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Etiqueta: impacto ambiental

Nuevo reglamento de SETENA pone en peligro conservación de la naturaleza

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

-Grandes monocultivos serían eximidos de evaluación ambiental;
-Nuevo reglamento sería regresivo;

La Federación Ecologista (FECON) ha comunicado formalmente al Ministro de Ambiente y a la Secretaria General de SETENA que rechaza la propuesta de reforma reglamentaria de SETENA denominada Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA).

En la misiva enviada el lunes 22 de junio, FECON indica que los planteamientos del RECSA son regresivos ambientalmente. Que elimina o reduce cuestiones centrales de la EIA y que el texto planteado termina por contradecir u omitir los principios de la Ley Orgánica del Ambiente 7554.

No avanza en calidad de participación social. Más bien, la redacción en este apartado es superflua. Esto impide de entrada una adecuada gestión de los conflictos socioambientales, que representan costos indirectos en las EIA y que son efecto de vacíos o anticuados procedimientos que contradicen el espíritu del derecho ambiental.

Suprime el concepto de Efectos Acumulativos, desconsiderando así cualquier mecanismo para su evaluación. Las actividades humanas no se dan en condición de aislamiento y se requiere fijar medios de control de la capacidad de carga en un territorio. También elimina Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) dejando un vacío en evaluación con enfoque de ordenamiento territorial.

Otro elemento crítico son las Auditorías Ambientales, donde se pretende que el auditado pague los Consultores Ambientales que le evaluarían, excluyendo a instituciones y universidades como colaboradoras en auditorías actualmente.

Además, de forma inédita, excluye de la Evaluación de Impacto Ambiental a las actividades agropecuarias como ganadería y agricultura. Cabe mencionar que en la primera versión que se conoció en comisión, los umbrales de ganadería y agricultura mostraban graves irregularidades.

Ahora es impensable excluirlas por su alto impacto ambiental.

El RECSA no se basa en criterios ambientales para definir los umbrales de impacto (bajo, medio, alto), clave para definir la ruta de evaluación de cada para cada tipo de actividad. En general, establece una escala dimensional de proyectos muy cuestionable, dejando fuera de obligación de cumplir la EIA a proyectos que podrían alto impacto potencial.

Un ejemplo sensible de la irracionalidad ambiental del RECSA es que plantea que las concesiones de agua están queriendo pasarse como de bajo impacto ambiental en todos los casos, cuando sabemos que es uno de los campos que genera mayor conflictividad. De esta forma, se está legitimando un sistema obsoleto de gestión hídrica que se debe mejorar para prevenir conflictos.

Más bien, los umbrales están diseñados para subregistrar múltiples actividades sin justificarlo. FECON considera que, por el contrario, con el registro completo de actividades desde la primera unidad dimensional, se incentivan las buenas prácticas ambientales y esa debería ser la política que defienda el MINAE, por responsabilidad ambiental y jurídica.

La FECON recomienda al Ministro de Ambiente y a la presidencia de la Comisión de SETENA, rechazar la propuesta del nuevo Reglamento, por sus múltiples regresiones e inconsistencias y por carecer de avances sustanciales en la regulación de la Evaluación de Impacto Ambiental en el país.

El Aeropuerto Internacional del Sur no fue una solución en el pasado, y no lo va a ser en este nuevo contexto

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

María José Guillén[1]
José Antonio Mora[2]

El modelo que acompaña la idea de un aeropuerto internacional, está totalmente desfasado del nuevo contexto que estamos viviendo en el mundo.

El día 10 de junio, el diputado liberacionista Wagner Jiménez subió un video en su página de Facebook, donde menciona que tuvo una reunión con el Presidente de la República, y que en esta le solicitaba reactivar el proyecto del Aeropuerto Internacional del Sur. Desde hace más de una década se viene hablando de construir un Aeropuerto Internacional en la zona sur de Costa Rica, con el fin de acelerar y atraer el flujo de turistas y mercancías en una zona de histórica vocación agrícola, de conservación ambiental y patrimonio arqueológico, específicamente, en Palmar Sur de Osa.

Éste ha sido un proyecto bastante cuestionado por diversos sectores, tanto de la comunidad nacional como internacional, debido a los posibles impactos sociales y ambientales que una infraestructura de esta magnitud tendría en la zona. En este texto queremos puntualizar los aspectos más preocupantes de este mega proyecto, y por los que fue archivado en el pasado, al mismo tiempo que los actualizamos en este presente pandémico que ha dejado expuesta la vulnerabilidad del actual modelo económico. El Aeropuerto se ofrece como solución de reactivación económica, cuando no es sino una receta fallida que continúa reproduciendo este modelo desfasado que ha maximizado sus consecuencias negativas durante esta crisis económica y sanitaria. Estos puntos son:

  1. Para hacer el Aeropuerto deben desalojar cientos de familias rurales y campesinas.

Como bien se ha dicho en años anteriores, este Aeropuerto se pretende construir en las comunidades llamadas Finca 8, Finca 9, Finca 10 y Finca 11. A pesar de que sus nombre nos pueden hacer pensar que estos son espacios inhabitados, se trata de comunidades rurales ubicadas en Palmar Sur de Osa, las cuales fueron parte de la unidad de producción de banano de la Compañía Bananera de Costa Rica (subsidiaria de la United Fruit Company). Estas fincas están habitadas por cientos de familias rurales y campesinas, las cuales trabajan la tierra bajo distintas modalidades productivas. Muchas de las familias que viven en las Fincas han manifestado su total rechazo ante este proyecto, a través de distintos mecanismos legales y de protesta. Algunas de estas Fincas pertenecen a instituciones como el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder), en el caso de Finca 10, y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) en el caso de Finca 9. La gran pregunta que despierta la reactivación de este proyecto es ¿Qué va a pasar con todas estas familias? ¿Serán desalojadas o serán reubicadas? ¿Por qué nunca se ha mencionado algo al respecto de esta situación por parte de Aviación Civil?

  1. Este aeropuerto estaría ubicado dentro de la zona más importante de emplazamiento de las esferas de piedra precolombinas, las cuales fueron declaradas Patrimonio Arqueológico de la Humanidad por parte de la UNESCO.

