El Consejo Cultural y la Asociación de Desarrollo de Boruca, nombraron una Comisión dedicada exclusivamente a atender este problema. Entre sus acciones, convocó a las instituciones involucradas en la construcción del Atracadero, como el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) y sus dependencias como el Área de Conservación Osa y la administración del parque, para exponerles las razones de oposición al proyecto.
Primero, que las fases previas de planificación no fueron consultadas con Boruca, cuestión obligatoria al ser una zona de uso ancestral de los indígenas. Segundo, que no existía una investigación científica, que determinara los impactos sobre el caracol Múrice. Tercero, que era necesario un Estudio de Impacto Cultural hacia la población indígena de Boruca, entre otras fundamentaciones.
Al respecto, el INCOP ha tomado el siguiente acuerdo:
“…solicitar el desarrollo del estudio biológico y cultural sobre el tema del caracol púrpura (múrice), y el impacto cultural que puede tener sobre la población brunca y el parque, el desarrollo de la construcción del atracadero”.
“dejar pendiente el inicio de la construcción del atracadero, a la espera de los resultados de los estudios anteriormente señalados”.
Informes Gilbert González Maroto 6025-3217 y Mario Lázaro presidente de la ADI de Boruca al 8463 4969
Problemática. La zona del atracadero es de importancia cultural para el pueblo indígena Boruca pues la usa ancestralmente para recreación y recolecciones del caracol múrice para teñir hilos de tejer y la extracción de quitash (sal) estas prácticas fueron frenadas con la creación del Parque Nacional Marino Ballena (PNMB). Después de un largo proceso de reglamos en 2017 se firmó un acuerdo con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) pretende permitirles continuar con sus costumbres en el área protegida.
Convenio de construcción entre Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
26 organizaciones ambientalistas piden a Luis Guillermo Solís no firmar decreto que reforma SETENA
Monocultivos de piña de hasta 25 hectáreas y hoteles de 50 habitaciones no necesitarán de Estudios de Impacto Ambiental ni evaluación previa
El Poder Ejecutivo en próximos días gestionará la oficialización de un decreto ejecutivo titulado «Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental», el cual sustituiría no solo el Decreto Ejecutivo Número 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento General sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), del 28 de junio del 2004, sino también el Manual de Evaluación de Impacto Ambiental vigente.
Esta reforma pretende evitar que dos terceras partes de los proyectos que requieren EIA los hagan dejando sin protección a la población costarricense bajo el concepto de disminución de trámites propuesto por el exministro de competitividad Jorge Woodbridge en la administración Arias desde el año 2008.
Una carta firmada por 26 organizaciones ambientales de todo el país y dirigida tanto al Presiente Luis Guillermo Solís Rivera; al ministro Edgar Gutiérrez y al Secretario General de SETENA Marco Arroyo afirma que: «Nos preocupa en gran medida algunos umbrales ambientales que propuestos en esta reforma ponen en riesgo el control sobre actividades con impactos demostrados como ha sido las plantaciones agroindustriales; la industria hotelera; la industria de la construcción y las concesiones de agua«.
Para la Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON) se estaría generando un severo cambio en el modelo de EIA que representaría un retroceso de 20 años para el avance ambiental que ha tenido Costa Rica.
Por su lado el Dr Allan Astorga Gättgens, geólogo y especialista en impacto ambiental denunció que: «quieren liberar todos los proyectos constructivos de hasta 9.000 m2 para que no hagan estudios técnicos ambientales (geotecnia, hidrología, Riesgo antrópico, geología, geomorfología, hidrogeología, amenazas naturales -deslizamientos, fallas geológicas, inundaciones, peligros volcánicos, arqueología, biología, impacto vial y ambiental). Esto es sumamente grave, dado que no todos los terrenos tienen la misma condición de fragilidad ambiental, y por eso, es indispensable que los mismos se analicen para saber si son aptos o no para la construcción de un proyecto urbano. Muchos de los cuales van a llegar a residir familias y personas, confiados de que se trata de una construcción segura, cuando en realidad puede no serlo«.
Henry Picado de la Federación Ecologista afirmó que: “sobre el umbral de plantaciones agroindustriales: nos parece un riesgo importante dejar que monocultivos -de piña, por ejemplo- sea exentos de EIA para extensiones de 25 hectáreas. Hay evidencia técnica y científica para demostrar que este tipo de actividad representa una amenaza para los mantos acuíferos y las fuentes de agua circundantes, debido a la alta concentración de agroquímicos que esta necesita para la producción«.
Tanto las organizaciones ambientales como el Dr Astorga coinciden que esta reforma es muy peligrosa en un contexto nacional donde sólo existen seis cantones con planes reguladores aprobados y con la variable ambiental aprobada, de manera que todos esos proyectos urbanísticos y muchos más, quedarían «a la libre», sin ningún control ambiental. Esto, sin que exista Ordenamiento Ambiental del Territorio y a pesar de que cerca del 25 % de las construcciones del país se localizan en zonas de alto y muy alto riesgo.
