Detuvimos quebrador aguas arriba del puente sobre el río Guacimal
Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua | Cuando las comunidades nos movemos, podemos alcanzar algo de justicia ambiental para la naturaleza y nuestros intereses comunes. Desde el año 2018, quienes defendemos el agua tomamos la decisión de colaborar para defender el río Guacimal contra dos quebradores que amenazaban la fuente de agua del acueducto de Judas de Chomes.
En las reuniones de la Alianza, la Asociación Administradora del Acueducto (ASADA) de Judas comunicó su preocupación sobre el impacto de los dos proyectos mineros que pretendía explotar la empresa Inversiones Pétreas Ríos Guacimal S.A. a lo largo de 4 kilómetros dentro del cauce de este importante río.
Hay que recordar que el cauce del río Guacimal resguarda las aguas subterráneas que abastecen a los acueductos de Judas, pero también alimenta a los pozos del pueblo de Chomes. La Alianza está conformada por pobladores de distritos de Guacimal, Chomes y Manzanillo de Puntarenas, y actuamos en la defensa de las fuentes de agua de la zona.
Estudios ambientales incompletos
La Consultora Ambiental Guayacán S.A. ya había presentado el Estudio de Impacto Ambiental en el expediente 11279-13 del CDP Río Guacimal Abajo. Nos dimos a la tarea de analizar los estudios y se descubrieron varias inconsistencias, limitaciones en la aplicación de métodos científicos y faltantes de información.
Cuestionamos cuatro temas: los impactos acumulados sobre aguas subterráneas y posible afectación del pozo del acueducto comunal; impacto sobre el caudal por alteración del cauce y sedimentación en suspenso continuo; el impacto biológico no explicado en sus estudios incompletos; y cómo afirmaban que había viabilidad social si los vecinos que entrevistaron estaban en contra de los proyectos.
A partir de nuestra participación en el análisis ambiental, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) le pidió a la empresa presentar más información hidrogeológica y responder a todos nuestros cuestionamientos en un plazo de tres meses. Algo que no hicieron hasta vencido el tiempo, un año después, y de forma incompleta.
Por lo anterior, SETENA procedió a archivar el expediente en la resolución número 010-2022 del 7 de enero, cancelándoles el trámite del proyecto. El desarrollador no tuvo forma de apelar la orden de archivo del expediente, por lo que los primeros dos kilómetros del puente hacia arriba quedarán liberados del trámite de concesión para explotación del cauce.
Sigamos cosechando triunfos comunales
Por ahora celebramos el triunfo sobre el CDP Río Guacimal Abajo. Hemos detenido el trámite de una amenaza directa sobre el agua de la comunidad de Judas. Motivamos para que la comunidad nos apoye en seguir defendiendo el río Guacimal, que es nuestro patrimonio natural: un espacio para el disfrute sano de todas las personas y para el desarrollo de la biodiversidad.
La Alianza de Comunidades continuará defendiendo los ríos de la zona. Creemos en la construcción de una democracia participativa, en donde las organizaciones defendamos el interés común y los derechos ambientales de nuestro territorio. Sólo con participación consciente y activa habrá justicia en el desarrollo de proyectos, para que los intereses particulares no afecten al patrimonio de las comunidades.
El One&Only Papagayo es un megaproyecto que pretende seguir cargando con más actividad humana al hermoso golfo de Papagayo. FECON no está a favor de este tipo de megaproyectos, porque consideramos que el turismo debe ser social y ambientalmente justo, distribuyendo los beneficios entre las comunidades y no concentrándolos en manos de grandes capitales extranjeros.
Desde nuestra perspectiva, no cumple con el perfil de un proyecto justo y ambientalmente sustentable. Es una inversión para un turismo de élite, excluyente, que no ofrece oportunidades reales a las comunidades locales. Más bien consideramos que ha sido ofrecido irresponsablemente a los inversionistas sin saber si tiene viabilidad en el contexto actual de la zona.
FECON tiene muchos argumentos para no estar de acuerdo con este tipo de desarrollo excluyente que se implementa en Guanacaste. La experiencia de las comunidades locales con el megaturismo no ha sido buena. La pobreza se ha mantenido creciente al lado de las zonas hoteleras y la desigualdad ha aumentado. Por eso explicamos por qué este proyecto no solucionará los problemas de la zona.
La política de Estado respecto a la Zona Marítimo Terrestre está mal. Ha sido un desastre a nivel social y ambiental. Como resultado ya tenemos playas altamente contaminadas y ecológicamente amenazadas por el desarrollo desregulado y el desinterés institucional en garantizar un turismo verdaderamente en armónico con las características ecológicas del territorio en el que se instala.
El modelo de desarrollo en Dubai, de donde proviene la inversión propuesta, no es un ejemplo de manejo ambiental responsable, sino todo lo contrario. Aparte de bombos y platillos por la construcción de un mega-hotel, no se habla de un concepto de sostenibilidad (porque es imposible que lo tenga), sino de un hotel 7 estrellas, lo que tiene muchas implicaciones.
Así como se habla de prácticas amigables con el ambiente, sabemos que muchos desarrollistas han llegado a Guanacaste con una visión desinteresada en los impactos ambientales de sus negocios. Muchas personas locales han denunciado la destrucción y depredación de los recursos costeros. A algunos inversionistas sólo les importa apoderarse de los bellos paisajes costeros a cualquier costo ambiental y este proyecto no será la excepción.
Desarrolladores e instituciones fingen ceguera ante la afectación de los ciclos ecológicos de especies que dependen del equilibrio marino-costero o de la interconectividad de ecosistemas terrestres que arrasan los desarrollos inmobiliarios como este. El crecimiento inmobiliario, actualmente sin verdadero control, elimina a gran escala importantísimos remanentes de bosque seco (altamente vulnerable a desaparecer) en las áreas costeras. También se sabe que algunos desarrollos inmobiliarios han borrado y hasta extraído ilegalmente patrimonio arqueológico de los sitios donde operan, ante la ausencia institucional.
En Guanacaste el megaturismo ha significado la destrucción del tejido social de las comunidades y el desplazamiento de las personas locales de los espacios de más valor paisajístico y recreativo. Hay una marcada exclusión económica de los pueblos en beneficio del turismo y este proyecto no va a ser la excepción.
Proyectos de este tipo han profundizado el abandono institucional de las poblaciones costeras originales, que finalmente quedan a merced de lo que hacen o dejan de hacer los inversores privados. Las decisiones públicas quedan sometidas a los intereses privados. Hay que conversar con la gente de las comunidades para saber todo esto que está pasando hoy en muchos lugares.