En el año 2007, un titular en el periódico La Prensa de Honduras decía “El presidente anuncia nuevo sitio para aeropuerto en Copán” (Ensemble. 05/07/2020). La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró a Copán Ruinas como Patrimonio de la Humanidad en el año 1982, esta organización rechazó la idea del gobierno hondureño, de construir un aeropuerto internacional a catorce kilómetros del Parque de Copán Ruinas, debido a que la vibración de los aviones podría dañar los sitios arqueológicos, como efectivamente ocurrió.

En el caso del Aeropuerto Internacional del Sur, este se encontraría prácticamente en medio de varios sitios arqueológicos, también declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2014. Se trata de los sitios Finca 6, Batambal, Grijalba y El Silencio, ubicados en el cantón Osa, donde se encuentran las esferas de piedra precolombinas. Como bien lo dice la experta Ifigenia Quintanilla, estas esferas de piedra son una clara evidencia del trabajo colectivo que realizaban los pueblos originarios del Pacífico Sur de Costa Rica (Quintanilla, I., 19/06/2016).

La situación vivida hace más de 13 años en Copán Ruinas, es exactamente la misma que la de este aeropuerto del sur. ¿Se le ha consultado su opinión a la UNESCO sobre este proyecto? ¿Se han valorado los impactos que este megaproyecto traería para estos sitios arqueológicos?

  1. Se ubicaría en una llanura que está básicamente al lado del Humedal Térraba-Sierpe, el cual es un sitio Ramsar.

Los sitios Ramsar son humedales de importancia mundial, los cuales se busca que tengan un manejo eficaz, y que se mantengan sus características ecológicas. El Humedal Nacional Térraba-Sierpe fue declarado sitio Ramsar en el año 1995 por su importancia ecológica por ser hábitat de muchas especies, como las aves migratorias, y por aportar ingresos a las familias de la zona. Un aeropuerto internacional que estaría justo al lado de este humedal generaría un impacto directo sumamente grande en los distintos ecosistemas que allí se albergan.

  1. El Aeropuerto en el Sur atraería turismo masivo, emulando el modelo de Guanacaste

El turismo es una industria que depende de la precarización laboral. Por un lado, funciona por temporadas, por lo que las contrataciones no son estables y las personas tienen que estar rotando entre empleos sin consolidar nunca sus garantías laborales. Ese turismo masivo se basa sobre principios de segregación espacial, en el que las bellezas naturales de la zona se convierten en espacios de disfrute exclusivo para turistas, mientras que las comunidades se ven desplazadas a regiones menos atractivas. La cantidad de recursos necesarios para sostener este tipo de turismo es despojado de las comunidades aledañas y de personas migrantes, que son proveedores no solo mano de obra barata, sino que también se ven despojados de grandes extensiones de tierra y del uso del agua potable. Como se ha visto con el caso guanacasteco, este modelo de turismo de enclave ha provocado un sinnúmero de conflictos socioambientales y comunales, lo cual muy posiblemente se repita en el Sur en caso de concretarse este megaproyecto.

  1. Las tierras donde pretenden hacer el megaproyecto son parte de zona que constantemente se inunda

La zona donde planea construirse el Aeropuerto tiene un alto riesgo de inundaciones al ubicarse en el delta de los ríos Térraba y Sierpe, en una de las zonas más húmedas del país y con gran descarga de sedimentos desde la parte alta de la cuenca.

  1. ¿Quién financia este proyecto?

El desarrollo de un proyecto de las magnitudes propuestas para el Aeropuerto Internacional requieren de un gasto que el país no está en condiciones de asumir, especialmente cuando el desempleo y la desigualdad socioeconómica van en aumento. La “inversión” dependerá probablemente de adquisición de deuda así como del modelo de concesión de obra pública, que como se ha visto con el caso de la Ruta 27, es un total fracaso para las finanzas públicas y el bolsillo de las y los habitantes. Alrededor del mundo, el giro infrastructural ha mostrado que los mega-proyectos suelen ocupar más tiempo y más dinero que el estipulado al inicio de su formulación; asimismo, su escala moviliza la idea sublime de que serán grandes hazañas por las que los políticos serán admirados y recordados, por lo que son utilizados por los gobernantes para aumentar su popularidad.[3]

  1. Durante y después del COVID-19.

Los primeros casos por COVID-19 en el país fueron detectados en turistas norteamericanos, después de que se expandiera el contagio, el sector turístico fue el que más rápidamente se vio afectado por las medidas de contención del virus, como el cierre de fronteras, playas y bares. Por otro lado, la incertidumbre con respecto a la propagación, inmunidad, y vacunación, así como las transformaciones culturales y económicas que el coronavirus está generando no pueden ser ignoradas. La aparición de este nuevo virus -que no es el primero ni será el último- generará cambios en los estilos de viaje y en las formas en que se consume placer -el producto por excelencia de la experiencia turística-.

La promoción del Aeropuerto Internacional como una salida a la crisis económica es ciega y negligente de todas estas condiciones que existían antes, y que con esta nueva enfermedad se han mostrado de una manera más cruda.

Referencias:

Ensemble. (05/07/2007). El presidente anuncia nuevo sitio para aeropuerto en Copán. Diario La Prensa. Recuperado de https://www.laprensa.hn/honduras/648042-97/el-presidente-anuncia-nuevo-sitio-para-aeropuerto-en-cop%C3%A1n

Flyvbjerg, B. (2014). What You Should Know About Megaprojects and Why: An Overview. Project Management Journal, February .

Quintanilla, I. (19/06/2016). El Diquís, las esferas de piedra y su valor cultural universal. Diario La Nación. Recuperado de https://www.nacion.com/viva/cultura/el-diquis-las-esferas-de-piedra-y-su-valor-cultural-universal/VBF5ODRHJVHRFBJJUHFCFTJLAM/story/

[1] Estudiante del Doctorado en Geografía de Clark University, Massachusetts, Estados Unidos.

[2] Docente. Sección de Historia y Geografía, Sede de Occidente. Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria. Universidad de Costa Rica.

[3] Flyvbjerg, B. (2014). What You Should Know About Megaprojects and Why: An Overview. Project Management Journal, February .

Imagen: Botas con Machete, Alejandro Ferlini Cartín

Cámaras quieren reducir evaluaciones de impacto ambiental para favorecer negocios

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

FECON denuncia carencia de criterio ambiental y regresiones en el planteamiento de los grupos de presión

FECON (19/05/2020). La Federación Costarricense para la Conservación de Ambiente (FECON) se encuentra participando como miembro pleno en el análisis que realiza la Comisión Asesora Técnica Mixta de SETENA, sobre una propuesta de cambio del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en nuestro país.

