(FECON, 8/10/2019.) Las últimas semanas han dejado claro que los gremios empresariales más radicales y neoliberales del país no son monolíticos y tienen fracturas internas serias. Se pueden hacer muchas lecturas al respecto sobre las causas de las salidas de varios grupos de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), pero una cosa segura es que en medio de estas disputas de poder empresarial, se encuentran proyectos políticos de alto impacto ambiental, que no necesariamente los distancia. Para muestra se puede señalar algunas de las caras más visibles de este conflicto empresarial y su impacto en las políticas ambientales del país.
Hay que empezar con el ya ex-presidencia de la UCCAEP de Gonzalo Delgado Ramírez, representante del sector construcción; el cual marcó una agenda de presión en el gobierno para flexibilizar los controles ambientales, favoreciendo los intereses de las empresas que se agrupan en la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC). Se puede decir que este sector ha venido impulsando desde el gobierno anterior el desmantelamiento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y ha aplaudido las medidas para hacer que sus proyectos evadan la necesidad de pasar por la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
Basta con señalar que el Decreto Ejecutivo 41815, del pasado 5 de junio, diseña una serie de comisiones compuestas por el sector privado y el Gobierno de la República para generar un nuevo reglamento para SETENA. Esta comisión denominada “Equipo Técnico del Sector Construcción y de Desarrollos Inmobiliario” está compuesta por la Cámara Costarricense de la Construcción, Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, Consejo de Desarrollo Inmobiliario y Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial. Es importante mencionar que esta comisión no cuenta con ninguna participación del sector ambiental, académico, de consultores ambientales, arqueólogas o alguna otra instancia; solo empresarios de la construcción.
El sector construcción representa el usuario más frecuente de SETENA con el 70% de los expedientes presentados ante esta institución. Es decir, están poniendo a los sujetos que debe de ser evaluados y regulados a diseñar sus propias reglas del juego, popularmente se puede decir que el gobierno “está poniendo al zorro a cuidar las gallinas”.
Por otro lado, mientras Enrrique Egloff hizo que la Cámara de Costarricense de Industrias se saliera de la UCCAEP, también demostró su oposición a la prohibición de los plásticos de un solo uso e impulsó el cabildeo dentro de la Asamblea Legislativa para que el plástico no se regulara adecuadamente. El resultado ya es conocido: enterraron una ley que podría haber ayudado a mejorar las condiciones ambientales del país, pero fue enterrada gracias al lobby empresarial de los sectores más radicalmente conservadores.
Por su lado, el presidente emergente de la UCCAEP ante esta crisis es Álvaro Saenz, representante de la Cámara de Agricultura y Agroindústria, sector que ha insistido en que el ingreso de los agroquímicos debe de flexibilizarse. Presionando al Ministerio de Ambiente y al Ministerio se Salud para que los plaguicidas no sean evaluados bajo la ciencia y la técnica. Esto es importante porque es la única manera de asegurarse que estos no tienen impactos graves sobre la salud o el ambiente. Este sector empresarial de los agrotóxicos, junto al Ministro de Agricultura Renato Alvarado, han impulsado decretos que propician la importación de agrovenenos brincándose las evaluaciones ecotoxicológicas y toxicológicas necesarias. Estos decretos han sido impugnados ante Sala Constitucional por las organizaciones ambientales y los agricultores orgánicos.
Los pleitos en uno de los gremios empresariales más radicales y neoliberales no solo dejan en evidencia sus pugnas de poder, sino que además sirve para desmenuzar una serie de intereses minoritarios que tienen graves impactos ambientales.
En distintos medios de comunicación se ha informdo sobre el proyecto Canal Seco Interoceánico, presentado desde hace algunos días como Canal Verde Interoceánico, que tiene como uno de sus objetivos construir un “mega puerto” en Bahía Santa Elena del cantón de La Cruz, Guanacaste.
Esta iniciativa privada ingresó al Consejo Nacional de Concesión el 26 de junio de 2016 y mantiene el nombre de «Canal Verde Interoceánico de Costa Rica».
