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Etiqueta: discriminación

8 de marzo: ¡Tomamos las calles en defensa del aborto legal!

¡Contra el gobierno y los grupos antiderechos, contra la violencia machista, la represión y el ajuste neoliberal!

Conmemoramos el origen del 8 de marzo (8M) “Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras”, el cual se remonta al año 1911 para recordar a las obreras fallecidas tras la explotación laboral que llevó a su patrón a asesinarlas. En Costa Rica las luchas por los derechos de las mujeres y otros grupos oprimidos por el patriarcado tienen una larga trayectoria. Actualmente vemos estancamiento en derechos que costaron sangre y sudor de compañeras del pasado, y retrocesos en otros derechos, por lo que este 8 de marzo al igual que cada año el movimiento feminista inunda las calles en contra de la desigualdad, el patriarcado y la violencia, y sostenemos nuestro derecho a la protesta y a la manifestación.

Las mujeres y disidencias sexogenéricas de Costa Rica nos levantamos en contra de las políticas misóginas implementadas desde el gobierno del acosador Rodrigo Chaves, así como desde otros poderes de la República, entre ellos el Judicial, al incumplir con la justicia para las mujeres, víctimas de femicidio y familiares afectades donde las cifras van en aumento. Instamos a la población a consultar los mapeos y cartografías sociales de los femicidios que buscan mantener viva la memoria de quienes nos han sido arrebatades.

Seguimos luchando por aborto legal, seguro y gratuito, por su despenalización y reivindicamos la consigna de educación sexual y salud pública para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

En esta misma lucha, nos pronunciamos en contra de la violencia obstétrica y exigimos calidad de vida para las infancias y adolescencias, así como dignidad menstrual para todas las personas menstruantes y levantamos la lucha por los derechos de las personas seropositivas y contra el tabú que rodea al VIH debido a la discriminación.

Denunciamos la aprobación de recortes y ajustes neoliberales y antipopulares por parte de la Asamblea Legislativa en contra del bienestar de las mujeres, impulsadas y apoyadas desde el oficialismo junto con los demás partidos políticos tradicionales, grupos antiderechos, fundamentalistas religiosos, conservadores y ultraderechistas. A su vez la violencia política fomentada por este gobierno acosando sindicalistas, diputadas, cooperativistas y demás compañeras luchadoras. Es necesaria la aplicación de la Ley “10.235 “Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política” y su reglamento en todas las instancias, así como la aprobación de la reforma a dicha ley con proyecto de Ley 23443 “Ley para Fortalecer los Mecanismos de Protección de los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Política”.

Posicionamos que la crisis del agua en distintos sectores del país muestra cómo se ven afectadas las vidas de las mayorías trabajadoras y populares. Apoyamos de forma solidaria a los Comités de vecinos y vecinas que defienden el derecho humano fundamental al agua potable.

En esta misma línea de políticas nacionales, instamos a las diputaciones a aprobar el proyecto de ley 20.970 “Ley para prohibir todas aquellas «terapias» dirigidas a revertir o modificar con fines de pretendida «curación» la orientación sexual o identidad de género de las personas”, apoyar el proyecto de ley 23.809 “Ley de reconocimiento de identidades trans, no binarias, de género diverso e intersex”. Abordando temáticas relacionadas al cupo laboral, educativo y estudiantil dirigido a personas trans y no binaries.

Rechazamos la provocación del Gobierno sobre su “intención” de desconocer la jurisdicción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; así como los ataques a la institucionalidad. Nos pronunciamos en contra de la reestructuración del INAMU sin plena consulta hacia la sociedad civil, de los nombramientos absurdos en el AyA, contra los recortes en educación y cultura, en vivienda e inversión social, y en salud. Demandamos: ¡que se paguen todas las deudas a la CCSS, incluida la del Gobierno!

En el país, los índices de pobreza y desempleo generan que las responsabilidades familiares recaigan sobre las mujeres, entre ellas se encuentran las adultas mayores asumiendo el cuido y labor doméstica. Rechazamos todo proyecto de ley que implique jornadas de 12 horas diarias, como el proyecto de ley 21.182, “Ley para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras”, ya que implica mayor explotación laboral y la salida de mujeres de la fuerza laboral al no poder asumir las jornadas de trabajo.

Señalamos el reconocimiento de la inclusión del trabajo sexual como categoría ante la C.C.S.S., como un paso en el reconocimiento del derecho a la salud de las mujeres trabajadoras sexuales y demandamos acciones de protección estatal a quienes son víctimas de la trata de personas, explotación y violencia física y sexual.

Destacamos la violencia estructural que sufren las mujeres con discapacidad. Además, de la violencia en contra de las comunidades indígenas por parte de personas usurpadoras de tierras. Exigimos al Estado medidas concretas para combatir el aumento de la deserción escolar en nuestras comunidades, resultado del abandono estatal y la falta de acceso a una educación de calidad y oportunidades laborales. También, que se aborde la situación de las poblaciones afro que se ven obligadas a involucrarse en organizaciones criminales para subsistir. Demandamos el fin de la discriminación racial en todos los ámbitos de la sociedad. Es fundamental que se reconozcan y valoren los aportes de las mujeres afro e indígenas a la sociedad, y que se promueva activamente su participación y liderazgo en todos los niveles.

Además, la lucha de las mujeres es por las que están dentro de una cárcel descontando una condena, las mujeres que acompañan a sus familiares privades de libertad, las que cuidan, y sostienen el tejido social de los barrios y comunidades más estigmatizados del país.

Marchamos porque las hembras no humanas conforman un sector que también es violentado y asesinado diariamente. El objetivo es acabar con el consumo, opresión y cosificación especista y sexista a la que pertenecen los cuerpos disidentes y hembras, logrando la liberación de todas las especies.

Al mismo tiempo, alzamos la voz en contra de la violencia hacia las personas LGBTIQA+, por las mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales, no heterosexuales, asexuales, arrománticas, queer, trans y personas no binaries.

Manifestamos un apoyo a las mujeres centroamericanas que desafían regímenes autoritarios y represivos como los liderados por Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Exigimos la liberación de todas las personas encarceladas por la represión, mientras reconocemos y valoramos la contribución de las mujeres nicaragüenses migrantes a la sociedad costarricense, a pesar de los obstáculos que enfrentan, como el desempleo, la precariedad laboral y el aumento de la xenofobia y el racismo.

Nos posicionamos firmemente en solidaridad internacional con las diversas luchas que enfrentan las mujeres y la diversidad sexual en todo el mundo. Por ello nos solidarizamos con la Marea Verde en Argentina que enfrenta el intento del presidente ultraderechista de Argentina, Javier Milei, de prohibir el aborto legal, una lucha histórica del movimiento feminista. Nos unimos con determinación a la Acción Global Feminista y al paro internacional del 8 de marzo, reconociendo la necesidad de unificar reclamos y denunciar las injusticias que persisten en nuestras sociedades. Condenamos la ocupación y el genocidio perpetrado por Israel en Palestina, que respalda el imperialismo estadounidense y europeo, y rechazamos la complicidad de jefes de Estado como Rodrigo Chaves en estos crímenes de guerra.

Este 8M llamamos a todas las feministas y al movimiento amplio de mujeres en nuestras diversidades y pluralidades, y las personas LGBTIQA+ a marchar unides en defensa del aborto legal y contra todas las formas de opresión.