Previo a este proceso, representantes de organizaciones afines al tema desarrollamos el año pasado un proceso de análisis de la pretendida reforma de SETENA, donde coincidimos en la necesidad de mejorar los procesos de EIA vigentes, dado las negligencias sistemáticas en la gestión de los procesos por parte de SETENA, o por portillos que habían identificado las organizaciones comunales que participaron para defender su derecho al ambiente sano.

Desde la representación de FECON hemos adoptado la misión de participar de forma propositiva, crítica y vigilante en la discusión sobre esta normativa, para que haya sentido de progresividad en los planteos, sin vicios de letra menuda y sin escatimar en hacer denuncia pública de las irregularidades y retrocesos que se susciten a lo interno de la Comisión, pues el tema es de interés público. Consideramos, por ejemplo, que es tiempo de impulsar mejoras sustanciales en la participación social en estos procesos históricamente excluyentes o viciados al mediar grandes intereses y presiones del desarrollismo económico.

En las evaluaciones de impacto ambiental es donde el Estado debe ser certero en garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado frente a las propuestas de actividades productivas en los territorios. Costa Rica avanza ya en el reconocimiento del derecho a participación ciudadana efectiva con el Acuerdo de Escazú (Expediente N° 21.245), ratificado en primer debate legislativo en febrero de este año. Las condiciones para una reforma reglamentara deben estar dadas por la progresividad en materia de protección ambiental y participación.

Una reforma bajo presiones e intereses

Si bien hablamos de que es necesario revisar la normativa para impulsar mejoras en los procesos de EIA, en el proceso previo al espacio actual de análisis en la Comisión Mixta ha habido varias irregularidades. Por ejemplo, en el año 2017, FECON fue excluida de esta Comisión, de la que formó parte desde el 2005 cuando se discutió el reglamento vigente de SETENA. Esto dio signos de querer excluir la visión crítica en un tema de total incumbencia de nuestra representación.

Formalmente la propuesta de reforma se conoció a inicios del 2018, cuando el ministro de Ambiente saliente Edgar Gutiérrez, intentó aprobar el denominado Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA), diseñado por el sector construcción. El jerarca dejó firmado el Decreto con esta Reglamentación para publicar directamente a la salida de su gestión, violentando el principio de participación con esta atribución imperiosa.

Los reclamos por parte de FECON no se hicieron esperar, ante la exclusión de la discusión en este tema, directamente relacionado con el ambiente y los procesos socioambientales que acompaña nuestra organización. La paralización inmediata de esta reglamentación sectaria fue solicitada al actual ministro de ambiente Carlos Manuel Rodríguez, quien correspondió nuestra demanda, y en abril de 2019 publicó el Decreto 41500-MINAE, reactivando la Comisión Mixta, cuyo función era precisamente la de emitir la recomendación con participación multisectorial, y en la que se volvió incluir a la FECON como miembro pleno.

Sin embargo, en julio del 2019 el ministro de Ambiente creó una nueva comisión Público-Privada mediante el Decreto 41817, donde las mismas Cámaras Constructivas “colaborarían” en la revisión del nuevo Reglamento para Evaluación, Control, y Seguimiento Ambiental, con plazo de entrega de resultados en noviembre del año pasado. Esto volvió a evidenciar la presión e intereses del sector de la construcción detrás de la propuesta de reformar los procedimientos de SETENA.

La activación de Comisión Mixta en 2020

Sobre esta base documental que son el RECSA y el MECSA, la Comisión Mixta realiza sus sesiones virtuales de análisis y discusión. Hasta ahora el balance es más que obvio y se reconoce abiertamente: la propuesta es impulsada por un grupo de interés particular como es el de la construcción e inmobiliario. No responde a una visión de consenso, y agregamos, no se fundamenta en criterios ambientales reales.

La redacción evidencia el sesgo conceptual de una visión limitada del ambiente. Se desconocen términos fundamentales como los efectos acumulativos en el territorio y por ende eliminan sus métodos de evaluación. También se presenta un concepto más limitado de participación ciudadana. Se elimina también la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de la reglamentación.

Pero lo central de la propuesta es que se pretende reducir el número de actividades a evaluarse ambientalmente, al establecerse una serie de umbrales para categorizarlas como de muy bajo y bajo impacto y solicitarles apenas una inscripción bajo declaraciones juradas de los desarrolladores. Umbrales carentes de criterio ambiental como se reconoce en el anexo que los establece y que fueron ajustados para múltiples actividades a criterio de su grupo redactor.

Sin duda alguna, las carencias de esta propuesta y los intereses que la impulsan nos obligan a hacer un llamado a la opinión pública en general. Comunidades, organizaciones sociales, instituciones y profesionales en ambiente, a activar todas las alarmas para que la Comisión Mixta trabaje con responsabilidad y rechace este tipo de propuestas regresivas.

Es responsabilidad de los sectores representados, garantizar una reglamentación segura y coherente con la misión de las evaluaciones de impacto ambiental. El campo ambiental no es ajustable a intereses económicos particulares. Tenemos que responder con credibilidad a todo un país y ser coherentes con los principios que rigen la Ley Orgánica del Ambiente. No podemos retroceder ampliando los portillos para que el impacto de grandes proyectos se salga de los radares y se lesione todavía más la protección del ambiente en Costa Rica.

*Imagen: Protesta de comunidades puntarenenses ante SETENA en 2016. Imagen Fecon.

Fuente: https://feconcr.com/

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La OCDE y el agro: algunas precisiones

Escrito en . Publicado en Análisis, Madre Tierra.

Luis Felipe Arauz

Profesor universitario y exministro de Agricultura y Ganadería (2014-2018)

Con fecha 19/05/2020 se publicó en Surcos Digital, un artículo de Henry Picado, expresidente de FECON, titulado “La OCDE y la tercera reforma neoliberal del agro en Costa Rica”. En el mismo, luego de dar su opinión sobre las implicaciones políticas de la incorporación de Costa Rica en la OCDE, la cual no comparto, pero como cualquier opinión, se respeta, entra a analizar aspectos del agro. En este último tema, cae en una serie de imprecisiones que, por respeto a los lectores de Surcos Digital, me veo en la obligación de aclarar.

