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Gobernabilidad y gobernanza en la ciencia y la política

Escrito en 21/10/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

Muchos de nosotros hemos escuchado a más de un gobernante en Costa Rica, o en otro país quejarse cuando estallan conflictos sociales de diferentes dimensiones, pero sobre todo cuando se tornan muy frecuentes, ya sea en el ámbito local, nacional o entre naciones y donde las soluciones se han vuelto difíciles: ¿Acaso por falta de recursos para satisfacer las demandas? ¿Quizás porque los movimientos se han radicalizado al sentir que ha pasado mucho tiempo sin que sus requerimientos hayan recibido alguna atención de parte del gobierno? ¿O también, porque la parte gubernamental se siente abrumada, sobrepasada (overwhelmed), sobrecargada (“overload”), ante tanta demanda? Puede que hubiese un tema de deficiente comunicación entre las partes y que, la capacidad del gobierno para actuar haya sido puesta en entredicho.

¡Este país se ha tornado ingobernable! Profirió un gobernante, como si con eso lograra expiar sus culpas, como si quisiera salvar su pellejo, o tal vez su reputación. ¡Qué ironía! ¿Cómo puede el ser humano autoengañarse, sentir extrañamiento debido a que, de pronto en una localidad, en un país, surja una situación que se le sale de las manos al gobierno, desbordándolo, consumiéndolo? No, el mundo lo ha puesto el ser humano “Patas Arriba. La Escuela del Mundo Al Revés”, escribió el filósofo, escritor y ensayista uruguayo Eduardo Galeano. Eso lo había descubierto Alicia dijo, tras visitar el “país de las maravillas”, donde se metió en un espejo y descubrió “el mundo al revés”. Pero, ese periplo hoy no sería necesario que Alicia lo hiciera, si renaciera asegura Galeano, le bastaría con asomarse a la ventana. “Al fin del milenio, el mundo al revés está a la vista: es el mundo tal cual, con la izquierda a la derecha, el ombligo en la espalda y la cabeza en los pies”, escribió Galeano desafiante.

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Ahora bien, ¿Quiénes son los máximos responsables de semejantes fechorías? ¿Seremos todos acaso? Si duda, cada persona deja su inevitable huella ecológica, su impronta de inconsciencia a nuestro paso por el mundo. El mismo Galeano había expresado: “Somos todos culpables de nuestro paso por el mundo. La salud del mundo está hecha un asco. [Sin embargo, enseguida agregó] …si somos todos responsables, nadie lo es”. Pienso por mi parte que, no somos todos igualmente responsables. La evidencia científica, especialmente tras el último informe de la ONU sobre el cambio climático reveló que: “…la actividad industrial humana ha causado la mayor parte del calentamiento global del siglo pasado, mediante la emisión de gases de efecto invernadero, que retienen el calor y cuyos niveles son cada vez más altos.” Sí, ahora no queda duda, el ser humano que produjo la “Revolución Industrial” y todas las innovaciones subsecuentes aplicadas a la producción de combustibles fósiles es el máximo responsable del efecto invernadero y su ineludible secuela, el calentamiento global de la Tierra. Además, se ha asegurado que, los cambios en el siglo XXI serán, muy probablemente, más notorios que en el siglo XX. (Cfr. Naciones Unidas (ONU) Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), 12 de diciembre 2015. Disponible en: https://www.refworld.org.es/docid/602021b64.html).

La ingobernabilidad y la falta de gobernanza crecerán, si las naciones que suscribieron el acuerdo de París en diciembre 2015, en la COP 21, no son capaces de concertarse para reducir drásticamente la producción de gases de efecto invernadero propiciados por la industria que produce a base de combustibles fósiles; los hidrocarburos deben ser sustituidas por energías limpias. Por lo pronto, no está ocurriendo así.

II. Orígenes de los problemas de ingobernabilidad y del concepto en la ciencia política.

En principio los problemas que interfieren con un “buen gobierno” han existido siempre, desde que apareció el Estado. Pero cada época tiene los suyos propios. Nos referiremos aquí, al tema de la gobernabilidad-ingobernabilidad a partir de la segunda mitad de la pasada centuria y en el presente siglo XXI.

Hay una primera distinción que es preciso hacer entre los términos de “gobernabilidad” y “Gobernanza”. Ambos conceptos están relacionados con el vocablo inglés de “Governance”. Sin embargo, no son sinónimos, ya que el concepto de “gobernabilidad” se refiere más precisamente al término de “gobernability”, que es un concepto más restringido, como veremos; mientras tanto, el de “governance” se traduce solo por el término que refiere al concepto más amplio de “gobernanza”.

El término más restringido de gobernabilidad entraña algunos indicadores de carácter más formal del estado democrático, a los que hicimos mención en el artículo anterior, tales como: la estabilidad de las instituciones y la funcionalidad de estas para acuerpar la toma y procesamiento de las decisiones políticas; la continuidad de las reglas institucionales; supone además un procesamiento más corto entre las demandas de la sociedad (“inputs” en la jerga funcionalista) y los resultados de las decisiones políticas (“outputs”); todo lo anterior permitiría a una sociedad organizada, un nivel de “madurez” para asumir responsabilidades y gobernar correctamente.

Suele establecerse el origen de una “crisis de gobernabilidad” en el mundo occidental, desde una acepción neo marxista como aquel en el que se produce un quebrantamiento de los patrones de acumulación del sistema capitalista de tipo keynesiano que desembocó en la “crisis del Estado de Bienestar”, acaecido alrededor de 1970 en uno de sus ciclos de decaimiento. (Cfr. Márquez Castro, R. “¿Gobernabilidad vs ingobernabilidad en el siglo XXI?” versión digital: biblioteca.clacso.edu.ar abril,2003)

No obstante, las acepciones sobre “gobernabilidad” son variadas y dependen de la definición de objetivos y prácticas de cada uno de los actores involucrados. Pero, inmediatamente nos dice el politólogo Manuel Alcántara: “Aunque no haya un acuerdo o una visión común con respecto a la forma o metodología [entre las distintas corrientes] la gobernabilidad obliga a cuestionar un funcionamiento institucional, político y social en un territorio.” (Cfr. Alcántara, Manuel. “Gobernabilidad, Crisis y Cambio.” Madrid: Centro de estudios Constitucionales, 1994. Véase también, Alcántara Sáez, M. (1995) “Gobernabilidad, Democracia y Cambios. Elementos para el estudio de la Gobernabilidad de los Sistemas Políticos en época de crisis y cambio.” México. Fondo de Cultura Económica.Y, Crespo, Ismael. “Los límites de la Consolidación Democrática en América Latina.” Salamanca: Universidad de Salamanca, 1995).

Respecto de las diferentes tendencias de pensamiento, destacamos las siguientes: citamos con anterioridad, por un lado, las corrientes del neo marxismo; una de ellas ve las crisis de gobernabilidad originadas por la crisis fiscal del capitalismo, a su vez, resultado de las contradicciones entre los países capitalistas avanzados y la democracia. James O´Connor es uno de los exponentes principales de esta corriente. La otra, está representada por Jürgen Habermas y Claus Offe, quienes se centran en los problemas de legitimación del capitalismo tardío.

