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Etiqueta: FECON

Magistrados estudian nueva acción de inconstitucionalidad contra PAACUME

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

-Destrucción de Reserva Lomas Barbudal debe de ser declarada inconstitucional
-Proyecto endeudaría a Costa Rica con ¢3.000 millones en un contexto de crisis económica para beneficiar evasores fiscales y empresas contaminantes

(FECON, 23/07/2020). La Sala Constitucional debe de estudiar una nueva acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) con el apoyo del despacho del diputado José María Villalta, la asesora legal Sofia Barquero y el exdiputado y abogado Edgargo Araya.

El área protegida que se destruiría con este megaproyecto es conocida por su importancia en la conservación de polinizadores, además contiene especies de aves y árboles en peligro de extinción en un ecosistema cada vez más amenazado como es el bosque seco tropical.

El proyecto de modificar los límites de la Reserva Biológica Lomas Barbudal ha sido vendido con el falso lema de “Agua para Guanacaste”, pero en la práctica representa la construcción de un gran embalse que servirá de riego para grandes monocultivos de empresas trasnacionales como meloneras, cañeras, arroceras y piñeras. Inclusive informes de SENARA dejan entrever que no existe evidencia de que los beneficiarios de este megraproyecto sean pequeños o medianos productores. Pero si se sabe que está diseñado para grandes empresas agroindustriales y para hoteles que regarían con esa agua las canchas de golf y jardines.

PAACUME no cuenta con estudios de costo-beneficio y se prevé que no será rentable para el Estado y necesita endeudar al país en al menos ¢3000 millones. Esta ley que en realidad es una licencia para la destrucción ambiental, pero también es un asalto al bolsillo de cada costarricense a favor de empresas acusadas de defraudación fiscal. PAACUME beneficiaria a empresa contaminantes y beneficiarias de la amnistía fiscal como la transaccional, FIFCO, CATSA, Del Monte, y hoteles que han destruido playas y manglares en las costas relacionadas al Proyecto Papagayo y al ministro André Garnier.

Además, existe criterio del AYA que señala que no tiene proyectada la construcción de una planta potabilizadora de agua dentro del PAACUME.

Por lo que se devela una mentira más sobre el proyecto que destruiría el ecosistema único de Lomas Barbudal y tampoco aliviaría la sed de comunidades aledañas.

Se ha evidenciado además que los límites propuestos por la Asamblea Legislativa tienen errores importantes. Así lo señala el informe del Registro Nacional de la Propiedad que señala conflictos con los puntos de referencia de la modificación de los linderos propuestos para la compensación del área destruida.

Por otro lado, la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica realizó un análisis sobre la estrategia de compensación por la pérdida de biodiversidad que sufrirá el ecosistema y concluyó que las fincas propuestas para la compensación no cumplen con criterios aceptables. Debido a que su mayoría son fincas ganaderas desprovistas de bosques.

Es importante mencionar que esta nueva acción de inconstitucionalidad bajo el Expediente 19-017939-0007-CO, interpuesta por FECON, es independiente del proceso interpuesto por los finqueros afectados y que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia analizaron y comunicaron la resolución el día de ayer.

Por lo tanto, la destrucción de la Reserva Biológica Lomas Barbudal está lejos de estar libre de cuestionamientos legales y tiene que pasar nuevamente otro proceso de revisión con nuevos argumentos técnicos en su contra.

Era Verde: Que No Se Apague La TV Ecologista

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

(22/07/2020) La Federación Ecologista Costarricense (FECON) considera que el programa de televisión Era Verde es un espacio fundamental para visibilizar el trabajo de las organizaciones sociales en Costa Rica en defensa de la naturaleza. Su cierre por parte de la dirección Canal 15 es muy poco acertada.

Sus contenidos aportan información, opiniones calificadas y perspectivas críticas, que permiten formar criterios serios y fundamentados. Era Verde ayuda a superar la desinformación y manipulación, pues aborda problemas sensibles de la realidad nacional que en medios comerciales definitivamente no son abordados.

Para Dany Villalobos, presidente de la FECON: “Era Verde es uno de los pocos espacios de proyección televisiva que tienen actores sociales comunitarios que nunca tendrán espacio en las empresas comerciales de información. Esto está condicionado obviamente por la calidad, compromiso ético, rigurosidad, responsabilidad y profesionalismo del equipo de trabajo, y en particular de su productor Josué Hernández Brenes”.

Villalobos además señala que: “un resultado claro del aporte de Era Verde es que muchas organizaciones sociales y comunidades de Costa Rica han ejercido la defensa y aseguramiento del respeto de sus derechos y los de los ecosistemas ante proyectos del Estado, privados, nacionales y transnacionales, gracias en parte al debate abierto, claro y sin limitaciones que Era Verde propicia.

