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Etiqueta: FECON

Depredadores del tiburón martillo retoman terreno en el gobierno

SURCOS comparte:

14/01/2021. Desde FECON, denunciamos que la captura de tiburón martillo vuelve a estar en la mira de los depredadores del mar. A través de una maniobra jurídica el MAG e INCOPESCA tratan de reducir el problema de fondo que implicaría de la eventual explotación de una especie en peligro de extinción como el tiburón martillo, a la realización de una consulta por demás viciada.

El tema se puso en la mesa desde el gobierno de Luis Guillermo Solís, enemigo de los tiburones, cuando pretendió abrirse la captura “regulada” de tiburón martillo mediante un Decreto Ejecutivo que imponía como autoridad científica para aprobar permisos de comercialización-exportación a INCOPESCA. Dicho decreto fue impugnado por grupos ecologistas con el respaldo de la Sala I, que impidió su entrada en vigencia.

Sin embargo, la sed de carne de algunos comerciantes de baja racionalidad vuelve a poner las instituciones a su servicio para establecer otra vez la reglamentación vía Decreto, en la que incluyen especies amenazadas de extinción en las listas comerciables, dándole autoridad científica a INCOPESCA, a pesar de su evidente interés en la comercialización de especies marinas más que en conservar, además de sus ampliamente reconocidas limitaciones y negativas para desarrollar estudios científicos.

El gobierno llevó adelante una supuesta consulta entre el 16 de diciembre y el 7 de enero como estrategia para evadir manifestaciones de carácter científico. La organización MarViva ha denunciado que esta táctica ha impedido pronunciarse a las universidades y al Colegio de Biólogos respecto a un tema científico claramente de su incumbencia. La Ministra de Ambiente Andrea Meza criticó que sólo se publicará en el Sistema de Control Previo del Ministerio de Economía y que no se convocará a autoridades a ambiente a audiencia.

En peligro de extinción

El tiburón martillo es una especie cuya población decayó drásticamente en años por su captura para mercados asiáticos que demandaron sus aletas, al punto de llegar a declararse en peligro de extinción con los parámetros utilizados de UICN, que se ha referido a una caída de hasta el 90% de la población.

El SINAC prohibió su pesca y comercialización en el país desde el año 2015, luego de que Costa Rica liderara su inclusión en 2013 en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

La Federación Ecologista (FECON) se une a la exigencia de los grupos defensores del mar para que sea el SINAC quien tenga rectoría para la aplicación del Convenio CITES, protegiendo las especies amenazadas y que sea un Comité Científico Especializado con participación de las Universidades Públicas el que fiscalice medidas estrictas contra la pretendida continuidad de la comercialización.

Imagen de cabecera con fines ilustrativos.

Compartido con SURCOS por Henry Picado.

Sala IV impone medida cautelar para proteger tortugas en Marbella

El pasado viernes 18 de diciembre, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) presentó un Recurso de Amparo contra el Concejo Municipal de Santa Cruz por el acuerdo municipal que permitió la instalación de postes y luces en la Zona Pública de Playa del Coco de Marbella.

En el amparo se indica a la Sala Constitucional que desde hace más de cuatro meses se presentó ante el Concejo un Recurso de Revisión contra el acuerdo que aprobó la instalación eléctrica en esta zona de alta fragilidad ambiental, sin tenerse fundamento técnico y violando directamente la normativa ambiental y los principios de varios convenios internacionales firmados por el país. Sin embargo, el Concejo no da respuesta ni depone el acuerdo. FECON demanda ante la Sala IV que este acuerdo municipal es violatorio del derecho ambiental y por tanto, inconstitucional.

La decisión del Concejo Municipal de Santa Cruz ha mantenido iluminación artificial en la zona, alterando y amenazando el hábitat de desove de las tortugas baulas y negras, dos especies marinas protegidas por la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, ratificado por Costa Rica.

Estos convenios son claros y obligan a que el Estado tome medidas de no perturbación humana y ordenamiento costero con criterios técnicos y científico, cosa que el Concejo Municipal de Santa Cruz ha incumplido tajantemente por favorecer los intereses desarrollistas en la zona de Marbella.