Por otra parte, tenemos las orientaciones opuestas a los neo marxistas, entre ellas: 1. La que representa Daniel Bell, quien se refirió a la ingobernabilidad como una consecuencia de la sobrecarga de demandas que obliga al Estado a responder con un intervencionismo expansivo, produciendo una crisis fiscal. 2.Michel Crozier, francés, Samuel J. Huntington, estadounidense, y Joji Watanuki, japonés, elaboraron el informe para la Comisión Trilateral en 1975. Las conclusiones fueron que existían cuatro tendencias que generaban disfunciones en el sistema democrático:

2.1. La deslegitimación de la autoridad y pérdida de confianza en el liderazgo, que son consecuencias de la idea de igualdad y del individualismo; ambas, virtudes del sistema democrático

2.2. Los efectos de la sobrecarga en la actividad de gobierno por la expansión de la participación política y el desarrollo febril de las actividades estatales.

2.3. La fragmentación de los partidos políticos y la pérdida de identidad de estos debido a la intensa competencia partidista.

2.4. El surgimiento de pautas fuertemente localistas en la política exterior, pues las sociedades se volvían nacionalistas.

“En la década de 1980 -señala Alcántara- se incorporó el pensamiento neoliberal al análisis politológico. Los economistas políticamente conservadores criticaron el Keynesianismo por su mala relación teórica con la democracia. Partían del criterio de que la situación de ingobernabilidad era una mezcla inestable entre democracia y economía, lo que generaba inflación: se confrontaban sindicatos y votantes a los gobiernos pues veían al Estado como un botín de servicios. Esto desembocó en el Consenso de Washington, una solución para los países menos industrializados.

En la década de 1990 el término comenzó a ser utilizado por las clases políticas y por diferentes organismos internacionales. La búsqueda de la gobernabilidad sustituyó a la de la consolidación democrática. La gobernabilidad se intentaba lograr con unos procedimientos simples tales como el apoyo legislativo al ejecutivo o la ausencia de trabas sistemáticas que malograsen la eficacia de las políticas públicas…” (Cfr, Ibidem)

Finalmente, señala el autor, la visión Convencional. Expresa que: “Es una visión verticalista. Plantea la gobernabilidad como ejercicio del poder desde el Estado, las resoluciones de problemas se resuelven desde el Estado… [el cual] toma sus decisiones tomando a la gente como objeto de sus políticas. Su legitimidad deriva de las elecciones populares, pero la gente no es artífice de su gobernabilidad. Para la visión convencional, el problema de la gobernabilidad es el resultado de una sobrecarga del Estado. Entre los autores convencionalistas están Tomassini (1994), Rojas (1994) y Coppedge (1994), entre otros.” (Cfr. Alcántara Sáez, M. “De la Reforma Política en Nuevas Democracias: Aspectos Sistémicos e Institucionales y Calidad de la Democracia.” Versión digital. https://www.casadellibro.com Fecha de lanzamiento: 01/01/2005, )

III. La Gobernanza.

La acepción de la gobernabilidad claramente deja por fuera algunas consideraciones cualitativas del funcionamiento de una democracia, como son: en primer término, mencionamos la participación ciudadana en la gestión estatal como un nuevo elemento sustancial para hacer viable la convivencia democrática. Se trata de potenciar en una nueva dimensión a la sociedad civil en coparticipación con el gobierno y otros actores privados para impulsar las políticas públicas. En esta postura, afirman politólogos como Alcántara que, la “gobernabilidad” no se excluye como un concepto útil para consolidar procesos democráticos, pero depende de la “gobernanza”. La “gobernanza” supone entonces una mayor madurez política en una sociedad organizada y apunta a su capacidad para que se asuman responsabilidades de manera compartida, tanto en la implementación de decisiones como en el “arte de gobernar correctamente”.

De conformidad con lo anterior, la gobernanza es un concepto más amplio y a la vez más reciente en la ciencia política que, se basa en cuatro principios fundamentales: responsabilidad, transparencia, estado de derecho y participación. Insisto, los términos no son excluyentes sino complementarios. Sobre todo, teniendo en cuenta el trabajo de los politólogos Xavier Arbós y Salvador Giner que, desde mi óptica, expresan una visión más comprensiva de la “gobernabilidad”, ya que ponen el acento en que, esta se puede expresar como instituciones de gobierno que son o deben ser tanto eficaces como legítimas, lo que coadyuva a que el poder ejecutivo actúe con mayor solvencia y libertad, contando con “la obediencia cívica del pueblo”. La gobernabilidad sería vista como: “…la cualidad de una comunidad política, según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio, de un modo considerado legítimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del poder ejecutivo mediante la obediencia cívica el pueblo.” (Cfr. Arbós, X. y Giner, S. (1993). “La Gobernabilidad, Ciudadanía y Democracia en la Encrucijada Mundial.” Ed. Siglo XXI, Madrid.)

Esta manera de enfocar el problema, mal podía disimular que la preocupación central desde una perspectiva neoconservadora de la crisis del capitalismo occidental en los sesentas y setentas, consistió en buscar la forma de atenuar las crisis y contradicciones (control del conflicto) en que se debatía el sistema capitalista en su conjunto, otorgándole al estado y dentro de este al poder ejecutivo, la potestad de accionar “desde arriba” (“contando con la obediencia cívica del pueblo”), para enfrentar las demandas diversas de los actores sociales con eficacia, a fin de no perder legitimidad. Se trataba de enfrentar la crisis entre la democracia y el capitalismo, en una ecuación compleja en la que, entre más poder contara el estado para resolver los conflictos del sistema con eficacia, más se limitaba el régimen de libertades de la democracia liberal afectando así su legitimidad. Después de los planteos conservadores de los teóricos de la Trilateral, no se rebasaron en mucho sus análisis, aunque se hubiesen reconocido una diversidad de dimensiones que intervienen en los análisis de la gobernabilidad, incluso ahora tomando en cuenta las particularidades de las sociedades subdesarrolladas.

Ante estas limitaciones del concepto y los análisis politológicos, en las décadas posteriores, se comienzan a tomar en cuenta las cuestiones sociales como factores centrales en los programas de reestructuración económica encaminados al logro del desarrollo económico. Es en este contexto en que aparecen los conceptos de “gobernabilidad democrática” y “gobernanza”, referidos a la capacidad de los gobiernos de impulsar el desarrollo económico con “transparencia”, “rendición de cuentas”, y “participación ciudadana”.

En resumidas cuentas, como dice Jeffry Sachs, la buena gobernanza, implica un compromiso con el desarrollo sostenible y debe regirse como mínimo por los principios de responsabilidad para que las empresas respondan por sus actos, la transparencia para dar a conocer las acciones y comportamientos, evitando secretismos y evadir responsabilidades. Es también un compromiso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), lo que significa desglosándolo, la adopción de parte de los líderes políticos de un programa consistente con la reducción de la pobreza, pobreza extrema y, por sobre todo, con la disminución de la desigualdad social. Complementaria e imprescindiblemente, se trata de un estado en el que se respeten los derechos humanos, el estado de derecho, el derecho al desarrollo humano, el compromiso de mejorar constantemente las instituciones y los procesos democráticos.

Compartido con SURCOS por el autor.

Sala Constitucional confirma que Proyecto de Empleo Público es un Frankenstein político

Escrito en 07/08/2021. Publicado en Derechos, Trabajo.

SURCOS comparte la siguiente información:

De buenas a primeras, se puede afirmar que el bloque político hegemónico subió una seria derrota, que francamente les va a costar mucho revertir.

El voto del Tribunal contiene una declaratoria de inconstitucionalidad de más de una treintena de artículos del Proyecto Ley Marco de Empleo Público, que no es cualquier cosa. Pero no sólo es por la cantidad de normas que fueron declaradas inconstitucionales, sino, además, porque el voto trastocó el contenido esencial del proyecto.

