de Costa Rica (emisor de colones) con las deudas de los hogares costarricenses (usuarios de colones) es lo que se conoce como la “falacia del hogar”. Ahora bien, es vital reconocer que, aunque la capacidad del gobierno tico de obtener colones sea infinita, existen límites que nos permiten reconocer cuando el gobierno inyecta más dinero en la economía de la que esta puede manejar. Uno de estos límites es la inflación (un aumento generalizado en el precio de bienes y servicios), y muestra que la solución a nuestros problemas es más compleja que simplemente “imprimir” dinero. Sin embargo, la gran utilidad de reconocer la “falacia del hogar” es que nos permite distinguir entre los límites reales (inflación, recursos materiales disponibles, entre otros) y los límites imaginados (un valor específico de deuda pública en colones que se considere arbitrariamente peligroso, como establece la regla fiscal). En el caso de que la deuda esté denominada en una moneda extranjera, el gobierno puede ser incapaz de pagarla. Un ejemplo de esto es Grecia, que entró en una severa depresión en el año 2009. Ante la incapacidad de obtener financiamiento en una moneda que no es propiamente suya, el euro, comenzó a aplicar fuertes programas de ajuste macroeconómico enfocados en la reducción del gasto público y los salarios, el aumento de los impuestos y la privatización de instituciones, la misma receta que hoy nos ofrecen en Costa Rica. Estas medidas han tenido un impacto social sumamente negativo,[5][6] y se estima que la recuperación económica de Grecia tomará 15 años más.[7][8] No en vano las deudas públicas de países desarrollados como Estados Unidos, Australia y Japón, tienden a ser exclusivamente en moneda nacional.
Como señalamos anteriormente, la economía no debe ser un fin en sí misma, sino ponerse al servicio de la sociedad. Debemos reconocer que no existe como una mera abstracción en el vacío, sino que se desarrolla en un contexto social y de estructuras legales que le dan forma. En ese marco, es importante no simplificar elementos clave como la deuda pública con discursos como la falacia del hogar, al igual que entender que el déficit es una herramienta fundamental de toda economía moderna, pues permite la acumulación de riqueza en diferentes sectores. Aunque no corremos el riesgo de declararnos en bancarrota por nuestra deuda en colones, sí lo hacemos con una deuda en dólares. Este es un hecho que no debe pasarse por alto cuando se habla de endeudamiento en monedas extranjeras, dado que las políticas de austeridad que se usan para evitarla bancarrota tienen un alto costo social. No obstante, existen riesgos reales de un déficit muy alto en moneda nacional, como la inflación. Este riesgo inflacionario se debe analizar más profundamente, y es dicho análisis el que permitiría evaluar el tamaño del déficit que nos podemos permitir. Por lo tanto, tampoco es conveniente reducir la solución a la “impresión” de dinero. Además, en otros espacios se ha mencionado el impacto que estas políticas pueden tener en las tasas de interés, los impuestos y el tipo de cambio. Todos estos son temas que requieren un análisis aparte, pero que sin duda debemos también reinterpretar si queremos buscar soluciones a los problemas que enfrentamos.
5. Referencias
Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de Hogares Julio 2020. Resultados generales. Vol. 1, año 9. San José, Costa Rica, Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2020.
Instituto Nacional de Estadística y Censos. Trimestre móvil Junio-Julio-Agosto 2020. Encuesta Continua de Empleo. Principales indicadores. Vol.1, año 1. San José, Costa Rica, Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2020.
Kelton, Stephanie. The Deficit Myth. Modern Monetary Theory and the Birth of the People’s Economy. London, UK: John Murray Publishers, 2020.
El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) concibe una «mesa de negociación» para debatir sobre medidas y acciones tendientes a cambiar el rumbo económico, después de 40 años de neoliberalismo.
Desde BUSSCO ratificamos nuestra disposición al diálogo y a la negociación, no creemos en un esfuerzo de diálogo para diseñar una nueva propuesta negociadora con el FMI, sino para encontrar propuestas equilibradas que posibiliten salidas en beneficio de las mayorías. BUSSCO es firme en señalar que el FMI no es la vía para la solución de nuestros problemas.
Una negociación real para enfrentar la crisis y superar el modelo neoliberal.
Se debe abrir un proceso de negociación que aborde temas urgentes como el Fraude Fiscal: evasión de IVA e ISR, elusión fiscal del comercio exterior, reestructuración de la deuda pública, exoneraciones y privilegios fiscales al gran capital corporativo. También, un sistema tributario progresivo, fortalecimiento del mercado interno, generación de empleos, salarios dignos, servicios públicos de calidad, universales y sostenibles, así como garantizar la libertad sindical.
Nuestra agenda para enfrentar la crisis incluye la eliminación del IVA a servicios básicos, el impulso a un salario mínimo para trabajadores desempleados, subempleados y en condición de pobreza, el fortalecimiento de la CCSS y la salud pública, ampliación del gasto público como mecanismo para reactivar la economía, nos oponemos a la privatización del INA y la FANAL al desfinanciamiento de las instituciones y a orientar los recursos exclusivamente al pago de deuda pública. Promovemos la creación de un impuesto permanente a las grandes riquezas para financiar la lucha contra el COVID-19 y la reconstrucción económica.
Las organizaciones pertenecientes a BUSSCO, rechazamos vehementemente la negociación con el FMI que promueve la venta de activos estatales, aumento de impuestos al consumo, reducción de en inversión social y pérdida de soberanía en el manejo de nuestras finanzas públicas y a los proyectos que precarizan y eliminan derechos laborales.
Deben existir condiciones mínimas para crear un proceso de negociación realista y viable, participativo y en igualdad de condiciones para todos los actores económicos, sociales y políticos y con una agenda amplia sobre los temas urgentes y no limitada a un único punto.
No concebimos un diálogo real, mientras en la Asamblea Legislativa avanzan proyectos como Empleo Público, eliminación de la jornada de 8 horas, eliminación de anualidades, sobre salario escolar y cualquier proyecto que violente condiciones y derechos laborales para generar una real confianza en la mesa.
Reiteramos nuestra voluntad y disposición al diálogo, a fin de encontrar soluciones a los principales problemas que enfrenta la sociedad costarricense, pero para ello, se requiere de la voluntad política, sin imposiciones de diseño, composición y metodología como lo ha planteado el gobierno y el Estado de la Nación.
15 de octubre, 2020. BUSSCO
PODER SINDICAL Y SOCIAL CONTRA EL MODELO NEOLIBERAL
A mí me llama mucho la atención que ninguno de los partidos con representación parlamentaria, con la sola excepción del Partido Integración Nacional, lo haya dicho así. Todos dicen: “Bueno, tengamos cuidado con eso, hagamos tal cosa, propongamos tales cambios, no aceptamos tales o cuales propuestas”, pero nadie ha dicho: “No al acuerdo”. La llamada clase política, incluido el Frente Amplio, da por sentado de hay que llegar a un acuerdo con ese organismo, cuya presencia, piensan, es tan natural como ver salir el sol por el este cada mañana.
Veamos. Estamos pidiéndole al FMI un crédito por 1.750 millones de dólares, pero el Banco Central, que es del Estado, que es de los costarricenses, tiene una reserva monetaria de 8.000 millones de dólares. La fórmula es muy simple: el Poder Ejecutivo, a través de su Ministerio de Hacienda, emite bonos por una cantidad de dinero, digamos 2.000 millones de dólares, y el Banco Central se los compra al gobierno baratos, digamos al 2%, que es el precio a que están colocados.
Con ese dinero que ya tenemos no hace falta que venga el Fondo aquí. El gobierno podría hacer, por ejemplo, una recompra de deuda que es uno de los rubros que más pesan desde el punto de vista fiscal. Nosotros tenemos una deuda gigantesca cuyos acreedores son en algunos casos organizaciones sociales (por ejemplo, los fondos de pensiones), pero sobre todo el acreedor es la enorme plutocracia, los grandes ricos que se hacen más que millonarios año con año cobrándole al Estado intereses muy altos por su deuda, por esos bonos, que tienen los intereses altos y además son muy seguros.
Por supuesto que esta propuesta no es aceptada por UCCAEP, cuyos miembros reciben millones como acreedores, ni tampoco el presidente del Banco Central. Dicen que esa medida es peligrosísima y pone al país al borde de una inflación galopante. Pero eso no es cierto.
Las reservas actuales, esos 8.000 millones de dólares, equivalen a un 16% del PIB. Pero el país ha tenido recientemente reservas menores: 2.300 millones 14% del PIB) en el 2007; 3.700 millones (=10% del PIB) en el 2010; 4.600 millones (=11% del PIB), en el 2012. Las reservas eran menores y el país no se hundió en el desamparo.
Lo que ocurre es que el déficit es una excusa para amarrar con el FMI un acuerdo que nos obligue a cosas que todavía no confiesan: vender los bienes del estado, reducir derechos laborales, acabar con el estado de seguridad social. Ya lo hicieron con el TLC, que fue excusa para lograr lo que no pudieron antes por la protesta popular, que fue “abrir los monopolios” (es decir, privatizar, al menos en parte) de las telecomunicaciones, la electricidad, los seguros.
Segundo: ¿Por qué no es deseable ese acuerdo con el FMI? El Fondo Monetario Internacional no es una entidad financiera. Ese es un nombre equivocado que le damos. No se hizo para financiar, se hizo para intervenir, se hizo para imponer a los países fórmulas de tipo económico y de tipo fiscal y de tipo social. Si yo quiero comprar una casa, yo voy al Banco Nacional, le doy todos mis atestados y el Banco los estudia. Si califico, me dan el préstamo para comprar mi casa y punto. Pero el Banco Nacional no me dice de qué color tengo que pintar las paredes, ni de qué marca tienen que ser los electrodomésticos que compre, ni en qué lugar tengo que poner la cama. En cambio, el Fondo Monetario Internacional nos dice todo eso, nos exige; es un instrumento no para financiar sino para obligar al país para doblegar su soberanía y obligarnos a cambios estructurales en materia económica y social, y los que están planteando ahora son sencillamente catastróficos.
Costa Rica frente al Fondo Monetario Internacional
Un pequeño país, con una economía precaria y en una situación de recesión inducida por la pandemia del COVID 19 observó como su gobierno recurre con candidez al apoyo del Fondo Monetario Internacional. Es algo así como le sucede al padre de familia sin empleo ni dinero que recurre a un prestamista, agiotista, mejor dicho, para evitar que su familia muera de hambre.
La sociedad ha creado esta función, el prestamista, que es frecuente en el mundo de los pobres, asalariados, carentes de riqueza. Es un alivio provisional que pronto se vuelve en un tormento. El capitalismo internacional por medio de los gobiernos de las grandes potencias, en especial los Estados Unidos, el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial, que le dio la posibilidad de crear la estructura económica favorable a sus intereses, es el gestor y dueño del FMI.
El FMI es uno de sus instrumentos de dominación económica, el más importante, para controlar a los países subdesarrollados. Es un instrumento poderoso del capitalismo internacional, representado por el Gobierno Estadunidense Americano, que mediante préstamos a países en dificultades económicas, establece reglas que lo mantendrán alineados estrictamente, evitando cualquier viso de desarrollo independiente. Se le exige siempre al país endeudado la reducción del gasto público y del aparato estatal, previendo que pueda ser factor determinante en inversiones que el sector privado del país en cuestión no las puede hacer. Se afirma por parte del FMI que una deuda reducida y un gasto público decreciente son determinantes del crecimiento económico del país, lo cual no siempre es cierto y muchas más veces es falso.
Obviamente los Estados Unidos de América no tiene nunca que recurrir al FMI, que se abstiene de opinar sobre la política económica de ese país, a pesar de tener ese país una deuda pública mayor al 100% de su Producto Interno Bruto. Como en el orden económico mundial está establecida la dominación monetaria, en donde el US$ es la moneda de intercambio internacional y de acumulación de valor, la Reserva Federal del gigantesco país, que funge como banco central emisor, sostiene la deuda de su gobierno con millonarias emisiones. Mientras los países periféricos subdesarrollados tienen que acumular en sus bancos los billetes verdes del país emisor y no los pueden usar aún cuando no tengan con que pagar sus deudas. ¿Por qué? porque el Capitalismo Internacional, mediante sus calificadoras de riesgo, los tiene amenazados de dejarlos fuera de sus inversiones y préstamos.
A.-) ¿Por qué en Costa Rica algunos tienen temor y prejuicios sobre la emisión monetaria?
La estructura económica tiene dos subestructuras concatenadas, una real y otra ficcional. Lo real son los bienes materiales, las ciudades, las estructuras públicas, a saber, puertos, aeropuertos, carreteras, centrales eléctricas y todos los demás bienes de producción y de consumo, en manos privadas o públicas. Todo lo económico real está aparejado por una ficción matemática; se ha establecido una moneda, que es ni más ni menos que una unidad de medida, mediante la cual se mide el valor de todos los bienes económicos reales. Ella por si sola no tiene valor real, pero tomada como tal, o sea, si es aceptado por todos, un valor ficticio convencional, o cercano a ella, se convierte en un acumulador de valor y en un medio de intercambio. Es decir, cobra realidad. Así quien tiene el poder de emitir moneda, dinero, tiene la capacidad de acrecentar su riqueza muy por encima de la riqueza real que verdaderamente ostenta. En eso consiste el negocio bancario, reciben depósitos guardan un mínimo de dinero como reserva, lo prestan y vuelven a recibir depósitos de ese mismo dinero, así repiten indefinidamente el proceso creando más y más dinero.
