Etiqueta: gobernanza

La gobernanza ante la desigualdad y la pobreza en Costa Rica

Escrito en 04/11/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

Reducir la desigualdad en América Latina, la región más desigual del mundo sí es posible y constituye hoy en día uno de los retos prioritarios para lograr el desarrollo humano en nuestros países. Sin embargo, esos retos requieren una sistemática y rápida atención. (Carvalho, Luiza, “Desigualdad en América Latina.” La Nación. 13 de setiembre 2010)

En nuestra región, la desigualdad afecta más a las mujeres, a la población indígena y a la afrodescendiente. Las mujeres reciben un menor salario que los hombres por igual trabajo, tienen mayor presencia en la economía informal y trabajan más horas que los hombres (doble carga laboral). En promedio, el porcentaje de la población indígena y afrodescendiente que vive en pobreza extrema (un dólar por día o menos) es el doble que el resto de la población. (Ibidem)

Los cambios estructurales

Decimos que un cambio es de naturaleza estructural, cuando se afectan variables que están en la base misma de una sociedad. Un cambio estructural se produjo en los países subdesarrollados de Centroamérica, por ejemplo, cuando las sociedades adoptaron políticas de largo plazo, para reemplazar las importaciones de insumos industriales y comenzaron a producirlas internamente. Para ello fue necesaria la intervención del Estado, para crear políticas proteccionistas, una combinación de impuestos a los bienes extranjeros y préstamos blandos a la inversión interna (políticas de subsidios). Asimismo, ahora está visto que, para variar la estructura de las sociedades contemporáneas de la misma región, en procura del bienestar del mayor número de personas, se requieren políticas públicas multidimensionales y de largo plazo como son: las educativas, de salud pública, tributarias y fiscales, ambientales, agroforestales, de equidad social, que promuevan la participación ciudadana, entre otras; si lo que se quiere es enfrentar la crónica desigualdad social, la pobreza y pobreza extrema. O sea, se apunta a cambios estructurales (largo plazo, multidimensionales), por oposición a los coyunturales (corto plazo, cambios puntuales) para obtener una sólida gobernanza.

**https://surcosdigital.com/suscribirse/**

¿Qué se necesita para que se produzcan políticas públicas de mediano a largo plazo y multidimensionales? Como se trata de un verdadero cambio en la manera de gestar la política pública, es preciso que exista una verdadera voluntad política, tanto para promover la participación de la ciudadanía cuanto, para impulsar las políticas con progresividad, o sea con una vocación de distribución de la riqueza socialmente producida en favor de los más pobres. Imaginemos que, el lanzamiento del primer Informe de Desarrollo Humano, concebido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para medir innovadoramente el desarrollo de los países, valga decir, “más allá de sus niveles de crecimiento económico”, data del año 1990. Se trató de una nueva propuesta centrada en el ser humano que se compuso de dimensiones educativas, salud e ingresos. A partir de allí fue modificada sustancialmente la calidad del debate en los países del continente, ya que el mismo se orientó al fortalecimiento de políticas públicas para mejorar la vida de las personas. No obstante, como es fácil de anticipar, por lo que sabemos, en muy pocos países los gobernantes fueron capaces de impulsar nuevas políticas con esa orientación. Casualmente uno de ellos fue Brasil, durante las dos administraciones del presidente Lula entre el 2003 y 2010; donde se logró sacar de la pobreza y la pobreza extrema a más de 30 millones de personas y, por primera vez se redujo el índice de desigualdad, medido en términos de las diferencias salariales (coeficiente de Gini), agrupada la población por deciles según los ingresos de las personas.

El informe mencionado del PNUD identificó también que, la enorme mayoría de los sistemas políticos latinoamericanos, históricamente han reforzado la desigualdad, pues, como lo señaló Luiza Carvalho, imperan en ellos “…estructuras fiscales asimétricas, escasas capacidades regulatorias del Estado e instituciones que discriminan y reproducen las diferencias entre los grupos poblacionales, [y por añadidura prevalece en ellos] poca transparencia, clientelismo, corrupción y un débil compromiso ciudadano con la acción pública.” (Cfr. Ibid).

La desigualdad y la pobreza en Costa Rica: los datos duros.

La pobreza y la pobreza extrema en Costa Rica son crónicas y perseverantes. En tanto que, la desigualdad ha venido creciendo con altibajos, pero ininterrumpidamente desde el 2005; el coeficiente de Gini llegó a medir en 1916: 0,49, equivalente a los niveles de 1980. (El coeficiente va de 0 a 1, donde 0 indica una situación de mayor equidad entre los deciles. En cambio, conforme se acerca a 1, quiere decir que el ingreso se va distribuyendo de manera cada vez más dispar. Así, 1 querría decir que el 100% del ingreso estaría concentrado íntegramente, en el decil de los que reciben mayores salarios.)

Aunque en parte de los 90 y en el primer quinquenio del 2.000 se produjo una recuperación importante en términos de la igualdad (1994 el coeficiente fue de 0,387 -el menor en Latinoamérica y Los Estados Unidos-); en cambio, en 1916 habíamos regresado al nivel de 1980, 0,49 que marcó una desigualdad mucho más acentuada que en el promedio de América Latina. En Costa Rica habita hoy una población ligeramente superior a las cinco millones doscientas mil personas; pero como dijera un artículo de Valeria López del 2018 en el semanario Universidad, unos viven como en África, mientras otros han alcanzado un estilo de vida como el de los países europeos. (Cfr. López Sedó, Valeria. Versión digital https://semanariouniversidad.com/pais/costa-o-rica-la-odiosa-desigualdad-que-nos-devolvio-a-1980/). Peor aún, el coeficiente de Gini continuó subiendo en Costa Rica, hasta alcanzar su valor más alto desde el 2010: 0,524 en el año 2021, según la Encuesta de Hogares de Costa Rica (ENAHO). En el 2019, el ingreso neto promedio de los hogares más ricos había sido 13 veces superior que el del 20% de los hogares más pobres. Hay que hacer la observación de que, si se hiciera una medición no en términos de los salarios, sino del patrimonio (conjunto de bienes, derechos y obligaciones que son propiedad de una persona o empresa), muy probablemente la desigualdad sería escandalosamente más alta.

Por su parte, el indicador que mide la pobreza y la pobreza extrema no hace sino mostrar un considerable agravamiento de la situación social de las familias costarricenses en condición de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema.

Los datos más recientes continúan mostrando la persistencia del fenómeno de la pobreza, cuando no su agravamiento. La Encuesta de Hogares del 2022 reveló que el índice general de pobreza se había estancado respecto del año anterior en 23%. Sin embargo, mientras en la zona urbana es de 21.1%, en la zona rural se marcó un crecimiento de las familias en condición de pobreza, ya que el indicador se estableció en un 28.3%, dos puntos porcentuales más alta que la del 2021. Se trata del segundo pico de pobreza más alto de la zona rural costarricense desde el 2010; el pico más alto fue el dato reportado en el 2014, que había alcanzado el 30,3% de familias que padecen la pobreza. Por otra parte, retomo el tema de la desigualdad para sugerir que, si observamos con mayor perspectiva los datos del coeficiente de Gini desde el 2010, de acuerdo siempre con el INEC, se puede ver con claridad que, la desigualdad no ha logrado reducirse, oscilando entre el valor más bajo del decenio que fue en el 2010, cuando se logró alcanzar un coeficiente de 0.507, hasta el más alto registrado en el año 2021 que fue de 0.524.

Por añadidura, los periodistas Patricia Leitón y Alejandro Durán, informaron que, de acuerdo con el INEC, hubo un aumento de la desigualdad entre la pobreza urbana y la rural en perjuicio de la segunda. (Cfr. Leitón, P. y Durán, A. “Porcentaje de hogares pobres se estanca y poder adquisitivo cae.” La Nación, 21.10.22. P-21A).

Finalmente postulo que, no habrá “Gobernanza”, hasta que no visualicemos ese modelo multidimensional, que integre una participación real de la ciudadanía, con las políticas sociales sin discriminación de ningún sector, con equidad de género, con una atención urgente a los discriminados de los sistemas de educación y de salud pública, una efectiva distribución de la riqueza y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Se trata, como resulta obvio, de un modelo que trascienda con mucho un cuatrienio. Por el curso que llevan los acontecimientos, más allá de algunas promesas aisladas, lamentablemente no vemos esa orientación en la actual administración.