El eje central del proyecto, la gobernanza absoluta del empleo público que se le atribuye a MIDEPLAN, sufrió el inapelable reproche de constitucionalidad.

El núcleo duro de la desafortunada iniciativa legislativa, concerniente al menoscabo de la independencia del Poder Judicial, las autonomías de las universidades públicas, las municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social, sencillamente, no pasó la prueba de constitucionalidad.

El voto también declaró que el artículo 6 del proyecto, que regula la gobernanza totalitaria y autocrática de MIDEPLAN, no resulta aplicable porque «somete la CCSS

a la potestad de dirección del Poder Ejecutivo»; que fue uno de los aspectos que la representación de UNDECA, de manera enfática, denunció en las audiencias en las que participamos en la Asamblea Legislativa.

Además, el voto dispuso que la Caja no está sometida a las directrices, reglamentos y disposiciones de MIDEPLAN (declaratoria de inconstitucionalidad del segundo párrafo del inciso a) del artículo 0), y que resulta inconstitucional la aplicación de las normas del sistema de reclutamiento y selección del personal del proyecto.

No queda la menor duda que la Sala Constitucional le está dando la razón en estos temas a los sindicatos, lo cual ocultan maliciosamente los medios de comunicación, que promovieron toda una campaña de odio contra las y los empleados públicos.

El Frankenstein regresará a la Asamblea Legislativa, pegado a un respirador, con destino directo a una Unidad de Cuidados Intensivos.

Repetimos, la oligarquía que pretendió imponer un Estado de facto, a contrapelo de nuestra Constitución Política, salió sangrada, con heridas severas y profundas.

Nos mantendremos enérgicos, oponiéndonos y combatiendo lo que aún queda de este descuartizado proyecto, que, no obstante, todavía sigue estando en la agenda salvaje de la clase política neoliberal.

UNDECA hace un llamado a continuar firmes en la lucha, para sepultar, en definitiva, este proyecto que se vuelve contra el Estado Social y Democrático.

San José, 02 de agosto 2021.

Compartido con SURCOS por UNDECA.

Derechos Humanos y gobernanza para el fortalecimiento de la democracia

Escrito en 01/07/2021. Publicado en Derechos.

La Cátedra Constitución, Sufragio y Fortalecimiento Institucional tiene el gusto de invitarles a la sexta actividad del 2021, el miércoles 7 de julio a las 6:00 p.m. Esta será transmitida en vivo por el Facebook Live de Surcos o puede acompañarnos por la plataforma Zoom, solamente debe ingresar al siguiente enlace: https://udecr.zoom.us/j/88509694632?pwd=QkphN3RocDJxWFpLQWZzZWVJQ1hrUT09

ID de reunión: 885 0969 4632

Código de acceso: 578218

Compartido con SURCOS por Ana Mariela Castro Ávila.

Coalición para el Cambio

Escrito en 26/06/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Con este nombre se ha anunciado la participación de dos partidos políticos, Alianza Demócrata Cristiana y el Liberal Progresista, que se presentarán unidos, bajo la forma de una coalición, que llevará el nombre de COALICIÓN PARA EL CAMBIO, con una bandera combinada con los colores azul y anaranjado.

Las coaliciones políticas son una oportunidad que brinda la legislación electoral para que dos o más partidos puedan unirse, sin perder cada uno su identidad, en una tercera opción con otro nombre, como en este caso “Coalición para el Cambio”.

Es una manera de unir fuerzas electorales, por pequeñas que sean, para mejores opciones de participación y de ganar procesos electorales, como ha sucedido en tres ocasiones en el país, en 1958, cuando triunfó Mario Echandi Jiménez, en 1966, cuando José Joaquín Trejos Fernández derrotó a Daniel Oduber Quirós y en 1978, cuando Rodrigo Carazo se hizo con la Presidencia de la República. La sola unidad en una coalición da una idea de mayor tamaño.

Históricamente hemos tenido las siguientes experiencias de coaliciones políticas.

En las elecciones de 1953 participaron solo dos partidos políticos sin ninguna coalición, ganando la Presidencia de la República José Figueres Ferrer, con 64.71%.

En las elecciones de 1958 se unieron los partidos Unión Nacional y el Republicano Nacional, triunfando con un 46. 42 % de votación, Mario Echandi Jiménez.

En las elecciones de 1962 participaron 4 partidos sin ninguna coalición, ganando la elección Francisco Orlich Bolmarcich con 50.29%.

En las elecciones de 1966, en un ambiente muy tenso, con solo dos candidatos, la oposición a Liberación Nacional se organizó con la coalición Unificación Nacional, que postuló a José Joaquín Trejos Fernández, quien obtuvo el 50.48% de la votación. La Unificación nacional reunió a los partidos Republicano Nacional y el Unión Nacional.

En las elecciones de 1970 participaron 9 partidos políticos sin ninguna coalición, obteniendo el triunfo José Figueres Ferre con 54.79%.

En las elecciones de 1974, participaron 12 partidos, entre ellos el primer partido cristiano no católico, Alianza Nacional Cristiana, que impulsó una coalición, de tres partidos que al final se redujo a dos, el Unión Popular que se plegó al de Rodrigo Carazo, Renovación Democrática, ganando la Presidencia de la República Daniel Oduber, con un 43.44%.

En las elecciones de 1978 participaron 15 partidos, entre ellos dos coaliciones, la UNIDAD y Pueblo Unido. La Unidad reunió los partidos Renovación Democrática, Unión Popular, Demócrata Cristiano, Republicano Calderonista, y Unión Nacional. Por su parte, Pueblo Unido fue la primera coalición de partidos de izquierda después de la Guerra Civil de 1948, y luego de que en 1975 se eliminaran las trabas legales para que participaran partidos de izquierda en elecciones. Pueblo Unido reunió a Vanguardia Popular, al Socialista Costarricense y al Movimiento Revolucionario del Pueblo, ganando las elecciones Rodrigo Carazo con 50.51%.

En las elecciones de 1982 participan seis partidos políticos, dos de ellos en coaliciones, la UNIDAD y Pueblo Unido nuevamente, ganando las elecciones Luis Alberto Monge, con 58.80%. La Unidad en este caso reunió a los partidos Unión Popular, Democracia Cristiana y Republicano Calderonista.

En el gobierno de Luis Alberto Monge los partidos que constituían la Coalición Unidad se fusionaron dando origen, desde entonces, al Partido Unidad Social Cristiana.

Cuando los partidos se fusionan desaparecen haciendo surgir la nueva organización. En las coaliciones mantienen su independencia orgánica partidaria, y existen como coaliciones solo para efectos electorales.

En las elecciones de 1986 participaron 13 partidos políticos, manteniéndose la coalición Pueblo Unido. En esta ganó la Presidencia de la República Oscar Arias Sánchez con 52.34%.

En las elecciones de 1990 participaron 14 partidos, manteniéndose la coalición Pueblo Unido. Ganó la Presidencia de la República Rafael Ángel Calderón Fournier, con 51.51%.

En las elecciones de 1994 participaron 15 partidos sin ninguna coalición, ganando la Presidencia José María Figueres Olsen con 49.62%.

En las elecciones de 1998 participaron 13 partidos sin ninguna coalición, ganando la Presidencia de la República Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, con un 46.96%.

En las elecciones del 2002 participaron 13 partidos, entre ellos la coalición Cambio 2000, que incluyó al Socialista Costarricense, Pueblo Unido y al Acción Democrática Alajuelense. Ganó la Presidencia Abel Pacheco con 38.58% en una segunda vuelta electoral.