La FED, la federación de bancos de la Reserva Federal, quien es el emisor del omnipresente US$, ha estado haciendo emisiones continuas, a pesar de que en el 2008 se consideró que ya había llegado al límite de sus posibilidades. Estas emisiones son usadas para comprar letras del tesoro, mediante las cuales se financia el enorme déficit del gobierno federal y para financiar a los bancos comerciales. El señor Ben Bernanke, quien comandó la FED por 14 años y quien fue el sucesor del connotado señor Greenspan, quien se retiró en el 2006 y fue acusado de provocar la crisis del 2008, continuó la misma política expansionista de su antecesor. Se le llamó el señor helicóptero, porque alguien decía que se debía repartir dinero desde esa aeronave. Ambos disminuyeron el encaje legal de los bancos para que estos crearan y crearan más dinero.
Siempre existe el peligro de que la expansión monetaria no se trasforme en riqueza real mediante la producción y rebote produciendo inflación. Eso puede suceder cuando hay ocupación plena, que constituye el límite para la producción. Entonces y solo entonces el exceso de dinero y su velocidad de circulación hace aumentar los precios provocando la inflación, en cambio cuando hay capacidad de aumentar la producción “la ficción se vuelve realidad”.
Pero además el límite del dólar se estira sobre el de cualquier otra moneda, porque siendo la moneda de intercambio internacional este sobre pasa la capacidad de su país de origen y ejerce presión para aumentar la producción de otros países. El caso más connotado en los últimos treinta años ha sido China. Y si esto no fuera suficiente, se cuenta con una red de bancos mundiales que acumulan la moneda como riqueza, en respaldo no sabemos de que ya que la única razón que dan es tener reservas para financiar meses de importación, como si desapareciendo las exportaciones, no por ello no disminuirían las importaciones.
El Fondo Monetario Internacional y las calificadoras de riesgo son los cancerberos del dólar, cuidan que los bancos centrales conserven celosamente sus reservas monetarias, apartándose de las necesidades de su país y de su gobierno, y ni siquiera en casos de absoluta necesidad, como es el caso de la pandemia actual, les permiten ni siquiera pensar en hacer uso de ella
Las medidas sanitarias establecidas para combatir la pandemia han causado un deterioro trascendente del proceso económico, cuya magnitud es de una dimensión pocas veces vista en circunstancias anteriores.
La disminución de la producción y del empleo es de consecuencias graves para toda la comunidad, ante ella la responsabilidad del Estado como un todo es enorme e ineludible. El gobierno de la República y todas sus instituciones deben tomar las decisiones correctas para enderezar el rumbo de la economía.
La decisión más importante de todas ellas es la inversión pública extraordinaria que debe hacerse para generar producción y empleo.
El Estado, por medio de su Banco Central, es el ente emisor del medio de pagos de nuestra sociedad, y el dinero es el instrumento básico con que se mueve la actividad económica.
Ante la situación en que nos encontramos es necesario que el Estado emita el dinero necesario para reactivar la economía por medio de la inversión pública. Para ello no es necesario que continúe endeudándose con terceros cuando lo puede hacer con sí mismo.
Veamos: ¿De dónde proviene el temor, casi un tabú para muchos, de que el Banco Central le preste al Gobierno, para que este invierta por sí mismo o pague su deuda con la Caja Costarricense de Seguridad Social, para que esta invierta en la construcción y equipamiento de las instalaciones clínicas y hospitalarias?
Una errónea interpretación de una teoría económica ha causado esta aterrorizada actitud ante la llamada, por algunos, emisión inorgánica de dinero; a la cual se le atribuye la “pandemia” de la inflación.
Lo cierto del caso es que no en todas las contingencias sucede lo mismo y por el contrario de lo que algunos creen, en situaciones como la actual es necesario y obligatorio que se actúe con decisión, como solo un estadista con visión sería capaz de hacerlo.
Veamos porque decimos que una emisión monetaria extraordinaria sería conveniente y no generaría inflación. La teoría monetaria o monetarista dice que la emisión monetaria, multiplicada por la velocidad de circulación del dinero, V, debe ser igual a la cantidad de transacciones económicas, T, multiplicadas por los precios, P.
Esa igualdad se presenta así: M x V = T x P.
Luego si la economía está en pleno empleo las transacciones son constantes y la velocidad de circulación del dinero también, ya que la gente no tiene por qué cambiar su patrón de gastos, entonces si se hiciera una emisión monetaria que aumentara la cantidad de dinero en poder de la gente, esto provocaría un aumento en el nivel de los precios en la otra parte de la igualdad y se estaría desatando la temida inflación.
Pero hoy en día la situación es muy distinta a la descrita en párrafo anterior, estamos lejos del pleno empleo, mucha gente está desocupada o recibiendo menos ingresos, y los que no, están precaviendo situación en deterioro, lo que los ha llevado a un gasto menor al habitual, entonces la velocidad del dinero ha disminuido y eso se ha manifestado en un aumento de las cuentas en los bancos y en una disminución de los nuevos créditos. Queda implícito en lo anterior que las transacciones tampoco son las mismas.
Ahora bien, si la emisión monetaria aumentara, y se concretara en préstamos del Banco Central al Gobierno, dada la depresión de la actividad económica y la menor velocidad de circulación del dinero, no tendría por qué aumentar el nivel de los precios, por el contrario serían las transacciones económicas las que se verían incentivadas y si el Estado usa el dinero en inversiones públicas o en crédito barato para la inversión privada, así sería.
Veámoslo mediante una representación numérica:
Si antes de la pandemia M fuera 1000, V fuera 10, entonces si T=100, P=100.
La igualdad sería: 1000 x 10 = 100 x 100.
Si en la época del –cobid 19 ; la emisión monetaria fuera la misma y los precios casi no han variado y las transacciones han disminuido. por ejemplo a 80, y la velocidad del dinero disminuid a 8, el resultado será la siguiente igualdad :
1000 X 8 = 80 x 100.
(Suponiendo una velocidad de circulación que satisfaga la igualdad y un nivel de precios igual al anterior.)
Si mediante una emisión monetaria extraordinaria del BCCR la cantidad de circulante aumentara a 1200, lo que pasaría seria lo siguiente:
1200 x 10 igual a 120 x 100
El aumento se daría en las transacciones y no en los precios a pesar del lógico aumento de la velocidad de circulación del dinero.
B.-) ¿Cuál es la problemática económica que nos ha ocasionado la pandemia?
La pandemia ha desatado una recesión, ha inducido una recesión y se hace necesario un Ajuste Económico.
Si bien en el cortísimo plazo el gobierno ha actuado para solventar las necesidades más apremiantes mediante el uso de financiación de organismos internacionales, aunque esto está bien, no es suficiente.
El combate a la pandemia del Coronavirus Covid-19 ha provocado un deterioro grave del proceso económico. Todos nos preguntamos: ¿Qué es lo que hay que hacer para recuperar la economía?
Sí sabemos que el deterioro de la actividad productiva no volverá al estado anterior a menos que se haga un esfuerzo extraordinario. El peor flagelo a que nos vemos sometidos es el desempleo, causa de innumerables problemas sociales y el cual es imposible de subvencionar, no solo en el largo plazo sino también en el corto y mediano plazo.
Tenemos un alto índice de desocupación, el mayor de América Latina y esto conlleva una lógica depresión del ingreso de las familias, lo cual es a no dudarlo el principal problema que enfrentamos. Lograr reducir la desocupación debe ser nuestro mayor anhelo y tomar las decisiones políticas para lograrlo, nuestra mayor tarea.
El periódico diario La Nación en su editorial del día lunes 21 de septiembre encabeza diciendo: “Aumento Alarmante del desempleo”. Y a continuación nos muestra las cifras que reveló la encuesta continua de empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El hallazgo de esta encuesta en el trimestre de mayo a julio del presente año que el porcentaje de desocupados ascendió al 24 % de la fuerza laboral, es decir, 557.000 costarricenses buscaron empleo y no lo encontraron. Este dato no nos muestra el número de personas que han desistido de buscar trabajo ni tampoco las personas con subempleo de menos de 40 horas por semana. El 54% de la desocupación son personas que no terminaron su educación formal, y eso nos está indicando que clase de empleos debe crearse para ser ocupado por ellos.
Es obvio que sin trabajo no hay producción, estamos ante una disminución de la producción significativo, PIB que es el indicador que usamos para valorar nuestra deuda pública, y como lo dice el ex ministro de hacienda Señor Rodrigo Chávez: “Acuérdense que la razón deuda/PIB, que es el principal indicador que el fondo monetario quiere modificar, también depende del PIB. Si el PIB crece, la Deuda/PIB decrece”
El también exministro de hacienda señor Thelmo Vargas dice: “La solución obvia es volver a crecer, a alta velocidad y cuanto antes”, para lo cual propone incentivos a la inversión privada y también “la concesión de obra pública nueva y existente”.
Ya en el año 2015, Mario Dragui, presidente del Banco Central Europeo, advertía del peligro de la histéresis que sucede cuando el desempleo coyuntural se trasforma en desempleo estructural. Si la persona pasa un período largo desempleado se le hace cada vez más difícil reintegrarse al trabajo.
Eso no nos es extraño, ya tenemos un desempleo de larga data ¿Qué pasaría entonces si el desempleo coyuntural provocado por la pandemia también se nos vuelve endémico?
Veamos cual es la situación desde la perspectiva económica actual:
1. Hay sectores económicos paralizados. 2. El desempleo se incrementó peligrosamente. 3. Las transacciones económicas disminuyeron. 4. La velocidad de circulación del dinero ha disminuido. 5. Ha aumentado la morosidad en los créditos. 6. La mayoría de la población está endeudada. 7. Hay muy pocas oportunidades de inversión. 8. El gobierno tiene un déficit fiscal y una deuda creciente. 9. El valor de la moneda se mantenía estable, en los primeros meses, pero ha comenzado a disminuir. 10. El Banco Central tiene un acopio de moneda internacional muy importante.
C.-) ¿Cuál es entonces el paso necesario para iniciar un proceso de reactivación?
La clave está en el Banco Central. Es el único actor económico que tiene posibilidades de impulsar la economía.
Por tres razones:
Es necesario generar inversión y para ello se necesita dinero. El BCCR es quien puede aumentar la emisión monetaria y financiar al gobierno y las instituciones públicas para generar inversión en obra pública.
El Banco Central tiene capacidad de monitorear la estabilidad de la moneda con los recursos que tiene como reservas de tal manera que si se produjera un aumento de los precios por variación en el tipo de cambio este fuera suave o moderado.
Costa Rica ante la grave situación en que se encuentra está solicitando un crédito al Fondo Monetario Internacional. Este organismo se apresta a poner montura y rienda a nuestro país para gobernarnos económicamente.
Si bien las consecuencias de la atención y prevención de la pandemia están afectando los fundamentos de la organización social y económica de nuestra población, nuestro Estado tiene la capacidad de establecer la política y los instrumentos económicos para salir delante de la crisis. No debemos ceder nuestra soberanía por un puñado de dólares.
Veamos cual es la situación en que nos encontramos y cuales puede ser la salida que nos permita superar la crisis creada por la pandemia.
Tenemos un alto índice de desocupación, el mayor de América Latina y esto conlleva una lógica depresión del ingreso de las familias, lo cual es a no dudarlo el principal problema que enfrentamos. Lograr reducir la desocupación debe ser nuestro mayor anhelo y tomar las decisiones políticas para lograrlo, nuestra mayor tarea.
D.-) ¿Crédito disponible, a bajas tasas de interés y incentivos fiscales a las empresas serán la solución que esperamos para hacer crecer la producción y el empleo en forma acelerada?
Premisa fundamental que encontramos en cualquier libro de finanzas o de administración de negocios es la siguiente: “el planeamiento financiero de la empresa comienza con un pronóstico de ventas”
Toda empresa privada produce para vender en el mercado, por lo tanto, es el pronóstico de ventas la variable más importante para realizar una inversión, luego vienen las condiciones financieras y tributarias que servirán para establecer los términos de la inversión a realizar. El problema es que el mercado está super deprimido, son pocos los nichos de mercado que son favorables para la inversión y no es previsible a mediano plazo que esa situación sea diferente. El caso más significativo es el turismo, y ese sector dadas la circunstancia internacional se repondrá muy lentamente y no es posible prever cuando alcanzará la magnitud anterior a la pandemia.
En conclusión, los incentivos tributarios, que algunos economistas y ex ministros proponen, no servirán para incentivar la inversión; tampoco lo hará el crédito barato que ofrezca el sistema bancario nacional con base en los préstamos del Banco Central. Tómese en cuenta la lentitud con la cual crece actualmente el crédito bancario y el crecimiento inusual de los saldos en las cuentas bancarias. Eso nos está indicando la baja velocidad de circulación del dinero y la disminución de las transacciones económicas. Que también se reflejan en un índice de precios con disminuciones mensuales que son reflejo de la recesión económica que sufrimos.
