– Espiar activistas sociales no puede ser tolerado en un país que se precie de respeto a los Derechos Humanos
FECON (04/02/2022) | El Semanario Universidad en su edición del 2 de febrero, publica el artículo “A solicitud de exjerarca de la DIS Neotrópica diseñó sistema para manejar bases de datos de activistas sociales para la Presidencia”. En el mismo se brinda un análisis del contrato firmado entre el gobierno y esa fundación para la creación de una “aplicación web para recolectar información sobre conflictos sociales y los actores involucrados en ellos, con amplio detalle.”
Es claro según el análisis que hace el artículo periodístico del contrato, que dicha herramienta crearía una detallada base de datos sobre los conflictos ambientales en el país. La idea de contar con esa herramienta surgió de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) cuyo rol no es precisamente, tener un papel en los conflictos ambientales.
Las respuestas tanto del gobierno como de la Fundación Neotrópica consignadas en el artículo no dicen nada: no manejamos datos, no conocemos que pasa, todo está en una hoja de Excel. Estas son las típicas respuestas que generan indignación porque es imposible que, existiendo un contrato, no se hayan hecho al menos algunas labores y no se tenga claridad del fin de la herramienta.
Se debe recordar que la administración de Luis Guillermo Solís ha sido las más conflictiva de la historia de nuestro país, con más de 2.562 reportes durante su mandato, según la Base de Datos de Acciones Colectivas ́Protestas ́ de la Universidad de Costa Rica. Las prácticas de espionaje contra activistas sociales no tienen cabida dentro de una sociedad que se precie de defensora de los Derechos Humanos, ni mucho menos es aceptable dentro de un sistema democrático.
Para FECON esta noticia es de extrema gravedad debido a que puede haber espionaje oficial en los conflictos ambientales y la experiencia que tenemos como organización nacional (y que conocemos de otros países) es que el espionaje gubernamental esta siempre ligado a represión, toma de represalias y criminalización de acciones legítimas desde diversos actores sociales, en este caso el movimiento ecologista nacional.
Desde FECON rechazamos el uso de este tipo de herramientas. De igual forma no podemos aceptar respuestas como las consignadas ya que o representan un grado de cinismo alto desde el gobierno y la Fundación Neotrópica o un desconocimiento tal por el cual esas personas deberían ser despedidas ya que no están cumpliendo con sus obligaciones.
Para la Federación Ecologista existen más preguntas que respuestas sobre este asunto. ¿Qué tipo de información sobre personas y organizaciones tiene a disposición la DIS y Casa Presidencial? ¿Quiénes tuvieron acceso a esta base de datos? ¿Qué usos se le ha dado a dicha información tanto la administración Solís como la de Alvarado? ¿Qué otro tipo de herramientas han sido encargadas a entidades privadas para vigilar y espiar a activistas sociales?
El Alcalde de Desamparados y candidato del PLN a diputado, Gilberth Jiménez Siles, recientemente publicó un espacio pagado en el medio LS Digital (https://fb.watch/aPYOdjZt7Y/ ), que raya en la más absoluta demagogia, mentira e ignorancia técnica, que comprobamos con algunas de sus frases.
“Minae ha rechazado el estudio de factibilidad para poder llevar a cabo la perforación de un pozo y oigalo (sic) donde iba a ser la planta gasificadora en Abejonal de León Cortés”. Esto demuestra un total desconocimiento y una inaceptable ignorancia por negligencia, pues no es el “MINAE”, si no la Dirección de Aguas del MINAE la que resuelve sobre un “permiso de perforación” y no sobre ninguna “factibilidad”. Al parecer, el Alcalde se lanzó sin ni siquiera haber leído el oficio DA-2050-2021.
