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Etiqueta: impacto ambiental

Homenaje A Carlos Lanz: Educación Ambiental

Lic. José A. Amesty R.

En homenaje y reconocimiento al camarada y profesor Carlos Lanz Rodríguez, artífice de la Formación Sociopolítica, conjuntamente con un equipo interdisciplinario, quienes nos dimos a la tarea de Facilitar los Talleres de Formación Sociopolítica, por todo el territorio venezolano, compuesta por varios Ejes Temáticos, y continuamos este recorrido por ellos con el de Educación Ambiental.

Presentación del Eje Temático

Al abordar el Eje Temático Educación Ambiental, contemplado en el Plan de Formación Socio Político Permanente del Ministerio de Economía Popular MINEP, lo hacemos desde una clara posición política. Creemos que no se puede pensar ingenuamente en que pueda existir armonía dentro del sistema capitalista, con relación al medio ambiente, al equilibrio ecológico, a la satisfacción de las necesidades del ser humano o a los modelos de desarrollo impulsados por este, desde sus centros de hegemonía y dominación cultural-económica-política-tecnológica y militar. Dentro de la racionalidad del sistema capitalista hay unas premisas fundamentales que generan destrucción y desequilibrio en la Madre Tierra, entre ellas se destacan:

Obtención de beneficios, antes que satisfacción de necesidades humanas.

Indiferencia ante la contaminación del medio ambiente y desequilibrio ecológico.

Utilización de tecnologías contaminantes que degradan el medio ambiente, como elemento que acelera la producción, incrementa la productividad y la tasa de ganancia.

Se pretende compartir saberes y experiencias vinculados a la ecología, ambiente y la vida, con el fin de generar en colectivo propuestas orientadas a construir hegemonía antiimperialista y antimonopólica en el marco de la Misión Vuelvan Caras, específicamente desde los Núcleos de Desarrollo Endógeno (NUDE) contra el capitalismo, así como, construir propuestas ambientales y ecológicas pertinentes y coherentes con el nuevo Modelo de Desarrollo que sea sostenible y sustentable.

Contenido

Breve Historia del Problema Ambiental

La historia actual está repleta de desastres ecológicos producidos dentro de la racionalidad del sistema que pretende convertirse en hegemónico, (sistema capitalista), ejemplo de ello son el efecto invernadero, la contaminación de las aguas por residuos orgánicos e inorgánicos, la deforestación incontrolada de los bosques de la Amazonía (pulmón vegetal del mundo), la instalación de industrias contaminantes. Aunado a los impactos que la acción depredadora del género humano ha tenido esta conducta en cuanto a la exclusión social, política, económica con sus secuelas alarmantes expresadas en el incremento a nivel mundial de la pobreza, la salud, la carencia de servicios sanitarios, educativos y, que agobian a los países más pobres.

La superación del problema ambiental no es solamente un simple cambio de actitud, inculcación de ideas, esclarecimientos conceptuales, formación de habilidades o modificación de sensibilidades, sino que tiene un carácter social y de subjetividad (naturaleza cognitiva), económica, cultural y política. En la base del problema ambiental y ecológico actual, se encuentra una forma de conocimiento (presupuesto epistemológico), relacionado con la postura de que el ser humano asume hoy acríticamente y sin darse cuenta que ello condiciona su constitución espiritual y las actitudes materiales depredadoras del patrimonio ecológico y ambiental de las generaciones presentes y venideras, esta es la siguiente:

Relación sujeto-ambiente, como objeto de conocimiento: Ha predominado en la ciencia y el modo de pensar y actuar de la cultura occidental, una visión antropocéntrica, es decir, una concepción según la cual el ser humano es el centro del universo en su relación con el entorno, por lo tanto puede manipular controlar, dominar todo aquello que se le oponga. Esto le ha servido al capitalismo para justificar la depredación del planeta en función de los beneficios económicos.

Desde un Enfoque Critico y desde el Compromiso Social Transformador se requiere una acción critica consciente, autónoma, cogestionaria y corresponsable, centrada en la relación armónica del ser humano con el ambiente, que exige, como dice el poeta Joan Manuel Serrat “hacer camino al andar” hacia una nueva teoría de los sujetos en su relación con el medio, un nuevo compromiso social. La formación sociopolítica permanente de los ciudadanos y ciudadanas para la gestión, participación, vigilancia, defensa y preservación ambiental y ecológica constituye un eje fundamental, por cuanto implica el ejercicio político de la ciudadanía y la soberanía cognitiva, es decir, “Pensar con Cabeza Propia”.

Una Teoría Crítica para la acción colectiva, ética, trasformadora y emancipadora tiene una direccionalidad política, para afectar profundamente las relaciones de poder, explotación, dominación, expresadas en la racionalidad de los modelos capitalistas, que generan tramas económicas y sociales alienantes y explotadoras del ser humano y del entorno que lo rodea, cuya expresión es el saqueo y depredación del patrimonio ecológico y ambiental de los pueblos.

A partir de lo anteriormente expuesto, se requiere construir un nuevo modelo de desarrollo acorde con nuestro interés de emancipar al ser humano.

Nuevo Modelo de Desarrollo y Sustentabilidad Ambiental

En la construcción del nuevo modelo de desarrollo, es indispensable tener claridad conceptual y política respecto al tema de la sustentabilidad ambiental, entendida como: la permanencia de la base de nuestros recursos naturales en el largo plazo, los cuales deberán ser explotados mediante la reivindicación y aplicación de nuestras tecnologías ancestrales y autóctonas de bajo impacto ambiental, así como, mediante la generación de nuevas tecnologías no degradantes. Se combate los enfoques de producción de la tecnología del sistema capitalista orientados a la sobreexplotación indiscriminada de nuestros recursos con fines mercantilistas.