“De no haberse informado y realizado esos diálogos, podemos asegurar que la calidad de vida de las personas y de los ecosistemas de Costa Rica, hoy estarían muchos más desmejorados, y los daños causados hubiesen sido irreparables para la gente y para la naturaleza,” concluyó el presidente de FECON.

Por su parte Osvaldo Durán, docente del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y miembro de la FECON señala que: “la labor de Era Verde fortalece el espíritu del Artículo 50 de nuestra Constitución Política. Como integrantes de organizaciones sociales de Costa Rica que por décadas hemos implementado todo tipo de luchas, dedicado esfuerzos personales, comunitarios, intelectuales y colectivos a la defensa de nuestra sociedad y de los ecosistemas, tarea en la cual hemos sido socios con Era Verde”.

Durán recalcó que: “La FECON ha instado a las autoridades universitarias a reinstalar un programa como Era Verde, el cual tiene un importante peso cultural y social en la sociedad costarricense. Único en su clase por pertenecer a la UCR la cual, como Universidad Pública, ha garantizado las libertades constitucionales de expresión y de información clara, oportuna, completa y veraz”.

Otras voces sobre la propuesta de ley de aguas – webinario

Escrito en . Publicado en Agua, Madre Tierra.

Este lunes 20 de julio a las 3 de la tarde se realizará el webinario Otras voces sobre la propuesta de ley de aguas.

La transmisión será mediante los espacios de Facebook de Bloque Verde y de Kioscos Socioambientales.

Es una actividad organizada por Ríos Vivos, Kioscos Socioambientales, FECON y Bloque Verde. Participarán Angélica Alvarado, Álvaro Sagot, Dany Villalobos y Valeria Montoya quien será la moderadora.

ONU: “Para prevenir nuevas pandemias hay que cambiar el modelo agrícola que deforesta y destruye la biodiversidad»

Escrito en . Publicado en Análisis, Madre Tierra.

  • En Costa Rica el sector piñero ha invadido 16.385 hectáreas de humedales y ha deforestado 5.500 hectáreas de cobertura forestal;
  • Al menos 1.300 hectáreas de Áreas Silvestres Protegidas han sido invadidos por piña.

(8/07/2020). El Programa para el Medio Ambiente de la Naciones Unidas (PNUMA) pone el foco en el avance de la agricultura industrial factor que podría desencadenar nuevas pandemias en el futuro y llama a cambiar el modelo agrícola que deforesta y destruye la biodiversidad.

El informe Prevenir la próxima pandemia: Zoonosis y cómo romper la cadena de transmisión es un esfuerzo conjunto del (PNUMA) y el Instituto Internacional de Investigaciones Pecuarias (ILRI, por sus siglas en inglés).  El reporte identifica siete tendencias que impulsan la creciente aparición de las zoonosis, entre éstas, la mayor demanda de proteína animal, el aumento de la agricultura intensiva e insostenible, la explotación de la vida silvestre y la crisis climática.

En Costa Rica el según la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2019 el 87% de la superficie cultivada en el país está ocupada por monocultivos intensivos. Solamente entre 2001 y 2015 la industria piñera deforestó más de 5.500 hectáreas de según información del Proyecto de Monitoreo del Paisaje Productivo (www.mocupp.org).

Además se registra en Costa Rica la perdida de bosques avanza fuertemente de la mano de la expansión piñera. El último informe del Estado de la Nación de 2019 reveló, utilizando datos satelitales, que 3.824 hectáreas de piña invadieron áreas protegidas y 16.385 hectáreas invadieron humedales.

La lucha contra la expansión piñera cumple casi dos décadas denunciando los abusos de las empresas y entidades estatales aliadas de este modelo insostenible. Cientos de comunidades se han visto impactadas por las fumigaciones y los impactos a la salud de las personas que viven y trabajan en las plantaciones son evidentes y pueden ser más graves conforme pasen más años de exposición a estas sustancias.

Esta semana el Ministerio de Ambiente y Energía ha publicado la Directriz No-0006-2020 que reafirma lo existente en el marco normativo nacional sobre conservación y señala que las actividades agroindustriales dentro de las Áreas Silvestres Protegidas deben de salir de dichas zonas. Les da un año a las empresas de agronegocio para hacer efectivo el cese de estas actividades ilegales. Es un paso en la dirección correcta pero insuficiente para proteger la salud humana, ambiental y de los ecosistemas.