Sala Constitucional aprueba medida cautelar

El lunes 21 de diciembre, FECON ha recibido la notificación de que la medida cautelar solicitada ha sido acogida por la Sala, ordenándose a las autoridades recurridas coordinar las acciones necesarias y adoptar las medidas pertinentes para que el alegado desove de las tortugas en el sector no se vea afectado por la contaminación lumínica (…) hasta tanto la Sala no resuelva.

Por tanto, FECON vigilará que la Municipalidad de Santa Cruz finalmente intervenga y desconecte la iluminación de la zona en coordinación con CoopeGuanacaste, que fue la encomendada para instalar esta iluminación, denunciada por su aprobación contraria a los debidos procedimientos ambientales.

https://feconcr.com/noticias/sala-iv-impone-medida-cautelar-para-proteger-tortugas-en-marbella/

 

Imagen FECON: Una tortuga arribando a playa del Coco de Marbella

Pronunciamiento en solidaridad con Kioscos Socio Ambientales ante recortes presupuestarios

Desde las Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) y la Red de Coordinación en Biodiversidad consideramos que:

  1. El papel que desempeña la Universidad de Costa Rica en materia de Acción Social para el país es de suma importancia para el fortalecimiento de la justicia social y ambiental del país. Este es uno de los pilares fundamentales de la Universidad en su estatuto orgánico.
  2. En contextos de crisis es fundamental que este rol de las universidades públicas se mantenga y se fortalezca; para que siga siendo un motor clave para la re-activación económica que pretende el país, pero además se genere de forma colectiva y con un profundo carácter humanista.
  3. El Programa Kioscos Socio Ambientales en más de 13 años de trayectoria ha sido un eje importante para múltiples procesos de defensa de los ecosistemas, la biodiversidad, los bienes comunes, el agua, los bosques, los derechos de los pueblos indígenas, entre otros.
  4. En el contexto de crisis sanitaria se ha demostrado ampliamente que el país debe de potenciar aún más los esfuerzos comunitarios en busca de la sostenibilidad para mejorar sus territorios y defender la justicia ambiental.
  5. Que los procesos comunitarios de defensa ambiental han sido los que verdaderamente han sostenido, impulsado e innovado en materia de conservación de la naturaleza. Existen numerosos ejemplos de que sin estos procesos comunitarios la basta legislación ambiental de Costa Rica no hubiera sido suficiente para salvaguardar la riqueza ambiental. Son los procesos comunitarios y organizativos los que están íntimamente ligados a todos los méritos que el país pueda tener a nivel global.
  6. Que los procesos de criminalización, persecución y asesinatos de líderes sociales se dan en contextos donde muchas veces el Estado está ausente por completo. Por eso es importante que las universidades públicas no abandonen esos escenarios en los que se libran conflictos ambientales donde siempre hay un riesgo latente para las personas que defienden el ambiente.

Por tanto:

Nos pronunciamos en defensa del Programa Kioscos Ambientales; sus docentes, sus asistentes y sus estudiantes cuyo quehacer es importantísimo en este contexto nacional de crisis. Consideramos desacertada la decisión de parte de la Rectoría saliente de la Universidad de Costa Rica, de recortar un 60% de los nombramientos docentes de forma injustificada.

Solicitamos de forma vehemente a las autoridades universitarias que se restituyan todos los nombramientos del equipo docente.

Mariana Porras
Presidenta
Red de Coordinación en Biodiversidad

Dany Villalobos
Presidente
Federación Costarricense Para la Conservación del Ambiente (FECON)

https://feconcr.com/noticias/1587/

Presentan libro: “30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica”

  • Conversatorio sobre contextos latinoamericanos de violencia contra personas defensoras de la naturaleza

San José, Costa Rica.- Este próximo lunes 7 de diciembre, a las 5:00 pm, se presentará el libro “Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica”, que recuenta casi 100 hechos de violencia contra las personas defensoras de la naturaleza en nuestro país. Esta realidad no tiene nada que ver con la imagen idílica de las postales turísticas, de país verde y de paz con la que se vende a Costa Rica en el exterior.

La presentación del libro será un conversatorio ––que se transmitirá vía redes sociales–– entre destacadas activistas de toda la región Latinoamérica, como lo son Karin Nancen (Uruguay), presidenta de la federación ecologista Amigos de la Tierra Internacional; Silvia Riveiro (México), investigadora directora para América Latina del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (ETC); Esperanza Martínez (Ecuador), especialista en Derechos de la Naturaleza de Acción Ecológica; y Tatiana Roa (Colombia), de CENSAT Agua Viva- Amigos de la Tierra Colombia.