Gestión y Participación Ambiental Comunitaria en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Las nuevas formas de participación y gestión ambiental comunitaria, marcan el abandono de la lógica del capitalismo expresado en la ideología neoliberal, y su eje central el individualismo. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), expresa los llamados intereses colectivos, pertenecientes a todos los ciudadanos y ciudadanas que integran una comunidad, latinoamericana, caribeña y nacional llamada Venezuela.

En tal sentido, la democracia participativa y protagónica consagrada en la CRBV, nos plantea una reinterpretación del ejercicio del poder, desde la esencia de los derechos de participación, orientados a superar la exclusión social y política predominante desde la llegada de los colonizadores del imperio español en 1492.

La misma exclusión tuvo su máxima expresión en el llamado “Pacto de Punto Fijo”, el cual cercenó durante 40 años los derechos de participación de los ciudadanos y ciudadanas en las esferas inherentes a lo educativo, la salud, alimentación, hábitat, generando un fuerte impacto negativo y de incalculables dimensiones en las esferas de lo ambiental con su consecuente incremento de las condiciones de pobreza de niños, niñas, jóvenes y adultos excluidos.

La CRBV, consagra en el preámbulo, los fines supremos de la V República y en el articulado los principios de corresponsabilidad: participación de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos (artículo 62), Educación como derecho humano y deber social fundamental y la valoración ética del trabajo (artículo 102), obligatoriedad de la educación ambiental ( artículo 107), Derecho y deber de cada generación de proteger y mantener el ambiente y preservarlo libre de contaminación ( artículo 127), Política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas.. (Artículo 128). Regulación de actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas (artículo 129).

 

Imagen: https://www.alainet.org/

MONUMENTO AL PREVARICATO. A propósito de su «inauguración»

  1. Porque el edificio de la Asamblea Legislativa, con más de 53.000 m2 de construcción se construyó irrespetando la Constitución Política y la Ley Orgánica del Ambiente.
  2. Porque se irrespetó de plano los decretos ejecutivos que contienen los reglamentos que rigen la materia de las EVALUACIONES AMBIENTALES, emitidos por la Setena (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) para ser cumplidos.
  3. Porque igualmente se irrespetó al Senara (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento) al obviar el dictamen que debió haberse solicitado sobre el importante acuífero subterráneo alcanzado con la profunda excavación del edificio.
  4. Porque no se hizo un estudio hidrogeológico del subsuelo en que se plantó el edificio (ni los otros estudios de ley) que manda el «Formulario de Evaluación Ambiental D1».
  5. Porque el entonces representante del ministro de Ambiente y Secretario General de la Setena, arrogándose personalmente funciones que le corresponden al órgano colegiado jerarca de esa Institución (Comisión Plenaria) AUTORIZÓ la no presentación del Estudio de Impacto Ambiental que obligatoriamente debió de haber presentado el desarrollador del proyecto, quien hizo por escrito la reprochable gestión para que se cometiera tan burda ilegalidad.
  6. Porque los miembros de la Comisión Plenaria, enterados luego de la grave ilegalidad cometida por su Secretario General, tramitaron un recurs administrativo sobre el acto indebido, «disimulando» la situación y convirtiéndose en cómplices de la irregularidad.
  7. Porque, además, se incumplió violentamente la normativa de la Setena que determina en qué casos se puede extender la validez de una VIABILIDAD AMBIENTAL otorgada para un proyecto, hacia otro ligeramente diferente, situación que no corresponde en el caso de este proyecto.
  8. Porque los órganos contralores del Ministerio de Ambiente (Minae) no cumplieron con el deber que juraron cumplir, de actuar diligentemente ante la evidente falta que se estaba cometiendo en un órgano bajo su jurisdicción, como es la Setena.

POR LO ANTERIORMENTE RESUMIDO, es materialmente imposible alegar que no se ha COMETIDO PREVARICATO en todo el proceso que condujo hacia la construcción de tan antiecológico inmueble, sede, paradójicamente, de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

(FREDDY PACHECO LEÓN, PhD en Ciencias Biológicas).

Semana minera: diputados aceleran trámite de proyectos mineros mientras 20 organizaciones ecologistas llaman a movilización

(Bloque Verde, 16/11/2020) Diputados y diputadas empujan aceleradamente proyectos de ley que legalizarían la minería metálica a cielo abierto. En la corriente legislativa se encuentran tres proyectos de ley en tres comisiones distintas. Al mismo tiempo el movimiento ecologista ha convocado a manifestaciones esta semana y ha lanzado el video clip “La Mona Mina”.

Los tres trámites han sido dispuestos fuera de la comisión permanente de Ambiente de la Asamblea Legislativa para ser discutidos por comisiones como la de Asuntos Sociales, la Comisión de Alajuela y la Comisión de Guanacaste. Lo que pone de manifiesto la poca disposición de los proponentes de estos proyectos para tomar en cuenta los impactos ambientales de una actividad destructiva como la minería.

Hoy lunes la Comisión Especial de Provincia de Alajuela sesionará a las 10:30AM para tramitar el expediente 22007 «Ley de Minería Crucitas» uno se los tres proyectos de ley de minería que existen en este momento en la Asamblea Legislativa. Hoy se desarrollará la audiencia para Andrea Meza Murillo, Ministra de Ambiente y Energía.

