Con una sonrisa, tan ancha que le escondía los ojos, y un gran abrazo con manos grandes y abiertas, solía recibir Rolf a la gente en la Feria Verde, uno de sus más importantes legados que celebramos en la fiesta de su partida.
Sí, celebramos y festejamos porque Rolf tenía una energía intensa y alegre que sigue viva aún ausente, creó y recreó la vida que pocos logran.
Hoy es un ejemplo para los que coleccionamos años y hemos intentado resistir/vivir la vida tratando de reducir nuestras contradicciones y tener alternativas que no solo sean propias si no un proyecto de cambio colectivo.
Cuando fuimos vecinos, fuimos compañeros de luchas contra un mega edificio sobre la cuenca de la quebrada los negritos, buscamos como proponer otros modelos de habitar la urbe. También defender un árbol de higuerón, que para Rolf formaba con sus ramas un ojo, frente a su casa de las podas “tala raza” de las cableras.
Recuerdo pasear con mi hija en brazos por el barrio y tener animadas conversaciones de sus proyectos de diseño y su crítica y propuesta frente a la sociedad de consumo. También como fue influenciado por la arquitectura de la naturaleza para su creación profesional.
La casa de Rolf fue un lugar de visita y peregrinación para las tribus organizadas, Bloque verde, Feria verde y los soñadores y creadores de la arquitectura verde. Algunas fiestas creativas para armar los toldos de la feria verde y otras que permanecen en el inconsciente colectivo de muchos y muchas.
Sorprende y nos impacta su partida, ahora parece entenderse que la opción de vida epicúrea que tomó nuestro amigo era un presagio espiritual de que había que vivir intensamente como manda la vida… entregándose a lo que uno le gusta.
¡Danzar la vida! ¡Vivir bailando! Contagiaba pasión de verlo en un concierto de Sonámbulo en primera fila de principio a fin en trance de alegría desbordante y sin complejos, parecía entregarse a fuerzas sobrenaturales y sin afán de show contagiaba el virus de la libertad, la vida de verdad.
Su fiel acompañamiento en diferentes luchas y convocatorias del Bloque verde enseña que el activismo no es para y de jóvenes si no para y de los enamorados de la vida. Rolf fue activista de su propio destino y no un espectador de la masa o del sistema.
A pesar de no conocer otras facetas de Rolf y su historia, la que conocimos inspira y trasmite una lección trascendental de cómo vivir siendo uno mismo, pero pocos se atreven a romper trayéndose abajo los esquemas de lo “normal” y que el “deber ser” que una sociedad de consumo e individualista nos impone.
Como legado vivo está el proyecto de la Feria Verde, donde le extrañaremos pero seguiremos celebrando la vida con el abrazo, con la gran mano y con la sonrisa amplia que entrega el corazón y olvida la razón.
Hoy cuando reina el individualismo, la incondicionalidad al sistema normalizante, héroes de plástico barato hechos por manos de niños esclavos, hace falta almas como la de Rolf, que quieran dar pruebas de vida, rebeldía de amor y una apuesta a la defensa a los bienes comunes, de la vida misma.
Ecologistas: Existen modernas y eficientes alternativas, país quedaría atrás
Imagen con fines ilustrativos
La vieja refinería nos “casó” con el petróleo por casi 50 años. ¿Cuántas décadas lo haría una nueva refinería, cuándo el uso y las existencias de petróleo está en cuenta regresiva?, preguntan ecologistas ante el proyecto que vio la luz con el establecimiento de relaciones con China y su indisoluble unión al interés de la explotación petrolera en nuestro país (Ver acuerdo con la compañía estatal (CNPC) octubre del 2007).
Muchos costarricenses se sienten decepcionados de un gobierno «de cambio» que quiera resucitar una refinería que se teme estancaría y entraría en contradicción con la transición del país a energías limpias para un modelo post-petrolero, más en consistencia con la imagen que se ha promovido tanto en el sector turístico de una Costa Rica verde y carbono neutral.
Además, la construcción de un megaproyecto para refinar petróleo ha desatado la polémica por dudas financieras, legales, ausencia de licitación sumando a juicios, investigaciones, falta de transparencia y de información y un cuestionado proceso de evaluación ambiental.
Ahorrar
Antes de apostar por supuesta gasolina barata, el país podría apostar a largo plazo por mejorar condiciones de transporte y de infraestructura. Un estudio de la UNA calcula, casi 250 millones de dólares, las externalidades o costos socio-ambientales asociadas a las ineficiencias del sistema de transporte e infraestructura urbano: accidentes de tránsito, congestión en tiempo y consumo de combustible y contaminación, cálculo con base en datos de 2005 y 2006 (Otoya, 2009).
El ex ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, señala como una gran contradicción en política pública invertir recursos escasos y endeudarnos en un proyecto que continuará nuestra dependencia a los combustibles fósiles:»en vez de invertir en sistemas de transporte público eléctrico y transporte alternativo, infraestructura «verdes», y en un cambio de modelo energético que lleve al país a moverse hacia una economía baja en carbono y más competitiva”.
Transformar
Cambiar fue el mandato al gobierno actual. No remendar ni maquillar proyectos tan cuestionables. Sobre agro-combustibles, ecologistas alertan que no hay un marco legal que asegure que los agro combustibles no compitan con la tierra para la producción agroalimentaria que ponga en riesgo nuestra seguridad alimentaria.
Sigue pendiente una gran agenda para hacer «potable» la cuidad, donde está el mayor consumo y desperdicio del petróleo: aceleración y aplicación del proyecto de un tren eléctrico interurbano, exoneración de impuestos transportes eléctricos e híbridos o aparatos de bajo consumo, la incentivación de la producción de energía solar y fortalecer las campañas de educación sobre ahorro y consumo.
Sustentar
Debemos estar vigilantes del nuevo proceso que realizará RECOPE. Los estudios preliminares que ha de contratar deberían ser sobre los Mecanismos Nacionales para el Abastecimiento de Petróleo en épocas de Transición hacia una Economía Baja en Emisiones.
El especialista en Evaluación Ambiental, Dr. Allan Astorga, quien denunciara un procedimiento «exprés» y deficiente para aprobar el Estudio de Impacto ambiental del fallido esquema de refinería China (http://feconcr.org/doc/refineria/), asegura “que no tiene sentido volver a resucitar un proyecto impuesto y heredado, sino que debe verse a la luz de una discusión más amplia que se plasme en una planificación más integral que evalúe estratégicamente el plan nacional de energía”.
Para el ambientalista, Jorge Polimeni, el proyecto de refinería amenaza el liderazgo ambiental de Costa Rica a nivel internacional y lo que predicamos en las negociaciones contra el cambio climático:“habrá un gran retroceso en la legitimidad de nuestras propuestas en estos espacios”.Destaca que»con esta inversión no habrá interés de ahorrar o modificar el consumo o introducir cambios necesarios en la matriz energética hasta que se acabe el petróleo en pocas décadas, al mismo tiempo que será el incentivo perfecto para abrir la puerta a la extracción de gas y petróleo que viene amarrado desde siempre a este proyecto».