Agua privatizada
Los desarrollos de Papagayo ya son ejemplo de insostenibilidad en el consumo de agua. Con megaproyectos como el One&Only se continúa concentrando en pocas manos los limitados recursos hídricos de Guanacaste. Los acuíferos son vulnerables y en estos complejos turísticos se consume el agua a gran escala.
Los pueblos de Guanacaste no juegan al golf ni se bañan en piscinas, pero una cancha de golf, piscinas y la carga turística diaria de hasta mil personas en este complejo turístico podrían consumir perfectamente la misma agua que necesita toda la población actual del distrito de Nacascolo, donde se pretende construir.
Recordamos que por sostener altos flujos de turismo en esta zona, sin los estudios técnicos y científicos previos, ya se han desgastado y salinizado acuíferos como el de Playa Panamá. Y con este proyecto de One&Only, hasta ahora no ha habido información pública sobre los fundamentos técnicos que garanticen la viabilidad del megaproyecto, solo el anuncio de la inversión. Recordemos que algo parecido pasó con Crucitas y El Diquis, anunciados como panaceas sin tener los estudios que respaldan su viabilidad ambiental.
Hoy hay pueblos guanacastecos que padecen por la carencia de agua potable y servicios de calidad. Su derecho humano está siendo violado. Mientras que hoteles y condominios privados toman control de las ASADAS y se auto-otorgan permisos para servirse de las fuentes de agua vulnerables de la zona sin estudios que respalden. Los inversores extranjeros se enriquecen en este momento con el control ilegal y la concentración inmoral del agua de los guanacastecos.
Con todo esto que sabemos por la cercanía de FECON con organizaciones locales guanacastecas, concluimos que, más que concesiones, en la costa de Guanacaste se establecen enclaves que privatizan la Zona Marítimo Terrestre de Costa Rica sin importarles gran cosa el futuro de las comunidades locales.
Para los extranjeros, si el agua se acaba pueden irse, no sin antes haber multiplicado sus riquezas a través del turismo de lujo. Pero los pueblos no tendrán la misma opción cuando estén sin agua y sigan en condición de pobreza, porque el megaturismo no ha resuelto este problema crónico en la provincia.
Negociaciones antidemocráticas
El negocio del megaturismo ha demostrado moverse a través de negociaciones poco transparentes entre desarrolladores, municipalidades y demás instituciones. Eso desencadena los conflictos con las comunidades que son excluidas de los planes de desarrollo, porque al final sólo se negocia en altos niveles y se le vende a la gente el trillado discurso de los empleos.
Los Gobiernos sólo ofrecen megaturismo y no tienen otras opciones económicas para las comunidades ni tienen ideas de los intereses reales de la gente. Nos preguntamos ¿Habrán consultado a alguien de las comunidades impactadas directa o indirectamente? De seguro no, pero sabemos que será un buen negocio para la industria de la construcción.
Al final los pueblos guanacastecos son despojados del acceso público a las playas cuando proyectos privados de alta gama se instalan. El hotel 7 estrellas toma su zona y controla su parte de playa para que sus clientes no tengan molestias fuera del control de sus guardas. Es el mismo turismo privatizador que vemos hoy en Guanacaste y con el que no podemos estar de acuerdo.
No podemos estar de acuerdo con la política antidemocráctica del gobierno de ir por el mundo ofreciendo a grandes capitales extranjeros venir a invertir en megaproyectos en nuestro país, sin dar a conocer las condiciones y fundamentos para hacer este tipo de negociación. Eso lo hacen porque no tienen planes reales de desarrollo inclusivo y equitativo para las comunidades guanacastecas. Sólo aumentarán la desigualdad y eso está en contra de nuestros valores como organización.
Lo último y no menos importante, es decir que necesitamos escuchar lo que piensan y ven cada día muchas comunidades que están silenciadas y afectadas por la imposición del megaturismo, que amenaza con arrebatarnos muchas otras playas de Guanacaste, que por principio deberían ser de libre acceso para la recreación sana de todos los costarricenses.
FECON está comprometido en dar la lucha con los pueblos costeros por un futuro seguro, económicamente justo, donde se respeten todos los derechos y el Estado garantice bienestar real. One&Only Papagayo, reiteramos, no es una solución a ningún problema de los que enfrenta Guanacaste, solo continúa la ruta de la privatización.
El Alcalde de Desamparados y candidato del PLN a diputado, Gilberth Jiménez Siles, recientemente publicó un espacio pagado en el medio LS Digital (https://fb.watch/aPYOdjZt7Y/ ), que raya en la más absoluta demagogia, mentira e ignorancia técnica, que comprobamos con algunas de sus frases.
“Minae ha rechazado el estudio de factibilidad para poder llevar a cabo la perforación de un pozo y oigalo (sic) donde iba a ser la planta gasificadora en Abejonal de León Cortés”. Esto demuestra un total desconocimiento y una inaceptable ignorancia por negligencia, pues no es el “MINAE”, si no la Dirección de Aguas del MINAE la que resuelve sobre un “permiso de perforación” y no sobre ninguna “factibilidad”. Al parecer, el Alcalde se lanzó sin ni siquiera haber leído el oficio DA-2050-2021.
Dice el Alcalde: “donde iba a ser la planta gasificadora” y “Con esto se da por concluido un proceso que nos tenía con gran preocupación, con gran incertidumbre y por supuesto que nos ocupábamos”. Es evidente que al Alcalde le sobran ignorancia técnica y falta de estudio. Esa resolución no “da por concluido” nada, pues son otras intancias las que resuelven en definitiva (Para más explicación: https://wp.me/p6rfbZ-h9d y https://www.facebook.com/319641188239974/posts/1907041042833306/ ).
En la misma línea agrega: “Hoy con gran satisfacción podemos decir que no es viable una planta gasificadora en Los Santos, en León Cortés, en Abejonal”. En realidad el Alcalde no tiene ningún derecho a decir nada, ni a sentir satisfacción, porque nunca ha tenido participación, y menos ayudado a quienes desde hace casi una década hemos frenado la gasificadora. Además, oculta que ese proyecto ha contado con el apoyo directo o solapado de la Administración municipal de León Cortés, que es de su mismo partido político.
Cuando el Alcalde dice “Tenemos que proteger nuestros mantos acuíferos” y” Gracias a todos los que nos han apoyado y los que también han hecho consciencia en proteger el medio ambiente”, muestra una hipocresía inusual, pues durante muchísimos años ha estado en contra y boicoteando a las comunidades y organizaciones sociales que luchan por salvar la Loma de Salitral en Desamparados. Y precisamente la Municipalidad ha sido el centro de esa disputa.
Esperamos que la inteligencia individual y colectiva del pueblo de San José, y sobre todo de los cantones que siempre hemos luchado contra la gasificadora (y muchos más proyectos), sin el apoyo de su Partido Liberación Nacional, impidan que este demagogo e ignorante, llegue a la Asamblea Legislativa, donde posiblemente magnificará su nefasto accionar.