Epílogo.

Los anteriores análisis, ameritan ser complementados con un análisis con un enfoque de sociología política, mediante el cual se logre desentrañar al menos, algunas cuestiones como las siguientes: ¿Cuáles han sido en el pasado y en el pasado reciente, las fuerzas sociales y políticas en presencia, cuáles fueron los principales movimientos sociales que figuraron como protagonistas en las diferentes coyunturas y cuáles fueron las articulaciones políticas entre todas ellas que permitieron impulsar políticas públicas y le imprimieron a la sociedad costarricense cierta estabilidad, crecimiento y, dotaron al Estado de capacidad para crear instituciones de bien social y económico, como la “Caja”, el ICE, la banca estatal, el INS, el AyA, el CNP, RECOPE, las universidades públicas y las municipalidades con algunas potestades de acción en lo local, entre muchas otras? ¿Cuáles fueron las fracciones sociales hegemónicas en las diferentes coyunturas y cómo gestaron alianzas políticas y con qué contenido ideológico para viabilizar el auge de las capas medias de la población y una suerte de movilidad social desde los sectores populares?

¿Cuáles fueron las clases y sectores sociales que enfrentaron de un modo sistemático o coyuntural la alianza que le dio sustento a lo que José Figueres denominó como la “Segunda República”? ¿Cómo se amalgamaron ellas también y con determinados sectores subalternos, para consolidar en diferentes momentos, alianzas políticas cuyo vértice fue la oposición a la deriva estatista del bloque socio político anterior con todas sus secuelas? ¿Qué políticas llevaron adelante que les permitió resquebrajar el bloque dominante de la coyuntura 1953-1978, sustrayéndole incluso importantes bases del sector popular e introduciéndole contradicciones en su interior? ¿Qué fuerzas sociopolíticas y con qué apoyos impulsaron políticas desregulatorias y anti estatistas que luego dieron pie, a finales del siglo XX e inicios del XXI, a una segunda “ola de modernización”, esta vez con acento en la liberalización del mercado y el debilitamiento de la estructura del Estado y sus instituciones? ¿Cuál fue el papel de los apoyos externos, gobiernos extranjeros, organismos financieros internacionales, capital extranjero? ¿Cómo se anudaron con las fuerzas políticas dominantes? ¿Qué cambios de naturaleza ideológica indujeron en los partidos políticos que habían sido dominantes durante la segunda mitad de la centuria pasada? ¿Qué nuevas fuerzas políticas aparecen en la escena desde finales del sigo XX y cuáles fueron sus orientaciones?

¿Cómo y qué fuerzas políticas y sociales fueron capaces de debilitar y hasta de romper la hegemonía del bipartidismo tradicional y con qué orientaciones ideológicas? ¿Se debilitó el bloque sociopolítico dominante? ¿Qué contradicciones se produjeron al interior de las fracciones sociales y políticas dominantes? ¿Qué nuevas fuerzas políticas han emergido al influjo de las condiciones de crisis política creada? ¿Hasta qué punto se han debilitado los partidos políticos tradicionales e incluso las fuerzas emergentes desde las postrimerías de la centuria anterior? ¿Cómo se rearticulan los partidos de izquierda y con qué orientaciones y apoyos sociales? ¿Cómo están estructuradas las fuerzas sociales populares y de que manera se insertan dentro de los partidos políticos vigentes? ¿Qué está en juego en la actual coyuntura y cómo se posicionan las fuerzas sociales y políticas frente a ello?

No todas las interrogantes están sin respuestas en los análisis sociológicos, politológicos o económicos contemporáneos. Pero, sería esperable un examen riguroso y sistemático de toda esta compleja realidad. En la medida de nuestras posibilidades contribuiremos en ello.

Compartido con SURCOS por el autor.

¿Por qué Costa Rica carece de gobernanza?

Escrito en 28/10/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

El Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI por sus siglas en inglés) es una organización sin ánimo de lucro, independiente, dedicada a mejorar la gobernanza de los países sobre sus recursos naturales (en particular petróleo, gas y minerales) para promover un desarrollo sostenible e inclusivo.

Gobernanza.

Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía.

Una Aclaración Necesaria.

Expresamos en el artículo anterior que, no solo hay diferencias de consideración entre los conceptos de Gobernabilidad y Gobernanza, también expresamos que, variadas son las acepciones que cada uno de estos conceptos posee en sí mismos.

Dejaremos atrás la distancia entre Gobernabilidad y Gobernanza, porque ya dejamos ampliamente caracterizados cada uno de estos conceptos en nuestra anterior edición. Por lo que, antes de referirnos a la situación costarricense, haré algunas precisiones sobre las diferencias (algunas de consideración), al interior del concepto de la Gobernanza. Sin embargo, todas parten de un rasero común.

El vértice común que, según mi consideración las engloba a todas ellas radica en los siguientes postulados del PNUD: “…La misma (la gobernanza) comprende los mecanismos, los procesos y las instituciones a través de las cuales los ciudadanos y los grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos legales, cumplen sus obligaciones y resuelven sus diferencias. Desde este punto de vista, la gobernanza adecuada se caracteriza como participativa, transparente […] con control público […], efectiva y equitativa […] promotora del Estado de derecho [que] asegura que las prioridades políticas, sociales y económicas estén basadas en un amplio consenso en la sociedad”. (Cfr. UNDP, 1997, “Governance for Sustainable Human Development”. Nueva York, UNDP.)

Resaltaremos ahora, las diferencias entre corrientes de pensamiento. En los años ochenta, aparecieron las llamadas “reformas estatales de primera generación”. Apenas se comenzaba a establecer en el continente americano los primeros matices de alguna consideración respecto de la gobernabilidad. Frente a la situación imperante en diferentes países de la región, caracterizada por la ineficacia e ineficiencia del aparato estatal que condujo a su inestabilidad e ilegitimidad, surgieron las propuestas conducentes a desregular la economía, reducir el gasto público y con ello, el tamaño del Estado en la economía y la sociedad.

No obstante, estudios serios concluyeron que estas reformas arrojaron apenas resultados limitados en cuanto al crecimiento económico y la reducción de la pobreza y de la misma desigualdad. Fue entonces, en el decenio de los años 90, que surgen las “reformas de segunda generación”. Aun cuando mantuvieron ciertas orientaciones de contenido neoliberal, trascendieron las anteriores reformas en cuanto que, se orientaron a fortalecer la capacidad del Estado y a conformar instituciones eficientes que garantizaran mercados competitivos. Las reformas se orientaron a la administración pública, el aparato judicial, la legislación laboral, los mercados de capitales y una renovada atención a la salud y la educación. (Cfr. En digital: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S018876532011000200002).

Aunque estas segundas reformas se habían orientado a fortalecer las capacidades del Estado, la esfera del Estado en casi todas partes tendió a disminuir, incrementándose tanto el papel jugado por los entes privados, así como el de las ONG. En lo que toca al sector privado su rol se dirigió a competir en licitaciones para ganar las obras de infraestructura y sustraerlas de la inversión del Estado. Por su parte, los entes de la sociedad civil comprometieron sus esfuerzos en programas de desarrollo local y en las políticas sociales.

Aquí también, como había ocurrido con las reformas de la primera generación, las evaluaciones constataron que, en la mayoría de los países latinoamericanos, las inversiones privadas para proveer de agua a la población, en los nuevos formatos de la gobernanza de mercados, no tuvieron los resultados esperados. A ello contribuyeron: “…la ausencia de un marco institucional, ineficiencias de los sistemas legales y de planificación, escasa disponibilidad de recursos, ausencia de un sistema regulatorio para limitar las decisiones arbitrarias y aumentar la credibilidad del sistema, débil capacidad de regulación y control de las compras y contratos con las compañías del sector, limitado acceso a la información, débil capacidad de evaluación, supervisión y rendición de cuentas”. (Cfr. OCDE, 2008, En búsqueda de esquemas apropiados de participación del sector privado en el suministro de agua potable y saneamiento. Experiencias recientes en América Latina, México, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. También puede consultarse: CEO, 2005, Reclaiming Public Water: Achievements, Struggles and Visions from Around the World, Nueva York, TNI-CEO. Y, finalmente: Hall, D., E. Lobina y R. de la Motte, 2005, Public Resistance to Privatisation in Water and Energy, Nueva York, Routledge/Taylor and Francis Group).