Recuérdese que hace tres meses nada más la variación interanual de los bancos públicos estaba cerca de cero por ciento y la variación en crédito en dólares en menos doce por ciento. No creo que esos porcentajes hayan variado mucho en estos últimos meses. En compensación y dado el aumento en los saldos de las cuentas corrientes y de ahorros de esos bancos, su inversión en bonos de Hacienda ha tenido un aumento que hasta abril pasado llegó a ser de i,79 billones de colones. Esto significa un incremento del 37% respecto al saldo de diciembre anterior. Decía el reportaje de La Nación que el jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras había explicado que la ralentización de la demanda del crédito obliga a los bancos a buscar opciones de inversión. Otros datos dados en el reportaje del periódico citado fue el aumento del saldo de la cuenta corriente de la banca pública y privada, que pasó de 2,87 billones en diciembre anterior a 3,93 billones de colones en mayo de este año. A todo esto, las tasas de interés estaban y están en mínimos históricos.
El índice mensual de actividad económica, IMAE, muestra variaciones negativas desde marzo de este año, en julio la variación interanual fue de un 7,8 %, eso significa una contracción de nuestra economía. El Banco Central estima que la producción se contraerá como nuca antes, el déficit será el peor que se ha registrado, el crédito no crecerá y los riesgos para un mayor deterioro persisten. La previsión del BCCR apunta a una contracción del 5% del PIB.
No creo necesario seguir aportando evidencia de la “pandemia económica” que estamos afrontando y tampoco de la necesidad de torcer el curso de los acontecimientos para lograr de nuevo el crecimiento. Es evidente que la actividad económica privada no volverá a crecer si no crece la demanda, y ante este círculo económico vicioso solo hay un actor que puede actuar para romperlo.
Y ese actor económico que está por encima de las exigencias del mercado y que es capaz de actuar con propiedad, y es más con responsabilidad histórica, es el Estado.
Y pensar que algunos lo quieren desmembrar cuando nunca en tiempos de bonanza fueron capaces de mejorar su estructura y su funcionalidad.
Todos los países en esta época aciaga de pandemia han recurrido a la emisión monetaria y al crédito público Los Estados Unidos de América tendrá un déficit fiscal del 18% del PIB y el coeficiente deuda/PIB superará el 100%. Recuérdese que USA para financiar la Segunda Guerra Mundial llegó a acumular una deuda equivalente al 119%. Ahora se enfrentan a una problemática más grave que una guerra, ya que esta generó empleo, mientras la pandemia de hoy está generando desocupación. Así como la economía americana se repuso en aquella ocasión aumentando la producción ahora lo podrá también superar si se proyecta hacia el crecimiento económico. No es reduciendo el gasto público como lo puede lograr, es aumentando este para generar una mayor demanda que reactiva las empresas a producir y vender.
En Costa Rica debemos también financiar la reactivación, para lo cual debemos aumentar nuestra deuda pública mediante créditos a baja tasa de interés y de largo plazo. Estos dos factores son muy importantes, pero lo es más el destino que se le de a los recursos provenientes de los préstamos. Debemos hacer inversiones que además de generar mucho empleo, para los puestos de trabajo que requieren los desocupados, deben ser estratégicos para generar producción y que esta mejore su competitividad internacional. Como ejemplo básico pongo la urgencia de modernizar el puerto de Caldera y poner a funcionar el ferry con el puerto de Acajutla en El Salvador. Ni que decir de las vías que van a los puertos y a las fronteras y las que terminaran con el entrabado vial del Área Metropolitana. Y con repercusión social y económica la construcción extensiva ya acelerada de vivienda popular y de centros educativos.
E.-) ¿Quién puede decirnos que estas inversiones no serían un disparador para la empresa privada?
Todas las obras públicas las construyen empresas privadas. Todos los materiales, herramientas, maquinarias y repuestos las producen, las importan y las venden empresas privadas. Todos los empleos que se generarían son demandantes de productos de las empresas privadas.
F.-) ¿Que podría aplicarse de los impuestos propuestos por el Gobierno?
Respecto al financiamiento del Gobierno mediante nuevos impuestos debo opinar lo siguiente para cada uno de ellos:
Impuesto a transacciones y retiros en los cajeros automáticos.
Cubre en forma casi absoluta todos lo movimientos de dinero que pasan por las entidades bancarias y financieras. Se dice que este impuesto generaría un 3% del PIB, yo me pregunto, ¿de cuál PIB, de cualquier de los montos que adopte el PIB? Si es tan absoluto que prácticamente grava toda actividad económica, una y otra vez, sobre el mismo ingreso de la persona, entonces porque no convertirlo en impuesto único, sustituyendo el impuesto a la renta y al salario, eso sí dando un perfil progresivo hacia los de mayor ingreso. Si no me parece que mediante él tal y como está propuesto, se estaría gravando por segunda vez una misma transacción económica. Por ejemplo, el salario paga un tributo, y si al depositarlo en la cuenta del trabajador se e cobrara también la tasa cobin, eso significaría una doble imposición. Otro ejemplo, si compro un bien que paga el IVA y lo hago con una tarjeta pagaría un segundo impuesto por una misma compra. Si quiero hacer la compra con dinero efectivo, voy al cajero y saco el dinero, igual me cobrarían este nuevo impuesto. Este impuesto al igual que el impuesto de renta debería regirse por una tabla con excepciones para pensiones y sueldos menores a 840 mil colones y para compras menores a medio millón de colones.
Por otra parte, me pregunto lo siguiente: ¿si el gobierno estaría exento de pagar este nuevo tributo, porque la Caja Costarricense de Seguro Social, agobiada en su actuar y en sus ingresos por la pandemia, debería pagarlo?
Impuestos sobre las remesas al exterior
Es un incremento de un 5% sobre impuestos que ya están legalizados según la reforma fiscal aprobada en 2018, se estima un resultado del un 0,18% del PIB lo cual resulta poco significativo, se plantea como temporal y a mi parecer debería ser permanente.
Sobre tasa de un 10% sobre el impuesto de renta.
El impuesto de renta es progresivo, en igual forma lo debería ser el aumento que se propone a efecto que no distorsione el efecto progresivo.
Impuesto sobre la propiedad.
Este gravamen no debería afectar a los productores agrícolas con pequeña propiedad y residentes permanentes en su finca, tampoco a los propietarios de viviendas cuya única propiedad sea su casa de habitación. Si debiera ser permanente para los propietarios de tierras en desuso, sean agrícolas o urbanas, no así las dedicadas a la arboricultura, silvicultura, y otros usos.
Reducir el gasto público, vender empresas del Estado y aumentar los impuestos: básicamente, son las tres recetas que el gobierno sugiere para negociar un préstamo con el FMI.
Quisiéramos sugerir que las dos primeras podrían ser desastrosas y la tercera debería ser revisada, entre otras cosas para eliminar exoneraciones a sectores como las zonas francas y normas que permiten a grandes empresas ocultar sus ganancias y no pagar nada al fisco.
Un estudio de la OCDE sobre la economía de Costa Rica (siempre lleno de generalidades y sesgos ideológicos), de junio pasado, señala que, como resultado de la pandemia el Producto Interno Bruto (PIB) podría reducirse un 22% este año: el turismo ha colapsado; la tasa de desempleo está aumentando; alrededor de 7100 empresas, que emplean a más del 8% de todos los trabajadores, han solicitado ser incluidas en el régimen temporal de trabajo que les permite reducir las horas de trabajo y los salarios. El estudio reconoce también que la demanda interna se debilitará, ya que las medidas para controlar la pandemia impactan el consumo y la inversión.
Reducir el gasto público
En ese contexto, ¿qué sentido tiene reducir el gasto público?
Como los efectos de la Covid 19 en la economía mundial (y en la nuestra también) durará un tiempo largo, difícil aun de precisar, es necesario que los gastos reflejen nuestras prioridades para hacer frente a este desafío.
La crisis de la Covid 19 y la recesión ofrece una oportunidad única para repensar el papel del Estado, tanto sobre sus relaciones con las empresas privadas como con los empleados públicos y con las personas a las que ofrece todo tipo de servicios.
La vieja creencia de que el gobierno es una carga para la economía de mercado ha perdido toda credibilidad, señalaron recientemente dos economistas destacados, Mariana Mazzucato y Antonio Andreoni. La reciente revelación de cómo los dineros de la CCSS se destinaron a financiar La Nación son una muestra contundente de cómo el sector privado depende del público.
Si no se compensa con dinero efectivo a empresas, trabajadores autónomos y asalariados, mientras no tengan ingresos, la economía irá directamente a la catástrofe; se dispararán la pobreza y todo tipo de problemas sociales, dijo el economista español Juan Torres. Se refería a la situación de su país (por cierto mucho más endeudado que el nuestro), pero no hay razón para pensar que la recomendación no se aplica también aquí. Pero nos quieren convencer de lo contrario.
Los salarios del sector público son casi un 50% más altos que los del sector privado en Costa Rica, como lo reconoce la OCDE. Parecería sensato, en las actuales circunstancias, pensar que es indispensable mejorar las condiciones de trabajo en el sector privado. Pero no es así.
El pasado 28 de septiembre un economista costarricense publicaba en La República un artículo en el que señalaba, en tono crítico, que los “Salarios de empleados público son el doble de alto que en empresas privadas”. Reconoce también que si bien el salario promedio del sector público cae un 6,2% con respecto a marzo, como consecuencia de la pandemia, los privados caen un 9%, mientras los del gobierno central aumentan un 1,7%.
Dejemos por ahora de lado observaciones sobre el estudio de ese economista, naturalmente sesgado en cifras y conclusiones. Para el autor, de lo que se trata (también lo propone la OCDE) es de promover de forma urgente una “verdadera ley de empleo público que ordene el sistema salarial del sector, pasando a todos los funcionarios a un esquema de salario único para acabar con la perversidad de los pluses o incentivos salariales».
Es evidente la conveniencia de ordenar al régimen salarial del sector público que, con el tiempo, fue generando distorsiones entre las diversas instituciones. Pero la idea de esa “ley de empleo público”, tal como planteada, es llevar el sector al nivel del sector privado. En opinión de la ministra de Planificación y Coordinadora del Equipo Económico, Pilar Garrido, un sistema de salario único “permitiría al Estado un ahorro de 243 mil millones de colones al año”.
¿Tiene sentido esto? ¿El Estado ahorra 243 mil millones de colones a costa de los costarricenses, propuesta hecha cuando lo que hace falta es garantizar ingresos suficientes a todos e inyectar recursos a la economía para evitar que colapse? Ese “ahorro” es dinero que Garrido propone sacar del bolsillo de los costarricenses, probablemente para pagar intereses de la deuda o –quien sabe– financiar proyectos “público-privados” cuyo costo para el Estado y para los costarricenses termina siendo desmesurado.
Esa visión miope y mezquina está detrás de todo el paquete económico propuesto por el gobierno. Quieren reducir el sector público, Pretenden cobrar impuesto al aguinaldo, acabar indefinidamente con los reajustes cuando la deuda supere el 50% del PIB. Una condición que la OCDE sueña con que la incorporemos a nuestra Constitución y que se hará eterna –como lo saben bien quienes hicieron una norma– pues difícilmente el país logrará rebajar su deuda a ese nivel en un tiempo previsible. Para tener una idea de lo que esa meta representa vale recordar que a finales de 2019, la deuda pública en la OCDE representaba 72,6% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países miembros.
Consideraciones todas que nos llevan a la conclusión de que el gasto público debe incrementarse y mejorarse.
Vender empresas del Estado
También ha propuesto el gobierno vender empresas públicas.
El nuevo presidente de la Unión de Cámaras (UCCAEP), Álvaro Jenckins, empresario de la caña con empresas en zonas francas, –también miembro del grupo empresarial Horizonte Positivo, que hoy le habla al oído al presidente Alvarado–, no solo defiende el modelo sino que tiene interés en comprar Fanal, que el gobierno quiere privatizar.
En reciente entrevista Jenckins recordó los primeros contactos con Alvarado, cuando este era funcionario del IMAS en el gobierno de Luis Guillermo Solís y se creó Horizonte Positivo.
Calculan el precio de venta de Fanal en doce mil millones de colones; pero la empresa aporta once mil millones a las arcas del Estado por año. Cosa similar ocurre con Bicsa, la otra empresa que quieren privatizar, con el argumento de que, con esos recursos, se reducirá la deuda pública.
Hace 30 años –dijo Ottón Solís, economista y fundador del PAC– “se demostró que la opción del efímero y falso heroísmo ante una aguda crisis fiscal, sólo conduce a convertir en inevitables reformas estructurales”, en larga nota en la que defiende las iniciativas del gobierno.
Pero lo cierto es que, en estas materias, no hay nada “inevitable”. Lo ocurrido hace 40 años (no 30), en el gobierno de Rodrigo Carazo, no tuvo nada de “falso heroísmo”. Como tampoco la crisis fue resultado inevitable de los esfuerzos hechos entonces por el gobierno para enfrentar el déficit fiscal y los compromisos de la deuda sin afectar los servicios públicos, como los de salud y educación.