¡Solamente articulades hacemos frente al gobierno y los grupos antiderechos, machistas y neoliberales!

Imagen ilustrativa.

País debe invertir en las mujeres para acelerar el progreso

Defensoría se suma a mensaje mundial de ONU

 Mujeres en el Día Internacional de la Mujer

Viernes 08 de Marzo 2024. Este 08 de Marzo, la Defensoría de los Habitantes saluda a las mujeres en toda su diversidad y las invita a continuar las luchas por la igualdad y la construcción de una democracia participativa plena, libre de toda forma de discriminación y violencia.

Nos unimos al llamado de Naciones Unidas para que las acciones del Estado costarricense contribuyan al avance del desarrollo y la autonomía de las mujeres, y procurar evitar retrocesos en las esferas en las que hoy es posible constatar progresos en el ejercicio de los derechos humanos.

Invertir en las mujeres está íntimamente relacionado con la garantía y el aseguramiento de los derechos humanos, con las acciones dirigidas a la erradicación de la pobreza, a implementar presupuestos sensibles al género, al crecimiento económico que garantice la protección de los recursos ambientales y el apoyo a las organizaciones sociales -especialmente a las organizaciones de mujeres- para promover los cambios culturales necesarios para avanzar como sociedad, como país.

Los recortes a la inversión social inciden directamente en la vida y las realidades de las mujeres, por ello es fundamental hacer un llamado urgente a procurar la consolidación de presupuestos sensibles al género.

Si el Estado no planifica y presupuesta reconociendo las necesidades de las mujeres, las acciones plasmadas en planes nacionales para la igualdad y la equidad de género en todos los sectores, como la Política de Igualdad y Equidad de Género (PIEG), la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de Todas las Edades (PLANOVI), del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, así como en las políticas institucionales dirigidas al trabajo para avanzar hacia la igualdad de género, no solo no se avanza, sino que se retrocede violentando los derechos de las mujeres.

Presupuestar y garantizar los recursos implica que el Estado oriente el gasto público para lograr la igualdad y por ello debe proveerse de contenido económico a los programas dirigidos específicamente a las mujeres en todos los ámbitos, a las iniciativas productivas y a la inversión en la corresponsabilidad social del cuido.

Sin inversión social y sin tomar en cuenta las realidades de las mujeres y las desigualdades y brechas de género, no es posible garantizar la prestación de los servicios de seguridad, salud y educación, con lo que se genera incumplimiento de las obligaciones internacionales vigentes en el ordenamiento jurídico a partir de la evidente violación y menoscabo de los derechos humanos.

La Defensoría reitera que los recortes en el gasto público inciden directamente en los programas sociales y se afectan entre otros, los bonos de vivienda, la reducción de las diferentes alternativas de cuido, los programas de becas como AVANCEMOS y los demás beneficios a cargo del sistema de protección social de nuestro país.

También se hace un llamado a los gobiernos locales para que no despojen de sostenibilidad y contenido presupuestario a los programas específicos que se han construido y aprobado según las realidades urbanas y rurales de nuestro país, que, además, incorporan las necesidades de las mujeres que habitan en cada región, como mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes.

La Defensoría insta a las instituciones a procurar las herramientas necesarias para construir presupuestos sensibles al género y de no contar con ellas, asegurar la capacitación continua al personal a cargo de elaborar, aprobar y autorizar el traslado de los recursos.

Este 8M, la Defensoría exige que se procure el avance de las mujeres a través del cumplimiento y garantía de sus derechos humanos por lo que debe hacer un llamado a evitar que se consoliden las desventajas y brechas, y a que no perdamos la oportunidad de generar un aumento en la productividad del país mediante la incorporación de las mujeres a los entornos laborales y productivos, como una sociedad corresponsable y democrática.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Aumento en número de alcaldesas electas supone un reto hacia la igualdad

  • Se debe analizar a fondo implicaciones de la paridad horizontal que rigió para estos comicios.

  • Debe existir mayor alfabetización digital para disminuir la violencia desde las redes sociales que afectan a las mujeres políticas.

UNA Comunica. 26 de febrero de 2024. Pasar de ocho a 22 alcaldesas electas para el periodo 2024-2028 puede interpretarse como una gran conquista y un logro en la lucha por alcanzar la igualdad y la equidad en los derechos políticos de las mujeres.

Sin embargo, visto desde otro punto de vista, apenas una cuarta parte (26,19%) de las personas elegidas el pasado 4 de febrero son mujeres que encabezarán las municipalidades del país.

Para Ana Soto, académica del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) y coordinadora de la Política para la Igualdad y Equidad de Género de la Universidad Nacional (UNA), los resultados electorales abren una gran interrogante para investigar y detallar acerca de las razones de ese crecimiento y de los retos que se avecinan para evaluar la aplicación de las reglas vigentes en materia de prevención y sanción de la violencia política hacia las mujeres.

“Lamentablemente, lejos de ser la normalidad, ha sido la excepción”, refuerza Soto, al hacer un balance entre lo acontecido tras estas últimas elecciones y la histórica lucha, donde la discriminación ha sido la tónica en la participación política de las mujeres.

Al respecto, mencionó la lucha que, desde más de 100 años, emprendió la Liga Feminista en Costa Rica para garantizar, entre otras cosas, el derecho al sufragio, y luego la inclusión de ese derecho en la Constitución Política de 1949.

“Luego de obtener ese derecho, se abrieron dos frentes paralelos de lucha: por un lado, la posibilidad de decidir, que se consagró a nivel constitucional, y posteriormente, ostentar puestos públicos. Sin embargo, el avance en este último camino ha sido mucho más lento. Ejemplo de ello es que hasta hace muy poco fue que empezamos a tener presidentas en la Asamblea Legislativa o, por primera vez, ahora tenemos a una mujer al frente del Tribunal Supremo de Elecciones”, rememoró Soto.

Una serie de conquistas legales y normativas han permitido el avance en materia de igualdad política. Uno de ellos fue la promulgación de la Ley 10.235 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Política contra las Mujeres, vigente desde el 17 de mayo del 2022. Otro hito fue la resolución de la Sala Constitucional de febrero del año anterior que ordenó la paridad horizontal en puestos de elección popular, lo que abrió la puerta para que los partidos políticos postularon en igual cantidad mujeres y hombres entre la totalidad de cantones en que participaron.

Ambos factores, junto con la imposibilidad de reelección de alcaldes o alcaldesas que ya sumaban dos periodos consecutivos en el puesto, permitieron una mayor participación política de las mujeres. Para la académica Soto, a partir de este momento, se debe abrir un espacio de análisis e investigación para determinar el peso que estas decisiones tuvieron en el resultado final de las elecciones.

“Sin restarle méritos al resultado obtenido, que es muy importante, hay que analizar la efectividad de las normas aplicadas. Existe una deuda histórica hacia las mujeres en este tema. No porque no queremos participar en política o porque no tengamos la capacidad, sino porque hay un conjunto de elementos estructurales que nos han limitado desde el imaginario social”, apuntó.

Retos que se avecinan

De cara al futuro, Ana Soto considera fundamental dar seguimiento a la forma en que durante la gestión de las alcaldesas se extinguen aquellas acciones que representan violencia política. Hechos como el de una excandidata a intendenta en Lepanto a quien se le negaron vacaciones para participar en política o la de un artículo de un asesor del Partido Liberación Nacional en contra de una exaspirante por Puntarenas, utilizando frases sexistas, refuerzan la tendencia de que la violencia sigue presente.