Los estudios preliminares deberían señalar claramente dónde debe el país invertir la “pequeña fortuna” que China ha puesto a disposición para este proyecto.
El catedrático universitario, biólogo y ambientalista, Jorge Lobo piensa que con la refinería aumentará el tráfico de petróleo y su consumo, aumentando accidentes y derrames, situación ya documentada a pequeña escala en la zona litoral, que le suma a nuestra huella ecológica con efecto acumulativo de proyectos como APM Terminal, contaminación por la zona industrial existente y aplicación de plaguicidas.
El lunes 5 de enero, el abogado ambientalista Álvaro Sagot y el presidente de la FECON, Mauricio Álvarez, presentaron un extenso recurso de revocatoria por la manera en que otorgó la viabilidad ambiental a la terminal de contenedores en Moín, justo dos días antes del asueto de fin de año, el pasado 17 de diciembre. El recurso incluye apelación subsidiaria y recusación a la Comisión Plenaria de la SETENA.
Para los ecologistas el recurso que presentaron debe elevarse directamente a la autoridad superior inmediata de la Comisión Plenaria de SETENA y esta debe abstenerse de conocerlo, pues dicha Comisión optó por apartarse del criterio técnico emitido por la Unidad Técnica de SETENA para poder dar la viabilidad ambiental a AMP Terminals (ver considerando 17 del permiso ambiental). Y es que si bien la Unidad Técnica (UT) de SETENA emitió criterios negativos sobre el proyecto, la Comisión Plenaria asumió una función que no le correspondía al desconocer la posición de la UT y proceder a convertirse sin nombramiento en una Unidad Técnica ad hoc, aprobando por sí mismos el permiso o licencia ambiental.
Para Álvarez y Sagot, la Comisión Plenaria cometió una falta muy grave con esta maniobra, pudiéndose configurar en abuso de poder, fraude de ley, violación al principio de transparencia y al de legalidad.
Consideran que con este accionar la Secretaría parece haberse convertido en la defensora del desarrollador frente a su propio equipo técnico, utilizando además criterios superficiales con el fin de forzar la aprobación de la viabilidad ambiental para APM, a pesar de que lo que procedía era revocar el criterio de los técnicos o remitir nuevamente el expediente a dicha Unidad.
Los ecologistas solicitaron que se abra un procedimiento administrativo que sancione a los miembros de la Plenaria, porque consideran que dicha Comisión descalificó, minimizó y suplantó, el trabajo de análisis y evaluación de más de dos años de un grupo interdisciplinario especializado, asegurando que hizo una revisión completa del expediente (más de 25 mil folios) y en un plazo extraordinariamente corto (entre el 03 y el 17 de diciembre,apenas 14 días), centrándose en un aspecto de forma y no de fondo: si el desarrollador respondió o no lo solicitado por la SETENA cuando solicitó el Anexo. Afirman que no profundiza en lacorrecta evaluación de impacto ambiental del Megaproyecto, sino quese concentra en buscar en qué parte del expediente se encuentranlas respuestas o lo que la Comisión Plenaria califica como unarespuesta satisfactoria para así poder señalar que se da por solventadoeste punto.
Sagot y Álvarez destacan que en ningún punto del informe técnico de la Comisión Plenaria se hace una discusión integral, sólida ni completa sobre los efectos ambientales principales del proyecto, sino que refuta, con muy poca argumentación de fondo, la larga lista de incumplimientos que detectó la Unidad Técnica como parte dela revisión del expediente. Afirman que esto convierte una decisión técnica en una decisión de carácter político, además inconsistente y parcializada y consideran que así la Secretaría Técnica pasa a funcionar como una Secretaría Política.
Si bien la Comisión Plenaria reconoció que pese a su revisión, hay incumplimientos en el expediente que logró constatar, los minimizó al forzar el otorgamiento de la viabilidad ambiental así como haber hecho caso omiso del documento respaldado por más de 130 organizaciones sociales y presentado por ambientalistas en el que se hace una ampliación de argumento y justificaciones para el No otorgamiento de viabilidad ambiental al proyecto TCM, el cual no fue analizado, ni tomado en cuenta como parte del proceso de revisión.
Una vez más, los ecologistas ponen en evidencia las inconsistencias técnicas y jurídicas que derivan de un proyecto que, mucho antes de contar con el visto bueno de Setena, ya contaba con la viabilidad política, y afirman que expone groseramente la seguridad jurídica y ambiental de la población costarricense.
Para conocer en detalle el Recurso de Revocatoria interpuesto a SETENA, haga click en el siguiente enlace:
Más de ciento treinta organizaciones no creemos que deba otorgarse la viabilidad ambiental del megaproyecto de la Terminal de Contenedores de Moín pero sí estamos a favor de una modernización portuaria que cuide el ambiente y los intereses sociales y económicos del país.
Una amplia y diversa representación de diferentes sectores y regiones del país tales como organizaciones sociales, académicas, culturales, indígenas, feministas, estudiantiles, ecuménicas, cívicas, de derechos humanos, del sector salud, de diversidad sexual, artísticas, comunicación popular, juveniles, turísticas, de economía solidaria, educación, campesinas, cooperativas, productivas, comunitarias, migrantes, políticas y ambientales que suscribimos el presente documento, deseamos dejar de manifiesto nuestro total apoyo al documento presentado por ambientalistas en el que se hace una“Ampliación de argumento y justificaciones para el No otorgamiento de viabilidad ambiental al proyecto de la terminal de contenedores de Moín”.
Consideramos que los argumentos presentados, tanto de forma, como de fondo, son lo contundentes para demostrar que el proyecto no es viable, no solo por la seria y grave cadena de impactos ambientales que produciría, sino también por el flagrante incumplimiento del marco legal vigente en nuestro país y de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.
Son muchos los argumentos presentados, destacándose los siguientes:
Aspectos de forma
-Se irrespetó el principio de participación pública, al presentarse un Anexo Único con más de 25 mil páginas de información, no ordenada, de bulto, que no permite y facilita la comprensión clara de la evaluación de impacto ambiental.
-No se cumplió a cabalidad con las respuestas a las más de 110 observaciones técnicas solicitadas por la SETENA.
-El Anexo Único presenta contradicciones e inconsistencias muy serias. Mientras por un lado se dice al SENARA que no se utilizarán sustancias peligrosas en el Campamento, a la SETENA se le dice que sí. De igual manera, en el la descripción del proyecto, se comenten omisiones muy serias, como la no incorporación de los 11 sitios de explotación minera submarina o el dragado capital, que introducen un serio error de raíz en el resto de la EIA.
-Se irrespeta la legislación vigente al presentarse información en otro idioma diferente al español, así como documentos con tachadoras y correcciones a mano.
-El diseño final del proyecto y su presupuesto fueron aprobados por el Consejo Nacional de Concesiones hace más de un año, y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, sin que ni siquiera se hubiera iniciado el proceso de audiencia pública y se terminara de revisar el estudio ambiental, lo cual muestra el irrespeto que se tiene por trámite de evaluación de impacto ambiental.