Osvaldo Durán-Castro Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON
Un golpe letal recibió el proyecto de gasificación de residuos que la empresa Agropecuaria 7048 quiere construir en Los Santos, con la Resolución de la Dirección de Aguas del MINAE, que le negó el permiso de perforación de un pozo para abastecerse de agua. Como se pudo comprobar, el sitio de la solicitud está dentro del área de protección de la naciente de la ASADA de Frailes de Desamparados. Anteriormente, otras ASADAS se habían negado a compartir su agua de uso comunitario con el proyecto privado de gasificación, y por eso la empresa intentó apropiarse del agua de Frailes.
Los riesgos para el agua de las comunidades han sido advertidos reiteradamente por la oposición a la gasificación, pero hasta ahora se obtuvo un veredicto de tanto peso para proteger el agua. El proyecto de gasificación que amenaza el agua, a los ecosistemas de la región, a todas las actividades agrícolas, productivas y de servicios, como el turismo, ha contado con el respaldo de la Administración municipal de León Cortés, que hasta ahora sigue desconociendo la oposición comunitaria y llegó a declararse “neutral”.
En el considerando quinto de la Resolución DA-2050-2021 se indica que “una vez realizado el análisis correspondiente se encontró que el punto de perforación se encuentra dentro los 200 metros de retiro de la Fuente N-5 inscrita a nombre de la ASADA de Frailes, expediente 1488-R, por lo que se incumple el artículo 31 de la Ley de Aguas”. La Dirección de Aguas del MINAE repite que, según la Ley de Aguas No. 276 del 26 de agosto de 1942, “Artículo 31.- Se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación: a) Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio”.
Para las organizaciones sociales, empresas y personas de León Cortés, Tarrazú, Dota y Frailes de Desamparados, que por más de 7 años hemos mantenido oposición a las iniciativas de incineración y gasificación en Los Santos, queda confirmado que la empresa Agropecuaria 7048 sigue siendo totalmente irresponsable ya que pretendía una perforación “para uso consumo humano (doméstico- industrial) industrial (planta gasificadora de residuos sólidos municipales”, sin importar que el sitio está dentro del área de protección de una naciente, lo cual es verificable a simple vista. También, es claro que esta resolución es una casual más para el archivo definitivo del expediente de la gasificadora por parte de la Secretaría técnica nacional del ambiente (SETENA), petición que ya hicimos con base en las numerosas y severas debilidades técnicas del Estudio de impacto ambiental del proyecto, y la ausencia total de viabilidad social.
En el último documento de información para las comunidades emitido por el Grupo Ecologista León Cortés, la Asociación PROAL y la Federación Ecologista de Costa Rica/FECON: “GASIFICACIÓN EN LOS SANTOS. OPOSICIÓN DESDE LAS COMUNIDADES”, se explicó que en el área donde la empresa Agropecuaria 7048 pretende construir la planta gasificadora, hay varias nacientes inscritas ante la Dirección de Aguas pues son de consumo humano en varias comunidades.
Se explica, con base en el análisis del geógrafo Efrén Hernández Bonilla que “el cerro El Abejonal y sus alrededores presentan una topografía caracterizada por ser una zona montañosa con pendientes muy pronunciadas. Esto ocasiona que cualquier actividad constructiva e industrial que se realice en la zona alta, va tener una repercusión directa sobre cultivos y bosques en las áreas más bajas. Por eso es que la naciente de la ASADA de Frailes es una de la que está en mayor riesgo, y la empresa nunca aportó medidas técnicas claras y eficientes en el plan de Gestión Ambiental presentado en el Estudio de Impacto Ambiental…”.
Frailes es una de las comunidades que más acciones de oposición ha realizado desde que el proyecto se dio a conocer como “planta incineradora de basura”, y hasta la fecha se siguen realizando concurridas sesiones de información y organización para detener la construcción de la gasificadora, que es la nueva versión de la empresa. De acuerdo con Marco Antonio Calderón Quirós, Presidente de la ASADA de Frailes, el pasado 7 de setiembre de 2021 en reunión con AyA, confirmaron el peligro de la pretensión de la empresa y de inmediato interpusieron la denuncia en la plataforma SITADA. Ante la resolución el dirigente comunal indicó que “nos alienta porque estamos ganando una batalla y nos damos cuenta de cómo debemos proteger el agua y su área de recarga”. Para las comunidades “es muy bueno que el MINAE nos de la razón y nos ponga atención en esta lucha por el agua, que también favorece la creación de la nueva área silvestre protegida”, en los cerros El Abejonal, La Trinidad y La Roca que abastecen de agua a Frailes y otras comunidades como San Antonio y La Angostura en León Cortés y otras de Tarrazú.
Esa resolución DA-2050-2021 es fundamental para evitar la construcción de la gasificadora, pero es además resulta un nuevo y claro llamado de atención a toda la población ante “prácticas agrícolas que incluyen tala, anillado, envenenamiento de árboles y socolado o limpieza del sotobosque para sustituirlo por cultivos agrícolas”, que se presentan en la región, incluida la Reserva Forestal Los Santos, como lo expusimos en una nota del Movimiento Quercus/Dota a la Asociación de Cafés Finos de Costa Rica y al Instituto del Café (ICAFE) el 03 de abril 2021. A modo de ejemplo: en los primeros 8 meses del 2019 de las denuncias tramitadas en la Fiscalía de Los Santos, 95 (un 70% del total) fueron delitos ambientales, que incluían invasiones para cambio de uso del suelo en bosques y áreas de recarga y de protección de nacientes y contaminación directa o indirecta con químicos; según datos aportados por el Ministerio Público y el MINAE-Los Santos. De hecho, en el cerro El Abejonal donde se quiere instalar la gasificadora, y en los cerros La Trinidad y La Roca, los cambios de uso de suelo, que muchas veces implican talas y otras formas de destrucción de la cobertura forestal, y otros delitos ambientales contra la vida silvestre, son prácticas comunes y pocas veces sancionadas.
La resolución de la Dirección de Aguas está fechada el 3 de diciembre de 2021 y fue notificada a la ASADA de Frailes el 25 de enero de 2022. La empresa había solicitado la perforación el 23 de setiembre de 2021 (Expediente 21652-P, Dirección de Aguas). Las comunidades de los cantones León Cortés, Tarrazú, Dota y Frailes de Desamparados, ahora mismo siguen implementando acciones de información y sustentando técnicamente nuevas oposiciones, mientras esperan las respuestas que en febrero 2022 la empresa debe presentar a la SETENA. De esas respuestas, según esa misma Secretaría, depende que se archive o no del expediente de la gasificadora.