Que las políticas de Carazo no fueron la causa de la crisis lo demuestra la situación del país hoy donde, 40 años después y de una continuada aplicación de políticas contrarias, estamos frente a los mismos (o peores) desafíos que los de entonces.
Hoy se conoce bien los intereses que estaban detrás de los esfuerzos por ahogar las políticas del gobierno de Carazo. Se trataba de iniciar un proceso de ajuste estructural, de asalto al sector público y de privatizaciones, particularmente el del sector bancario, que se inició entonces con recursos de la AID norteamericana.
No se trató de generosas concesiones de los Estados Unidos, en el escenario de su lucha contra el gobierno sandinista en Nicaragua, como sugiere Solís. Se trató de una política despiadada, con recursos de la AID que significaron una severa carga para el país –obligado a recibirlos y depositarlos en una cuenta del Banco Central; pagar intereses de 21% por ese dinero, que el Banco Central se obligaba a prestar a prácticamente nulos intereses para comprar productos norteamericanos. Además de préstamos por cerca de 200 millones de dólares para crear una banca privada, contribuyendo a desarmar las bases del Estado Social en Costa Rica y avanzar en las privatizaciones, comenzando por el sector bancario.
Desde entonces no han cesado en esa lucha, fundamento de toda política neoliberal, de la concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad, que está en la base de la crisis política y económica que la Covid 19 solo contribuyó a desnudar y acelerar.
Tal como en los 80, cuando los intereses más conservadores se aprovecharon de la crisis para adelantar sus intereses, el modelo se repite ahora, en este nuevo escenario.
Vendiendo empresas públicas para pagar deudas, a la larga solo tendremos cada vez menos recursos y más deudas, como ha ocurrido en estos 40 años. El desafío es desarrollar empresas para ganar dinero y, además, pagar deudas. Pero parece eso demasiado pedir para políticos de visión corta y empresarios de ambiciones desmedidas.
Aumentar impuestos
Aumentar impuestos: ¡sí, claro! Pero revisemos los hechos.
La reciente reforma fiscal condonó multas e intereses a empresas como la Standard Fruit Company, Durman Esquivel, Veinsa, Florida, Café El Rey por 194 mil millones de colones, gracias a la amnistía tributaria incluida en la reforma fiscal del año pasado.
Según Procomer, 375 empresas de zona franca tuvieron exoneraciones de impuestos estimadas en 953 millones de dólares, o sea, 575.612 millones de colones al tipo de cambio del 31 diciembre 2018, casi un 55% de los 1.750 millones de dólares que el gobierno quiere negociar con el FMI.
Entre las exoneraciones es particularmente incomprensible las que disfrutan, por ejemplo, los casinos y las empresas de apuestas electrónicas que mueven $4 mil millones de dólares al año. O empresas piñeras y bananeras, que exportan al costo a Panamá y, por lo tanto, no pagan impuesto. Luego reexportan desde Panamá, donde tampoco pagan, porque no son productos producidos allá.
Volvamos al documento de la OCDE, que sugiere “comenzar a gravar los ingresos de las cooperativas, que siguen estando exentas a pesar de que algunas de estas disfrutan de condiciones monopólicas en mercados clave y se benefician de la protección comercial”. Y agregan: “También debe darse prioridad a la eliminación de exenciones fiscales que benefician a los hogares de altos ingresos”. Para la OCDE esto incluye gravar el aguinaldo, “que actualmente está exento del impuesto sobre la renta”, pero no dice ni una palabra sobre las zonas francas.
Una reforma a la ley el año pasado le permitió a las empresas de zona franca vender en el mercado interno, algo que les estaba prohibido. Esto les ha dado una condición privilegiada en el mercado nacional, pero ha facilitado también a empresas instaladas fuera de zona franca crear mecanismos para ocultar ganancias y no pagar impuestos.
El mecanismo lo explicó el economista Daniel Vartanian: una empresa que está instalada en Costa Rica le compra –a precios particularmente elevados– servicios a una empresa de su mismo grupo inscrita en zona franca. Servicios como administración de personal, contratación de artistas y realización de grandes conciertos; display en las góndolas (en el caso de un supermercado), entre muchos otros.
El resultado es que la empresa que está en el mercado local no tiene ganancias y, por lo tanto, no tributa. La que esta en zona franca tampoco tributa porque las de zona franca están exentas. Walmart, o Credomatic, son empresas que operan con mecanismos de este tipo.
No deja se ser particularmente irritante que empresarios de zonas francas, hoy instalados en puestos clave del gobierno, argumenten que francas no se les puede cobrar impuestos porque se irían del país, argumento que –como es obvio– no se sustenta, conociendo ese vínculo entre las del mercado interno y las de zona franca.
En el caso de las zonas francas se agrega otra medida, también del todo inconveniente. Se trata de la reciente exoneración de los impuestos a bienes inmuebles que antes pagaban.
“Lo más paradójico es que hace dos meses exoneraron a las zonas francas del pago del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, que siempre habían pagado. Mientras a las empresas más grandes se les quita el pago, ahora quieren triplicárselo a la gente. Esta situación es insostenible”, expresó el alcalde de Montes de Oca, Marcel Soler.
El documento de la OCDE al que hemos hecho reiteradas referencias afirma también que, según la experiencia de Colombia, “reducir las contribuciones a la seguridad social puede ayudar a reducir la informalidad”.
Dice también que “trasladar gradualmente carga impositiva desde las contribuciones a la seguridad social hacia el impuesto a la propiedad ayudaría a reducir la informalidad y la desigualdad”. Una falacia, en el fondo y en la forma, un argumento para el que el documento no aporta evidencia alguna.
Un lenguaje avieso para proponer lo que he llamado la “economía mágica”. Una economía sin sustento en los hechos, ideología pura que apenas esconde una voracidad perversa. Argumentos todos que ilustran bien la naturaleza de las decisiones sobre estas materias y hacia qué lado inclinan la balanza las propuestas del gobierno.
Negociar primero con los acreedores
El tema de la deuda pública es extenso y complejo. Se han multiplicado los análisis que desnudan los intereses que se esconden detrás de las diversas propuestas del largo documento donde el gobierno expone sus propuestas al FMI.
Los intereses que el país paga por su deuda llegaron a más del 4% del PIB a fines de 2019. De modo que es conveniente renegociarla, teniendo en cuenta la necesidad de aumentar el gasto público, como consecuencia de la Covid 19.
Pero, además de lo que propone el gobierno, no hay en el documento ninguna propuesta de renegociar la deuda –como hizo ya en dos ocasiones, por ejemplo, con mucho éxito, el gobierno argentino– reduciendo montos, mejorando plazos y tasas de interés. El gobierno de Alvarado no ha propuesto nada de eso, un aspecto indispensable en cualquier iniciativa seria de renegociación de la deuda.
Gran parte de la deuda pública de Costa Rica –al contrario de la de otros países– está en manos de acreedores nacionales. Como lo indica el gráfico de la OCDE, a fines de julio casi 78% de la deuda era interna y cerca de 22%, externa. Hay que negociar primero con los tenedores de esa deuda, antes de acudir al FMI, donde se debe llegar con un escenario más claro y menos demandante, si se logra una renegociación favorable.
El gobierno, además de no haber hecho ninguna propuesta de renegociación a los acreedores, tampoco ha hecho referencia alguna a otras diversas propuestas, como las de utilizar las reservas del Banco Central para hacer frente a los mayores gastos provocados por la pandemia que, como lo han demostrado economistas y banqueros nacionales, podrían hacer inclusive innecesario cualquier negociación con el FMI.
Queda en evidencia así que no se trata del problema de la deuda, ni del gasto público, sino de una nueva ofensiva para ordenar el país de acuerdo a un modelo que no solo no va a permitir reducir la deuda, sino que va a agravar las disparidades sociales que se han acentuado en los últimos 40 años, caldo de cultivo para la miseria insultante que la Covid 19 dejó en evidencia en todo el país.
Una alternativa política
Ante esta realidad –y esta es mi propuesta– habiendo surgido innumerables voces que, bien informadas, sugieren caminos más razonables y justos, sería oportuno que se reuniesen y, agrupados detrás de estas sugerencias, la transformen en el programa de un conjunto de personas dispuestas a conformar una importante fracción parlamentaria en las próximas elecciones, en un esfuerzo no solo por detener y revertir estas políticas conservadoras, sino también por recuperar un indispensable nivel político en una Asamblea Legislativa que hoy, con contadas excepciones, da vergüenza.
La seccional en el Hospital Nacional Psiquiátrico de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) invitó al periodista y filosofo Manuel Delgado Cascante, a comentar las implicaciones de la negociación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el programa de opinión y formación Más que Una Opinión deUNDECA – Hospital Nacional Psiquiátrico, el analista detalla los efectos que tendría este pacto promovido por el gobierno y sectores afines. Le invitamos a escuchar la exposición.
Nota del expositor:
Hay en mi exposición un error de expresión que se me escapó y es que las exoneraciones en el país son del orden del 6% del PIB (eso está bien), pero el gobierno pretende reducirlas en un 0,52%, es decir, quedarían algo así como en un 5,48%. Es decir, las reducen en una cantidad ridícula. Perdonen que no me haya podido expresar bien. Vamos a hacer una edición escrita de la que luego les estaré hablando y voy a corregir. Agradezco todas las observaciones críticas que me ayuden a mejorar ese texto. Gracias.
Nota editorial: Las observaciones para el analista Manuel Delgado Cascante pueden enviarse al correo periodico.surcos@surcosdigital.com y con gusto se las haremos llegar.
Luis Paulino Vargas Solís Economista Directo CICDE-UNED
Primera parte: intocabilidades y ausencias
El objetivo de este ensayo es ofrecer un análisis del “Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia: propuesta para negociar con el FMI” (al cual en adelante me referiré simplemente como el Plan), que el gobierno de Carlos Alvarado ha presentado recientemente. Trato así de ofrecer criterios de discernimiento crítico en relación con sus contenidos y propuestas, y procuro, al mismo tiempo, poner algunas bases desde las cuales tratar de avanzar hacia la formulación de propuestas alternativas, animadas por el interés de subsanar las deficiencias principales de que este Plan adolece.
Antes, sin embargo, es importante dejar sentado lo que, en todo caso, debería ser obvio: Costa Rica enfrenta una muy deteriorada situación económica, erizada de múltiples riesgos, y la cual conlleva -he ahí el aspecto principal- consecuencias humanas y sociales muy graves. La dignidad de muchas personas y familias está siendo duramente lastimada, y la paz social está en grave riesgo. Para salir de esto es indispensable tener disposición para el diálogo, y mucha generosidad y desprendimiento. La solidaridad con quienes más sufren es tan necesaria, como el reconocimiento de que esta crisis exige sacrificio y disciplina, pero también un reparto equitativo de ese sacrificio. Pero, sobre todo, hay que tener claro que ese esfuerzo y ese sacrificio son solo el punto de partida, y no deben ir más allá de lo que sea estrictamente necesario. No hemos nacido para sufrir, ni tampoco podemos permitir que Costa Rica sea un país donde deba imponerse la infelicidad. Todo lo contrario más bien: merecemos dignificación, bienestar, paz y esperanza, y esta crisis debe desembocar justo en eso.
Distinto a lo que plantea la economía ortodoxa, no es a través de la destrucción que surgirá un mundo mejor. Tenemos el deber de superar la crisis superando nuestras debilidades, lo cual entraña un esfuerzo de construcción e innovación: echar músculo en el gimnasio en vez de martirizarnos con dietas debilitantes; construir en forma mancomunada una economía de alta productividad, en vez de lanzarnos en el azar incierto de un libre mercado sin brújula ni dirección; fortalecer nuestro tejido social desde la equidad, no desbaratarlo con el ácido disolvente del egoísmo y la avaricia.
Los intocables
Para empezar a examinar este Plan, le sugiero a usted ubicar en la página 19, las proyecciones fiscales que el Ministerio de Hacienda presenta. Para 2020 se anticipa un déficit del 9,3% como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), y 8,1% para 2021. Notoriamente la mayor parte de ese déficit corresponde a pagos de intereses: 5,3% del PIB en 2020 y 5,6% en 2021.
No obstante lo anterior, cuando usted revisa las diversas propuestas de política que se formulan, no hay una sola que intenté incidir directamente sobre los pagos por intereses. Se nos da a entender en la página 22, que las medidas propuestas tendrían como efecto indirecto -eso esperan las autoridades- una reducción de los intereses. Pero ello pende de supuestos que, aunque implícitos, se adivina como realmente heroicos.
Que se renuncie a cualquier intento destinado explícitamente a reducir las tasas de interés sobre la deuda, va de la mano con la renuncia a cualquier acción que busque actuar sobre la propia deuda. Podría ser la auditoria de la deuda, según la fórmula favorita de alguna gente, que es, por supuesto, una alternativa que debería considerarse. Podría ser algo más pedestre, pero más pragmático y eficaz: su renegociación, al menos en lo que corresponde a la deuda interna, que todavía representa alrededor del 77% del total de la deuda del Gobierno Central. Considérese, además, que alrededor del 45% de esa deuda interna está en el propio sector público y que, en lo que al sector privado se refiere, solamente un 4% del total de la deuda se encuentra en manos de “no residentes”, todo lo cual debería facilitar cualquier posible renegociación.