Nuestro país es parte de la región con más asesinatos de personas defensoras en el mundo, puesto que ocupa Latinoamérica desde 2012. Casos como el de Jairo Mora (2013), Sergio Rojas (2019) o Yehry Rivera (2020) son parte de estas lamentables estadísticas.

Según el prólogo del libro, este “es un esfuerzo por sistematizar una fracción de la criminalización pues se ha construido a partir de las mismas fuentes y voces de personas defensoras”. Además, “es un ejercicio de memoria histórica en construcción y que necesariamente debe seguir alimentándose y sobre todo aclarándose y tratando de lograr justicia y acabar con la impunidad ante la mayoría de casos”.

Los autores aseguran que “es importante señalar que sí hay destacados logros ambientales en nuestro país y existen también externalidades y costos humanos sobre cada uno de estos avances. En ese sentido, este panorama de criminalización tiene un peso importante a la hora de hablar de éxitos, indicadores y políticas ambientales.”

La criminalización se puede definir “como un proceso de acciones y estrategias realizadas por instancias estatales y privadas, que buscan la estigmatización, denigración, intimidación, deslegitimación y la desmovilización de las luchas socioambientales y territoriales”. Se puede manifestar como formas sutiles de prejuicios, hasta elaborados dispositivos mediáticos y político-jurídicos, conformando un ciclo de violencia socio ambiental.

El libro sistematiza 18 demandas individuales y 7 demandas colectivas contra más de 36 activistas procesados por defender el ambiente y derechos comunitarios. Además, se listan formas de persecución y amenazas documentadas, que incluyen al menos 25 atentados o ataques directos, 10 incendios a casas o locales, y 21 casos de amenazas de muerte. Toda esta violencia ha culminado en los asesinatos de 13 defensores y defensoras del ambiente, los cuales se perpetraron entre 1975 y 2020, y la mayoría de los cuales aún se mantiene en la impunidad.

La investigación fue realizada por Mauricio Álvarez Mora y Alicia Casas y fue compilado por la periodista Fabiola Pomareda. Es una publicación de la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON), realizada con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo en México, el Centro Investigaciones en Estudios Políticos (CIEP) y el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Fundación Heinrich Böll en El Salvador.

 

Compartido con SURCOS por Mauricio Álvarez Mora.

Los monocultivos están acabando con el río Guacimal

Compartimos la siguiente información de FECON, la cual fue publicada en la página de Facebook de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua – Puntarenas.

  • Piña, algodón, sorgo, palma y caña hacen uso excesivo del agua y han llegado a secar el río.

  • Extraen 1850 litros por segundo en concesiones de agua del puente de la interamericana hacia abajo

Sistemas de riego por aspersión en sorgo, Chomes.

Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas (11/2020). El proyecto Diagnóstico hidrocomunitario para la protección del ambiente en las cuencas bajas de los ríos Guacimal, Lagarto y Abangares, cantón Central de Puntarenas, que ha desarrollado el Centro de Investigaciones en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED, ha analizado mediante el desarrollo de cartografías, el estado actual de los monocultivos circundantes a la comunidad de Chomes.

Entre las principales amenazas para el ambiente percibidas por miembros de las organizaciones comunales del distrito de Chomes en el 2019, se encontraron los monocultivos de piña, caña y palma, especialmente impactantes en cuanto al uso intensivo de agroquímicos.

Las piñeras

Entre los ríos Guacimal y Sardinal se cartografió una extensión de 583 hectáreas de cultivo de piña. La mayor área del sembradío tiene su vertiente hacia el río Guacimal, que desemboca en el estero de Chomes. Este cultivo se empezó a establecer desde el año 2008 (Brenes, 2008).

Cartografía por CICDE-UNED.

Palma africana

Hacia el sector de Orocú de Chomes se señaló el uso de fumigaciones aéreas en los cultivos de palma africana. Este sembradío reciente apareció en la zona hace unos siete años, abarcando 130 hectáreas actualmente, según muestra el estudio del CICDE.

Según los estudios agronómicos, la palma africana se caracteriza por necesitar suficiente consumo de agua para poder desarrollar una adecuada sexualidad para producir los racimos que se derivan en producción aceitera (Mejía, 2000).