Es un error pensar en la re-activación económica continuando con un modelo de agricultura basado los monocultivos, los paquetes tecnológicos de agrovenenos y destrucción de la biodiversidad. Hay que implementar modos de producción de alimentos basados en la agroecología el cuido del bosque y la biodiversidad.

Henry Picado Cerdas. Es apicultor y agricultor miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad y Federación Ecologista FECON

Referencias:

1)        La salud humana, animal y ambiental debe considerarse una sola para prevenir la próxima pandemia. https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/la-salud-humana-animal-y-ambiental-debe-considerarse-una

2)        Informe Prevenir la próxima pandemia: Zoonosis y cómo romper la cadena de transmisión https://www.unenvironment.org/es/resources/report/preventing-future-zoonotic-disease-outbreaks-protecting-environment-animals-and

3)        Encuesta Nacional Agropecuaria 2019 https://www.inec.cr/encuesta-nacional-agropecuaria

4)        MOCUPP http://www.mocupp.org/

5)        Investigación Base del Informe del Estado de la Nación. https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2019/12/Gonzalez-V.-2019.-Piña.pdf

6)        Directriz MINAE No-0006-2020 https://feconcr.com/wp-content/uploads/2020/07/NO-MONOCULTIVOS.pdf

Moratoria Petrolera Sí, Pero También Justicia Energética

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

(FECON, 17/06/2020) En los últimos días se ha desarrollado un fuerte debate sobre la desafortunada idea de que Costa Rica se abra a la explotación petrolera, a la minería de oro a cielo abierto y a la explotación de gas natural. Ideas empujadas por diputados y diputadas de dudoso prestigio ambiental. Pero el debate que merece el país debe ser más profundo y consecuente. Es necesario hablar de justicia energética, justicia climática y transición justa.

El debate ha despertado por la negativa por parte del directorio de la Asamblea Legislativa de recibir a Cristiana Figueres, ex-Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (2010-2016), pero también miembro de una de las familias propietarias de embalses hidroeléctricos privados. Al menos se conoce que las plantas hidroeléctricas “Volcan” y “Pedro” están ligadas a su familia; de las cuales para 2018 recibieron por parte del ICE ¢2.863 millones y ¢2.678 millones, respectivamente.

La discusión de la generación eléctrica en Costa Rica es importante debido a la gran presión que existe para represar ríos. En 2015, se detectaron al menos 16 proyectos hidroeléctricos solamente en la Zona Sur. Gracias a la organización comunitaria esto se pudo parar, pero continua la insistencia por parte de intereses particulares por llamarlo a esta energía “limpia”. Escondiendo así las consecuencias graves de este modelo energético sobre el ambiente y la gente de las comunidades.

Pero este “enjambre hidroeléctrico” no es casual, se sabe que la generación eléctrica privada es un gran negocio gracias a la apertura que brindan la Ley #7200: “Ley de Generación Autónoma o Paralela” y la Ley #8345: Ley Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional.

Este marco normativo propicia un clima muy favorable para los negocios vinculados a la venta de energía al ICE. Que solo en 2018 significó un gasto por compra de energía innecesaria que ascendió a más de ¢25.000 millones de colones. Pero según informes del Diputado José María Villalta para el período 2010-2018 se ha pagado a las empresas privadas de energía ¢709.936 millones por energía que el ICE no necesitaba.

Sumas que año a año, de una u otra manera, las personas que pagamos el recibo de electricidad estamos condenadas injustamente para engordar las billeteras de unos cuantos. Que de paso, esos cuantos políticos y empresarios, siguen empeñados en destruir los ríos con sus represas.

Desde el sector ecologista por supuesto que deseamos que la moratoria a la explotación petrolera se convierta en ley. Pero aparejado a esto es urgente la justicia energética que proteja a los más pobres y genere las condiciones para transitar con justicia social hacia la sociedad post-petrolera.

El modelo que representa Cristiana Figueres pretende falsamente plantearse como el futuro, la Economía Verde propone la electrificación del transporte sin asumir los costos ambientales de la migración de la industria del vehículo eléctrico privado bajo el mismo modelo individualizado. A Cristina Figueres se le olvida que no solo existe el pico del petroleo, sino también estamos ante el pico en la extracción de minerales. Materiales necesarios para el impulso de la electrificación del sector automotríz. América Latina ya somos testigos de enfrentamientos armados y golpes de estado producto del extractivismo de oro, cobre, niquel, litio, cobalto, etc.

Costa Rica merece un debate profundo sobre su modelo energético. Proponemos que el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa abra un Dialogo Energético, espacios inclusivos, basados en la ciencia, la sostenibilidad ambiental, la justicia social, la distribución de la riqueza y el acceso universal a la energía.