En las elecciones del 2006 participaron 14 partidos políticos, entre ellos una coalición, Izquierda Unida, que reunió a los partidos Movimiento Autónomo del Pueblo Unido (MAPU), Movimiento de Trabajadores y Campesinos, partido provincial limonense, Partido del Pueblo Costarricense, el Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT), el Socialista de los Trabajadores y Vanguardia Popular. Ganó las elecciones Oscar Arias Sánchez con 40.92%.

En las elecciones del 2010 participaron nueve partidos políticos sin ninguna coalición, ganando la Presidencia de la República, Laura Chinchilla Miranda, primera mujer en asumir la Presidencia de la República, con un 46.91%.

En las elecciones del 2014 participaron 13 partidos políticos, sin ninguna coalición, ganando la Presidencia de la República, en segunda vuelta electoral, Luis Guillermo Solís Rivera, con 30.64%.

En las últimas elecciones del 2018 participaron 13 partidos políticos sin ninguna coalición, ganando la Presidencia de la República Carlos Alvarado Quesada, en segunda vuelta electoral, con 21% de votos.

De 17 procesos electorales desde 1953 hasta el 2018 ha habido coaliciones en 10 procesos, 1958, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 2002 y 2006, y en tres de ellos han ganado las elecciones, 1958, 1966 y 1978.

Desde el 2010 no se presenta ninguna coalición nacional. De allí la importancia que han anunciado Mario Redondo y Eli Feinzaig, de constituir esta Coalición Alianza para el Cambio, para las próximas elecciones del 2022.

Soy de la idea que la cultura y la práctica política nacional debe avanzar hacia coaliciones más desarrolladas y compactas, alrededor de Programas Políticos sólidos y de doctrinas, teorías e ideologías políticas compartidas, o en su lugar, de partidos más poderos y grandes, que permitan mejorar la administración pública.

Desde hace tiempo lo he venido señalando como una posibilidad de lograr mejores acuerdos políticos nacionales para una mejor gobernabilidad o gobernanza. Sé que no es fácil avanzar en esa línea. Muchos pequeños intereses, más personales, que políticos se cruzan para evitar las coaliciones.

En las coaliciones se tienen que ceder espacios de figuración y de posibilidades de elección. Mezquindades políticas, prejuicios políticos, vanidades `personales y egos hiper inflados impiden muchas veces constituir estos esfuerzos unitarios. Para ello se requiere madurez y cultura política, sensatez, sentido de la realidad, inteligencia emocional política, visión nacional, seguridad en sí mismos, tolerancia sólida de reconocerse y unirse en las diferencias, en saber que lo más importante es lo que une y no lo que divide, que sobre las diferencias está la unidad en la acción. Es distinguir lo principal político de lo accesorio, de saber unir, sumar y multiplicar más que restar y dividir en política. Diversidad de opinión con Unidad de acción es lo que distingue una buena coalición.

La coalición lograda en esta etapa del proceso electoral por Mario Redondo y Eli Feinzaig, por su naturaleza reúne esas condiciones, de estos dos políticos, inteligencia, sensatez, intereses comunes alrededor de las propuestas que trabajan como oferta de Gobierno, equipos de trabajo alrededor de una plataforma común.

Mario Redondo es de tradición socialcristiana, primero del Partido Unidad Social Cristiana y luego de un partido cristiano no católico, quien fuera Presidente de la Asamblea Legislativa y uno de los más distinguidos diputados que ha habido cuando le ha tocado desempeñarse en esa Tribuna del Pueblo. Con serenidad política ha aceptado aliarse a Eli Feinzaig en este proyecto común siendo Eli por formación económica un Liberal, que a sí mismo se considera Progresista y desarrolla su liberalismo progresista como una corriente atractiva, en política y en economía, sin amenazar violentamente la organización del Estado Social de Derecho que se ha venido construyendo desde 1943, hoy bastante golpeado por los sectores ultraliberales que campean por toda la institucionalidad política nacional, en incrustados en todos los partidos que han venido gobernando.

Desde el punto de vista religioso Eli, de tradición judía, y Mario, desde el cristianismo no católico, son igualmente una amalgama de respeto y tolerancia especial de resaltar.

La posibilidad de una coalición como la que impulsaba Miguel Ángel Rodríguez con la Unidad Social Cristiana como motor, la mataron en la Asamblea Nacional de ese partido Pedro Muñoz y los suyos, sin entender la inteligente posición de Miguel Ángel, en ese sentido, y sin tener la profundidad de miras del Presidente Rodríguez, que llegó a proponer una coalición centro humanista como terminó llamándola, o en la misma visión, procurando una coalición, como lo propició Rafael Ángel Calderón, con su partido como vértice de una posible coalición de centro derecha, como originalmente la llamó, y la siguió intentando hacer con Rodrigo Chaves Robles, el exministro de Hacienda de este Gobierno del PAC, cometiendo el error de tenerlo no como un verdadero aliado sino como un monigote que asomar, motivo por el cual le fracasó el esfuerzo unitario que impulsaba.

Por su parte, Rodrigo Chaves, a todos los efectos, es una mezcla más que de liberalismo puro, por haber trabajado en organismos internacionales, detestados por la izquierda, de distintos matices de corrientes socialdemócratas, según se puede desprender de sus opiniones sobre diversos problemas nacionales.

En mi opinión hay que ponerle atención al planteamiento liberal progresista de Eli Feinzaig, en general, como al de Rodrigo Chaves para atacar ciertos males nacionales.

En el campo liberal son trasnochados, para mí, los liberales que se mantienen atrincherados en el viejo Movimiento Libertario, que ya no es la bandera de Otto Guevara ni de Federico Malavassi, ni de Natalia Díaz Quintana.

Otto y Federico en su campo, nos gusten o no, han sido buenos diputados, saben hacer su trabajo. Natalia es de otro estilo. Ella sola no va a tener espacio donde relucir, con tantas alternativas liberales. por lo demás, en este momento, está más concentrada en su trabajo profesional que en el político, donde pretende presentarse solita con su partido “Unidos Podemos”.

Los grupos cristianos no católicos van separados sin posibilidad de unirse con Fabricio Alvarado, que ya anunció su plancha presidencial y toda la lista de diputados, aprobados por su Asamblea Nacional, lo que significa que va solo. En el anuncio de su propuesta de candidatos dio el primer golpe. Anunció a todos los 57 diputados, retando con ello a todos los partidos a que hagan lo mismo. Todos los 57 candidatos son profesionales, con estudios universitarios. Aprendió la lección de escogencia de diputados. Otro reto para todos los partidos políticos, la nominación y escogencia de sus diputados.

Los cristianos no católicos al margen del partido Nueva República, de Fabricio Alvarado Muñoz, pareciera que están muy desarticulados. Por ahora no se sienten en su organización electoral hacia el 2022.

La izquierda que ha tenido experiencias de coalición no apunta en esa dirección. En este momento no hay ni existen partidos de izquierda inscritos en posibilidad de coaligarse. No se puede hablar de coalición de grupos de personas, que no existen como partidos inscritos, alrededor de un partido que sí existe inscrito. En este caso es tan solo un llamado a votar por un partido.