Nuestro Planeta, Hogar Común para la Humanidad, hoy como nunca antes, enfrenta una destrucción sin límites de sus Recursos Naturales, y por ende, el imperio de la potencias industriales que establecen medidas para proteger y ahorrar los propios, mientras explotan los de nuestros países en su favor. El Cambio Climático; es decir, la muerte de nuestro planeta, nos incumbe a todos. Esto exige nuestro compromiso, y la obligación que Ustedes como Políticos aspirantes a la Primera Magistratura, adquieren para garantizarnos un país ejemplar ambientalmente que nos permita, no en el papel sino en los hechos, el BUEN VIVIR.
La Comunidad “Buen Vivir Costa Rica”, presente y activa en todo el territorio nacional, interpela respetuosa y públicamente, a todas las personas aspirantes a ocupar la presidencia del país a partir de las próximas elecciones.
Con preocupación notamos un vacío de temas ambientales en sus discursos, entrevistas, mesas redondas, publicaciones firmadas por ustedes y apariciones públicas. Por esta razón llamamos su atención y los conminamos a incluir y opinar acerca de los asuntos relacionados con el deterioro y el maltrato de la Madre Tierra; maltrato que incide directamente en la calidad de vida de nuestro Pueblo. La población de Costa Rica tiene el legítimo derecho de conocer sus posiciones y propuestas al respecto.
Estos asuntos son iguales, o incluso, más relevantes que los ejes económicos y sociales. Hoy está en juego la vida humana, la vida de muchas especies y la vida del planeta Tierra en su conjunto.
El sistema económico acumulativo, la industria de sobreproducción y el uso abusivo e indiscriminado de los recursos naturales, va en contra de la armonía con la Madre Tierra.
En Costa Rica, una vez llegado al Poder, durante años se ha incumplido con la ejecución de las propuestas programáticas planteadas en los planes de gobierno; supuestamente en favor de la Madre Tierra. Por ejemplo, en la administración 1994-1998, se derogan 18 artículos del Reglamento a la Ley de hidrocarburos; y en la administración 2006-2010 se declaró «de interés nacional» la destrucción del ecosistema en Crucitas; además del dragado del Río San Juan, que siendo una Cuenca Binacional debió contar con el aval de Costa Rica por su impacto ambiental en nuestro territorio.
Entre los temas prioritarios planteamos:
*La protección del agua como Bien Demanial del Estado y derecho humano.
*El calentamiento global y la crisis climática.
*La exploración y explotación de gas y la minería a cielo abierto.
*El uso de transgénicos y la protección de las semillas criollas.
*El uso de agrovenenos que afectan la salud humana, del agua y de los suelos. *Los monocultivos de piña, banano, palma africana, cítricos, café, melón y sandía, entre otros.
*La ganadería extensiva.
*La generación de Energía Geotérmica en Parques Nacionales.
*La soberanía alimentaria y el uso diversificado de la tierra.
*Las regulaciones para el transporte con hidrocarburos, público y privado.
*La protección de los Parques Nacionales y la asignación de su presupuesto.
*Las zonas protegidas, amenazadas por las embotelladoras de agua.
*La ausencia de Planes Reguladores que produce un desarrollo inmobiliario descontrolado.
*La industria y el consumo excesivo de plástico.
*La ausencia de la Educación Ambiental en nuestro Sistema Educativo.
Todos los temas mencionados están entrelazados de muchas maneras.
Es indispensable conocer la trayectoria y la posición de las candidaturas sobre estos temas, más allá de lo consignado en los programas de su partido.
Agradecemos su atención.
*Carlos Manuel Muñoz (Naranjo)
*Claudio Enrique Monge (San Isidro de Heredia) *Edison Valverde (Pasoancho)
Henry David Thoreau, filósofo trascendentalista, ecologista del siglo XIX, quien decía solo sentirse pleno viviendo en comunión íntima con la naturaleza, relativamente lo logró por dos años, refugiado en una pequeña cabaña en la ribera de la laguna Walden Pond, en el histórico Concord, Massachusetts. Sus otros 43 años le fueron, como a todos nosotros, “diseñados” por el entorno en que subsistimos LOS QUE VIVIMOS EN COMUNIDAD. Si se quiere, presos en comunidad. Y es que pretender una adecuada calidad de vida para nosotros, nuestras familias, y demás habitantes de una región o una nación, sin “tocar” la naturaleza, es una utopía que en un sueño idílico sería posible, pero que ante el peso de la realidad es imposible. Así ha sido desde que los predecesores del Homo sapiens empezaron a reunirse en las cavernas, obligados por las circunstancias, para subsistir. Por eso el que se considera precursor del ecologismo, el filósofo Thoreau, no tuvo más remedio que dedicarse a la fabricación de lápices de grafito, para subsistir. Igualmente, todos los individuos de nuestras sociedades, desde su nacimiento, no podemos más que ser cómplices de la huella de carbono que hasta una sencilla camiseta de algodón ha dejado tras de sí. Prenda común de algodón que al llegar a nuestras manos HA CONSUMIDO EN EL CAMINO UNOS DOS MIL LITROS DE AGUA. “Mejor no me hablen de ello”, dirán algunos para falsamente liberarse de la culpa, porque saben que no se trata solamente de una camiseta. Citamos a Thoreau, movidos por unos estimables comentarios en contra de la propuesta de EXTRAER EL ORO que se encuentra en el subsuelo en la localidad de Crucitas, bien al norte de la provincia de Alajuela. Por nuestra experiencia de muchos años trabajando en el área de la conservación y protección ambiental, recibimos con respeto, pero no podemos compartir los criterios de que tal riqueza aurífera, ha de quedarse allí enterrada para siempre (o mientras tanto…) porque “la naturaleza es sagrada”. Que más bien habría que buscar la manera de recuperar el bosque destruido en ese remoto lugar de Costa Rica. Que quizá, incluso, podría erigirse como un «atractivo turístico», algo así como «un museo» geológico en el que, extrañamente, no habría nada que exhibir. Y es que parece que lo dicen de buena fe, sin detenerse a pensar al menos un instante, en que esa riqueza perteneciente a todos los costarricenses, podría muy fácilmente CAER EN MANOS DE TRANSNACIONALES muy dispuestas a explotarla para su egoísta beneficio. Oro que todos conocen dónde se encuentra y que, con una injustificada modificación al Código de Minería, lo podríamos perder irremediablemente. Ante esa alternativa, invitamos muy respetuosamente a considerar la que creemos es más razonable. Como en toda evaluación ambiental, se trata de poner en una balanza los pesos y contrapesos: en un plato el impacto ambiental que el proyecto produciría (podría ser una carretera, por ejemplo) y en el otro, LOS BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS derivados del mismo, dentro de un contexto en que se consideran, por supuesto, las necesarias medidas de mitigación del impacto sobre el ambiente. En este caso, se trata de extraer el oro que tenemos en medio km2, muy degradado por cierto, de la totalidad del