El martes y miércoles, a las 12MD la Comisión de Asuntos Sociales continuará el trámite del expediente Nº 21.584: “Ley para el Desarrollo Social Mediante la Regulación de la Actividad Minera Metálica” propuesto por los legisladores del PLN Jorge Fonseca y María José Corrales.

El movimiento ambiental ha convocado para el día miércoles 18 de noviembre a las 12MD a una manifestación en la Plaza de la Democracia para oponerse a cualquier legalización de la minería metálica a cielo abierto.

Este lunes se estrenó el video Clip “La Mona Mina” una producción nacional que con música y humor inspirado en un viejo dicho popular para señalar que aunque la minería sea etiquetada como sostenible sigue siendo una actividad destructiva.

Video Clip Mona Mina:

Carta Abierta de Organizaciones de la Sociedad Civil Solicitando no se Apruebe el Proyecto de RECSA

San José, 17 de septiembre del 2020.

Sra. MSc. Andrea Meza Murillo,
Ministra del Ambiente y Energía,
Gobierno de Costa Rica,
Su Despacho.

Estimada Sra. Ministra,

Primeramente, me permito saludarle deseándole éxitos en sus gestiones iniciales al frente del Despacho del Ministerio del Ambiente y Energía. En representación de las organizaciones firmantes, CEDARENA, FANCA, ARCA, el Frente Nacional por los Humedales y la Fundación Neotrópica, le hago llegar para su consideración una carta abierta referente al proyecto de reglamento Reglamento de Control y Seguimiento Ambiental (RECSA), versión presentada recientemente a la Comisión Permanente de la SETENA y pendiente de aprobación y divulgación por parte del Poder Ejecutivo. En la misiva razonamos, adoptando los criterios vertidos por la Asociación de Consultores Ambientales, nuestra posición respecto a esta propuesta normativa.

Con base en este razonamiento, Señora Ministra, le solicitamos en esta carta abierta, que su Ministerio:

1- No oficialice la mencionada propuesta normativa como sustituto del actual sistema de evaluación de impacto ambiental;

2- Que en lugar de esta propuesta se realice una detallada reestructuración del instrumento en forma participativa pero eficiente partiendo de los recursos que posee el sector estatal con el valioso insumo técnico que le ofrecen diversos actores sociales de la academia, del sector de la sociedad civil organizada y privado, que complemente y modernice la normativa de evaluación de impacto ambiental vigente a fin de que el sistema se agilice sin que se genere regresión y desprotección del ambiente.

Quedamos a sus órdenes con el fin de poder dar seguimiento a esta solicitud, la cual formulamos con espíritu respetuoso, pero con la vehemencia y el interés que requiere en el momento actual, la defensa de los intereses ambientales de nuestra población, conforme se contempla en el artículo 50 de nuestra Carta Magna. Le solicitamos cordialmente, el correspondiente acuse de recibo.

Atentamente,
Dr. Bernardo Aguilar González
Director Ejecutivo
Fundación Neotrópica

 

Imagen ilustrativa tomada de Burica Press – WordPress.com

Impactos ambientales del endeudamiento con el FMI

¡Que la crisis no la pague la naturaleza ni las comunidades!

(FECON, 27-08/2020). El avance del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por $508 millones tramitado en la Asamblea Legislativa significa una serie de consecuencias que debería preocupar a las personas defensoras de la naturaleza y los ecosistemas.

Este empréstito tiene una dimensión ambiental que es ignorada incluso por los mismos diputados y diputadas. Esto gracias a que la estrategia de invisibilizar las externalidades negativas de las transacciones financieras es muy eficiente. Pero la experiencia de otros países endeudados don el FMI nos da un panorama claro de cuál será su impacto, sobre todo si el Poder Ejecutivo está negociando un “Acuerdo de Derecho de Giro” conocido como Stand-By con el mismo FMI.

Una consecuencia conocida de estos procesos de Stand-By ha sido la privatización de las empresas públicas estratégicas, principalmente en sectores relacionados con los recursos naturales, especialmente energéticos y minerales. Además, también se impulsan procesos de liberalización del sector financiero y bancario, recortes de los derechos laborales, sociales y culturales.

De hecho, dentro de las “recomendaciones” (1) del FMI para este primer empréstito está impulsando la apertura en el sector eléctrico por parte de entidades privadas. Lo que llevaría en la práctica a que empresas de hidroelectricidad represen más ríos de manera innecesaria, puesto que la demanda de energía en el país está cubierta e incluso en la actualidad el Instituto Costarricense de Electricidad se ve obligado a comprarle energía a estas empresas aún sin necesitarla debido a leyes escritas a conveniencias de las empresas privadas.

La poca información que ha revelado el gobierno sobre las negociaciones con el FMI hace que no se puedan saber muchas de las consecuencias este tipo de endeudamiento con entidades financieras que han promovido la minería, las represas y el agronegocio al rededor del globo. Pero por esta razón, desde la óptica ambiental el incremento del endeudamiento público hace que Costa Rica pierda soberanía para tomas sus propias decisiones sobre los recursos naturales nacionales y los deja vulnerables.

Notas:

1. Costa Rica: Request for Purchase Under the Rapid Financing Investment-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Costa Rica https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/05/01/Costa-Rica-Request-for-Purchase-Under-the-Rapid-Financing-Investment-Press-Release-Staff-49388

 

Foto: Semanario Universidad

Nuevo reglamento de SETENA pone en peligro conservación de la naturaleza

-Grandes monocultivos serían eximidos de evaluación ambiental;
-Nuevo reglamento sería regresivo;

La Federación Ecologista (FECON) ha comunicado formalmente al Ministro de Ambiente y a la Secretaria General de SETENA que rechaza la propuesta de reforma reglamentaria de SETENA denominada Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA).