Aspectos de fondo
-El análisis de alternativas para la selección de la propuesta objeto de la EIA, adoleció de una correcta evaluación ambiental, lo que llevó a una opción que no tiene el debido sustento ambiental. Había una mejor alternativa (la “C”) para el desarrollo de la Terminal, y no la que finalmente se seleccionó.
-El área seleccionada para la instalación del campamento en tierra no es apta desde el punto de vista ambiental para su uso con ese fin.
-Las 11 fuentes submarinas de materiales mineros no fueron objeto de una EIA individual ni del trámite correspondiente según lo establece el Código de Minería y la Constitución.
-El área de botadero submarino no fue objeto de EIA detallada ni del debido trámite de autorización para ser utilizada para ese fin, razón por la cual, dicho opción no es viable ambientalmente.
-El sitio seleccionado para la construcción de la Terminal y las obras relacionadas no son aptas por aspectos de Geoaptitud, razón por la que se origina una seria cadena de impactos ambientales que hacen inviable el megaproyecto.
-La metodología de la identificación de los impactos ambientales incumple lo señalado en la Guía de EIA (Decreto Ejecutivo No. 32966 MINAE) por lo que la valoración de impacto realizada resulta confusa, poco objetiva y parcializa a justificar el proyecto.
-Las medidas de compensación para los efectos acumulativos son insuficientes y hay deficiencias serias sobre la valoración de los sinergísticos del área del proyecto y su extensa área de influencia (no se toman en cuenta los impactos que ya producen por las actividades urbanas, portuarias, industriales y turísticas que se desarrollan en los alrededores).
-El balance de costo beneficio ambiental del megaproyecto es insuficiente, con el agravante de que la inversión en gestión ambiental que se propone es muy reducida respecto al costo del proyecto (menos del 1 % de la inversión total).
-No se establecen de forma correcta y completa los compromisos ambientales del proyecto, incumpliendo la Guía de EIA (decreto 32966 – MINAE).
-Los impactos en los ecosistemas marinos serán altamente significativos, hasta críticos tal y como reconoce el mismo estudio de impacto ambiental. Se afectarán los arrecifes y la pesca, así como las actividades turísticas, durante varios años de construcción.
-El EsIA reconoce que el proyecto producirá efectos negativos en la morfología del litoral costero de Moín, los cuales serían de tipo irreversible y generarían importantes cadenas de impacto ambiental que no fueron detalladamente valoradas en el EsIA
En consideración de los argumentos resumidos aquí, y en particular del documento citado, es que solicitamos que no se otorgue la Viabilidad Ambiental al Proyecto de la Terminal de Contenedores del Moín y que se proceda al archivo correspondiente del expediente.
Concordamos que debe darse un proceso de modernización de la infraestructura portuaria de Limón – Moín, por lo que debe realizarse un correcto proceso de planificación estratégica, que aplique la legislación ambiental vigente y determine las alternativas de solución técnica y ambiental que sean verdaderamente sostenibles. En particular, ahora que se plantea otra megapuerto en Moín, para el denominado Canal Seco. La intención es que no se repitan los errores del pasado, y la soluciones de desarrollo, en vez ser impuestas, sean discutidas de forma abierta y participativa.
Entidades que suscriben: ADI de China Kichá, Consejo de Vecinos Amubri, Asociación Nacional de Habitantes de las Zonas Costeras (ANHACO), Consejo de Vecinos de la Pera, Frente Cívico Guanacasteco, Alianza de Mujeres Costarricenses, Red Territorios Costeros Comunitarios (TECOCOS),Consejo de Vecinos Kachabri, Era Verde, Finca Integral Loroco Talamana, Canal UCR, FEDEAGUA, Cámara de Turismo Rural Comunitario de Coto Brus, Consejo de Vecinos Mojoncito, Consejo de Vecinos Soki, Consejo de Vecinos Suretka, Consejo de Vecinos Tsuiri, Consumo y Comunicación Alternativa, COOPETSIOLA, Federación de Uniones Zonales de Asociaciones de Desarrollo La Amistad, Alianza de Redes Ambientales (ARA), Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA),Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), Amigos de Pacuare, Asoc. Proyectos Alternativos –PROAL, Bagaces 2030,Asociación Regional del Pacifico Sur, Asociación de Estudiantes de Economía de la UNA Consejo de la persona con discapacidad y adulto mayor Rey Curre, Asociación por la conservación y desarrollo de Montezuma (ASOMONTE), Consejo Cultural Yimba, Comité de jóvenes Rey Curre, Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia (CONCEVERDE), Asociación CRISOL de Cartago, Asociación de Desarrollo Integral de Limoncito Coto Brus, Asociación de Ecología Social, , Asociación de Estudiantes de Geografía UNA, Asociación Dokus , Asociación Palmareña para la Recuperación del Ambiente (APRA), Asociación Regional Centroamericana por el Agua y el Ambiente (ARCA), , Bloque Verde, Caminantes por la Vida, Centro Cultural Bribripa Kaneblo de Salitre, Centro de Arte y Sostenibilidad de Longo Mai, Centro de Comunicación Voces Nuestras, Centro en Acción por Derechos Humanos (CADH), Coalición Barva Unida, COECOCEIBA-Amigos de la tierra Costa Rica, Cokomal, SC. , Colectivo 8 Remolinos, Colectivo de Comunicación Popular Radio Machete, Colectivo Voces Ecológicas, Comisión de Ambiente y Turismo de Coto Brus, Comisión Defensora de los Ríos Convento y Sonador, Comisión para la Defensa de la Zona Protectora El Chayote, Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel de Santo Domingo de Heredia, Comité Cantonal de la persona joven de Belén, Comité Cívico Agropecuario de Coto Brus, Comité Cívico Bonaerense, Comité de Turismo Longo Mai, Comité para la Protección de los Recursos Naturales de Guacimal, Comité Socio-Ambiental de Lagunilla de Heredia, Consejo de Asociaciones Estudiantiles de la UNA, Coordinadora ni una mina Más, Coordinadora Patriótica Cañera, Coronado por la Naturaleza, Costa Rica Neutral, COVIRENA de Desamparados de Alajuela, Culturas Vivas Comunitarias, El Frente Ecologista Universitario, EquipoCritica.org, Federación Ecologista (FECON), Federación Indígena Estudiantil de Costa Rica, Finca agroecológica Amalur, Foro Cantonal Barveño en Defensa del Agua, Foro de Carrillo, Frente Ecologista de Paraíso, Freshwater Action Network(FAN),Fundación Bandera Ecológica, Fundación La Legión, Fundación Sol de Vida de Guanacaste, Fundación Xtremas ,Grupo Agroecológico Generaleño, Grupo Ambientalista de Tinamastes, Grupo Conservacionista los Congos, Grupo de Mujeres Shiroles, Grupo Ecológico de Occidente (GEO), Grupo mujeres Alakolpa U, Guanared Cultura Comunitaria, Indígenas Estudiantes de la Universidad Nacional, IndignadosCR, Instituto de Oceanología de Costa Rica, Juventud Progresista (JUNPRO),Kokopelli Costa Rica, Kolectiva para otras Planificaciones UNA, Las hijas de la negrita, Movimiento Cívico Cruceño, Movimiento Cívico de Liberia, Movimiento Cívico Santacruceño, Movimiento en Defensa de los Ríos de Dota, Movimiento Felix Arcadio Montero-Sto. Domingo, Movimiento Talamanca por la Vida y por la Tierra, Ofensiva Urbana, Oilwatch Costa Rica, Partido UNA Voz, Peña Curridabat, Programa Kioscos Socio-ambientales para la organización Comunitaria UCR , Proyecto Biodiversidad de Costa Rica, Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA), Red de Coordinación en Biodiversidad, Red de Forestería Análoga, Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativos, Red de Mujeres Nicaragüenses, Red de Mujeres Rurales de Costa Rica, Red feminista contra la violencia, Red por una América Latina Libre de Transgénicos, Servicio Paz y Justicia en Costa Rica (SERPAJ), Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA) Costa Rica, Sonámbulo (Banda Psicotropical), Surcos Digital, Talamanca Unida, Un Rojo (Banda de reggae),Unión de Amigos para la Protección del Ambiente (UNAPROA), Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses, Vía Campesina Costa Rica, Unión Norte por la Vida (UNOVIDA), Unión Vital, Unión Zonal de Asociaciones de Desarrollo de Coto Brus, Vida Autentica
Balance de las 3 primeras sesiones del Diálogo sobre Energía Eléctrica, desde el movimiento ambiental.