Hace varios días en el colectivo CONCEVERDE interpuso una denuncia por el posible daño ambiental que puede haber causado un asfaltado de camino público que se llevó a cabo en la ZONA INALIENABLE de la Ley 65 de 1888, jurisdicción de San Rafael, por considerar que con ese asfaltado se podría estar contribuyendo a impactar parte del esa zona y el Parque Braulio Carrillo, máxime al haber poco o nulo control del MINAE sobre los vehículos que ingresan, causando contaminación por ruido y humo.
“Curiosamente ni en el MINAE ni la Municipalidad de San Rafael de Heredia tienen conocimiento de quién llevó a cabo las obras, será que el cantón es tierra de nadie y cualquier puede hacer lo que le venga en gana nos preguntamos en el colectivo. A veces es muy diligente la Municipalidad para parar una pequeña construcción que se lleva a cabo sin permiso, pero cuando se lleva el asfaltado de cerca de 300 metros de un camino público, en la Municipalidad “ni cuenta se dan” manifestó el Colectivo.
Henry Picado, Luis Monge, Vicente Vargas, Fabiola Pomareda
Vista desde la playa hacia el Tómobolo (por cierto, esa palmera que se ve ya desapareció con la última marea alta). Foto: Luis Monge.
Uvita, Zona Sur.- Pasadas las siete de la mañana recorremos el sendero del Parque Nacional Marino Ballena para encontrar las olas lamiendo la playa llena de troncos, pequeños cangrejos y semillas de almendros. El parque Marino Ballena, ubicado en el Pacífico Sur, y las comunidades costeras de esta zona, ya están siendo impactadas por varios fenómenos derivados del cambio climático.
La pérdida de costa y el aumento en el nivel del mar afectarán las actividades turísticas, la pesca y también a la flora y fauna del parque, como los arrecifes y humedales, aseguran expertos. Pero las personas que viven y trabajan en esta zona desde hace años, ya son testigos de los cambios y su impacto.
Dentro del Parque Nacional Marino Ballena. Foto: Fabiola Pomareda.
Don Vicente Vargas usa un sombrero negro y varios anillos colgados de su cuello en cadenas. Vende pipas a la entrada del Parque, en Uvita, y nació en este pueblo en 1964.
“El mar obvio que tiene que venir caminando porque, diay, para nadie es un secreto que con el calentamiento global, el hielo que se está deshaciendo en otros países fríos está llenando el mar y eso conlleva a que el mar venga hacia acá”, dijo don Vicente.
Foto: Fabiola Pomareda.
“De hecho aquí había una pescadería que por ahí todavía están en Estero Negro los muros donde fue construida y esa pescadería se hizo respetando los 50 metros públicos. Si usted pasa por ahí ahora usted ve que el mar, la playa, está por encima de lo que fue la pescadería”, contó.
“En la punta, por eso le decíamos la punta, la playa se llama Punta Uvita, porque ahí se hacía una islita entre Estero Negro y el tómbolo, se metía una punta que hoy ya no existe. Diay, [el mar] ha caminado demasiado. De lo que yo tengo noción de que venía muy pequeño, creo que se ha venido entre unos 75 y 100 metros hacia acá”, calculó el hombre.
Don Vicente Vargas en la entrada del parque en Uvita. Foto: Henry Picado.Don Vicente Vargas vende pipas en la entrada del parque. Foto: Henry Picado.
Varios fenómenos derivados del cambio climático como la pérdida de costa, el incremento en la temperatura del agua y el aumento en el nivel del mar, están cortando metros a las playas del país y poniendo en riesgo a las comunidades costeras. Se espera que en los próximos años estos efectos tendrán cada vez más impacto en la disponibilidad de agua potable, caminos, actividades agrícolas, turismo y pesca.
Mojón de demarcación de la zona marítimo terrestre, arrancado por la subida del mar, ubicado en el Parque Nacional Marino Ballena, en el sector comprendido entre el Tómbolo y Estero Negro. Foto: Luis Monge.
Doña Grethy Vazquez Zamora tiene 11 años de trabajar como guardaparque en Marino Ballena. Pero ella y su esposo llegaron a la zona en 1984. En esa época tenían recibidores de pescado. A los pescadores de la zona les recibían langosta, cambute, moluscos y variedades de pescado, que luego vendían a una planta procesadora. Después de eso trabajó en el Consejo Nacional de Producción, en el Ministerio de Ambiente y ahora en el parque.
Encontramos a doña Grethy en playa Piñuelas, una de las playas del Parque Nacional Marino Ballena.
“La erosión en el mar ha sido muy grande. Un ejemplo es Colonia, y otro es Uvita. La extensión de los 50 metros era más grande y había más vegetación, habían más palmeras, más arboles. Usted lo que encuentra ahora son las raíces volcadas de alguna pipa ahí entre la playa y la pleamar. Eso significa que toda esa pleamar llegaba hasta allá. Ahora no. Todo esto se ha ido comiendo”, narró la guardaparque.
“Si usted le toma una foto a esta playa ahorita, vea donde están esas piedras allá”, dijo señalando. “Todas las mareas altas que han habido estos días han arrastrado la piedra. Todo el tajamar está bajo. Los árboles, seguro de tanta humedad se pudren y se caen”, añadió.