Ministerio Público debe investigar a las empresas piñeras clausuradas

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

  • Delitos como trata de personas, incumplimiento culposo y propagación de epidemia habrían cometido supuestamente estas empresas al exponer al COVID-19 a sus trabajadores y trabajadoras

(Fecon, 17-06-2020.) Una de las formas más grave de explotación laboral es poner en riesgo la vida de sus trabajadores y trabajadoras, aún a sabiendas por parte de la empresa que estas corren peligro. Es por esta razón que las 9 empresas piñeras cerradas esta semana deben de ser investigadas por la Fiscalía para sentar las responsabilidades de manera clara.

Según el Sindicato de Trabajadores de Sector Privado (SITRASEP): “Exportaciones Norteñas es socia de CANAPEP y ha sido fuertemente cuestionada desde el año 2015 por mantener a centenares de trabajadores en condiciones de semiesclavitud y sostener una fuerte política antisindical”.

Uno se los casos que más trascendió fue la empresa Exportaciones Norteñas S.A. en Santa Fe de Los Chiles fue clausurada este miércoles por personeros del Ministerio de Salud debido a la detección de un brote de al menos 21 trabajadores contagiados con Covid-19.

Para Dany Villalobos, presidente de la FECON, “esta situación es preocupante debido a que las empresas piñeras parecen haber actuado de mala fe y cometiendo el delito de dolo al poner en riesgo a todos sus empleados, a la luz del artículo 127 del Código Penal. Es ampliamente sabido que el sector agroindustrial ha sido reacio a seguir las indicaciones del Ministerio de Salud dictadas a raíz de la pandemia”.

Además “en las últimas semanas las organizaciones empresariales como CANAPEP y CADEXCO insistieron al Gobierno de la República flexibilizar las disposiciones con el único objetivo de continuar acumulando ganancias por encima de la salud de trabajadores y poblaciones rurales”. Señaló Villalobos.

“Desde la Federación Ecologista nos unimos al reclamo de diversos sectores para que Ministerio Público de levante una investigación para esclarecer esta situación”, señaló el presidente de la FECON.

El 65% de los alimentos frescos consumidos en Costa Rica contiene residuos de agroquímicos

Escrito en . Publicado en Madre Tierra, Salud.

  • Un 19,5% de los vegetales frescos producidos en el país tienen niveles de contaminación de residuos de plaguicidas por encima de lo permitido.
  • Poder Ejecutivo sin iniciativa para remediar la situación.

(11/06/2020) Un informe publicado el 10 de junio, la Unidad de Control de Residuos del Departamento de Plaguicidas del Sistema Fitosanitario del Estado, reporta solamente un 35% de los alimentos analizados está libre de residuos de plaguicidas, mientras que el 65% contienen restos de algún agroquímico.

Además el informe reveló que el 19,5% tiene restos de plaguicidas por encima de la normativa establecida a nivel nacional en el Reglamento Técnico de Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas en Vegetales y el uso de plaguicidas prohibidos (Decreto No 35301-MAG-MEIC-S).

En este informe se analizaron 5.186 muestras de vegetales, frutas y verduras durante el año 2019. De estas 3.482 muestras eran productos con intención de importación (muestras tomadas en aduanas) y 1.704 vegetales producidos en Costa Rica.

Una situación grave es la presencia de moléculas prohibidas en el país encontradas en los vegetales frescos. Por ejemplo el Carbofurán y el Ometoato prohibidos según el Decreto Ejecutivo N° 38713-MAG-S-MINAE-MTSS. El Carbofurán es un insecticida altamente tóxico que genera lesiones en órganos genitales (testículos y útero).

Otro hallazgo preocupante es la presencia de Fipronil, Clopirifos Metamidofós (nombre comercial Tamarón y prohibido en el país) y Cipermetrina en el chile dulce, lo que lo hace junto al culantro y el apio como los vegetales frescos con mayor contenido de residuos.

Algunos de estos agroquímicos han sido cuestionados a nivel global por causar daños en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas. Es el caso del Clorpirifos, que se ha reportado que tiene efectos en la capacidad de aprendizaje de las personas menores de edad y se encuentra prohibido en varios países del mundo por este motivo.

Además cada vez se reportan más daños causados por el Fipronil, el agroquímico responsable de la intoxicación de 2 millones de abejas en Esparza hace pocas semanas.

Costa Rica importó en 2018 la cifra récord de 18,6 millones de toneladas de ingredientes activos de agroquímicos. Una parte se reexporta hacía Centroamérica, pero la gran mayoría se comercializa en Costa Rica, haciéndonos ganar la fama de país que consume más agrotóxicos por hectárea cultivada.