Diálogo ICE – comunidades y ecologistas: altas expectativas. Semanas atrás, en el arranque del diálogo convocado por el gobierno, los sectores comunitarios y ambientales solicitaron información al Presidente Ejecutivo del ICE y ofrecieron la posibilidad de establecer un intercambio sobre proyectos hidroeléctricos privados y públicos que son de preocupación para las comunidades representadas. El Presidente Ejecutivo del ICE estuvo anuente a la solicitud.
¿Quién defiende el ambiente? Uno de los ausentes en el diálogo ha sido el mismo MINAE. El ente rector, pareciera haber olvidado su rectoría en varios temas cruciales de su gestión. Las discusiones del Diálogo Energético no tienen presencia de la rectoría en Aguas, tampoco de la rectoría en Conservación y mucho menos de la de Ordenamiento Territorial. Y aunque suene incomprensible tampoco hay una presencia institucional de la rectoría en Cambio Climático. La presencia del MINAE ha sido, en cambio, como “facilitador” del diálogo, la Viceministra de Energía se ha hecho acompañar en este proceso de funcionarios del sector Energía del MINAE para cumplir sus papeles de “mediadores”, facilitadores y apoyo técnico.
Para el movimiento ecologista, este sector “energía” del MINAE ha sido históricamente un enclave del ICE, de RECOPE y de la CNFL, que desde el propio MINAE, ha defendido los intereses empresariales de estas entidades, imposibilitando y soslayando el ejercicio de la Rectoría desde el propio MINAE. El propio Ministro Gutiérrez Espeleta ha hecho pública esta falencia institucional del MINAE.
En este entorno, una vez más y como es usual, recae sobre la representación comunitaria y ecologista la responsabilidad de cumplir con las tareas y rol que debería tener el SINAC, SETENA, AyA, Municipalidades, y otras instancias estatales.
ICE “juez y parte”. Cuando el presidente de la República hizo el lanzamiento del proceso marcó la cancha al ICE, señalando que siempre ha sido juez y parte, reconociendo que por razones de capacidad institucional del ICE ha tenido la rectoría del sector en la práctica y esto se ha materializado en lo político pues son empleados del ICE los que cada cuatro años cambian de camiseta y se convierten en MINAE y luego vuelven a su plaza en el ICE. No entendemos donde quedaron las intenciones del presidente en la práctica. En el Diálogo Energético abundan los funcionarios del ICE.
Eficiencia en la generación. Para el sector ambientalista y para las comunidades es relevante el establecer políticas gubernamentales de ahorro, que tengan como referente metas concretas de reducción de consumo de energía eléctrica, por ejemplo con medidas concretas relacionadas con el alumbrado público, la sustitución de calentadores de agua por calentadores solares entre otros. Todo lo anterior requiere el alineamiento del sector gubernamental: la asignación de recursos, la inclusión con metas en los planes anuales y presupuestos de las instituciones.
¿Y la innovación? El país ha invertido poco en investigación de nuevas alternativas, como por ejemplo el hidrógeno, así como en la búsqueda de tecnologías eficientes que permitan hacer más compatible la generación con los objetivos de eficiencia y de reducción del impacto ambiental y social.
Generación distribuida. En la tercera sesión del diálogo energético sobre generación distribuida aprovechamos para fijar puntos sobre el tema y la metodología conceptual del foro.
Si bien se reconoce que la generación permite socializar la producción de energía, sin embargo, una excelente posibilidad para dimensionar, discutir y valorar las energías renovables se convirtió una sesión de “negocios” orientando la sesión de trabajo hacia la “generación distribuida”. La oportunidad real de discutir mecanismos para incentivar el autoconsumo de energía y de planificar una medida de adaptación nacional al cambio climático, se focalizó en cómo “no perder el negocio de la energía”.
Energías renovables: un síntoma más de la debilidad central del diálogo energético. El Diálogo, metodológicamente, no ha querido entender que “seguir pensando en gastar y producir más para mercantilizar las llamadas energías renovables, es seguir actuando igual ante la verdadera crisis, que es la climática” señaló Jorge Polimeni, de la Alianza de Redes Ambientales. El punto de partida sobre energías renovables, debió ser la transformación energética que debe vivir la sociedad en general y como socializarlas efectivamente logrando incluir todas las formas de generación como tal y no sólo algunas, que en el caso de estas sesiones, fue la solar.
Más ausencias. Fue notoria la ausencia de una importante gama de emprendimientos productivos relacionados con energías renovables que existen en nuestro país. Desde PYMES de rama metalmecánica que construyen, instalan y venden diversos tipos de dispositivos colectores solares hasta múltiples empresas que importan, promueven e instalan dispositivos solares. El Diálogo energético da con ello una muestra de apoyo a la presencia de grandes capitales nacionales y transnacionales ¿olvidándose? de las PYMES nacionales promotoras de un mejor futuro energético y social en el país, y de desarrollo económico autónomo y nacional.
Sin justica social no hay democracia energética. No se puede pensar que en un país con más de un millón de pobres la generación distribuida -a pequeña escala y con medios propios- vaya a significar democratizar la energía, más bien puede ser una puerta para debilitas más el modelo social eléctrico alentando las bases de un modelo individualista, sin solidaridad ni universalidad.
Si bien aplaudimos que el autoconsumo puede ser una herramienta para concientizarnos sobre el uso y el costo de la generación eléctrica, debe plantearse en forma creativa para mantener la solidaridad del modelo y servir para quitarle la presión a otros recursos estratégicos como ríos y Parques Nacionales.