En ello coincide José Andrés Díaz, investigador del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo), quien señaló que “debemos ir viendo cómo disminuye la violencia política hacia las mujeres porque no se trata solamente de que hayan sido electas, sino de que puedan gobernar y gestionar con la tranquilidad y las condiciones de igualdad requeridas”.

Es importante, señaló Soto, que se pueda también cambiar la narrativa desde los propios medios de comunicación, para posicionar en la agenda mediática la importancia de un estadio político y social más equitativo. “Debería existir un reconocimiento social a todas esas mujeres que han decidido dar un paso al frente y participar, que se sostuvieron, que se enfrentaron a ese contexto de violencia, para seguir generando no solo acciones afirmativas, sino en general”.

José Andrés Díaz señaló la necesidad de “fomentar la educación y la formación ciudadana. O sea, tenemos que empezar a inculcar una participación cada vez más inclusiva, de personas jóvenes, de mujeres y dejar atrás el discurso de que no se les otorga un privilegio, sino de que como ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho de proponer nuestros nombres”.

Otro punto de atención que recalcó la coordinadora de la Política para la Igualdad y Equidad de Género de la UNA es considerar el crecimiento del uso de lenguaje violento en contra de las mujeres que se da desde las redes sociales. Lograr una alfabetización digital desde los primeros años e incluso desde la escuela y el colegio es fundamental para crear entornos donde exista más tolerancia y respeto.

Finalmente, Soto destacó la importancia de seguir avanzando en normativa legal que acompañe ese esfuerzo por la igualdad. Hizo mención, por ejemplo, al proyecto 23.443 Ley para Fortalecer los Mecanismos de Protección de los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Política. La iniciativa amplía los alcances de la ley 10.235 para que se proteja también a las mujeres lideresas de organizaciones sociales y no solo políticas. El proyecto está asignado en este momento a la Comisión Especial de la Mujer en la Asamblea Legislativa, a la espera de dictamen.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

UCR: El abandono, la dependencia y la desnutrición persisten en población adulta mayor en Costa Rica

  • Costa Rica presenta un envejecimiento acelerado de su población lo que genera un impacto importante en el sistema de salud y una mayor presión en la calidad de los servicios.

  • Un número importante de personas de 65 años y más, muestra un envejecimiento saludable. No obstante, otro grupo presenta enfermedades crónicas, comorbilidades, desnutrición, exclusión social, discriminación, abandono, pérdida de su autonomía y mayor dependencia, entre otros.

Viernes 16 de febrero del 2024. La Universidad de Costa Rica llama la atención sobre la realidad y condiciones en las que vive un grupo considerable de personas adultas mayores. Estas personas de 65 años y más padecen enfermedades crónicas, más de una enfermedad conjunta, desnutrición, exclusión social, mayor discriminación y abandono, pérdida de su autonomía y mayor dependencia, entre otras. Los datos revelan la necesidad de poner mayor atención al deterioro de sus facultades físicas o mentales y el gran impacto que se genera en el sistema de salud.

El tercer informe sobre personas adultas mayores fue presentado por la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad de la Facultad de Medicina y el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD), ambas instancias de la Universidad de Costa Rica. El documento elaborado por el Observatorio del Envejecimiento muestra información actualizada respecto a los servicios de atención en salud a las personas adultas mayores que ofrece la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Un tema de gran preocupación es que las enfermedades cardiovasculares, las respiratorias agudas y los tumores, siguen siendo las principales causas de fallecimiento que enfrentan las personas adultas mayores en el país. Esto concuerda con los diagnósticos más frecuentes en esta población, en donde se presentan cifras preocupantes en relación con enfermedades transmisibles y no transmisibles, como son: las infecciones respiratorias agudas (no incluye COVID-19), la diarrea, la neumonía, la infección nosocomial, la parasitosis intestinal, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus.

En relación con los servicios de atención en salud, se muestra que, en la consulta externa, el número de personas adultas mayores atendidas se ha incrementado en los últimos cuatro años, en contraste con una disminución de estos servicios en personas ubicadas entre los 0 y 14 años. Para el año 2022, el 21% de las consultas externas correspondió a personas de 65 años y más. Las mujeres adultas mayores superan en un 15% las consultas de los hombres adultos mayores.

Por su parte, para el año 2021, en el caso de personas adultas mayores, los egresos hospitalarios representaron un 22%, aproximadamente, y las cinco causas de los egresos provienen de: medicina, cirugía vespertina, cirugía ambulatoria, cirugía y unidad de cuidados intensivos (UCI) medicina.

Otra referencia importante, muestra que el abandono de personas adultas mayores en los hospitales de la CCSS continúa incrementándose. Esta situación afecta la dignidad de este grupo etario y aumenta significativamente los costes del sistema de salud. En término de ocho años (2014 a 2022) los egresos registrados en personas de 65 años y más debido a negligencia o abandono, pasaron de 9 personas en 2014 (4 hombres y 5 mujeres) a 89 personas en 2022 (71% son hombres). Con respecto a la estancia hospitalaria, el promedio de días llegó a 41 días (un mes y once días) en 2022.

Los datos fueron recopilados por el Área de Estadística en Salud de la CCSS y suministrados al Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD). También, se contó con información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el Ministerio de Salud (MINSA).

La Universidad de Costa Rica exhorta a tener presente que los servicios de atención en salud para las personas adultas mayores se constituyen en una garantía para el cumplimiento de sus derechos humanos y fundamentales, así también, representan un componente importante en las acciones destinadas a fomentar un envejecimiento saludable. El cumplimiento de tales derechos exige un esfuerzo conjunto con el fin de garantizar una vida sana, así como el bienestar personal y colectivo de este grupo de la población.

La normativa y los lineamientos de política pública institucional fortalecen la prestación de los servicios públicos en salud, en el marco de un abordaje integral hacia la persona adulta mayor. Asimismo, proporcionan una guía en la definición de la oferta de servicios con el fin de mejorar las condiciones de salud y, por supuesto, la calidad de vida y el bienestar individual de esta población.

El Dr. Fernando Morales Martínez, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, señala que: “Conocer algunas características sobre los servicios que se ofrecen a las personas adultas mayores, así como la información sobre su estado de salud, representa una oportunidad para replantear mejoras o para diseñar acciones de política pública que permitan incrementar su bienestar y promover un envejecimiento saludable”

Algunos datos demográficos y epidemiológicos dan cuenta del éxito que ha tenido el país con la implementación de programas y acciones destinados a mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las personas adultas mayores, tales como: el aumento en la expectativa de vida o la disminución del índice de mortalidad, entre otros. Sin embargo, en la información presentada sobresale la gran cantidad de personas adultas mayores y la presión que estas generan por servicios de salud con calidad y calidez.

Para el Dr. Carlos Murillo Zamora, director del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, “las demandas que plantean las personas adultas mayores en el ámbito de la salud deben ser abordadas con un gran compromiso y un mayor esfuerzo por parte de todos los actores sociales. El fin consiste en buscar y elaborar nuevas alternativas de intervención, acordes a las nuevas exigencias. Requiere excelencia en el desempeño de quienes tienen bajo su responsabilidad la tarea de ofrecer servicios de salud, más dignos y con enfoque de derechos; más eficaces y centrados en la persona; y, por supuesto, sostenibles”.