En conclusión, los estudios de impacto de las reformas a las que nos hemos referido muestran resultados muy pobres en la aplicación de políticas de reducción de la desigualdad, en cuanto a la reducción de la pobreza se muestran resultados dispares entre los países de la región. Quizás la conclusión más contundente que modifica en forma considerable la percepción que había acerca del papel del Estado en el conjunto de la sociedad, estriba en que, los países en los que conservaron al Estado como el principal aportador de los servicios sociales, alcanzaron mejor desempeño en los indicadores económicos y sociales que aquellos otros que privilegiaron al mercado. Este acabó generando más polarización de la sociedad que redundó en mayores desigualdades económicas.

El resultado más relevante de este estudio consiste en que los países que mantuvieron al Estado como proveedor de servicios sociales, han logrado un mejor desempeño en los indicadores económicos y sociales que aquellos que privilegiaron el papel del mercado. Es muy revelador que el mercado tiende a generar altos niveles de polarización, que potencialmente replican y profundizan las desigualdades económicas. Esto indicaría que la gobernanza de mercado por sí sola no genera altos niveles de cohesión social…Se concluiría que los procesos de descentralización bajo el predominio del paradigma neoliberal han creado un marco institucional que poco ayuda al fortalecimiento democrático y al desarrollo territorial. Como ha dicho Barrientos, en dicho proceso tuvo lugar una transferencia acrítica de los formatos de gobernanza, sin suponer que la construcción de ciudadanía no se limita a la creación acotada de un ámbito de deliberación en los asuntos públicos, sino que hay que considerar el contexto político-institucional en que aquélla se desarrolla. (Cfr. Barrientos A., J. Gideon y M. Molyneux, 2008, «New Developments in Latin America’s», Development & Change, vol. 39, Issue 5, La Haya, pp. 759-774).

El Concepto de la Gobernanza después de la crisis inmobiliaria del 2008 y nuevos indicadores de la estadística.

Lo expresado muestra que, los conceptos son construcciones sociales que responden a realidades cambiantes. Al tenor de esta dinámica entre teoría y práctica, surgen las diferentes corrientes con interpretaciones diversas de la realidad. Un episodio que sirve de ejemplo para comprender estos cambios en la teoría fue la crisis mundial del sistema capitalista en el 2008; se trata de la gran recesión que tuvo su origen en los Estados Unidos debido al colapso de la burbuja inmobiliaria del 2006, pero después se concatenó mundialmente, especialmente en los países de la Unión Europea.

Como lo explican Pierre y Peters (2000) y Meuleman (2009) , en lo tocante a la teoría, el término de la “gobernanza” se conceptúa desde finales de la primera década de este siglo, desde una perspectiva más amplia; el concepto se aparta de los enfoques normativos propios de los organismos internacionales y se acerca más al enfoque europeo, centrado en redes de políticas públicas, la gobernanza adquiere ahora un enfoque analítico que otorga mayor capacidad para describir las diversas formas de interacción entre el Estado, la sociedad y el mercado en un nuevo contexto histórico. (Pierre, J. y G. Peters, 2000, Governance, Politics and the State, Basingstoke, Macmillan. Véase además, Meuleman, L., 2009, «The Cultural Dimension of Metagovernance: Why Governance Doctrines May Fail», Public Organization Review, DOI: 10.1007/s11115-009-0088-5.)

A partir de allí, no solamente se introdujeron cambios en las teorías sobre el desarrollo en los países, sino también en los sistemas de medición, es decir, en las estadísticas que nos ayudan a determinar con mayor exactitud los niveles de progreso social alcanzados por un país. Uno de los documentos más señeros fue el que encargó el presidente de presidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, en febrero de 2008, quien insatisfecho con el estado de la información estadística sobre economía y sociedad, “…solicitó a los Señores Joseph Stiglitz (presidente de la comisión), Amartya Sen (consejero) y Jean-Paul Fitoussi (coordinador) que establecieran una comisión que adoptó el nombre de Comisión sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social (CMPEPS, por sus siglas francesas). Se le encomendó la misión de determinar los límites del PIB como indicador de los resultados económicos y del progreso social, reexaminar los problemas relativos a la medición, identificar datos adicionales que podrían ser necesarios para obtener indicadores del progreso social más pertinentes, evaluar la viabilidad de nuevos instrumentos de medición y debatir sobre una presentación adecuada de datos estadísticos. (Cfr. Stiglitz, J, Sen, Amartya, Fitoussi, JP.“Informe de la Comisión Sobre la Medición del Desarrollo y del Progreso Social.” Chrome extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/biblioteca/Politicas-Publicas/Commission%20Stiglitz_ES.pdf)

El mencionado informe consideró que, los sistemas estadísticos anteriores habían fallado, o bien, que los agentes de los mercados o los dirigentes políticos no se centraron en los indicadores estadísticos correctos. El informe también apuntó que los responsables de las políticas públicas y los agentes de los mercados no se habían percatado que el “boom” que se dio entre el 2004 y el 2007, se produjo en detrimento del crecimiento futuro. Se dejaron llevar por un espejismo. Tampoco fueron capaces de advertir la profundidad de la crisis medioambiental del planeta, en particular el calentamiento global. El informe aconsejó que las estadísticas debían centrarse más en indicadores como los siguientes: tomar en cuenta la medición del bienestar social de las personas más que la medición de la producción económica, aconsejó hacer hincapié en la perspectiva de los hogares, en el ingreso real de estos más que en el PIB real por habitante, prestar atención al patrimonio de los hogares al mismo tiempo que el consumo y los ingresos, otorgar más importancia a la distribución de los ingresos, del consumo y de la riqueza, adoptar una perspectiva pluridimensional, tomando en cuenta al menos las siguientes dimensiones de manera simultánea: condiciones de vida materiales (ingresos, consumo y riquezas), salud y educación, actividades personales dentro de ellas el trabajo, la participación en la vida política y la gobernanza, los lazos y relaciones sociales, el medio ambiente en su estado presente y en el porvenir, y la inseguridad tanto económica como física, para proporcionar una evaluación exhaustiva de las desigualdades. Así mismo se adoptó la medición de la sustentabilidad aportando para ello un conjunto de indicadores. (Cfr. Ibidem).

Medición de indicadores en Costa Rica:

Nuestro país posee un sistema de indicadores muy completo. Se dice que, entre los países de América Latina, contamos con uno de los mejores sistemas de información estadística. No obstante, aunque conocemos puntualmente información como la medición de la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad, solo que medida ésta considerando los salarios de las personas, no su patrimonio o riqueza. Por razones de orden político, ni los agentes del mercado, ni la mayor parte de los liderazgos políticos han incorporado en forma sistemática las evaluaciones sustentadas en estas mediciones, para plantear políticas públicas que se orienten a paliar o corregir las tendencias regresivas o insuficientemente progresivas de las políticas tributarias, por ejemplo. El descuido del sistema de educación pública se ha tornado patético, su deterioro ha traspasado los límites de la mediocridad, salvo el sistema de educación superior universitaria, aunque requiere reformas sustanciales. El sistema de salud pública también está experimentando graves fallos, cuyo impacto afecta la calidad de vida de los estratos más vulnerables de la sociedad, si bien, las deficiencias no llegan a los niveles de deterioro del sistema educativo.

Como resultado de lo anterior, han aflorado fuertes tendencias privatizadoras en lo político, sin haber sido capaces siquiera de apuntar a los verdaderos problemas de los sistemas institucionales mencionados; las propuestas privatizadoras se han conformado en convertir las propuestas en un fin en sí mismas, sin haber aquilatado las consecuencias perniciosas que se pueden producir en la calidad de vida de los sectores más rezagados social y económicamente de la población.