Hay grupos y movimientos pequeños de ciudadanos de izquierda. Muy divididos entre sí. Todavía arrastran los dolores del parto que significó la división de la década de 1980. Tienen muchos resentimientos. Su heroico pasado histórico lo enfrentan y valoran de manera hipercrítica, exaltando más los errores, o lo que se consideran errores, que aquello que produce una gloria de reconocimiento en la Historia nacional. El peor de los defectos de estos militantes que andan sueltos orgánicamente es su sectarismo para tratar a otros militantes de izquierda, o personas de izquierda en general. Hay todavía quienes se sienten poseedores de la Verdad política absoluta con solo denominarse de izquierda o exmilitantes. Como decía Fidel Castro en la década de 1960, criticando algunos grupos de izquierda, que hay gente que se siente águila sin tener una sola pluma en su pecho.

La izquierda hoy, en el 2021, tiene que replantearse en todos sus aspectos. La izquierda es hoy un espectro más amplio que en 1980. La desintegración del Sistema Mundial Socialista no acabó con el socialismo ni con el comunismo, como teoría o doctrina política, ni siquiera como utopía política. Acabó con sistemas mal administrados, con prácticas corruptas de gobernabilidad, y con sistemas que no supieron organizarse con prácticas más democráticas de ejercicio de gobiernos, y de ejercicio de derechos y libertades.

Mientras existan los problemas de hambre, desempleo, de pobreza y pobreza extrema, de inequidades sociales y de brechas sociales cada vez más amplias, de mayor concentración de la riqueza, de menores oportunidades y posibilidades de ascensos sociales, de exclusión y marginación de sectores sociales, de destrucción y empobrecimiento de las clases medias, siempre habrá banderas socialistas y comunistas que levantar…y existirán quienes las levanten, por más utópicos o idealistas que parezcan.

El Frente Amplio es observado por estos grupos de manera muy crítica. El mismo Frente Amplio se percibe como un gran complejo de culpa de sus actuaciones. No exhibe por ahora banderas importantes atractivas para los electores. La defensa a ultranza que han hecho de los gobiernos y gobernantes de Nicaragua, y de la Venezuela cabello madurista, es su Talón de Aquiles, que no les ha contribuido a proyectar un modelo socialista para Costa Rica, si tienen por espejos a esos modelos mal llamados socialistas, que tienen prácticas de gobierno corruptas muy enraizadas.

Los esfuerzos unitarios convocados por el ex Secretario General de Vanguardia Popular, Lenin Chacón, en la búsqueda de una coalición, por ahora son gritos en un desierto. No tiene interlocutores válidos.

Estudiar a fondo la historia de Vanguardia Popular es una tarea política para las personas de izquierda que quieren revivirse en las luchas sociales y políticas de este momento.

Coalición para el Cambio como lo proponen Mario Redondo y Eli Feinzaig, es un concepto válido para todos los que quieran impulsar cambios en la Costa Rica actual.

Llaman la atención algunas de las personas que están apoyando a Mario y a Eli, gente preparada, profesionales destacados en sus campos. Con ellos están construyendo sus equipos de trabajo y de plan de Gobierno, entre otros, Fabián Volio Echeverría, Denis Meléndez, Alberto Trejos, Rafael Brenes, Randall Brenes, Juan Enrique Muñoz, Marcela Trejos, Erick Lonis, Gilberto Campos, Walter Niehaus y Laura Fernández.

No han definido aún candidaturas. Alguno de ellos, seguramente, Mario o Eli irá encabezando la papeleta presidencial. Podrían ir los dos, a la vez encabezando provincias, Cartago y San José, como candidatos a diputados, acompañados, de la misma forma, y en la misma fórmula presidencial, de Laura Fernández, gran conocedora del engranaje político institucional, asesora parlamentaria, excelente cuadro político.

Por ahora valoro positivamente este esfuerzo de Mario Redondo y Eli Feinzaig. Es un ejemplo de lo que se puede hacer.

Sindicalismo y Gobernanza

Escrito en 22/06/2021. Publicado en Derechos, Trabajo.

Por el 50 aniversario del Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica se invita al Foro nacional: “Sindicalismo y Gobernanza”, se contará con la participación de:

Carlos Molina
sc. Mauricio Ramírez Núñez

También se transmitirá por medio de Facebook live del Sindicato Nacional de Periodistas, de CTRN Costa Rica

Enviado a SURCOS por Gerardo Chavarría.

Consejos universitarios advierten sobre posibles impactos de Ley de Empleo Público

Escrito en 19/02/2021. Publicado en Derechos.

Zaida Siles Rojas

SURCOS comparte la siguiente información:

Mediante un Pronunciamiento emitido este miércoles 17 de febrero, los consejos universitarios de las universidades estatales alertaron a la comunidad universitaria y nacional sobre los posibles impactos sociales, políticos y económicos que el Proyecto de Ley marco de empleo público puede generar en la institucionalidad, la gobernanza y la sociedad costarricense, así como de los vicios de inconstitucionalidad que presenta esa iniciativa que discute la Asamblea Legislativa.

El documento está suscrito por quienes ocupan las direcciones de estos órganos colegiados de la Universidad de Nacional, la Universidad Estatal a Distancia, la Universidad de Costa Rica, del Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Técnica Nacional.

El pronunciamiento advierte que este proyecto de ley desconoce la complejidad de la gestión pública y la importancia de mecanismos democráticos para el funcionamiento del Estado de Derecho y que, además de violentar el marco legal existente, desestima los mecanismos de concertación democrática y genera condiciones de conflictividad social y política.

Agregaron que esta reforma al empleo público pretende homogenizar los perfiles de puestos y condiciones de ingreso, así como el régimen remunerativo, a partir de un desconocimiento de la especificidad de las responsabilidades y la dinámica propia del servicio que prestan las distintas instituciones y los Poderes de la República.

Señalaron que el proyecto no presenta datos sobre el posible ahorro que alcanzaría con el salario único, y que contiene vicios de constitucionalidad al contradecir las potestades que ha brindado la Constitución Política a institucionales tales como las universidades públicas, las municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Por otra parte, “vulnera los derechos fundamentales derivados de la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la no discriminación”.

“Los criterios de eficiencia y eficacia económica no deben imponerse sobre el mayor bienestar a todos los habitantes del país, así como sobre el ‘más adecuado reparto de la riqueza’, como lo establece la Constitución Política en su artículo 50. Sin embargo, el Proyecto de Ley marco de empleo público busca limitar los alcances sociales del Estado y la participación política de los trabajadores, lo cual puede generar una mayor precarización del empleo público, pérdida de profesionales competentes y ensanchamiento de la brecha de la desigualdad; todo esto desde un Estado cada vez más débil y un sistema de salarios que no posee poder competitivo ni adquisitivo a futuro”, destaca el documento.

“Las universidades estatales somos herederas de una visión de Estado inclusivo, solidario y democrático, de esta manera, conscientes de que nuestras acciones del presente marcarán indeleblemente el futuro de las próximas generaciones, más allá de la crisis fiscal y los efectos adversos de la pandemia, repudiamos todas aquellas iniciativas de ley y reformas sustentadas en líneas de pensamiento ligeras, intereses cortoplacistas y mercantilistas que, so pretexto de contribuir al fortalecimiento de dicho modelo estatal, menoscaban ferozmente una institucionalidad visionaria que procuraba la supresión de toda forma de desigualdad, la defensa de los derechos inalienables de los pueblos y la promoción de un desarrollo económico sustentado en el principio de solidaridad, al cual todos y todas debemos contribuir para su consolidación”.