Un claro ejemplo de estas demandas es el llamado que hacen las personas adultas mayores y las personas pensionadas y jubiladas del Magisterio Nacional en el Manifiesto Público, en el sentido de que se respete su dignidad y el derecho de vivir una vejez plena y satisfactoria hasta el último día.

El Mag. Agustín Gómez Meléndez, Investigador principal y responsable del Proyecto Observatorio del Envejecimiento indica que: “El acceso a los servicios de salud garantiza un derecho humano y fundamental, lo que implica contar con acciones dirigidas a la promoción, prevención, atención de la enfermedad en todas las etapas, la rehabilitación y los cuidados paliativos, con el fin de propiciar, en el caso de las personas adultas mayores, el disfrute al más alto nivel de bienestar, físico, mental y social”.

El gran desafío consiste en ofrecer un envejecimiento activo, exitoso y saludable, en donde se brinden mejores condiciones de vida a las personas adultas mayores, sus familias y sus comunidades.

Por lo tanto, en el documento presentado se concluye que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en su condición de ser la principal responsable en la prestación de los servicios públicos en salud, debe visualizar el panorama y prepararse para este desafío, disponiendo de una estructura asistencial y de apoyo que contemple las necesidades y requerimientos de las personas adultas mayores en el país. Por lo tanto, la propuesta de mejores servicios debe ir acompañados de esfuerzos en infraestructura accesible, recurso humano óptimamente capacitado, así como programas de prevención y promoción de la salud, entre otros.

Para consulta o declaraciones con el Dr. Carlos Murillo Zamora al celular 8379-8043, al Dr. Fernando Morales al 8381-6891 o a la M.Sc. Emiliana Rivera al 8848-3563.

Descargue el comunicado de prensa, así como las declaraciones en audio, video y el informe en: https://6f33fa7f78ea46e2aaca-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jenniffer_jimenezcordoba_ucr_ac_cr/EveGFXEkb6lGkUY-uyZp5WUBI0WFpQxVcOpoO0a7zZkFmA?e=toC1XW

Oficina de Divulgación e Información, UCR.

Imagen ilustrativa, UCR.

Nosotros el pueblo

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Enfundados con banderas republicanas del candidato Donald Trump y bajo el lema “Recuperemos nuestra frontera”, un grupo de personas autodenominadas “El ejército de Dios” llegó en los últimos días a las inmediaciones de Río Bravo, fronterizo entre México y Estados Unidos, uno de los principales puntos de ingreso de personas migrantes provenientes de Centro y Sur América.

Autoconvovados bajo la idea de servir de muro de contención humana al ingreso de cientos de personas a su país (EEUU), llegaron a la zona fronteriza en caravanas identificadas con consignas religiosas, en defensa de la vida, las armas, el país y en contra de lo que consideran la amenaza migrante.

Dueños de un enfoque restrictivo, buscan posicionar desde ya las ideas antiinmigrantes impulsadas por Donald Trump de cara a las elecciones nacionales de noviembre próximo. Con este enfoque, se identifica una inmensa mayoría de votantes, a los cuales las ideas populistas de la amenaza migrante les han calado profundamente.

“El ejército de Dios”, como se hacen llamar, está listo para actuar de oficio “cazando” migrantes en la frontera y defender así su territorio de “gente mala”, concepto que han logrado socializar de forma amplia.

Se llaman así mismos “Nosotros el pueblo”, frase con que inicia la Constitución de Estados Unidos. Uno se pregunta entonces cual idea de pueblo es la que subyace tras estos esquemas excluyentes y discriminatorios.

Arrogarse el derecho de decidir quién entra a un país bajo conceptos racializados, habla de cuán distintantes estamos de construir sociedades inclusivas y solidarias. No quisiera pertenecer a ningún “nosotros” ni ningún pueblo con estas ideas despectivas.

Hay otras formas de construirnos como experiencia colectiva. Seamos ese otro pueblo incluyente y amplio. Seamos nosotros ese otro pueblo levantado desde la inclusión y la convivencia.

Comunicado oficial de la ANEP: “Salario global: odiosa discriminación y desigualdad”

Como es del conocimiento de nuestros afiliados y de nuestras afiliadas a lo largo y ancho del territorio nacional, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), fue la primera organización sindical en presentar formal Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley Marco de Empleo Público (LMEP), ley No. 10.159, por considerar que la misma:

  • Contraviene la Constitución Política de Costa Rica;
  • Violenta derechos fundamentales de las personas trabajadoras del Sector Público en cuanto a derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas;
  • Genera inequidad, desigualdad y discriminación salarial entre las mismas como,por ejemplo, violentando el precepto constitucional del artículo No. 57 de igual trabajo, igual salario.
  • Viola preceptos fundamentales de Derechos Humanos (DD.HH.), de tratados internacionales en la materia suscritos por nuestro país, tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC).

Una vez que tal ley ha entrado en total vigencia y aplicación por parte de los entes patronales, ha quedado demostrado que, con la aplicación del salario global, se han presentado desigualdades y desequilibrios odiosos e ilegales, entre funcionarios públicos en muchas instituciones del gobierno central y entes descentralizados, así como gobiernos locales municipales.

ANEP ha estado realizando un análisis jurídico interno para ofrecer a nuestra afiliación violentada por el salario global, alternativas diversas de acceso a procesos jurídicos internos.

ANEP aclara que esto no tiene nada que ver con las personas trabajadoras que han llegado al sector público luego de entrada en vigencia de la perversa LMEP.

Es por lo anterior que, si usted es una persona afectada por esta desigualdad y discriminación salarial, en cuanto su salario compuesto (salario base + pluses), que es inferior al salario global de otro funcionario que está realizando sus mismas funciones, tareas y responsabilidades del puesto que usted ocupa en la administración pública, el cual acaba de ingresar a laborar para su institución; le instamos a que se comunique con nuestra organización sindical ANEP con la documentación pertinente para proceder a presentar los respectivos procesos judiciales en defensa de su derecho constitucional de Igual Trabajo, Igual Salario.

En el mismo sentido, a través de las personas asesores integrantes de la Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO) de la ANEP, en coordinación con las juntas directivas de las seccionales sindicales de la organización en el sector público, se  fomentará y estimulará en cada sector institucional que las personas trabajadoras afectadas procedan a acogerse al servicio legal de la ANEP, a través de su Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), para lo pertinente.

Requisito único e imprescindible: ser persona trabajadora asociada a la ANEP.

Por ser esta una primera comunicación, habrán notado que su contenido es muy general, por lo que en próximas entregas de este tema se ampliarán detalles.

San José, viernes 26 de enero de 2024.

Encuentro cultural: 25-26 de enero 2024

Desde el Observatorio de Acción contra el Racismo (OBCRA), se le invita a participar en el ENCUENTRO CULTURAL PLAYAS DEL COCO Y HERMOSA: UN ESPACIO PARA CONOCERNOS, CONVERSAR Y MEJORAR NUESTRA COMUNIDAD.

El encuentro se realizará del 25 al 27 de enero 2024 en Playas del Coco y Hermosa, Guanacaste, Costa Rica. Se realizarán las actividades en el Adicoco Playas del Coco y en el Bistro Cinema Playa Hermosa.

