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Etiqueta: femicidios

Mujeres solicitan a la CGR y a la Fiscalía General investigar hechos irregulares en el INAMU

Carta abierta a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la República

La Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, Colectivo Mujeres por Costa Rica, CEFEMINA, Alianza de Mujeres Costarricenses y ALAMUD (Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad) remitieron una carta abierta a la Contralora General de la República y al Fiscal General denunciando hechos de posible incumplimiento de deberes, mal uso y falta de supervisión de recursos públicos en el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). Lo anterior según los hallazgos de un Informe de Auditoría Interna del INAMU dado a conocer recientemente, a saber: Informe de la Auditoría Interna (AI) del INAMU (PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE URGENCIA NRO. 2024XE- 000001-0015800001) sobre el proyecto Puntos Violeta.

Denuncias

Las organizaciones de mujeres denuncian, entre otras cosas, que:

La violencia contra las mujeres ha alcanzado dimensiones nunca vista en Costa Rica. Entre los años 2022-2024, los femicidios de pareja aumentaron en más de un 100%. En lo que va del año 2025, se registran 18 femicidios. Poco menos que un femicidio por semana.

Mientras esto sucede, la entidad obligada por ley a promover las políticas públicas para la prevención de la VCM, el INAMU, desarrolló una “estrategia” (denominada Puntos Violeta) onerosa que no tiene ninguna relación ni impacto con la problemática, al tiempo que debilita los servicios institucionales ya existentes que continúan cargando con el grueso de la demanda de atención. Además de no cumplir con las obligaciones contravencionales y de la normativa nacional, esta “estrategia” – a partir del informe de la AI – parece presentar importantes vicios de legalidad y aparentes serias afectaciones a la hacienda pública.

Petitoria

Algunas de las peticiones hechas por las organizaciones de mujeres son las siguientes:

  • Apertura de un proceso administrativo directo e independiente de la AI del INAMU para Identificar las responsabilidades individuales, administrativas y políticas, derivadas de los hallazgos de este informe de AI del INAMU en relación con los procesos de contratación, las faltas de supervisión y seguimiento al buen uso de los recursos públicos vinculados con el proyecto de Puntos Violeta, incluyendo la renovación reiterada de las contrataciones sin evaluación de resultados, entre otros aspectos.

  • Llevar a cabo una investigación urgente en relación con los contratos de servicios profesionales en derecho para brindar servicios en los PV para verificar el tipo, cantidad y calidad de los servicios prestados, así como la relación costo-beneficio en función de los objetivos de la “estrategia” de PV.

  • Realizar una auditoría de la inversión del INAMU en materia de publicidad institucional en relación con esta “estrategia” desde el punto de vista de la racionalidad del gasto en relación con los resultados, así como otros elementos asociados a la administración de estos recursos incluyendo la pauta publicitaria.

  • Valorar la pertinencia y legalidad de la continuidad de los contratos vigentes, incluyendo la pertinencia y viabilidad de la rescisión de dichos contratos.

  • Estudiar la posible existencia del delito de enriquecimiento ilícito por parte de la empresa PSICOMED SA al amparo de estos contratos, así como la responsabilidad del INAMU como ente contratante.

  • Valorar lo señalado a la luz de la existencia de otras faltas administrativas o delitos contra la hacienda pública, ley de control interno, entre otros.

Puede leer la carta completa en este enlace.

El presidente exacerba sistemáticamente la violencia y la inseguridad

Marco Vinicio Fournier

Marco Vinicio Fournier

En los últimos meses, diversas encuestas muestran que la población costarricense coloca la inseguridad ciudadana como el principal problema del país. Esta es una percepción muy realista de la situación nacional, puesto que el análisis de cualquier indicador de violencia señala claramente un aumento abrupto a partir de finales de la década pasada. Las estadísticas muestran un descenso importante durante la pandemia de COVID-19, para volver a incrementarse en los últimos años, alcanzando en muchos casos cifras récord.