En primer lugar, el autor se refiere al tema de registro de plaguicidas sin conexión alguna con la OCDE, incluso omite la recomendación que nos hizo la OCDE de incrementar el área dedicada a la agricultura orgánica. El nuevo reglamento para el registro de plaguicidas se empezó a trabajar desde antes que la misión de la OCDE evaluara nuestras políticas agrícolas. Con OCDE o sin OCDE siempre habríamos cambiado el reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento de 2007 (aún vigente, ya que el nuevo está esperando el fallo a un recurso sin fundamento científico presentado ante la Sala IV) resultó en un entrabamiento tal, que en 10 años no se había podido registrar casi ningún producto de última generación, de menor toxicidad y de menor dosis que los anteriores. Este rezago ha resultado en la aplicación de grandes volúmenes de plaguicidas en nuestro país. Baste un ejemplo. El control de la sigatoka en el cultivo del banano, con los productos actualmente disponibles, requiere de aplicar 2,5 kg por hectárea de fungicida cada 6 días. Esto da 146 kg por hectárea por año. Con productos de última generación, con dosis de 0,075 a 0,375 kg por hectárea cada 10 días, se aplicaría entre 2,7 y 13,7 kg por hectárea por año. Esto representa una disminución de más de 90% en el uso de plaguicidas. Otro caso, de los pocos que se lograron registrar con el reglamento viejo, es un producto para combatir nematodos dañinos de las raíces, que se usa en dosis 30 veces menor y es 133 veces menos tóxico, o sea una carga tóxica 4000 veces menor, que el producto usado antes, que por cierto yo mismo prohibí. Por otra parte, es falso que con el nuevo reglamento no se evalúen los temas toxicológicos o ambientales. Ningún producto que se vaya a aplicar en el campo tiene una evaluación más laxa con el nuevo reglamento que con el vigente. El tema es amplio y complejo, da para un artículo exclusivo para ese tema para explicar los detalles, como lo he hecho anteriormente (ver, por ejemplo: https://www.larepublica.net/noticia/registro-de-plagu-icidas-modernizacion-impacto-ambiental-y-algunas-aclaraciones), pero don Henry lo toca con una gran ligereza.

Un segundo tema que se trata no solo con ligereza sino con evidente confusión conceptual en el artículo del Sr. Picado es el tema de la “agricultura climáticamente inteligente”, el cual erróneamente confunde con el tema de “Agricultura 4.0”. Empiezo por este último concepto: la llamada “Agricultura 4.0” se refiere al uso eficiente e integración de diferentes tecnologías para la obtención y procesamiento de información, aplicables a la agricultura. No tiene nada que ver con drones fumigadores, aplicación de más agroquímicos, o la promoción de biología sintética u organismos genéticamente modificados. Ese uso eficiente de las tecnologías de información más bien permite usar los insumos con precisión y disminuir el uso de insumos y agua, y al mismo tiempo aumentar la productividad. En resumen, busca reducir el impacto ambiental y mejorar el impacto económico y social de la agricultura, mejorando la sostenibilidad de la actividad. Este tema no se planteó en el proceso de la incorporación de Costa Rica a la OCDE.

La OCDE sí nos hizo recomendaciones en el tema de la relación de la agricultura con el cambio climático, que las podríamos resumir en que continuáramos por la ruta que ya habíamos iniciado como país, fortaleciendo los mecanismos financieros para extender a otras áreas las acciones que ya había empezado Costa Rica en ganadería y café. En el informe de la OCDE no se habla explícitamente de “agricultura climáticamente inteligente” (ACI), aunque al hablar de balancear productividad, mitigación y adaptación al cambio climático, está hablando implícitamente de ese concepto, pues efectivamente de eso se trata. El concepto, presentado por la FAO en 2010, se refiere justamente a una agricultura productiva, que capture carbono o reduzca emisiones de gases de efecto de invernadero, y que se adapte al cambio climático. Si uno ve el libro de consulta la FAO del 2014, que desarrolla el concepto (http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/concept/es/), no se promueve una mayor aplicación de plaguicidas, ni la deforestación ni el uso de organismos genéticamente modificados (OGM). En Costa Rica, un ejemplo de ACI, es la estrategia de ganadería baja en carbono (http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/L01-11006.pdf), en la cual no se materializa ninguna de las amenazas que menciona el artículo de don Henry. Por el contrario, aumenta la arborización en los potreros, reduce el uso de fertilizantes, aumenta la productividad, mejora el uso del agua y aumenta la biodiversidad. En otros países, en especial en los Estados Unidos, sí se ha incorporado el uso de los OGM en la ACI. Esta diferencia de enfoque con Costa Rica no pasó inadvertida en la conferencia de las partes (COP21) de cambio climático de París 2015, lo que motivó una publicación al respecto (http://www.iatp.org/blog/201512/the-clever-ambiguity-of-climate-smart-agriculture) por parte de la ONG Instituto para las Políticas de la Agricultura y el Comercio.

Concluyendo, tanto la modernización del registro de plaguicidas como la agricultura climáticamente inteligente son temas que el Ministerio de Agricultura y Ganadería venía promoviendo desde antes de las recomendaciones de la OCDE, simplemente porque hacerlo ayuda a la agricultura y al ambiente, como lo he demostrado con seriedad, aportando datos y documentos.

UCCAEP: fracturas empresariales y devastación ambiental

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

(FECON, 8/10/2019.) Las últimas semanas han dejado claro que los gremios empresariales más radicales y neoliberales del país no son monolíticos y tienen fracturas internas serias. Se pueden hacer muchas lecturas al respecto sobre las causas de las salidas de varios grupos de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), pero una cosa segura es que en medio de estas disputas de poder empresarial, se encuentran proyectos políticos de alto impacto ambiental, que no necesariamente los distancia. Para muestra se puede señalar algunas de las caras más visibles de este conflicto empresarial y su impacto en las políticas ambientales del país.

Hay que empezar con el ya ex-presidencia de la UCCAEP de Gonzalo Delgado Ramírez, representante del sector construcción; el cual marcó una agenda de presión en el gobierno para flexibilizar los controles ambientales, favoreciendo los intereses de las empresas que se agrupan en la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC). Se puede decir que este sector ha venido impulsando desde el gobierno anterior el desmantelamiento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y ha aplaudido las medidas para hacer que sus proyectos evadan la necesidad de pasar por la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

Basta con señalar que el Decreto Ejecutivo 41815, del pasado 5 de junio, diseña una serie de comisiones compuestas por el sector privado y el Gobierno de la República para generar un nuevo reglamento para SETENA. Esta comisión denominada “Equipo Técnico del Sector Construcción y de Desarrollos Inmobiliario” está compuesta por la Cámara Costarricense de la Construcción, Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, Consejo de Desarrollo Inmobiliario y Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial. Es importante mencionar que esta comisión no cuenta con ninguna participación del sector ambiental, académico, de consultores ambientales, arqueólogas o alguna otra instancia; solo empresarios de la construcción.

El sector construcción representa el usuario más frecuente de SETENA con el 70% de los expedientes presentados ante esta institución. Es decir, están poniendo a los sujetos que debe de ser evaluados y regulados a diseñar sus propias reglas del juego, popularmente se puede decir que el gobierno “está poniendo al zorro a cuidar las gallinas”.

Por otro lado, mientras Enrrique Egloff hizo que la Cámara de Costarricense de Industrias se saliera de la UCCAEP, también demostró su oposición a la prohibición de los plásticos de un solo uso e impulsó el cabildeo dentro de la Asamblea Legislativa para que el plástico no se regulara adecuadamente. El resultado ya es conocido: enterraron una ley que podría haber ayudado a mejorar las condiciones ambientales del país, pero fue enterrada gracias al lobby empresarial de los sectores más radicalmente conservadores.

Por su lado, el presidente emergente de la UCCAEP ante esta crisis es Álvaro Saenz, representante de la Cámara de Agricultura y Agroindústria, sector que ha insistido en que el ingreso de los agroquímicos debe de flexibilizarse. Presionando al Ministerio de Ambiente y al Ministerio se Salud para que los plaguicidas no sean evaluados bajo la ciencia y la técnica. Esto es importante porque es la única manera de asegurarse que estos no tienen impactos graves sobre la salud o el ambiente. Este sector empresarial de los agrotóxicos, junto al Ministro de Agricultura Renato Alvarado, han impulsado decretos que propician la importación de agrovenenos brincándose las evaluaciones ecotoxicológicas y toxicológicas necesarias. Estos decretos han sido impugnados ante Sala Constitucional por las organizaciones ambientales y los agricultores orgánicos.

Los pleitos en uno de los gremios empresariales más radicales y neoliberales no solo dejan en evidencia sus pugnas de poder, sino que además sirve para desmenuzar una serie de intereses minoritarios que tienen graves impactos ambientales.

 

Enviado por Henry Picado.

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Consejo de Área de Conservación Guanacaste contra Canal Seco Interoceánico

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

En distintos medios de comunicación se ha informdo sobre el proyecto Canal Seco Interoceánico, presentado desde hace algunos días como Canal Verde Interoceánico, que tiene como uno de sus objetivos construir un “mega puerto” en Bahía Santa Elena del cantón de La Cruz, Guanacaste.

Esta iniciativa privada ingresó al Consejo Nacional de Concesión el 26 de junio de 2016 y mantiene el nombre de «Canal Verde Interoceánico de Costa Rica».

El día 13 de junio del 2018, el Consejo Regional del Área de Conservación Guanacaste conoció en su Sesión Extraordinaria N°1-2018 el Informe de la Comisión Especial Proyecto Canal Seco creada por la Universidad Nacional y presentado por la Coordinadora de dicha Comisión la Dra. Aurora Hernández Ulate. A tal fin, se ha tomado el siguiente acuerdo:

ACUERDO N°9. El Consejo Regional del Área de Conservación Guanacaste, después de conocer el Informe (resultados y conclusiones finales) de la Comisión Especial Proyecto Canal Seco de la Universidad Nacional, presentado en la Sesión Extraordinaria 01 del 13 de junio del 2018, en él se destaca lo siguiente:

Es claro, que en el informe se evidencia los potenciales impactos y consecuencias que la construcción de este proyecto podría generar en Costa Rica, particularmente en la Región Chorotega y el Área de Conservación de Guanacaste.

Es preocupante, que el ámbito social se puede indicar que no existe un plan de amortiguamiento para el desplazamiento humano. Además, no se evidencia un plan de relocalización de las familias, no hay articulaciones territoriales, articulaciones ambientales, pueden afectarse modos de vida tradicionales y darse cambio de uso de la tierra, así como pérdidas de oportunidades regionales, y una marcada división del espacio.

Así mismo,

  • No se establece el impacto en el aire: gases, ruido y vibraciones
  • No se establece el impacto en el suelo.
  • Aguas superficiales: se debe determinar impacto de inundación y construcción infraestructura.
  • Aguas subterráneas: no se establece el impacto en los acuíferos, ni en la demanda
  • No se establece el impacto sobre la flora y la fauna.
  • No se establece el impacto en aguas continentales (ríos, quebradas, humedales).
  • No se establece impacto en ambiente marino: bosques de manglar, arrecifes y especies indicadoras de flora y fauna.
  • No se establece la afectación sobre el Patrimonio Natural del Estado y las Áreas Protegidas
  • No se establece el impacto al ambiente socio-cultural: demográficos, vial, patrimonio cultural, arqueología, actividades culturales.

Además, según el estudio carece de los siguientes elementos de fondo:

  • No tiene un estudio de factibilidad, sino un estudio de pre-factibilidad incompleto.
  • Un estudio de pre-factibilidad debe incluir las siguientes evaluaciones: técnica, económica, financiera, legal y administrativa. El estudio no incluye un capítulo «económico» propiamente dicho (a excepción de una estimación muy preliminar y poco fundamentada de la demanda y del pago de impuestos), sino solo una rápida y cuestionable evaluación financiera.
  • No incluye ningún capítulo sobre evaluación administrativa (capacidad interna y externa para administrar la ejecución de las obras y la posterior operación del proyecto).
  • No incluye el impacto ambiental, social y sobre el patrimonio cultural y natural.
  • Falta información, actualización de la información, análisis de datos.
  • Descriptivo y con una integración somera, parcial y fragmentada de la información.
  • Carece de un estudio legal.

POR TANTO, El Consejo Regional del Área de Conservación Guanacaste, se manifiesta en contra del Proyecto Canal Seco Interoceánico (Canal Verde Interoceánico). Comuníquese a quien corresponda. ACUERDO UNÁNIME Y FIRME.

Descargar acuerdo del CORACG:

Acuerdo Consejo Regional del Área de Conservación Guanacaste.pdf

 

Imagen: Bahía Santa Elena, 2018, Fotografía: Luciano Capelli.

Información enviada a SURCOS por Mario Cabrera Burgos.

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Pretenden construir tres nuevos proyectos hidroeléctricos en Turrialba y Siquirres

Escrito en . Publicado en Comunidad, Madre Tierra.

Recientemente se dio a conocer la intención de construir tres nuevos proyectos hidroeléctricos en la zona limítrofe entre los cantones de Turrialba y Siquirres, en las faldas del volcán Turrialba. Se trata de los proyectos hidroeléctricos Bonilla 1320, Bonilla 510 y Torito II, los dos primeros pertenecientes a la empresa H. Solís sobre el río Bonilla (inscritos a nombre de Hidrodesarrollos del Río Platanares, S.A.) y el tercero de la Junta Administradora del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) sobre el río Torito.

Esta noticia despierta preocupación entre los habitantes de Turrialba debido a que este cantón es uno de los más explotados para generación hidroeléctrica en todo el país, con un total de diez represas solamente en la cuenca del río Reventazón, a las cuales se sumarían los tres proyectos nuevos. Hay que recordar que en este cantón se dio una de las luchas sociales en defensa de los ríos más importantes en toda la historia de Costa Rica, como lo fue la defensa del río Pacuare, en donde en 2005 se realizó un plebiscito en el cual 97% votaron en contra de proyectos hidroeléctricos sobre este río.

Llama la atención el secretismo con que las empresas manejan estos proyectos, pues si bien estas han cumplido con los trámites que exige la ley, es hasta varios años después que esta información se vuelve de conocimiento público de la ciudadanía. Luego de una visita de campo realizada el día 12 de octubre a la zona de Bonilla, donde se pretenden realizar los proyectos Bonilla 1320 y 510, se pudo constatar que ni siquiera los vecinos de las comunidades más cercanas cuentan con información clara acerca de estos proyectos y sus posibles implicaciones socioambientales. Aparentemente, la empresa ya ha comprado algunos terrenos en donde se construirían las obras del proyecto. En el caso de los dos proyectos sobre el río Bonilla, ya cuentan con Estudio de Impacto Ambiental aprobado por SETENA, con fecha del 22 de setiembre de 2016.

A raíz de esta situación, se tomó la iniciativa de organizar un espacio informativo acerca de estos proyectos, el cual se realizó el sábado 13 de octubre en la Sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica, en Turrialba. A esta reunión se hicieron presentes dos representantes de la empresa H. Solís, quienes presentaron información sobre los proyectos y respondieron las preguntas de las personas participantes, tanto estudiantes como vecinos del cantón.

Entre las principales preocupaciones de las y los turrialbeños está la afectación que sufriría el río Bonilla, una de las pocas zonas en la cuenca del Reventazón en donde los ríos aún están libres. Para las y los practicantes del canyoning (un deporte de aventura que está creciendo rápidamente en Turrialba, el cual consiste en bajar cañones de ríos con el uso de equipo especializado), represar el río Bonilla implicaría sacrificar uno de los mejores sitios para esta práctica, el cual presenta espectaculares cataratas y caídas de agua, aún desconocidas por muchos.

Estos proyectos se pretenden desarrollar en una zona con dificultades económicas y deficiente inversión pública. Los pobladores se dedican principalmente a la producción de queso y una de sus principales limitaciones tiene que ver con el mal estado del camino. Además de los proyectos hidroeléctricos, la empresa ofrece pavimentar el camino que da acceso a esta zona, lo cual resulta claramente atractivo para los pobladores. Además, ofrecen destinar un 1% de las ganancias de los proyectos a la Asociación de Desarrollo local.

Frente a esta situación, desde la ciudadanía crítica y activa:

  • Manifestamos la necesidad de discutir estos proyectos de manera transparente y democrática con la población. A nivel nacional y mundial, cada vez hay más evidencias del daño irreparable producido por proyectos hidroeléctricos, tanto a nivel ambiental como social y económico.
  • Ponemos en duda la verdadera necesidad de estos proyectos para el país, el cual tiene una capacidad de generación eléctrica (3.242 MW) de casi el doble de la demanda máxima registrada (1.674 MW). Además, nos oponemos la generación privada de electricidad, la cual ha demostrado ser innecesaria para el país, al mismo tiempo en que desangra las finanzas públicas.
  • Cuestionamos la manera en cómo las empresas se acercan a las comunidades e instrumentalizan sus necesidades en favor de intereses económicos particulares. No se justifica destruir los ríos de la zona a cambio de arreglar un camino público, lo cual debería ser responsabilidad de las Municipalidades.
  • Consideramos que construir proyectos hidroeléctricos en esta zona, en vez de contribuir para su desarrollo económico y social, más bien puede agravar su situación de empobrecimiento y exclusión. Se trata de una zona con fuerte potencial eco-turístico, el cual aún no ha sido aprovechado plenamente. Represar estos ríos implica sacrificar este gran tesoro hídrico.
  • Nos preocupa el secretismo y la falta de espacios de información y discusión acerca de estos proyectos. La ciudadanía ya se ha pronunciado en contra de represas, y promoverlas sin abrir espacios de discusión significa irrespetar la voluntad popular expresada de manera firme en el pasado.

Para mayor información o consultas:

rioslibresturri@gmail.com

*Imagen con fines ilustrativos tomada de columbia.co.cr

Enviado por Alberto Gutiérrez Arguedas.

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Defraudación fiscal tiene un enorme impacto ambiental

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • Un 70% de los barcos a nivel global que sobreexplotan los mares de forma ilegal se benefician de los paraísos fiscales
  • Un 68% de las ganancias de las empresas responsables de la deforestación se benefician de la opacidad fiscal

 

FECON, 25-9-2018. El Proyecto de Ley para Fortalecer las Finanzas Públicas no resuelve ni la opacidad fiscal, ni grava la renta global. Por lo tanto, aunque se apruebe este proyecto de ley, las empresas contaminantes en Costa Rica seguirán siendo favorecidas.