Dice el Alcalde: “donde iba a ser la planta gasificadora” y “Con esto se da por concluido un proceso que nos tenía con gran preocupación, con gran incertidumbre y por supuesto que nos ocupábamos”. Es evidente que al Alcalde le sobran ignorancia técnica y falta de estudio. Esa resolución no “da por concluido” nada, pues son otras intancias las que resuelven en definitiva (Para más explicación: https://wp.me/p6rfbZ-h9d y https://www.facebook.com/319641188239974/posts/1907041042833306/ ).
En la misma línea agrega: “Hoy con gran satisfacción podemos decir que no es viable una planta gasificadora en Los Santos, en León Cortés, en Abejonal”. En realidad el Alcalde no tiene ningún derecho a decir nada, ni a sentir satisfacción, porque nunca ha tenido participación, y menos ayudado a quienes desde hace casi una década hemos frenado la gasificadora. Además, oculta que ese proyecto ha contado con el apoyo directo o solapado de la Administración municipal de León Cortés, que es de su mismo partido político.
Cuando el Alcalde dice “Tenemos que proteger nuestros mantos acuíferos” y” Gracias a todos los que nos han apoyado y los que también han hecho consciencia en proteger el medio ambiente”, muestra una hipocresía inusual, pues durante muchísimos años ha estado en contra y boicoteando a las comunidades y organizaciones sociales que luchan por salvar la Loma de Salitral en Desamparados. Y precisamente la Municipalidad ha sido el centro de esa disputa.
Esperamos que la inteligencia individual y colectiva del pueblo de San José, y sobre todo de los cantones que siempre hemos luchado contra la gasificadora (y muchos más proyectos), sin el apoyo de su Partido Liberación Nacional, impidan que este demagogo e ignorante, llegue a la Asamblea Legislativa, donde posiblemente magnificará su nefasto accionar.
Osvaldo Durán-Castro Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON
Un golpe letal recibió el proyecto de gasificación de residuos que la empresa Agropecuaria 7048 quiere construir en Los Santos, con la Resolución de la Dirección de Aguas del MINAE, que le negó el permiso de perforación de un pozo para abastecerse de agua. Como se pudo comprobar, el sitio de la solicitud está dentro del área de protección de la naciente de la ASADA de Frailes de Desamparados. Anteriormente, otras ASADAS se habían negado a compartir su agua de uso comunitario con el proyecto privado de gasificación, y por eso la empresa intentó apropiarse del agua de Frailes.
Los riesgos para el agua de las comunidades han sido advertidos reiteradamente por la oposición a la gasificación, pero hasta ahora se obtuvo un veredicto de tanto peso para proteger el agua. El proyecto de gasificación que amenaza el agua, a los ecosistemas de la región, a todas las actividades agrícolas, productivas y de servicios, como el turismo, ha contado con el respaldo de la Administración municipal de León Cortés, que hasta ahora sigue desconociendo la oposición comunitaria y llegó a declararse “neutral”.
En el considerando quinto de la Resolución DA-2050-2021 se indica que “una vez realizado el análisis correspondiente se encontró que el punto de perforación se encuentra dentro los 200 metros de retiro de la Fuente N-5 inscrita a nombre de la ASADA de Frailes, expediente 1488-R, por lo que se incumple el artículo 31 de la Ley de Aguas”. La Dirección de Aguas del MINAE repite que, según la Ley de Aguas No. 276 del 26 de agosto de 1942, “Artículo 31.- Se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación: a) Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio”.
Para las organizaciones sociales, empresas y personas de León Cortés, Tarrazú, Dota y Frailes de Desamparados, que por más de 7 años hemos mantenido oposición a las iniciativas de incineración y gasificación en Los Santos, queda confirmado que la empresa Agropecuaria 7048 sigue siendo totalmente irresponsable ya que pretendía una perforación “para uso consumo humano (doméstico- industrial) industrial (planta gasificadora de residuos sólidos municipales”, sin importar que el sitio está dentro del área de protección de una naciente, lo cual es verificable a simple vista. También, es claro que esta resolución es una casual más para el archivo definitivo del expediente de la gasificadora por parte de la Secretaría técnica nacional del ambiente (SETENA), petición que ya hicimos con base en las numerosas y severas debilidades técnicas del Estudio de impacto ambiental del proyecto, y la ausencia total de viabilidad social.