Referencias Bibliográficas:

Siles, Z. (18 de febrero, 2020). Consejos universitarios advierten sobre posibles impactos de ley de empleo público. Consejo Universitario. UCR. Recuperado de https://www.cu.ucr.ac.cr/inicio/noticias/noticia/Articulo/consejos-universitarios-advierten-sobre-posibles-impactos-de-ley-de-empleo-publico.html

Gobernanza en la crisis del COVID-19 – OPNA – conferencia

Escrito en 16/07/2020. Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

El Observatorio de la Política Nacional (OPNA) y en conjunto con la Escuela de Ciencias Políticas a través del programa «Ventanas a la Política Nacional» le invita a la conferencia: «Gobernanza en la crisis del COVID-19: la pandemia como amplificador» a cargo del Dr. Felipe Alpízar, a realizarse el jueves 16 de julio a partir de las 5:00 p.m., a través del canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UClHECxOtdSVbSty1srIlrlg

Si quisiera enviar sus preguntas al Dr. Alpízar, puede hacerlo al correo electrónico: OBSERVATORIO.POLITICANACIONAL@ucr.ac.cr o bien, hacerlas durante la actividad.

Importante reforma constitucional se aprobó el lunes

Escrito en 24/06/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El pasado lunes el presidente Carlos Alvarado Quesada firmó una importante reforma constitucional, que favorecerá la gobernabilidad o gobernanza nacional, y dará mayor impulso a las gestiones que el Poder Ejecutivo proponga al iniciar cada gobierno.

Se trata de la reforma constitucional relacionada con las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de trabajo del Poder Legislativo, de cada Legislatura.

Las Legislaturas son los períodos anuales de trabajo parlamentario que inician cada primero de mayo y terminan todos los 30 de abril. Así la gestión de un Gobierno o de una Administración política se divide en cuatro legislaturas. Por ejemplo, ahora estamos en la tercera Legislatura del Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, desde el 1 de mayo del 2020 hasta el 30 de abril del 2021. La cuarta Legislatura es la que inicia el 1 de mayo del 2021 y termina con su gobierno, y da paso a la primera Legislatura del próximo gobierno, que iniciará el 1 de mayo, cuando se instale el nuevo Poder Legislativo, y el 8 de mayo del 2022, cuando asumen los nuevos diputados y el nuevo Gobierno electos en febrero, o abril del 2022.

Estas Legislaturas se dividen en sesiones ordinarias y extraordinarias, de seis meses cada una, pero de meses alternativos, así en la práctica constitucional venía funcionando que el primero de mayo, de cada año, empezaba un período de tres meses de sesiones ordinarias, que terminaba el 31 de julio, iniciaba uno de sesiones extraordinarias durante todo el mes de agosto, seguía otro de sesiones ordinarias desde el primero de setiembre al 30 de noviembre para cerrar el ciclo, con sesiones extraordinarias desde el 1 de diciembre hasta el 30 de abril.

En las Sesiones Ordinarias son los diputados y sus partidos, incluido el de gobierno, el que tiene la iniciativa de ley. Esto significa que son ellos y solo ellos los que pueden proponer Proyectos de Ley a conocimiento de los diputados, y en las sesiones extraordinarias, son las que la iniciativa de ley le corresponde al Poder Ejecutivo, lo que significa que en estas Sesiones solo el Poder ejecutivo puede proponer Proyectos de Ley, a conocimiento y trámite parlamentario de los diputados.

Si el Poder Ejecutivo no envía Proyectos de Ley la Asamblea Legislativa no funciona, porque para estas Sesiones Extraordinarias, es el Presidente el que las convoca oficialmente con la agenda de proyectos que le interesa se conozcan.

Si en trámite parlamentario de Sesiones Extraordinarias el Poder Ejecutivo retira los proyectos, automáticamente se suspenden las sesiones de trabajo legislativo de los diputados. Dos ejemplos fáciles de recordar asociados a grandes luchas sociales y populares. Cuando el 24 de abril de 1970 la Asamblea Legislativa aprobó el Contrato de la ALCOA, esa misma noche el Presidente Trejos Fernández retiró todos los Proyectos Ley en trámite con la intención de suspender las sesiones y desmovilizar a los estudiantes y pueblo que estábamos en la calle, y quitarle presión popular a la Asamblea Legislativa. El otro fue cuando se produjo la discusión del COMBO del ICE, en la Semana Santa de 2000. Se aprobaron las reformas e inmediatamente se suspendieron los trámites legislativos por retiro de los Proyectos de Ley, esa misma noche, lo que no impidió que la lucha se mantuviera por tres semanas en las calles, hasta, que en este caso, se impuso la voluntad popular y se procedió de deshacer poco a poco lo que se había aprobada ese día Santo.

La forma como estaba estructurado este sistema de sesiones legislativa no ayudaba mucho al proceso democrático electoral nacional, ni contribuía a su fortalecimiento, debido a que al triunfar un partido político en la campaña electoral en febrero, e iniciar el nuevo gobierno en mayo, se encontraba el nuevo gobierno y el Presidente electo, con que en mayo no podía impulsar ningún Proyecto de Ley asociado su reciente triunfo y a lo que el Presidente y su partido habían agitado en la campaña electoral como parte de sus promesas electorales y de sus planes futuros de gobierno. Y al fallar en este cometido ello contribuía a deslegitimar la elección misma y a perder confianza en el gobernante, y su partido, porque no cumplían con lo ofrecido unas semanas atrás, durante la campaña electoral. Y solo tendrían oportunidad de hacer algo en ese sentido a partir de diciembre, cuando iniciaban las sesiones extraordinarias de cinco meses seguidos, pero ya de manera tardía. ¿Por qué? Porque habían transcurrido desde mayo a diciembre siete meses y la vida política imponía, nuevos temas, nuevos problemas y nueva agenda legislativa, y lo ofrecido en la campaña electoral pasaba a segundo término del Gobierno, y estaba en segundo, tercer o cuarto término del control político que ejercen los diputados sobre la gestión de Gobierno. Si uno sigue el llamado “control político” que hacen los diputados, raras veces, pero excepcionalmente raras, los diputados hacer “control político” sobre lo ofrecido por el partido gobernante el Presidente, ya electo y en funciones, sobre sus incumplimientos de campaña electoral. Lo que se impone es la inmediatez de los asuntos políticos y de gestión pública administrativa. Esto es válido para todos los gobiernos hasta ahora.

En la Comisión de Notables, que instaló la Presidenta Laura Chinchilla, yo sugerí y propuse esta inversión de sesiones parlamentarias, pero agrupándolas en dos grandes períodos de seis meses cada una, empezando por las Extraordinarias. Justo para tratar de resolver parte de estos problemas y darle mayor impulso al gobierno y al Presidente que inicia sus funciones.

El lunes pasado, finalmente, se ha avanzado en este sentido. La Asamblea Legislativa aprobó la Reforma Constitucional, y el Presidente ya la firmó, de invertir las sesiones para que cada mes de mayo se encuentre la Asamblea Legislativa iniciando con Sesiones Extraordinarias, desde el primero de mayo hasta el 31 de julio. Digo se ha avanzado porque no aprobaron los períodos concentrados de seis meses para cada grupo de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, tan solo invirtieron el proceso, pero ya es algo.

Esta Reforma Constitucional empezará a funcionar el próximo mes de mayo, de manera que en su fase transitoria, habrá Sesiones Extraordinarias desde el 1 de diciembre hasta el 30 de abril, e inicia, por la actual Reforma, el nuevo período de Sesiones Extraordinarias el 1 de mayo hasta 31 de julio. Aquí, como el Gato Pardo, todo cambia para seguir igual, solo que en la transición 2020-2021, el Gobierno tendrá unas Extraordinarias largas desde el 1 de diciembre del 2020 hasta el 31 de julio del 2021, que será su mayor empujón como Gobierno y como partido gobernante hacia la campaña electoral del 2022.