En cuanto a las políticas medioambientales, aunque se han obtenido conquistas de consideración en el país, todavía no se ha logrado concebir una política integral que impida cualquier retroceso y más bien asegure el desarrollo integralmente sostenible y sustentable con la Naturaleza. Ya hemos sentido desde hace varios años, el impacto de los fenómenos extremos como los incendios, las tormentas y huracanes y otros fenómenos propios de la época de cambio climático que vivimos.

Por otra parte, el desempleo se ha convertido en una carga pesada para miles de hogares costarricenses, favorecido primero por el impacto de la pandemia del COVID-19 y, más recientemente por el estallido de la guerra ruso-ucraniana en el este europeo.

Igualmente existe un gran retroceso en las interrelaciones entre las redes institucionales e inclusive entre los poderes públicos que han dado muestras recientes de serios enfrentamientos, entre el poder ejecutivo frente al parlamentario y cada uno de ellos a su vez con el poder judicial. Entre las instituciones encargadas de la política social se han detectado desde hace varios años duplicidades, así como otras manifestaciones de incapacidades burocráticas y de corrupción localizada; no obstante que, el nivel de desempeño del funcionariado público, en términos generales da muestras de mantener un alto nivel comparativamente con los países de América Latina. Creemos que los problemas son más de tipo estructural y legal (las duplicidades, por ejemplo).

En el sistema político también se evidencia un deterioro, especialmente en lo tocante a los partidos políticos, por regla general, cada vez más heterogéneos; por esa razón, en lugar de presentar programas sólidos y coherentes al electorado, que continúa expectante y apático, tienden a convertirse en “maquinarias electorales” que, en su mayoría solo son capaces de formular propuestas de gobierno superficiales que no muestran sustento en un verdadero análisis de la realidad. Estas maquinarias se orientan más bien, pragmáticamente, a satisfacer con promesas muchas infundadas, determinadas expectativas ciudadanas que, no hacen sino fomentar el clientelismo político. Como ocurre con el gobierno actual, los equipos gubernamentales no escapan de la heterogeneidad ideológica de la que adolece el partido que ganó las elecciones, evidenciándose ya desavenencias en su interior y una centralización de las decisiones en el presidente. Hay que señalar sin embargo que, la ciudadanía en un porcentaje del 79%, continúa adhiriendo al sistema democrático como forma de gobierno. (Cfr. https://www.nacion.com/el-pais/politica/encuesta-expone-amplio-respaldo-de-costarricenses/KU632YZCK5EZRBLEGUAIGBRTQ/STORY/).

Por mucho, los indicadores más recientes continúan mostrando una creciente y preocupante desigualdad social que flagelando e impidiendo la “gobernanza” en Costa Rica, igual que el crecimiento del porcentaje de hogares que padecen la pobreza y pobreza extrema, merced a los datos de las zonas rurales. Abordaremos este tema crucial en el próximo artículo.

Compartido con SURCOS por el autor.

Gobernabilidad y gobernanza en la ciencia y la política

Escrito en 21/10/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

Muchos de nosotros hemos escuchado a más de un gobernante en Costa Rica, o en otro país quejarse cuando estallan conflictos sociales de diferentes dimensiones, pero sobre todo cuando se tornan muy frecuentes, ya sea en el ámbito local, nacional o entre naciones y donde las soluciones se han vuelto difíciles: ¿Acaso por falta de recursos para satisfacer las demandas? ¿Quizás porque los movimientos se han radicalizado al sentir que ha pasado mucho tiempo sin que sus requerimientos hayan recibido alguna atención de parte del gobierno? ¿O también, porque la parte gubernamental se siente abrumada, sobrepasada (overwhelmed), sobrecargada (“overload”), ante tanta demanda? Puede que hubiese un tema de deficiente comunicación entre las partes y que, la capacidad del gobierno para actuar haya sido puesta en entredicho.

¡Este país se ha tornado ingobernable! Profirió un gobernante, como si con eso lograra expiar sus culpas, como si quisiera salvar su pellejo, o tal vez su reputación. ¡Qué ironía! ¿Cómo puede el ser humano autoengañarse, sentir extrañamiento debido a que, de pronto en una localidad, en un país, surja una situación que se le sale de las manos al gobierno, desbordándolo, consumiéndolo? No, el mundo lo ha puesto el ser humano “Patas Arriba. La Escuela del Mundo Al Revés”, escribió el filósofo, escritor y ensayista uruguayo Eduardo Galeano. Eso lo había descubierto Alicia dijo, tras visitar el “país de las maravillas”, donde se metió en un espejo y descubrió “el mundo al revés”. Pero, ese periplo hoy no sería necesario que Alicia lo hiciera, si renaciera asegura Galeano, le bastaría con asomarse a la ventana. “Al fin del milenio, el mundo al revés está a la vista: es el mundo tal cual, con la izquierda a la derecha, el ombligo en la espalda y la cabeza en los pies”, escribió Galeano desafiante.

Ahora bien, ¿Quiénes son los máximos responsables de semejantes fechorías? ¿Seremos todos acaso? Si duda, cada persona deja su inevitable huella ecológica, su impronta de inconsciencia a nuestro paso por el mundo. El mismo Galeano había expresado: “Somos todos culpables de nuestro paso por el mundo. La salud del mundo está hecha un asco. [Sin embargo, enseguida agregó] …si somos todos responsables, nadie lo es”. Pienso por mi parte que, no somos todos igualmente responsables. La evidencia científica, especialmente tras el último informe de la ONU sobre el cambio climático reveló que: “…la actividad industrial humana ha causado la mayor parte del calentamiento global del siglo pasado, mediante la emisión de gases de efecto invernadero, que retienen el calor y cuyos niveles son cada vez más altos.” Sí, ahora no queda duda, el ser humano que produjo la “Revolución Industrial” y todas las innovaciones subsecuentes aplicadas a la producción de combustibles fósiles es el máximo responsable del efecto invernadero y su ineludible secuela, el calentamiento global de la Tierra. Además, se ha asegurado que, los cambios en el siglo XXI serán, muy probablemente, más notorios que en el siglo XX. (Cfr. Naciones Unidas (ONU) Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), 12 de diciembre 2015. Disponible en: https://www.refworld.org.es/docid/602021b64.html).

La ingobernabilidad y la falta de gobernanza crecerán, si las naciones que suscribieron el acuerdo de París en diciembre 2015, en la COP 21, no son capaces de concertarse para reducir drásticamente la producción de gases de efecto invernadero propiciados por la industria que produce a base de combustibles fósiles; los hidrocarburos deben ser sustituidas por energías limpias. Por lo pronto, no está ocurriendo así.

II. Orígenes de los problemas de ingobernabilidad y del concepto en la ciencia política.

En principio los problemas que interfieren con un “buen gobierno” han existido siempre, desde que apareció el Estado. Pero cada época tiene los suyos propios. Nos referiremos aquí, al tema de la gobernabilidad-ingobernabilidad a partir de la segunda mitad de la pasada centuria y en el presente siglo XXI.

Hay una primera distinción que es preciso hacer entre los términos de “gobernabilidad” y “Gobernanza”. Ambos conceptos están relacionados con el vocablo inglés de “Governance”. Sin embargo, no son sinónimos, ya que el concepto de “gobernabilidad” se refiere más precisamente al término de “gobernability”, que es un concepto más restringido, como veremos; mientras tanto, el de “governance” se traduce solo por el término que refiere al concepto más amplio de “gobernanza”.

El término más restringido de gobernabilidad entraña algunos indicadores de carácter más formal del estado democrático, a los que hicimos mención en el artículo anterior, tales como: la estabilidad de las instituciones y la funcionalidad de estas para acuerpar la toma y procesamiento de las decisiones políticas; la continuidad de las reglas institucionales; supone además un procesamiento más corto entre las demandas de la sociedad (“inputs” en la jerga funcionalista) y los resultados de las decisiones políticas (“outputs”); todo lo anterior permitiría a una sociedad organizada, un nivel de “madurez” para asumir responsabilidades y gobernar correctamente.