Se contará con actividades gratuitas para la niñez, la juventud, las personas adultas y adultas mayores, destinadas a compartir las temáticas de diversidad cultural y la salud integral: obras de títeres, charlas sobre derechos, talleres sobre las temáticas de racismo y discriminación, junto con la proyección de películas. Además, como parte de los objetivos se busca identificar situaciones que dificultan la convivencia en la sociedad, como son la discriminación y el racismo, con el fin de tomar acciones de cambio.  

El encuentro es partícipe de 5 proyectos de acción social de la Universidad de Costa Rica en estrecho trabajo conjunto con Ophir Cultura. Además se cuenta con el aporte de organizaciones e instituciones locales.

¡Iniciemos un 2024 sin discriminaciones, sin racismo!

Se puede encontrar más información en el Instagram: obcra_cianucr

EEUU: Asesinatos, pobreza y discriminación

Por Pablo Ruiz*

En los grandes medios de América Latina pasó un tanto desapercibido el Informe Mundial 2024 de la organización internacional Human Rights Watch (HRW) la que analiza la situación de derechos humanos de más de 100 países y que, en mi opinión, los grandes medios suelen utilizar sólo cuando les conviene, en general para seguir con sus retórica contra Cuba o Venezuela, sin explicar que las sanciones económicas de Estados Unidos contra estos países generan pobreza, migración, y terminan violando los derechos humanos.

En general, los grandes medios suelen ocultar o maquillar las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en sus propios países al mismo tiempo que, por línea editorial, defienden el sistema económico neoliberal el que permite la concentración de la riqueza para unos pocos y la pobreza (violación de los derechos humanos) para muchos.

Por supuesto, del gran hermano, de la democracia estadounidense, casi nada se divulga sobre la situación de derechos humanos en Estados Unidos y si se conocen nadie pone el grito en el cielo ni pide sanciones. Menos se critica la política exterior estadounidense que tiene consecuencias nefastas para otros países en materia de derechos humanos.

Vemos en las noticias con horror, tristeza, e impotencia la muerte de más de 24 mil palestinos, muchos de ellos niños, asesinados por Israel con armas y apoyo de los Estados Unidos.

El 11 de enero pasado en las noticias del medio alemán DW en español entrevistaron al subdirector para América Latina de HRW, Juan Pipper, y le preguntaron cómo se explica el doble discurso de EEUU que dos veces vetó una resolución, en el Consejo de Seguridad de la ONU, para pedir un alto al fuego en la Franja de Gaza.

“Este doble rasero que vemos en Estados Unidos, que vemos en Bruselas y también en otros países del mundo es hoy uno de los grandes desafíos que tienen los derechos humanos a nivel global” dijo Pipper, agregando a continuación que la Comunidad Internacional reaccionó  de forma correcta frente a la guerra en Ucrania.

“Hace falta que se apliquen las mismas herramientas, las mismas respuestas en el caso de lo que está ocurriendo hoy en Palestina y en otras crisis menos conocidas como lo que ocurre en Sudán o mucho más cerca, en nuestra región, en América Latina, en Haití. Son situaciones dramáticas de violaciones a los derechos humanos que requieren que la Comunidad Internacional responda de forma clara y sin dobles raseros. Siempre protegiendo los derechos humanos y a las víctimas”, expresó Pipper.

Anotar que en el conflicto en Ucrania la gran mayoría de los países se oponen a la guerra y han abogado por negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Mientras que EEUU y los países de la OTAN han resuelto apoyar la guerra y que se sigan desangrando ambas naciones.

El Informe Mundial 2024, de la organización internacional Human Rights Watch, señala en el apartado de la situación de los derechos humanos en los mismos Estados Unidos que “el racismo, el sentimiento antiinmigrante y las amenazas a la democracia continuaron siendo problemas apremiantes de derechos humanos en Estados Unidos en 2023”.  Veamos algunas partes del informe en cuestión.

Asesinatos policiales

De acuerdo con el informe, “hasta el 28 de septiembre, la policía había matado a más de 800 personas en 2023, cifras similares a las de años anteriores. Per cápita, la policía mata tres veces a más personas negras que blancas”.

Los números de las personas asesinadas por la policía siguieron aumentando, llegando hasta 1329 en el año 2023 de acuerdo al sitio de monitoreo mappingpoliceviolence.org.

El informe de Human Rights Watch indica que “los llamamientos generalizados para reducir la dependencia excesiva de la policía y abordar los problemas sociales con la inversión en vivienda, atención sanitaria y educación fueron en gran medida ahogados por los llamamientos a una mayor financiación policial y a la reversión de las reformas policiales”.

Esto último, “fueron impulsados por una persistente divulgación de información errónea y narrativas engañosas sobre el aumento de las tasas de criminalidad y la disminución de la seguridad pública”.

Lo mismo, sacado de manual, lo podemos ver en tantos países, donde ayudados por los grandes medios de comunicación de los grupos de poder, se siembra el miedo con el fin de seguir militarizando la vida y justificando leyes que dan más garantías e impunidad a las Fuerzas de Seguridad.

Otro antecedente que indica el Informe, común en muchos países del mundo, es que “la mayoría de los departamentos de policía de Estados Unidos se niegan a proporcionar datos sobre su uso de la fuerza, lo que hizo necesaria la recopilación y el análisis de datos de organizaciones no gubernamentales”.

Desigualdad Económica y Encarcelamientos

En Estados Unidos, uno de los países más ricos e industrializados del mundo, de acuerdo al informe, “la brecha de riqueza racial continuó siendo muy marcada: por cada dólar de riqueza de las familias blancas, las familias negras tenían apenas 24 centavos y las familias hispanas, 23 centavos, una brecha que ha cambiado muy poco en los últimos 50 años”.

“La desigualdad de ingresos en Estados Unidos es muy alta en comparación con otros países ricos: el 10 % de los que más ganan acapara casi la mitad de todos los ingresos y el 50 por ciento inferior obtiene sólo el 13 por ciento”.

El informe indica que “el índice GINI, una medida estadística de la desigualdad de ingresos, apunta que para Estados Unidos ha aumentado un 3,2 % desde 2021. La desigualdad de riqueza es igualmente marcada: el 50 % más pobre de la población de EE.UU. posee solo el 1,5 % de la riqueza privada del país”.

La pobreza, desigualdad, las grandes diferencias en el acceso a los derechos entre la población estadounidense puede explicar, en alguna medida, el aumento en la tasa de encarcelamiento, El informe de HRW dice que existen “aproximadamente 2 millones de personas recluidas en cárceles, prisiones y centros de detención de inmigrantes estatales y federales en un día cualquiera, y millones más en libertad condicional” y donde, claro, hay “una representación enormemente excesiva de personas negras en prisiones y cárceles” en los Estados Unidos.

Migrantes: Biden expulsó a 2,3 millones de personas

Este punto, la problemática de la migración hacia los EEUU, es quizás uno de los pocos temas que uno puede leer en los medios masivos. Aunque, como en muchos temas, no se abordan las causas profundas de la migración que es la pobreza, las consecuencias del neoliberalismo, el cambio climático, las sanciones a terceros países, y la militarización impulsada por los mismos Estados Unidos que son factores que explican por qué las personas buscan migrar.