Obviamente, el que se favorecerá en el futuro 2022 es el nuevo Gobierno con lo que pueda impulsar, de inmediato, a la asunción del Gobierno en paralelo con lo que se ofrezca en la campaña electoral.

Aún con la limitación que señalo del mantenimiento fraccionado en 4 partes de las Sesiones Legislativas, celebro y aplaudo la Reforma al Artículo 116 Constitucional. Con esta Reforma será más fácil avanzar después a la de dos grandes períodos sesiones de seis meses cada una. Esa queda pendiente, pero ya es algo positivo.

La gobernanza de las relaciones laborales en la pandemia

Escrito en 26/04/2020. Publicado en Análisis, Trabajo.

“Ojalá que el virus nos haga salir de la caverna, la oscuridad y las sombras” (E. LLedó)

Manuel Hernández

La proscripción de la participación de los sindicatos y la contribución normativa del subgrupo de trabajo de la Mesa de Infraestructura Productiva

1.– El tema y objeto de esta entrega

Ahora que las autoridades del Ministerio de Salud esperan hacer un giro de tuerca y flexibilizar las medidas sanitarias, tendiente a normalizar la actividad productiva y “un retomar organizado” y controlado de las actividades comerciales, que prometedoramente se anticipó que se anunciará el lunes de la próxima semana, en la infaltable y aséptica conferencia de prensa del medio día, cuya primicia ha generado mucha expectativa, es pertinente y oportuno, después de más de un mes de aciaga pandemia, tratar de hacer un intento jurídico, que es mi trinchera, de análisis y caracterización del manejo de la gobernanza de las relaciones laborales, en estos tiempos tan difíciles e inciertos.

2.– La importancia y urgencia del diálogo social

La cuestión tiene que ver con la importancia y urgencia del diálogo social, la participación de los agentes sociales y la intervención de los órganos paritarios o tripartitos radicados en nuestro ordenamiento, en materia relaciones laborales, prevención y protección de la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

La OIT estableció en el Marco de las políticas de lucha contra el COVID-19, que el Diálogo Social constituye uno de los pilares fundamentales, dirigido a fortalecer la negociación colectiva, las instituciones y los mecanismos de relaciones laborales.

Desde luego que el asunto tiene que ver, en definitiva, con la gobernanza democrática de las relaciones de trabajo.

3.- Algunas experiencias internacionales de gobernanza laboral

Pero antes de cumplir mi objetivo, no deja de ser relevante, aunque sea de manera muy general, reseñar la experiencia de algunos países de Europa y América Latina, en los cuales los agentes económicos, pero no sólo los productivos, sino también los agentes sociales, han tenido una significativa participación en la determinación conjunta de la protección del empleo, los salarios y la salud de las y los trabajadores, hasta donde políticamente ha sido posible.

En algunos de estos países, incluido Argentina, se llegó hasta la prohibición del despido, por motivos de fuerza mayor o causas económicas relacionadas con la pandemia del covit-19.

En Italia, por ejemplo, los sindicatos CGIL, CISL y UIL pactaron con la patronal un acuerdo de 13 puntos, que contiene medidas para proteger la seguridad y salud de los trabajadores (control de ingreso al centro trabajo, limpieza y saneamiento de locales de trabajo, precauciones higiénicas, uso de mascarilla y guantes, vestuarios, tiempos de entrada y salidas escalonados, comité de aplicación del protocolo, entre otras).

En España, los principales sindicatos de trabajadores (CCOO Y UGT) y la patronal (CEPYME Y CEOE), desde el principio de la pandemia, celebraron un sustantivo acuerdo que contiene un conjunto de medidas extraordinarias para abordar la problemática laboral generada por el coronavirus.

Ahora que varios países de Europa llegaron al punto alto o pico y se está aplanando la famosa curva, con lamentable pérdida de tantas vidas humanas, la negociación colectiva tiende a volcarse y priorizar en la definición de las condiciones y medidas laborales atinentes a la vuelta de la reactivación de la actividad económica y normalización del funcionamiento del aparato productivo, garantizándose el papel activo de los sindicatos, como tiene que ser en un ordenamiento democrático, en el diseño de protocolos, control y cumplimiento de las medidas de protección de las y los trabajadores.

La discusión está enfocada en la consecución de un equilibrio, hasta donde sea posible pactarlo, entre la protección de las y los trabajadores y la regularización de la actividad productiva.

En Uruguay, en el ámbito del comercio y la industria de la construcción se han celebrado importantes arreglos. El sindicato de la construcción SUNCA pactó con la Cámara de la Construcción un acuerdo que establece las condiciones del retorno de operaciones de esta actividad y las medidas de protección y seguridad de los trabajadores para mitigar el contagio.[1]

No deja de ser interesante un acuerdo global que pactó esta misma semana, la Confederación Sindical Internacional (CSI), IndustriALL y la Organización Internacional de Empleadores (OIE), cuyo objetivo es construir un espacio para el desarrollo de medidas dirigidas a proteger los ingresos de los trabajadores de la industria de la moda y las empresas integradas en la cadena mundial de producción y suministros, con la finalidad de mitigar los efectos del COVID-19.

A este acuerdo se han adherido fuertes empresas del sector, como Inditex, C§A, Adidas, Primark, Bestseller, Tchibo, Zalando y otras.

4.- La gobernanza de las relaciones laborales en Costa Rica en el escenario de la crisis sanitaria

Mientras en otras latitudes se ha venido gobernando así las relaciones laborales, ciertamente en un escenario inédito, complejo y dinámico, marcado de tensiones entre los intereses patronales y los trabajadores, entre el poder de dirección del patrono y la autonomía colectiva, en nuestro país, el manejo de la crisis ha sido radicalmente no sólo distinto, sino diametralmente opuesto.

El tratamiento político de la emergencia sanitaria se ha caracterizado por una gobernanza unilateral de las relaciones laborales –mejor dicho, relativamente unilateral, por el motivo que se expone en el próximo acápite-, cuya nota más relevante consiste en la exclusión total de la participación de los sindicatos, pero no sólo de los sindicatos, sino además, en la eliminación de los foros institucionales establecidos en nuestro ordenamiento, particularmente en materia de salud ocupacional.

5.– Las medidas laborales de emergencia

Hagamos un ligero repaso de las medidas laborales más significativas, tratando de enfocarnos, no tanto en su contenido, que ya abordé en varios artículos precedentes[2], sino más bien centrándonos en la forma en que se instrumentaron esas medidas, prácticamente sin ninguna resistencia.

Los invito a que realicemos una rápida revista de las principales medidas de carácter laboral impuestas.

La ley que licenció la reducción de la jornada de trabajo, por voluntad unilateral del patrono, con la consecuente disminución proporcional hasta de un 75% de los salarios, se aprobó a expensas de un procedimiento legislativo, fast track y a la carta, a instancia del Poder Ejecutivo, sin que se concediera ninguna instancia de participación a los sindicatos.

La creativa y generosa normativa reglamentaria promulgada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, estableció un mecanismo ultra rápido y unilateral de suspensión de los contratos y reducción de las jornadas de trabajo, que se estableció también sin conceder, por lo menos, audiencia previa a los sindicatos.

Pero hasta aquí no llega esta política de Estado de corte unilateralista.