Suele establecerse el origen de una “crisis de gobernabilidad” en el mundo occidental, desde una acepción neo marxista como aquel en el que se produce un quebrantamiento de los patrones de acumulación del sistema capitalista de tipo keynesiano que desembocó en la “crisis del Estado de Bienestar”, acaecido alrededor de 1970 en uno de sus ciclos de decaimiento. (Cfr. Márquez Castro, R. “¿Gobernabilidad vs ingobernabilidad en el siglo XXI?” versión digital: biblioteca.clacso.edu.ar abril,2003)

No obstante, las acepciones sobre “gobernabilidad” son variadas y dependen de la definición de objetivos y prácticas de cada uno de los actores involucrados. Pero, inmediatamente nos dice el politólogo Manuel Alcántara: “Aunque no haya un acuerdo o una visión común con respecto a la forma o metodología [entre las distintas corrientes] la gobernabilidad obliga a cuestionar un funcionamiento institucional, político y social en un territorio.” (Cfr. Alcántara, Manuel. “Gobernabilidad, Crisis y Cambio.” Madrid: Centro de estudios Constitucionales, 1994. Véase también, Alcántara Sáez, M. (1995) “Gobernabilidad, Democracia y Cambios. Elementos para el estudio de la Gobernabilidad de los Sistemas Políticos en época de crisis y cambio.” México. Fondo de Cultura Económica.Y, Crespo, Ismael. “Los límites de la Consolidación Democrática en América Latina.” Salamanca: Universidad de Salamanca, 1995).

Respecto de las diferentes tendencias de pensamiento, destacamos las siguientes: citamos con anterioridad, por un lado, las corrientes del neo marxismo; una de ellas ve las crisis de gobernabilidad originadas por la crisis fiscal del capitalismo, a su vez, resultado de las contradicciones entre los países capitalistas avanzados y la democracia. James O´Connor es uno de los exponentes principales de esta corriente. La otra, está representada por Jürgen Habermas y Claus Offe, quienes se centran en los problemas de legitimación del capitalismo tardío.

Por otra parte, tenemos las orientaciones opuestas a los neo marxistas, entre ellas: 1. La que representa Daniel Bell, quien se refirió a la ingobernabilidad como una consecuencia de la sobrecarga de demandas que obliga al Estado a responder con un intervencionismo expansivo, produciendo una crisis fiscal. 2.Michel Crozier, francés, Samuel J. Huntington, estadounidense, y Joji Watanuki, japonés, elaboraron el informe para la Comisión Trilateral en 1975. Las conclusiones fueron que existían cuatro tendencias que generaban disfunciones en el sistema democrático:

2.1. La deslegitimación de la autoridad y pérdida de confianza en el liderazgo, que son consecuencias de la idea de igualdad y del individualismo; ambas, virtudes del sistema democrático

2.2. Los efectos de la sobrecarga en la actividad de gobierno por la expansión de la participación política y el desarrollo febril de las actividades estatales.

2.3. La fragmentación de los partidos políticos y la pérdida de identidad de estos debido a la intensa competencia partidista.

2.4. El surgimiento de pautas fuertemente localistas en la política exterior, pues las sociedades se volvían nacionalistas.

“En la década de 1980 -señala Alcántara- se incorporó el pensamiento neoliberal al análisis politológico. Los economistas políticamente conservadores criticaron el Keynesianismo por su mala relación teórica con la democracia. Partían del criterio de que la situación de ingobernabilidad era una mezcla inestable entre democracia y economía, lo que generaba inflación: se confrontaban sindicatos y votantes a los gobiernos pues veían al Estado como un botín de servicios. Esto desembocó en el Consenso de Washington, una solución para los países menos industrializados.

En la década de 1990 el término comenzó a ser utilizado por las clases políticas y por diferentes organismos internacionales. La búsqueda de la gobernabilidad sustituyó a la de la consolidación democrática. La gobernabilidad se intentaba lograr con unos procedimientos simples tales como el apoyo legislativo al ejecutivo o la ausencia de trabas sistemáticas que malograsen la eficacia de las políticas públicas…” (Cfr, Ibidem)

Finalmente, señala el autor, la visión Convencional. Expresa que: “Es una visión verticalista. Plantea la gobernabilidad como ejercicio del poder desde el Estado, las resoluciones de problemas se resuelven desde el Estado… [el cual] toma sus decisiones tomando a la gente como objeto de sus políticas. Su legitimidad deriva de las elecciones populares, pero la gente no es artífice de su gobernabilidad. Para la visión convencional, el problema de la gobernabilidad es el resultado de una sobrecarga del Estado. Entre los autores convencionalistas están Tomassini (1994), Rojas (1994) y Coppedge (1994), entre otros.” (Cfr. Alcántara Sáez, M. “De la Reforma Política en Nuevas Democracias: Aspectos Sistémicos e Institucionales y Calidad de la Democracia.” Versión digital. https://www.casadellibro.com Fecha de lanzamiento: 01/01/2005, )

III. La Gobernanza.

La acepción de la gobernabilidad claramente deja por fuera algunas consideraciones cualitativas del funcionamiento de una democracia, como son: en primer término, mencionamos la participación ciudadana en la gestión estatal como un nuevo elemento sustancial para hacer viable la convivencia democrática. Se trata de potenciar en una nueva dimensión a la sociedad civil en coparticipación con el gobierno y otros actores privados para impulsar las políticas públicas. En esta postura, afirman politólogos como Alcántara que, la “gobernabilidad” no se excluye como un concepto útil para consolidar procesos democráticos, pero depende de la “gobernanza”. La “gobernanza” supone entonces una mayor madurez política en una sociedad organizada y apunta a su capacidad para que se asuman responsabilidades de manera compartida, tanto en la implementación de decisiones como en el “arte de gobernar correctamente”.

De conformidad con lo anterior, la gobernanza es un concepto más amplio y a la vez más reciente en la ciencia política que, se basa en cuatro principios fundamentales: responsabilidad, transparencia, estado de derecho y participación. Insisto, los términos no son excluyentes sino complementarios. Sobre todo, teniendo en cuenta el trabajo de los politólogos Xavier Arbós y Salvador Giner que, desde mi óptica, expresan una visión más comprensiva de la “gobernabilidad”, ya que ponen el acento en que, esta se puede expresar como instituciones de gobierno que son o deben ser tanto eficaces como legítimas, lo que coadyuva a que el poder ejecutivo actúe con mayor solvencia y libertad, contando con “la obediencia cívica del pueblo”. La gobernabilidad sería vista como: “…la cualidad de una comunidad política, según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio, de un modo considerado legítimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del poder ejecutivo mediante la obediencia cívica el pueblo.” (Cfr. Arbós, X. y Giner, S. (1993). “La Gobernabilidad, Ciudadanía y Democracia en la Encrucijada Mundial.” Ed. Siglo XXI, Madrid.)

Esta manera de enfocar el problema, mal podía disimular que la preocupación central desde una perspectiva neoconservadora de la crisis del capitalismo occidental en los sesentas y setentas, consistió en buscar la forma de atenuar las crisis y contradicciones (control del conflicto) en que se debatía el sistema capitalista en su conjunto, otorgándole al estado y dentro de este al poder ejecutivo, la potestad de accionar “desde arriba” (“contando con la obediencia cívica del pueblo”), para enfrentar las demandas diversas de los actores sociales con eficacia, a fin de no perder legitimidad. Se trataba de enfrentar la crisis entre la democracia y el capitalismo, en una ecuación compleja en la que, entre más poder contara el estado para resolver los conflictos del sistema con eficacia, más se limitaba el régimen de libertades de la democracia liberal afectando así su legitimidad. Después de los planteos conservadores de los teóricos de la Trilateral, no se rebasaron en mucho sus análisis, aunque se hubiesen reconocido una diversidad de dimensiones que intervienen en los análisis de la gobernabilidad, incluso ahora tomando en cuenta las particularidades de las sociedades subdesarrolladas.

Ante estas limitaciones del concepto y los análisis politológicos, en las décadas posteriores, se comienzan a tomar en cuenta las cuestiones sociales como factores centrales en los programas de reestructuración económica encaminados al logro del desarrollo económico. Es en este contexto en que aparecen los conceptos de “gobernabilidad democrática” y “gobernanza”, referidos a la capacidad de los gobiernos de impulsar el desarrollo económico con “transparencia”, “rendición de cuentas”, y “participación ciudadana”.