El problema actual de la violencia abarca todos los ámbitos y dimensiones del fenómeno. Además de la conocida tasa de homicidios, el incremento en la violencia cubre cualquier ámbito de la interacción social, de modo que el aumento se refleja de forma crítica en la violencia doméstica y en la cantidad de femicidios, en los accidentes de tránsito y las muertes en sitio, los conflictos en las comunidades o las agresiones en los centros educativos. Es natural entonces que las y los habitantes de nuestro país vivan un ambiente de alta inseguridad y con la sensación de su constante agudización.

La violencia, como cualquier fenómeno social, tiene múltiples y diversas causas; sin embargo, nuestros estudios muestran una relación muy importante con los niveles de desigualdad social, el deterioro del sistema educativo, la deslegitimación del sistema político y el desgaste de la confianza en las instituciones. Cada una de estas dimensiones viene mostrando indicadores negativos en lo que va del presente siglo. Una consecuencia muy importante de este proceso de deterioro es la acumulación de estrés, resentimiento y frustración que redunda en un enojo que se generaliza y que refuerza a su vez la deslegitimación. Todo lo anterior redunda en mayor individualismo, menor respeto por las leyes, por el sistema de valores y normas culturales y por los principios políticos de la democracia, facilitando que una proporción creciente de la población busque seguridad y refugio en una figura autoritaria. Esta coyuntura política, cultural y social estuvo en la base del triunfo electoral del actual presidente, quien utilizó como una de sus propuestas más importantes el combate a la corrupción.

Pero la labor del presidente dista mucho de acercarse a un real enfrentamiento de la corrupción en el país. Hasta el momento, no existe ni una sola iniciativa importante por parte del gobierno para combatir situaciones pasadas o presentes de corrupción. Por el contrario, abundan las denuncias de actos ilícitos asociados a una cantidad importante de sus principales colaboradores y a él mismo.

Lejos de combatir la corrupción, el presidente ha reaccionado en la inmensa mayoría de los casos negando la situación y cuestionando directamente a los entes estatales que han manejado las denuncias, entre otros, OIJ, Fiscalía, Tribunal Supremo de Elecciones y Contraloría General de la República. El ataque a estos entes tiende a generalizarse a todos los poderes y a todas las instancias de fiscalización y control. En lugar de buscar un mejor enfrentamiento de la corrupción, ha insistido en debilitar los mecanismos estatales que precisamente se encargan de los hechos ilícitos, de los abusos de poder y de las opciones de encubrimiento.

En lugar de reforzar y sistematizar la lucha contra la corrupción, el actual gobierno ha debilitado y deslegitimado aún más todo el sistema político y jurídico del país. Situación que, como vimos más arriba, no hará más que incrementar los niveles de estrés, enojo y frustración en la población, para estimular a su vez las manifestaciones de violencia y la correspondiente sensación de inseguridad y miedo. Al perder respeto por las leyes y los sistemas de control, mayor será la probabilidad de manifestar directamente las emociones de enojo y frustración y más débiles serán los mecanismos de autocontrol, produciéndose un círculo vicioso, porque la violencia engendra violencia.

Para agudizar aún más la situación, las políticas fiscales del actual gobierno han reducido significativamente el presupuesto de instituciones claves como el Ministerio de Educación, se han negado a pagar la deuda de la Caja Costarricense de Seguro Social y han debilitado los principales mecanismos de redistribución de la riqueza y el combate a la pobreza. A la postre, la desigualdad social se incrementa y la calidad de vida se deteriora para la mayoría de la población, facilitando aún más la deslegitimación del sistema y los niveles de emociones negativas.

Pero, además de todo el desmoronamiento del Estado, el presidente está dando un pésimo ejemplo sobre la manera de manejar el enojo. Lejos de canalizarlo mediante mecanismos de diálogo y búsqueda conjunta de soluciones, cada vez muestra mayores niveles de agresividad y de irrespeto y menor control racional de sus impulsos emotivos. ¿Cómo pretender reducir los niveles de violencia en el país cuando su presidente actúa cada vez de manera más agresiva?

A mi parecer, la conferencia de prensa de ayer sobrepasó todos los límites de violencia. El presidente planteó ayer amenazas bastante explícitas sobre una solución armada a su conflicto con los otros poderes de la República y con los principales mecanismos de control. ¿Cómo pretender reducir los niveles de femicidios cuando el presidente pretende legitimar soluciones armadas ante conflictos sociales?