En el último documento de información para las comunidades emitido por el Grupo Ecologista León Cortés, la Asociación PROAL y la Federación Ecologista de Costa Rica/FECON: “GASIFICACIÓN EN LOS SANTOS. OPOSICIÓN DESDE LAS COMUNIDADES”, se explicó que en el área donde la empresa Agropecuaria 7048 pretende construir la planta gasificadora, hay varias nacientes inscritas ante la Dirección de Aguas pues son de consumo humano en varias comunidades.
Se explica, con base en el análisis del geógrafo Efrén Hernández Bonilla que “el cerro El Abejonal y sus alrededores presentan una topografía caracterizada por ser una zona montañosa con pendientes muy pronunciadas. Esto ocasiona que cualquier actividad constructiva e industrial que se realice en la zona alta, va tener una repercusión directa sobre cultivos y bosques en las áreas más bajas. Por eso es que la naciente de la ASADA de Frailes es una de la que está en mayor riesgo, y la empresa nunca aportó medidas técnicas claras y eficientes en el plan de Gestión Ambiental presentado en el Estudio de Impacto Ambiental…”.
Frailes es una de las comunidades que más acciones de oposición ha realizado desde que el proyecto se dio a conocer como “planta incineradora de basura”, y hasta la fecha se siguen realizando concurridas sesiones de información y organización para detener la construcción de la gasificadora, que es la nueva versión de la empresa. De acuerdo con Marco Antonio Calderón Quirós, Presidente de la ASADA de Frailes, el pasado 7 de setiembre de 2021 en reunión con AyA, confirmaron el peligro de la pretensión de la empresa y de inmediato interpusieron la denuncia en la plataforma SITADA. Ante la resolución el dirigente comunal indicó que “nos alienta porque estamos ganando una batalla y nos damos cuenta de cómo debemos proteger el agua y su área de recarga”. Para las comunidades “es muy bueno que el MINAE nos de la razón y nos ponga atención en esta lucha por el agua, que también favorece la creación de la nueva área silvestre protegida”, en los cerros El Abejonal, La Trinidad y La Roca que abastecen de agua a Frailes y otras comunidades como San Antonio y La Angostura en León Cortés y otras de Tarrazú.
Esa resolución DA-2050-2021 es fundamental para evitar la construcción de la gasificadora, pero es además resulta un nuevo y claro llamado de atención a toda la población ante “prácticas agrícolas que incluyen tala, anillado, envenenamiento de árboles y socolado o limpieza del sotobosque para sustituirlo por cultivos agrícolas”, que se presentan en la región, incluida la Reserva Forestal Los Santos, como lo expusimos en una nota del Movimiento Quercus/Dota a la Asociación de Cafés Finos de Costa Rica y al Instituto del Café (ICAFE) el 03 de abril 2021. A modo de ejemplo: en los primeros 8 meses del 2019 de las denuncias tramitadas en la Fiscalía de Los Santos, 95 (un 70% del total) fueron delitos ambientales, que incluían invasiones para cambio de uso del suelo en bosques y áreas de recarga y de protección de nacientes y contaminación directa o indirecta con químicos; según datos aportados por el Ministerio Público y el MINAE-Los Santos. De hecho, en el cerro El Abejonal donde se quiere instalar la gasificadora, y en los cerros La Trinidad y La Roca, los cambios de uso de suelo, que muchas veces implican talas y otras formas de destrucción de la cobertura forestal, y otros delitos ambientales contra la vida silvestre, son prácticas comunes y pocas veces sancionadas.