Doña Gretty Vázquez, guardaparques en Playa Piñuelas. Foto: Henry Picado.Doña Gretty Vázquez señala el avance de la pleamar en Playa Piñuelas. Foto: Henry Picado.
Posible impacto económico, en el turismo
El Parque Marino Ballena se ubica entre el tómbolo de Punta Uvita y Punta Piñuela. Abarca 110 hectáreas terrestres y 5 mil 375 hectáreas marinas. Protege variados ambientes como son playas arenosas, playas pedregosas, acantilados, islas y arrecifes. En sus aguas suelen encontrarse delfines y ballenas.
Varios habitantes de Uvita trabajar como tour operadores de los avistamientos de delfines, ballenas y tortugas. Uno de ellos es Fernando Monge Godínez. La primera vez que visitó Uvita corría el año de 1981. Llegó a pie desde Dominical. Luego compró una parcelita y empezó a trabajar en una finca. Posteriormente empezó a pescar y estuvo 15 años como pescador artesanal. Hoy vive de llevar turistas nacionales y extranjeros en recorridos en bote, para que puedan ver los delfines y las ballenas.
Entrada al Parque Nacional Marino Ballena, en Uvita. Foto Henry Picado.
Para don Fernando, el cambio climático definitivamente está teniendo un impacto en sus labores. “Para nadie es un un secreto, la cantidad de agua que ha llegado de los glaciares, la cantidad de hielo que se derrite. La parte marina costera esta super erosionada, los oleajes han salido mas seguidamente, tenemos que luchar contra olas y contra el clima con mucha gente”, señaló.
Y aunque está consciente de que existen medidas que se podrían poner en práctica para revertir sus efectos, como combatir la contaminación del aire, sabe que es complejo.
“Eso ya es irreversible, ya es muy difícil que la capa de ozono que esta muy dañada se vuelva a componer”.
Fernando Monge tour operador de la zona. Foto: Henry Picado.
La dificultad para entrar y salir del mar en sus botes es una de las dificultades que ya empiezan a experimentar los tour operadores de la zona. Fernando Guerrero Chavarría es otro tour operador, que explicó su experiencia.
“Sí bueno, en los últimos 18 años, que es lo que tengo yo de estar por acá, el cambio se ha notado muy muy fuerte. Sobretodo hemos perdido alrededor de 60 metros o más de playa. El mar ha venido comiendo y ha ido erosionando la playa un montón. Uno cada año uno ve que se comió tal cosa, que se comió tal otra y uno va corriéndose conforme el mar se va metiendo. Pero, diay, la playa ya no era lo que era antes, un lugar bonito para venir a disfrutar. Ahora es medio complicado en marea alta. Antes había playa y se sentaba uno por ahí a asolearse, ahora no se puede”, destacó Guerrero.
“Parte del pedido que se ha hecho a varios ministros de Estado, y al SINAC [Sistema Nacional de Áreas de Conservación] es tener un lugar donde tener más seguridad para que salgan las embarcaciones, porque acá ya se está complicando demasiado”, indicó.
Fernando Guerrero, tour operador de la zona. Foto: Henry Picado.
Impacto en las playas, corales y otras especies marinas y terrestres
¿Qué es el cambio climático y cómo está impactando al Parque Marino Ballena? El fenómeno del cambio climático genera un aumento anormal de las temperaturas del planeta, provocado por una concentración desmedida de ciertos gases en la atmósfera. Estos son dióxido de carbono,metano, óxido nitroso y otros, producidos exclusivamente por actividades humanas.
Foto aérea del río Uvita. Foto: Cortesía del Luis Monge.
Cristina Sánchez, bióloga marina de la Fundación Keto y profesora de la Universidad de Costa Rica, confirmó que el cambio climático tendrá un gran impacto en las zonas costeras debido al aumento en las temperaturas. También explicó en detalle algunas de las consecuencias que ya se están dando.
“Ahí en el parque, el aumento en la temperatura en el agua ha causado que los corales se mueran o lleguen los periodos de blanqueamiento en que se ponen muy vulnerables a enfermedades, sedimentación y a competir con otras especies. Los pone en una situación muy complicada en cuanto a la sobrevivencia. Los corales actualmente se están muriendo, no sabemos si se van a adaptar o a hacerse más fuertes Con el tema de los corales hay otra consecuencia: el aumento del CO2 o del dióxido de carbono en la atmósfera, está provocando que el agua de mar se acidifique; entonces eso también causa que los corales puedan morir”, señaló Sánchez.
“Existen otras consecuencias con respecto al aumento de la temperatura que es por ejemplo, que las especies marinas y terrestres empiecen a desplazarse a zonas más altas, donde la temperatura va a ser menor, o en el caso de las marinas, que se desplacen mar adentro para lograr temperaturas más óptimas o de mejor condición para ellos. En la parte terrestre lo que se espera es que muchos árboles, lo que son semillas y eso, también se empiecen a desplazar según va cambiando la temperatura. En este momento se están estudiando cómo se van a dar esos desplazamientos. Se tiene información de que se van a dar pero no se sabe exactamente cuánto va a tardar en darse ni tampoco cuáles especies van a ser las primeras en desplazarse”, aclaró la bióloga.
Estero en Playa Ventanas. Foto: Fabiola Pomareda.