Por otra parte, también en estos días el presidente ha vetado importantes iniciativas para combatir el crimen organizado y la corrupción y amenaza con seguir vetando cualquier iniciativa que provenga de los otros poderes de la República. ¿Cómo pretender reducir el poder del crimen organizado cuando el presidente rechaza cualquier iniciativa para enfrentarlo?

En conclusión, puede fácilmente comprobarse que el presidente ha contribuido de manera sistemática al aumento de la violencia en el país y por ende a los niveles de inseguridad percibidos por la población. Específicamente, el presidente ha deslegitimado aún más los sistemas estatales de control y fiscalización, ha facilitado un mayor deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la población, está dando un muy mal ejemplo al mostrar un inadecuado manejo y control del enojo, una incapacidad para relacionarse positivamente con otras personas y un rechazo de las posibilidades de diálogo y búsqueda conjunta de soluciones, tan importantes en una democracia.

Apalabrar la violencia: la poesía como vehículo

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

El jueves 13 de marzo fue denunciado en Costa Rica el femicidio número 12, en lo que este 2025 lleva de transcurrido. En ese mismo periodo, dos madres fueron asesinadas a manos de sus hijos en episodios ocurridos en Guayabo de Turrialba y Santa Bárbara de Heredia.

En ambos casos, la violencia de los hijos hacia sus madres fue recurrente hasta que terminaron con sus vidas. La naturalización del ciclo probablemente expuso a estas mujeres a una constante agresión, que terminaron por aceptar como natural.

El miércoles 12 de marzo, la segunda jornada de poesía producida por el movimiento cultural Palabra y Punto, liderado por las poetas y gestoras culturales costarricenses Paola Valverde y Rebeca Bolaños, tuvo como protagonistas seis extraordinarias voces de la literatura costarricense.

Leda García, Julieta Dobles, Nidia Marina González, Shirley Campbell, Lucía Alfaro y Laura Contreras, hicieron de esa noche y cada una desde su estilo, una jornada memorable. Junto a ellas fue leído un texto de Arabella Salaverry, quien no pudo asistir al evento.

Quisiera, en representación de ese colectivo de voces fuertes y necesarias de la poesía costarricense, significar el extraordinario cierre con la presentación performática, política y contundente de Laura Contreras (Lauco), quien nos recordó que las luchas por las reivindicaciones de las mujeres, el ejercicio de sus derechos y la búsqueda de una vida sin violencia y con libertad, son constantes en una sociedad como la nuestra.

Apalabrar como lo hizo Laura junto con las otras poetas convocadas esa noche, solo significa que para que una sola mujer sobreviva al flagelo de la violencia de género se debe seguir insistiendo, diciendo, denunciando.

El siguiente texto, que no fue dicho esa noche por Lau, confirma sin embargo la necesidad urgente de la palabra.

¿Y SI?

¿Y si mi foto estuviera en los periódicos
con una descripción de quién era?
¿Y si la noticia dijera mi nombre
completo o incompleto?
¿Y si mi familia me diera por desaparecida
y de angustia gritaran mi nombre desde la lejanía?
¿Y si mi cuerpo estuviera en un lote baldío
entre una bolsa
o fuera una o varias balas
o calcinada
o asfixiada?
¿Si fuera con algún puñal
en media calle
o en el vecindario
o en el trabajo
o en la que creí mi hogar
un lugar «seguro»?
¿O si me encontraran desperdigada
por algún lugar
un rompecabezas sin imagen?
Y si mi cuerpo fuera profanado…
¿Y si me tienen que reconocer en la morgue
y si mi hijo no lo superara
y no hubieran lágrimas que me volviera a la vida
como deseo de navidad o de cumpleaños?
¿Y si no volviera a escribir
a reírme escandalosamente
o abrazar
con esos abrazos que llenan?
¿Y si mi voz ya no se sintiera más?
¿Y si mis pasos con pintura roja
se extinguieran de las calles?
¿Y si quién o quiénes lo hicieron
estuvieran caminando con tranquilidad
sin ningún castigo?
¿Y si la “justicia”
no hiciera nada
y si el silencio de dios
siguiera en mi tumba?
No tengo dudas.