El informe de HRW señala que “las autoridades estatales y federales (en Estados Unidos) continuaron aplicando políticas destinadas a disuadir a las personas de buscar asilo en el país, en flagrante violación del derecho internacional de los derechos humanos, prácticamente forzándolas a emprender rutas más peligrosas”.

“La política de expulsiones sumarias del Título 42 de 2020 expiró en mayo, pero fue reemplazada por una nueva regla laberíntica de asilo. Conforme al Título 42, justificado como una medida de emergencia para combatir la pandemia de Covid-19, el gobierno de Biden expulsó sumariamente a 2,3 millones de personas sin analizar sus solicitudes de asilo”, señala HRW.

Vale recordar el Artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el que consagra que “en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país” y los Estados están obligados por la Ley Internacional a tramitar sus solicitudes.

El informe recuerda que “como candidato, Biden prometió a poner fin a la detención de inmigrantes en cárceles privadas, pero en julio, el 90 % de los 30.000 extranjeros que en promedio son detenidos cada día en EE.UU. estaban recluidos en instalaciones privadas”.

La Cárcel ilegal de Guantánamo

Debemos recordar que, dentro de la base militar de los Estados Unidos en Guantánamo, territorios que Cuba demanda sean devueltos al país, sigue existiendo una cárcel ilegal que viola los derechos humanos.

Este 11 de enero pasado, se cumplieron 22 años desde su apertura, la que fue establecida por el presidente George W. Bush en 2002, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. La cárcel ilegal en Guantánamo ha llegado a albergar a más de 700 prisioneros.

El documento de HRW señala que “al momento de redactar este informe, 30 musulmanes extranjeros permanecían encerrados en el centro de detención militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo, Cuba, entre ellos cinco acusados de participar en los ataques del 11 de septiembre de 2001”.

También indica que “las conversaciones sobre un acuerdo para que los acusados del 11 de septiembre se declararan culpables a cambio de cadena perpetua se estancaron, después de que el presidente Biden rechazará las solicitudes de atención de los hombres para ayudarlos a recuperarse de las torturas de la CIA y no cumplir sus condenas en régimen de aislamiento”.

Vale agregar que el documento no menciona sobre la existencia de los presos políticos recluidos en las cárceles estadounidenses como Mumia Abu Jamal o Leonard Peltier, entre otros.

Política exterior de EEUU

El informe de HRW también analiza algunas prácticas de la política exterior estadounidense partiendo por el presente conflicto palestino-israelí indicando que el “presidente Biden criticó duramente el ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre, que resultó en la muerte de cientos de israelíes y otros civiles y se comprometió a aumentar el apoyo a la defensa de Israel más allá de la ayuda militar anual ya aprobada”.

Sin embargo, HRW es crítico al respecto y señala que “dicha asistencia de seguridad y transferencias de armas incumplieron las leyes y políticas internas de Estados Unidos que condicionan la ayuda militar estadounidense a garantizar que sus aliados no violen el derecho internacional. Los funcionarios estadounidenses instaron pública y privadamente a Israel a minimizar el daño civil en su respuesta militar y permitir la entrada de asistencia humanitaria a Gaza”.

Agregó que si bien es cierto que algunos funcionarios del gobierno de Biden hicieron ver sus preocupaciones el gobierno israelí este no cambió su política y siguió atacando a la población civil palestina la que debe ser protegida y respetada de acuerdo con la Ley Internacional y el Derecho Internacional Humanitario. Pese a lo anterior, Estados Unidos ha seguido enviando armas y dando asistencia militar a Israel.

Sobre la guerra de Rusia y Ucrania, el informe indica que “Estados Unidos siguió brindando un importante apoyo militar y económico a Ucrania en 2023 en respuesta a la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022” y que “Biden aprobó la transferencia de municiones de racimo estadounidenses a Ucrania. Estas armas están prohibidas por un tratado internacional debido a los peligros que representan para los civiles, pero ni Estados Unidos ni Ucrania son partes de ese tratado”.

En este apartado no señala que también el gobierno de Zelensky incumplió “las leyes y políticas internas de Estados Unidos que condicionan la ayuda militar estadounidense a garantizar que sus aliados no violen el derecho internacional”.

Sin embargo, en el capítulo sobre la situación en Ucrania señala el informe que “la Misión de Observación de la ONU también documentó 75 casos de detención arbitraria por parte de las fuerzas de seguridad ucranianas, en su mayoría de personas sospechosas de delitos penales relacionados con el conflicto, y el 57 por ciento de los detenidos dijeron que fueron sometidos a torturas y malos tratos, predominantemente en lugares de detención no oficiales”.

Al cierre de este artículo, en una cárcel de Ucrania murió el periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira quien antes de morir, bajo custodia del Estado ucraniano, acuso persecución, tortura, y extorsión bajo el gobierno de Zelensky.

Finalmente, el informe de Human Rights Watch, con sus acentos y silencios, nos permite ver cómo también dentro de los Estados Unidos se violan los derechos humanos. Es importante denunciar el mito de la democracia estadounidense.

* Pablo Ruiz es periodista y parte del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile

Foto: SOA Watch

Es urgente una desescalada a la xenofobia en el país

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Terminamos este 2023 conociendo los resultados de un estudio a todas luces preocupante. Promovido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y llevado a cabo entre agosto y octubre, revela tres datos de peso que requieren ser abordados urgentemente.

El primero: 8 de cada 10 jóvenes costarricenses consultados ha estado en una situación en la que ha presenciado chistes o comentarios xenofóbicos. Este dato expresa la normalización de una conducta discriminatoria en la que el temor y en particular el rechazo y el odio al extranjero son el principal sentimiento construido.

En otras oportunidades hemos comentado que la xenofobia no es un hecho monolítico. Más bien sucede dependiendo de situaciones como crisis económicas, coyunturas políticas, conflictos entre países vecinos. Pero su instalación de forma permanente sí que debe alertar en una sociedad que ha dejado hace tiempo de convivir y ha puesto la violencia como su principal motor de búsqueda en las relaciones sociales.

El segundo dato es aún más preocupante. Cerca del 70% de personas jóvenes consultadas dijeron haber recibido bromas o comentarios negativos con respecto a su país de origen. Ya se ha planteado cómo el humor es un recurso de violencia que tiende a ser más intenso aún que la violencia misma. El chiste, la broma xenofóbica esconden una forma de discriminación que, bajo el argumento de la risa, naturaliza peligrosamente esas actitudes. El humor puede ser peligroso si no se aborda con respeto y cuidado.

El tercer dato a destacar enciende todas las alertas: es en los centros educativos y los espacios laborales donde más ocurren actos de xenofobia y discriminación. La vida cotidiana está impregnada entonces de estos hechos violentos. Este aspecto debiera conducir justamente a trabajar campañas y estrategias de sensibilización orientadas a conocer las causas y los impactos de los procesos migratorios en el país.

Es urgente desescalar estos procesos discriminatorios. En otros escenarios, los discursos de odio han antecedido a las prácticas violentas en contra de los otros y las otras. Debemos prevenir a toda costa que esto suceda en nuestro país. Estamos a tiempo.

Carta de renuncia de Craig Mokhiber, director de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Nueva York

Esta será mi última comunicación oficial como director de la Oficina de Nueva York de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Le escribo en un momento de gran angustia para el mundo, incluidos muchos de nuestros colegas. Una vez más, somos testigos de un genocidio que se desarrolla ante nuestros ojos, y la Organización a la que servimos parece impotente para detenerlo. Como alguien que ha investigado los derechos humanos en Palestina desde la década de 1980, vivió en Gaza como asesor de derechos humanos de la ONU en la década de 1990 y llevó a cabo varias misiones de derechos humanos en el país antes y después de esos períodos, esta situación me afecta personalmente.