En la misiva enviada el lunes 22 de junio, FECON indica que los planteamientos del RECSA son regresivos ambientalmente. Que elimina o reduce cuestiones centrales de la EIA y que el texto planteado termina por contradecir u omitir los principios de la Ley Orgánica del Ambiente 7554.

No avanza en calidad de participación social. Más bien, la redacción en este apartado es superflua. Esto impide de entrada una adecuada gestión de los conflictos socioambientales, que representan costos indirectos en las EIA y que son efecto de vacíos o anticuados procedimientos que contradicen el espíritu del derecho ambiental.

Suprime el concepto de Efectos Acumulativos, desconsiderando así cualquier mecanismo para su evaluación. Las actividades humanas no se dan en condición de aislamiento y se requiere fijar medios de control de la capacidad de carga en un territorio. También elimina Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) dejando un vacío en evaluación con enfoque de ordenamiento territorial.

Otro elemento crítico son las Auditorías Ambientales, donde se pretende que el auditado pague los Consultores Ambientales que le evaluarían, excluyendo a instituciones y universidades como colaboradoras en auditorías actualmente.

Además, de forma inédita, excluye de la Evaluación de Impacto Ambiental a las actividades agropecuarias como ganadería y agricultura. Cabe mencionar que en la primera versión que se conoció en comisión, los umbrales de ganadería y agricultura mostraban graves irregularidades.

Ahora es impensable excluirlas por su alto impacto ambiental.

El RECSA no se basa en criterios ambientales para definir los umbrales de impacto (bajo, medio, alto), clave para definir la ruta de evaluación de cada para cada tipo de actividad. En general, establece una escala dimensional de proyectos muy cuestionable, dejando fuera de obligación de cumplir la EIA a proyectos que podrían alto impacto potencial.

Un ejemplo sensible de la irracionalidad ambiental del RECSA es que plantea que las concesiones de agua están queriendo pasarse como de bajo impacto ambiental en todos los casos, cuando sabemos que es uno de los campos que genera mayor conflictividad. De esta forma, se está legitimando un sistema obsoleto de gestión hídrica que se debe mejorar para prevenir conflictos.

Más bien, los umbrales están diseñados para subregistrar múltiples actividades sin justificarlo. FECON considera que, por el contrario, con el registro completo de actividades desde la primera unidad dimensional, se incentivan las buenas prácticas ambientales y esa debería ser la política que defienda el MINAE, por responsabilidad ambiental y jurídica.

La FECON recomienda al Ministro de Ambiente y a la presidencia de la Comisión de SETENA, rechazar la propuesta del nuevo Reglamento, por sus múltiples regresiones e inconsistencias y por carecer de avances sustanciales en la regulación de la Evaluación de Impacto Ambiental en el país.

El Aeropuerto Internacional del Sur no fue una solución en el pasado, y no lo va a ser en este nuevo contexto

María José Guillén[1]
José Antonio Mora[2]

El modelo que acompaña la idea de un aeropuerto internacional, está totalmente desfasado del nuevo contexto que estamos viviendo en el mundo.

El día 10 de junio, el diputado liberacionista Wagner Jiménez subió un video en su página de Facebook, donde menciona que tuvo una reunión con el Presidente de la República, y que en esta le solicitaba reactivar el proyecto del Aeropuerto Internacional del Sur. Desde hace más de una década se viene hablando de construir un Aeropuerto Internacional en la zona sur de Costa Rica, con el fin de acelerar y atraer el flujo de turistas y mercancías en una zona de histórica vocación agrícola, de conservación ambiental y patrimonio arqueológico, específicamente, en Palmar Sur de Osa.

Éste ha sido un proyecto bastante cuestionado por diversos sectores, tanto de la comunidad nacional como internacional, debido a los posibles impactos sociales y ambientales que una infraestructura de esta magnitud tendría en la zona. En este texto queremos puntualizar los aspectos más preocupantes de este mega proyecto, y por los que fue archivado en el pasado, al mismo tiempo que los actualizamos en este presente pandémico que ha dejado expuesta la vulnerabilidad del actual modelo económico. El Aeropuerto se ofrece como solución de reactivación económica, cuando no es sino una receta fallida que continúa reproduciendo este modelo desfasado que ha maximizado sus consecuencias negativas durante esta crisis económica y sanitaria. Estos puntos son:

  1. Para hacer el Aeropuerto deben desalojar cientos de familias rurales y campesinas.

Como bien se ha dicho en años anteriores, este Aeropuerto se pretende construir en las comunidades llamadas Finca 8, Finca 9, Finca 10 y Finca 11. A pesar de que sus nombre nos pueden hacer pensar que estos son espacios inhabitados, se trata de comunidades rurales ubicadas en Palmar Sur de Osa, las cuales fueron parte de la unidad de producción de banano de la Compañía Bananera de Costa Rica (subsidiaria de la United Fruit Company). Estas fincas están habitadas por cientos de familias rurales y campesinas, las cuales trabajan la tierra bajo distintas modalidades productivas. Muchas de las familias que viven en las Fincas han manifestado su total rechazo ante este proyecto, a través de distintos mecanismos legales y de protesta. Algunas de estas Fincas pertenecen a instituciones como el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder), en el caso de Finca 10, y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) en el caso de Finca 9. La gran pregunta que despierta la reactivación de este proyecto es ¿Qué va a pasar con todas estas familias? ¿Serán desalojadas o serán reubicadas? ¿Por qué nunca se ha mencionado algo al respecto de esta situación por parte de Aviación Civil?