Pero, en fin, parece que aquí está presente lo que Piketty llamada “ideología propietarista”[1], es decir, esa ideología que sacraliza la propiedad privada al punto de subordinar cualquier otro valor a su protección. Pero en este caso estamos en presencia de una versión particularmente estrecha de esa ideología, de sesgo rentístico, es decir, de santificación de los sectores que usufructúan de una renta. En resumen: tocar la deuda pareciera ser considerado sacrílego. Ni siquiera la que está colocada en las propias instituciones públicas, quizá por el temor morboso que eso les suscita, por aquello de que, una vez se ha empezado, luego no se sabe adónde podría llegarse…
O sea, y en resumen, la parte principal del déficit -los pagos por intereses- no se toca. Ello delimita el resto y, en medida apreciable, define el tono de la propuesta en su conjunto.
Resulta entonces que la cuestión queda entonces claramente enfocada en el llamado “déficit primario”, es decir, en el balance neto de gastos e ingresos sin considerar pagos por intereses. Siendo estos intocables, el golpe se carga a lo demás. Lo que parece ser una fórmula técnica, esconde en realidad una treta ideológica: el sector rentista que rentabiliza su capital invirtiendo en bonos de deuda pública, tiene buenas razones para no pasar una noche insomne.
Y es llamativo que siendo que tanta gente le prestan tan grande atención al problema de la equidad, raramente se mencionan las implicaciones que los pagos por intereses tienen. A decir verdad, ese es hoy un poderoso mecanismo de redistribución regresiva de la riqueza, puesto que, si excluimos fondos de pensiones, cooperativas y mutuales, donde los beneficios quedan más repartidos, hay alrededor de un 45% de la deuda que muy probablemente está en manos de gente muy solvente.
Reactivación económica: la gran ausente
Cuando para este año, según las estimaciones del Banco Central, se anticipa un desplome de la economía en el orden del -5%, y siendo que el desempleo escala alturas de verdadero cataclismo, esa debería ser una cuestión absolutamente prioritaria. No lo es, sin embargo. Más aún: en este Plan no es lo es del todo.
Si bien la palabra “reactivación” aparece varias veces a lo largo del documento, solo hay dos partes donde, de forma explícita o indirecta, se abordan cuestiones relevantes para esa discusión.
En la página 22 se asume explícitamente la tesis de la “austeridad expansiva”, es decir, la idea según la cual aplicar un severo programa de austeridad fiscal como el que aquí se propone, redunda, no en un retroceso de la economía, sino en un mayor dinamismo y crecimiento de ésta. El argumento que se ofrece es básicamente el siguiente: la “consolidación fiscal” permitirá reducir las necesidades de financiamiento del sector público, de una forma tal que disminuirá considerablemente su presión sobre los mercados financieros, lo cual traerá reducción de las tasas de interés, reanimación del crédito y relanzamiento de la inversión de las empresas.
Las premisas que subyacen a este argumento son tan disparatadas, que por ello mismo es imposible tomárselo en serio.
Primero, es una idea que parte de una tesis errónea, que la investigación económica más avanzada ha superado, pero que es una idea zombi fuertemente arraigada en la mente de la gran mayoría de economistas costarricenses: la tesis de los “fondos prestables”, y quizá, de forma subrepticia (aunque eso es menos claro), la tesis de la “equivalencia ricardiana”. Omito detalles al respecto, aunque recomiendo buscar referencias al debate entre Paul Krugman y Steve Keen [2], en el que la tesis ortodoxa del primero recibió un severo varapalo por parte del segundo.[3]
Pero, en todo caso, la hipótesis que se ofrece es realmente intrépida. Se admite implícitamente, pero de forma muy clara, que el proceso de “consolidación fiscal” tiene, en lo inmediato, efectos recesivos, no obstante lo cual se propone que, en un segundo momento, el cual debería darse en un plazo muy corto, ello repercutirá en una baja en las tasas de interés que permitirá relanzar la economía. Pero lo cierto es que la llamada consolidación se dará sobre el telón de fondo de una economía deprimida, y al agudizar esa condición depresiva inevitablemente deteriorará aún más, la ya muy abollada y maltrecha confianza de las personas consumidoras y del empresariado. De modo que, aún si somos sumamente optimistas, y suponemos que en efecto se da una baja apreciable de las tasas de interés, lo realista es suponer que ello no tendrá ninguna incidencia significativa ni sobre el consumo de las familias ni sobre la inversión empresarial, ni, por lo tanto, tendría ninguna posibilidad de reanimar la economía de forma significativa.
Desde luego, cabe la posibilidad de que, dentro de los términos poco preciso del planteamiento que se nos ofrece, se esté pensando -pero sin decirlo- en plazos muy extendidos, de al menos varios años en el futuro, al cabo de los cuales, y finalmente, la magia habrá echo efecto. Pero, de ser ese el caso, esta gente se haría merecedora a que los centenares de miles de personas que sufren hoy la pandemia del desempleo, les exijan su renuncia inmediata.
En resumen: cuando la economía está sumida en un hueco depresivo, la política monetaria vía tasas de interés es ineficaz y, en el mejor de los casos, solo tienen efectos muy lentos y tardados. Para los centenares de miles de personas que sufren privaciones, a consecuencia de tener que sobrellevar situaciones de desempleo y subempleo, eso, menos que una solución, es más bien un insulto.
El tema de la reactivación reaparece en el programa de inversión pública que se presenta en la página 56, y al cual explícitamente se le atribuyen un cierto potencial de reactivación de la economía y generación de empleos. Se incluye aquí el satanizado tren eléctrico, lo cual remite a cuestiones de carácter político-ideológico que no me interese abordar aquí.
El monto total -incluido el famoso tren- ronda los $ 4 mil millones, alrededor ₡ 2,4 billones, o sea, poco menos del 7% del PIB. De entrada, pareciera un monto significativo, pero en realidad no lo es. Primero, recordemos que la reactivación es un asunto urgente, para ya mismo, puesto que la recesión y el desempleo son dolorosas realidades que se sufren hoy y ahora. Hablar de reactivación posponiéndola para dentro de dos, tres o cinco años, es tanto un disparate como un insulto. Planteado lo cual, diré que únicamente hay un proyecto contemplado para el plazo cercano, o sea el actual 2020. Su monto equivale tan solo al 0,7% del PIB (suponiendo, eso sí, que la totalidad del monto indicado efectivamente se aplique este año). Eso apenas si le hará cosquillas a la depresión económica por la que atravesamos. El resto se ejecutaría a partir de 2021 y en años sucesivos, de modo que, en el mejor de los casos, escasamente escalaría a un 2% del PIB anualmente. Frente a la magnitud el desafío que enfrentamos, eso resulta insignificante. Como echarle ayudas a un muerto.
Ahora que, si se suprime el tren -y la presión política en ese sentido no parece dejar margen para otra cosa- el plan se reduce a un modestísimo 4,4% del PIB, seguramente menos del 1,5% anual. Una cifra simplemente ridícula.
En resumen: no hay en perspectiva ningún programa serio de inversión pública que pueda darle a la economía el empujón que le urge recibir, el cual, lamentablemente, no podría venir de ningún otro lado. Cualquier alternativa, hasta en el mejor de los casos nos llegaría a cuentagotas, y muy demorada en el tiempo.
Ahora que, como era esperable, el plan cede al usual parloteo ideológico: “…debido a la situación fiscal, cada vez se reconoce más que se necesita la participación privada en proyectos de infraestructura” (p. 55). Es como un déjà vu, al modo de una cita textual de lo que se decía hace 35, 30 o 25 años. Las consecuencias están a la vista. Parece que se olvida fácil y que no se aprende de las lecciones que dejan la historia.
Las propuestas ¿estructurales?
Este apartado de “Propuestas estructurales” se incorpora a partir de la página 48. Se colocan aquí temas importantes como el de la bajísima participación de las mujeres en los mercados laborales remunerados, la informalidad laboral, la plena incorporación y aprovechamiento de las tecnologías digitales en la educación y los precios de la electricidad. Hay propuestas positivas, y otras seguramente polémicas, todo lo cual merece una discusión por aparte. Si me parece que se reincide en el simplismo con el que la ortodoxia económica y el empresariado habitualmente asumen los temas de productividad, vistos como un asunto centrado en los costos absolutos, no en la productividad del trabajo, es decir, como una cuestión atinente a recortar los primeros (lo cual en algunos casos podría ser efectivamente necesario), y no en elevar la capacidad productiva por hora laborada, que es, a fin de cuentas, el fundamento esencial para un mayor nivel de vida, y una más sólida competitividad. En concordancia con lo anterior, claramente se opta por medidas puntuales y desarticuladas, no por algo que merezca ser reconocido como una “estrategia país”, integral, sistémica y compleja que es, a fin de cuentas, lo que realmente necesitamos.
De tal modo, el título le queda muy grande a este apartado, y bien podría interpretarse como otro más de esos ejercicios de negación a que son tan aficionadas las élites políticas y el poder económico en Costa Rica. Puesto que ya a estas alturas debería ser obvio que el proyecto o estrategia de desarrollo que el país ha venido siguiendo por largos 35 años, naufraga hoy en forma estrepitosa, lo cual convoca, con urgencia, a cambios de fondo. O sea: cambios de carácter realmente estructural. En su lugar, se opta, una vez más, por propuestas cosméticas, cambiecitos que nada cambian.
El eslabón perdido
Por su parte, las propuestas que directamente atañen a gastos e ingresos del gobierno, nos obligan a zambullirnos en un estanque muy turbio, en el nadan especímenes muy diversos.
De entrada, se capta a leguas una falla política que subvierte gravemente la legitimidad política del Plan: en materia atinente a fraude fiscal, se peca por la excesiva “modestia”. Demasiado tímido como para tomárselo en serio. El tema se aborda a partir de la página 36, y, a decir, verdad, es abundante en propuestas sobre nuevas leyes, reformas administrativas, mejoramiento tecnológico, etc. Todo lo cual es positivo y necesario, aunque seguramente insuficiente, puesto que, de nuevo, se ignora la faceta desnacionalizada, transnacionalizada o global de la defraudación fiscal, lo cual demanda cooperación y concertación entre Estados y gobiernos a escala mundial, algo indispensable si se quiere resolver el problema desde su raíz más fundamental.
Es evidente que hay un serio problema en las cifras que se ofrecen (p. 41), atinentes a las mejoras recaudatorias que se obtendrían a partir del combate al fraude fiscal. La decepción es total. Para los años 2021 y 2022, no se prevé ninguna mejoría en la recaudación gracias al control de la “evasión”.[4] Recién se esperaría mejoras por un modestísimo monto del 0,25% del PIB en 2023 y en 2024. Podemos remitirnos a los diversos estudios disponibles: el que hizo el propio Ministerio de Hacienda que cubre los años 2010 a 2013[5], o el realizado por técnicos del FMI correspondiente al período 2012-2015[6]. Cierto que son metodologías distintas, lo que no permite comparar los datos. Pero los órdenes de magnitud son claros: el problema es grave, y está centrado en el impuesto sobre la renta de las personas jurídicas (empresas).
Es una torpeza política, o quizá una graciosa concesión a poderosos intereses económicos, no haber considerado esto apropiadamente. Lo cierto es que hay una obligación moral y una exigencia política ineludibles: el combate al fraude fiscal debe estar de primero en cualquier agenda sobre el tema fiscal, y debe realizarse con absoluta energía y decisión. Nunca será fácil, y está claro que, puesta a un lado la demagogia usual, jamás dará resultados mágicos en plazos cortos. Pero ello no justifica que no se asuman metas claras y razonablemente ambiciosas. Es obligatorio hacerlo. Claramente en este Plan se omite hacerlo.
En lo que respecta al abordaje del problema fiscal propiamente dicho -déficit y deuda- el Plan se divide en dos grandes apartados: las “medidas permanentes” y las “medidas temporales”. Y, en cada caso, todo un denso entramado de detalles.
Segunda parte: la deuda de la equidad
Medidas permanentes
Estas medidas, al igual que las medidas de carácter transitorio, tienen un componente tanto del lado de los ingresos como de los gastos.
a. Ingresos
i Cargas parafiscales
Se propone suprimir las cargas parafiscales (p. 31), es decir, las contribuciones que los bancos públicos dan para apoyar el financiamiento de diversas instituciones públicas (CONAPE, régimen IVM de la Caja, INFOCOOP, Comisión Nacional de Emergencias, etc.). En su lugar todos estos recursos fluirían a la caja única del Ministerio de Hacienda, y, presuntamente, éste los giraría a las instituciones concernidas. Creo que tendríamos todas las razones para dudar que se cumpla con ese ofrecimiento.
ii. Renta global
Se introduciría la “renta global”, es decir, el criterio técnico según el cual todos los ingresos de una persona, de cualquier fuente que provengan, se sumarán, de forma que sobre ese total se pagará una tasa impositiva única, tan alta como corresponda, según el nivel de ingreso en que esa persona quede situada. Digámoslo claro: es un paso necesario para modernizar el sistema tributario y hacerlo más justo y equitativo. Sin embargo, se abre una rendija en el planteamiento, en relación con el impuesto a sociedades o empresas, cuando nos dicen que “debe establecerse con una tasa competitiva uniforme” (p. 34).