La poesía es un vehículo movilizador y en Costa Rica está permitiendo que las mujeres reivindiquen su vida, su política de la verdad y el acto solidario de construirse como colectivo.

El papel masculino en la lucha contra los femicidios en Costa Rica – foro

El próximo lunes 17 de marzo se llevará a cabo un importante foro sobre «Violencia de Género y Femicidios en Costa Rica», enfocado en un importante aspecto: la intervención masculina como estrategia clave para erradicar la violencia contra las mujeres.

El evento, que tendrá lugar en el Salón de Jefes de Estado, Presidentes y Presidentas de la República a las 9:30 AM, reunirá a especialistas en la materia bajo la conducción de la Dra. Flor Sidey Salazar Fallas, académica con doctorado en Derecho Penal, magíster en Derecho Constitucional y especialista en Derechos Humanos de las Mujeres.

En el panel estará la Lcda. Larissa Arroyo Navarrete, abogada y académica del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional; Óscar Morera Herrera, fundador del Colectivo Familias Víctimas de Femicidio; y la Lcda. María Esther Brenes Villalobos, jueza especializada en violencia doméstica del Poder Judicial.

Este foro busca analizar críticamente las políticas públicas actuales y proponer nuevas estrategias que involucren activamente a los hombres en la prevención y erradicación de la violencia de género, un flagelo que sigue cobrando vidas en el país. La iniciativa cuenta con el respaldo de la diputada Paulina Ramírez Portuguez y el diputado Luis Diego Vargas Rodríguez.

La personas interesadas en asistir deben confirmar su participación a través de los correos electrónicos joselyne.sanchez@asamblea.go.cr o rosa.solis@asamblea.go.cr

8m Día Internacional de la Mujer: ¡ni una menos, vivas nos queremos!

Movimiento de Trabajadores y Campesinos

Esta conmemoración, que no es celebración, se establece en el contexto del movimiento obrero del siglo XIX, donde se agudizan condiciones de injusticias de todo tipo en el mundo industrializado. La ONU la aprueba hasta después de 30 años (1975) del atroz crimen donde mueren calcinadas más de 100 mujeres obreras textileras, incluso menores de edad, de la fábrica Cotton, Nueva York, Estados Unidos, al ser encerradas cuando les incendian dicha fábrica donde se alzaban su voz en protesta exigiendo condiciones justas salariales y laborales sin discriminación de género. Violencia inaudita que impacta contra ellas, sus hijas, familiares y comunidades, en un contexto internacional de defensa de derechos laborales y por el derecho al voto.

Aunque esta atrocidad sucedió el 8 de marzo de 1857, después de 168 años, hoy 8M 2025 mujeres de todo el mundo seguimos siendo víctimas de Estados patriarcales, capitalistas y colonialistas que alimentan y sostienen los diferentes tipos de violencias que sufrimos por razones de género. El Estado perpetúa la impunidad contra todas las violencias que sufrimos a nivel físico, sexual, psicológica/emocional, patrimonial, económica, sociocultural, por nuestras opciones sexuales y muchas más.

Este año la ONU propuso la consigna “Para TODAS las mujeres y niñas: derechos, igualdad y empoderamiento”. No obstante, para el MTC, hablar de defensa de derechos por una vida libre de violencia, de discriminación e injusticias, implica hablar de la violencia estructural desde una perspectiva política ideológica coherente con los intereses y necesidades de los pueblos.

¡Ni una menos, vivas nos queremos!

En Costa Rica ha aumentado el porcentaje de femicidios en más de un 190% del año 2022. Estamos viviendo un retroceso en nuestras garantías y derechos para vivir con verdadera justicia social y sin discriminaciones de ningún tipo, en especial por género. Esta situación alarmante que vivimos se agudiza al contar con un presidente como Chaves, quien, acompañado de políticos y sectores cómplices, y medios de comunicación capitalistas/empresariales, recrudece sus actitudes, lenguaje machista, acciones y mecanismos de discriminación y agresión despojando a las mujeres de nuestros derechos, en la ciudad, el campo y territorios indígenas. En esta línea dan continuidad a los gobiernos anteriores históricamente de derecha, atenta aún más contra las familias y comunidades de menos recursos, desmantelando instituciones y programas sociales logrados gracias a luchas y conquistas sociales. De igual manera, niega las condiciones objetivas y reales para poder tener acceso las mujeres al pleno ejercicio de derechos, dentro y fuera del hogar.