  1. Este aeropuerto estaría ubicado dentro de la zona más importante de emplazamiento de las esferas de piedra precolombinas, las cuales fueron declaradas Patrimonio Arqueológico de la Humanidad por parte de la UNESCO.

En el año 2007, un titular en el periódico La Prensa de Honduras decía “El presidente anuncia nuevo sitio para aeropuerto en Copán” (Ensemble. 05/07/2020). La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró a Copán Ruinas como Patrimonio de la Humanidad en el año 1982, esta organización rechazó la idea del gobierno hondureño, de construir un aeropuerto internacional a catorce kilómetros del Parque de Copán Ruinas, debido a que la vibración de los aviones podría dañar los sitios arqueológicos, como efectivamente ocurrió.

En el caso del Aeropuerto Internacional del Sur, este se encontraría prácticamente en medio de varios sitios arqueológicos, también declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2014. Se trata de los sitios Finca 6, Batambal, Grijalba y El Silencio, ubicados en el cantón Osa, donde se encuentran las esferas de piedra precolombinas. Como bien lo dice la experta Ifigenia Quintanilla, estas esferas de piedra son una clara evidencia del trabajo colectivo que realizaban los pueblos originarios del Pacífico Sur de Costa Rica (Quintanilla, I., 19/06/2016).

La situación vivida hace más de 13 años en Copán Ruinas, es exactamente la misma que la de este aeropuerto del sur. ¿Se le ha consultado su opinión a la UNESCO sobre este proyecto? ¿Se han valorado los impactos que este megaproyecto traería para estos sitios arqueológicos?

  1. Se ubicaría en una llanura que está básicamente al lado del Humedal Térraba-Sierpe, el cual es un sitio Ramsar.

Los sitios Ramsar son humedales de importancia mundial, los cuales se busca que tengan un manejo eficaz, y que se mantengan sus características ecológicas. El Humedal Nacional Térraba-Sierpe fue declarado sitio Ramsar en el año 1995 por su importancia ecológica por ser hábitat de muchas especies, como las aves migratorias, y por aportar ingresos a las familias de la zona. Un aeropuerto internacional que estaría justo al lado de este humedal generaría un impacto directo sumamente grande en los distintos ecosistemas que allí se albergan.

  1. El Aeropuerto en el Sur atraería turismo masivo, emulando el modelo de Guanacaste

El turismo es una industria que depende de la precarización laboral. Por un lado, funciona por temporadas, por lo que las contrataciones no son estables y las personas tienen que estar rotando entre empleos sin consolidar nunca sus garantías laborales. Ese turismo masivo se basa sobre principios de segregación espacial, en el que las bellezas naturales de la zona se convierten en espacios de disfrute exclusivo para turistas, mientras que las comunidades se ven desplazadas a regiones menos atractivas. La cantidad de recursos necesarios para sostener este tipo de turismo es despojado de las comunidades aledañas y de personas migrantes, que son proveedores no solo mano de obra barata, sino que también se ven despojados de grandes extensiones de tierra y del uso del agua potable. Como se ha visto con el caso guanacasteco, este modelo de turismo de enclave ha provocado un sinnúmero de conflictos socioambientales y comunales, lo cual muy posiblemente se repita en el Sur en caso de concretarse este megaproyecto.

  1. Las tierras donde pretenden hacer el megaproyecto son parte de zona que constantemente se inunda

La zona donde planea construirse el Aeropuerto tiene un alto riesgo de inundaciones al ubicarse en el delta de los ríos Térraba y Sierpe, en una de las zonas más húmedas del país y con gran descarga de sedimentos desde la parte alta de la cuenca.

  1. ¿Quién financia este proyecto?

El desarrollo de un proyecto de las magnitudes propuestas para el Aeropuerto Internacional requieren de un gasto que el país no está en condiciones de asumir, especialmente cuando el desempleo y la desigualdad socioeconómica van en aumento. La “inversión” dependerá probablemente de adquisición de deuda así como del modelo de concesión de obra pública, que como se ha visto con el caso de la Ruta 27, es un total fracaso para las finanzas públicas y el bolsillo de las y los habitantes. Alrededor del mundo, el giro infrastructural ha mostrado que los mega-proyectos suelen ocupar más tiempo y más dinero que el estipulado al inicio de su formulación; asimismo, su escala moviliza la idea sublime de que serán grandes hazañas por las que los políticos serán admirados y recordados, por lo que son utilizados por los gobernantes para aumentar su popularidad.[3]

  1. Durante y después del COVID-19.

Los primeros casos por COVID-19 en el país fueron detectados en turistas norteamericanos, después de que se expandiera el contagio, el sector turístico fue el que más rápidamente se vio afectado por las medidas de contención del virus, como el cierre de fronteras, playas y bares. Por otro lado, la incertidumbre con respecto a la propagación, inmunidad, y vacunación, así como las transformaciones culturales y económicas que el coronavirus está generando no pueden ser ignoradas. La aparición de este nuevo virus -que no es el primero ni será el último- generará cambios en los estilos de viaje y en las formas en que se consume placer -el producto por excelencia de la experiencia turística-.

La promoción del Aeropuerto Internacional como una salida a la crisis económica es ciega y negligente de todas estas condiciones que existían antes, y que con esta nueva enfermedad se han mostrado de una manera más cruda.