Vista la experiencia a nivel mundial, y la carrera hacia el fondo de los gobiernos y los estados, embarcados en una destructiva competencia por ofrecer condiciones de dumping tributario y degradación fiscal a favor de los capitales transnacionalizados, cabe razonablemente preguntarse si esto no lleva implícita la idea de futuras reducciones en las tasas de tributación sobre ganancias empresariales, de forma que, aún si quedan sujetas a la renta global, lo hagan con arreglo a una tasa impositiva reducida.
Pero también resulta intrigante la referencia a una “tasa uniforme”, además de “competitiva” ¿a imitación quizá de Irlanda, imaginando, con irresponsable optimismo, que, a imitación de ese país, podamos convertirnos en un gran paraíso fiscal que las corporaciones transnacionales, sobre todo las de tecnología de punta, utilicen para dejar de cumplir sus obligaciones tributarias con otros países y gobiernos? Cierto que a Irlanda, jugar de forajido de la Unión Europea le ha resultado mal, pero lo cierto es que su experiencia no es replicable en otros contextos. Y, desde luego, sería moralmente desastroso si algún día Costa Rica decidiese tomar ese camino.
iii.Exenciones tributarias
Al abordar el problema de las exenciones tributarias (el llamado “gasto tributario”, cuyo monto alcanza alrededor del 5,5% del PIB), la propuesta es tan amplia -o más bien tan restringida- como al parecer lo permitían los intereses y la ideología dominantes al interior del propio gobierno. Es posible que el efecto que esto tenga, sea sensible para algunos grupos de ingresos medios, al eliminar exenciones al salario escolar o a fondos de ahorro del sector educación. En el caso de las cooperativas, el efecto sobre la equidad es incierto, ya que, si bien es verdad que algunas grandes cooperativas son empresas poderosas y consolidadas, y deberían entonces tributar como tales, también es verdad que a su base hay centenares, incluso miles, de personas y familias que son pequeñas asociadas.
En todo caso, no es posible pasar por alto el criterio que se formula en relación con esta cuestión: no se deben sacrificar, nos dicen, “aquellas exoneraciones vitales para el crecimiento económico y que tengan un impacto social positivo en los grupos más desfavorecidos” (p. 35).
¿Cumplen las zonas francas con esos criterios como para que se justifique que las exoneraciones que disfrutan no sean tocadas? La verdad es que, puestas así las cosas, es un criterio que las cooperativas cumplen mucho mejor que las zonas francas. Si aquellas son afectadas, nada -como no sea el peso de la ideología y/o de algunos poderosos intereses- justificaría que éstas no deban poner lo que les corresponde.
Se eliminan asimismo algunas exoneraciones que benefician a algunas rentas de capital, de forma que la tasa se uniformice en un 15%, de acuerdo con lo que ya se había adelantado en el plan fiscal del gobierno Alvarado (ley 9635 “Fortalecimiento de las finanzas públicas”). Esto reitera dos viejos problemas sobre los que muchas veces advertí. Primero, una tasa uniforme del 15% sobre las rentas de capital tiene, al cabo, un efecto regresivo e inequitativo, ya que, en la práctica, penaliza más duramente al pequeño ahorrista o rentista, que al grande. Segundo, sigue siendo un misterio cuál es la lógica económica que justificaría que ingresos de tipo rentístico -es decir, de fuente pasiva- deban recibir el simpático beneficio de tributar por debajo de ingresos originados en el trabajo o en la actividad empresarial.
iv. Impuesto a bienes inmuebles
Finalmente tenemos el que seguramente es el aspecto más polémico, al menos en esta parte correspondiente a las medidas permanentes: la triplicación de la tasa del impuesto sobre bienes inmuebles, la cual saltaría del 0,25% al 0,75%. El incremento de 0,5 puntos porcentuales, fluiría hacia el Ministerio de Hacienda. Los restantes 0,25 puntos, que corresponden a la tasa actual, seguirían teniendo como destino las municipalidades.
Primero, es importante resaltar que es efectivamente necesario avanzar hacia la tributación sobre los patrimonios familiares y/o personales, pero no solamente aquellos materializados en bienes inmuebles, sino también distintos tipos de bienes muebles de lujo (como yates y helicópteros privados), inversiones financieras, propiedad accionaria, etc. Segundo, y esto es importantísimo, eso debería ejecutarse sobre una base ampliamente progresiva: tasas más altas sobre los grandes patrimonios, tasas más reducidas sobre patrimonios de nivel medio, y total exención de los pequeños patrimonios.
Claramente ese criterio está ausente en este Plan. Cierto que la exención que se aplica cuando se posee un único bien inmueble, protege parcialmente a las familias de ingresos bajos y, un poco menos, de ingresos medios. Pero más allá de eso, estamos en presencia de una tasa plana que se aplica por igual a inmuebles modestos, que a aquellos más suntuosos. Obviamente ni es progresivo, ni es equitativo, y para los patrimonios inmuebles más pequeños resultará excesivamente gravoso.
b. Gastos
El recorte principal en el gasto, según el plan lo anticipa, lo aportaría la aplicación de la regla fiscal, conforme ésta quedó aprobada en la ley número 9635. De acuerdo con los datos que aporta el cuadro en la página 41, es un ahorro que crecería año con año: desde un 0,76% del PIB en 2021, hasta el 0,96% a las alturas de 2024.
Lo paradójico del asunto, es que están dadas, y de sobra, las condiciones para que la regla sea desaplicada, ello según la regulación contenida en el artículo 16, capítulo III, título IV de la ley número 9635. Recalco: está regla merece ser considerada un adefesio ideológico antiestatista, torpe y obtuso, una tontería que rigidiza la política fiscal y busca, de forma nada sutil, recortar al mínimo el Estado y su institucionalidad. Y, sin embargo, al menos hubo un instante de lucidez en quienes legislaron, para entender que, en condiciones de recesión económica, insistir en la aplicación de la regla significaría entrar en territorio minado: un acto suicida de consecuencias potencialmente explosivas.
Ese último resto de elemental prudencia desparece en este Plan, pero es que, en todo caso, esa es la tónica de la propuesta en su conjunto: suma un racimo de propuestas de sesgo fuertemente recesivo, en momentos en que la economía está siendo empujada hacia el fondo de la recesión. Es un irracional “llover sobre mojado”, ya que suma fuerzas contractivas a las poderosas fuerzas contractivas actualmente en operación.
c. Empleo público
Se incluye también el cierre de diversos órganos de la administración pública, en general entidades pequeñas. También las propuestas llamadas de “empleo público”. Todo ello de limitado impacto presupuestario, según se desprende de los datos aportados. Lo más importante es que se reafirma un sesgo ideológico que ya se había evidenciado con toda claridad en la ley 9635: la tendencia hacia la concentración de las decisiones en órganos burocráticos devenidos verdaderos súper-ministerios, como, en particular, la tendencia homogenizante, que busca imponer estándares uniformes a realidades disímiles. Ello es particularmente claro en el caso de las propuestas sobre empleo público: se quiere pasar de un sistema fragmentado, aquejado de diversas incoherencias, a uno centralizado y homogéneo. Es decir, se salta de un extremo al otro, no siendo descabellado pensar que lo que se obtenga sea incluso peor que lo ya que se tiene, precisamente porque, en su desvarío ideológico, se opta por ignorar las complejidades inherentes a realidades distintas, tratando de forzar esas complejidades dentro de la estrecha horma de criterios definidos a priori y desconectados de la realidad.
Medidas temporales
Son estas medidas las que aportarían la parte principal del ajuste fiscal durante los primeros dos años, tal cual se refleja en la siguiente tabla, la cual combina datos de los cuadros 4 y 8 (páginas 41 y 48) del Plan.
Aporte como porcentaje del PIB
Los componentes principales dentro de estas medidas de carácter transitorio, tienen que ver con los ajustes o recargos temporales al impuesto sobre utilidades de personas físicas o jurídicas que realizan actividades lucrativas, y al impuesto sobre salarios, y, como cuarto ítem, el impuesto a las transacciones financieras, el cual es, con mucha diferencia, el que daría un mayor aporte recaudatorio: alrededor de la mitad de todo el ajuste durante los primeros dos años, y más de una tercera parte los dos siguientes.
Esto saca a la luz diversas preguntas: sobre la equidad del Plan, en primera instancia, y respecto de las implicaciones que podría tener para la tarea urgente de salir de la recesión y crear muchos nuevos empleos.
7. El problema de la equidad tributaria
a. Impuestos sobre utilidades y sobre salarios
Asumamos que fuese correcto que el recargo impositivo deba aplicarse a todas las escalas de cada uno de estos impuestos, incluso las inferiores, pero manteniendo exentos los niveles de ingreso más bajo, que ya lo estaban de previo. Aun así, un elemental principio de equidad demanda que el recargo que se aplique sea proporcionalmente mayor para las escalas altas que para las bajas, lo cual demandaría que fijemos nuestra atención, no en cuanto puntos porcentuales se le suman a cada escala del impuesto, sino en qué porcentaje está siendo incrementada la tasa que se aplica a ese nivel de ingreso.
Trataré de clarificar mejor lo que acabo de decir, mediante los siguientes cuadros:
Recargo al impuesto de personas físicas con actividades lucrativas
Recargo al impuesto de personas jurídicas (empresas)
Recargo al impuesto de personas asalariadas
De los anteriores datos, lo que pareciera quedar en evidencia es que el perfil general de los recargos, es relativamente equitativo -pero no del todo- en el caso de los ingresos del trabajo, pero tiende a ser muy regresivo en el caso de las personas físicas o jurídicas que realizan actividades lucrativas. Claramente hay una penalización más fuerte sobre la pequeña empresa, incluso sobre la mediana empresa, que sobre la más grande.
Es válida la discusión de si los escalones inferiores del impuesto, no debieran tener que sobrellevar ningún recargo, de si, en cambio, debió empezar a aplicarse ese recargo a partir del segundo, o quizá del tercer escalón. Pero, aun así, incluso si se optase por aplicar el recargo desde el primer escalón, debió privilegiarse un mecanismo plenamente progresivo, de forma que el incremento en la tasa del impuesto, fuese proporcionalmente más alta, conforme más alto el ingreso gravado.
Así, y a modo de ejemplo, podría optarse por un incremento del impuesto sobre ganancias empresariales, de forma tal que, en el primer escalón, o sea la escala inferior del impuesto, la tasa se incremente un 5%, lo que significaría que pasaría de 5% a 5,25%, y en los escalones sucesivos se ajustaría según un porcentaje creciente: 10, 20, 30 y hasta 40% para el tramo superior. Esto significaría que para las empresas más grandes, la tasa impositiva pasaría del 30% al 42%. Algo similar se haría en los demás casos, incluyendo el impuesto al salario, de tal forma que, si se trata de aplicar un recargo temporal a los distintos tributos, al menos se garantice que ese recargo sea totalmente progresivo, y que se preserve el principio de equidad impositiva, al menos en su versión vertical, o sea, entre los distintos niveles de ingresos concernidos.
Ahora que, por otra parte, esto nos trae de vuelta un tema que anteriormente mencioné: el especial chineo que reciben las rentas de capital, correlativo al que se les da a las ganancias de capital. En ambos casos hablamos de ingresos que surgen de una fuente pasiva: no del trabajo, pero tampoco de la gestión empresarial. En ambos casos, se tributa a un 15%, y, como gran aporte, en este Plan tan solo se uniformizan al nivel del 15% algunas modalidades de rentas de capital que seguían tributando a tasas más bajas. Si al inicio de este documento hice referencia a esa ideología “propietarista” (Piketty dixit) que santifica la deuda, habría que decir que ello de nuevo se manifiesta aquí: el propietario rentista recibe un trato de excepción que no se le concede ni siquiera al gran empresario capitalista[7]. En algún momento, Costa Rica deberá avanzar hacia una tributación progresiva sobre este tipo de ingresos rentísticos.
Antes de terminar este apartado, no quiero dejar de mencionar un asunto que las cámaras empresariales y sus economistas afines, no se cansan de repetir: no debería hacerse tributar más a la actividad empresarial que genera empleos -nos dicen- y menos aún hacerlo en un contexto de crisis y agravado desempleo. La idea parte de una premisa según la cual la actividad empresarial se guía por un único criterio: la ganancia inmediata. Según esa lógica, mordisquear una parte de esa ganancia mediante un recargo al impuesto respectivo, traerá como consecuencia menos actividad empresarial y menos empleo. La idea no carece de sentido (la racionalidad empresarial es efectivamente limitada y cortoplacista), pero no debemos olvidar que el empresariado tiene sus liderazgos -visibilizados en sus cámaras empresariales- y sus ideólogos, por ejemplo, esos economistas que he mencionado. Es deber de estos liderazgos e ideólogos, advertir al sector que representan, que un pequeño sacrificio hoy, es preferible a una catástrofe social y política mañana. No está de más recordarle al empresariado costarricense que su más valioso activo no está en su empresa, sino en la sociedad misma, y tiene un nombre: paz social. Sus negocios no florecerán si no hay paz social.
b. Impuesto sobre transacciones financieras
Es posible que este impuesto no afecte a los grupos sociales más pobres, precisamente porque en ese estamento tan desfavorecido de nuestra sociedad, la “bancarización”, es decir, el uso de los servicios financieros en línea de los bancos, es muy limitado. Por otra parte, la idea, que los bancos y sus economistas esgrimen, según la cual esto conduciría a una mayor “desbancarización”, es por lo menos discutible. La gente deberá sopesar la conveniencia de manejar sus transacciones a puro efectivo, o de seguir utilizando los servicios financieros en línea, y es posible que en la mayoría de los casos se aceptaría el impuesto como un “mal menor”, frente a los costos y riesgos que conlleva el uso de dinero efectivo.