“En el caso de peces, al moverse el plancton, que es de lo que se alimentan, también se moverían todo lo que son los peces y otras especies. A nivel de pesca puede pasar que las especies se desplacen, entonces cada vez estén mas lejos de la costa y los pescadores van a tener que salir más y también ahora justo está pasando en el Pacífico que algunos fenómenos como la marea roja están afectando varias zonas del Pacífico, tanto el Pacífico norte como el Pacífico sur y todo eso es por el cambio climático y el mal manejo de desechos, aguas negras y aguas jabonosas, y fertilizantes usados en la agricultura. Todo esto provoca que haya este tipo de fenómenos cada vez más frecuente y eso puede hacer que los peces mueran por falta de oxígeno o que haya cierta intoxicación por haber estado expuestos”, finalizó.
Proyecto para atender efectos vinculados al cambio climático
Catalina Molina, directora de la Fundación Keto. Foto: Henry Picado.
Desde la Fundación Keto se está desarrollando un proyecto con el Fondo de Adaptación de la Dirección de Cambio Climático para atender aquellos efectos vinculados al cambio climático, en la zona costera del Parque Marino Ballena. Catalina Molina, directora de la Fundación Keto, explicó en qué consiste.
“Este proyecto tiene un componente muy fuerte de sensibilización. Primero, entendemos que mucha de la vulnerabilidad al cambio climático está dada por las condiciones con que cuenta la comunidad para hacer frente a los efectos que hemos estado viendo”, manifestó.
“El primer paso es sembrar en la comunidad la preocupación, el análisis de que están ocurriendo eventos, hechos, efectos, que están asociados al cambio climático, y entender que hay otras situaciones a nivel del área geográfica, de la comunidad, que hacen que esos efectos sean aún más críticos y más drásticos. Por ejemplo, hablemos de contaminación, basura, sedimentación por áreas que se deforestan y mal manejo de las cuencas. Todas estas cosas también se agregan a lo que globalmente ya está ocurriendo en el planeta. Entonces, es primera línea y quizás la más fuerte es crear capacidades a nivel de la gente que vive ahí, para que sean capaces de identificar qué es lo que está pasando y cómo podemos abordarlo”, enfatizó.
Segundo, están trabajando problemáticas específicas como. “Por ejemplo, en el tema de erosión de la playa, que es uno de los efectos más evidentes y drásticos de la zona, estamos trabajando el tema de reforestación de costa con socios locales, apoyando iniciativas que ya están en curso para hacer esos programas más sólidos y que puedan tener mejor sostenibilidad en el tiempo”.
Otro ejemplo es que están promoviendo el uso de dispositivos de colecta de agua de lluvia. “Ya hemos instalado dos pilotos. Diseñamos unos modelos que puedan ser replicables. Ya hemos instalado uno en una vivienda popular local y otro en un pequeño hotel. Ya están en funcionamiento. A partir de eso generamos resultados de cómo están funcionando, ajustes, y pueden estar disponibles para que cualquier otra persona pueda instalarlos en sus viviendas o negocios”, detalló Molina.
En la segunda parte de este reportaje abordaremos las iniciativas de mitigación, desde la comunidad de Uvita y Ballena.
Casa que se ubica al lado del estero Negro (trayecto entre la entrada al Parque y el tómbolo). Foto antigua, proporcionada por el señor Vicente Vargas, vecino de Uvita.
Esta fue una producción de la Asociación Voces Nuestras, con apoyo de la Fundación Keto.
Enviado por Fabiola Pomareda, Periodista, Voces Nuestras.
Solo 7 proyectos solicitando viabilidad ambiental de SETENA para el cultivo de 4.175 hectáreas entre 2014 y 2015 en el cantón de los Chiles
Entre 2004 y 2015 la extensión territorial de las plantaciones creció más de veintitrés veces
La investigación surgió de un proyecto de Acción Social que es parte del Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica. Dicho proyecto trabaja con comunidades en la Zona Norte-norte desde el año 2009.
El estudio incluye una cartografía participativa realizada en la zona Norte-Norte incluyendo los cantones de Upala, Los Chiles y Guatuso. En la investigación se evidencia la falta de licencias de viabilidad ambiental y la ausencia de seguimiento de los proyectos que sí cuentan con ella, presencia de fincas piñeras dentro de corredores biológicos, fincas dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo y producción de piña dentro de asentamientos campesinos bajo la tutela del INDER.
El análisis de los expedientes de la SETENA y del trabajo de campo en cantones de esta región (Upala, Los Chiles y Guatuso), concluyó que: “i) algunas de las empresas que siembran y procesan piña no cuentan con licencias de viabilidad ambiental, ii) la Setena carece de mecanismos para dar seguimiento en el mediano y largo plazos a los proyectos que sí cuentan con esa autorización, y iii) los datos recopilados en los expedientes no permiten identificar los impactos que tienen estos cultivos sobre el territorio y la biodiversidad”.
Entre 2004 y 2015 se realizaron evaluaciones de impacto ambiental de 47 proyectos en la región Norte-Norte más de la mitad (29) en los Chiles. Las evaluaciones indican del total de proyectos el 65,9% recibió la viabilidad ambiental, un 21,3% fue rechazado, un 10,6% sigue en estudio y para un 2,1% no se registró información.