Referencias:

Ensemble. (05/07/2007). El presidente anuncia nuevo sitio para aeropuerto en Copán. Diario La Prensa. Recuperado de https://www.laprensa.hn/honduras/648042-97/el-presidente-anuncia-nuevo-sitio-para-aeropuerto-en-cop%C3%A1n

Flyvbjerg, B. (2014). What You Should Know About Megaprojects and Why: An Overview. Project Management Journal, February .

Quintanilla, I. (19/06/2016). El Diquís, las esferas de piedra y su valor cultural universal. Diario La Nación. Recuperado de https://www.nacion.com/viva/cultura/el-diquis-las-esferas-de-piedra-y-su-valor-cultural-universal/VBF5ODRHJVHRFBJJUHFCFTJLAM/story/

[1] Estudiante del Doctorado en Geografía de Clark University, Massachusetts, Estados Unidos.

[2] Docente. Sección de Historia y Geografía, Sede de Occidente. Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria. Universidad de Costa Rica.

[3] Flyvbjerg, B. (2014). What You Should Know About Megaprojects and Why: An Overview. Project Management Journal, February .

Imagen: Botas con Machete, Alejandro Ferlini Cartín

Cámaras quieren reducir evaluaciones de impacto ambiental para favorecer negocios

FECON denuncia carencia de criterio ambiental y regresiones en el planteamiento de los grupos de presión

FECON (19/05/2020). La Federación Costarricense para la Conservación de Ambiente (FECON) se encuentra participando como miembro pleno en el análisis que realiza la Comisión Asesora Técnica Mixta de SETENA, sobre una propuesta de cambio del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en nuestro país.

Previo a este proceso, representantes de organizaciones afines al tema desarrollamos el año pasado un proceso de análisis de la pretendida reforma de SETENA, donde coincidimos en la necesidad de mejorar los procesos de EIA vigentes, dado las negligencias sistemáticas en la gestión de los procesos por parte de SETENA, o por portillos que habían identificado las organizaciones comunales que participaron para defender su derecho al ambiente sano.

Desde la representación de FECON hemos adoptado la misión de participar de forma propositiva, crítica y vigilante en la discusión sobre esta normativa, para que haya sentido de progresividad en los planteos, sin vicios de letra menuda y sin escatimar en hacer denuncia pública de las irregularidades y retrocesos que se susciten a lo interno de la Comisión, pues el tema es de interés público. Consideramos, por ejemplo, que es tiempo de impulsar mejoras sustanciales en la participación social en estos procesos históricamente excluyentes o viciados al mediar grandes intereses y presiones del desarrollismo económico.

En las evaluaciones de impacto ambiental es donde el Estado debe ser certero en garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado frente a las propuestas de actividades productivas en los territorios. Costa Rica avanza ya en el reconocimiento del derecho a participación ciudadana efectiva con el Acuerdo de Escazú (Expediente N° 21.245), ratificado en primer debate legislativo en febrero de este año. Las condiciones para una reforma reglamentara deben estar dadas por la progresividad en materia de protección ambiental y participación.

Una reforma bajo presiones e intereses

Si bien hablamos de que es necesario revisar la normativa para impulsar mejoras en los procesos de EIA, en el proceso previo al espacio actual de análisis en la Comisión Mixta ha habido varias irregularidades. Por ejemplo, en el año 2017, FECON fue excluida de esta Comisión, de la que formó parte desde el 2005 cuando se discutió el reglamento vigente de SETENA. Esto dio signos de querer excluir la visión crítica en un tema de total incumbencia de nuestra representación.

Formalmente la propuesta de reforma se conoció a inicios del 2018, cuando el ministro de Ambiente saliente Edgar Gutiérrez, intentó aprobar el denominado Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA), diseñado por el sector construcción. El jerarca dejó firmado el Decreto con esta Reglamentación para publicar directamente a la salida de su gestión, violentando el principio de participación con esta atribución imperiosa.

Los reclamos por parte de FECON no se hicieron esperar, ante la exclusión de la discusión en este tema, directamente relacionado con el ambiente y los procesos socioambientales que acompaña nuestra organización. La paralización inmediata de esta reglamentación sectaria fue solicitada al actual ministro de ambiente Carlos Manuel Rodríguez, quien correspondió nuestra demanda, y en abril de 2019 publicó el Decreto 41500-MINAE, reactivando la Comisión Mixta, cuyo función era precisamente la de emitir la recomendación con participación multisectorial, y en la que se volvió incluir a la FECON como miembro pleno.

Sin embargo, en julio del 2019 el ministro de Ambiente creó una nueva comisión Público-Privada mediante el Decreto 41817, donde las mismas Cámaras Constructivas “colaborarían” en la revisión del nuevo Reglamento para Evaluación, Control, y Seguimiento Ambiental, con plazo de entrega de resultados en noviembre del año pasado. Esto volvió a evidenciar la presión e intereses del sector de la construcción detrás de la propuesta de reformar los procedimientos de SETENA.

La activación de Comisión Mixta en 2020

Sobre esta base documental que son el RECSA y el MECSA, la Comisión Mixta realiza sus sesiones virtuales de análisis y discusión. Hasta ahora el balance es más que obvio y se reconoce abiertamente: la propuesta es impulsada por un grupo de interés particular como es el de la construcción e inmobiliario. No responde a una visión de consenso, y agregamos, no se fundamenta en criterios ambientales reales.

La redacción evidencia el sesgo conceptual de una visión limitada del ambiente. Se desconocen términos fundamentales como los efectos acumulativos en el territorio y por ende eliminan sus métodos de evaluación. También se presenta un concepto más limitado de participación ciudadana. Se elimina también la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de la reglamentación.