Por otra parte, es inexacto colgarle a este impuesto, así propuesto, la etiqueta de “impuesto Tobin”. James Tobin[8] seguramente se sentiría molesto que su nombre apareciese implicado en esto, puesto que su propuesta original simplemente se enfocaba en aplicar un impuesto, por una tasa muy reducida, sobre las transacciones de divisas, a fin de desestimular los grandes movimientos especulativos en los mercados financieros mundiales.
De ser válida la idea que plantee más arriba, en el sentido de que este impuesto afectaría relativamente poco a los grupos más pobres, en vista del muy bajo nivel de bancarización que les caracteriza, ello significaría que es un impuesto menos regresivo de lo que de otra forma podría ser. No obstante lo cual, es razonable concluir que sí tendrá un efecto regresivo, por lo tanto inequitativo, por razones similares a las que mencioné en el caso del impuesto sobre bienes inmuebles: es una tasa uniforme que da lugar a un monto tributado que, para todo efecto práctico, se siente más duramente cuando el ingreso es bajo que cuando es elevado. Aún si la persona de bajos ingresos pagaría montos relativamente pequeños, puesto que sus transacciones financieras son pequeñas, el monto del que se les despoja seguramente tendría en sus condiciones de vida, una consecuencia más sensible que las que tendría para quien posee un ingreso más elevado. Para los muy ricos, situados en el pináculo de la pirámide de ingresos, e invisibles como siguen siendo, el efecto será totalmente imperceptible.
Es llamativo el nexo que se establece entre este impuesto y la reducción de las cuotas de seguridad social, que se aplicarían durante cuatro años como presunta estrategia para la generación de empleos. Durante los primeros dos años, la tercera parte de la recaudación de este impuesto se destinaría a ese fin, y la mitad en los dos siguientes. Como política que intente promover la formalización y la creación de empleos, y en vista de las condiciones económicas generales en las cuales se inserta, lo que se puede anticipar son resultados, si no nulos, sí muy pobres. El problema es que estamos en medio de una profunda recesión económica y, en su conjunto, el plan es una apuesta a la profundización de esa recesión. Si estas condiciones no cambian de forma significativa, el desempleo persistirá en un alto nivel, y la medida propuesta no pasará de ser una aspirinita para la neumonía, aunque sí es un regalito que el empresariado agradecerá, y que, paradójicamente, se origina en una fuente de ingresos que, como ya dije, incidirá de forma más sensible sobre personas y familias de ingresos relativamente modestos.
A fin de hacer socialmente aceptable este impuesto, una posibilidad que podría discutirse es la de que se destine al financiamiento del Bono Proteger. Eventualmente podría destinarse a un programa permanente de renta básica universal, o cuanto menos, de renta básica incondicionada que beneficie, quizá, a los sectores sociales correspondientes a los 4 o tal vez 5 quintiles inferiores de ingreso (o sea: al 40 0 50% de familias de menores ingresos).
Cuando, por otra parte, es llamativo que en este Plan, el bono Proteger esté totalmente fuera de consideración, no obstante que, por sus beneficiosos efectos sociales y económicos, deberían ser considerado un programa estrella. Es una ausencia más que notoria, que reafirma el sesgo contable-economicista del enfoque, y sus tremendas falencias en relación con las problemáticas sociales, humanas y políticas de la crisis.
Tercera parte: un espejo en el cual mirarnos
Las privatizaciones
De entrada, dejemos de lado el eufemismo de la “venta de activos”. Estamos ante propuestas de privatización: ese es el nombre correcto, y así lo designaré.
Reconozcamos entonces que el gobierno de Carlos Alvarado no ha cedido a los cantos de sirena de los sectores que, por tozudez ideológica o en función de determinados intereses privados, querrían que se precipite un proceso generalizado de privatizaciones. Les concedió un confitito, en relación con dos empresas -FANAL y BICSA-, posiblemente considerando que son las dos donde la privatización generaría menos fricción política.
Pero incluso en esos dos casos, la polémica está servida. Y, la verdad, no deja de ser una majadería meter temas ideológicamente tan irritantes, dentro de un Plan que, de todas formas, abunda en detalles espinosos.
¿Por qué deberían privatizarse estas u otras empresas públicas? Pues porque hay un prejuicio ideológico muy arraigado según el cual lo público es necesariamente ineficiente, siendo lo privado exactamente lo inverso: el reino de la eficiencia. Lo cierto es que, en grado variables, ambas cosas pueden ser ciertas y falsas a un mismo tiempo. La eficiencia o ineficiencia no son cualidades exclusivas de lo público o lo privado, y ello en parte no despreciable depende de los objetivos que se persiguen y del para qué que deba responderse en cada caso.
¿Son eficientes las corporaciones de radio y televisión que reciben un suculento subsidio por el uso, casi gratuito, del espectro radioeléctrico? ¿Lo es cierta conocida cervecería que aprovecha rentablemente, prácticamente de gratis, los mantos acuíferos de Costa Rica? ¿Quién, si no la sociedad como un todo, asume los terribles efectos ambientales y para la salud humana y animal, que hacen rentables el negocio de la piña? ¿Alguna empresa privada alguna vez ha medido el beneficio que le reporta disponer de una fuerza de trabajo educada y saludable? ¿y el invaluable rédito que les regala la paz social y la vigencia de un Estado de derecho sólido y confiable?
Sabemos que la economía ortodoxa razona desde una abstracción completamente desprendida de la realidad, la cual asigna al mercado, atributos y cualidades que ni siquiera en su altamente restrictiva teoría se cumplen. Sería un tristísimo error tomar esa teoría como punto de partida para dar esta discusión.
Pero la discusión sí es necesaria, incluso urgente. Efectivamente sí que necesitamos entrar a considerar, con seriedad y sin aspavientos, el balance entre lo público y lo privado que deseamos y necesitamos.
Una propuesta de acuerdo con el FMI no es el lugar para hacerlo. Es una completa necedad e irresponsabilidad, pretender festinar asuntos políticamente tan densos, aprovechándose de la crisis.
El espejo de Grecia
Espero, en un próximo escrito, profundizar en la formulación de propuestas, intentado así, dar un granito de arena que enriquezca nuestro arsenal frente a la crisis. De momento, y a modo de epílogo y recapitulación, quiero dejar planteado lo que, según mi modesto criterio, es la falla fundamental de este Plan, y, por ello mismo, lo que en mayor grado me causa preocupación y angustia.
Primero ¿cuál es nuestro punto de partida? La cuestión no se agota en una situación fiscal delicada. Pero este Plan está formulado como si ése fuera, si no el único tema, sí, y con diferencia, el tema principal. Y, sin embargo, la propia realidad nos dice otra cosa. Obsérvese, si no, lo siguiente: al concluir 2019 teníamos una situación fiscal problemática, pero aún manejable. Con la pandemia del Covid-19 vino el derrumbe de la economía, y, con éste, el agravamiento repentino de la situación fiscal ¿qué hizo la diferencia entre la situación antes de marzo 2020 y la situación a partir de marzo? La respuesta es obvia: el desplome de la economía y el agravamiento del desempleo.
La cuestión de fondo es justo esa: la depresión económica subvierte las bases más fundamentales sin las cuales las finanzas públicas se vuelven inviables ¿no deberíamos enfatizar entonces la reconstrucción de esas bases? Pues sí: deberíamos. Pero no es lo que hace este Plan. Todo lo contrario, más bien.
Un ajuste fiscal en el orden de, aproximadamente, 6% anual a lo largo de un cuatrienio, pone sobre la economía un fardo demasiado pesado. Lo esperable es una depresión de largo plazo, con niveles de desempleo pertinazmente elevados. Todo lo cual hace aún más incierto salir de los apuros fiscales que estamos experimentando. Un esfuerzo extenuante para disminuir el déficit fiscal y poner bajo control la deuda pública, el cual, sin embargo, podría escapársenos de las manos como se escapa el agua vertida en un canasto.
No es idéntico al caso de Grecia, pero tiene similitudes. Su situación, en términos de la magnitud del déficit fiscal y la deuda pública, era incluso peor que la nuestra, con un agravante: no poseía moneda propia, sino que estaba sujeta al euro, y, por lo tanto, al Banco Central Europeo. Costa Rica todavía posee cierto margen de autonomía monetaria, que las autoridades de gobierno (y alguna otra gente) no parece apreciar adecuadamente, cuando más bien se tiende a ir, de a pocos, malbaratándola. Pero tengamos presente un detalle que, a efectos nuestros, cobra importancia: al momento en que explota la crisis de la deuda griega (fines de 2009), ya se vivía una situación de recesión que se arrastraba a causa de los impactos negativos de la crisis económica mundial de 2007-2009. Destapado el problema de la deuda, la solución viró hacia la austeridad fiscal: se engavetaron los paquetes de estímulo económico de inspiración keynesiana, que inicialmente se había aplicado, a favor de una operación ortodoxa de restricción y recorte. El desplome subsiguiente hizo que la economía se contrajese en más de un 25%. Todavía hoy, la producción nacional de Grecia está más de un 20% por debajo de su nivel de 2008. Más allá de los números, esto comporta una situación de terrible calamidad social y humana.
En Costa Rica, hoy, tenemos una situación fiscal delicada, en los marcos de una severa recesión económica y gravísimos problemas de empleo. El Plan que el gobierno de Alvarado nos presenta, lanza a un tercer o cuarto plano los problemas de la recesión y el empleo, los cuales quedan completamente desdibujados ante la prioridad, prácticamente exclusiva, que se deposita en la cuestión fiscal. Ello equivale a actuar sobre los síntomas, ignorando la patología de fondo.
Hay disciplinas y esfuerzos que no podremos eludir. Hay un sufrimiento que debemos enfrentar. Pero nuestro interés no debe estar centrado ahí. Debe hacerse el sacrificio que es indispensable hacer, pero no más. Si usted se pone una prótesis en la rodilla, ello necesariamente conlleva algún sufrimiento y muchos cuidados por algún tiempo. Pero luego usted querrá echar a caminar a paso normal y sin ningún dolor. Trasladado a la situación actual del país, ello significa que debemos ir más allá de las contabilidades de gastos e ingresos en el sector público. Hay una dosis de sacrificio y disciplina que debemos asumir, y la cual deberá repartirse de forma plenamente equitativa. Pero de lo que se trata -lo realmente importante- es de construir una economía saludable y vigorosa, que no solamente haga sostenibles las finanzas públicas, sino, y sobre todo, que dé calidad de vida y bienestar a nuestra gente.
Conclusión
Deseo estar equivocado, pero mi conclusión se resume entonces en lo siguiente: la ruta que este Plan deja trazada, nos lanza de cabeza a una situación de depresión económica que podría prolongarse todavía por muchos años más, con todas las secuelas que ello comporta, en términos de retroceso social y político, y deterioro de las condiciones de vida de nuestra población.
Necesitamos repensar esa ruta. Sobre eso espero seguir escribiendo.
[1] Piketty, Thomas. Capital e ideología. Barcelona: Editorial Planeta, 2019.
[2] Por ejemplo: Fullbrook, Edward, Krugman versus Keen, Real-World Economics Review Blog, 2012.
[3] El debate entre el mismo Krugman y la profesora Stephanie Kelton, no obstante los términos más bien confusos por ambas partes, reafirma esa estela de duda acerca de la fragilidad de las tesis ortodoxas de Krugman en materia monetaria.
[4] Es muy llamativo que en las propuestas que el Plan formula, se use únicamente el término “evasión”, cuyo significado está técnicamente restringido solo a las actuaciones que explícitamente violentan la ley ¿Por qué se omite toda referencia a la elusión? ¿Cómo interpretar ese “olvido”? Sabemos, por otra parte, que la “elusión” supone estrategias tributarias altamente agresivas y sofisticadas, a fin de evitar el pago de impuestos, sin que, técnicamente, la ley sea violentada. Pero esto nos introduce en un cenagoso territorio de eufemismos, disimulos y verdades a medias. Es del tipo de ruedas de carretón que ya nadie querría tragarse.
[5] Ministerio de Hacienda, Incumplimiento Tributario en Impuestos sobre la Renta y Ventas 2010-2013, diciembre 2015.