Denunciamos la reciente decisión de eliminar el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral, que se impartía desde el 2018, que provee de herramientas a las niñas y jóvenes a favor de su autocuidado y de una vida libre de violencias de género. Así mismo, la intención de imponer un proyecto para endurecer penas por aborto, amenazando los derechos humanos a la seguridad y salud sexual, a la educación pública y otros servicios indispensables para una vida digna, desmantelando a la CCSS, al MEP, al INAMU y otras instituciones importantes para la sociedad.

Cada feminicidio atenta contra la víctima, su familia y comunidad. El nefasto crecimiento de feminicidios es responsabilidad del Estado y es un asunto nacional, tema país. Por eso, necesitamos todas, todos y todes unirnos cada día más, en cada familia, comunidad y territorio, para denunciar este sistema político que arremete contra la construcción y vivencia plena de derechos de las niñas, jóvenes y mujeres de todas las edades, credos, grupos socioculturales y geografías.

A nivel mundial, alrededor de 736 millones de mujeres, incluyendo a las niñas, sufrimos violencias física, sexual, psicológica, patrimonial, a pesar de que este año celebramos 30° aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing: importante documento político para la defensa de las mujeres que incorpora un enfoque específico en los derechos de las niñas, dentro y fuera del hogar.

La Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres y otras leyes: ¡No son suficientes!

Cada ley a favor de la equidad de género constituye una conquista de las mujeres unidas y organizadas. Pero, su aplicación es ineficiente y desde el propio Estado se orquestan mecanismos para obstaculizarlas y mediatizarlas, y se imponen acciones para no abordar la problemática a profundidad y desde un sentido integral.

También denunciamos que las mujeres víctimas no cuentan con un sistema integral de protección y acompañamiento, aumentando su situación de riesgo y revictimización. El Estado cierra sus oídos al clamor de justicia y solidaridad de sus familias perpetuando un clima de impunidad total.

Reiteramos que las raíces de la desigualdad, discriminación y violencias contra las mujeres es un problema estructural, imposible de resolver mientras vivamos dentro de un sistema capitalista.

Así, nos unimos a personas, organizaciones, colectivas y colectivos que formamos un tejido cada vez más sólido en defensa de una vida libre de violencias, discriminación, subordinación para todas las mujeres.

¡Toda violencia contra las mujeres es violencia estructural!

¡No más impunidad ante todo tipo de violencias contra las mujeres de toda edad, las personas LGBTIQ+ de toda comunidad y territorio!

¡Alto al desmantelamiento de Chaves y su gobierno de nuestras conquistas expresadas en políticas, instituciones, leyes y programas a favor de los derechos de las mujeres!

¡Vivienda, salud y educación pública para todas, todos y todes!

¡Alto a Trump y el aparteheid israelí contra las mujeres y pueblo palestino!

¡Alto a represión de Trump y gobiernos serviles contra mujeres migrantes y sus familias!

¡Verdadera justicia social solo la lograremos cuando vivamos las mujeres libres de toda forma de violencia sin patriarcado, sin colonialismo, sin capitalismo!

Marzo o las narrativas de la ira

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

¿Cómo se organiza la ira colectiva y la cancelación? ¿Cómo se prepara un linchamiento virtual? ¿Cómo se desautoriza un movimiento de reivindicación por los derechos de las mujeres?

Acuda usted a hacer un ejercicio tan solo de observación (no participante si quiere) a las redes sociales y sus entuertos en lo que llevamos del mes.

A nadie le importan ya las más de 10 mujeres asesinadas en 2025 en Costa Rica. Nadie parece escandalizarse por esas cifras, que año con año aumentan y no se detienen.

Alguien preguntó, con intención malsana diría yo, ¿por qué no se habla de las muertes de hombres a manos de mujeres?