Pero lo central de la propuesta es que se pretende reducir el número de actividades a evaluarse ambientalmente, al establecerse una serie de umbrales para categorizarlas como de muy bajo y bajo impacto y solicitarles apenas una inscripción bajo declaraciones juradas de los desarrolladores. Umbrales carentes de criterio ambiental como se reconoce en el anexo que los establece y que fueron ajustados para múltiples actividades a criterio de su grupo redactor.

Sin duda alguna, las carencias de esta propuesta y los intereses que la impulsan nos obligan a hacer un llamado a la opinión pública en general. Comunidades, organizaciones sociales, instituciones y profesionales en ambiente, a activar todas las alarmas para que la Comisión Mixta trabaje con responsabilidad y rechace este tipo de propuestas regresivas.

Es responsabilidad de los sectores representados, garantizar una reglamentación segura y coherente con la misión de las evaluaciones de impacto ambiental. El campo ambiental no es ajustable a intereses económicos particulares. Tenemos que responder con credibilidad a todo un país y ser coherentes con los principios que rigen la Ley Orgánica del Ambiente. No podemos retroceder ampliando los portillos para que el impacto de grandes proyectos se salga de los radares y se lesione todavía más la protección del ambiente en Costa Rica.

*Imagen: Protesta de comunidades puntarenenses ante SETENA en 2016. Imagen Fecon.

Fuente: https://feconcr.com/

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La OCDE y el agro: algunas precisiones

Luis Felipe Arauz

Profesor universitario y exministro de Agricultura y Ganadería (2014-2018)

Con fecha 19/05/2020 se publicó en Surcos Digital, un artículo de Henry Picado, expresidente de FECON, titulado “La OCDE y la tercera reforma neoliberal del agro en Costa Rica”. En el mismo, luego de dar su opinión sobre las implicaciones políticas de la incorporación de Costa Rica en la OCDE, la cual no comparto, pero como cualquier opinión, se respeta, entra a analizar aspectos del agro. En este último tema, cae en una serie de imprecisiones que, por respeto a los lectores de Surcos Digital, me veo en la obligación de aclarar.

En primer lugar, el autor se refiere al tema de registro de plaguicidas sin conexión alguna con la OCDE, incluso omite la recomendación que nos hizo la OCDE de incrementar el área dedicada a la agricultura orgánica. El nuevo reglamento para el registro de plaguicidas se empezó a trabajar desde antes que la misión de la OCDE evaluara nuestras políticas agrícolas. Con OCDE o sin OCDE siempre habríamos cambiado el reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento de 2007 (aún vigente, ya que el nuevo está esperando el fallo a un recurso sin fundamento científico presentado ante la Sala IV) resultó en un entrabamiento tal, que en 10 años no se había podido registrar casi ningún producto de última generación, de menor toxicidad y de menor dosis que los anteriores. Este rezago ha resultado en la aplicación de grandes volúmenes de plaguicidas en nuestro país. Baste un ejemplo. El control de la sigatoka en el cultivo del banano, con los productos actualmente disponibles, requiere de aplicar 2,5 kg por hectárea de fungicida cada 6 días. Esto da 146 kg por hectárea por año. Con productos de última generación, con dosis de 0,075 a 0,375 kg por hectárea cada 10 días, se aplicaría entre 2,7 y 13,7 kg por hectárea por año. Esto representa una disminución de más de 90% en el uso de plaguicidas. Otro caso, de los pocos que se lograron registrar con el reglamento viejo, es un producto para combatir nematodos dañinos de las raíces, que se usa en dosis 30 veces menor y es 133 veces menos tóxico, o sea una carga tóxica 4000 veces menor, que el producto usado antes, que por cierto yo mismo prohibí. Por otra parte, es falso que con el nuevo reglamento no se evalúen los temas toxicológicos o ambientales. Ningún producto que se vaya a aplicar en el campo tiene una evaluación más laxa con el nuevo reglamento que con el vigente. El tema es amplio y complejo, da para un artículo exclusivo para ese tema para explicar los detalles, como lo he hecho anteriormente (ver, por ejemplo: https://www.larepublica.net/noticia/registro-de-plagu-icidas-modernizacion-impacto-ambiental-y-algunas-aclaraciones), pero don Henry lo toca con una gran ligereza.

Un segundo tema que se trata no solo con ligereza sino con evidente confusión conceptual en el artículo del Sr. Picado es el tema de la “agricultura climáticamente inteligente”, el cual erróneamente confunde con el tema de “Agricultura 4.0”. Empiezo por este último concepto: la llamada “Agricultura 4.0” se refiere al uso eficiente e integración de diferentes tecnologías para la obtención y procesamiento de información, aplicables a la agricultura. No tiene nada que ver con drones fumigadores, aplicación de más agroquímicos, o la promoción de biología sintética u organismos genéticamente modificados. Ese uso eficiente de las tecnologías de información más bien permite usar los insumos con precisión y disminuir el uso de insumos y agua, y al mismo tiempo aumentar la productividad. En resumen, busca reducir el impacto ambiental y mejorar el impacto económico y social de la agricultura, mejorando la sostenibilidad de la actividad. Este tema no se planteó en el proceso de la incorporación de Costa Rica a la OCDE.