También fue en estas oficinas de la ONU donde trabajé durante los genocidios contra los tutsis, los musulmanes bosnios, los yazidíes y los rohinyás. En cada caso, a medida que se asentaba el polvo sobre los horrores perpetrados contra poblaciones civiles indefensas, se hizo dolorosamente evidente que habíamos fallado en nuestro deber de cumplir con los imperativos de prevenir atrocidades masivas, proteger a los vulnerables y hacer que los perpetradores rindan cuentas. Lo mismo ha ocurrido con las sucesivas oleadas de asesinatos y persecución de palestinos a lo largo de la existencia de las Naciones Unidas.

Alto Comisionada, estamos fracasando una vez más

Como abogado de derechos humanos con más de treinta años de experiencia en este campo, soy muy consciente de que el concepto de genocidio ha sido a menudo objeto de abusos políticos. Pero la actual matanza del pueblo palestino, arraigada en una ideología colonial etnonacionalista, una continuación de décadas de persecución y limpieza sistemáticas, basadas enteramente en su condición de árabes, y junto con declaraciones explícitas de intenciones por parte de los líderes del gobierno y el ejército israelíes, no deja lugar a dudas ni debates. En Gaza, hogares, escuelas, iglesias, mezquitas e instalaciones médicas están siendo atacados sin motivo y miles de civiles están siendo masacrados. En Cisjordania, incluida la Jerusalén ocupada, las viviendas son confiscadas y reasignadas únicamente en función de la raza. Además, los pogromos violentos perpetrados por los colonos van acompañados de unidades militares israelíes. En todo el país reina el apartheid.

Este es un caso de genocidio de manual. El proyecto colonial europeo y etnonacionalista de colonización en Palestina ha entrado en su fase final, hacia la destrucción acelerada de los últimos vestigios de la vida palestina autóctona en Palestina. Lo que, es más, los gobiernos de los Estados Unidos, el Reino Unido y gran parte de Europa son totalmente cómplices de este horrible asalto. Estos gobiernos no solo se niegan a cumplir con sus obligaciones de «garantizar el cumplimiento» de las Convenciones de Ginebra, sino que arman activamente la ofensiva, brindan apoyo económico, inteligencia y encubren política y diplomáticamente las atrocidades de Israel.

De acuerdo con todo esto, los medios corporativos occidentales, cada vez más a instancias de los gobiernos, están violando completamente el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, deshumanizando incesantemente a los palestinos para justificar el genocidio y difundiendo propaganda de guerra y llamamientos al odio nacional, declaraciones raciales o religiosas que constituyan incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia. Las empresas de redes sociales con sede en Estados Unidos ahogan las voces de los activistas de derechos humanos mientras amplifican la propaganda pro-Israel. Los policías de Internet del lobby israelí y GONGOS acosan y difaman a los defensores de los derechos humanos, y las universidades y los empleadores occidentales colaboran con ellos para castigar a quienes se atreven a denunciar las atrocidades. A raíz de este genocidio, estos actores también tendrán que rendir cuentas, como fue el caso de Radio des Milles Collines en Ruanda.

En tales circunstancias, nuestra organización está más llamada que nunca a actuar de manera eficaz y basada en principios. Pero no estuvimos a la altura de ese desafío. El poder protector del Consejo de Seguridad ha sido bloqueado una vez más por la intransigencia de los Estados Unidos, el secretario general está siendo atacado por sus mezquinas protestas, y nuestros mecanismos de derechos humanos están siendo objeto de ataques calumniosos apoyados por una red organizada en línea que defiende la impunidad.

Décadas de distracción por las promesas ilusorias y en gran medida decepcionantes de Oslo han distraído a la Organización de su deber esencial de proteger el derecho internacional, los derechos humanos y la propia Carta. El mantra de la «solución de dos Estados» se ha convertido en una broma abierta en los pasillos de las Naciones Unidas, tanto por su absoluta imposibilidad en la práctica como por su total fracaso a la hora de tener en cuenta los derechos humanos inalienables del pueblo palestino. El llamado «Cuarteto» no es más que una hoja de parra para la inacción y la sumisión a un statu quo brutal. La referencia (escrita por Estados Unidos) a «acuerdos entre las propias partes» (en lugar del derecho internacional) siempre ha sido un evidente juego de manos, destinado a fortalecer el poder de Israel contra los derechos de los palestinos ocupados y desposeídos.

Señor Alto Comisionado, me incorporé a esta Organización en el decenio de 1980 porque encontré una institución basada en principios y normas que estaban decididamente del lado de los derechos humanos, incluso en los casos en que los poderosos Estados Unidos, el Reino Unido y Europa no estaban de nuestro lado. Mientras mi propio gobierno, sus instituciones subsidiarias y gran parte de los medios de comunicación norteamericanos seguían apoyando o justificando el apartheid sudafricano, la opresión israelí y los escuadrones de la muerte centroamericanos, las Naciones Unidas defendían a los pueblos oprimidos de esos países. Teníamos el derecho internacional de nuestro lado. Teníamos los derechos humanos de nuestro lado. Teníamos los principios de nuestro lado. Nuestra autoridad estaba arraigada en nuestra integridad. Pero ese ya no es el caso.

En las últimas décadas, importantes miembros de las Naciones Unidas han cedido ante el poder de Estados Unidos y el miedo al lobby israelí, abandonando estos principios y renunciando al propio derecho internacional. Hemos perdido mucho en este abandono, incluida nuestra propia credibilidad global. Pero es el pueblo palestino el que ha sufrido las mayores pérdidas a causa de nuestros fracasos. Irónicamente, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) fue adoptada el mismo año en que se perpetró la Nakba contra el pueblo palestino.

Al conmemorar el 75º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, haríamos bien en abandonar el manido mito de que la DUDH nació de las atrocidades que la precedieron, y admitir que nació al mismo tiempo que uno de los genocidios más atroces del siglo XX, el de la destrucción de Palestina. En cierto modo, los autores de la Declaración prometieron derechos humanos a todos, excepto al pueblo palestino. Tampoco olvidemos que las Naciones Unidas cometieron el pecado original de facilitar el despojo del pueblo palestino al ratificar el proyecto colonial europeo que se apoderó de tierras palestinas y las entregó a los colonos. Tenemos mucho por lo que disculparnos.

Pero el camino de la expiación es claro. Tenemos mucho que aprender de la postura de principios adoptada en los últimos días en ciudades de todo el mundo, donde millones de personas se manifiestan en contra del genocidio, incluso a riesgo de ser golpeadas y detenidas. Los palestinos y sus aliados, los activistas de derechos humanos de todas las tendencias, las organizaciones cristianas y musulmanas, y las voces judías progresistas que dicen «no en nuestro nombre», están liderando el camino. Todo lo que tenemos que hacer es seguirlos.