En resumidas cuentas, como dice Jeffry Sachs, la buena gobernanza, implica un compromiso con el desarrollo sostenible y debe regirse como mínimo por los principios de responsabilidad para que las empresas respondan por sus actos, la transparencia para dar a conocer las acciones y comportamientos, evitando secretismos y evadir responsabilidades. Es también un compromiso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), lo que significa desglosándolo, la adopción de parte de los líderes políticos de un programa consistente con la reducción de la pobreza, pobreza extrema y, por sobre todo, con la disminución de la desigualdad social. Complementaria e imprescindiblemente, se trata de un estado en el que se respeten los derechos humanos, el estado de derecho, el derecho al desarrollo humano, el compromiso de mejorar constantemente las instituciones y los procesos democráticos.

Compartido con SURCOS por el autor.

Sala Constitucional confirma que Proyecto de Empleo Público es un Frankenstein político

Escrito en 07/08/2021. Publicado en Derechos, Trabajo.

SURCOS comparte la siguiente información:

De buenas a primeras, se puede afirmar que el bloque político hegemónico subió una seria derrota, que francamente les va a costar mucho revertir.

El voto del Tribunal contiene una declaratoria de inconstitucionalidad de más de una treintena de artículos del Proyecto Ley Marco de Empleo Público, que no es cualquier cosa. Pero no sólo es por la cantidad de normas que fueron declaradas inconstitucionales, sino, además, porque el voto trastocó el contenido esencial del proyecto.

El eje central del proyecto, la gobernanza absoluta del empleo público que se le atribuye a MIDEPLAN, sufrió el inapelable reproche de constitucionalidad.

El núcleo duro de la desafortunada iniciativa legislativa, concerniente al menoscabo de la independencia del Poder Judicial, las autonomías de las universidades públicas, las municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social, sencillamente, no pasó la prueba de constitucionalidad.

El voto también declaró que el artículo 6 del proyecto, que regula la gobernanza totalitaria y autocrática de MIDEPLAN, no resulta aplicable porque «somete la CCSS

a la potestad de dirección del Poder Ejecutivo»; que fue uno de los aspectos que la representación de UNDECA, de manera enfática, denunció en las audiencias en las que participamos en la Asamblea Legislativa.

Además, el voto dispuso que la Caja no está sometida a las directrices, reglamentos y disposiciones de MIDEPLAN (declaratoria de inconstitucionalidad del segundo párrafo del inciso a) del artículo 0), y que resulta inconstitucional la aplicación de las normas del sistema de reclutamiento y selección del personal del proyecto.

No queda la menor duda que la Sala Constitucional le está dando la razón en estos temas a los sindicatos, lo cual ocultan maliciosamente los medios de comunicación, que promovieron toda una campaña de odio contra las y los empleados públicos.

El Frankenstein regresará a la Asamblea Legislativa, pegado a un respirador, con destino directo a una Unidad de Cuidados Intensivos.

Repetimos, la oligarquía que pretendió imponer un Estado de facto, a contrapelo de nuestra Constitución Política, salió sangrada, con heridas severas y profundas.

Nos mantendremos enérgicos, oponiéndonos y combatiendo lo que aún queda de este descuartizado proyecto, que, no obstante, todavía sigue estando en la agenda salvaje de la clase política neoliberal.

UNDECA hace un llamado a continuar firmes en la lucha, para sepultar, en definitiva, este proyecto que se vuelve contra el Estado Social y Democrático.

San José, 02 de agosto 2021.

Compartido con SURCOS por UNDECA.

Derechos Humanos y gobernanza para el fortalecimiento de la democracia

Escrito en 01/07/2021. Publicado en Derechos.

La Cátedra Constitución, Sufragio y Fortalecimiento Institucional tiene el gusto de invitarles a la sexta actividad del 2021, el miércoles 7 de julio a las 6:00 p.m. Esta será transmitida en vivo por el Facebook Live de Surcos o puede acompañarnos por la plataforma Zoom, solamente debe ingresar al siguiente enlace: https://udecr.zoom.us/j/88509694632?pwd=QkphN3RocDJxWFpLQWZzZWVJQ1hrUT09

ID de reunión: 885 0969 4632

Código de acceso: 578218

Compartido con SURCOS por Ana Mariela Castro Ávila.

Coalición para el Cambio

Escrito en 26/06/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Con este nombre se ha anunciado la participación de dos partidos políticos, Alianza Demócrata Cristiana y el Liberal Progresista, que se presentarán unidos, bajo la forma de una coalición, que llevará el nombre de COALICIÓN PARA EL CAMBIO, con una bandera combinada con los colores azul y anaranjado.

Las coaliciones políticas son una oportunidad que brinda la legislación electoral para que dos o más partidos puedan unirse, sin perder cada uno su identidad, en una tercera opción con otro nombre, como en este caso “Coalición para el Cambio”.

Es una manera de unir fuerzas electorales, por pequeñas que sean, para mejores opciones de participación y de ganar procesos electorales, como ha sucedido en tres ocasiones en el país, en 1958, cuando triunfó Mario Echandi Jiménez, en 1966, cuando José Joaquín Trejos Fernández derrotó a Daniel Oduber Quirós y en 1978, cuando Rodrigo Carazo se hizo con la Presidencia de la República. La sola unidad en una coalición da una idea de mayor tamaño.

Históricamente hemos tenido las siguientes experiencias de coaliciones políticas.

En las elecciones de 1953 participaron solo dos partidos políticos sin ninguna coalición, ganando la Presidencia de la República José Figueres Ferrer, con 64.71%.

En las elecciones de 1958 se unieron los partidos Unión Nacional y el Republicano Nacional, triunfando con un 46. 42 % de votación, Mario Echandi Jiménez.

En las elecciones de 1962 participaron 4 partidos sin ninguna coalición, ganando la elección Francisco Orlich Bolmarcich con 50.29%.

En las elecciones de 1966, en un ambiente muy tenso, con solo dos candidatos, la oposición a Liberación Nacional se organizó con la coalición Unificación Nacional, que postuló a José Joaquín Trejos Fernández, quien obtuvo el 50.48% de la votación. La Unificación nacional reunió a los partidos Republicano Nacional y el Unión Nacional.

En las elecciones de 1970 participaron 9 partidos políticos sin ninguna coalición, obteniendo el triunfo José Figueres Ferre con 54.79%.

En las elecciones de 1974, participaron 12 partidos, entre ellos el primer partido cristiano no católico, Alianza Nacional Cristiana, que impulsó una coalición, de tres partidos que al final se redujo a dos, el Unión Popular que se plegó al de Rodrigo Carazo, Renovación Democrática, ganando la Presidencia de la República Daniel Oduber, con un 43.44%.

En las elecciones de 1978 participaron 15 partidos, entre ellos dos coaliciones, la UNIDAD y Pueblo Unido. La Unidad reunió los partidos Renovación Democrática, Unión Popular, Demócrata Cristiano, Republicano Calderonista, y Unión Nacional. Por su parte, Pueblo Unido fue la primera coalición de partidos de izquierda después de la Guerra Civil de 1948, y luego de que en 1975 se eliminaran las trabas legales para que participaran partidos de izquierda en elecciones. Pueblo Unido reunió a Vanguardia Popular, al Socialista Costarricense y al Movimiento Revolucionario del Pueblo, ganando las elecciones Rodrigo Carazo con 50.51%.

En las elecciones de 1982 participan seis partidos políticos, dos de ellos en coaliciones, la UNIDAD y Pueblo Unido nuevamente, ganando las elecciones Luis Alberto Monge, con 58.80%. La Unidad en este caso reunió a los partidos Unión Popular, Democracia Cristiana y Republicano Calderonista.

En el gobierno de Luis Alberto Monge los partidos que constituían la Coalición Unidad se fusionaron dando origen, desde entonces, al Partido Unidad Social Cristiana.

Cuando los partidos se fusionan desaparecen haciendo surgir la nueva organización. En las coaliciones mantienen su independencia orgánica partidaria, y existen como coaliciones solo para efectos electorales.

En las elecciones de 1986 participaron 13 partidos políticos, manteniéndose la coalición Pueblo Unido. En esta ganó la Presidencia de la República Oscar Arias Sánchez con 52.34%.

En las elecciones de 1990 participaron 14 partidos, manteniéndose la coalición Pueblo Unido. Ganó la Presidencia de la República Rafael Ángel Calderón Fournier, con 51.51%.