territorio nacional. Hablamos pues del 0,001% de una parte muy valiosa en recursos minerales de nuestro suelo. Explotación que, cabe aclarar de una vez, sería ejecutada POR EL ESTADO costarricense para su propio beneficio, por lo que no requiere siquiera derogar la prohibición legislativa que se aprobara hace una década en forma unánime, que impide otorgar concesiones obviamente a entes privados. El sustento y motivación de esa idea que habría de evolucionar a proyecto si fuere acogido por nuestros gobernantes, es la población creciente de Ciudadanos de Oro. Esos CIENTOS DE MILES DE VIEJITOS que ya antes de la pandemia que parece interminable, ocupaban más del 65% de las camas hospitalarias y espacios en los centros de atención primaria, que por más de un millar tiene la CCSS por todo el país, para los cuales ya son insuficientes los recursos financieros, materiales y humanos. En muy pocos años, dicha población superará el millón de personas, y aunque hasta los expertos de la OCDE han reconocido que será IMPOSIBLE PARA LA CAJA atender las necesidades sanitarias de quienes las demandarán inevitablemente, los mismos analistas NO pudieron identificar una sola fuente de financiamiento. Nosotros sí hemos hecho la propuesta financiera, aunque para ello hemos de “tocar” la Madre Tierra., en circunstancias tales que seguramente el admirado Thoreau aprobaría, así como los ambientalistas que lucen camisetas de algodón… que cuestan dos mil litros de agua. Como ilustración, ese medio km2 que se intervendría, corresponde a un área menor al del Parque Metropolitano de La Sabana. Es, en términos comparativos, un área insignificante que no está definida como área de conservación. Visto a través de una lupa de cristal fino, de esos que no distorsionan la imagen, se trata de una oportunidad, de una respuesta inteligente, de UNA SOLUCIÓN, a un gravísimo problema que tiene que ver con algo tan sensible como lo es el DOLOR HUMANO, el sufrimiento inmerecido de los que después de haberse sacrificado por Costa Rica y sus hijos, nietos, bisnietos y otros, demandan de una MANO AMOROSA para los últimos años de su vida terrenal. El desarrollo de UN SISTEMA HOSPITALARIO INTEGRAL, donde la medicina preventiva y el acompañamiento familiar sean parte importante, estaría garantizado con ese oro nuestro. El que hemos llamado HOSPITAL DEL ORO se regiría por esos principios. A diferencia de otros proyectos de indiscutible trascendencia, este bebé lleva «el bollo de pan bajo el brazo», como le escuchábamos decir a nuestro amado abuelito Juan León. No requiere de la venta de ninguna institución pública ni de ningún nuevo impuesto. Pero de lo que sí requiere es de la comprensión de los que prefieren usar una lupa que distorsiona las imágenes, en tal forma, que ven el Hospital del Oro cual si se tratara de un proyecto destructor de la naturaleza que se propone con fines electorales por quienes lo han acogido. A ellos, a los detractores, les pedimos, casi que les rogamos, que por lo menos no le pongan obstáculos en el sendero que, por fin, después de tres años del nacimiento de la idea, parece abrirse camino. ¡Démosle ese regalo a nuestros viejitos, a esos que usted y yo tenemos en nuestras familias!
La pequeña producción en general y la agrícola es altamente vulnerable a los efectos de crisis económicas, de la pandemia, situaciones de impacto ambiental, pobreza.
No obstante, los diferentes esfuerzos que realizaron en los últimos años, las organizaciones gremiales y de la sociedad civil, los pequeños productores no son prioridad en las políticas públicas, ni el accionar de las instituciones.
La agricultura campesina, a pesar de arrastrar una situación crítica desde antes de la pandemia y la situación de temor general de la llegada del virus a las comunidades, se ha continuado con la producción de alimentos que consumen las familias en zonas rurales y en lo urbana acudiendo a pequeñas huertas, confirmando el papel vital que desempeña en la seguridad alimentaria en las comunidades.
La pandemia está generando serias dificultades para la producción, mercados afectados por las restricciones sanitarias, cierre temporal de espacios comercialización o desaparición de algunos, caída en el consumo, niveles de pobreza y desempleo en aumento, por ende, la comercialización de los productos de la agricultura, viéndose afectados de forma particular los circuitos cortos de comercio.
Para responder a esta situación y defender los sistemas alimentarios, la productividad local, las organizaciones de la agricultura familiar, campesina y comunitaria están tratando de generar alternativas; estas iniciativas incluyen la elaboración de protocolos de sanitarios propios en los espacios de mercado, priorización del abastecimiento alimentario e incidencia en sus territorios para lograr que se mantengan las formas de producción y comercialización alternativas para llegar a los mercados territoriales y locales.
A toda esta situación se suma las políticas económicas que la actual administración ha tomado para superar las crisis económicas vivimos, ejemplo políticas fiscales que meten en mismo saco a grandes empresas y pequeñas donde estas últimas difícilmente pueden adaptarse dado los costos de implementar los requerimientos, normativas y no contar con políticas diferenciadas de atención, más bien los pocos programas que se tenían han sido suspendidos por las restricciones a raíz de la pandemia.
Concluimos en la urgente reflexión y reafirmación de lo que vivimos y entendemos como Economía Solidaria, de reforzar nuestras economías territoriales, obligados a defendernos, nos sentimos moral y políticamente responsables del futuro de nuestras familias.
Reflexión compartida con SURCOS por Carlos Hernández Porras.
Concejo Municipal pedirá explicaciones sobre alcance de proyecto de captación del manantial por parte del AyA
Señalan importancia de proteger el río La Fuente y atractivo turístico del balneario
Alertan sobre la situación a la Municipalidad de Alajuela y organizaciones de sociedad civil del distrito vecino de San Rafael
Oficina de prensa de Unión Belemita
Las preocupaciones en torno al proyecto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para aumentar la captación de mayores niveles de agua del manantial Ojo de Agua llegaron al Concejo Municipal de Belén
En moción aprobada por unanimidad en la sesión 28-2021 y que quedó en firme la noche del martes 18 de mayo, los ediles belemitas manifiestan sus dudas sobre el proyecto y solicitan información oficial al AyA y al MINAE sobre el impacto ambiental del mismo.
En el mismo acuerdo, el Concejo Municipal de Belén advierte de su preocupación a otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil del vecino distrito de San Rafael. La Municipalidad de Alajuela, la asociación de desarrollo integral de San Rafael y la Asada de San Rafael, esta última de especial importancia por ser la que ha trabajado durante años en la protección del río La Fuente.