Ayer, a pocas cuadras de aquí, la Grand Central Station de Nueva York fue completamente invadida por miles de defensores judíos de los derechos humanos, que se solidarizaron con el pueblo palestino y exigieron el fin de la tiranía israelí (muchos de los cuales corren el riesgo de ser arrestados). Al hacerlo, barrieron en un instante el argumento propagandístico de la hasbara israelí (y el viejo cliché del antisemitismo) de que Israel representa de alguna manera al pueblo judío. Este no es el caso. Y, como tal, Israel es el único responsable de sus crímenes. A este respecto, vale la pena repetir, a pesar de las calumnias del lobby israelí que las críticas a las violaciones de los derechos humanos por parte de Israel no son antisemitas, como tampoco las críticas a las violaciones saudíes son islamófobas, las críticas a las violaciones de Myanmar son anti budistas o las críticas a las violaciones indias son anti hindúes. Cuando buscan silenciarnos calumniándonos, en lugar de silenciarnos, debemos alzar la voz. Espero que esté de acuerdo, Sr. Alto Comisionado, en que esta es la esencia de decir la verdad al poder.

Pero también encuentro esperanza en todos los miembros de las Naciones Unidas que, a pesar de las enormes presiones, se han negado a comprometer los principios de derechos humanos de la Organización. Nuestros relatores especiales independientes, comisiones de investigación y expertos de los órganos creados en virtud de tratados, así como la mayoría de nuestro personal, han seguido defendiendo los derechos humanos del pueblo palestino, incluso cuando otros miembros de las Naciones Unidas (incluso al más alto nivel) se han inclinado vergonzosamente ante los poderosos. En su calidad de guardián de las normas de derechos humanos, el ACNUDH tiene el deber especial de velar por ellas. Nuestra tarea, creo, es hacer oír nuestra voz, desde el secretario general hasta el último recluta de la ONU y horizontalmente, en todo el sistema de la ONU, insistiendo en que los derechos humanos del pueblo palestino no se debatan, negocien o comprometan en ningún lugar bajo la bandera azul.

Entonces, ¿Cómo sería una posición basada en las normas de la ONU? ¿En qué estaríamos trabajando si fuéramos fieles a nuestras exhortaciones retóricas sobre los derechos humanos y la igualdad para todos, la rendición de cuentas de los delincuentes, la reparación de las víctimas, la protección de los vulnerables y el empoderamiento de los titulares de derechos, todo ello en el marco del Estado de Derecho? La respuesta, creo, es simple: si tenemos la lucidez para ver más allá de las cortinas de humo propagandísticas que distorsionan la visión de justicia a la que hemos hecho un juramento, el coraje para abandonar el miedo y la deferencia a los Estados poderosos y la voluntad de levantar la bandera de los derechos humanos y la paz. Es cierto que se trata de un proyecto a largo plazo y de un camino empinado. Pero debemos empezar ahora, a menos que nos rindamos a un horror indescriptible. Veo diez puntos clave:

  1. Acción legítima: En primer lugar, en las Naciones Unidas debemos abandonar el paradigma fallido (y en gran medida falaz) de Oslo, su ilusoria solución de dos Estados, su Cuarteto impotente y cómplice, y la subversión del derecho internacional a los dictados de sus supuestos méritos políticos. Nuestras posiciones deben basarse inequívocamente en los derechos humanos y en el derecho internacional.
  2. Una visión clara: Debemos dejar de fingir que se trata simplemente de un conflicto territorial o religioso entre dos partes enfrentadas y admitir la realidad de la situación, que es que un Estado con un poder desproporcionado está colonizando, persiguiendo y despojando a una población indígena por su etnia.
  3. Un Estado único basado en los derechos humanos: Debemos apoyar el establecimiento de un Estado único, democrático y laico en toda la Palestina histórica, con igualdad de derechos para cristianos, musulmanes y judíos, y, en consecuencia, el desmantelamiento del proyecto colonialista profundamente racista y el fin del apartheid en todo el territorio.
  4. Lucha contra el apartheid: Debemos reorientar todos los esfuerzos y recursos de la ONU a la lucha contra el apartheid, como hicimos con Sudáfrica en las décadas de 1970, 1980 y principios de la de 1990.
  5. Retorno e indemnización: Debemos reafirmar e insistir en el derecho al retorno y a la plena indemnización para todos los palestinos y sus familias que viven actualmente en los territorios ocupados, el Líbano, Jordania, Siria y la diáspora en todo el mundo.
  6. Verdad y justicia: Debemos exigir un proceso de justicia transicional, que aproveche al máximo las décadas de investigaciones, investigaciones e informes acumulados por la ONU, con el fin de documentar la verdad y garantizar la rendición de cuentas de todos los criminales, la compensación de todas las víctimas y la reparación de las injusticias documentadas.
  7. Protección: Debemos insistir en el despliegue de una fuerza de protección de la ONU con recursos suficientes y un mandato firme para proteger a los civiles desde el río hasta el
  8. Desarme: Debemos abogar por la retirada y destrucción de los arsenales masivos de armas nucleares, químicas y biológicas de Israel, evitando así que el conflicto conduzca a la destrucción total de la región y, quién sabe, más allá.
  9. Mediación: Debemos reconocer que Estados Unidos y otras potencias occidentales no son mediadores creíbles, sino partes en el conflicto, que son cómplices de Israel en la violación de los derechos palestinos, y debemos enfrentarlos como tales.
  10. Solidaridad: debemos abrir nuestras puertas (y las de la Secretaría General) a las legiones de defensores de los derechos humanos palestinos, israelíes, judíos, musulmanes y cristianos que se solidarizan con el pueblo de Palestina y sus derechos, y poner fin al flujo incontrolado de grupos de presión israelíes a las oficinas de los líderes de la ONU, donde abogan por la continuación de la guerra, la persecución, el apartheid y la impunidad, al tiempo que denigran a nuestros defensores de los derechos humanos por su postura de principios sobre los derechos palestinos.

Tardará años en llegar allí, y las potencias occidentales lucharán contra nosotros en cada paso del camino, por lo que tenemos que ser firmes. Debemos trabajar por un alto el fuego inmediato y el fin del asedio de Gaza, oponernos a la limpieza étnica de Gaza, Jerusalén, Cisjordania (y otros lugares), documentar el ataque genocida contra Gaza, ayudar a proporcionar a los palestinos ayuda humanitaria masiva y reconstrucción, cuidar a nuestros colegas traumatizados y sus familias, y luchar con todas sus fuerzas para garantizar que el enfoque de las oficinas políticas de las Naciones Unidas se base en principios.

El fracaso de las Naciones Unidas en Palestina hasta ahora no es razón para que nos demos por vencidos. Por el contrario, debería alentarnos a abandonar el paradigma del pasado que ha fracasado y a adoptar plenamente un curso de acción más basado en principios.

Como ACNUDH, unámonos con valentía y orgullo al movimiento contra el apartheid que está creciendo en todo el mundo, añadiendo nuestro logotipo a la bandera de la igualdad y los derechos humanos del pueblo palestino. El mundo está mirando. Todos tendremos que rendir cuentas de nuestra posición en este momento crucial de la historia. Pongámonos del lado de la justicia.

Gracias, Alto Comisionado Volker, por escuchar este último llamamiento de mi oficina. Dentro de unos días dejaré la Oficina por última vez, después de más de tres décadas de servicio. Pero no dude en ponerse en contacto conmigo si puedo ser útil en el futuro.

Le ruego acepte, señor presidente, la expresión de mis distinguidos saludos,

Craig Mokhiber