Las personas agricultoras enfrentan una profunda crisis económica, una de los principales flagelos ha sido en endeudamiento para la compra de insumos agropecuarios. Los cuales según el Ministerio de Economía Industria y Comercio enfrenta serias distorsiones y sobreprecios en la venta minorista de agroquímicos. El MEIC reporta que muchos de estos plaguicidas tienen sobreprecios de hasta un 50% del valor de importación. Es decir, que a los agricultores le cobran precios de usura por los agroquímicos.

Pese a esto no existe iniciativa por parte del Poder Ejecutivo ni para bajar los niveles de contaminación con residuos de plaguicida en la comida, pero tampoco para controlar el distorsionado mercado de los plaguicidas.

Enviado a SURCOS por Henry Picado Cerdas

Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad y de la Federación Ecologista (FECON)

Cámaras quieren reducir evaluaciones de impacto ambiental para favorecer negocios

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

FECON denuncia carencia de criterio ambiental y regresiones en el planteamiento de los grupos de presión

FECON (19/05/2020). La Federación Costarricense para la Conservación de Ambiente (FECON) se encuentra participando como miembro pleno en el análisis que realiza la Comisión Asesora Técnica Mixta de SETENA, sobre una propuesta de cambio del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en nuestro país.

Previo a este proceso, representantes de organizaciones afines al tema desarrollamos el año pasado un proceso de análisis de la pretendida reforma de SETENA, donde coincidimos en la necesidad de mejorar los procesos de EIA vigentes, dado las negligencias sistemáticas en la gestión de los procesos por parte de SETENA, o por portillos que habían identificado las organizaciones comunales que participaron para defender su derecho al ambiente sano.

Desde la representación de FECON hemos adoptado la misión de participar de forma propositiva, crítica y vigilante en la discusión sobre esta normativa, para que haya sentido de progresividad en los planteos, sin vicios de letra menuda y sin escatimar en hacer denuncia pública de las irregularidades y retrocesos que se susciten a lo interno de la Comisión, pues el tema es de interés público. Consideramos, por ejemplo, que es tiempo de impulsar mejoras sustanciales en la participación social en estos procesos históricamente excluyentes o viciados al mediar grandes intereses y presiones del desarrollismo económico.

En las evaluaciones de impacto ambiental es donde el Estado debe ser certero en garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado frente a las propuestas de actividades productivas en los territorios. Costa Rica avanza ya en el reconocimiento del derecho a participación ciudadana efectiva con el Acuerdo de Escazú (Expediente N° 21.245), ratificado en primer debate legislativo en febrero de este año. Las condiciones para una reforma reglamentara deben estar dadas por la progresividad en materia de protección ambiental y participación.

Una reforma bajo presiones e intereses

Si bien hablamos de que es necesario revisar la normativa para impulsar mejoras en los procesos de EIA, en el proceso previo al espacio actual de análisis en la Comisión Mixta ha habido varias irregularidades. Por ejemplo, en el año 2017, FECON fue excluida de esta Comisión, de la que formó parte desde el 2005 cuando se discutió el reglamento vigente de SETENA. Esto dio signos de querer excluir la visión crítica en un tema de total incumbencia de nuestra representación.

Formalmente la propuesta de reforma se conoció a inicios del 2018, cuando el ministro de Ambiente saliente Edgar Gutiérrez, intentó aprobar el denominado Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA), diseñado por el sector construcción. El jerarca dejó firmado el Decreto con esta Reglamentación para publicar directamente a la salida de su gestión, violentando el principio de participación con esta atribución imperiosa.

Los reclamos por parte de FECON no se hicieron esperar, ante la exclusión de la discusión en este tema, directamente relacionado con el ambiente y los procesos socioambientales que acompaña nuestra organización. La paralización inmediata de esta reglamentación sectaria fue solicitada al actual ministro de ambiente Carlos Manuel Rodríguez, quien correspondió nuestra demanda, y en abril de 2019 publicó el Decreto 41500-MINAE, reactivando la Comisión Mixta, cuyo función era precisamente la de emitir la recomendación con participación multisectorial, y en la que se volvió incluir a la FECON como miembro pleno.

Sin embargo, en julio del 2019 el ministro de Ambiente creó una nueva comisión Público-Privada mediante el Decreto 41817, donde las mismas Cámaras Constructivas “colaborarían” en la revisión del nuevo Reglamento para Evaluación, Control, y Seguimiento Ambiental, con plazo de entrega de resultados en noviembre del año pasado. Esto volvió a evidenciar la presión e intereses del sector de la construcción detrás de la propuesta de reformar los procedimientos de SETENA.