Porque a pesar de lo grave que resulta un solo asesinato, no es todavía un problema de salud pública como si lo son los femicidios, explicados por siglos de una matriz desigual y aniquiladora que no cede. Esta fue la respuesta que recibió la pregunta malintencionada.

La cultura de la cancelación y ahora el linchamiento, resulta un ejercicio interesante para analizar el fondo sociocultural en una sociedad como la costarricense.

La joven, que fue declarada primero desparecida y luego hallada con un hombre bastante mayor que ella, ha sido colocada en el centro de un debate sin pies ni cabeza, que solo explica la existencia de una base cultural bien arraigada en la psique nacional, en la que conservadurismos, adulto-centrismos y una moral religiosa fuerte, inciden en los juicios de valor emitidos al calor de una tecla o una pantalla.

No hemos aprendido gran cosa en estos temas. Pero si el linchamiento vociferante y la cancelación absoluta.

Eso sí.

El 8 de marzo pasado se reeditó la marcha que año con año despierta los más enconados comentarios: “que no son las formas”, “que las paredes no se rayan” “que el apoyo que las mujeres quieren no se gana de esa manera”.

Comentarios así niegan el significado de esta conmemoración de forma absoluta. Se invisibiliza la razón histórica que justifica el desarrollo de esta actividad. De más está decir que se conmemora, no se celebra, las reivindicaciones en materia de derechos para las mujeres, que a nivel global continúan pendientes. Mucho más en Costa Rica.

Una marcha así no debe ser justificada ni explicada, en un país que desata su ira contra las mujeres que la organizan o contra la joven que por dicha apareció viva y no corrió la suerte de las más de 10 mujeres asesinadas por sus parejas en lo que llevamos de este 2025.

Un país así debería pagarse a ver. Para sanarse. Recuperarse. Ser ese referente de paz y de derechos que siempre ha dicho ser. Cambiar su ira por la comprensión de lo que le falta para llegar a abrigar la equidad como política y bandera.

A eso debería aspirar.

No hay democracia sin las mujeres: Un Llamado a fortalecer la protección y la justicia para las Mujeres

Sábado 8 de marzo, 2025 Costa Rica.

Comunicado

Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Costa Rica enfrenta una preocupante y creciente crisis de violencia contra las mujeres, evidenciada en un alarmante aumento de los femicidios. Solo en los dos primeros meses de este 2025, el país ha registrado un tercio de los femicidios ocurridos durante todo el año 2024.

Esta situación de emergencia nacional nos exige un compromiso colectivo de todas las instituciones, sociedad civil y actores clave para frenar esta violencia y proteger a las mujeres en todo el país, porque sin las mujeres no hay democracia y sin democracia no podemos fortalecer la justicia social en Costa Rica.

Es evidente el debilitamiento de las políticas públicas que ha dejado en desamparo a cientos de mujeres que hoy temen por su vida. Datos oficiales del INEC en su informe sobre femicidios (2024) muestran que la tasa pasó de 0.97 en 2022 a 1.00 en 2024, lo que significa un incremento del 69.49% de femicidios con una alarmante inacción estatal.

Según datos del Semanario Universidad (2023) las mujeres en el sector agroalimentario representan el 15.6% del sector, no obstante, el acceso a tierra para mujeres solo representa un 8.1%, si pensamos en el sector laboral, la reducción de derechos persiste, en el país la participación laboral de mujeres para el 2020 se redujo en un 46%. CEPAL (2020) y para el 2024 la brecha salarial en mujeres fue del 33% respecto los hombres.

Las cifras son claras hay un retroceso en materia de derechos humanos de las mujeres, el número de femicidios ha aumentado, y muchas mujeres aún viven bajo el temor constante de ser víctimas de violencia. La realidad nacional refleja la urgencia de fortalecer las políticas públicas existentes, garantizar que los recursos sean destinados de manera efectiva y crear nuevas estrategias de prevención que involucren a la sociedad en su totalidad.

Es esencial reforzar el trabajo de las instituciones encargadas de la protección de las mujeres, como el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), así como fortalecer la colaboración entre el sector público y privado, garantizando que las políticas de prevención, protección y sanción  estén bien implementadas y sean accesibles a todas las mujeres, en especial a aquellas en situaciones de vulnerabilidad, como las mujeres con discapacidad, mujeres indígenas, mujeres negras, mujeres trabajadoras del sector público y privado, mujeres del campo, mujeres en el trabajo informal y las mujeres trabajadoras remuneradas del hogar.