El día 13 de junio del 2018, el Consejo Regional del Área de Conservación Guanacaste conoció en su Sesión Extraordinaria N°1-2018 el Informe de la Comisión Especial Proyecto Canal Seco creada por la Universidad Nacional y presentado por la Coordinadora de dicha Comisión la Dra. Aurora Hernández Ulate. A tal fin, se ha tomado el siguiente acuerdo:
ACUERDO N°9. El Consejo Regional del Área de Conservación Guanacaste, después de conocer el Informe (resultados y conclusiones finales) de la Comisión Especial Proyecto Canal Seco de la Universidad Nacional, presentado en la Sesión Extraordinaria 01 del 13 de junio del 2018, en él se destaca lo siguiente:
Es claro, que en el informe se evidencia los potenciales impactos y consecuencias que la construcción de este proyecto podría generar en Costa Rica, particularmente en la Región Chorotega y el Área de Conservación de Guanacaste.
Es preocupante, que el ámbito social se puede indicar que no existe un plan de amortiguamiento para el desplazamiento humano. Además, no se evidencia un plan de relocalización de las familias, no hay articulaciones territoriales, articulaciones ambientales, pueden afectarse modos de vida tradicionales y darse cambio de uso de la tierra, así como pérdidas de oportunidades regionales, y una marcada división del espacio.
Así mismo,
No se establece el impacto en el aire: gases, ruido y vibraciones
No se establece el impacto en el suelo.
Aguas superficiales: se debe determinar impacto de inundación y construcción infraestructura.
Aguas subterráneas: no se establece el impacto en los acuíferos, ni en la demanda
No se establece el impacto sobre la flora y la fauna.
No se establece el impacto en aguas continentales (ríos, quebradas, humedales).
No se establece impacto en ambiente marino: bosques de manglar, arrecifes y especies indicadoras de flora y fauna.
No se establece la afectación sobre el Patrimonio Natural del Estado y las Áreas Protegidas
No se establece el impacto al ambiente socio-cultural: demográficos, vial, patrimonio cultural, arqueología, actividades culturales.
Además, según el estudio carece de los siguientes elementos de fondo:
No tiene un estudio de factibilidad, sino un estudio de pre-factibilidad incompleto.
Un estudio de pre-factibilidad debe incluir las siguientes evaluaciones: técnica, económica, financiera, legal y administrativa. El estudio no incluye un capítulo «económico» propiamente dicho (a excepción de una estimación muy preliminar y poco fundamentada de la demanda y del pago de impuestos), sino solo una rápida y cuestionable evaluación financiera.
No incluye ningún capítulo sobre evaluación administrativa (capacidad interna y externa para administrar la ejecución de las obras y la posterior operación del proyecto).
No incluye el impacto ambiental, social y sobre el patrimonio cultural y natural.
Falta información, actualización de la información, análisis de datos.
Descriptivo y con una integración somera, parcial y fragmentada de la información.
Carece de un estudio legal.
POR TANTO, El Consejo Regional del Área de Conservación Guanacaste, se manifiesta en contra del Proyecto Canal Seco Interoceánico (Canal Verde Interoceánico). Comuníquese a quien corresponda. ACUERDO UNÁNIME Y FIRME.
Recientemente se dio a conocer la intención de construir tres nuevos proyectos hidroeléctricos en la zona limítrofe entre los cantones de Turrialba y Siquirres, en las faldas del volcán Turrialba. Se trata de los proyectos hidroeléctricos Bonilla 1320, Bonilla 510 y Torito II, los dos primeros pertenecientes a la empresa H. Solís sobre el río Bonilla (inscritos a nombre de Hidrodesarrollos del Río Platanares, S.A.) y el tercero de la Junta Administradora del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) sobre el río Torito.
Esta noticia despierta preocupación entre los habitantes de Turrialba debido a que este cantón es uno de los más explotados para generación hidroeléctrica en todo el país, con un total de diez represas solamente en la cuenca del río Reventazón, a las cuales se sumarían los tres proyectos nuevos. Hay que recordar que en este cantón se dio una de las luchas sociales en defensa de los ríos más importantes en toda la historia de Costa Rica, como lo fue la defensa del río Pacuare, en donde en 2005 se realizó un plebiscito en el cual 97% votaron en contra de proyectos hidroeléctricos sobre este río.
Llama la atención el secretismo con que las empresas manejan estos proyectos, pues si bien estas han cumplido con los trámites que exige la ley, es hasta varios años después que esta información se vuelve de conocimiento público de la ciudadanía. Luego de una visita de campo realizada el día 12 de octubre a la zona de Bonilla, donde se pretenden realizar los proyectos Bonilla 1320 y 510, se pudo constatar que ni siquiera los vecinos de las comunidades más cercanas cuentan con información clara acerca de estos proyectos y sus posibles implicaciones socioambientales. Aparentemente, la empresa ya ha comprado algunos terrenos en donde se construirían las obras del proyecto. En el caso de los dos proyectos sobre el río Bonilla, ya cuentan con Estudio de Impacto Ambiental aprobado por SETENA, con fecha del 22 de setiembre de 2016.
A raíz de esta situación, se tomó la iniciativa de organizar un espacio informativo acerca de estos proyectos, el cual se realizó el sábado 13 de octubre en la Sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica, en Turrialba. A esta reunión se hicieron presentes dos representantes de la empresa H. Solís, quienes presentaron información sobre los proyectos y respondieron las preguntas de las personas participantes, tanto estudiantes como vecinos del cantón.
Entre las principales preocupaciones de las y los turrialbeños está la afectación que sufriría el río Bonilla, una de las pocas zonas en la cuenca del Reventazón en donde los ríos aún están libres. Para las y los practicantes del canyoning (un deporte de aventura que está creciendo rápidamente en Turrialba, el cual consiste en bajar cañones de ríos con el uso de equipo especializado), represar el río Bonilla implicaría sacrificar uno de los mejores sitios para esta práctica, el cual presenta espectaculares cataratas y caídas de agua, aún desconocidas por muchos.
Estos proyectos se pretenden desarrollar en una zona con dificultades económicas y deficiente inversión pública. Los pobladores se dedican principalmente a la producción de queso y una de sus principales limitaciones tiene que ver con el mal estado del camino. Además de los proyectos hidroeléctricos, la empresa ofrece pavimentar el camino que da acceso a esta zona, lo cual resulta claramente atractivo para los pobladores. Además, ofrecen destinar un 1% de las ganancias de los proyectos a la Asociación de Desarrollo local.
Frente a esta situación, desde la ciudadanía crítica y activa:
Manifestamos la necesidad de discutir estos proyectos de manera transparente y democrática con la población. A nivel nacional y mundial, cada vez hay más evidencias del daño irreparable producido por proyectos hidroeléctricos, tanto a nivel ambiental como social y económico.
Ponemos en duda la verdadera necesidad de estos proyectos para el país, el cual tiene una capacidad de generación eléctrica (3.242 MW) de casi el doble de la demanda máxima registrada (1.674 MW). Además, nos oponemos la generación privada de electricidad, la cual ha demostrado ser innecesaria para el país, al mismo tiempo en que desangra las finanzas públicas.
Cuestionamos la manera en cómo las empresas se acercan a las comunidades e instrumentalizan sus necesidades en favor de intereses económicos particulares. No se justifica destruir los ríos de la zona a cambio de arreglar un camino público, lo cual debería ser responsabilidad de las Municipalidades.
Consideramos que construir proyectos hidroeléctricos en esta zona, en vez de contribuir para su desarrollo económico y social, más bien puede agravar su situación de empobrecimiento y exclusión. Se trata de una zona con fuerte potencial eco-turístico, el cual aún no ha sido aprovechado plenamente. Represar estos ríos implica sacrificar este gran tesoro hídrico.
Nos preocupa el secretismo y la falta de espacios de información y discusión acerca de estos proyectos. La ciudadanía ya se ha pronunciado en contra de represas, y promoverlas sin abrir espacios de discusión significa irrespetar la voluntad popular expresada de manera firme en el pasado.
Un 70% de los barcos a nivel global que sobreexplotan los mares de forma ilegal se benefician de los paraísos fiscales
Un 68% de las ganancias de las empresas responsables de la deforestación se benefician de la opacidad fiscal
FECON, 25-9-2018. El Proyecto de Ley para Fortalecer las Finanzas Públicas no resuelve ni la opacidad fiscal, ni grava la renta global. Por lo tanto, aunque se apruebe este proyecto de ley, las empresas contaminantes en Costa Rica seguirán siendo favorecidas.
El informe de la comisión legislativa encargada de investigar el caso de los Papeles de Panamá, expediente 19.973, identificó 19 vacíos legales que han sido utilizados como portillos para la elusión y la evasión fiscal. Asimismo, generó 19 recomendaciones y señaló 8 proyectos de ley en la corriente legislativa que podrían atacar estos vacíos que crean el déficit en la recaudación de la renta. Aun así, lo que ahora se discute en la Asamblea Legislativa referente a finanzas públicas no incorpora estas recomendaciones. Estos mismos señalamientos hacen que Costa Rica tenga muchas características que lo asemejan a un paraíso fiscal. Incluso la revista Forbes pone a Costa Rica entre los países con alta opacidad fiscal (1).
Además, en Costa Rica el impacto de las industrias contaminantes recarga los servicios de salud; satura las posibilidades de fiscalización ambiental y daña la infraestructura pública de muchas comunidades (sobre todo caminos y acueductos comunitarios). A nivel global, investigadores del Grupo ETC señalan que por cada dólar que se paga por un alimento industrializado se deben pagar otros dos dólares en daños ambientales y a la salud (2).
Una investigación reciente demuestra la relación que tienen la defraudación fiscal y la degradación ambiental (3). El Centro de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo y el programa Global Economic Dynamics and the Biosphere (GEDB), de la Academia de Ciencias sueca, reveló que el 70% de los barcos dedicados a la pesca ilegal han sido puestos bajo la jurisdicción de paraísos fiscales, principalmente Panamá y Belice, operan de que operan en otras latitudes.
Además, esta investigación reveló que el 68% de las ganancias de empresas responsables de la deforestación del Amazonas son canalizadas por medio de paraísos fiscales. Asimismo, traficantes de especies exóticas de flora y fauna también se aprovechan de regímenes con controles fiscales laxos. Estos datos salen a la luz pública luego de la investigación de los Papeles de Panamá, en la que destacaron empresas, políticos y bancos costarricenses.
Empresarios piñeros como Alfredo Volio saltaron a la luz pública como posibles evasores en el caso de los Papeles de Panamá. Volio, quien es propietario de Upala Agrícola S.A. y vicepresidente de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP), fue uno de los empresarios costarricenses vinculados al Buffet Mossac Fonseca.
La empresa naranjera y piñera Tico Frut, denunciada en múltiples ocasiones por contaminación y explotación laboral, también consta en los registros de los clientes del buffete de abogados que desde Panamá evadía sus responsabilidades en Costa Rica. Los Papeles de Panamá revelaron que TicoFruit es un complejo de al menos siete sociedades anónimas domiciliadas en Panamá, que tiene relación con el bufete Zürcher Odio Raven, este como enlace de Mossack Fonseca (4).
La sobreexplotación de los mares también está vinculada a empresas que son cómplices del déficit fiscal de nuestro país. La empresa Borda Azul S.A. fue reportada por evadir impuestos por medio del buffet panameño. Pero además, esta compañía atunera es una de las 10 empresas que han recibido más Certificados de Abono Tributario (5).
Como si fuera poco, el Proyecto de Ley para Fortalecer las Finanzas Públicas (Exp. N.° 20.58) en el Artículo 36 recorta el Fondo Especial para Guardacostas, situación que dificultará aún más la tarea de la lucha contra la pesca ilegal y descontrolada en nuestros mares.
El Colegio de Geólogos de Costa Rica en una carta dirigida al secretario general de SETENA, manifiesta que:
“Por acuerdo de Junta Directiva, en sesión 837, celebrada el lunes 16 de julio de 2018, les transcribimos las recomendaciones que se pretenden realizar a la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), en cuanto a los procedimientos de evaluación de Impacto Ambiental (EIA) las cuales son las siguientes:
(…)
-No obstante hay un riesgo importante en la posibilidad de que el “nuevo” reglamento, a pesar de todo, sea promulgado. Consiste en el hecho de que se sube el umbral para proyectos de construcción de 1000 m2 a 9000 m2, lo cual quiere decir que todos los nuevos proyectos de construcción que se encuentren por debajo de ese umbral, YA NO TENDRÁN QUE HACER ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS, como el de la Geotecnia y el de la GEOLOGÍA DEL TERRENO (Geología, Geomorfología, Hidrogeología y Amenazas Naturales). Considerando el hecho de que nuestro país presenta toda la gama conocida de riesgos geológicos, desde la perspectiva de la Gestión PREVENTIVA del Riesgo, es claro que este reglamento representa un error muy grave, pues al no realizarse los estudios técnicos señalados y contemplando la realidad de que solamente hay siete cantones que cuentan con Plan Regulador vigente y con la variable ambiental integrada, se hace necesario, solicitar a las autoridades correspondientes que el reglamento en cuestión NO SE PUBLIQUE dada la serie de inconsistencias que contiene, incluyendo la aquí señalada.
-Hemos determinado también que no hay congruencia y claridad en varios aspectos tanto técnicos como legales (ya que no podemos decir que desconocemos las leyes) en el documento presentado actualmente y que deben de ser revisados a mayor detalle.
-Con lo anterior, nuestra recomendación es que se solicite, respetuosamente, al señor Ministro de Ambiente y Energía que se convoque a la Comisión Mixta (con la conformación original) para que sea la que, de forma transparente y participativa, discuta y proponga soluciones concretas”.
Pulse en las imágenes para agrandar y leer el contenido completo de la carta.
Desobedecerían a la Contraloría General de la República debido a ausencia de Estudio Ambiental Estratégico
Existen alternativas para abastecer de agua Guanacaste
Los 48 diputados que votaron a favor de la vía rápida a un proyecto de ley que pretende desafectar las 113 hectáreas de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal. Acción realizada sin sustento técnico suficiente y obviando la normativa nacional referente Áreas Silvestres Protegidas, evaluación de riesgo y ambiental. El proyecto de ley contenido en el Expediente n.º 20.465 pretende también compensar el bosque a inundarse con fincas vecinas cubiertas por potreros y pocos arboles dispersos.
Una cosa que sobre sale es amenaza sísmica que tiene el proyecto. En el folio 567 del expediente legislativo de dicho proyecto de ley destaca la posibilidad de que la presa se rompa debido a presencia de fallas técnicas. En su el inciso 1.4.1.5 habla que la cortina de concreto que sostendría el embalse está bajo amenaza sísmica tipo III. Lo cual recomienda análisis exhaustivos previos. Análisis que están ausentes y de no hacerse de forma responsable pondría en riesgo incuso vidas humanas y la inversión de aproximadamente USD$500 millones.
Lo anterior se refiere a sólo uno de una serie de análisis previos que se deberían de hacer. Por ejemplo demostrar que es el único lugar dónde se puede hacer y no existen alternativas. Se encuentra entre los pocos datos publicados del proyecto la posibilidad de compensar el área inundada con otras fincas que el SINAC adquirirá como concepto de compensación de biodiversidad con una inversión de 1500 millones de colones.
Para Isaac Rojas, miembro de CoecoCeiba Amigos de la Tierra: “la propuesta de compensación en biodiversidad es una idea poco conveniente en un país como Costa Rica, porque nadie puede asegurar que una ceiba que esté a 100 metros entre sí pueda compensar la una a la otra.”
Es conocido que la compensación es una medida que toman cuando los daños ambientales no se pueden evitar, pero en este caso está siendo usada de forma peligrosa para favorecer un proyecto empujado por intereses económicos muy fuertes sin tener estudios técnicos y científicos para apoyarse para tomar esta decisión.
El Dr. Jorge Lobo, biólogo catedrático de la Universidad de Costa Rica ha manifestado que: “…las poblaciones o especies afectadas por la pérdida de un área protegida no necesariamente aparecerán en su abundancia original en un área de compensación. Porque al no existir en el área de compensación los hábitats y recursos requeridos por esta especie, y los núcleos poblacionales o las condiciones migratorias para garantizar su redoblamiento. No se podrá compensar estas especies o poblaciones perdidas en Lomas de Barbudal. Diferencias drásticas en la calidad del hábitat, especialmente en el grado de alteración humana de los ecosistemas, que se detectaron entre Lomas de Barbudal y la Finca Asetrek (finca a adquirir par a compensar), no se equilibran con el aumento del área de esta última”.