La activación de Comisión Mixta en 2020

Sobre esta base documental que son el RECSA y el MECSA, la Comisión Mixta realiza sus sesiones virtuales de análisis y discusión. Hasta ahora el balance es más que obvio y se reconoce abiertamente: la propuesta es impulsada por un grupo de interés particular como es el de la construcción e inmobiliario. No responde a una visión de consenso, y agregamos, no se fundamenta en criterios ambientales reales.

La redacción evidencia el sesgo conceptual de una visión limitada del ambiente. Se desconocen términos fundamentales como los efectos acumulativos en el territorio y por ende eliminan sus métodos de evaluación. También se presenta un concepto más limitado de participación ciudadana. Se elimina también la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de la reglamentación.

Pero lo central de la propuesta es que se pretende reducir el número de actividades a evaluarse ambientalmente, al establecerse una serie de umbrales para categorizarlas como de muy bajo y bajo impacto y solicitarles apenas una inscripción bajo declaraciones juradas de los desarrolladores. Umbrales carentes de criterio ambiental como se reconoce en el anexo que los establece y que fueron ajustados para múltiples actividades a criterio de su grupo redactor.

Sin duda alguna, las carencias de esta propuesta y los intereses que la impulsan nos obligan a hacer un llamado a la opinión pública en general. Comunidades, organizaciones sociales, instituciones y profesionales en ambiente, a activar todas las alarmas para que la Comisión Mixta trabaje con responsabilidad y rechace este tipo de propuestas regresivas.

Es responsabilidad de los sectores representados, garantizar una reglamentación segura y coherente con la misión de las evaluaciones de impacto ambiental. El campo ambiental no es ajustable a intereses económicos particulares. Tenemos que responder con credibilidad a todo un país y ser coherentes con los principios que rigen la Ley Orgánica del Ambiente. No podemos retroceder ampliando los portillos para que el impacto de grandes proyectos se salga de los radares y se lesione todavía más la protección del ambiente en Costa Rica.

*Imagen: Protesta de comunidades puntarenenses ante SETENA en 2016. Imagen Fecon.

Fuente: https://feconcr.com/

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La OCDE y el agro: algunas precisiones

Escrito en . Publicado en Análisis, Madre Tierra.

Luis Felipe Arauz

Profesor universitario y exministro de Agricultura y Ganadería (2014-2018)

Con fecha 19/05/2020 se publicó en Surcos Digital, un artículo de Henry Picado, expresidente de FECON, titulado “La OCDE y la tercera reforma neoliberal del agro en Costa Rica”. En el mismo, luego de dar su opinión sobre las implicaciones políticas de la incorporación de Costa Rica en la OCDE, la cual no comparto, pero como cualquier opinión, se respeta, entra a analizar aspectos del agro. En este último tema, cae en una serie de imprecisiones que, por respeto a los lectores de Surcos Digital, me veo en la obligación de aclarar.

En primer lugar, el autor se refiere al tema de registro de plaguicidas sin conexión alguna con la OCDE, incluso omite la recomendación que nos hizo la OCDE de incrementar el área dedicada a la agricultura orgánica. El nuevo reglamento para el registro de plaguicidas se empezó a trabajar desde antes que la misión de la OCDE evaluara nuestras políticas agrícolas. Con OCDE o sin OCDE siempre habríamos cambiado el reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento de 2007 (aún vigente, ya que el nuevo está esperando el fallo a un recurso sin fundamento científico presentado ante la Sala IV) resultó en un entrabamiento tal, que en 10 años no se había podido registrar casi ningún producto de última generación, de menor toxicidad y de menor dosis que los anteriores. Este rezago ha resultado en la aplicación de grandes volúmenes de plaguicidas en nuestro país. Baste un ejemplo. El control de la sigatoka en el cultivo del banano, con los productos actualmente disponibles, requiere de aplicar 2,5 kg por hectárea de fungicida cada 6 días. Esto da 146 kg por hectárea por año. Con productos de última generación, con dosis de 0,075 a 0,375 kg por hectárea cada 10 días, se aplicaría entre 2,7 y 13,7 kg por hectárea por año. Esto representa una disminución de más de 90% en el uso de plaguicidas. Otro caso, de los pocos que se lograron registrar con el reglamento viejo, es un producto para combatir nematodos dañinos de las raíces, que se usa en dosis 30 veces menor y es 133 veces menos tóxico, o sea una carga tóxica 4000 veces menor, que el producto usado antes, que por cierto yo mismo prohibí. Por otra parte, es falso que con el nuevo reglamento no se evalúen los temas toxicológicos o ambientales. Ningún producto que se vaya a aplicar en el campo tiene una evaluación más laxa con el nuevo reglamento que con el vigente. El tema es amplio y complejo, da para un artículo exclusivo para ese tema para explicar los detalles, como lo he hecho anteriormente (ver, por ejemplo: https://www.larepublica.net/noticia/registro-de-plagu-icidas-modernizacion-impacto-ambiental-y-algunas-aclaraciones), pero don Henry lo toca con una gran ligereza.