Por lo anterior, desde las organizaciones sociales, productivas, académicas, grupos de la sociedad civil y comunidades, hacemos un llamado a una acción conjunta, centrada en soluciones reales y sostenibles. Un llamado urgente para que el gobierno de Costa Rica garantice protección y justicia para las mujeres.

Es fundamental que se continúe promoviendo la educación sobre igualdad de género y el respeto a los derechos de las mujeres desde una edad temprana, y que los sistemas de justicia respondan de manera ágil y efectiva a los casos de violencia, asegurando que las víctimas reciban la protección, reparación y justicia, porque la violencia de género no solo es un problema de seguridad, sino también de justicia social.

Debemos seguir trabajando por una cultura de igualdad, que no solo prevenga la violencia, sino que también elimine las estructuras que perpetúan la discriminación y la desigualdad en nuestra sociedad debemos seguir trabajando por una cultura de igualdad, que no solo prevenga la violencia, sino que también elimine las estructuras que perpetúan la discriminación y la desigualdad en nuestra sociedad.

En Costa Rica la democracia no existe sin las mujeres, no podemos permitir que se normalice la violencia y que se retrocedan derechos humanos conquistados para las mujeres en su diversidad. Exigimos acciones concretas en que puedan salvar vidas y justicia para todas las víctimas de femicidio, con reparación integral para sus familias.

Nos sumamos a las demandas de los diferentes movimientos de mujeres en Costa Rica, a marchar en todo el país este 8 de marzo, por los derechos humanos de las mujeres, porque la lucha contra la violencia género, es una tarea de todos y todas.

Solo mediante acciones concretas y presencia real del Estado, desde un enfoque integral, que involucre a la familia, las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, podremos garantizar un Estado de bienestar, un país realmente democrático.

¡Por una Costa Rica sin violencia y con justicia para todas las mujeres!

Voces de fe contra la violencia de género

Denunciamos los femicidios, la violencia y la invisibilización de las mujeres en Costa Rica.

“No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído” (Hch 4,20).

Carta abierta a las Iglesias y comunidades de fe, en especial a las jerarquías de la Iglesia Católica, Iglesia Luterana, Iglesia Adventista, Federación de Alianza Evangélica, Iglesia Episcopal Costarricense, Comunidad Bahaí, Asociación Budista, Comunidad Musulmana, Comunidad Judía, Sociedad Bíblica de Costa Rica, Gedeones Internacionales, y a la comunidad costarricense en general.

Costa Rica vive una ola de violencia sin precedentes contra las mujeres. Los medios de comunicación han dado a conocer los recientes casos de femicidio, desaparición, maltrato y otras formas de violencia contra las mujeres. Aunque hay casos que permanecen ocultos, ya sea por las instituciones, las personas familiares o la vecindad, muchas veces por temor a represalias o de la exposición pública.

Esta realidad responde a una coyuntura que fortalece y promociona valores del sistema dominante, caracterizado por el autoritarismo, la verticalidad, la imposición, el machismo, el racismo, la xenofobia y la homofobia, todos rasgos de “la militarización de la sociedad”, violencia patriarcal que se proyecta en las relaciones de pareja, familiares, laborales, deportivas, político/económicas y por supuesto en lo religioso.

Esta violencia alcanza todos los estratos sociales, lugares geográficos, Instituciones del Estado, organizaciones, partidos y liderazgos; que conllevan a “un” pensamiento único que desprecia, discrimina, persigue y reprime lo diferente y diverso.

Esta promoción sistémica y sistemática, se une a la campaña solapada pero abierta con discursos de odio, hacia personas extranjeras y de preferencia sexual diversa, lo que promueve y justifica la violencia, el femicidio y el etnocidio. Lo más lamentable es que muchas de estas destructivas acciones provienen de personas ubicadas en las estructuras de gobierno, cúpulas político/religiosas, que envían una señal equivocada, con lo que alientan a los responsables de la violencia, incluso usando la falsa y criminal premisa de la inexistente e imaginaria “Agenda de Género”. De esta forma, impiden avanzar y fortalecer derechos, apadrinan y son cómplices – por acción y por omisión – de la violencia y la impunidad femicida.