Cartografía por CICDE-UNED.

El sorgo y el algodón

Ubicado entre Chomes y San Agustín, el área de sorgo se determinó en 492 hectáreas, sustituyendo al cultivo de piña, que fue abandonado por la Standard Fruit Company hace seis años en Chomes, según los testimonios locales. Cabe resaltar que el área de sorgo ha sido utilizada también para cultivo de algodón, en una especie de uso experimental por parte de la empresa D&PL-Monsanto.

Cartografía por CICDE-UNED.

Los cañales

Son el monocultivo más tradicional. El área cartografiada en las periferias del poblado de Chomes abarcó 1 128 hectáreas. Sin embargo, su presencia se extiende hasta Barranca por toda la Hacienda El Palmar. La comunidad de Chomes señaló en 2019 el impacto de las quemas de caña como una problemática para la salud pública y el bienestar local.

Consumo de agroquímicos

Si bien se carece de estudios públicos que expongan datos de consumo de agroquímicos en estos monocultivos establecidos en la zona, se puede extrapolar el dato suministrado por World Resources, que señaló a Costa Rica como el primer consumidor de plaguicidas en el mundo, con 51 kg por hectárea (FAO, 2011).

En el área mapeada alrededor de Chomes hay un total de 2 333 hectáreas de monocultivos. Todo el volumen de estos agroquímicos que se utilizan en estas actividades discurre hacia el acuífero de Chomes o en los caudales superficiales que van a dar al manglar de Chomes, donde se reproduce la gran mayoría de especies habitantes del golfo de Nicoya. La afectación sobre los ecosistemas acuáticos y costeros es aún incalculada.

Sobre-explotación de agua

Todos los cultivos son abastecidos principalmente mediante de concesiones de agua superficial del río Guacimal. Según consta en la base de datos de la Dirección de Aguas (2020), al río Guacimal se le extraen 1850 litros por segundo (l/s) aguas abajo del puente sobre la carretera interamericana.

Dos concesiones de 350 l/s son directamente bombeadas al área de la piñera. Mientras que 800 l/s son trasvasados hacia las haciendas en la parte baja. En el sector de San Agustín, la Compañía Ganadera de Guacimal LTDA capta otros 350 l/s, en lo que corresponde ya a un sector de cultivos de sorgo y caña.

La concesión de 800 l/s abastece el sistema de canales para el cultivo de sorgo (y algodón), Además, con ese gran caudal concesionado se beneficia el área cultivada de palma africana.

Cabe destacar también, que el río Guacimal presentó su mínimo aforo histórico, 700 m aguas arriba del puente de Guacimal con 1010 litros por segundo en 2009, un año en que se registró el fenómeno del Niño, habiendo sido por mucho menor a los 1500 l/s concesionados poco más de un km aguas abajo del sitio.

En 2016, el río fue reportado seco a la altura de San Agustín (Villalobos, 2017), demostrándose que el volumen de las concesiones de agua sobre el río Guacimal es ambientalmente insostenible, pues cada año lo reducen al mínimo o lo llegan a secar, como se observa cada estación seca.

Referencias

Brenes, Lourdes (2008) Dulce piña, dulces ganancias. Revista Ambientico, UNA. N° 177, junio 2008. Revisado en línea: http://www.ambientico.una.ac.cr/pdfs/ambientico/177.pdf

Dirección de Aguas (2020) Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos SINIGIRH. Revisado en línea, octubre del 2020.

FAO (2011). Costa Rica: Número uno del mundo en uso de agroquímicos. Revisado en Mejía, Julián. (2000). Consumo de agua por la palma de aceite y efectos del riego sobre la producción de racimos, una revisión de literatura. Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma). Revisado en línea: https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/download/726/726

Villalobos, Dany. (2017). Experiencias comunitarias en defensa del agua en distritos rurales de Puntarenas. Revista Rupturas 8 (Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica. ISSN 2215-2466.