La resolución de la Dirección de Aguas está fechada el 3 de diciembre de 2021 y fue notificada a la ASADA de Frailes el 25 de enero de 2022. La empresa había solicitado la perforación el 23 de setiembre de 2021 (Expediente 21652-P, Dirección de Aguas). Las comunidades de los cantones León Cortés, Tarrazú, Dota y Frailes de Desamparados, ahora mismo siguen implementando acciones de información y sustentando técnicamente nuevas oposiciones, mientras esperan las respuestas que en febrero 2022 la empresa debe presentar a la SETENA. De esas respuestas, según esa misma Secretaría, depende que se archive o no del expediente de la gasificadora.
FECON plantea que el Gobierno de Costa Rica debe enfocar recursos en apoyar a la pequeña producción campesina y costera para superar esta crisis, realizando un examen serio del modelo agrario actual, pues a pesar de que tenemos enormes extensiones del campo ocupadas por agroindustria y ganadería, las zonas rurales viven un ciclo constante de pobreza y explotación.
La base de la recuperación económica debe ser la seguridad y soberanía alimentaria, rescatando las propuestas milenarias de los pueblos ancestrales. La propuesta además, plantea abandonar la economía de crecimiento que significa acumulación en pocas manos, para centrarnos en una economía de la sobrevivencia, donde lo primordial sea la satisfacción de las necesidades más esenciales para todas las personas.
Para este fin aportan también los mecanismos extraoficiales como las redes de trueque e intercambio de bienes y servicios que se están construyendo en el país. Sobre la base de estos bienes, están los alimentos que son producidos de forma sustentable en las comunidades.
Es reprochable la persecución sistemática y de decomiso que los organismos del Estado realizan contra la producción campesina ya marginada, cuando, por el contrario, debiera estarse facilitando el acceso democrático a los mercados. Ante semejantes contradicciones, la lucha organizada desde abajo, es el medio para retomar los medios de producción.
Aspirar a una reforma agraria integral a futuro, también debe alentar a los pueblos a desarrollar todo su potencial productivo en condiciones sustentables. Mientras el Estado protege a las grandes corporaciones que dependen de la producción industrializada en la era del libre comercio, mantiene irresuelta la economía de las zonas costeras y campesinas, así como la violencia contra los pueblos indígenas.
El contenido se fortalece con las reflexiones del Diálogo Virtual realizado en julio de 2021 sobre la temática, con participación de Yasi Morales del programa de Economía Social Solidaria de la UCR, Juan Arriaga de Sol de Vida y Pedro Salguero de la Red de Coordinación en Biodiversidad.
El martes 4 de mayo se realizó el foro Caudal ambiental en Costa Rica: Perspectivas desde la sociedad civil.
Anny Chaves, presidenta del Colegio de Biólogos de Costa Rica expuso el tema Caudal ambiental: un concepto integral.
El presidente de la Federación Ecologista (FECON, Dany Villalobos, se refirió a la necesidad de “proteger los ríos, no las grandes concesiones”.
Por su parte Oscar Beita y Madeline Kiser de la comunidad de Volcán de Buenos Aires y del Movimiento Ríos Vivos se enfocaron en la urgencia de justicia en el uso de los ríos.
La Alianza por una Vida Digna le invita a ver y compartir el video del foro.
SURCOS comparte la siguiente posición enviada por FECON al presidente de la República y a la ministra de Ambiente:
Sr. Carlos Alvarado Q. Sra. Andrea Meza M.
Procedemos a manifestar nuestra oposición fundamentada al Decreto “Normativa Técnica para la estimación delcaudal ambiental” que impulsa la Dirección de Aguas y que correspondería a ustedes avalar. Adjuntamos en el documento FECON- DECRETO CAUDALES nuestras observaciones para que tengan ustedes criterio de las inconsistencias que derivan en contradicción a la protección ambiental de las fuentes de agua.