6.- La defenestración de los órganos tripartitos y paritarios en salud ocupacional

Cómo si lo anterior no fuera poco, el Consejo de Salud Ocupacional (CSO) ha sido confinado a una participación simbólica, prácticamente sustituido por un grupo ad hoc de trabajo institucional, con participación del sector privado, que de facto asumió la rectoría de la salud ocupacional.

Las comisiones de salud ocupacional, que por mandato de ley deben funcionar en todas las empresas e instituciones, integradas paritariamente por representantes del patrono y trabajadores, fueron inutilizadas, bloqueadas, que sólo están a la espera que algún samaritano les retire el respirador mecánico, que les conectaron desde que empezó la pandemia.

7.- El cogobierno de los empresarios y patronos

Toda esta política sistemática de interdicción de la Libertad Sindical, la negociación colectiva, la exclusión de la participación de los sindicatos y la defenestración del órgano tripartito (CSO) y los bipartitos en materia de salud ocupacional, contrasta ostentosamente con el co-gobierno y la participación hegemónica del sindicato patronal UCCAEP.

Este sindicato corporativo asumió un rol conductor y determinante en la emisión de aquella ignominiosa ley de rebajo de jornadas, en la reglamentación inconsulta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con base en la cual, como he dicho en artículos anteriores, las autorizaciones administrativas de suspensión de los contratos y reducción de jornada de trabajo, se editan masivamente como rotativos de periódicos impresos.

Ya llevamos al hilo, de acuerdo con el corte de la Inspección de Trabajo, de 20 del mes en curso, cuya misión es -por contrario a lo que ha hecho- velar por los derechos de trabajadores, más de 39.000 personas trabajadoras, con contratos “temporalmente” suspendidos y más de 71.000 a quienes se les redujo la jornada de trabajo y los salarios.

La suspensión “temporal” de los contratos de trabajo, hasta por un período de tres meses, prorrogables por un período igual, configuran materialmente despidos encubiertos, que han sido cohonestados por esa normativa de muy dudosa constitucionalidad y legalidad, para favorecer los intereses del empresariado costarricense y transnacional.

8.- El grupo de trabajo de la Mesa de Infraestructura Productiva: el golpe de facto al CSO y las comisiones de salud ocupacional

Pero en esta entrega, para ir cerrando, quiero concentrarme en un tema, que me permito llamar poderosamente la atención de las y los lectores, ampliamente desconocido, que no podría dejar pasar inadvertido, expresión de esa política de Estado de carácter unilateral y antisindical.

En el seno de la Mesa de Infraestructura Productiva se aprobó la “Guía para la prevención, mitigación y construcción del negocio para la pandemia COVIT-19 en los Centros de Trabajo”.

Esta guía define los lineamientos generales orientados al empresariado, para que implemente las medidas de prevención de salud de los trabajadores, desde la lógica la continuidad de las operaciones de las empresas.

La guía fue elaborada por esa instancia, integrada exclusivamente por varias autoridades institucionales, representantes y asesores del sector privado.

La guía comprende tres áreas: recurso humano, implementación de protocolos y condiciones de trabajo.

El instrumento es bastante extenso del cual se pueden inferir las siguientes conclusiones:

En primer lugar, fue elaborado por un grupo de trabajo, con representantes del sector privado, que excluyó totalmente la participación de los representantes de las y los trabajadores.

La guía contiene medidas concernientes a las condiciones de trabajo, implementación de protocolos, obligaciones que deben cumplir las y los trabajadores y otros aspectos relacionados con el recurso humano, que son del interés natural de la clase trabajadora; por lo que resulta totalmente insólito que ese instrumento se haya construido privándose a la representación de los trabajadores toda clase de intervención.

No puede ser que un grupo institucional, conjuntamente con representantes del sector privado, regule esta importantísima materia, de la mayor trascendencia de la clase trabajadora, dejando por fuera a las representaciones sindicales.

La segunda conclusión a la que uno puede llegar es que las medidas de protección de los trabajadores quedan subordinadas a las necesidades prevalecientes de preservación del tejido empresarial y la continuidad de operación de las empresas: “orientar al empresariado costarricense hacia una cultura de prevención en sus centros de trabajo, desde una lógica de continuidad del negocio.”

Es decir, se privilegia el interés económico y productivo de las empresas, sacrificando el interés público fundamental de tutela de la vida y salud de los y las trabajadoras.

Esto es sumamente grave, pero responde a esa “lógica” empresarial que privilegia las ganancias del capital, a costa de los intereses supremos de la clase trabajadora.

En tercer lugar, lo cual no es menos grave, las competencias que por ley le corresponden al Consejo de Salud Ocupacional, fueron asumidas por ese grupo de trabajo, que con participación de autoridades del Ministerio de Trabajo y otras instancias institucionales, consintieron que esas atribuciones se las arrogara, contra legem, ese grupo de trabajo con participación determinante y exclusiva del sector privado.

9.- Un virus contagioso de la democracia

En conclusión, la gobernanza de las relaciones laborales se ha manejado de manera unilateral, a merced de un ejercicio autoritario del poder político, al mejor estilo neoliberal, al que ya, a fuerza de tanta normativa heterónoma, nos quieren acostumbrar.

El coronavirus pareciera que convenientemente está hecho a la medida de los grandes intereses económicos del empresariado y sus interlocutores políticos, que se aprovechan de la pandemia para reforzar todavía más su sistema de dominación política y económica.

El profesor Cas Mude, autor del libro “La extrema derecha de hoy”, (Polity Press, 2019) a propósito de las medidas extraordinarias que el Gobierno de EEUU aprobó a raíz del 11 de setiembre de 2001, se planteó tres preguntas, que resulta legítimo hoy rescatar y testearlas a la aplicación de aquellas medidas laborales de emergencia:

¿cuál es la contribución efectiva y real que tienen esas medidas en la lucha contra el coronavirus?,

¿cuáles son las consecuencias que tienen para la democracia?, y por último:

¿cuándo serán abolidas?

No existe la menor duda que el coronavirus plantea un serio desafío para el sistema democrático.

26/04/2020

Imagen: https://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/ataque-cibernetico-como-protegerte-con-ia

[1] El acuerdo firmado el 12 de abril, establece, entre otras estipulaciones, que los trabajadores que no tengan acceso al subsidio por enfermedad, durante la cuarentena tienen derecho a 16.377 pesos, los trabajadores con enfermedades preexistentes a una partida de 23.822 pesos mensuales, hasta por un máximo de 2 meses, incluidos aquellos trabajadores mayores de 65 años que no tengan acceso al susidio por enfermedad. El protocolo pactado estipula que el personal que trabaje en cuadrillas debe mantenerse a una distancia mínima de un metro, la obligatoriedad del uso de la mascarilla, que las herramientas deben estar desinfectadas previo a su uso, rutinas de lavado de manos, focalizarse únicamente en el lugar de trabajo de trabajo de la cuadrilla, entre otras.

[2] Pueden consultarse de mi autoría los siguientes artículos acerca del contenido de las medidas laborales de emergencia: La distribución de los riesgos laborales, sociales y económicos de la pandemia, La participación autónoma y orgánica de las personas trabajadoras en la lucha contra la pandemia, Dos rutas políticas muy diferentes para mitigar la situación de las personas trabajadoras, Trabajo doméstico remunerado, Reducción de la jornada laboral y suspensión contractual, Suspensión exprés y a la carta de los contratos de trabajo, Neoliberalismo en tiempos de pandemia, El procedimiento extraordinario de suspensión de los contratos de trabajo, y Pandemia y suspensión de los contratos de trabajo (2020).