Cámaras empresariales impulsan nuevo reglamento en SETENA sin sustento técnico-legal, ni científico

  • Organizaciones ambientales advierten a la nueva ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza, sobre el peligro que conlleva aprobar propuesta de los empresarios;

  • Nueva forma de evaluación ambiental contradice, omite y amenaza los principios expresos en la Ley Orgánica del Ambiente n.º 7554 y la Constitución Política;

(FECON, 16/11/2020) La Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente mostró su preocupación ante la propuesta de las cámaras empresariales para implementar un nuevo “Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental” (RECSA) y su manual (MECSA). Estos documentos no se ajustan a las necesidades de una normativa ambiental de alta calidad como la que merece tener el país, al mismo tiempo la propuesta que actualmente analiza el MINAE carece de fundamentos ambientales, legales y científicos.

El proceso de reforma de la Secretaría Técnica Ambiental inició el gobierno de Luis Guillermo Solís, el cual fue frenado por las organizaciones ambientales debido a serios retrocesos en materia ambiental contenidos en una nueva propuesta de reglamento concebida en los círculos empresariales de la construcción.

Para el inicio de gobierno de Carlos Alvarado, el entonces ministro Carlos Manuel Rodríguez decidió volver a plantear la reforma, impulsada desde el Despacho de la Primera Dama. Donde Claudia Dobles intercedió para que se aprobara dicho reglamento, pero esto tampoco prosperó debido a las denuncias de las organizaciones ambientales. Pero una vez más la actual administración insistió nuevamente y envió la propuesta empresarial a la Comisión Mixta de SETENA, la cual ha venido sesionando desde inicios del 2020, la comisión tuvo la tarea de revisar dicho reglamento impulsado por los sectores empresariales. Ahora el proceso de análisis en la Comisión Mixta ha acabado y próximamente le toca a la nueva ministra de ambiente, Andrea Meza recibir las recomendaciones sobre esta modificación y decidir el destino de dicha propuesta.

¿Qué plantea el RECSA?

En la carta dirigida a la ministra Meza por parte del presidente de FECON Dany Villalobos se advierte que:

  1. Elimina o reduce cuestiones centrales de la Evaluación de Impacto Ambiental. Haciendo un balance general, los instrumentos planteados terminan por contradecir, omitir o amenazar principios expresos en los diferentes capítulos temáticos de la Ley Orgánica del Ambiente 7554, que fue establecida para orientar la adecuada gestión ambiental.
  2. Se desconoce el fundamento técnico con el que se estableció la escala dimensional de los umbrales para las actividades.
  3. No avanza en calidad de participación social. Más bien, la redacción en el apartado del RECSA es superflua y deja serios vacíos conceptuales.
  4. Suprime el concepto de Efectos Acumulativos que existe en el Reglamento 31849 vigente, desconsiderando así cualquier mecanismo para su evaluación.
  5. Elimina Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de la reglamentación, dejando un vacío en evaluación con enfoque territorial.
  6. Las Auditorías Ambientales carecerían por completo de imparcialidad desde su formulación, pues impide la participación de organizaciones ambientales, locales, universidades públicas, entre otras.
  7. El nuevo reglamento excluye de la Evaluación de Impacto Ambiental a las actividades agropecuarias como diferentes tipos de ganadería y agrícolas.
  8. Los ajustes pretendidos sobre tal clasificación de actividades a evaluar han sido ajustados a conveniencia de los sectores empresariales y no a criterios científicos.
  9. Las represas hidroeléctricas dejan de ser evaluadas por su impacto ambiental y pasan a ser regidas por criterios económicos y productivos. Sin considerar los impactos en los caudales de agua.
  10. Todas las concesiones y captaciones de agua sin importar el tamaño se considerarían de bajo impacto ambiental.
  11. Para las obras de construcción los umbrales de clasificación de los proyectos son antojadizos y carecen de base técnica-científica.
  12. La propuesta de RECSA y MECSA no contempla mejoras en la gestión del patrimonio arqueológico nacional, ni en cuanto al diagnóstico ni mucho menos en cuanto al control y seguimiento. Al contrario: esta propuesta constituye una amenaza.
  13. La participación social en la evaluación de proyectos es poco aplicable y no existe mecanismo para que las comunidades y personas afectadas por los proyectos sean escuchadas.
  14. La metodología de evaluación en que se basarían los Estudios de Impacto Ambiental está centrada en parámetros económicos y de ganancias no en términos ambientales y de conservación.

Debido a estos señalamientos Villalobos recomienda a la ministra de Ambiente y Energía rechazar la propuesta de modificación de reglamentos.