Desde la perspectiva ambiental, el estudio mapeó la presencia de fincas piñeras dentro de corredores biológicos ruta los Malekus, Medio Queso y Las Camelias, situación que amenaza la conservación de la biodiversidad. También existen hay plantaciones dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, las cuales fueron establecidas después de que el Estado declarara ese espacio como área protegida después de 1994. Los refugios de vida silvestre Duaru y Caño Negro están potencialmente amenazados, lo mismo que los cuerpos de agua continental: ríos y humedales.
Por otra parte, hay evidencia de que cerca de veinte fincas dedicadas a la producción de piña se localizan dentro de asentamientos campesinos bajo la tutela del INDER. A este respecto el Estudio plantea la hipótesis de que la expansión de esa actividad en los últimos años –principalmente en el cantón de Los Chiles- fue posible a partir del alquiler de tierras, con al menos tres consecuencias: “i) los propietarios de las parcelas pasaron a ser asalariados, ii) hubo desplazamiento –interno o externo- de familias, y iii) el suelo se degradó por efecto del alto uso de agroquímicos, al punto que, si estas tierras volvieran a manos de sus propietarios, posiblemente no serán aptas para la producción agropecuaria.”
La expansión del agronegocio de la piña tiene características inesperadas para las poblaciones rurales de Costa Rica. El crecimiento de más del 500% en menos de tres quinquenios ha puesto en jaque los sistemas agrícolas campesinos, los sistemas comunitarios de agua potable, la estabilidad económica y las condiciones de salud humana y animal donde quiera que se instalen.
Sólo durante 2015, 2016 y lo que va del 2017, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) aprobó 29 Estudios de Impacto Ambiental, referentes a nuevos proyectos piñeros, los cuales suman 6.258 hectáreas convertidas en nuevos monocultivos de la fruta. Lo que demuestra que la expansión sigue sin ningún tipo de control, planificación, ni fiscalización real. A esto, se suma que muchas fincas piñeras operan sin siquiera tramitar el permiso ambiental.
Como si fuera poco, Costa Rica sigue siendo uno de los países con más consumo de agrotóxicos y solamente en materia de herbicidas, en la última década se han triplicado el volumen de herbicidas importados según datos de PROCOMER. Lo que agrava la contaminación de aguas superficiales muchas usadas para consumo humano que tiene costos en salud pública aún sin cuantificar, pero evidentes.
Gracias a las movilizaciones y a las denuncias del último mes en contra de la expansión piñera, el Gobierno ha tenido que romper el silencio en este tema y ofrecer a la ciudadanía alguna respuesta. Sin embargo ésta se ha sustentado en declaraciones apuradas, a partir de medidas que aún no se pueden poner en práctica y por tanto confunden a la población en general. Hablamos del anunciado decreto de prohibición del herbicida Bromacil, anunciado por el Poder Ejecutivo el mismo día de la movilización en defensa del Humedal Térraba Sierpe, el pasado 15 de mayo de 2017. Esta declaración apresurada no se ha materializado en la redacción ni en la firma del decreto, que se anunció a la prensa sin que fuera un hecho consumado y que sigue sin materializarse una semana después de dicho anuncio.
Por otra parte, el gobierno solicitó a la comisión plenaria de SETENA integrar una comisión que indague la viabilidad ambiental que dicha Secretaría ha otorgado a plantaciones piñeras durante el último año. En realidad lo que corresponde es una auditoría externa que evalúe el cumplimiento legal en cada expediente y corrobore el apego a la legalidad de todas las viabilidades ambientales emitidas por la SETENA para la producción de piña, durante todo el período de gobierno y no solamente durante el año anterior, ya que la medida está dejando por fuera la mayoría de los permisos otorgados por la actual administración. Asimismo esa indagatoria debería contar idealmente con participación comunitaria y de profesionales en auditoría, derecho y gestión ambiental: no avalamos la autorevisión interna de SETENA ni confiamos en que esa Secretaría ponga en evidencia los errores de procedimiento que ella misma ha cometido.
Otra de las medidas anunciadas es la suspensión del proyecto piñero de más de 500 hectáreas que amenaza el Humedal Térraba Sierpe declarado sitio Ramsar en 1995. Esta medida es un distractor ante la indignación que ha generado el caso, pues ya hay suficientes evidencias para permitir al MINAE anular la viabilidad ambiental y abrir el órgano correspondiente para sancionar a los funcionarios y consultores que participaron en la aprobación irregular de este proyecto. Además este no es el único proyecto que amenaza este ecosistema, sino que es parte de un conjunto de proyectos en el área de Potrero Grande cuenca arriba, que en total sumarían 3000 hectáreas sembradas de piña en la zona y que también coinciden con sitios de importancia arqueológica por la presencia de vestigios tan importantes como las esferas de piedra.
Adicionalmente, existe la preocupación de una nueva expansión piñera sustentado en la creación de un acuerdo comercial con China para la venta de piña fresca y enlatada. Esta negociación realizada por Alexander Mora, Ministro de Comercio Exterior, se hace de forma irresponsable ya que no toman en cuenta las advertencias que se han emitido desde Universidades públicas, organizaciones ecologistas y comunitarias sobre los serios impactos en agua, suelo, bosque y salud humana del monocultivo de la piña.
La exportación al país asiático se haría pasándole por encima a la legislación ambiental, a la evidencia de serias violaciones a los derechos laborales y sin ningún tipo de planificación.
Las organizaciones firmantes celebramos los acuerdos alcanzados en el marco de la heroica caminata de Jorge Castro y Mariana Paniagua desde Pavón de Los Chiles hasta San José, que apuntan a fortalecer la presencia y accionar del Estado en las comunidades afectadas por la expansión piñera, y consideramos que son un paso en la dirección correcta. Sin embargo la gravedad de esta situación no puede atenderse solamente garantizando la aplicación de la ley en casos específicos: ante un impacto extraordinario e irreversible es necesario valorar medidas extraordinarias.
Por estas razones las organizaciones abajo firmantes exigimos una moratoria nacional a la expansión del monocultivo de la piña, misma que está sustentada en la necesidad de contar con estudios e instrumentos técnicos y políticos de carácter nacional y regionales que aseguren una debida planificación territorial, donde se prevengan y se ataquen los impactos negativos de la siembra desordenada y a gran escala del monocultivo de piña. Una decisión de este tipo beneficiaría directamente la gestión local y nacional de los bienes comunes y respondería de manera directa a las demandas de las comunidades afectadas. Asimismo permitiría tener una lectura más objetiva de la situación de violación a los derechos laborales y la toma de acuerdos en la dirección de tutelar los derechos de trabajadores y trabajadoras de la industria piñera. Finalmente, esta medida permitiría la continuidad de la producción y exportación de piña por parte de las empresas que se encuentran a derecho y están cumpliendo con la legislación ambiental y laboral, por lo que no afecta intereses consolidados y sí previene el crecimiento de las problemáticas relacionadas con la poca planificación y fiscalización de la actividad.
Hacemos un llamado a seguir las movilizaciones por una moratoria nacional a la expansión piñera,
La próxima cita es el lunes 5 de junio en todo el territorio nacional.
Suscribimos:
Alianza de Redes Ambientales (ARA)
Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA)
ASADA de Pavón de Los Chiles
ASADA La Gamba, Golfito
Asociación Agro-orgánica Guanacasteca
Asociación de Estudiantes de Sociología, Universidad Nacional
Asociación de Piangueros de la Purruja, Golfito (APIAPU)
Asociación de Productores y Consumidores Orgánicos de Costa RICA (APROCO) – Feria Orgánica El Trueque
Asociación de Protección, Gestión y Fomento de la Producción Agropecuaria de la Huetar Norte
Asociación Pro Cuenca Río Jabonal
Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA)
Bloque Verde
Campaña Piña sin Derechos
CoecoCeiba-AT
Colectivo Eco-artístico y de Economía Solidaria
Colectivo de Estudiantes Autónomos El Quilombo, Universidad Nacional
Colectivo Ipís Ecológico
Colectivo Machete
Colectivo Río Urbano
Coordinadora de Lucha Sur Sur
Coordinadora Norte Tierra y Libertad
Ditsö Costa Rica
Diwo Ambientales
Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON)
Frente Ecologista Universitario (FECOU)
Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP)
Fundación para el Desarrollo Sostenible de OSA (FUNDAOSA)
Grupo Acción Golfito
GuanaRed
Huertos Urbanos de Costa Rica
Indignados CR
Molinos Verdes de Moringa
Movimiento Patriótico Juanito Mora
Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica
Plataforma de Integración Ciudadana
PROAL-Pacuare
Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA)
Red Costarricense de Agricultura Ecológica (Red CAE)
Este 4 y 5 de mayo se llevará a cabo las charlas sobre el tema del “Impacto del Teleférico al Chirripó”, en el cual estarán participando el Dr. Osvaldo Durán Castro y MSc. Ariel Robles Barrantes.
Jueves 4 de mayo:
Hora 2 p.m.
Lugar: Salón Comunal de San Gerardo de Rivas
Viernes 5 de mayo:
Hora 2 p.m.
Lugar: Auditorio de la UNA, Campus Pérez Zeledón.
*Imagen de portada con fines ilustrativos tomada de backpackingcostarica.wordpress.com
Según una investigación de la UCR la expansión se disparó con nuevas 4.175 hectáreas entre 2014 y 2015 en solo 7 proyectos solicitando viabilidad ambiental de SETENA
La Asociación Cívica de Los Chiles, pequeños ganaderos, maestros y otras organizaciones sociales del cantón convocaron a una manifestación el pasado martes 2 de mayo a las 7 a.m.
En julio del año pasado la Municipalidad de Los Chiles acodó una moratoria a expansión piñera ante la evidencia de impactos ambientales y sobre la salud humana. La moratoria contemplaba el cese por cinco años el otorgamiento de permisos, sin embargo, meses después La Sala Constitucional anuló esta moratoria piñera en Los Chiles lo cual es motivo de conflictos.