Además, adjuntamos el documento PRONUNCIAMIENTO TÉRRABA – FINAL, en el que podrán leer algunas preocupaciones comunitarias de la zona sur en cuanto al ejercicio del poder sobre el agua y en relación con la gestión de los caudales. Esperamos que sea de su interés también, pues este decreto excluye la participación ciudadana en este tema fundamental.
Solicitamos la apertura de procesos de diálogo participativo para construir y validar un instrumento tan importante para las comunidades ribereñas. La recuperación de los ríos y ecosistemas superficiales degradados es una acción urgente en nuestro país.
Consideramos necesario suspender la pretensión de este Decreto mal fundamentado, para poder establecer con procesos de construcción participativos, efectivamente relaciones más armónicas entre la institucionalidad y la ciudadanía del común, que también tiene intereses y derechos en cuanto a la protección de las fuentes de agua. Algo que consideramos fundamental para lograr avances e la gestión hídrica del país.
El mecanismo que se defina debe ser respetuoso de estos derechos y promover la proactividad ciudadana en un tema estratégico para nuestro país como es la gestión del agua. No podemos dejar un 20% de agua en nuestros ríos, impactados progresivamente por el cambio climático, y asumir que estamos generando sostenibilidad.
Con atención se despide: Dany Villalobos V. Presidente FECON
Compartimos los documentos: “Pronunciamiento en favor del río Grande de Térraba” y “Recomendación sobre el decreto de Caudal Ambiental” de FECON.
14/01/2021. Desde FECON, denunciamos que la captura de tiburón martillo vuelve a estar en la mira de los depredadores del mar. A través de una maniobra jurídica el MAG e INCOPESCA tratan de reducir el problema de fondo que implicaría de la eventual explotación de una especie en peligro de extinción como el tiburón martillo, a la realización de una consulta por demás viciada.
El tema se puso en la mesa desde el gobierno de Luis Guillermo Solís, enemigo de los tiburones, cuando pretendió abrirse la captura “regulada” de tiburón martillo mediante un Decreto Ejecutivo que imponía como autoridad científica para aprobar permisos de comercialización-exportación a INCOPESCA. Dicho decreto fue impugnado por grupos ecologistas con el respaldo de la Sala I, que impidió su entrada en vigencia.
Sin embargo, la sed de carne de algunos comerciantes de baja racionalidad vuelve a poner las instituciones a su servicio para establecer otra vez la reglamentación vía Decreto, en la que incluyen especies amenazadas de extinción en las listas comerciables, dándole autoridad científica a INCOPESCA, a pesar de su evidente interés en la comercialización de especies marinas más que en conservar, además de sus ampliamente reconocidas limitaciones y negativas para desarrollar estudios científicos.
El gobierno llevó adelante una supuesta consulta entre el 16 de diciembre y el 7 de enero como estrategia para evadir manifestaciones de carácter científico. La organización MarViva ha denunciado que esta táctica ha impedido pronunciarse a las universidades y al Colegio de Biólogos respecto a un tema científico claramente de su incumbencia. La Ministra de Ambiente Andrea Meza criticó que sólo se publicará en el Sistema de Control Previo del Ministerio de Economía y que no se convocará a autoridades a ambiente a audiencia.
En peligro de extinción
El tiburón martillo es una especie cuya población decayó drásticamente en años por su captura para mercados asiáticos que demandaron sus aletas, al punto de llegar a declararse en peligro de extinción con los parámetros utilizados de UICN, que se ha referido a una caída de hasta el 90% de la población.
El SINAC prohibió su pesca y comercialización en el país desde el año 2015, luego de que Costa Rica liderara su inclusión en 2013 en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
La Federación Ecologista (FECON) se une a la exigencia de los grupos defensores del mar para que sea el SINAC quien tenga rectoría para la aplicación del Convenio CITES, protegiendo las especies amenazadas y que sea un Comité Científico Especializado con participación de las Universidades Públicas el que fiscalice medidas estrictas contra la pretendida continuidad de la comercialización.