Las acciones en favor de la violencia y el silencio cómplice, nos esclaviza la consciencia como sociedad y nos vuelve esclavistas y opresores de nuestras hermanas y hermanos más débiles.

Un clamor de liberación debe brotar de nuestras voces, por esto, como personas de fe, condenamos enérgicamente los femicidios y su escalada, en el país. Y al mismo tiempo expresamos nuestra preocupación ante los factores que se mantienen como catalizadores del silencio y la inacción sobre las siguientes acciones:

  • La persistencia de las estructuras de poder patriarcal presentes en las organizaciones religiosas, las iglesias, instituciones públicas y privadas, en las comunidades, las organizaciones y las familias.
  • La responsabilidad personal de cada creyente en no practicar los valores evangélicos que nos liberan de toda opresión y nos envía a liberar.
  • La responsabilidad institucional, social, familiar, es también de las cúpulas religiosas (mayoría masculinas) que, desde su silencio, se hacen cómplices.
  • La indiferencia como personas creyentes, cristianas o de fe, a prestar atención a la pregunta “¿Dónde está tu hermana, donde está tu hermano?” (Gn 4,9).

Convocamos e instamos a las iglesias y comunidades de fe, en particular, y a la sociedad en general, a formalizar acciones propositivas y concretas como parte de su agenda de evangelización, capaces de promover relaciones humanas y ecológicas respetuosas, horizontales, inclusivas, en especial en este momento crucial para las mujeres, quiénes además son mayoría en la sociedad costarricense.

Proponemos:

Referirse a esta realidad de violencia en los momentos de Asamblea, en los Cursos de Formación Pastoral, Escuelas Dominicales; Oraciones cotidianas y liturgias, entre otras.

Invitamos a aprovechar el tiempo litúrgico de la Cuaresma, para visibilizar esta ola femicida, de violencia contra las mujeres y otras personas, teniendo en cuenta que somos personas creadas y amadas por Dios. Por eso, nos resuena en estos tiempos el llamado a «ser embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros» (2Cor 5,20), es decir, como si el mismo Dios nos rogara a las personas de fe, ser el clamor de las mujeres que sufren violencia. Dicho de otra manera, es preparar el corazón para abrirnos a la gracia de Dios Padre-Madre. Es poder “tocar siquiera el borde del manto de Jesús y conseguir sanación” (Mc 6,56). Porque una sociedad marcada por la violencia no está sana.

Nos unimos a las diversas voces y sentires de personas creyentes de Dios en una sociedad multicultural, en la cual solo la inclusión de estos valores puede garantizar una convivencia pacífica, justa y respetuosa hacia las mujeres.

Estamos convencidas y convencidos, de que con sus y nuestras actitudes, podemos optar y señalar un camino distinto a la violencia contra las mujeres, que promuevan espacios y acciones que contengan valores permanentes, inclusivos, amorosos, respetuosos y equitativos.

Nos alegra la existencia en muchas de nuestras Iglesias y Movimientos, de grupos de personas, que cada vez son más con la misma Esperanza, que coinciden con estos pensamientos y propuestas. Seguiremos acompañando estos procesos, nos colocamos al servicio de las comunidades de fe, a fin de apoyar las acciones concretas que nos liberen del pecado de la violencia contra las mujeres y contra toda injusticia y discriminación.

¡Ni una menos!

Suscriben

Equipo de trabajo:

Voces de Fe contra el femicidio en CR

Red Ecuménica de Lectura Popular de la Bíblica de Costa Rica

Foro de Educación Religiosa

Servicio de Paz y Justicia – Costa Rica

Coordinación de Comunidades Cristianas de Costa Rica – COCRIC.

Coordinación Oscar Romero de Centroamérica – Capítulo Costa Rica.

Universidad Bíblica Latinoamericana. UBL

Departamento Ecuménico de Investigaciones. DEI

Movimiento Reflexión en Acción

Colectiva Coexistir. Cartago

Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense