Ir al contenido principal

Etiqueta: impacto ambiental

Piñas en la mira: el monocultivo que se coló dentro de las áreas protegidas de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Por Sebastián Rodríguez

  • Datos satelitales detectaron cultivos de piña en 1659 hectáreas de cuatro áreas protegidas del país. El gobierno otorgó permisos en solo dos de ellas y lo hizo únicamente para 358,5 hectáreas.

  • Algunos expertos piden que, para atacar este problema de invasión, los refugios de vida silvestre afectados sean elevados a parques nacionales, una categoría de protección estricta.

María Fernanda Chaves creció con el sol punzante de la zona norte de Costa Rica, las noches calurosas y el olor a agroquímicos. En la escuela, en la iglesia y hasta en los restaurantes, la sombra de la agroindustria siempre estuvo presente.

La joven de 21 años es oriunda de un pueblo llamado Veracruz de Pital, ubicado en el cantón norteño de San Carlos. Por cualquier entrada al pueblo, una plantación de piña recibe a los visitantes. Aunque no siempre fue así, cuando era niña solía escuchar el rugido de los monos congo (Alouatta palliata) desde su hogar, así como el aullido de los coyotes (Canis latrans) en la distancia. Pero, con el tiempo, estos sonidos se fueron apagando.

En los últimos 20 años, el cultivo comenzó a cambiar el paisaje de la zona, a tal punto que, a unos kilómetros de su hogar de infancia, la piña incluso “ingresó” dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque, un importante santuario de humedales.

Maquenque es una de las cuatro áreas protegidas de Costa Rica que albergan cultivo de piña dentro de sus límites, según un análisis que Mongabay Latam pudo hacer con asesoría técnica del programa Monitoreo de Cambio de Uso en Paisajes Productivos (Moccup). El Moccup es un programa de investigación que monitorea el uso del suelo y es financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Para el análisis se usaron datos satelitales del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).

Una plantación de piña cerca del humedal Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro en 2017. Fotografía: Lenin Corrales.

Las otras tres áreas protegidas que presentaron cultivo de piña son el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro. Todas en la zona norte del país.

Algunas plantaciones ingresaron a las áreas protegidas con licencia del Ministerio de Ambiente pues no son zonas de conservación estricta sino que permiten actividades sostenibles dentro de ellas. Sin embargo, la mayoría del área identificada satelitalmente no cuenta con registro de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el ente encargado de otorgar permisos de construcción y siembra.

Piña intrusa

De las 1659 hectáreas de piña identificadas en áreas protegidas en 2018 —el dato más reciente—, la Setena solo tenía conocimiento de 358,5 hectáreas en sus registros. Es decir, el 74 % de la piña dentro de áreas protegidas no estaría avalada por la institución.

Esto no necesariamente significa que sea piña ilegal, pero sí significa que esas plantaciones no pasaron por una evaluación de impacto ambiental, según indicó la secretaria de Setena, Cynthia Barzuna. “Hay muchos proyectos de siembra de piña que han venido operando incluso antes de la existencia de la Ley Orgánica del Ambiente (1995), de manera que para su operación no requerían de la viabilidad ambiental”, dijo Barzuna.

En naranja se observan los cultivos de piña en Costa Rica. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).

Lo cierto es que los humedales que hoy están bajo presión agrícola tienen un importante valor ecológico, ya que son únicos en el país y forman un corredor biológico para especies migratorias, según indicó Lenin Corrales, biólogo e investigador del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie).

“Una cosa es que destruyas un humedal y tengas copia de ese humedal en otras partes del país [es decir, otros ecosistemas con características similares]. Pero otra cosa es destruir un humedal que solo existe ahí. Esa es su importancia”, dice el científico experto en cambio de uso del suelo.

La piña ciertamente contribuyó a la degradación del ecosistema, explica Corrales. Este cultivo se disparó en Costa Rica durante los últimos 20 años, tanto que actualmente dos de cada tres piñas vendidas internacionalmente provienen de este país centroamericano. Pero la piña no llegó sola, en comunidades como Veracruz, donde creció María Fernanda Chaves, los días se hicieron más calientes, los coyotes se callaron y el aire comenzó a oler a agroquímicos.

Las imágenes satelitales revelan que el cultivo de esta fruta, para 2018, ya había entrado en cuatro áreas protegidas de Costa Rica. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente no tiene registros de la mayoría de esas plantaciones. Al comparar la información de los satélites con los registros de Setena, hay 1300 hectáreas “perdidas”. De ellas no hay expedientes abiertos.

Pese a que los satélites detectaron presencia de piña en cuatro áreas protegidas, el Ministerio de Ambiente no tiene registros de ninguna plantación de piña en las reservas de Barra del Colorado y Caño Negro.

Cultivos de piña alrededor y dentro del Refugio de Vida Silvestre Caño Negro en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).

La información satelital se recopila con dos sensores distintos: Landsat de la NASA y Sentinel de la Agencia Espacial Europea. El equipo técnico del Moccup revisa los datos, hace un mapeo anual y luego los publica para su uso libre. Las imágenes más recientes son de 2019, y en ellas se puede apreciar el cultivo de piña dentro de las cuatro áreas protegidas, los científicos aún están en proceso de calcular la cantidad de hectáreas que representan.

Al comparar estos datos con los registros públicos de Setena solo se encontraron tres permisos: los dos primeros dentro del refugio Maquenque, uno aprobado por 146 hectáreas (2014) y otro que figura “bajo análisis”, el tercero de 202 hectáreas está dentro del Corredor Fronterizo (2015).

Las empresas dueñas de estas plantaciones son Oscar Álvarez Rojas, Productos Agropecuarios Visa S.A. y Trinaca de Alajuela S.A., respectivamente. Según pudo constatar Mongabay Latam, las tres recibieron un permiso de viabilidad ambiental para operar dentro de las áreas protegidas. Sin embargo, las otras 1300 hectáreas no pasaron por este proceso y, por lo tanto, no cuentan con un permiso.

Cuando este medio le consultó a Setena por los propietarios de esas 1300 hectáreas plantadas con piña, la entidad se limitó a indicar que algunas podrían no ser necesariamente ilegales, sino que probablemente existen desde antes de la creación de la institución (1996).

No obstante, las imágenes satelitales del 2015 muestran un área reducida de piña dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo y en el refugio Caño Negro ni siquiera había plantaciones dentro de sus límites. El biólogo Lenin Corrales aseguró que esto habla del abandono de Costa Rica a los ecosistemas de manglares, ya que las autoridades de gobierno tienen poco control sobre lo que sucede en las zonas rurales.

Cultivos de piña dentro del Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
Piña dentro del Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo en 2015. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).

Pese a que los ecosistemas de humedal están bajo presión y tienen un importante valor biológico, Caño Negro, Barra del Colorado, Corredor Fronterizo y Maquenque son solo “refugios de vida silvestre”, una categoría de manejo menos estricta que los parques nacionales.

En este tipo de áreas, los dueños de fincas privadas pueden solicitar permisos para “explotación de los recursos naturales” pero con criterios de “estricta sostenibilidad”, según la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. Hasta hace poco, estos permisos se otorgaban a cualquier cultivo pero, a mediados de 2020, el Ministerio de Ambiente emitió una directriz que ordenó detener los permisos a monocultivos dentro de áreas silvestres protegidas.

Presiones al ecosistema

En noviembre del 2016, el huracán Otto tocó tierra en la zona norte de Costa Rica. El pueblo fronterizo de Los Chiles parecía ser uno de los más vulnerables, pero —por el contrario— los daños al final fueron leves. A sus alrededores, el humedal del refugio Caño Negro estaba hinchado de agua.

Este ecosistema terrestre-acuático es crucial para resistir los impactos del cambio climático, explica el biólogo Lenin Corrales del Catie. “Los humedales son como esponjas: absorben el agua y la liberan lentamente”, dice, e indica que la expansión piñera no solo amenaza a los humedales, sino también a las comunidades cercanas.

Una plantación de monocultivo de piña cerca del Refugio Caño Negro en 2017, con caminos para el paso de maquinaria. Fotografía: Lenin Corrales.

Una plantación de piña requiere del dragado del suelo, comenta el científico. “Donde ves piña es porque antes se secó el humedal y se hicieron canales”.

El drenaje de humedales ha tenido otro efecto inesperado: el incremento de incendios forestales en la zona. Por ejemplo, un informe del Catie encontró un aumento en las hectáreas quemadas en el humedal Caño Negro entre 2007 y 2016.

El suelo alberga una capa de metano y material orgánico bajo tierra, el cual es altamente inflamable. Al drenar este ecosistema, las llamas tocan el gas, el suelo comienza a explotar y se dificulta la entrada de los bomberos forestales.

Pero la siembra de piña trajo también otras complicaciones: la contaminación de fuentes de agua cercanas a áreas protegidas con agroquímicos.

Un estudio del 2017 —elaborado por la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)— encontró pesticidas en tres de diez sitios muestreados en el Refugio Caño Negro.

Cultivos de piña alrededor y dentro del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).

Para frenar estos impactos, Corrales asegura que el Estado debe comenzar a “consolidar” las áreas protegidas del norte y elevar su categoría de manejo a una protección más estricta.

“Todas esas áreas protegidas de la zona norte son refugios de vida silvestre. Convive la propiedad privada con la pública. El privado puede hacer con la finca lo que la norma le permite y así comienzan a drenar”, asegura.

Mongabay Latam contactó a la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep) pero no respondieron las preguntas enviadas con relación a los cultivos de piña que están dentro de áreas protegidas.

Mercado ‘tico’

En Costa Rica, la exportación de piña genera un lucrativo mercado de 1000 millones de dólares cada año. Pero su explosión fue reciente: en cuestión de dos décadas la actividad creció en un 700 %, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El cultivo existe en el país desde finales de la década de los setenta, pero vino a ser un producto importante para la economía costarricense hacia el año 2001. En ese año, la transnacional Del Monte introdujo una variedad llamada piña Golden o MD-2, la cual tuvo un éxito rotundo en el mercado europeo y estadounidense.

Cultivos de piña dentro del Refugio de Vida Silvestre Maquenque en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).

Ante la actividad emergente, el Ministerio de Agricultura de Costa Rica también dio un empujón a las empresas, principalmente con asesoría técnica. Una de las recomendaciones de ese momento fue utilizar el bromacil como herbicida, un químico altamente tóxico. Hoy en día, la Universidad Nacional de Costa Rica, en su Manual de Plaguicidas de Centroamérica, cataloga a este químico con “toxicidad aguda” para humanos. Es más, desde 2017 la importación de este químico está prohibida en el país, pero sigue apareciendo esporádicamente en análisis toxicológicos de la zona norte costarricense.

Las exportaciones comenzaron a fluir hacia Estados Unidos y Europa y, de la misma forma, se fue ampliando el cultivo en el país. En 1995, apenas existían 5500 hectáreas sembradas y hoy el área ya supera las 60 mil hectáreas.

De igual forma creció su importancia económica. Actualmente, la piña es el principal cultivo de Costa Rica, generando un 5 % del PIB nacional y alrededor de 32 mil empleos directos. Con el crecimiento, no obstante, también vinieron efectos colaterales.

Comunidades en conflicto

El suelo en Veracruz de Pital parece una alfombra de pequeñas coronas verdes. Luego de un tiempo, parece “como un desierto verde”, dice María Fernanda Chaves, una activista que vivió en este pueblo durante 17 años. Según dice, aquí no es nuevo que la piña ingrese en áreas protegidas, “ya se sabe que no se respetan los límites naturales. Tampoco se respetaron los límites para proteger quebradas y ríos”, asegura.

Sin embargo, este no es un tema que se discuta frecuentemente en la región. Según dice Chaves, la piña cambió el paisaje pero también a las personas, quienes tienen temor de alzar la voz por temor a represalias por parte de las empresas.

Una plantación de piña cerca del humedal Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro en 2017. Fotografía: Lenin Corrales.

A kilómetros de distancia, en el pueblo caribeño de Guácimo, la exalcaldesa de esta municipalidad, Erlinda Quesada, también comenzó a notar cierto temor entre las comunidades piñeras, quienes preferían no hablar pese a que, por ejemplo, sufrían impactos en sus fuentes de agua.

“La gente está consciente. Pero si usted dice muchas cosas y vive en un sector en donde el único empleo que hay es la piña, nunca más le vuelven a dar trabajo ni a usted ni a sus parientes”, asegura Quesada.

A pesar de esta política tácita de silencio, existen algunas denuncias. En 2013, los vecinos de Guácimo denunciaron a la piñera Tico Verde S.A. por sembrar este cultivo dentro de los límites del Área de Conservación Tortuguero. La actividad terminó contaminando con agroquímicos algunas fuentes de agua de la reserva y de comunidades aledañas. Aun así, los jueces solo le ordenaron a la piñera la remoción de las hectáreas sembradas. Quesada asegura que debido a las sanciones débiles y al temor por quedarse sin empleo, las denuncias al final son escasas.

En Veracruz de Pital, un grupo de vecinos trató de denunciar la destrucción de una naciente de agua como consecuencia de la actividad piñera entre 2011 y 2012. Sin embargo, María fernanda Chaves recuerda que la acción no prosperó, principalmente porque la gente temía represalias.

Mongabay Latam también quiso preguntarle a la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep) por estos reclamos, pero no obtuvo respuesta.

Lo cierto es que, con el paso del tiempo, las puestas del sol se hicieron diferentes en Veracruz y Guácimo. Ahora, las noches son más calientes y los coyotes ya no se escuchan durante la noche. El cultivo que enamoró a Costa Rica los silenció.

*El autor de este reportaje participó en el Speed Pitching del NoForo organizado por Factual/Distintas Latitudes, un espacio para conectar historias con medios de toda la región.

 

Imagen principal: Una plantación de piña cerca del humedal Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro en 2017. Foto: Lenin Corrales.

Fuente: https://es.mongabay.com/

Homenaje A Carlos Lanz: Educación Ambiental

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.

En homenaje y reconocimiento al camarada y profesor Carlos Lanz Rodríguez, artífice de la Formación Sociopolítica, conjuntamente con un equipo interdisciplinario, quienes nos dimos a la tarea de Facilitar los Talleres de Formación Sociopolítica, por todo el territorio venezolano, compuesta por varios Ejes Temáticos, y continuamos este recorrido por ellos con el de Educación Ambiental.

Presentación del Eje Temático

Al abordar el Eje Temático Educación Ambiental, contemplado en el Plan de Formación Socio Político Permanente del Ministerio de Economía Popular MINEP, lo hacemos desde una clara posición política. Creemos que no se puede pensar ingenuamente en que pueda existir armonía dentro del sistema capitalista, con relación al medio ambiente, al equilibrio ecológico, a la satisfacción de las necesidades del ser humano o a los modelos de desarrollo impulsados por este, desde sus centros de hegemonía y dominación cultural-económica-política-tecnológica y militar. Dentro de la racionalidad del sistema capitalista hay unas premisas fundamentales que generan destrucción y desequilibrio en la Madre Tierra, entre ellas se destacan:

Obtención de beneficios, antes que satisfacción de necesidades humanas.

Indiferencia ante la contaminación del medio ambiente y desequilibrio ecológico.

Utilización de tecnologías contaminantes que degradan el medio ambiente, como elemento que acelera la producción, incrementa la productividad y la tasa de ganancia.

Se pretende compartir saberes y experiencias vinculados a la ecología, ambiente y la vida, con el fin de generar en colectivo propuestas orientadas a construir hegemonía antiimperialista y antimonopólica en el marco de la Misión Vuelvan Caras, específicamente desde los Núcleos de Desarrollo Endógeno (NUDE) contra el capitalismo, así como, construir propuestas ambientales y ecológicas pertinentes y coherentes con el nuevo Modelo de Desarrollo que sea sostenible y sustentable.

Contenido

Breve Historia del Problema Ambiental

La historia actual está repleta de desastres ecológicos producidos dentro de la racionalidad del sistema que pretende convertirse en hegemónico, (sistema capitalista), ejemplo de ello son el efecto invernadero, la contaminación de las aguas por residuos orgánicos e inorgánicos, la deforestación incontrolada de los bosques de la Amazonía (pulmón vegetal del mundo), la instalación de industrias contaminantes. Aunado a los impactos que la acción depredadora del género humano ha tenido esta conducta en cuanto a la exclusión social, política, económica con sus secuelas alarmantes expresadas en el incremento a nivel mundial de la pobreza, la salud, la carencia de servicios sanitarios, educativos y, que agobian a los países más pobres.

La superación del problema ambiental no es solamente un simple cambio de actitud, inculcación de ideas, esclarecimientos conceptuales, formación de habilidades o modificación de sensibilidades, sino que tiene un carácter social y de subjetividad (naturaleza cognitiva), económica, cultural y política. En la base del problema ambiental y ecológico actual, se encuentra una forma de conocimiento (presupuesto epistemológico), relacionado con la postura de que el ser humano asume hoy acríticamente y sin darse cuenta que ello condiciona su constitución espiritual y las actitudes materiales depredadoras del patrimonio ecológico y ambiental de las generaciones presentes y venideras, esta es la siguiente:

Relación sujeto-ambiente, como objeto de conocimiento: Ha predominado en la ciencia y el modo de pensar y actuar de la cultura occidental, una visión antropocéntrica, es decir, una concepción según la cual el ser humano es el centro del universo en su relación con el entorno, por lo tanto puede manipular controlar, dominar todo aquello que se le oponga. Esto le ha servido al capitalismo para justificar la depredación del planeta en función de los beneficios económicos.

Desde un Enfoque Critico y desde el Compromiso Social Transformador se requiere una acción critica consciente, autónoma, cogestionaria y corresponsable, centrada en la relación armónica del ser humano con el ambiente, que exige, como dice el poeta Joan Manuel Serrat “hacer camino al andar” hacia una nueva teoría de los sujetos en su relación con el medio, un nuevo compromiso social. La formación sociopolítica permanente de los ciudadanos y ciudadanas para la gestión, participación, vigilancia, defensa y preservación ambiental y ecológica constituye un eje fundamental, por cuanto implica el ejercicio político de la ciudadanía y la soberanía cognitiva, es decir, “Pensar con Cabeza Propia”.

Una Teoría Crítica para la acción colectiva, ética, trasformadora y emancipadora tiene una direccionalidad política, para afectar profundamente las relaciones de poder, explotación, dominación, expresadas en la racionalidad de los modelos capitalistas, que generan tramas económicas y sociales alienantes y explotadoras del ser humano y del entorno que lo rodea, cuya expresión es el saqueo y depredación del patrimonio ecológico y ambiental de los pueblos.

A partir de lo anteriormente expuesto, se requiere construir un nuevo modelo de desarrollo acorde con nuestro interés de emancipar al ser humano.

Nuevo Modelo de Desarrollo y Sustentabilidad Ambiental

En la construcción del nuevo modelo de desarrollo, es indispensable tener claridad conceptual y política respecto al tema de la sustentabilidad ambiental, entendida como: la permanencia de la base de nuestros recursos naturales en el largo plazo, los cuales deberán ser explotados mediante la reivindicación y aplicación de nuestras tecnologías ancestrales y autóctonas de bajo impacto ambiental, así como, mediante la generación de nuevas tecnologías no degradantes. Se combate los enfoques de producción de la tecnología del sistema capitalista orientados a la sobreexplotación indiscriminada de nuestros recursos con fines mercantilistas.

Gestión y Participación Ambiental Comunitaria en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Las nuevas formas de participación y gestión ambiental comunitaria, marcan el abandono de la lógica del capitalismo expresado en la ideología neoliberal, y su eje central el individualismo. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), expresa los llamados intereses colectivos, pertenecientes a todos los ciudadanos y ciudadanas que integran una comunidad, latinoamericana, caribeña y nacional llamada Venezuela.

En tal sentido, la democracia participativa y protagónica consagrada en la CRBV, nos plantea una reinterpretación del ejercicio del poder, desde la esencia de los derechos de participación, orientados a superar la exclusión social y política predominante desde la llegada de los colonizadores del imperio español en 1492.

La misma exclusión tuvo su máxima expresión en el llamado “Pacto de Punto Fijo”, el cual cercenó durante 40 años los derechos de participación de los ciudadanos y ciudadanas en las esferas inherentes a lo educativo, la salud, alimentación, hábitat, generando un fuerte impacto negativo y de incalculables dimensiones en las esferas de lo ambiental con su consecuente incremento de las condiciones de pobreza de niños, niñas, jóvenes y adultos excluidos.

La CRBV, consagra en el preámbulo, los fines supremos de la V República y en el articulado los principios de corresponsabilidad: participación de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos (artículo 62), Educación como derecho humano y deber social fundamental y la valoración ética del trabajo (artículo 102), obligatoriedad de la educación ambiental ( artículo 107), Derecho y deber de cada generación de proteger y mantener el ambiente y preservarlo libre de contaminación ( artículo 127), Política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas.. (Artículo 128). Regulación de actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas (artículo 129).

 

Imagen: https://www.alainet.org/

MONUMENTO AL PREVARICATO. A propósito de su «inauguración»

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  1. Porque el edificio de la Asamblea Legislativa, con más de 53.000 m2 de construcción se construyó irrespetando la Constitución Política y la Ley Orgánica del Ambiente.
  2. Porque se irrespetó de plano los decretos ejecutivos que contienen los reglamentos que rigen la materia de las EVALUACIONES AMBIENTALES, emitidos por la Setena (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) para ser cumplidos.
  3. Porque igualmente se irrespetó al Senara (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento) al obviar el dictamen que debió haberse solicitado sobre el importante acuífero subterráneo alcanzado con la profunda excavación del edificio.
  4. Porque no se hizo un estudio hidrogeológico del subsuelo en que se plantó el edificio (ni los otros estudios de ley) que manda el «Formulario de Evaluación Ambiental D1».
  5. Porque el entonces representante del ministro de Ambiente y Secretario General de la Setena, arrogándose personalmente funciones que le corresponden al órgano colegiado jerarca de esa Institución (Comisión Plenaria) AUTORIZÓ la no presentación del Estudio de Impacto Ambiental que obligatoriamente debió de haber presentado el desarrollador del proyecto, quien hizo por escrito la reprochable gestión para que se cometiera tan burda ilegalidad.
  6. Porque los miembros de la Comisión Plenaria, enterados luego de la grave ilegalidad cometida por su Secretario General, tramitaron un recurs administrativo sobre el acto indebido, «disimulando» la situación y convirtiéndose en cómplices de la irregularidad.
  7. Porque, además, se incumplió violentamente la normativa de la Setena que determina en qué casos se puede extender la validez de una VIABILIDAD AMBIENTAL otorgada para un proyecto, hacia otro ligeramente diferente, situación que no corresponde en el caso de este proyecto.
  8. Porque los órganos contralores del Ministerio de Ambiente (Minae) no cumplieron con el deber que juraron cumplir, de actuar diligentemente ante la evidente falta que se estaba cometiendo en un órgano bajo su jurisdicción, como es la Setena.

POR LO ANTERIORMENTE RESUMIDO, es materialmente imposible alegar que no se ha COMETIDO PREVARICATO en todo el proceso que condujo hacia la construcción de tan antiecológico inmueble, sede, paradójicamente, de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

(FREDDY PACHECO LEÓN, PhD en Ciencias Biológicas).

Semana minera: diputados aceleran trámite de proyectos mineros mientras 20 organizaciones ecologistas llaman a movilización

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

(Bloque Verde, 16/11/2020) Diputados y diputadas empujan aceleradamente proyectos de ley que legalizarían la minería metálica a cielo abierto. En la corriente legislativa se encuentran tres proyectos de ley en tres comisiones distintas. Al mismo tiempo el movimiento ecologista ha convocado a manifestaciones esta semana y ha lanzado el video clip “La Mona Mina”.

Los tres trámites han sido dispuestos fuera de la comisión permanente de Ambiente de la Asamblea Legislativa para ser discutidos por comisiones como la de Asuntos Sociales, la Comisión de Alajuela y la Comisión de Guanacaste. Lo que pone de manifiesto la poca disposición de los proponentes de estos proyectos para tomar en cuenta los impactos ambientales de una actividad destructiva como la minería.

Hoy lunes la Comisión Especial de Provincia de Alajuela sesionará a las 10:30AM para tramitar el expediente 22007 «Ley de Minería Crucitas» uno se los tres proyectos de ley de minería que existen en este momento en la Asamblea Legislativa. Hoy se desarrollará la audiencia para Andrea Meza Murillo, Ministra de Ambiente y Energía.

El martes y miércoles, a las 12MD la Comisión de Asuntos Sociales continuará el trámite del expediente Nº 21.584: “Ley para el Desarrollo Social Mediante la Regulación de la Actividad Minera Metálica” propuesto por los legisladores del PLN Jorge Fonseca y María José Corrales.

El movimiento ambiental ha convocado para el día miércoles 18 de noviembre a las 12MD a una manifestación en la Plaza de la Democracia para oponerse a cualquier legalización de la minería metálica a cielo abierto.

Este lunes se estrenó el video Clip “La Mona Mina” una producción nacional que con música y humor inspirado en un viejo dicho popular para señalar que aunque la minería sea etiquetada como sostenible sigue siendo una actividad destructiva.

Video Clip Mona Mina:

Carta Abierta de Organizaciones de la Sociedad Civil Solicitando no se Apruebe el Proyecto de RECSA

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

San José, 17 de septiembre del 2020.

Sra. MSc. Andrea Meza Murillo,
Ministra del Ambiente y Energía,
Gobierno de Costa Rica,
Su Despacho.

Estimada Sra. Ministra,

Primeramente, me permito saludarle deseándole éxitos en sus gestiones iniciales al frente del Despacho del Ministerio del Ambiente y Energía. En representación de las organizaciones firmantes, CEDARENA, FANCA, ARCA, el Frente Nacional por los Humedales y la Fundación Neotrópica, le hago llegar para su consideración una carta abierta referente al proyecto de reglamento Reglamento de Control y Seguimiento Ambiental (RECSA), versión presentada recientemente a la Comisión Permanente de la SETENA y pendiente de aprobación y divulgación por parte del Poder Ejecutivo. En la misiva razonamos, adoptando los criterios vertidos por la Asociación de Consultores Ambientales, nuestra posición respecto a esta propuesta normativa.

Con base en este razonamiento, Señora Ministra, le solicitamos en esta carta abierta, que su Ministerio:

1- No oficialice la mencionada propuesta normativa como sustituto del actual sistema de evaluación de impacto ambiental;

2- Que en lugar de esta propuesta se realice una detallada reestructuración del instrumento en forma participativa pero eficiente partiendo de los recursos que posee el sector estatal con el valioso insumo técnico que le ofrecen diversos actores sociales de la academia, del sector de la sociedad civil organizada y privado, que complemente y modernice la normativa de evaluación de impacto ambiental vigente a fin de que el sistema se agilice sin que se genere regresión y desprotección del ambiente.

Quedamos a sus órdenes con el fin de poder dar seguimiento a esta solicitud, la cual formulamos con espíritu respetuoso, pero con la vehemencia y el interés que requiere en el momento actual, la defensa de los intereses ambientales de nuestra población, conforme se contempla en el artículo 50 de nuestra Carta Magna. Le solicitamos cordialmente, el correspondiente acuse de recibo.

Atentamente,
Dr. Bernardo Aguilar González
Director Ejecutivo
Fundación Neotrópica

 

Imagen ilustrativa tomada de Burica Press – WordPress.com

Impactos ambientales del endeudamiento con el FMI

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

¡Que la crisis no la pague la naturaleza ni las comunidades!

(FECON, 27-08/2020). El avance del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por $508 millones tramitado en la Asamblea Legislativa significa una serie de consecuencias que debería preocupar a las personas defensoras de la naturaleza y los ecosistemas.

Este empréstito tiene una dimensión ambiental que es ignorada incluso por los mismos diputados y diputadas. Esto gracias a que la estrategia de invisibilizar las externalidades negativas de las transacciones financieras es muy eficiente. Pero la experiencia de otros países endeudados don el FMI nos da un panorama claro de cuál será su impacto, sobre todo si el Poder Ejecutivo está negociando un “Acuerdo de Derecho de Giro” conocido como Stand-By con el mismo FMI.

Una consecuencia conocida de estos procesos de Stand-By ha sido la privatización de las empresas públicas estratégicas, principalmente en sectores relacionados con los recursos naturales, especialmente energéticos y minerales. Además, también se impulsan procesos de liberalización del sector financiero y bancario, recortes de los derechos laborales, sociales y culturales.

De hecho, dentro de las “recomendaciones” (1) del FMI para este primer empréstito está impulsando la apertura en el sector eléctrico por parte de entidades privadas. Lo que llevaría en la práctica a que empresas de hidroelectricidad represen más ríos de manera innecesaria, puesto que la demanda de energía en el país está cubierta e incluso en la actualidad el Instituto Costarricense de Electricidad se ve obligado a comprarle energía a estas empresas aún sin necesitarla debido a leyes escritas a conveniencias de las empresas privadas.

La poca información que ha revelado el gobierno sobre las negociaciones con el FMI hace que no se puedan saber muchas de las consecuencias este tipo de endeudamiento con entidades financieras que han promovido la minería, las represas y el agronegocio al rededor del globo. Pero por esta razón, desde la óptica ambiental el incremento del endeudamiento público hace que Costa Rica pierda soberanía para tomas sus propias decisiones sobre los recursos naturales nacionales y los deja vulnerables.

Notas:

1. Costa Rica: Request for Purchase Under the Rapid Financing Investment-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Costa Rica https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/05/01/Costa-Rica-Request-for-Purchase-Under-the-Rapid-Financing-Investment-Press-Release-Staff-49388

 

Foto: Semanario Universidad

Nuevo reglamento de SETENA pone en peligro conservación de la naturaleza

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

-Grandes monocultivos serían eximidos de evaluación ambiental;
-Nuevo reglamento sería regresivo;

La Federación Ecologista (FECON) ha comunicado formalmente al Ministro de Ambiente y a la Secretaria General de SETENA que rechaza la propuesta de reforma reglamentaria de SETENA denominada Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA).

En la misiva enviada el lunes 22 de junio, FECON indica que los planteamientos del RECSA son regresivos ambientalmente. Que elimina o reduce cuestiones centrales de la EIA y que el texto planteado termina por contradecir u omitir los principios de la Ley Orgánica del Ambiente 7554.

No avanza en calidad de participación social. Más bien, la redacción en este apartado es superflua. Esto impide de entrada una adecuada gestión de los conflictos socioambientales, que representan costos indirectos en las EIA y que son efecto de vacíos o anticuados procedimientos que contradicen el espíritu del derecho ambiental.

Suprime el concepto de Efectos Acumulativos, desconsiderando así cualquier mecanismo para su evaluación. Las actividades humanas no se dan en condición de aislamiento y se requiere fijar medios de control de la capacidad de carga en un territorio. También elimina Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) dejando un vacío en evaluación con enfoque de ordenamiento territorial.

Otro elemento crítico son las Auditorías Ambientales, donde se pretende que el auditado pague los Consultores Ambientales que le evaluarían, excluyendo a instituciones y universidades como colaboradoras en auditorías actualmente.

Además, de forma inédita, excluye de la Evaluación de Impacto Ambiental a las actividades agropecuarias como ganadería y agricultura. Cabe mencionar que en la primera versión que se conoció en comisión, los umbrales de ganadería y agricultura mostraban graves irregularidades.

Ahora es impensable excluirlas por su alto impacto ambiental.

El RECSA no se basa en criterios ambientales para definir los umbrales de impacto (bajo, medio, alto), clave para definir la ruta de evaluación de cada para cada tipo de actividad. En general, establece una escala dimensional de proyectos muy cuestionable, dejando fuera de obligación de cumplir la EIA a proyectos que podrían alto impacto potencial.

Un ejemplo sensible de la irracionalidad ambiental del RECSA es que plantea que las concesiones de agua están queriendo pasarse como de bajo impacto ambiental en todos los casos, cuando sabemos que es uno de los campos que genera mayor conflictividad. De esta forma, se está legitimando un sistema obsoleto de gestión hídrica que se debe mejorar para prevenir conflictos.

Más bien, los umbrales están diseñados para subregistrar múltiples actividades sin justificarlo. FECON considera que, por el contrario, con el registro completo de actividades desde la primera unidad dimensional, se incentivan las buenas prácticas ambientales y esa debería ser la política que defienda el MINAE, por responsabilidad ambiental y jurídica.

La FECON recomienda al Ministro de Ambiente y a la presidencia de la Comisión de SETENA, rechazar la propuesta del nuevo Reglamento, por sus múltiples regresiones e inconsistencias y por carecer de avances sustanciales en la regulación de la Evaluación de Impacto Ambiental en el país.

El Aeropuerto Internacional del Sur no fue una solución en el pasado, y no lo va a ser en este nuevo contexto

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

María José Guillén[1]
José Antonio Mora[2]

El modelo que acompaña la idea de un aeropuerto internacional, está totalmente desfasado del nuevo contexto que estamos viviendo en el mundo.

El día 10 de junio, el diputado liberacionista Wagner Jiménez subió un video en su página de Facebook, donde menciona que tuvo una reunión con el Presidente de la República, y que en esta le solicitaba reactivar el proyecto del Aeropuerto Internacional del Sur. Desde hace más de una década se viene hablando de construir un Aeropuerto Internacional en la zona sur de Costa Rica, con el fin de acelerar y atraer el flujo de turistas y mercancías en una zona de histórica vocación agrícola, de conservación ambiental y patrimonio arqueológico, específicamente, en Palmar Sur de Osa.

Éste ha sido un proyecto bastante cuestionado por diversos sectores, tanto de la comunidad nacional como internacional, debido a los posibles impactos sociales y ambientales que una infraestructura de esta magnitud tendría en la zona. En este texto queremos puntualizar los aspectos más preocupantes de este mega proyecto, y por los que fue archivado en el pasado, al mismo tiempo que los actualizamos en este presente pandémico que ha dejado expuesta la vulnerabilidad del actual modelo económico. El Aeropuerto se ofrece como solución de reactivación económica, cuando no es sino una receta fallida que continúa reproduciendo este modelo desfasado que ha maximizado sus consecuencias negativas durante esta crisis económica y sanitaria. Estos puntos son:

  1. Para hacer el Aeropuerto deben desalojar cientos de familias rurales y campesinas.

Como bien se ha dicho en años anteriores, este Aeropuerto se pretende construir en las comunidades llamadas Finca 8, Finca 9, Finca 10 y Finca 11. A pesar de que sus nombre nos pueden hacer pensar que estos son espacios inhabitados, se trata de comunidades rurales ubicadas en Palmar Sur de Osa, las cuales fueron parte de la unidad de producción de banano de la Compañía Bananera de Costa Rica (subsidiaria de la United Fruit Company). Estas fincas están habitadas por cientos de familias rurales y campesinas, las cuales trabajan la tierra bajo distintas modalidades productivas. Muchas de las familias que viven en las Fincas han manifestado su total rechazo ante este proyecto, a través de distintos mecanismos legales y de protesta. Algunas de estas Fincas pertenecen a instituciones como el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder), en el caso de Finca 10, y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) en el caso de Finca 9. La gran pregunta que despierta la reactivación de este proyecto es ¿Qué va a pasar con todas estas familias? ¿Serán desalojadas o serán reubicadas? ¿Por qué nunca se ha mencionado algo al respecto de esta situación por parte de Aviación Civil?

  1. Este aeropuerto estaría ubicado dentro de la zona más importante de emplazamiento de las esferas de piedra precolombinas, las cuales fueron declaradas Patrimonio Arqueológico de la Humanidad por parte de la UNESCO.

En el año 2007, un titular en el periódico La Prensa de Honduras decía “El presidente anuncia nuevo sitio para aeropuerto en Copán” (Ensemble. 05/07/2020). La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró a Copán Ruinas como Patrimonio de la Humanidad en el año 1982, esta organización rechazó la idea del gobierno hondureño, de construir un aeropuerto internacional a catorce kilómetros del Parque de Copán Ruinas, debido a que la vibración de los aviones podría dañar los sitios arqueológicos, como efectivamente ocurrió.

En el caso del Aeropuerto Internacional del Sur, este se encontraría prácticamente en medio de varios sitios arqueológicos, también declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2014. Se trata de los sitios Finca 6, Batambal, Grijalba y El Silencio, ubicados en el cantón Osa, donde se encuentran las esferas de piedra precolombinas. Como bien lo dice la experta Ifigenia Quintanilla, estas esferas de piedra son una clara evidencia del trabajo colectivo que realizaban los pueblos originarios del Pacífico Sur de Costa Rica (Quintanilla, I., 19/06/2016).

La situación vivida hace más de 13 años en Copán Ruinas, es exactamente la misma que la de este aeropuerto del sur. ¿Se le ha consultado su opinión a la UNESCO sobre este proyecto? ¿Se han valorado los impactos que este megaproyecto traería para estos sitios arqueológicos?

  1. Se ubicaría en una llanura que está básicamente al lado del Humedal Térraba-Sierpe, el cual es un sitio Ramsar.

Los sitios Ramsar son humedales de importancia mundial, los cuales se busca que tengan un manejo eficaz, y que se mantengan sus características ecológicas. El Humedal Nacional Térraba-Sierpe fue declarado sitio Ramsar en el año 1995 por su importancia ecológica por ser hábitat de muchas especies, como las aves migratorias, y por aportar ingresos a las familias de la zona. Un aeropuerto internacional que estaría justo al lado de este humedal generaría un impacto directo sumamente grande en los distintos ecosistemas que allí se albergan.

  1. El Aeropuerto en el Sur atraería turismo masivo, emulando el modelo de Guanacaste

El turismo es una industria que depende de la precarización laboral. Por un lado, funciona por temporadas, por lo que las contrataciones no son estables y las personas tienen que estar rotando entre empleos sin consolidar nunca sus garantías laborales. Ese turismo masivo se basa sobre principios de segregación espacial, en el que las bellezas naturales de la zona se convierten en espacios de disfrute exclusivo para turistas, mientras que las comunidades se ven desplazadas a regiones menos atractivas. La cantidad de recursos necesarios para sostener este tipo de turismo es despojado de las comunidades aledañas y de personas migrantes, que son proveedores no solo mano de obra barata, sino que también se ven despojados de grandes extensiones de tierra y del uso del agua potable. Como se ha visto con el caso guanacasteco, este modelo de turismo de enclave ha provocado un sinnúmero de conflictos socioambientales y comunales, lo cual muy posiblemente se repita en el Sur en caso de concretarse este megaproyecto.

  1. Las tierras donde pretenden hacer el megaproyecto son parte de zona que constantemente se inunda

La zona donde planea construirse el Aeropuerto tiene un alto riesgo de inundaciones al ubicarse en el delta de los ríos Térraba y Sierpe, en una de las zonas más húmedas del país y con gran descarga de sedimentos desde la parte alta de la cuenca.

  1. ¿Quién financia este proyecto?

El desarrollo de un proyecto de las magnitudes propuestas para el Aeropuerto Internacional requieren de un gasto que el país no está en condiciones de asumir, especialmente cuando el desempleo y la desigualdad socioeconómica van en aumento. La “inversión” dependerá probablemente de adquisición de deuda así como del modelo de concesión de obra pública, que como se ha visto con el caso de la Ruta 27, es un total fracaso para las finanzas públicas y el bolsillo de las y los habitantes. Alrededor del mundo, el giro infrastructural ha mostrado que los mega-proyectos suelen ocupar más tiempo y más dinero que el estipulado al inicio de su formulación; asimismo, su escala moviliza la idea sublime de que serán grandes hazañas por las que los políticos serán admirados y recordados, por lo que son utilizados por los gobernantes para aumentar su popularidad.[3]

  1. Durante y después del COVID-19.

Los primeros casos por COVID-19 en el país fueron detectados en turistas norteamericanos, después de que se expandiera el contagio, el sector turístico fue el que más rápidamente se vio afectado por las medidas de contención del virus, como el cierre de fronteras, playas y bares. Por otro lado, la incertidumbre con respecto a la propagación, inmunidad, y vacunación, así como las transformaciones culturales y económicas que el coronavirus está generando no pueden ser ignoradas. La aparición de este nuevo virus -que no es el primero ni será el último- generará cambios en los estilos de viaje y en las formas en que se consume placer -el producto por excelencia de la experiencia turística-.

La promoción del Aeropuerto Internacional como una salida a la crisis económica es ciega y negligente de todas estas condiciones que existían antes, y que con esta nueva enfermedad se han mostrado de una manera más cruda.

Referencias:

Ensemble. (05/07/2007). El presidente anuncia nuevo sitio para aeropuerto en Copán. Diario La Prensa. Recuperado de https://www.laprensa.hn/honduras/648042-97/el-presidente-anuncia-nuevo-sitio-para-aeropuerto-en-cop%C3%A1n

Flyvbjerg, B. (2014). What You Should Know About Megaprojects and Why: An Overview. Project Management Journal, February .

Quintanilla, I. (19/06/2016). El Diquís, las esferas de piedra y su valor cultural universal. Diario La Nación. Recuperado de https://www.nacion.com/viva/cultura/el-diquis-las-esferas-de-piedra-y-su-valor-cultural-universal/VBF5ODRHJVHRFBJJUHFCFTJLAM/story/

[1] Estudiante del Doctorado en Geografía de Clark University, Massachusetts, Estados Unidos.

[2] Docente. Sección de Historia y Geografía, Sede de Occidente. Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria. Universidad de Costa Rica.

[3] Flyvbjerg, B. (2014). What You Should Know About Megaprojects and Why: An Overview. Project Management Journal, February .

Imagen: Botas con Machete, Alejandro Ferlini Cartín

Cámaras quieren reducir evaluaciones de impacto ambiental para favorecer negocios

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

FECON denuncia carencia de criterio ambiental y regresiones en el planteamiento de los grupos de presión

FECON (19/05/2020). La Federación Costarricense para la Conservación de Ambiente (FECON) se encuentra participando como miembro pleno en el análisis que realiza la Comisión Asesora Técnica Mixta de SETENA, sobre una propuesta de cambio del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en nuestro país.

Previo a este proceso, representantes de organizaciones afines al tema desarrollamos el año pasado un proceso de análisis de la pretendida reforma de SETENA, donde coincidimos en la necesidad de mejorar los procesos de EIA vigentes, dado las negligencias sistemáticas en la gestión de los procesos por parte de SETENA, o por portillos que habían identificado las organizaciones comunales que participaron para defender su derecho al ambiente sano.

Desde la representación de FECON hemos adoptado la misión de participar de forma propositiva, crítica y vigilante en la discusión sobre esta normativa, para que haya sentido de progresividad en los planteos, sin vicios de letra menuda y sin escatimar en hacer denuncia pública de las irregularidades y retrocesos que se susciten a lo interno de la Comisión, pues el tema es de interés público. Consideramos, por ejemplo, que es tiempo de impulsar mejoras sustanciales en la participación social en estos procesos históricamente excluyentes o viciados al mediar grandes intereses y presiones del desarrollismo económico.

En las evaluaciones de impacto ambiental es donde el Estado debe ser certero en garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado frente a las propuestas de actividades productivas en los territorios. Costa Rica avanza ya en el reconocimiento del derecho a participación ciudadana efectiva con el Acuerdo de Escazú (Expediente N° 21.245), ratificado en primer debate legislativo en febrero de este año. Las condiciones para una reforma reglamentara deben estar dadas por la progresividad en materia de protección ambiental y participación.

Una reforma bajo presiones e intereses

Si bien hablamos de que es necesario revisar la normativa para impulsar mejoras en los procesos de EIA, en el proceso previo al espacio actual de análisis en la Comisión Mixta ha habido varias irregularidades. Por ejemplo, en el año 2017, FECON fue excluida de esta Comisión, de la que formó parte desde el 2005 cuando se discutió el reglamento vigente de SETENA. Esto dio signos de querer excluir la visión crítica en un tema de total incumbencia de nuestra representación.

Formalmente la propuesta de reforma se conoció a inicios del 2018, cuando el ministro de Ambiente saliente Edgar Gutiérrez, intentó aprobar el denominado Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA), diseñado por el sector construcción. El jerarca dejó firmado el Decreto con esta Reglamentación para publicar directamente a la salida de su gestión, violentando el principio de participación con esta atribución imperiosa.

Los reclamos por parte de FECON no se hicieron esperar, ante la exclusión de la discusión en este tema, directamente relacionado con el ambiente y los procesos socioambientales que acompaña nuestra organización. La paralización inmediata de esta reglamentación sectaria fue solicitada al actual ministro de ambiente Carlos Manuel Rodríguez, quien correspondió nuestra demanda, y en abril de 2019 publicó el Decreto 41500-MINAE, reactivando la Comisión Mixta, cuyo función era precisamente la de emitir la recomendación con participación multisectorial, y en la que se volvió incluir a la FECON como miembro pleno.

Sin embargo, en julio del 2019 el ministro de Ambiente creó una nueva comisión Público-Privada mediante el Decreto 41817, donde las mismas Cámaras Constructivas “colaborarían” en la revisión del nuevo Reglamento para Evaluación, Control, y Seguimiento Ambiental, con plazo de entrega de resultados en noviembre del año pasado. Esto volvió a evidenciar la presión e intereses del sector de la construcción detrás de la propuesta de reformar los procedimientos de SETENA.

La activación de Comisión Mixta en 2020

Sobre esta base documental que son el RECSA y el MECSA, la Comisión Mixta realiza sus sesiones virtuales de análisis y discusión. Hasta ahora el balance es más que obvio y se reconoce abiertamente: la propuesta es impulsada por un grupo de interés particular como es el de la construcción e inmobiliario. No responde a una visión de consenso, y agregamos, no se fundamenta en criterios ambientales reales.

La redacción evidencia el sesgo conceptual de una visión limitada del ambiente. Se desconocen términos fundamentales como los efectos acumulativos en el territorio y por ende eliminan sus métodos de evaluación. También se presenta un concepto más limitado de participación ciudadana. Se elimina también la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de la reglamentación.

Pero lo central de la propuesta es que se pretende reducir el número de actividades a evaluarse ambientalmente, al establecerse una serie de umbrales para categorizarlas como de muy bajo y bajo impacto y solicitarles apenas una inscripción bajo declaraciones juradas de los desarrolladores. Umbrales carentes de criterio ambiental como se reconoce en el anexo que los establece y que fueron ajustados para múltiples actividades a criterio de su grupo redactor.

Sin duda alguna, las carencias de esta propuesta y los intereses que la impulsan nos obligan a hacer un llamado a la opinión pública en general. Comunidades, organizaciones sociales, instituciones y profesionales en ambiente, a activar todas las alarmas para que la Comisión Mixta trabaje con responsabilidad y rechace este tipo de propuestas regresivas.

Es responsabilidad de los sectores representados, garantizar una reglamentación segura y coherente con la misión de las evaluaciones de impacto ambiental. El campo ambiental no es ajustable a intereses económicos particulares. Tenemos que responder con credibilidad a todo un país y ser coherentes con los principios que rigen la Ley Orgánica del Ambiente. No podemos retroceder ampliando los portillos para que el impacto de grandes proyectos se salga de los radares y se lesione todavía más la protección del ambiente en Costa Rica.

*Imagen: Protesta de comunidades puntarenenses ante SETENA en 2016. Imagen Fecon.

Fuente: https://feconcr.com/

Sea parte de SURCOS:
https://surcosdigital.com/suscribirse/

La OCDE y el agro: algunas precisiones

Escrito en . Publicado en Análisis, Madre Tierra.

Luis Felipe Arauz

Profesor universitario y exministro de Agricultura y Ganadería (2014-2018)

Con fecha 19/05/2020 se publicó en Surcos Digital, un artículo de Henry Picado, expresidente de FECON, titulado “La OCDE y la tercera reforma neoliberal del agro en Costa Rica”. En el mismo, luego de dar su opinión sobre las implicaciones políticas de la incorporación de Costa Rica en la OCDE, la cual no comparto, pero como cualquier opinión, se respeta, entra a analizar aspectos del agro. En este último tema, cae en una serie de imprecisiones que, por respeto a los lectores de Surcos Digital, me veo en la obligación de aclarar.

En primer lugar, el autor se refiere al tema de registro de plaguicidas sin conexión alguna con la OCDE, incluso omite la recomendación que nos hizo la OCDE de incrementar el área dedicada a la agricultura orgánica. El nuevo reglamento para el registro de plaguicidas se empezó a trabajar desde antes que la misión de la OCDE evaluara nuestras políticas agrícolas. Con OCDE o sin OCDE siempre habríamos cambiado el reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento de 2007 (aún vigente, ya que el nuevo está esperando el fallo a un recurso sin fundamento científico presentado ante la Sala IV) resultó en un entrabamiento tal, que en 10 años no se había podido registrar casi ningún producto de última generación, de menor toxicidad y de menor dosis que los anteriores. Este rezago ha resultado en la aplicación de grandes volúmenes de plaguicidas en nuestro país. Baste un ejemplo. El control de la sigatoka en el cultivo del banano, con los productos actualmente disponibles, requiere de aplicar 2,5 kg por hectárea de fungicida cada 6 días. Esto da 146 kg por hectárea por año. Con productos de última generación, con dosis de 0,075 a 0,375 kg por hectárea cada 10 días, se aplicaría entre 2,7 y 13,7 kg por hectárea por año. Esto representa una disminución de más de 90% en el uso de plaguicidas. Otro caso, de los pocos que se lograron registrar con el reglamento viejo, es un producto para combatir nematodos dañinos de las raíces, que se usa en dosis 30 veces menor y es 133 veces menos tóxico, o sea una carga tóxica 4000 veces menor, que el producto usado antes, que por cierto yo mismo prohibí. Por otra parte, es falso que con el nuevo reglamento no se evalúen los temas toxicológicos o ambientales. Ningún producto que se vaya a aplicar en el campo tiene una evaluación más laxa con el nuevo reglamento que con el vigente. El tema es amplio y complejo, da para un artículo exclusivo para ese tema para explicar los detalles, como lo he hecho anteriormente (ver, por ejemplo: https://www.larepublica.net/noticia/registro-de-plagu-icidas-modernizacion-impacto-ambiental-y-algunas-aclaraciones), pero don Henry lo toca con una gran ligereza.

Un segundo tema que se trata no solo con ligereza sino con evidente confusión conceptual en el artículo del Sr. Picado es el tema de la “agricultura climáticamente inteligente”, el cual erróneamente confunde con el tema de “Agricultura 4.0”. Empiezo por este último concepto: la llamada “Agricultura 4.0” se refiere al uso eficiente e integración de diferentes tecnologías para la obtención y procesamiento de información, aplicables a la agricultura. No tiene nada que ver con drones fumigadores, aplicación de más agroquímicos, o la promoción de biología sintética u organismos genéticamente modificados. Ese uso eficiente de las tecnologías de información más bien permite usar los insumos con precisión y disminuir el uso de insumos y agua, y al mismo tiempo aumentar la productividad. En resumen, busca reducir el impacto ambiental y mejorar el impacto económico y social de la agricultura, mejorando la sostenibilidad de la actividad. Este tema no se planteó en el proceso de la incorporación de Costa Rica a la OCDE.

La OCDE sí nos hizo recomendaciones en el tema de la relación de la agricultura con el cambio climático, que las podríamos resumir en que continuáramos por la ruta que ya habíamos iniciado como país, fortaleciendo los mecanismos financieros para extender a otras áreas las acciones que ya había empezado Costa Rica en ganadería y café. En el informe de la OCDE no se habla explícitamente de “agricultura climáticamente inteligente” (ACI), aunque al hablar de balancear productividad, mitigación y adaptación al cambio climático, está hablando implícitamente de ese concepto, pues efectivamente de eso se trata. El concepto, presentado por la FAO en 2010, se refiere justamente a una agricultura productiva, que capture carbono o reduzca emisiones de gases de efecto de invernadero, y que se adapte al cambio climático. Si uno ve el libro de consulta la FAO del 2014, que desarrolla el concepto (http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/concept/es/), no se promueve una mayor aplicación de plaguicidas, ni la deforestación ni el uso de organismos genéticamente modificados (OGM). En Costa Rica, un ejemplo de ACI, es la estrategia de ganadería baja en carbono (http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/L01-11006.pdf), en la cual no se materializa ninguna de las amenazas que menciona el artículo de don Henry. Por el contrario, aumenta la arborización en los potreros, reduce el uso de fertilizantes, aumenta la productividad, mejora el uso del agua y aumenta la biodiversidad. En otros países, en especial en los Estados Unidos, sí se ha incorporado el uso de los OGM en la ACI. Esta diferencia de enfoque con Costa Rica no pasó inadvertida en la conferencia de las partes (COP21) de cambio climático de París 2015, lo que motivó una publicación al respecto (http://www.iatp.org/blog/201512/the-clever-ambiguity-of-climate-smart-agriculture) por parte de la ONG Instituto para las Políticas de la Agricultura y el Comercio.

Concluyendo, tanto la modernización del registro de plaguicidas como la agricultura climáticamente inteligente son temas que el Ministerio de Agricultura y Ganadería venía promoviendo desde antes de las recomendaciones de la OCDE, simplemente porque hacerlo ayuda a la agricultura y al ambiente, como lo he demostrado con seriedad, aportando datos y documentos.