Por su parte, el abogado ambientalista Álvaro Sagot señala que: “si se establecen umbrales apoyados en áreas simplemente que no se sabe de dónde provienen y ni qué las motivó, se estaría ante inconstitucionalidades por violación a la tutela científica debida y sería claro, que operaría simplemente la discrecionalidad administrativa. Las normas de los procedimientos ante SETENA deberían, más que ningunas otras, ser las primeras a estar fundamentadas dentro de la razonabilidad y la proporcionalidad de lo que la ciencia implica y pensar lo contrario, sería un sinsentido en un Estado que reconoce a nivel constitucional el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.

FECON: Ministro y Director de Fuerza Pública deben renunciar por la agresión en Cañas

FECON (09/10/2020). Tras observar las imágenes transmitidas por el canal virtual TV Live Guanacaste en Cañas y otras denuncias ciudadanas, desde la Federación Ecologista (FECON) repudiamos la intervención policial contra la población de los barrios vecinos del río Cañas y el violento operativo en la zona. La acción desde su inicio no tuvo razón de ser. Fue abiertamente ilegítima y desproporcionada, abusiva y violatoria de los derechos humanos de la población afectada.

Ante estos hechos, consideramos que el Director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, debe ser separado inmediatamente de su cargo, pues corresponde a su persona dar las órdenes y hacerse responsable por el accionar tomado por los oficiales en el lugar. Los antimotines abusaron con sus ataques contra la población sin motivo. Hacemos un llamado a las demás organizaciones sociales del país a unirse a la solicitud de destituir al Director de Fuerza Pública, Daniel Calderón.

Deploramos también las declaraciones inmediatas sobre los hechos (en vivo a Canal 7) de Michael Soto, Ministro de Seguridad, justificando la intervención irracional de la Fuerza Pública culpando a la población bajo la falsa premisa de levantar un bloqueo. Solicitamos al presidente de la República, Carlos Alvarado, pedir la renuncia de Michael Soto como Ministro de Seguridad, por defender el accionar irracional de la policía en una zona donde ni siquiera había bloqueos, dejando dudas sobre el objetivo real de las órdenes de intervención.

Descripción de los hechos:

El jueves 8 de octubre en Cañas, Guanacaste, igual que en todo el país, se realizaban protestas sociales contra las afectaciones que sufren los pueblos, cargado de impuestos indirectos tras la aprobación del Plan Fiscal y amenazado con cargar un nuevo endeudamiento del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A eso de la 1:30 pm, varias personas se encontraban cerca de la carretera interamericana manifestándose, cuando la Fuerza Pública desplegó un operativo  que incluía decenas de patrullas y un blindado. Según  las imágenes captadas en vivo por TV Live Guanacaste, la carretera no estaba obstaculizada. La gente se encontraba al lado de la vía y había circulación de vehículos.

A pesar de no existir situación vial crítica, ni bloqueo de la ruta, los cuerpos policiales comenzaron a lanzar gases lacrimógenos a la gente que estaba manifestándose pacíficamente en la carretera. Sin mediar ningún tipo de violencia por parte de los vecinos y vecinas que se observaban en el sitio, los antimotines también dispararon gases lacrimógenos hacia las viviendas cercanas al puente sobre el río Cañas y detuvieron arbitrariamente a personas en el lugar.

Luego de ello, sucedió un agresivo operativo en la zona, donde se cometieron todo tipo de abusos por parte de los cuerpos antimotines, quienes lanzaron gases lacrimógenos en caseríos y también piedras contra los manifestantes que huían de los ataques. Con este accionar afectaron a personas de todas las edades que se encontraban en viviendas, afectando a niños, niñas adultos mayores y personas enfermas con su operativo irracional.

Nos solidarizamos con las familias afectadas y rechazamos enérgicamente la criminalización de la protesta social, que es un derecho. Los abusos policiales deben ser erradicados inmediatamente en el país.

FECON, 9 de octubre de 2020

Policías lanzando piedras hacia un barrio de Cañas. Imágenes tomadas por vecinos

Foto de cabecera: Transmisión de TV Live Guanacaste (08/10/2020)

Publicado por FECON en https://feconcr.com/noticias/fecon-ministro-y-director-de-fuerza-publica-deben-renunciar-por-la-agresion-en-canas/ y compartido con SURCOS por esta organización ecologista.