En las elecciones de 1994 participaron 15 partidos sin ninguna coalición, ganando la Presidencia José María Figueres Olsen con 49.62%.

En las elecciones de 1998 participaron 13 partidos sin ninguna coalición, ganando la Presidencia de la República Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, con un 46.96%.

En las elecciones del 2002 participaron 13 partidos, entre ellos la coalición Cambio 2000, que incluyó al Socialista Costarricense, Pueblo Unido y al Acción Democrática Alajuelense. Ganó la Presidencia Abel Pacheco con 38.58% en una segunda vuelta electoral.

En las elecciones del 2006 participaron 14 partidos políticos, entre ellos una coalición, Izquierda Unida, que reunió a los partidos Movimiento Autónomo del Pueblo Unido (MAPU), Movimiento de Trabajadores y Campesinos, partido provincial limonense, Partido del Pueblo Costarricense, el Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT), el Socialista de los Trabajadores y Vanguardia Popular. Ganó las elecciones Oscar Arias Sánchez con 40.92%.

En las elecciones del 2010 participaron nueve partidos políticos sin ninguna coalición, ganando la Presidencia de la República, Laura Chinchilla Miranda, primera mujer en asumir la Presidencia de la República, con un 46.91%.

En las elecciones del 2014 participaron 13 partidos políticos, sin ninguna coalición, ganando la Presidencia de la República, en segunda vuelta electoral, Luis Guillermo Solís Rivera, con 30.64%.

En las últimas elecciones del 2018 participaron 13 partidos políticos sin ninguna coalición, ganando la Presidencia de la República Carlos Alvarado Quesada, en segunda vuelta electoral, con 21% de votos.

De 17 procesos electorales desde 1953 hasta el 2018 ha habido coaliciones en 10 procesos, 1958, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 2002 y 2006, y en tres de ellos han ganado las elecciones, 1958, 1966 y 1978.

Desde el 2010 no se presenta ninguna coalición nacional. De allí la importancia que han anunciado Mario Redondo y Eli Feinzaig, de constituir esta Coalición Alianza para el Cambio, para las próximas elecciones del 2022.

Soy de la idea que la cultura y la práctica política nacional debe avanzar hacia coaliciones más desarrolladas y compactas, alrededor de Programas Políticos sólidos y de doctrinas, teorías e ideologías políticas compartidas, o en su lugar, de partidos más poderos y grandes, que permitan mejorar la administración pública.

Desde hace tiempo lo he venido señalando como una posibilidad de lograr mejores acuerdos políticos nacionales para una mejor gobernabilidad o gobernanza. Sé que no es fácil avanzar en esa línea. Muchos pequeños intereses, más personales, que políticos se cruzan para evitar las coaliciones.

En las coaliciones se tienen que ceder espacios de figuración y de posibilidades de elección. Mezquindades políticas, prejuicios políticos, vanidades `personales y egos hiper inflados impiden muchas veces constituir estos esfuerzos unitarios. Para ello se requiere madurez y cultura política, sensatez, sentido de la realidad, inteligencia emocional política, visión nacional, seguridad en sí mismos, tolerancia sólida de reconocerse y unirse en las diferencias, en saber que lo más importante es lo que une y no lo que divide, que sobre las diferencias está la unidad en la acción. Es distinguir lo principal político de lo accesorio, de saber unir, sumar y multiplicar más que restar y dividir en política. Diversidad de opinión con Unidad de acción es lo que distingue una buena coalición.

La coalición lograda en esta etapa del proceso electoral por Mario Redondo y Eli Feinzaig, por su naturaleza reúne esas condiciones, de estos dos políticos, inteligencia, sensatez, intereses comunes alrededor de las propuestas que trabajan como oferta de Gobierno, equipos de trabajo alrededor de una plataforma común.

Mario Redondo es de tradición socialcristiana, primero del Partido Unidad Social Cristiana y luego de un partido cristiano no católico, quien fuera Presidente de la Asamblea Legislativa y uno de los más distinguidos diputados que ha habido cuando le ha tocado desempeñarse en esa Tribuna del Pueblo. Con serenidad política ha aceptado aliarse a Eli Feinzaig en este proyecto común siendo Eli por formación económica un Liberal, que a sí mismo se considera Progresista y desarrolla su liberalismo progresista como una corriente atractiva, en política y en economía, sin amenazar violentamente la organización del Estado Social de Derecho que se ha venido construyendo desde 1943, hoy bastante golpeado por los sectores ultraliberales que campean por toda la institucionalidad política nacional, en incrustados en todos los partidos que han venido gobernando.

Desde el punto de vista religioso Eli, de tradición judía, y Mario, desde el cristianismo no católico, son igualmente una amalgama de respeto y tolerancia especial de resaltar.

La posibilidad de una coalición como la que impulsaba Miguel Ángel Rodríguez con la Unidad Social Cristiana como motor, la mataron en la Asamblea Nacional de ese partido Pedro Muñoz y los suyos, sin entender la inteligente posición de Miguel Ángel, en ese sentido, y sin tener la profundidad de miras del Presidente Rodríguez, que llegó a proponer una coalición centro humanista como terminó llamándola, o en la misma visión, procurando una coalición, como lo propició Rafael Ángel Calderón, con su partido como vértice de una posible coalición de centro derecha, como originalmente la llamó, y la siguió intentando hacer con Rodrigo Chaves Robles, el exministro de Hacienda de este Gobierno del PAC, cometiendo el error de tenerlo no como un verdadero aliado sino como un monigote que asomar, motivo por el cual le fracasó el esfuerzo unitario que impulsaba.

Por su parte, Rodrigo Chaves, a todos los efectos, es una mezcla más que de liberalismo puro, por haber trabajado en organismos internacionales, detestados por la izquierda, de distintos matices de corrientes socialdemócratas, según se puede desprender de sus opiniones sobre diversos problemas nacionales.

En mi opinión hay que ponerle atención al planteamiento liberal progresista de Eli Feinzaig, en general, como al de Rodrigo Chaves para atacar ciertos males nacionales.

En el campo liberal son trasnochados, para mí, los liberales que se mantienen atrincherados en el viejo Movimiento Libertario, que ya no es la bandera de Otto Guevara ni de Federico Malavassi, ni de Natalia Díaz Quintana.

Otto y Federico en su campo, nos gusten o no, han sido buenos diputados, saben hacer su trabajo. Natalia es de otro estilo. Ella sola no va a tener espacio donde relucir, con tantas alternativas liberales. por lo demás, en este momento, está más concentrada en su trabajo profesional que en el político, donde pretende presentarse solita con su partido “Unidos Podemos”.

Los grupos cristianos no católicos van separados sin posibilidad de unirse con Fabricio Alvarado, que ya anunció su plancha presidencial y toda la lista de diputados, aprobados por su Asamblea Nacional, lo que significa que va solo. En el anuncio de su propuesta de candidatos dio el primer golpe. Anunció a todos los 57 diputados, retando con ello a todos los partidos a que hagan lo mismo. Todos los 57 candidatos son profesionales, con estudios universitarios. Aprendió la lección de escogencia de diputados. Otro reto para todos los partidos políticos, la nominación y escogencia de sus diputados.

Los cristianos no católicos al margen del partido Nueva República, de Fabricio Alvarado Muñoz, pareciera que están muy desarticulados. Por ahora no se sienten en su organización electoral hacia el 2022.

La izquierda que ha tenido experiencias de coalición no apunta en esa dirección. En este momento no hay ni existen partidos de izquierda inscritos en posibilidad de coaligarse. No se puede hablar de coalición de grupos de personas, que no existen como partidos inscritos, alrededor de un partido que sí existe inscrito. En este caso es tan solo un llamado a votar por un partido.

Hay grupos y movimientos pequeños de ciudadanos de izquierda. Muy divididos entre sí. Todavía arrastran los dolores del parto que significó la división de la década de 1980. Tienen muchos resentimientos. Su heroico pasado histórico lo enfrentan y valoran de manera hipercrítica, exaltando más los errores, o lo que se consideran errores, que aquello que produce una gloria de reconocimiento en la Historia nacional. El peor de los defectos de estos militantes que andan sueltos orgánicamente es su sectarismo para tratar a otros militantes de izquierda, o personas de izquierda en general. Hay todavía quienes se sienten poseedores de la Verdad política absoluta con solo denominarse de izquierda o exmilitantes. Como decía Fidel Castro en la década de 1960, criticando algunos grupos de izquierda, que hay gente que se siente águila sin tener una sola pluma en su pecho.