Según el Informe del Estado de la Nación 2012 los cultivos de piña “causan problemas directos por su descomposición, e indirectos, por la aplicación de herbicidas quemantes, como paraquat, para desecar el rastrojo. Además, en el rastrojo prolifera la mosca del establo (Stomoxyscalcitrans), que ocasiona graves daños a la ganadería en áreas aledañas a las plantaciones”. En el caso de los Chiles este ha sido una de las razones de mayor conflicto con los pequeños ganaderos y el sector piñero.
La piña ya es el principal cultivo del cantón según la comparación de datos del Censo Nacional Agropecuario 1984 y 2014, pasó de sembrar yuca, frijol y maíz sobre todo por pequeños o mediados propietarios a convertirse en extensas fincas de piña en manos de grandes empresas. En 2014 el censo registró unas 3000 hectáreas de piña en los Chiles, pero esos datos han sido cuestionados tanto por una investigación de la UCR (Valverde et al., 2016) y por un reciente estudio del PNUD (MOCUPP, 2016).
La investigación de la UCR incluye una cartografía participativa realizada en la zona Norte-Norte (Valverde et al., 2016 Estado de la Nación N° 22) que evidenció la falta de licencias de viabilidad ambiental y la ausencia de seguimiento de los proyectos que sí cuentan con ella, presencia de fincas piñeras dentro de corredores biológicos, fincas dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo y producción de piña dentro de asentamientos campesinos bajo la tutela del INDER.
El análisis de los expedientes de la SETENA y del trabajo de campo en cantones de esta región (Upala, Los Chiles y Guatuso), concluyó que: “i) algunas de las empresas que siembran y procesan piña no cuentan con licencias de viabilidad ambiental, ii) la Setena carece de mecanismos para dar seguimiento en el mediano y largo plazos a los proyectos que sí cuentan con esa autorización, y iii) los datos recopilados en los expedientes no permiten identificar los impactos que tienen estos cultivos sobre el territorio y la biodiversidad”.
Entre 2004 y 2015 se realizaron evaluaciones de impacto ambiental de 47 proyectos en la región Norte-Norte más de la mitad (29) en los Chiles. Las evaluaciones indican del total de proyectos el 65,9% recibió la viabilidad ambiental, un 21,3% fue rechazado, un 10,6% sigue en estudio y para un 2,1% no se registró información.
Desde la perspectiva ambiental, el estudio mapeó la presencia de fincas piñeras dentro de corredores biológicos ruta los Malekus, Medio Queso y Las Camelias, situación que amenaza la conservación de la biodiversidad. También existen plantaciones dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, las cuales fueron establecidas después de que el Estado declarara ese espacio como área protegida después de 1994. Los refugios de vida silvestre Duaru y Caño Negro están potencialmente amenazados, lo mismo que los cuerpos de agua continental: ríos y humedales.
Consecuencia de un decreto ejecutivo dictado en 1998 por el Presidente José María Figueres y su Ministro de Ambiente René Castro (redactado por el entonces Secretario General de la Setena, Allan Astorga) las empresas petroleras extranjeras, como lo hiciera MKJ Xploration (luego Harken) pueden firmar contratos de explotación petrolera con el Estado, sin haber obtenido ANTES la aprobación de los estudios de impacto ambiental que mandaba el erosionado Reglamento a la Ley de Hidrocarburos.
Por eso, en el 2011 presentamos una acción ante el Tribunal Contencioso que pretende anular dicho decreto, para así restablecer todo el Capítulo Ambiental reglamentario que fuere derogado. De lograrse (¡como ya se había logrado en un fallo unánime y contundente en el 2013!) no se podría REPETIR lo sucedido con la transnacional MKJ Xploration que lograra firmar con el Presidente Miguel Ángel Rodríguez y la Ministra Elizabeth Odio, un contrato de explotación petrolera SIN CONTAR ANTES con un estudio de impacto ambiental propiamente dicho.
Y sucedió así porque el llamado DECRETO “PRO PETROLERAS” permite a las petroleras darle el nombre de “estudio de impacto ambiental” hasta a un proyecto de revisión bibliográfica o de reflexión sísmica sin impacto, para que, aprobado por la Setena dicho mal llamado “estudio”, puedan firmar con los más altos representantes del Estado, el compromiso formal contractual que les permita seguir adelante con los trámites conducentes a explotar petróleo en Costa Rica. Todo amparados en una Ley de Hidrocarburos que casi no dejaría beneficios ni siquiera financieros al Estado.
Cuando se presentó la acción hace seis años, tanto la Procuraduría como la petrolera Mallon Oil, alegaron que había vencido el tiempo para que se pudiera presentar la solicitud de anulación del decreto. Que el plazo había caducado y que no debería de conocerse el recurso. SIN EMBARGO, el Tribunal sentenció “que es posible impugnar los actos administrativos de alcance general con efectos normativos, mientras SUBSISTAN EN EL TIEMPO sus efectos continuados. Lo que se impugna es un acto de alcance general el cual si bien fue rubricado el 27 de febrero de 1998 y publicado en el Diario Oficial el día 17 de marzo siguiente, ha estado vigente y HA CONTINUADO SURTIENDO EFECTOS hasta la fecha”.