Llamado del ecologismo costarricense: Justicia tributaria para salir de la crisis

FECON, 7 de octubre del 2020.

Frente a la crisis general del país, la activación de un amplio movimiento ciudadano ha comenzado y las principales demandas comunes exigen medidas de justicia tributaria, y declaran el rechazo al endeudamiento público compulsivo que plantea el Gobierno de Costa Rica para seguir protegiendo las cuentas de los grandes capitalistas y evasores, quienes quieren incluso apropiarse de los activos del Estado aprovechando la situación, para seguir lucrando en plena crisis.

Es urgente generar alternativas que puedan sustituir el sistema actual fallido, donde las corporaciones son libres y los pueblos trabajadores cargan el peso de la economía. Necesitamos cambiar de sistema, –un nuevo modelo de justicia ambiental, social y económica— e impulsar la construcción del poder popular para fortalecer la autodeterminación y soberanía de los pueblos en todos los aspectos, desde los asuntos de la vida nacional hasta lo local.

Por esto, ante la movilización social fuerte y justa que se lleva adelante en el país, proponemos:

1) Sumar fuerzas desde las organizaciones ecologistas, ambientales, sociales, locales y comunitarias, al lado del amplio movimiento popular que se ha levantado en todas las regiones del país para enviar el mensaje de rechazo a la falsa solución de más endeudamiento que el Gobierno de Costa Rica ha propuesto ante la crisis que atraviesa el país.

2) Luchar hasta que se retire definitivamente la propuesta inviable de negociar un préstamo multimillonario con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que cargaría una vez más a las clases populares y trabajadoras con los costos de este nuevo chantaje, orquestado por las élites del país con el favor de un Gobierno incapaz de confrontar el fraude fiscal y presto a proteger sus intereses. Nos oponemos a la venta de activos públicos y como solución económica exigimos medidas serias contra la evasión, elusión, el contrabando y las fugas de capitales en nuestro país.

3) Exigir que la situación económica del país sea solventada con la aprobación de medidas de justicia tributaria en la Asamblea Legislativa. Urge una Ley de Emergencia Fiscal Progresiva y Solidaria. Además, que se reviertan las reformas neoliberales que han precarizado las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora, al desmantelarse sus derechos.

4) Demandar justicia tributaria, eliminándose privilegios fiscales de los sectores exportadores e importadores, quienes han gozado de amnistías y exenciones de impuestos a pesar de sus enormes ganancias de capital antes y durante la pandemia, incluso escondiendo sistemáticamente sus riquezas en paraísos fiscales. Se deben calcular tasas de pago por Impuesto al Valor Agregado (IVA) y recalcular la renta de sus inmuebles, por el alto impacto social y ambiental que sus actividades tienen sobre los territorios.

5) Es tiempo de suspender el pago de la deuda externa y sus intereses para recuperar la economía. Sostenemos que Costa Rica debe aspirar a una condonación total de la deuda junto con los países de América Latina, ante la asfixia de pagar anualmente más de un 5% del PIB sólo en intereses de una deuda ilegítima sobrecargada en los pueblos, que se acerca ya al 80% del PIB.

6) Las soluciones económicas que requiere el país, deben ir acompañadas de un cambio profundo del modelo. Éste debe ser impulsado y construido por los múltiples sectores de la vida nacional en un diálogo con legitimidad, para encontrar salidas a sus afectaciones particulares con alternativas ambientalmente sustentables, en contraposición a los diálogos fraudulentos y estériles que ha impulsado el Gobierno para mantener protegida su ruta hacia el endeudamiento con el FMI.

7) La reactivación económica es necesaria y debe basarse en la seguridad y soberanía alimentaria, apoyando las prácticas ecológicas y sustentables, en la tierra y en el mar. Es indispensable orientar la economía hacia la satisfacción de las necesidades más esenciales para todas las personas por igual: techo, trabajo, alimento y agua pura en cantidad y calidad suficiente. El crecimiento económico en desigualdad afecta la salud y bienestar de los pueblos.

8 Es imprescindible implementar una reforma agraria integral. Redistribuir las tierras para combatir la concentración, favoreciendo la economía de familias campesinas y la producción local. La concentración de la tierra genera injusticias y desigualdades económicas. Es prioritario además que el Estado ponga fin a la usurpación de los territorios indígenas, garantizando la autodeterminación de sus pueblos. También se debe poner fin a los sistemas de derechos de propiedad intelectual que privatizan las semillas.