¿Para qué y para quiénes se necesita producir electricidad? Este tema de generación distribuida debe ser abordado en una ley como tal y no seguir fortaleciendo la lógica que ha permitido que desde resoluciones e interpretaciones de ARESEP se abran las puertas a nuevas formas de producir, consumir y vender energía. Es claro para el movimiento ecologista, que aunque estas resoluciones de ARESEP pudieran ser legales y apropiadas administrativamente, el papel de los órganos de regulación no puede ni debe suplantar a las de los poderes de la República y que sus resoluciones, legales y administrativamente apropiadas no pueden ir en detrimento de las instituciones públicas y el modelo solidario.
Opinión de los participantes
Para el representante de Movimiento Ríos Vivos Luis Monge es prioritario que se coloque la protección de los ríos en la agenda nacional, y apunta a que se discuta, más que de eficiencia, sobre el ahorro eléctrico. Además este movimiento ha manifestado que la defensa de los ríos y el rechazo a los proyectos hidroeléctricos son objetivos que no se están negociando en este proceso (ver posiciones en el Diálogo).
Siguen la misma línea las expectativas de Jansy Fernández, lideresa comunitaria de las Vegas de Acosta, quien recalcó que por primera vez las comunidades afectadas por el modelo eléctrico tienen voz y oídos (ver entrevista completa). Desde años atrás, las comunidades de Las Vegas y Bijagual de Acosta vienen luchando contra la intensión de la empresa “Hidroenergía del Pacífico” S.A de construir el Proyecto Hidroeléctrico Parritón.
Para el presidente de Unión Norte por la Vida, Otto Méndez, es un espacio valioso para discutir no sólo de eficiencia si no para qué y para quién producir energía (ver entrevista completa).
Y desde el sector ecologista, Osvaldo Durán, representante de FECON, señaló que en principio la metodología de este diálogo no fue diseñada para abrir un espacio efectivo y real de participación ya que fue necesario abrir un espacio para comunidades afectadas por proyectos e infraestructura a través de una negociación realizada con el Presidente de la República y el Ministro MINAE. Sin embargo, sí considera el Diálogo Energético como una oportunidad que hay que tomar para impulsar un nuevo modelo más integral de planificación energética que dimensione y disminuya impactos ambientales, sociales y culturales (ver entrevista completa).
Una inquietud inusual rodea el informe de los primeros cien días después de décadas de gobiernos de turno que poco o ningún cambio era de esperar, sin embargo para la administración Solís la expectativa de cambio de su gestión puede ser inversamente proporcional a la erosión y descapitalización política que puede sufrir el nuevo gobierno.
Con la Copa mundial vivida en medio de estos primeros meses de gobierno, hacer la analogía con un partido de fútbol queda muy a la mano para el ejercicio de análisis de esta centena de días donde los indicadores podríamos colocarles categoría de goles, faltas o penales.
A esta altura del partido un empate y varios penales quedan a la vista por la pugna entre fuerzas que quieren lograr una gestión del cambio, y las fuerzas que tienden hacia el continuismo y que están muy bien representadas por los miles de burócratas y mandos medios heredados de gobiernos anteriores y que vetan cualquier modificación y se perfilan como una tendencia de oposición dentro del Gobierno; a lo que hay que sumarle el trabajo orquestado por el poder empresarial-comercial que usa a los medios de comunicación masiva para llenar de titulares que provocan contradicciones y sólo evidencian las pifias del gobierno y no sus posibles aciertos.
Lo cierto es que la resistencia al cambio, propuesto por Solís y su gabinete, está presente dentro del aparato administrativo y el MINAE y otras dependencias vinculadas a medio ambiente no están exentas. Para muestra del nivel de cercanía entre las administraciones anteriores y los intereses empresariales vimos en plena Audiencia en Sala IV a un funcionario público que tomó, de la manera más natural y a la vista y paciencia de todas las personas en el recinto, la computadora del abogado de Monsanto para hacer su presentación, a ese “gesto” se le suma el silencio de otros funcionarios en la vista donde su participación fue no decir nada ¿actitud cómplice? el que calla otorga. Juzgue usted.
En el área ambiental podemos recordar el western del italiano Sergio Leone “El bueno, el malo y el feo”, en un ejercicio de análisis de las dibujar a grandes rasgos “lo bueno, lo regular y lo malo”, algo así como aquella película del género spaghetti principales acciones y omisiones del arranque del gobierno.
Aciertos: “lo bueno”
Decreto de incineración de Basura. El nuevo Gobierno envió un mensaje claro a favor de la salud pública y que se convierte en una respuesta positiva para las comunidades organizadas en contra de la incineración, las cuales ejercen la democracia de forma activa para lograr el cumplimiento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Así, mediante el Decreto Ejecutivo 38500-S-MINAE, el Ministerio de Ambiente en conjunto con el Ministerio de Salud establecen una Moratoria Nacional de las actividades de transformación térmica de residuos ordinarios sólidos hasta que no exista certeza científica de sus consecuencias por parte de las autoridades gubernamentales competentes. La moratoria está siendo atacada por unos algunos alcaldes municipales y empresas interesadas.
Decreto de maíz patrimonio cultural. Este responde a la lucha ecologista y comunitaria en defensa del maíz. Como parte de las acciones de incidencia de la campaña En defensa del maíz “se realizaron reuniones con el ministro del anterior gobierno y se presentó una propuesta de decreto pero a pesar de la anuencia del jerarca de Cultura Manuel Obregón el gobierno anterior no firmó. El decreto firmado por el gobierno es un paso más para cerrar definitivamente la puerta al maíz transgénico para ello está en las manos del actual poder aprobar una decreto de moratoria a los transgénicos así como apoyar un proyecto de prohibición por ley.
Diálogo nacional sobre el tema energía. Sacar contingencia eléctrica despejando la cancha sobre el tema. El lanzamiento del proceso de diálogo anunciado, que no hace otra cosa que formalizar o generarle condiciones de “civilismo” más apropiadas a las batallas del día a día en la discusión energética nacional, anuncia a diferencia de los anteriores, se le marcó la cancha al ICE quién siempre ha sido juez y parte, vende la electricidad, hace los estudios y además cuando es posible evaluarlos prácticamente están hechos los proyectos. El diálogo no podrá obviar que es negocio para el ICE el facturar electricidad y esto deberá estrepitosamente chocar contra la ausencia premeditada de una cultura de ahorro importante.
No a los proyectos hidroeléctricos Pacuare y Consuelo en Río Cañas Buenos Aires zona Sur. “Vamos a verificar la directriz dictada al ICE que el río Pacuare no tendrá una represa por lo menos en este gobierno y no firmaré ninguna declaratoria que ponga en riesgo el agua para consumo humano” sentenció el jerarca del MINAE, Edgar Gutiérrez frente a unos 30 representante de comités de base del Movimiento Nacional en Defensa de los Ríos y organizaciones ecologistas reunidos el 4 agosto en el MINAE. El ministro volvió a repetir lo que ya les dijo a los diputados en una comparecencia reciente “Dejemos a los ríos tranquilos y estamos trabajando mociones a la ley de contingencia – pues los diputados de oposición aseguran que tienen los votos para aprobarla – a la que calificó como que es un adefesio y no puede aprobarse así como está. ¿Qué negocio para el país puede ser comprar energía producida por el agua en época de invierno, y combustible en época seca? Los empresarios que se pongan creativos para ofrecer al país lo que verdaderamente deje de consumir combustible”, sentenció.