La izquierda hoy, en el 2021, tiene que replantearse en todos sus aspectos. La izquierda es hoy un espectro más amplio que en 1980. La desintegración del Sistema Mundial Socialista no acabó con el socialismo ni con el comunismo, como teoría o doctrina política, ni siquiera como utopía política. Acabó con sistemas mal administrados, con prácticas corruptas de gobernabilidad, y con sistemas que no supieron organizarse con prácticas más democráticas de ejercicio de gobiernos, y de ejercicio de derechos y libertades.

Mientras existan los problemas de hambre, desempleo, de pobreza y pobreza extrema, de inequidades sociales y de brechas sociales cada vez más amplias, de mayor concentración de la riqueza, de menores oportunidades y posibilidades de ascensos sociales, de exclusión y marginación de sectores sociales, de destrucción y empobrecimiento de las clases medias, siempre habrá banderas socialistas y comunistas que levantar…y existirán quienes las levanten, por más utópicos o idealistas que parezcan.

El Frente Amplio es observado por estos grupos de manera muy crítica. El mismo Frente Amplio se percibe como un gran complejo de culpa de sus actuaciones. No exhibe por ahora banderas importantes atractivas para los electores. La defensa a ultranza que han hecho de los gobiernos y gobernantes de Nicaragua, y de la Venezuela cabello madurista, es su Talón de Aquiles, que no les ha contribuido a proyectar un modelo socialista para Costa Rica, si tienen por espejos a esos modelos mal llamados socialistas, que tienen prácticas de gobierno corruptas muy enraizadas.

Los esfuerzos unitarios convocados por el ex Secretario General de Vanguardia Popular, Lenin Chacón, en la búsqueda de una coalición, por ahora son gritos en un desierto. No tiene interlocutores válidos.

Estudiar a fondo la historia de Vanguardia Popular es una tarea política para las personas de izquierda que quieren revivirse en las luchas sociales y políticas de este momento.

Coalición para el Cambio como lo proponen Mario Redondo y Eli Feinzaig, es un concepto válido para todos los que quieran impulsar cambios en la Costa Rica actual.

Llaman la atención algunas de las personas que están apoyando a Mario y a Eli, gente preparada, profesionales destacados en sus campos. Con ellos están construyendo sus equipos de trabajo y de plan de Gobierno, entre otros, Fabián Volio Echeverría, Denis Meléndez, Alberto Trejos, Rafael Brenes, Randall Brenes, Juan Enrique Muñoz, Marcela Trejos, Erick Lonis, Gilberto Campos, Walter Niehaus y Laura Fernández.

No han definido aún candidaturas. Alguno de ellos, seguramente, Mario o Eli irá encabezando la papeleta presidencial. Podrían ir los dos, a la vez encabezando provincias, Cartago y San José, como candidatos a diputados, acompañados, de la misma forma, y en la misma fórmula presidencial, de Laura Fernández, gran conocedora del engranaje político institucional, asesora parlamentaria, excelente cuadro político.

Por ahora valoro positivamente este esfuerzo de Mario Redondo y Eli Feinzaig. Es un ejemplo de lo que se puede hacer.

Sindicalismo y Gobernanza

Escrito en 22/06/2021. Publicado en Derechos, Trabajo.

Por el 50 aniversario del Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica se invita al Foro nacional: “Sindicalismo y Gobernanza”, se contará con la participación de:

Carlos Molina
sc. Mauricio Ramírez Núñez

También se transmitirá por medio de Facebook live del Sindicato Nacional de Periodistas, de CTRN Costa Rica

Enviado a SURCOS por Gerardo Chavarría.

Consejos universitarios advierten sobre posibles impactos de Ley de Empleo Público

Escrito en 19/02/2021. Publicado en Derechos.

Zaida Siles Rojas

SURCOS comparte la siguiente información:

Mediante un Pronunciamiento emitido este miércoles 17 de febrero, los consejos universitarios de las universidades estatales alertaron a la comunidad universitaria y nacional sobre los posibles impactos sociales, políticos y económicos que el Proyecto de Ley marco de empleo público puede generar en la institucionalidad, la gobernanza y la sociedad costarricense, así como de los vicios de inconstitucionalidad que presenta esa iniciativa que discute la Asamblea Legislativa.

El documento está suscrito por quienes ocupan las direcciones de estos órganos colegiados de la Universidad de Nacional, la Universidad Estatal a Distancia, la Universidad de Costa Rica, del Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Técnica Nacional.

El pronunciamiento advierte que este proyecto de ley desconoce la complejidad de la gestión pública y la importancia de mecanismos democráticos para el funcionamiento del Estado de Derecho y que, además de violentar el marco legal existente, desestima los mecanismos de concertación democrática y genera condiciones de conflictividad social y política.

Agregaron que esta reforma al empleo público pretende homogenizar los perfiles de puestos y condiciones de ingreso, así como el régimen remunerativo, a partir de un desconocimiento de la especificidad de las responsabilidades y la dinámica propia del servicio que prestan las distintas instituciones y los Poderes de la República.

Señalaron que el proyecto no presenta datos sobre el posible ahorro que alcanzaría con el salario único, y que contiene vicios de constitucionalidad al contradecir las potestades que ha brindado la Constitución Política a institucionales tales como las universidades públicas, las municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Por otra parte, “vulnera los derechos fundamentales derivados de la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la no discriminación”.

“Los criterios de eficiencia y eficacia económica no deben imponerse sobre el mayor bienestar a todos los habitantes del país, así como sobre el ‘más adecuado reparto de la riqueza’, como lo establece la Constitución Política en su artículo 50. Sin embargo, el Proyecto de Ley marco de empleo público busca limitar los alcances sociales del Estado y la participación política de los trabajadores, lo cual puede generar una mayor precarización del empleo público, pérdida de profesionales competentes y ensanchamiento de la brecha de la desigualdad; todo esto desde un Estado cada vez más débil y un sistema de salarios que no posee poder competitivo ni adquisitivo a futuro”, destaca el documento.

“Las universidades estatales somos herederas de una visión de Estado inclusivo, solidario y democrático, de esta manera, conscientes de que nuestras acciones del presente marcarán indeleblemente el futuro de las próximas generaciones, más allá de la crisis fiscal y los efectos adversos de la pandemia, repudiamos todas aquellas iniciativas de ley y reformas sustentadas en líneas de pensamiento ligeras, intereses cortoplacistas y mercantilistas que, so pretexto de contribuir al fortalecimiento de dicho modelo estatal, menoscaban ferozmente una institucionalidad visionaria que procuraba la supresión de toda forma de desigualdad, la defensa de los derechos inalienables de los pueblos y la promoción de un desarrollo económico sustentado en el principio de solidaridad, al cual todos y todas debemos contribuir para su consolidación”.

Referencias Bibliográficas:

Siles, Z. (18 de febrero, 2020). Consejos universitarios advierten sobre posibles impactos de ley de empleo público. Consejo Universitario. UCR. Recuperado de https://www.cu.ucr.ac.cr/inicio/noticias/noticia/Articulo/consejos-universitarios-advierten-sobre-posibles-impactos-de-ley-de-empleo-publico.html

Gobernanza en la crisis del COVID-19 – OPNA – conferencia

Escrito en 16/07/2020. Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

El Observatorio de la Política Nacional (OPNA) y en conjunto con la Escuela de Ciencias Políticas a través del programa «Ventanas a la Política Nacional» le invita a la conferencia: «Gobernanza en la crisis del COVID-19: la pandemia como amplificador» a cargo del Dr. Felipe Alpízar, a realizarse el jueves 16 de julio a partir de las 5:00 p.m., a través del canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UClHECxOtdSVbSty1srIlrlg

Si quisiera enviar sus preguntas al Dr. Alpízar, puede hacerlo al correo electrónico: OBSERVATORIO.POLITICANACIONAL@ucr.ac.cr o bien, hacerlas durante la actividad.