El pasado viernes 18 de diciembre, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) presentó un Recurso de Amparo contra el Concejo Municipal de Santa Cruz por el acuerdo municipal que permitió la instalación de postes y luces en la Zona Pública de Playa del Coco de Marbella.
En el amparo se indica a la Sala Constitucional que desde hace más de cuatro meses se presentó ante el Concejo un Recurso de Revisión contra el acuerdo que aprobó la instalación eléctrica en esta zona de alta fragilidad ambiental, sin tenerse fundamento técnico y violando directamente la normativa ambiental y los principios de varios convenios internacionales firmados por el país. Sin embargo, el Concejo no da respuesta ni depone el acuerdo. FECON demanda ante la Sala IV que este acuerdo municipal es violatorio del derecho ambiental y por tanto, inconstitucional.
La decisión del Concejo Municipal de Santa Cruz ha mantenido iluminación artificial en la zona, alterando y amenazando el hábitat de desove de las tortugas baulas y negras, dos especies marinas protegidas por la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, ratificado por Costa Rica.
Estos convenios son claros y obligan a que el Estado tome medidas de no perturbación humana y ordenamiento costero con criterios técnicos y científico, cosa que el Concejo Municipal de Santa Cruz ha incumplido tajantemente por favorecer los intereses desarrollistas en la zona de Marbella.
Sala Constitucional aprueba medida cautelar
El lunes 21 de diciembre, FECON ha recibido la notificación de que la medida cautelar solicitada ha sido acogida por la Sala, ordenándose a las autoridades recurridas coordinar las acciones necesarias y adoptar las medidas pertinentes para que el alegado desove de las tortugas en el sector no se vea afectado por la contaminación lumínica (…) hasta tanto la Sala no resuelva.
Por tanto, FECON vigilará que la Municipalidad de Santa Cruz finalmente intervenga y desconecte la iluminación de la zona en coordinación con CoopeGuanacaste, que fue la encomendada para instalar esta iluminación, denunciada por su aprobación contraria a los debidos procedimientos ambientales.
Desde las Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) y la Red de Coordinación en Biodiversidad consideramos que:
El papel que desempeña la Universidad de Costa Rica en materia de Acción Social para el país es de suma importancia para el fortalecimiento de la justicia social y ambiental del país. Este es uno de los pilares fundamentales de la Universidad en su estatuto orgánico.
En contextos de crisis es fundamental que este rol de las universidades públicas se mantenga y se fortalezca; para que siga siendo un motor clave para la re-activación económica que pretende el país, pero además se genere de forma colectiva y con un profundo carácter humanista.
El Programa Kioscos Socio Ambientales en más de 13 años de trayectoria ha sido un eje importante para múltiples procesos de defensa de los ecosistemas, la biodiversidad, los bienes comunes, el agua, los bosques, los derechos de los pueblos indígenas, entre otros.
En el contexto de crisis sanitaria se ha demostrado ampliamente que el país debe de potenciar aún más los esfuerzos comunitarios en busca de la sostenibilidad para mejorar sus territorios y defender la justicia ambiental.
Que los procesos comunitarios de defensa ambiental han sido los que verdaderamente han sostenido, impulsado e innovado en materia de conservación de la naturaleza. Existen numerosos ejemplos de que sin estos procesos comunitarios la basta legislación ambiental de Costa Rica no hubiera sido suficiente para salvaguardar la riqueza ambiental. Son los procesos comunitarios y organizativos los que están íntimamente ligados a todos los méritos que el país pueda tener a nivel global.
Que los procesos de criminalización, persecución y asesinatos de líderes sociales se dan en contextos donde muchas veces el Estado está ausente por completo. Por eso es importante que las universidades públicas no abandonen esos escenarios en los que se libran conflictos ambientales donde siempre hay un riesgo latente para las personas que defienden el ambiente.