Ambivalencias y medias tintas: lo “más o menos”
La moratoria petrolera modifica el artículo 1 del decreto 36 693 MINAET firmado durante la administración de Laura Chinchilla, ampliando su plazo hasta el 2021 fecha de la celebración del bicentenario de la Declaración de Independencia de Costa Rica. Este decreto es un logro de 15 años de movilización ecologista y comunitaria. Sin embargo, partiendo que aún no existe el texto final del decreto y que es sólo una ampliación del plazo, quedan vigentes las críticas que hizo el movimiento ambiental sobre el decreto que no incluye en la moratoria el “insistido” gas ni su exploración, Mallon Oil sigue haciendo presión y por otro lado el acuerdo con China sigue vigente. Para consolidar el compromiso que se desprende del Pacto Ambiental al que se comprometió el actual presidente hace falta el impulso de una ley que declare a Costa Rica como país libre de exploración y explotación petrolera. El decreto de moratoria es un tránsito para prohibir por ley la actividad petrolera logrando convertir a nuestro país en el primer país en el mundo libre de industrias extractivas como la minería y la industria petrolera.
No firmar un decreto de moratoria a los transgénicos transitorio hasta que se apruebe el proyecto de ley y que consolide los compromisos de campaña del PAC. El Partido Acción Ciudadana (PAC) se propuso en campaña respetar la voluntad de más de setenta cantones que se han declarado «libres de cultivos transgénicos» en todo el territorio nacional.
No descartar el aeropuerto en la Zona Sur porque afecta el Parque de las esferas declarado recientemente patrimonio de la humanidad, y el humedal Térraba Sierpe. El Aeropuerto en términos ambientales implicaría la aplicación, en el Pacífico Sur, del modelo turístico que ha hecho estragos económicos, sociales y ambientales en el pacifico Norte (Guanacastización de Osa). El Estudio de Impacto Ambiental del Aeropuerto entró a SETENA en diciembre del 2013, por lo que seguramente no fue evaluado para la candidatura de Patrimonio Mundial. Convirtiéndose en un elemento medular para la evaluación solicitada por Comité de Patrimonio Mundial sobre el impactos del Aeropuerto. La SETENA pidió criterio a una serie de instituciones, por esto la UCR presentó el estudio: “Valoración del documento sobre el estudio de impacto ambiental del aeropuerto internacional en la región Brunca (AIRB)”, un extenso documento de críticas y recomendaciones, así como señalamiento de omisiones al proyecto.
Agenda ambiental legislativa: Lento o casi imperceptible avance de la presentada por ecologistas el 5 de junio pasado, destacando los proyectos de ley prioritarios, de los cuales fueron convocado los proyecto de moratoria a los transgénicos y de Territorios Costeros Comunitarios (TECOCOS)mientras otros que continúan sin ser convocados son el de Fortalecimiento de los Acueductos Comunales ASADA, la Reforma Constitucional para que el agua se declare como un bien de dominio público y su acceso como un derecho humano, así como el pocos avance del importante proyecto No.18804 “Investigación sobre las responsabilidades del estado en el caso del asesinato del ambientalista Jairo Mora y otros casos de agresiones contra el movimiento ecologista (Comisión Permanente Especial de Ambiente) procedimiento comisiones especiales investigadoras.” Esto debió ser una prioridad a partir del triste aniversario de la muerte de Jairo Mora.
Pocas señas de una reformar integral de la SETENA que catalogado como “primer reto ambiental del Gobierno en una solicitud de una 20 de organizaciones ambientales. Muchos de estas solicitudes fueron acogidos como compromisos de campaña. Esto se da después de 8 años de intervención política y de un enorme cúmulo de fracasos e irregularidades donde destacan: Caso Crucitas, Marina Moín, refinería China, el caso de torres y antenas de telefonía celular, el caso de P.H. Diquís, la falta de convocatoria a la Comisión Mixta de apoyo a SETENA , la no reglamentación de la Evaluación Ambiental Estratégica de políticas, desarrollo de procedimientos arbitrarios e inconsultos, evidente pérdida de autonomía técnica, anomalías en trámites de diversos proyectos, ineficiencia en el proceso de control y seguimiento, deficiencia en el proceso de trámite ambiental de planes reguladores, los Incumplimiento de rectificaciones solicitadas por la Contraloría General de la República.
Desaciertos: “Lo malo”
Transgénicos. El triste y deplorable apoyo de funcionarios de MAG, MINAE a la compañía Monsanto en vista de Sala Constitucional. El presidente de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, trató de defender la supuesta rigurosidad, capacidad administrativa y confianza de la “evaluación de riesgos” empleada en el país, lo cierto es que no existe tal control porque existen registros de impactos ecológicos ocurridos por transgénicos. Uno de estos impactos corresponde a los eventos descontrolados de propagación de plantas y rebrotes de algodón transgénico ocurridos en Cañas, Guanacaste en el año 2005 (Sprenger, 2008), y también, se recuerda que en Chomes en Puntarenas más de 180 mujeres trabajadoras sufrieron de intoxicaciones con uso de pesticidas en campos de algodón transgénico durante los meses de julio y octubre de 2010 (IRET, 2011).
Muelle de Apm Terminal. Se le da toda serie de ventajas y más tiempo al proyecto sin ningún balance más estratégico los impactos y costos socio ambiental del proyecto. Sin saber si el proyecto de Megapuerto de APM Terminals es viable ambientalmente, se inició la construcción de una carretera (ruta 257) que atravesara el Humedal Cariari en Moín de Limón. El Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) rechazó la medida cautelar provisional que ordenó al Servicio Nacional de Conservación (SINAC) del MINAE, no autorizar la tala de árboles en el Humedal. Sin embargo, los ecologistas sostenemos que es necesario que exista una ley para que se pueda reducir el Humedal y no un decreto de interés nacional como en este caso.La SETENA solicitó a la empresa mediante Resolución N° 669-2014-SETENA del 3-5-2014, un anexo donde aclare las 110 omisiones, errores e inconsistencias al proyecto del mega-puerto. En dicha resolución se asegura que “se concluyó que el mismo no aporta suficiente información para poder determinar si el proyecto es viable ambientalmente”. A pesar que la SETENA calificó de “confusas” y “contradictorias” varias partes del Estudio de Impacto ambiental (EIA) les dio 6 meses para presentar un anexo. Posterior a ello, deberá emitir un criterio final, tomando en cuenta que a pesar del posible rechazo al megapuerto se tendrá el humedal atravesado por una calle que no tuvo ningún sentido construir (Ver más).
Contra la Participación ciudadana en ambiente. En otro pulso más que parece ganar el sector empresarial el gobierno no levantó un veto del gobierno de Oscar Arias al proyecto de “Ley para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental”. Esta ley reforma y adiciona varios artículos de la Ley Orgánica del Ambiente, con la finalidad de fortalecer y consolidar los mecanismos para hacer efectiva la participación de la población en la toma de decisiones sobre asuntos relacionados con el ambiente. Esto mediante un procedimiento de consultas populares para que la población sea informada y pueda decidir sobre aquellos asuntos ambientales que sean competencia del MINAET y de trascendencia para sus comunidades. Las consultas pueden ser convocadas directamente por el Ministerio o por iniciativa popular mediante recolección de firmas de la ciudadanía interesada. En el proyecto de ley se establecen tres tipos de consulta: plebiscitos, referendos y audiencias públicas.