PERO cuando se esperaba un fallo igualmente favorable, pues el jueves 15 de diciembre prácticamente se repitió la vista oral en atención a un fallo dividido de la Sala I ordenándolo así, un hecho fortuito, ajeno al caso, ha obligado al Tribunal que esta vez le correspondió conocer los alegatos escritos y orales de ambas partes, dejar EN SUSPENSO el dictado de la sentencia que habría de darse en días pasados. Ello en virtud de que hay una Acción de Inconstitucionalidad presentada en el 2014 por la Asociación Nacional de Empleados Judiciales, contra el Transitorio III del Código que regula los procesos contenciosos, que también tiene relación con la alegada caducidad que ya había sido resuelta antes.
En vista de ello, el Tribunal nos comunicó que no debe dictar sentencia hasta que la Sala IV no resuelva, en fecha indeterminada, la acción presentada por empleados judiciales, por lo que seguimos en espera de que se resuelva lo que nos interesa.
Aclaramos que, en vista de que el Presidente Luis Guillermo Solís ha ampliado hasta el 2021, una MORATORIA que impide nuevas solicitudes de explotación petrolera en Costa Rica, los efectos del decreto son nulos en estos momentos. Lo cual se une al deseo que nos manifestara personalmente el expresidente José María Figueres, en el sentido de que ESTÁ DE ACUERDO en que se anule el decreto que él firmara al término de su mandato en 1998…
Dr. Freddy Pacheco León
Biólogo
*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.petroleoamerica.com
El juicio oral y público mediante el cual el Tribunal Contencioso Administrativo, por unanimidad, había anulado en sentencia del 12 de junio del 2013, el conocido como “Decreto Pro Petroleras”, emitido por el expresidente José María Figueres, por su ministro de Ambiente René Castro, sería realizado este jueves 15 de diciembre a las 8:30 de la mañana, en el mismo Tribunal, en el II Circuito Judicial, frente a la fábrica de Café Dorado, en calle Blancos, Goicoechea.
La petrolera Mallon Oil Company y la Procuraduría General de la República, alegaron que el señor juez había notificado la sentencia dos días después del plazo, y en votación de 3×2, la Sala Primera les dio la razón, por lo que hay que repetir el juicio.
Breve explicación
Antes del decreto ejecutivo Nº 26750-Minae el 27 de febrero de 1998, las empresas petroleras tenían que cumplir estrictos requisitos ambientales para acceder a la firma con el Estado, de los contratospara explotación de hidrocarburos. El decreto Figueres Castro, emitido cuando ya se había adjudicado la licitación para explotación petrolera a la empresa Harken Oil (antes MKJ Xploration) le permitió a ésta firmar el contrato de exploración y explotación de petrolera, sin tener que cumplircon la presentación de un estudio de impacto ambiental integral que señalaba el Reglamento a la Ley de Hidrocarburos de 1995.
Y sucedió así pues el decreto que aspiramos anular, eliminó los 20 artículos del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos, del Título “De la Protección Ambiental – Del Estudio de Impacto Ambiental –“ que formaba parte de los requisitos necesarios para que las empresas petroleras pudieran suscribir contratos de explotación petrolera con el Estado. Al suceder así, la empresa Harken suscribió el respectivo contrato con el Presidente Miguel Ángel Rodríguez y su ministra Elizabeth Odio, año y medio después de la publicación del decreto…Decreto mediante el cual se sustituye ese importante requisito, por la presentación de “proyectos” que, según las normas de Setena no requieren estudio de impacto ambiental, alguno pues se trata de actividades de muy bajo impacto, como son un estudio de reflexión sísmica o un “proyecto” de estudio bibliográfico, como sucediera con las petroleras Harken y Mallon Oil, respectivamente.
Proyectos que, ante el “muy especial” decreto ejecutivo, la Setena consideró obligatorio ver como “proyectos” y los documentos como “estudios de impacto ambiental”, por lo que les otorgó, en su momento, la “viabilidad ambiental”.
En la sentencia apelada, según el Tribunal, ni la Procuraduría ni la Mallon Oil demostraron en el juicio “Que la realización de un Estudio de Impacto Ambiental único o total desde el inicio de las etapas de una concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos sea muy oneroso e innecesario”, argumento esgrimido en defensa del decreto que favorece a las empresas petroleras en general- Los testigos no pudieron demostrar, según el Tribunal, la existencia de “parámetros técnicos y científicos que dan sustento al reglamento impugnado” -.
Lo que pretendemos lograr nuevamente este jueves 15 de diciembre, es que a partir de su anulación, toda empresa petrolera (china, latinoamericana, estadounidense, etc.) interesada en explotar petróleo en Costa Rica, deba antes de firmar los respectivos contratos de explotación petrolera con el Estado, elaborar un verdadero Estudio de Impacto Ambiental para con él, buscar la declaratoria de viabilidad ambiental de parte de la Setena, según lo determinaba el derogado Título del Reglamento, emitido acorde con la Ley de Hidrocarburos (art.41), la Ley Orgánica del Ambiente (art.17) y reafirmado eventualmente por la Ley de Biodiversidad.
Dr. Freddy Pacheco León
Biólogo
Especialista en estudios de impacto ambiental
Imagen con fines ilustrativos tomada de www.petroleoamerica.com