Por tanto:
Nos pronunciamos en defensa del Programa Kioscos Ambientales; sus docentes, sus asistentes y sus estudiantes cuyo quehacer es importantísimo en este contexto nacional de crisis. Consideramos desacertada la decisión de parte de la Rectoría saliente de la Universidad de Costa Rica, de recortar un 60% de los nombramientos docentes de forma injustificada.
Solicitamos de forma vehemente a las autoridades universitarias que se restituyan todos los nombramientos del equipo docente.
Mariana Porras Presidenta Red de Coordinación en Biodiversidad
Dany Villalobos Presidente Federación Costarricense Para la Conservación del Ambiente (FECON)
Conversatorio sobre contextos latinoamericanos de violencia contra personas defensoras de la naturaleza
San José, Costa Rica.- Este próximo lunes 7 de diciembre, a las 5:00 pm, se presentará el libro “Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica”, que recuenta casi 100 hechos de violencia contra las personas defensoras de la naturaleza en nuestro país. Esta realidad no tiene nada que ver con la imagen idílica de las postales turísticas, de país verde y de paz con la que se vende a Costa Rica en el exterior.
La presentación del libro será un conversatorio ––que se transmitirá vía redes sociales–– entre destacadas activistas de toda la región Latinoamérica, como lo son Karin Nancen (Uruguay), presidenta de la federación ecologista Amigos de la Tierra Internacional; Silvia Riveiro (México), investigadora directora para América Latina del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (ETC); Esperanza Martínez (Ecuador), especialista en Derechos de la Naturaleza de Acción Ecológica; y Tatiana Roa (Colombia), de CENSAT Agua Viva- Amigos de la Tierra Colombia.
Nuestro país es parte de la región con más asesinatos de personas defensoras en el mundo, puesto que ocupa Latinoamérica desde 2012. Casos como el de Jairo Mora (2013), Sergio Rojas (2019) o Yehry Rivera (2020) son parte de estas lamentables estadísticas.
Según el prólogo del libro, este “es un esfuerzo por sistematizar una fracción de la criminalización pues se ha construido a partir de las mismas fuentes y voces de personas defensoras”. Además, “es un ejercicio de memoria histórica en construcción y que necesariamente debe seguir alimentándose y sobre todo aclarándose y tratando de lograr justicia y acabar con la impunidad ante la mayoría de casos”.
Los autores aseguran que “es importante señalar que sí hay destacados logros ambientales en nuestro país y existen también externalidades y costos humanos sobre cada uno de estos avances. En ese sentido, este panorama de criminalización tiene un peso importante a la hora de hablar de éxitos, indicadores y políticas ambientales.”
La criminalización se puede definir “como un proceso de acciones y estrategias realizadas por instancias estatales y privadas, que buscan la estigmatización, denigración, intimidación, deslegitimación y la desmovilización de las luchas socioambientales y territoriales”. Se puede manifestar como formas sutiles de prejuicios, hasta elaborados dispositivos mediáticos y político-jurídicos, conformando un ciclo de violencia socio ambiental.
El libro sistematiza 18 demandas individuales y 7 demandas colectivas contra más de 36 activistas procesados por defender el ambiente y derechos comunitarios. Además, se listan formas de persecución y amenazas documentadas, que incluyen al menos 25 atentados o ataques directos, 10 incendios a casas o locales, y 21 casos de amenazas de muerte. Toda esta violencia ha culminado en los asesinatos de 13 defensores y defensoras del ambiente, los cuales se perpetraron entre 1975 y 2020, y la mayoría de los cuales aún se mantiene en la impunidad.
La investigación fue realizada por Mauricio Álvarez Mora y Alicia Casas y fue compilado por la periodista Fabiola Pomareda. Es una publicación de la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON), realizada con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo en México, el Centro Investigaciones en Estudios Políticos (CIEP) y el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Fundación Heinrich Böll en El Salvador.
Compartido con SURCOS por Mauricio Álvarez Mora.
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