El Instituto Costarricense de Pesca (INCOPESCA) solicitó a la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) un aumento de la capacidad de captura de atún en aguas nacionales del Pacífico. Esta medida se da en un conflicto abierto por el decreto de zonificación ZEE a la medida de algunos grupos que han estado en pugna por asegurar zonas particulares de pesca frente un proceso que parece irreversible de deterioro, sobre explotación y extinción de especies y recursos marinos.
Para finalizar, de las posiciones construidas con diversos actores ambientales agrupados como Pacto Ambiental hoy todavía no las conocen los jerarcas, algunos más bien se han contradicho, como afirmar que el PH Diquís es un “proyecto estrella” para el Gobierno y que “no hay piedras en el camino” para los proyectos (crhoy.com, 20-6-14).
Todavía hay Juntas Directivas, Institutos, Departamentos, oficinas, programas claves que permanecen sin cambios y con poca o nula participación del sector ambiental. Por otro lado, se reconoce que existen espacios importantes de participación y una gran apertura, pero no hay un método de participación claro y operativo que garantice la efectividad de este derecho.
Más que “encharralado” nuestro sistema político está empantanado y necesita de un nuevo pacto social que se adapte a lo que hemos construido como consensos y superar los disensos. El gobierno tiene que ubicarse y superar el “modo campaña” para trabajar en los cambios sustanciales posibles.
“Vamos a verificar la directriz dictada al ICE que el río Pacuare no tendrá una represa por lo menos en este gobierno y no firmaré ninguna declaratoria que ponga en riesgo el agua para consumo humano” sentenció el jerarca del MINAE, Edgar Gutiérrez al Movimiento Nacional en Defensa de los Ríos y organizaciones ecologistas reunidos en la cartera ministerial.
Unos 30 representante de comités de base de Defensa de los Ríos de las Vegas de Acosta, Dota, Pacuare, Duchi, Buenos Aires, Pérez Zeledón, Coto Brus, Peñas Blancas, Longo Mai, La Tigra , La Esperanza y Rivas de Pérez Zeledón se encontraron con el Ministro Gutiérrez, la Viceministra de Energía Irene Cañas y el encargado de SETENA Freddy Bolaños.
En la cita los representantes comunitarios le expusieron el impacto de la Zona Norte, que es la cuenca más intervenida por proyectos hidroeléctricos, principalmente privados, y que piensa duplicarse con más proyectos.
En el caso de los proyectos en los ríos Pacuare, Chirripó (Duchi) y Diquis el gobierno tiene la obligación de cumplir la consulta a los pueblos indígenas. Sin embargo, el ministro se mostró totalmente en contra de represas en el Pacuare.
Las Vegas de Acosta criticó el papel de SETENA que históricamente ha favorecido a las empresas y al ICE y no a las comunidades. En Dota sumaron la preocupación por los impactos generados por la infraestructura eléctrica (cables de alta tensión) y los proyectos hidroeléctricos.
En el Sur la proliferación de más de 17 proyectos ha generado una gran movilización y resistencia por la competencia que estos proyectos representan para los proyectos de abastecimiento de agua que se vienen planificado desde antes del interés hidroeléctrico (ver más http://riosvivos.com/).
El profesor de la Universidad York de Canadá Felipe Montoya, criticó la falta de estudios sinérgicos y acumulativos, el cuestionado caudal ecológico y los someros e incompletos estudios sociales al incluir en los puntajes solo las cantidades de empleos creados por un proyecto y no los que se pierden por deterioro del turismo, conservación, agricultura y en general por la falta de agua, como en el caso de las ciudades de Pérez Zeledón y Buenos Aires.
El ministro volvió a repetir lo que ya les dijo a los diputados en una comparecencia reciente “Dejemos a los ríos tranquilos y estamos trabajando mociones a la ley de contingencia – pues los diputados de oposición aseguran que tienen los votos para aprobarla – a la que calificó como que es un adefesio y no puede aprobarse así como está. ¿Qué negocio para el país puede ser comprar energía producida por el agua en época de invierno, y combustible en época seca? Los empresarios que se pongan creativos para ofrecer al país lo que verdaderamente deje de consumir combustible”, sentenció.
Información enviada a SURCOS Digital por la Presidencia FECON.
(San José, 7 de agosto, 2014) En la audiencia efectuada para conocer los criterios de la Acción de Inconstitucionalidad (expediente No. 12-017013-0007-CO) interpuesta por ecologistas, apicultores, organizaciones indígenas y campesinas, académicos, así como por el ex diputado José María Villalta contra el reglamento de la Ley de Protección Fitosanitaria impugnado por contener un procedimiento que no se ajusta a las disposiciones de la Constitución Política en materia ambiental, se ratificó y profundizó la posición de los Accionantes, incluso con los criterios de la Procuraduría en el sentido de que el actual instrumento de valoración ambiental no es equivalente a la Evaluación Ambiental; así como que el Reglamento cuestionado es inconstitucional al impedir el acceso a la información a todas las personas, y reservarlo solamente para los técnicos.
La discusión sobre las violaciones a la Constitución Política giró sobre dos puntos. En primer lugar que el reglamento para otorgamiento de permisos para la liberación de transgénicos prohíbe el acceso a la información técnica evitando una participación efectiva e informada de la ciudadanía. En segundo lugar, que la actividad no exige una evaluación de impacto ambiental como requisito para otorgar los permisos.
Tomando en cuenta los argumentos expuestos, así como las preguntas realizadas por los magistrados, se vislumbra que la Sala Constitucional va a ratificar la posición de la Procuraduría y los Accionantes con respecto a la inconstitucionalidad del Artículo 132 del Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria, que establece confidencialidad de la información técnica y científica sobre productos transgénicos.
Para las personas que pusieron la Acción de Inconstitucionalidad fue sólida la posición del Dr. Allan Astorga, especialista en Evaluación Ambiental y ex director de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), quien aseguró que “es claro que la actividad de uso de organismos genéticamente modificados en las actividades agrícolas de Costa Rica debería cumplir con un trámite completo de Evaluación de Impacto Ambiental, por medio de un Estudio de Impacto Ambiental, independientemente de que realice un “análisis de riesgo” ante el MAG”. El experto presentó un estudio detallado de las ventajas comparativas de realizar un Estudio de Impacto Ambiental respecto a un análisis de riesgo para el uso de productos transgénicos (Ver Estudio).
Por su parte, el Dr. Jaime García, catedrático de la UCR y de la UNED, profundizó sobre otra deficiencia del proceso de otorgamiento de permisos para la liberación de organismos genéticamente modificados al sostener que “no tienen fecha de caducidad y los informes de seguimiento a estas siembras autorizadas de cultivos transgénicos NO vuelven a analizarse a lo interno de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, aunque posteriormente se varíen las áreas y los lugares de siembra de estos eventos autorizados” (Ver criterio).