[6] Ueda, Junji y Pecho, Miguel, Programa de análisis de brechas tributarias en la administración de ingresos públicos: Análisis de brechas tributarias en el impuesto general sobre las ventas y el impuesto a la renta de las sociedades, Fondo Monetario Internacional, enero 2018.
[7][7] Desde luego, el gran empresario capitalista a menudo también es un gran rentista. Sin duda, ambas facetas aparecen a menudo reunidas en un mismo sujeto.
[8] James Tobin (1918-2002), economista estadounidense, que en 1981 recibió el (mal llamado) premio Nobel de economía.
La Nación publica una entrevista al presidente de la UCCAEP en la cual leo algo bastante sensato. Lo primero, dice, es que hay que RENEGOCIAR la deuda pública y lo segundo que hay que HABLAR o dialogar con todos los sectores, incluso los sindicatos, porque este es un problema país.
Resulta claro que el déficit fiscal y la reactivación económica no se resolverá y logrará con un acuerdo con el FMI, con más impuestos, vendiendo activos y mucho con un Estado contraído y sin inversión. Mientras los intereses y amortización de la deuda se coma casi la mitad del presupuesto, no hay solución posible. Esa es la verdad desnuda de nuestra situación.
De las declaraciones de Jenkins puede pensarse que la UCCAEP así parece entenderlo. Hay que renegociar la deuda pública para prolongar a plazos largos y tasas razonables los pagos. Es el tiempo y respiro necesario para que la economía despegue.
La renegociación de deuda es el fundamento de cualquier arreglo económico y social del país.
Las soluciones, además, deben provenir de un diálogo entre empresarios, cooperativas, asociaciones solidaristas, sindicatos, ambientalistas, organizaciones de mujeres, con propuestas concretas y reales que confluyan hacia un acuerdo nacional. Parece difícil, pero tal vez se pueda intentar.
Lo que resulta evidente es que la propuesta del Gobierno no convence ni satisface a tirios ni troyanos, claro que por distintos motivos. Tal vez haya un punto medio alcanzable que arranque por la renegociación de la deuda, en lo cual parece haber acuerdo general de todos los grupos sociales. Una oportunidad interesante.
El hecho más relevante, importante y peligroso que de manera inmediata se le presenta al país es la negociación con el FMI, mucho más riesgosa para la clase trabajadora que las propuestas vía ultimátum que presentó la UCCAEP.
El FMI le prestará al país $2.250 millones de dólares en 3 años y a cambio de ello el Gobierno se compromete a un programa de ajuste estructural, informa la prensa.
Este ajuste, en las versiones preliminares, se orienta a:
1-. Reducir la deuda pública a un 50% del PIB, lo que significa reducirla en más de 6,1 billones de colones en un plazo de 14 años (al 2034), solo de principal, sin calcular pago de intereses.
2-. Reducir el déficit fiscal al 2% del PIB en 4 años (al 2025). La proyección del FMI es que este año el déficit sea de 8,7%; en otras palabras, reducirlo en 6,7 puntos, que significan 2,5 billones de colones en 4 años, sin incremento alguno del presupuesto del 2020.
El dilema es cómo reducir el déficit y simultáneamente reducir la deuda pública.
En números aproximados hay que reducir la deuda en 2 mil millones cada año por principal y el déficit en 600 mil millones por año, manteniéndose congelado el actual presupuesto.
En consecuencia, habría que congelar el actual presupuesto, sin aumentos de ningún tipo, ni gasto, inversión, trasferencias, etc. Y luego buscar 2.600 millones de colones adicionales para pagar la deuda y reducir el déficit.
El FMI prestaría 430 mil millones por año. El FMI nos presta para obligarnos a pagar la deuda, para pagarle principalmente a los acreedores internacionales. Pero su préstamo es ridículo en relación con las obligaciones que nos impone.
Los restantes 2.100 millones de colones que por año se deben conseguir, proponen recaudarlos de tres fuentes: reducción de gasto, venta de activos e impuestos.
(Esta es una proyección lineal que no incluye distintas variables, pero da una idea clara de lo que nos exigirá el FMI).
Cuando el anterior ministro de Hacienda propuso la venta de Bicsa y Fanal, sus datos más optimistas eran de que su venta podría producir 200 mil millones. Como se ve no mueve la aguja. Entonces, habría que vender por lo menos un banco estatal, el INS o el ICE.
La reducción de gastos es congelar salarios, reducción al aporte financiero a universidades públicas, PANI o CCSS y despido de funcionarios, vía cierre de instituciones y despido por reorganización.
Sobre los impuestos ya varias fracciones legislativas dijeron que no aceptarían un nuevo impuesto, con lo cual dejan claro que la crisis no tocará ni un pelo de los grandes empresarios. Todo el peso recaerá sobre los trabajadores y trabajadoras.
¿Pero es el préstamo y el programa de ajuste del FMI la única solución a la crisis? Por supuesto que no. En primer lugar, porque como queda explicado, esa solución no resuelve el problema y en segundo porque existen otras posibilidades más reales y que puedan resolver el asunto de fondo.
El movimiento popular ha hecho muchas propuestas realistas, serias y profundas. Creo que dos son importantes: trabajar por una moratoria de la deuda pública por un plazo de 4 años e imponer un impuesto solidario a las grandes empresas y patrimonios por 4 años. Nada de ello perjudicará gravemente a los acreedores del país ni a los grandes empresarios y resolvería el problema de las finanzas públicas sin empobrecer más a las clases populares.
Franz Hinkelammert (Alemania/Costa Rica), Yamandú Acosta (Uruguay), William Hughes (Panamá), Orlando Delgado (México), José De Echave (Perú), Henry Mora Jiménez (Costa Rica), Luis Paulino Vargas Solís (Costa Rica), Jorge Zúñiga (México)
El crecimiento económico como política y el endeudamiento como adicción
La globalización neoliberal encumbró la “sociedad del crecimiento”. El crecimiento se convirtió en la política central que supuestamente sostendría el consumo, la inversión, el empleo y el bienestar social.
El pretendido crecimiento ad infinitum resultó tener “efectos colaterales” (humanos y ecológicos), pero se asumió que el libre mercado y el desarrollo tecnológico lograrían contrarrestarlos. Y si no lograban solucionarlos, entonces no habría solución alguna: el progreso demanda “sacrificios”.
La teoría económica neoliberal dio un viraje de 180 grados: el “ahorro de hoy” dejo de ser la fuente para el consumo y la inversión “de mañana” (tesis keynesiana). El consumo por el consumo (consumismo) se convirtió en el motor del crecimiento, y la inversión productiva perdió el sentido de incrementar la “capacidad productiva” para considerarse casi exclusivamente en términos de su rentabilidad de corto plazo. Entre 1970 y 2007 se impusieron el capitalismo de casino y la financiarización, dominando la economía real. La crisis del 2008 fue interpretada como un tropezón normal en el frenesí de “exuberancia irracional”.
El consumismo desenfrenado y la inversión financiera se apuntalaron fuertemente en el crédito: a los hogares, empresas y Estados; desmantelando, además, las políticas del Estado de bienestar. Se generó una dependencia adictiva entre el crecimiento económico (la acumulación de capital) y el endeudamiento sin límite.
El pago de la deuda como genocidio
El capitalismo se fundamenta en el crecimiento económico, y como ya no puede hacerlo con saltos de productividad, se alimenta de nuevas “acumulaciones originarias” y de un endeudamiento tóxico que conduce a deudas perpetuas e impagables. Después del estallido de la crisis de la deuda en los años ochenta, podría esperarse que la situación de la región mejorara en el mediano plazo, pero se ha agravado. La deuda externa se duplicó hacia 1990, y para 2019 había crecido 10 veces, superando los 2 billones de dólares, con un pago de intereses que sumó un poco más de 1.1 billones de dólares. En realidad, todo el aumento de la deuda hasta 2010 ha sido resultado de pagos de intereses. El ingreso neto por nuevos créditos externos fue nulo hasta 2010. El pago de intereses corresponde a un dinero jamás entregado, se trata de una brutal usura. Hasta 2018, el 60% del aumento de la deuda externa lo constituyó la capitalización de intereses, los que se “pagaron” con nueva deuda, que seguirá exigiendo pago de intereses por recursos financieros que nunca han servido a los países de América Latina.
Esta situación es extensiva a la deuda pública: en los próximos cinco años el 32% del servicio de la deuda correspondería a pagos de intereses, lo que se agrava con la Pandemia de la Covid-19. La deuda externa es una fuente perpetua de extracción de excedentes de las economías de América Latina, sobre la base una deuda impagable. Resolver esto demanda la condonación inmediata de dicha deuda.
Este terrible año hay que pagar la deuda, tanto su capital como los intereses. Este pago en muchas sociedades, en especial las de América Latina, impide atender demandas sociales en salud, educación, protección social, cultura y demás servicios sociales y de protección del ambiente. El pago del capital y los intereses es la primera prioridad del presupuesto nacional, aunque miles o millones de ciudadanos no logren satisfacer sus necesidades básicas. La pandemia de la Covid-19 ha puesto al desnudo este genocidio económico-social.
Las crisis de deuda y su papel como estrategias de sometimiento
El endeudamiento es un gran negocio de los bancos y las empresas transnacionales, especialmente cuando las deudas se vuelven impagables. El país que no pueda pagar tendrá que ceder su soberanía, sus recursos naturales más valiosos y sus empresas públicas. Este pillaje incluso se hace calculadamente para que el país endeudado pueda seguir pagando, y cada tiempo se renegocia la deuda y hasta se permiten condonaciones parciales de intereses.
El endeudamiento externo hizo posible someter a toda América Latina durante la crisis de la deuda de los años 80 del siglo pasado, transformándola en un proceso de expropiación bajo el eufemismo de los “ajustes estructurales”.
El Acuerdo de Londres de 1953
El Tratado de Versalles (1919) fue un ejemplo de la ceguera de la “voluntad de poder”. Los ganadores de la I Guerra Mundial impusieron a Alemania costos de guerra a todas luces impagables. El tratamiento de la deuda alemana y el de otras naciones europeas después de la II Guerra fue muy diferente. Empezaba la guerra fría y las medidas para “salvar el sistema” incluyeron la eliminación de la mayor parte del pago de las deudas alemanas con el resto de Europa occidental y otros países aliados, Grecia incluida, además del Plan Marshall y la concesión de nuevos créditos sin intereses.
Ante los efectos económicos y sociales devastadores a causa de la pandemia de la covid-19, el FMI se niega a discutir una posibilidad semejante, y sólo considera condonaciones parciales o posposición de pagos de intereses para los países más pobres y endeudados. Quieren repetir el Tratado de Versalles, solo que ahora con los “perdedores” (víctimas) de la globalización.
El Fondo Monetario Internacional: la aparente paradoja de la condonación de las deudas. ¿Se debe pagar, aunque no se pueda pagar?
Desde el estallido de la crisis latinoamericana de la deuda en 1982, han sido múltiples los llamados a la condonación total de la deuda. La negativa del FMI y del Banco Mundial se respalda en la “responsabilidad de los deudores”, de gobiernos que irresponsablemente incurrieron en esa deuda. Según este argumento, ni siquiera la incapacidad de pago justifica la condonación de las deudas. El deudor es culpable de su incapacidad y el acreedor es exonerado de no anticipar que el deudor no podía pagar. Pero el argumento se desmorona cuando cualquier auditoria de la deuda muestra el pillaje del acreedor o la corrupción de los gobiernos de turno.
Entonces el FMI y el BM recurren a otro argumento: “la ley y el orden” de los mercados financieros y la continuidad de los préstamos en el futuro. La condonación de la deuda lesionaría la capacidad de las instituciones de crédito de seguir prestando y socavaría la confianza en el sistema financiero. Tal argumento es indefendible, cuando gobiernos y bancos centrales de los países ricos compran billones de dólares en valores o sencillamente emiten billones en monedas duras para salvar de la quiebra a bancos, empresas y mercados de valores, acrecentando la desigualdad y la injusticia.
Por una condonación de la deuda pública externa de América Latina
Cuando las deudas, supuestamente, se pagan con nuevas deudas y, además, los intereses se agregan, la deuda total crece sin más límite que el impuesto por la progresión del interés compuesto. Ha llegado el momento de transformar el sistema.
La crisis en curso ha ratificado que el futuro de la humanidad está en riesgo. Tenemos una oportunidad para corregir situaciones que muestran tendencias catastróficas. Recuperar la solidaridad como un valor global permitirá poner en el centro valores sociales fundamentales que la globalización neoliberal ha relegado o incluso aplastado.
La reconstrucción de las relaciones humanas, en la perspectiva de la vida y el bien común, exige cambios radicales: en nuestro metabolismo social, en las relaciones laborales, en la división sexual del trabajo, en los servicios básicos para toda la población, en los sistemas tributarios, en la propiedad intelectual y la cultura, en el dinero y las finanzas, en los organismos financieros internacionales, en la cooperación entre las Naciones, etc. Una Condonación Mundial de la Deuda Externa Pública sería sólo un primer paso, pero uno que puede cimentar la construcción de un futuro mejor para todas y todos, pero especialmente, para las víctimas del capitalismo neoliberal, colonial y financiarizado.
Utilizamos cookies y tecnologías similares para mejorar su experiencia en nuestro sitio web.