El informe de la comisión legislativa encargada de investigar el caso de los Papeles de Panamá, expediente 19.973, identificó 19 vacíos legales que han sido utilizados como portillos para la elusión y la evasión fiscal. Asimismo, generó 19 recomendaciones y señaló 8 proyectos de ley en la corriente legislativa que podrían atacar estos vacíos que crean el déficit en la recaudación de la renta. Aun así, lo que ahora se discute en la Asamblea Legislativa referente a finanzas públicas no incorpora estas recomendaciones. Estos mismos señalamientos hacen que Costa Rica tenga muchas características que lo asemejan a un paraíso fiscal. Incluso la revista Forbes pone a Costa Rica entre los países con alta opacidad fiscal (1).

Además, en Costa Rica el impacto de las industrias contaminantes recarga los servicios de salud; satura las posibilidades de fiscalización ambiental y daña la infraestructura pública de muchas comunidades (sobre todo caminos y acueductos comunitarios). A nivel global, investigadores del Grupo ETC señalan que por cada dólar que se paga por un alimento industrializado se deben pagar otros dos dólares en daños ambientales y a la salud (2).

Una investigación reciente demuestra la relación que tienen la defraudación fiscal y la degradación ambiental (3). El Centro de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo y el programa Global Economic Dynamics and the Biosphere (GEDB), de la Academia de Ciencias sueca, reveló que el 70% de los barcos dedicados a la pesca ilegal han sido puestos bajo la jurisdicción de paraísos fiscales, principalmente Panamá y Belice, operan de que operan en otras latitudes.

Además, esta investigación reveló que el 68% de las ganancias de empresas responsables de la deforestación del Amazonas son canalizadas por medio de paraísos fiscales. Asimismo, traficantes de especies exóticas de flora y fauna también se aprovechan de regímenes con controles fiscales laxos. Estos datos salen a la luz pública luego de la investigación de los Papeles de Panamá, en la que destacaron empresas, políticos y bancos costarricenses.

Empresarios piñeros como Alfredo Volio saltaron a la luz pública como posibles evasores en el caso de los Papeles de Panamá. Volio, quien es propietario de Upala Agrícola S.A. y vicepresidente de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP), fue uno de los empresarios costarricenses vinculados al Buffet Mossac Fonseca.

La empresa naranjera y piñera Tico Frut, denunciada en múltiples ocasiones por contaminación y explotación laboral, también consta en los registros de los clientes del buffete de abogados que desde Panamá evadía sus responsabilidades en Costa Rica. Los Papeles de Panamá revelaron que TicoFruit es un complejo de al menos siete sociedades anónimas domiciliadas en Panamá, que tiene relación con el bufete Zürcher Odio Raven, este como enlace de Mossack Fonseca (4).

La sobreexplotación de los mares también está vinculada a empresas que son cómplices del déficit fiscal de nuestro país. La empresa Borda Azul S.A. fue reportada por evadir impuestos por medio del buffet panameño. Pero además, esta compañía atunera es una de las 10 empresas que han recibido más Certificados de Abono Tributario (5).

Como si fuera poco, el Proyecto de Ley para Fortalecer las Finanzas Públicas (Exp. N.° 20.58) en el Artículo 36 recorta el Fondo Especial para Guardacostas, situación que dificultará aún más la tarea de la lucha contra la pesca ilegal y descontrolada en nuestros mares.

 

Notas:

1) Costa Rica dentro de los países con opacidad fiscal. http://forbes.es/business/10095/como-funciona-un-paraiso-fiscal/

2)¿Quién nos alimentará? ¿La red campesina alimentaria o la cadena agroindustrial? http://www.etcgroup.org/es/quien_alimentara

3) Victor Galaz, Beatrice Crona, Alice Dauriach, Jean-Baptiste Jouffray, Henrik Österblom & Jan Fichtner Nature Ecology & Evolutionvolume 2, pages1352–1357 (2018). https://www.nature.com/articles/s41559-018-0497-3

4) https://databasear.com/panama-papers/intermediarios/

5) https://semanariouniversidad.com/investigacion/borda-azul-s-la-fuga-los-cat-paraiso/

 

 

Enviado por FECON.

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Solicitan que SETENA reevalúe modificaciones en cuanto a procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

El Colegio de Geólogos de Costa Rica en una carta dirigida al secretario general de SETENA, manifiesta que:

“Por acuerdo de Junta Directiva, en sesión 837, celebrada el lunes 16 de julio de 2018, les transcribimos las recomendaciones que se pretenden realizar a la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), en cuanto a los procedimientos de evaluación de Impacto Ambiental (EIA) las cuales son las siguientes:

(…)

-No obstante hay un riesgo importante en la posibilidad de que el “nuevo” reglamento, a pesar de todo, sea promulgado. Consiste en el hecho de que se sube el umbral para proyectos de construcción de 1000 m2 a 9000 m2, lo cual quiere decir que todos los nuevos proyectos de construcción que se encuentren por debajo de ese umbral, YA NO TENDRÁN QUE HACER ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS, como el de la Geotecnia y el de la GEOLOGÍA DEL TERRENO (Geología, Geomorfología, Hidrogeología y Amenazas Naturales). Considerando el hecho de que nuestro país presenta toda la gama conocida de riesgos geológicos, desde la perspectiva de la Gestión PREVENTIVA del Riesgo, es claro que este reglamento representa un error muy grave, pues al no realizarse los estudios técnicos señalados y contemplando la realidad de que solamente hay siete cantones que cuentan con Plan Regulador vigente y con la variable ambiental integrada, se hace necesario, solicitar a las autoridades correspondientes que el reglamento en cuestión NO SE PUBLIQUE dada la serie de inconsistencias que contiene, incluyendo la aquí señalada.

-Hemos determinado también que no hay congruencia y claridad en varios aspectos tanto técnicos como legales (ya que no podemos decir que desconocemos las leyes) en el documento presentado actualmente y que deben de ser revisados a mayor detalle.

-Con lo anterior, nuestra recomendación es que se solicite, respetuosamente, al señor Ministro de Ambiente y Energía que se convoque a la Comisión Mixta (con la conformación original) para que sea la que, de forma transparente y participativa, discuta y proponga soluciones concretas”.

 

Pulse en las imágenes para agrandar y leer el contenido completo de la carta.

 

Imagen de portada con fines ilustrativos tomada de Burica Press – WordPress.com

Enviado por Sergio Mora Castro.