Un segundo tema que se trata no solo con ligereza sino con evidente confusión conceptual en el artículo del Sr. Picado es el tema de la “agricultura climáticamente inteligente”, el cual erróneamente confunde con el tema de “Agricultura 4.0”. Empiezo por este último concepto: la llamada “Agricultura 4.0” se refiere al uso eficiente e integración de diferentes tecnologías para la obtención y procesamiento de información, aplicables a la agricultura. No tiene nada que ver con drones fumigadores, aplicación de más agroquímicos, o la promoción de biología sintética u organismos genéticamente modificados. Ese uso eficiente de las tecnologías de información más bien permite usar los insumos con precisión y disminuir el uso de insumos y agua, y al mismo tiempo aumentar la productividad. En resumen, busca reducir el impacto ambiental y mejorar el impacto económico y social de la agricultura, mejorando la sostenibilidad de la actividad. Este tema no se planteó en el proceso de la incorporación de Costa Rica a la OCDE.

La OCDE sí nos hizo recomendaciones en el tema de la relación de la agricultura con el cambio climático, que las podríamos resumir en que continuáramos por la ruta que ya habíamos iniciado como país, fortaleciendo los mecanismos financieros para extender a otras áreas las acciones que ya había empezado Costa Rica en ganadería y café. En el informe de la OCDE no se habla explícitamente de “agricultura climáticamente inteligente” (ACI), aunque al hablar de balancear productividad, mitigación y adaptación al cambio climático, está hablando implícitamente de ese concepto, pues efectivamente de eso se trata. El concepto, presentado por la FAO en 2010, se refiere justamente a una agricultura productiva, que capture carbono o reduzca emisiones de gases de efecto de invernadero, y que se adapte al cambio climático. Si uno ve el libro de consulta la FAO del 2014, que desarrolla el concepto (http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/concept/es/), no se promueve una mayor aplicación de plaguicidas, ni la deforestación ni el uso de organismos genéticamente modificados (OGM). En Costa Rica, un ejemplo de ACI, es la estrategia de ganadería baja en carbono (http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/L01-11006.pdf), en la cual no se materializa ninguna de las amenazas que menciona el artículo de don Henry. Por el contrario, aumenta la arborización en los potreros, reduce el uso de fertilizantes, aumenta la productividad, mejora el uso del agua y aumenta la biodiversidad. En otros países, en especial en los Estados Unidos, sí se ha incorporado el uso de los OGM en la ACI. Esta diferencia de enfoque con Costa Rica no pasó inadvertida en la conferencia de las partes (COP21) de cambio climático de París 2015, lo que motivó una publicación al respecto (http://www.iatp.org/blog/201512/the-clever-ambiguity-of-climate-smart-agriculture) por parte de la ONG Instituto para las Políticas de la Agricultura y el Comercio.

Concluyendo, tanto la modernización del registro de plaguicidas como la agricultura climáticamente inteligente son temas que el Ministerio de Agricultura y Ganadería venía promoviendo desde antes de las recomendaciones de la OCDE, simplemente porque hacerlo ayuda a la agricultura y al ambiente, como lo he demostrado con seriedad, aportando datos y documentos.

15 de mayo. La noche del agricultor

Escrito en . Publicado en Análisis, Madre Tierra.

De “el día del agricultor” a “el día sin agricultores”

Dany Villalobos, Presidente FECON

En 1968 se declaraba por Ley el 15 de mayo como el “día del agricultor” en Costa Rica. Habían pasado entonces 25 años desde que el Estado asumió el impulso de la producción agrícola, primero con la creación en 1943 de la Junta Nacional de Abasto, que se instituyó para contrarrestar los efectos alimentarios de la 2ª Guerra Mundial y que se convertiría luego en el icónico Consejo Nacional de Producción (CNP).  

Pero el reconocimiento histórico de la importancia de los agricultores en la vida costarricense no tardó mucho para comenzar a opacarse. Un nuevo modelo de subdesarrollo se había vendido a los políticos criollos y en 1985 en la Asamblea Legislativa  aprobaban el primer Programa de Ajuste Estructural (PAE I), reduciéndoles a los agricultores costarricenses el espacio protagónico que tuvieron durante 42 años en la economía nacional.   