La inquietud del Concejo Municipal no es para menos, tras darse a conocer el año pasado el Proyecto del AyA en medios de comunicación, la preocupación por el futuro ecológico del río La Fuente cobró realce, siendo que este río, que cuenta con el reconocimiento del programa bandera azul ecológica, podría ver afectado parte de su caudal, que proviene del lago del Ojo de Agua, mismo que se abastece del continuo correr de las aguas de las piscinas.
Río La Fuente.
Afectación al principal patrimonio turístico de Belén
Además, los belemitas temen el hecho de que, al dejar de correr el agua de las piscinas, el balneario pierda su atractivo turístico, repercutiendo así en la economía local que se ha visto influida por la presencia del balneario.
Para el regidor Ulises Araya, el AyA no ha sido suficientemente claro, dado que la única información conocida sobre este proyecto, ha sido revelada a través de medios de comunicación y no se dispone de mayor información sobre el impacto ambiental que se tendría. Además, el proyecto parte de una concepción antropocéntrica y por eso no se estaría contemplando el rebalse natural del manantial para asegurar la supervivencia del ecosistema del río La Fuente.
‘’El AyA afirma que captará en un primer momento el agua de las 5 pm a las 6 am y en una segunda etapa estaría captando toda el agua de manantial, dejando sin uno de sus principales afluentes al río La Fuente que ha existido aquí desde hace cientos o miles de años, esa es una visión altamente antropocéntrica, donde no importa la salud del ecosistema’’ afirmó Araya.
El proyecto del AyA
En una nota publicada en el diario La Nación, el AyA informó que se pretende bombear 150 litros de agua por segundo (l/s) de la captación del balneario y luego colocar 1,4 kilómetros de tuberías hasta la estación de bombeo de Puente de Mulas, en Belén en donde se captaría el líquido.
La entonces jerarca del AyA Yamileth Astorga, explicó que el agua atendería hogares en la zona Oeste del Gran Área Metropolitana, principalmente los Hatillos.
San Antonio de Belén, 22 de mayo del 2021
En el siguiente enlace se podrá encontrar la moción original aprobada por el Concejo Municipal y el enlace del acta del Concejo Municipal 28-2021, en donde se podrá apreciar la presentación y discusión de la moción en el Artículo 24 de la misma (https://www.belen.go.cr/documents/20181/108094/28-2021.pdf)
Para más información pueden contactar al regidor Ulises Araya Chaves al teléfono 8470-4094.
FECON. La semana anterior, la sociedad Quebradores Río Frío S.A., que ha sido cuestionada por violentar los procedimientos técnico ambientales para instalar una planta asfáltica en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, interpuso una solicitud de recusación ante el Concejo Municipal de ese cantón para separar del análisis del tema a la suplente independiente Daniela Solís Rodríguez.
Aunque parezca risible, alegan hay un interés personal de parte Solís, que según ellos se evidencia por haber visitado la zona para tomar fotografías y videos y mantener informada a las vecinas y vecinos de las comunidades cercanas al proyecto. El nivel de intimidación de los empresarios ha trascendido el pedirle al Consejo Municipal que no se le permita a la suplente hablar en ese espacio de la planta de asfalto, ni en otros espacios, incluidas las redes sociales.
Según la documentación presentada para recusar a la activista defensora del río Virilla y los derechos de las comunidades vecinas, también se hacen otras denuncias sobre hechos muy tendenciosos y delicados en su contra, los cuáles Daniela tendrá que desmentir, para que este martes 18 de mayo en Concejo municipal tome la decisión de acoger o rechazar la recusación en trámite.
Desde la Federación Ecologista (FECON), rechazamos los métodos de intimidación contra personas que luchan desde diferentes espacios por garantizar que se respeten los mecanismos de evaluación técnica-ambiental correspondientes. En este caso, se trata de un proyecto ubicado en Zona Especial de Protección que aparentemente no reúne condiciones técnicamente especificadas por la Ley de Planificación Urbana y el Plan Regional de Desarrollo Urbano del Gran Área Metropolitana.
Esta recusación significa un intento anti-ético y antidemocrático por silenciar el derecho a la información y la oposición informada y documentada de las comunidades ante un proyecto que podría amenazar el bienestar de los vecinos y vecinas de Barrio el Socorro y San Miguel de Santo Domingo de Heredia. Daniela Solís Rodríguez, además de ocupar la suplencia independiente ante el Concejo, ha sido parte de las luchas que han llevado a cabo vecinos y vecinas para defender esta zona por casi una década.
A los 7 años de edad, Maritza Valverde llegó a vivir a Volcán de Buenos Aires. Ahora, a sus 34, rememora las visitas al río después de la escuela, cuando vivía a los 100 metros y sus vecinos la acompañaban.
“Ahora es totalmente diferente, el río no tiene la misma cantidad de agua, y todo ha cambiado tantísimo”, relata Valverde, quien agrega que antes “todo el mundo se conocía” en la comunidad.
Pero los grandes cambios vienen de años atrás, cuenta Marco Ugalde. El vecino de 51 años lleva toda la vida en Volcán, aunque dice que hubo un cambio “drástico” hace 40 años.
“Había muchas fincas ganaderas, pero en el momento en que la compañía llegó a cultivar piña hubo un cambio drástico. Todo mundo vino a vivir aquí y a hacer una vida de trabajo, tener casita y una rutina diaria”, comenta.
En Buenos Aires de Puntarenas la compañía (como usualmente le conocen) transnacional Fresh Del Monte expandió sus operaciones a finales de los años 70, a través de la subsidiaria Pineapple Development Corporation (PINDECO).
En el año 2018 Buenos Aires representó el 85% del área total dedicado a la producción de piña en la Región Brunca (7.056,38 hectáreas), según el Monitoreo del estado de la piña en Costa Rica para el año 2018 publicado en 2020 por el Centro Nacional de Alta Tecnología. En 1998 la cobertura correspondía apenas a 1.225 hectáreas.
El distrito más representativo es Volcán con 2.792,81 hectáreas de cultivo de piña, algunas localizadas a lo largo de la parte media y baja de la subcuenca. La subcuenca Volcán está comprendida en la gran cuenca del Río Grande de Térraba. La conforman los ríos Volcán, Ángel y Cañas, y atraviesa hasta 10 comunidades.
La parte alta de la cuenca es área protegida del Parque Nacional La Amistad, mientras que gran parte de las tierras en la parte media y baja son propiedad de PINDECO para la producción de piña, aunque conforme desciende también hay presencia de caña de azúcar, ganadería y un historial de deforestación.