La OCDE sí nos hizo recomendaciones en el tema de la relación de la agricultura con el cambio climático, que las podríamos resumir en que continuáramos por la ruta que ya habíamos iniciado como país, fortaleciendo los mecanismos financieros para extender a otras áreas las acciones que ya había empezado Costa Rica en ganadería y café. En el informe de la OCDE no se habla explícitamente de “agricultura climáticamente inteligente” (ACI), aunque al hablar de balancear productividad, mitigación y adaptación al cambio climático, está hablando implícitamente de ese concepto, pues efectivamente de eso se trata. El concepto, presentado por la FAO en 2010, se refiere justamente a una agricultura productiva, que capture carbono o reduzca emisiones de gases de efecto de invernadero, y que se adapte al cambio climático. Si uno ve el libro de consulta la FAO del 2014, que desarrolla el concepto (http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/concept/es/), no se promueve una mayor aplicación de plaguicidas, ni la deforestación ni el uso de organismos genéticamente modificados (OGM). En Costa Rica, un ejemplo de ACI, es la estrategia de ganadería baja en carbono (http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/L01-11006.pdf), en la cual no se materializa ninguna de las amenazas que menciona el artículo de don Henry. Por el contrario, aumenta la arborización en los potreros, reduce el uso de fertilizantes, aumenta la productividad, mejora el uso del agua y aumenta la biodiversidad. En otros países, en especial en los Estados Unidos, sí se ha incorporado el uso de los OGM en la ACI. Esta diferencia de enfoque con Costa Rica no pasó inadvertida en la conferencia de las partes (COP21) de cambio climático de París 2015, lo que motivó una publicación al respecto (http://www.iatp.org/blog/201512/the-clever-ambiguity-of-climate-smart-agriculture) por parte de la ONG Instituto para las Políticas de la Agricultura y el Comercio.

Concluyendo, tanto la modernización del registro de plaguicidas como la agricultura climáticamente inteligente son temas que el Ministerio de Agricultura y Ganadería venía promoviendo desde antes de las recomendaciones de la OCDE, simplemente porque hacerlo ayuda a la agricultura y al ambiente, como lo he demostrado con seriedad, aportando datos y documentos.

UCCAEP: fracturas empresariales y devastación ambiental

(FECON, 8/10/2019.) Las últimas semanas han dejado claro que los gremios empresariales más radicales y neoliberales del país no son monolíticos y tienen fracturas internas serias. Se pueden hacer muchas lecturas al respecto sobre las causas de las salidas de varios grupos de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), pero una cosa segura es que en medio de estas disputas de poder empresarial, se encuentran proyectos políticos de alto impacto ambiental, que no necesariamente los distancia. Para muestra se puede señalar algunas de las caras más visibles de este conflicto empresarial y su impacto en las políticas ambientales del país.

Hay que empezar con el ya ex-presidencia de la UCCAEP de Gonzalo Delgado Ramírez, representante del sector construcción; el cual marcó una agenda de presión en el gobierno para flexibilizar los controles ambientales, favoreciendo los intereses de las empresas que se agrupan en la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC). Se puede decir que este sector ha venido impulsando desde el gobierno anterior el desmantelamiento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y ha aplaudido las medidas para hacer que sus proyectos evadan la necesidad de pasar por la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

Basta con señalar que el Decreto Ejecutivo 41815, del pasado 5 de junio, diseña una serie de comisiones compuestas por el sector privado y el Gobierno de la República para generar un nuevo reglamento para SETENA. Esta comisión denominada “Equipo Técnico del Sector Construcción y de Desarrollos Inmobiliario” está compuesta por la Cámara Costarricense de la Construcción, Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, Consejo de Desarrollo Inmobiliario y Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial. Es importante mencionar que esta comisión no cuenta con ninguna participación del sector ambiental, académico, de consultores ambientales, arqueólogas o alguna otra instancia; solo empresarios de la construcción.

El sector construcción representa el usuario más frecuente de SETENA con el 70% de los expedientes presentados ante esta institución. Es decir, están poniendo a los sujetos que debe de ser evaluados y regulados a diseñar sus propias reglas del juego, popularmente se puede decir que el gobierno “está poniendo al zorro a cuidar las gallinas”.

Por otro lado, mientras Enrrique Egloff hizo que la Cámara de Costarricense de Industrias se saliera de la UCCAEP, también demostró su oposición a la prohibición de los plásticos de un solo uso e impulsó el cabildeo dentro de la Asamblea Legislativa para que el plástico no se regulara adecuadamente. El resultado ya es conocido: enterraron una ley que podría haber ayudado a mejorar las condiciones ambientales del país, pero fue enterrada gracias al lobby empresarial de los sectores más radicalmente conservadores.

Por su lado, el presidente emergente de la UCCAEP ante esta crisis es Álvaro Saenz, representante de la Cámara de Agricultura y Agroindústria, sector que ha insistido en que el ingreso de los agroquímicos debe de flexibilizarse. Presionando al Ministerio de Ambiente y al Ministerio se Salud para que los plaguicidas no sean evaluados bajo la ciencia y la técnica. Esto es importante porque es la única manera de asegurarse que estos no tienen impactos graves sobre la salud o el ambiente. Este sector empresarial de los agrotóxicos, junto al Ministro de Agricultura Renato Alvarado, han impulsado decretos que propician la importación de agrovenenos brincándose las evaluaciones ecotoxicológicas y toxicológicas necesarias. Estos decretos han sido impugnados ante Sala Constitucional por las organizaciones ambientales y los agricultores orgánicos.

Los pleitos en uno de los gremios empresariales más radicales y neoliberales no solo dejan en evidencia sus pugnas de poder, sino que además sirve para desmenuzar una serie de intereses minoritarios que tienen graves impactos ambientales.

 

Enviado por Henry Picado.

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