9- La economía del país deberá recuperarse respetando los ciclos de la naturaleza y abandonando el paradigma de la explotación ilimitada y destructiva de recursos. El pueblo debe poner fin al control de la política pública por parte de las transnacionales y rechazar en conjunto sus propuestas de aprobar proyectos extractivistas como la minería, petróleo y el gas natural, que no son alternativas viables en nuestro país.

Rechazamos la inacción estatal para dar Justicia a Sergio Rojas

  • El sistema judicial costarricense ha fallado a su deber de garantizar justicia a los pueblos indígenas
  • Solicitamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impedir el archivo del caso de Sergio Rojas
  • Llamamos a la solidaridad nacional e internacional mediante pronunciamientos

FECON. 25/09/2020. El Ministerio Público de Costa Rica solicitará desestimar y archivar la causa penal por el asesinato de Sergio Rojas Ortiz del Clan Uniwak del Territorio Bribri de Salitre. Sergio fue asesinado a balazos el 18 de marzo del 2019 en su casa de habitación.  Esto es una burla total y muestra de negligencia del Ministerio Público, ya que alega que esta causa se desestima por la “imposibilidad de localizar a los testigos” y porque “el entorno, la forma de vida en la zona” imposibilito la investigación, lo que demuestra incapacidad, desinterés o racismo en el trato de caso.

La complicidad histórica y constante del Estado costarricense se expresa con el incumplimiento de los derechos indígenas, entre los que destaca el no reconocimiento efectivo sus territorios. La inacción del Estado ha generado que los Pueblos Indígenas en Costa Rica sean perseguidos, criminalizados, agredidos y sus líderes asesinados, siempre bajo una violencia que no es incidental, sino sistemática. Estas acciones criminales han quedado en total impunidad a pesar de las denuncias a las autoridades respectivas.

Por estos hechos:

► Desde la Federación Ecologista de Costa Rica (FECON), con indignación denunciamos que el sistema judicial costarricense ha fallado en su deber de garantizar la justicia para las personas indígenas del pueblo bribri y de los diferentes territorios. Este gobierno ha demostrado ser negligente, racista y neocolonial.

► Hacemos un llamado urgente para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asuma con todas sus competencias la investigación de este caso para que el Estado costarricense en la figura de la Fiscalía General de la República, desista del archivo del caso de Sergio Rojas, realice los allanamientos que correspondan en la investigación de su caso, analice los vínculos del contexto social del conflicto con el asesinato y determine las responsabilidades, para sancionar como corresponde y a quienes corresponda.

► Solicitamos la solidaridad de las organizaciones nacionales e internacionales, para que por medio de pronunciamientos y/o cartas apoyen la causa indígena en Costa Rica y denuncien la violencia sistemática que está operando de parte del Estado costarricense en relación a los derechos indígenas.

En contexto:

Sergio era miembro del Consejo de Autoridades Propias Cuidadores de la Madre Tierra (Ditsö Iriria AjKönuk Wapka de Salitre), fundador y miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI). Lideró las recuperaciones de tierras en su territorio en Salitre de Buenos Aires, haciendo velar la jurisdicción nacional como lo es la Ley indígena de 1977, convenios internacionales como el 169 de la Organización Internacional del trabajo, la declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e internacionales.

Sergio se encontraba bajo protección de Medidas Cautelares, establecidas por la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) el 30 de abril del 2015 (MC 321–12–2015) a favor de los Territorios de Salitre y Térraba para garantizar la vida y protección integral para las personas miembros de ambos Pueblos. La falta de aplicación efectiva de estas Medidas por parte del Estado costarricense, se manifestó en la incapacidad de salvaguardar la vida de Sergio.

El asesinato de Sergio Rojas sumó a Costa Rica en el informe del Global Witness 2020 sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Él fue una de las 212 personas asesinadas por defender su territorio, su cultura y el derecho a la vida de cientos de pueblos campesinos e indígenas. Lamentablemente para el 2021 apareceremos de nuevo en el informe, tras el asesinato de Jehry Rivera Bröran del territorio Indígena de Térraba, también de la Zona Sur del país, el 24 de febrero del presente año.

Texto e imagen: FECON