Contexto geográfico.En naranja se pueden observar los cultivos de piña en Volcán y zonas aledañas. Fuente: Sistema Nacional de Información Territorial.
Alfonso Beita vive en una propiedad que colinda con el río Volcán. Cada año Beita y su familia siembran más árboles en la zona, e incluso cedieron parte de su propiedad para un proyecto de reforestación propuesto por la Fundación Iván Noé para la Conservación para la recuperación de la cuenca del río Volcán.
Volcán ha sido el hogar de la familia Beita alrededor de tres o cuatro generaciones. Los primeros miembros en migrar hasta la zona provenían de Chiriquí y se dedicaron principalmente a la ganadería.
Ahora Alfonso es quien le ha dado seguimiento a los proyectos de su abuelo, y desde años atrás mantenía el interés (junto a otros miembros de su familia) por conformar una Comisión de Cuenca.
“El sueño era poder hacer la Comisión, y así llegarle a los productores de la parte alta que han deforestado para proponerles reforestar, incluso involucrar estudiantes para sembrar, conseguir fondos para cercar los árboles y darles un seguimiento. Pero es difícil convencer a otros propietarios de que cedan una parte”, comenta Beita. “A mí me da lástima ver y recordar cómo era el río”, reflexiona.
Pero los cambios en la comunidad y particularmente en el río Volcán no se escapan de la vista de los más jóvenes.
Jesse Padilla (25) y Dayana Castro (26) se han criado en Volcán, y aunque salieron del pueblo para estudiar, regresaron y ahora colaboran con la Fundación Iván Noé para la Conservación. Además, ambos coinciden en que han visto cambios en el río los últimos 10 años.
“Años atrás era un río muy limpio y había mucho caudal. La gente se iba a bañar ahí con frecuencia, se tiraban en neumáticos y llevaban comida”, recuerda Padilla. “Pero desde hace 10 años ha cambiado mucho, sobretodo porque en las partes altas se empezó a deforestar para hacer potreros”, agrega.
Castro también destaca los efectos de la deforestación. La joven vecina cuenta que la corta de árboles hacia la orilla de la cuenca ha afectado a la misma, y además han empeorado problemáticas como las inundaciones. “En invierno el río está a la intemperie, las orillas ya no tienen nada que le haga una barrera natural entonces sí se ha salido”, dice.
Pero Castro no es la única en utilizar “a la intemperie” para referirse al estado de la cuenca y la pérdida de barreras naturales. De acuerdo con Ugalde “ese río está como en un desierto. Al ritmo que vamos, si no se hace algo, se podría secar en un verano muy fuerte”.
En octubre de 2020 se realizó una asamblea de representantes para conformar una Comisión de Cuenca para la gobernanza participativa del recurso hídrico. Participaron asociaciones integrales de desarrollo, asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos comunales, finqueros/ganaderos, empresas productivas como PINDECO y CoopeAgri, grupos ecologistas, consejos de distrito municipal, grupos de mujeres y jóvenes.
El pasado mes de enero fue juramentada oficialmente la Junta Directiva de la Comisión de Cuenca por el Consejo Municipal de Buenos Aires.
Proyecto de reforestación propuesto por la Fundación Iván Noé para la Conservación. Fotografía: Facebook Programa de Reciclaje Volcán.
Las concesiones
A la problemática de la deforestación se le suma la política actual sobre el otorgamiento de las concesiones de agua, percibida por el sector ecologista, organizaciones comunales y movimientos como Ríos Vivos como una mala gobernanza del recurso hídrico.
En Costa Rica la política vigente de la Dirección de Aguas (DA) del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) permite otorgar concesiones por un 90% del caudal medio anual de una fuente de agua superficial, es decir, personas y empresas pueden pagar un canon para el aprovechamiento del agua de un río.
Pero en tiempos de crisis climática, el llamado del sector ecologista y las comunidades se concentra en exigir una aplicación de metodologías integrales para determinar cuál es la verdadera capacidad de los ríos para otorgar las concesiones asegurando la sostenibilidad.
En 2010 a la Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte se le otorgó una concesión de aprovechamiento para riego por 425 litros por segundo en el río Volcán. Su vencimiento estaba previsto para enero 2020 pero producto de la pandemia se extendió un año más.
SURCOS consultó a Del Monte acerca de la renovación de la concesión expediente 8618A de 425 litros por segundo, canon, sitio de toma y uso. En la respuesta por escrito la compañía mencionó que presentó la renovación ante la DA para uso agroindustrial.
La compañía también cuenta con otra concesión en el río Volcán de 10.60 litros por segundo y destinada a riego (vence en 2023), una toma en el río Cañas de 514 litros por segundo destinada a riego y 10 litros para agropecuario (vence en 2024), y dos tomas en el río Ángel de 150 y 55 litros para riego (vence en 2023).
El último aforo sistemático realizado en el sitio de toma de la concesión corresponde a mayo de 1988. Lo anterior significa que desde ese año no se ha hecho una nueva medición del caudal en el sitio de toma, por ende no tiene en cuenta los cambios que ha traído consigo la crisis climática.
El término “caudal ambiental” se refiere a la cantidad, periodicidad y calidad del caudal de agua que se requiere para sostener los ecosistemas y el bienestar humano que depende de ellos.
En 2019 miembros del Movimiento Ríos Vivos enviaron una carta a la Dirección de Agua para solicitar la realización de nuevos aforos del río Volcán durante el período seco antes de renovar la concesión, para verificar el impacto que ha tenido en el sitio de toma y en el resto del trayecto del río.
Madeline Kiser y Óscar Beita, dos miembros del Movimiento Ríos Vivos que firmaron la carta enviada a la DA, vivían y trabajaban en los Estados Unidos hasta hace dos años, pero siempre se mantuvieron involucrados con las luchas ambientales de Volcán.
Kiser llegó a Volcán en 1984 como voluntaria del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos. En ese momento había una problemática de agua en la comunidad e inició un proceso para hacer un acueducto, proyecto que la acercó a los líderes comunitarios del momento.
“Mientras estábamos allá (en los Estados Unidos) teníamos un programa en el cual traíamos estudiantes de la Universidad de Arizona a Longo Mai (en Buenos Aires), para aprender más sobre el Movimiento Ríos Vivos”, cuenta Óscar Beita.
Durante el tiempo que vivieron en el exterior continuaron buscando aliados, enviaron cartas, colaboraron con la Organización para Estudios Tropicales (OTS, por sus siglas en inglés) para traer personas expertas en caudales ambientales y fijar su atención sobre la cuenca del río Volcán.
Ambos creen en la necesidad de aplicar una metodología holística para el cálculo de caudales ambientales, incorporando un análisis de los efectos ambientales, sociales y económicos de extraer agua de los ecosistemas. Dicha necesidad también la han expuesto el sector ecologista y movimientos comunitarios.