Embalse de Río Piedras y la politiquería de alto impacto ambiental

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • Amenaza sísmica del embalse no ha sido estudiada
  • Compensación de biodiversidad no está garantizada
  • Desobedecerían a la Contraloría General de la República debido a ausencia de Estudio Ambiental Estratégico
  • Existen alternativas para abastecer de agua Guanacaste

 

Los 48 diputados que votaron a favor de la vía rápida a un proyecto de ley que pretende desafectar las 113 hectáreas de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal. Acción realizada sin sustento técnico suficiente y obviando la normativa nacional referente Áreas Silvestres Protegidas, evaluación de riesgo y ambiental. El proyecto de ley contenido en el Expediente n.º 20.465 pretende también compensar el bosque a inundarse con fincas vecinas cubiertas por potreros y pocos arboles dispersos.

Una cosa que sobre sale es amenaza sísmica que tiene el proyecto. En el folio 567 del expediente legislativo de dicho proyecto de ley destaca la posibilidad de que la presa se rompa debido a presencia de fallas técnicas. En su el inciso 1.4.1.5 habla que la cortina de concreto que sostendría el embalse está bajo amenaza sísmica tipo III. Lo cual recomienda análisis exhaustivos previos. Análisis que están ausentes y de no hacerse de forma responsable pondría en riesgo incuso vidas humanas y la inversión de aproximadamente USD$500 millones.

Lo anterior se refiere a sólo uno de una serie de análisis previos que se deberían de hacer. Por ejemplo demostrar que es el único lugar dónde se puede hacer y no existen alternativas. Se encuentra entre los pocos datos publicados del proyecto la posibilidad de compensar el área inundada con otras fincas que el SINAC adquirirá como concepto de compensación de biodiversidad con una inversión de 1500 millones de colones.

Para Isaac Rojas, miembro de CoecoCeiba Amigos de la Tierra: “la propuesta de compensación en biodiversidad es una idea poco conveniente en un país como Costa Rica, porque nadie puede asegurar que una ceiba que esté a 100 metros entre sí pueda compensar la una a la otra.”

Es conocido que la compensación es una medida que toman cuando los daños ambientales no se pueden evitar, pero en este caso está siendo usada de forma peligrosa para favorecer un proyecto empujado por intereses económicos muy fuertes sin tener estudios técnicos y científicos para apoyarse para tomar esta decisión.

El Dr. Jorge Lobo, biólogo catedrático de la Universidad de Costa Rica ha manifestado que: “…las poblaciones o especies afectadas por la pérdida de un área protegida no necesariamente aparecerán en su abundancia original en un área de compensación. Porque al no existir en el área de compensación los hábitats y recursos requeridos por esta especie, y los núcleos poblacionales o las condiciones migratorias para garantizar su redoblamiento. No se podrá compensar estas especies o poblaciones perdidas en Lomas de Barbudal. Diferencias drásticas en la calidad del hábitat, especialmente en el grado de alteración humana de los ecosistemas, que se detectaron entre Lomas de Barbudal y la Finca Asetrek (finca a adquirir par a compensar), no se equilibran con el aumento del área de esta última”.

Este proyecto de embalse comprendería 850 hectáreas; un canal de 55 kilómetros; un planta hidroeléctrica; entre otra obras se trata de un Programa o Plan y no de un simple «proyecto». Por tal razón el camino a seguir sería la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), aplicando los principios de Participación, Información y Transparencia y con la participación de todos los sectores relacionados.

Para Álvaro Sagot, experto en evaluación ambiental, manifestó que “…de debe hacer una evaluación previa para determinar si estratégicamente es viable y si lo es bajo qué salvaguardas ambientales y sociales. Lo correcto es que después de la Evaluación Ambiental Estratégica se elabora el proyecto de ley correspondiente, pero como aquí siempre ponemos la carreta por delante de los bueyes, entonces, la ley debería decir que el Programa o Plan de Desarrollo en particular, queda sujeta dicha evaluación.”

Basado en el informe N. °DFOE-AE-IF-00008-2017 de junio de 2017 la Contraloría General de la República le ordenó al Poder Ejecutivo implementarlo estipulado en el artículo 62 del “Reglamento General Sobre los Procedimientos de Evaluación De Impacto Ambiental” el cual estipula la Evaluación Ambiental Estratégica tiene como objetivo integrar la variable de impacto ambiental a la planificación del desarrollo económico del país.

Además el proyecto de ley no pone en cuestión el uso irracional del agua en la provincia de Guanacaste. Para la organización Confraternidad Guanacasteca el gran consumidor del agua es el sector agrícola que gasta de forma irracional el 70% del recurso hídrico disponible en la provincia.

El sector donde se ubica este proyecto, existe un total acaparamiento del agua en muy poca manos, pues empresas como Ingenio Taboga, Azucarera El Viejo, El Pelón y CATSA, consumen unos 7.000 litros por segundo, cada una, lo que es el agua equivalente al consumo de unas 500.000 personas. Estas 4 empresas juntas consumen 28.000 litros por segundo, volumen que supera el caudal que se dice proveerá el proyecto PAACUME con el embalse que es de solo 20.000 l/s. Consideran que las empresas de la zona deben modernizar sus sistemas de riego, para no incidir con su exagerado consumo, en los presupuestos del Estado y en el nivel de vida de cada uno de los habitantes de este país.

Según Gadi Amit de Confraternidad Guanacasteca: “Hay alternativas. Sí las 3 empresas cañeras aquí mencionadas, aplicaran riego por goteo a sus plantaciones, se ahorraría 16.800 l/s -que es la cantidad de agua que el PAACUME quiere destinar al riego de la rivera derecha del Tempisque-. La pequeña diferencia es, que no sería necesario construir el embalse en Rio Piedra. De esta forma el Estado y todos sus habitantes se ahorran el gasto de $ 500 millones”.

Por tanto desde FECON consideramos que este proyecto de ley enviado a vía rápida por 48 diputados y diputadas representa un peligroso paso en falso en materia ambiental, económica y social.

 

Federación Costarricense Para la Conservación de la Naturaleza.

 

Información:

Henry Picado, teléfono 87609800

Jorge Lobo,teléfono 86868649

Gadi Amit: 88268216

 

*Imagen de portada con fines ilustrativos tomada de Youtube.

Enviado por FECON.

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