A pesar de que el ingeniero Alex May, presidente de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, trató de defender la supuesta rigurosidad, capacidad administrativa y confianza de la “evaluación de riesgos” empleada en el país, lo cierto es que no existe tal control porque existen registros de impactos ecológicos ocurridos por transgénicos. Uno de estos impactos corresponde a los eventos descontrolados de propagación de plantas y rebrotes de algodón transgénico ocurridos en Cañas, Guanacaste en el año 2005 (Sprenger, 2008), y también, se recuerda que en Chomes en Puntarenas más de 180 mujeres trabajadoras sufrieron de intoxicaciones con uso de pesticidas en campos de algodón transgénico durante los meses de julio y octubre de 2010 (IRET, 2011).
Aunque la Cámara de Fomento a la Apicultura no pudo participar directamente durante la audiencia, dejó patente que las autoridades deberían solicitar un Estudio de Impacto Ambiental porque en su caso se deberían de valorar los impactos y costos que sufrirían en su interés de exportar miel a Europa por la enorme posibilidad de una contaminación de abejas con genes transgénicos (ver comunicado).
Después de las contundentes exposiciones de la Procuraduría y de los Accionantes, el balance final de la audiencia se considera positivo. Solamente, queda esperar que en el plazo de un mes, la Sala resuelva el destino de este Reglamento y con él, también el futuro de los permisos para la liberación de transgénicos al ambiente que se encuentran suspendidos como consecuencia de la Acción de Inconstitucionalidad en mención.
Día de Acción Global contra la Incineración de Residuos y a favor de las Alternativas
Cientos de personas y organizaciones solicitaron denegar permisos
Rechazado primer proyecto en Barranca Puntarenas
Esta es la celebración N° 13, que alrededor del mundo, se trata de llamar la atención de los peligros que implica la incineración de basura y sus verdaderas alternativas de manejo. La acción es organizada por La Alianza Global para Alternativas a la Incineración (GAIA) y acompañada por cientos de organizaciones y comunidades a lo largo del mundo.
En la FECON, consideramos que la incineración de residuos es sucia, insostenible, injusta e intensiva en carbono, esto en comparación con la quema de cualquier otro combustible fósil contribuyente al cambio climático, por lo que estamos llamando a resistir este tipo de proyectos con verdaderas propuestas, que puedan llegar a la producción de cero basuras.
A pesar de que la incineración de residuos contamina a las personas y al ambiente, pues se produce mercurio, dioxinas, plomo y otras sustancias tóxicas que provienen de la quema de residuos, actualmente, en nuestro país se promueven alrededor de 12 proyectos de este tipo en: Belén de Carillo, Cañas, Abangares, Parrita, San Carlos, La Garita, Atenas, Los Mangos, Gran Área Metropolitana, Barranca, León Cortés, Goicoechea. Estos se unen a los dos existentes en El Tejar de Holcim, Colorado de Abangares de CEMEX.
En el caso de Barranca, tras meses de protestas, manifestaciones y acciones legales, los vecinos lograron que el pasado 15 de octubre, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) archivara el proyecto del incinerador (ver en http://environmentalpowerfuerzasambientales.blogspot.com). Otra lucha importante la encabeza el Movimiento en contra de la construcción de una incineradora de basura en la comunidad de Rio Grande de Atenas.
Más de 90 personas y organizaciones nacionales e internacionales acompañadas por 155 vecinos de Barranca firmaron una petición a la Ministra de Salud para solicitar que no otorgue el permiso a la producción de combustibles derivados de residuos (CDR) y que se elabore y presente un Proyecto de Ley, que prohíba la incineración de plásticos por constituir una amenaza directa a la salud pública y ambiental.
Para ampliar sobre la inconveniencia de los incineradores, la FECON realizó un conversatorio donde concluyó” que la energía que producen es no renovable, pues genera una demanda de más «residuos» y reduce el reciclaje u otras alternativas. Además, producen poca energía debido al bajo poder calorífico de los residuos, y las incineradoras sólo son capaces de hacer pequeñas cantidades de energía, a costa de la destrucción de grandes cantidades de materiales reutilizables.
Sobre la base de lo anterior, los ecologistas proponen la práctica de “basura cero” como el reciclaje y el compostaje, que pueden conservar mayor cantidad de energía, crean fuentes de trabajo, ahorra dinero y es una estrategia esencial para combatir el cambio climático. Esta alternativa se viene implementando en San Francisco y Oakland en E.E.U.U. y Canberra, Australia, en Italia y muchas ciudades en el resto del mundo. Esto resulta clave pues, según el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC sobre el cambio climático: «la minimización de residuos, el reciclaje y la reutilización representan un potencial importante y cada vez mayor para la reducción indirecta de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la conservación de materias primas, la energía y mejorar la eficiencia de los recursos y la reducción de los combustibles fósiles.”
Informes: Mauricio Álvarez, tel 88709165 o Silvia Rodríguez, tel 2268 4871
Información enviada a SURCOS por Marcela Zamora-Cruz.
El campesino y ecologista don Alcides Parajeles fue objeto de disparos por parte de unos cazadores el día de ayer. Afortunadamente, él resultó ileso. En las páginas de los periódicos nacionales, abundan las denuncias contra cazadores y contra la deforestación que este activista ha hecho a lo largo de su vida.
La FECON, el 7 de diciembre de 2009, otorgó un reconocimiento a su labor en el encuentro “Lucha por la vida”. Esta actividad fue un emotivo homenaje a los 4 ecologistas de AECO, en el aniversario número 15 de su muerte. En aquella ocasión, también se recordó a dos activistas de la Asociación Preservacioncita de Flora y Fauna (APREFLOFAS). Dentro de quienes han sido víctimas de esta cadena de atentados, está Gerardo Quirós, quien fue muerto a manos de madereros en Sarapiquí debido a sus constantes denuncias, mientras que Jorge Aguilar salió a patrullar en Cartago y nunca regresó a su casa. Sus familiares encontraron su cuerpo en una zanja. Aguilar luchaba contra la cacería ilegal.
En esta actividad hace más de 4 años, Alcides Parajeles denunció amenazas de muerte e intimidación al destruirle un corral y haber sido amenazado con armas de fuego. Ese día dijo: “Les pido apoyo y no es por miedo, si tuviera miedo no estaría en esto desde hace muchísimos años. He denunciado a ministros, alcaldes y a medio mundo que es dañino de la naturaleza y hay persecución en contra de mi persona. Directamente me están intentando quitar las posesiones que tengo. Me han mandado notas donde me piden que debo pedir un permiso al MINAET para poder estar en la propiedad donde vivo desde hace 60 años”.
Tras este hecho, FECON insiste en el establecimiento de una Comisión de la Verdad, que investigue estos hechos. Así como un fuero de protección para los activistas en materia ambiental. Al mismo tiempo, se responsabiliza al MINAE y al Gobierno por su inacción en contra de la vida de los ecologistas como Alcides todos aquellos que actúan en defensa del ambiente.