“A la hora de pensar en darle una concesión a alguien, nadie considera los usos sociales que tiene un río, nadie considera que la gente va, se divierte y es salud mental, eso no se considera con ese decreto”, apunta Óscar Beita.
De acuerdo con Beita y Kiser, el decreto ve el agua como un recurso destinado al consumo humano y la producción, pero olvida otros usos sociales.
Vecinos y vecinas disfrutan del río en Semana Santa 2021. Fotografía: Jesse Padilla.
Hablar abiertamente de la piña
Pero los cuestionamientos hacia el manejo del recurso hídrico en la zona no son recientes. A finales de los años noventa el movimiento comunitario Frente de Lucha Contra la Contaminación de PINDECO mantuvo inquietudes al respecto y además denunció los efectos ambientales de la expansión piñera.
Pese a que la lucha del Frente cesó en cuanto PINDECO obtuvo la certificación ambiental ISO 14001 (la cual contempla estándares para el manejo de impactos ambientales) las personas en la comunidad continuaron notando cambios importantes como altos niveles de erosión en los suelos, sedimentación del cauce del río y la disminución de su caudal.
En opinión de Kiser, ha sido un largo proceso poder hablar abiertamente de la piña en la comunidad, aún cuarenta años después de la llegada de PINDECO.
“Hasta en reportes científicos, procesos o planes la palabra piña a veces no aparece, o aparece escondida detrás de ganadería y caña”, agrega.
Según dicen vecinos de Volcán, tratar el tema de la piña aún se considera un tabú, debido a que muchas personas en la comunidad trabajan con Del Monte y temen que algún cuestionamiento los lleve a perder su empleo.
En Volcán la principal fuente de trabajo se relaciona con la piña, por lo que algunas personas de la comunidad abogan por modelos económicos alternativos (un tema que vecinos han conversado en el Foro Confluencia Solidaria) aunque de momento las opciones de empleo fuera del esquema de la piña son escasas.
SURCOS también consultó a Del Monte sobre las represalias en el pasado y el silencio tácito en la actualidad, pero la compañía asegura que siempre ha velado por el bienestar de las comunidades donde operan, aunque las comunidades están en desacuerdo.
En los últimos años, Buenos Aires de Puntarenas se ha posicionado entre los cuatro cantones del país con menor índice de desarrollo humano, solo por encima de Matina, Talamanca y Los Chiles.
El acueducto: conquista comunal
En otras zonas piñeras del país se ha alertado sobre la contaminación de las fuentes que abastecen a las comunidades, aunque no es el caso de Volcán.
En 1986 PINDECO propuso la instalación de pozos para abastecer a la población con agua potable, aunque hubo dudas entre los vecinos por la inminente contaminación de los pozos con agroquímicos.
La decisión que tomó la comunidad junto a la compañía fue la creación de un acueducto comunal (ASADA) que hasta la actualidad se abastece de cinco nacientes y tomas provisionales en el río Ángel durante el verano.
“De momento donde tenemos las captaciones no se da el problema de la deforestación”, menciona Maritza Valverde, administradora de la ASADA.
De acuerdo con Valverde, actualmente no hay problemas de abastecimiento de agua en la comunidad, pero a largo plazo y si la población continúa creciendo, el acueducto podría requerir de nuevas formas para abastecerse.
A pesar de que gran parte de la población en Volcán tiene acceso a agua potable, los fenómenos atmosféricos potenciados por el cambio climático sí representan un desafío.
En época seca el acueducto hace dos conexiones para tomas provisionales. Conforme avanza la época y el caudal del río baja, hacen una segunda conexión para asegurar que nadie se quede sin agua.
Pero la época lluviosa es la que representa un mayor problema. Las tormentas y fuertes lluvias contaminan las nacientes y el agua se ensucia, entonces en el acueducto toman la decisión de cerrar la tubería y se suspende el servicio por unas horas hasta lograr la captación de agua potable.
“Todo está siendo muy radical. A mí personalmente me preocupa porque el cambio climático cada vez nos afecta más y eso es muy preocupante”, opina Valverde.
Algunos vecinos coinciden en que la amplia cobertura de agua potable en la comunidad ha generado que pocas personas piensen en la importancia de proteger el recurso hídrico.
Sentimientos por el río
Años atrás Alfonso Beita encontró un tractor a la par de su propiedad que colinda con el río. Según cuenta, era un T9 botando árboles para una represa de la compañía.
“Imagínese lo que sentí, era el bosque ribereño que mi abuelo había dejado a la orilla del río. Yo me crié ahí y hasta aprendí a nadar en él, en mí hay un gran sentimiento por ese río”, comenta.
En opinión de Alfonso Beita, la consolidación de la Comisión de Cuenca es un gran avance y un espacio para que todos se unan a salvar el río.
“La idea es que estas áreas no se toquen y queden como amortiguamiento. Se podrían sembrar árboles funcionales que le den una entrada a los productores”, dice.
El agrónomo señala la importancia de presentar alternativas, como organizarse para la siembra de árboles y plantas medicinales que puedan venderse, hacer senderos para atraer turismo e involucrar a los productores. “Tiene que haber un cambio de mentalidad en los productores”, expresa.
Para Jiri Spendlingwimmer, quien participó en la defensa del recurso hídrico en la Comisión de los Ríos Convento y Sonador ante la amenaza de proyectos hidroeléctricos, la creación de la Comisión de Cuenca en Volcán llega a dar la oportunidad de que la comunidad pueda incidir en situaciones que limitan su bienestar.
“El río Volcán es un río que tiene varias concesiones de riego y no fue algo que las comunidades eligieron. Es importante que sean movimientos de base comunitaria porque es la gente que ahí vive, y no debería ser que desde un escritorio un funcionario en San José decida cuanto dedicar para riego, y la gente ni cuenta se da”, dice Spendlingwimmer.
De acuerdo con Dayana Castro, quien forma parte de la Comisión, la aspiración es involucrar a toda la comunidad y educar a las personas acerca de la importancia de proteger la cuenca. En los próximos meses la Comisión avanzará en la formulación de sus objetivos y proyectos.
Todos los vecinos entrevistados tienen una aspiración común: salvar la cuenca. ¿Su consigna? “Estamos a tiempo”, pero reconocen que deben actuar ahora mismo.
Abril 2021. Fotografías: Jesse Padilla.
Serie de notas periodísticas que cuenta historias y proyectos en la comunidad de Buenos Aires, Puntarenas, quienes se están integrando al espacio colectivo Foro Confluencia Solidaria para aportar a propuestas cuyo objetivo sea la construcción de una sociedad justa, digna y solidaria, centrada en la búsqueda del bien común.