El PAE I dictaba que la producción de las tierras nacionales se inclinaría hacia la exportación, beneficiándose los nuevos cultivos con exoneraciones de impuestos, al mismo tiempo que iniciaba la desarticulación de las funciones regulatorias del Consejo Nacional de Producción (CNP), para asemejar los precios agrícolas domésticos con los precios internacionales.

Esto significó el inicio de la caída del campesinado costarricense. Pero también marcó el surgimiento de una nueva fuerza política de corte transnacional en nuestro país. Las oligarquías criollas ya manejaban los negocios del café, banano, carne y azúcar. Sólo le dieron espacio a nuevas industrias agroexportadoras y abrieron el país para que se le comprara a sus socios extranjeros en el agronegocio.

Esto provocó que en el año 2000 se organizaran fuertes protestas de diversos sectores agrícolas, por la crisis económica que les produjo la política de apertura agrícola. Algunos incluso perdían sus tierras por deudas. Varias carreteras del país fueron cerradas simultáneamente, pidiendo la prohibición de importaciones de cebolla, papa y frijol, así como reajustar las condiciones arancelarias para proteger a los productores locales.

Pero a pesar de las salidas negociadas para contener estos descontentos populares, la política de Estado ya estaba definida por la oligarquía. No había vuelta atrás y más bien, en esa década ya se iniciaban las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica. El sector agrícola fue de los principales opositores, pero el 2007 sellaría la suerte económica de muchas familias que sobrevivían de la agricultura y tuvieron que ajustarse a cambios severos al perder rentabilidad sus tierras.

En el 2002, el sector arrocero se intentó acuerpar con la creación de la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ). Sin embargo, la gestión de esta entidad no ha sido capaz de soportar las necesidades económicas básicas de los pequeños productores arroceros, que se han ido quedando tirados en el camino mientras Estados Unidos y otros países suramericanos inundan los silos de los agroindustriales con arroz importado a bajos costos.

En setiembre del 2013 vuelven las protestas, esta vez de los productores de frijol, que reclamaban la imposibilidad de competir con los precios de importaciones que el país hacía, por el precio real al que necesitaban vender el quintal para poder recuperar los costos de producción y sobrevivir dignamente. La respuesta de la administración de Laura Chinchilla ante los bloqueos en Pérez Zeledón fue represión con su promesa de campaña: los cuerpos policiales. A la criminalización le sucedió del progresivo abandono y silencio con el tema.

De la agricultura familiar a los oligopolios

En 2020, el proceso acumula un panorama productivo decadente. Una dependencia alimentaria de importaciones que ronda el 70%[1], mientras los campos están plagados de monocultivos para exportación, tradicionales o no. El CNP gestiona el comercio de producción nacional en espacios limitados como ferias y comedores escolares. La agricultura local no encuentra asidero.

Mientras, los índices de desarrollo humano en los cantones agroexportadores del país, donde reinan la piña, el banano y la caña de azúcar, ocupan las posiciones más bajas en señal de que la economía está colapsada por el modelo de libre mercado, cuyas grandes empresas dominantes ofrecen a sus trabajadores salarios de pobreza perpetua y a sus territorios huéspedes contaminación a granel.

La concentración de tierras es una constante. En la industria piñera el 91% de la producción se concentra en sólo 100 de las 1200 unidades productivas[2]. En este tipo de agronegocio, los pequeños productores son los eslabones más vulnerables a perder sus cosechas cuando bajan las demandas y con deudas por inversiones, muchos llegan a perder su tierra. Las grandes transnacionales han aprovechan este tipo de situaciones para aumentar su patrimonio y capital adquiriendo propiedades en riesgo[3].

Sin duda hará falta que los agricultores y agricultoras vuelvan a levantar sus luchas contra el fraude del libre comercio y los encadenamientos oligopólicos. Que las organizaciones comunales exijan políticas de Estado favorables a la producción local de alimentos. Urge recuperar la dignidad económica de los campesinos y campesinas. Sin dar esta lucha, estaremos manteniendo un régimen permanente zozobra e irrespeto hacia derechos humanos básicos, como el trabajo digno y la alimentación adecuada, a cambio de sostener oligopolios mercantiles. Una contrariedad con el espíritu de honra al trabajo agrícola que se estableció el 15 de mayo.

[1] Henry Picado (2020). Comida y pandemia. Publicado en Surcos.

[2] Marco Vinicio Fournier (2020). Algunas precisiones sobre la situación del agro.

[3] Testimonios en La Gloria de Aguas Zarcas (2011).