Este proyecto de embalse comprendería 850 hectáreas; un canal de 55 kilómetros; un planta hidroeléctrica; entre otra obras se trata de un Programa o Plan y no de un simple «proyecto». Por tal razón el camino a seguir sería la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), aplicando los principios de Participación, Información y Transparencia y con la participación de todos los sectores relacionados.
Para Álvaro Sagot, experto en evaluación ambiental, manifestó que “…de debe hacer una evaluación previa para determinar si estratégicamente es viable y si lo es bajo qué salvaguardas ambientales y sociales. Lo correcto es que después de la Evaluación Ambiental Estratégica se elabora el proyecto de ley correspondiente, pero como aquí siempre ponemos la carreta por delante de los bueyes, entonces, la ley debería decir que el Programa o Plan de Desarrollo en particular, queda sujeta dicha evaluación.”
Basado en el informe N. °DFOE-AE-IF-00008-2017 de junio de 2017 la Contraloría General de la República le ordenó al Poder Ejecutivo implementarlo estipulado en el artículo 62 del “Reglamento General Sobre los Procedimientos de Evaluación De Impacto Ambiental” el cual estipula la Evaluación Ambiental Estratégica tiene como objetivo integrar la variable de impacto ambiental a la planificación del desarrollo económico del país.
Además el proyecto de ley no pone en cuestión el uso irracional del agua en la provincia de Guanacaste. Para la organización Confraternidad Guanacasteca el gran consumidor del agua es el sector agrícola que gasta de forma irracional el 70% del recurso hídrico disponible en la provincia.
El sector donde se ubica este proyecto, existe un total acaparamiento del agua en muy poca manos, pues empresas como Ingenio Taboga, Azucarera El Viejo, El Pelón y CATSA, consumen unos 7.000 litros por segundo, cada una, lo que es el agua equivalente al consumo de unas 500.000 personas. Estas 4 empresas juntas consumen 28.000 litros por segundo, volumen que supera el caudal que se dice proveerá el proyecto PAACUME con el embalse que es de solo 20.000 l/s. Consideran que las empresas de la zona deben modernizar sus sistemas de riego, para no incidir con su exagerado consumo, en los presupuestos del Estado y en el nivel de vida de cada uno de los habitantes de este país.
Según Gadi Amit de Confraternidad Guanacasteca: “Hay alternativas. Sí las 3 empresas cañeras aquí mencionadas, aplicaran riego por goteo a sus plantaciones, se ahorraría 16.800 l/s -que es la cantidad de agua que el PAACUME quiere destinar al riego de la rivera derecha del Tempisque-. La pequeña diferencia es, que no sería necesario construir el embalse en Rio Piedra. De esta forma el Estado y todos sus habitantes se ahorran el gasto de $ 500 millones”.
Por tanto desde FECON consideramos que este proyecto de ley enviado a vía rápida por 48 diputados y diputadas representa un peligroso paso en falso en materia ambiental, económica y social.
Federación Costarricense Para la Conservación de la Naturaleza.
Información:
Henry Picado, teléfono 87609800
Jorge Lobo,teléfono 86868649
Gadi Amit: 88268216
*Imagen de portada con fines ilustrativos tomada de Youtube.
El Consejo Cultural y la Asociación de Desarrollo de Boruca, nombraron una Comisión dedicada exclusivamente a atender este problema. Entre sus acciones, convocó a las instituciones involucradas en la construcción del Atracadero, como el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) y sus dependencias como el Área de Conservación Osa y la administración del parque, para exponerles las razones de oposición al proyecto.
Primero, que las fases previas de planificación no fueron consultadas con Boruca, cuestión obligatoria al ser una zona de uso ancestral de los indígenas. Segundo, que no existía una investigación científica, que determinara los impactos sobre el caracol Múrice. Tercero, que era necesario un Estudio de Impacto Cultural hacia la población indígena de Boruca, entre otras fundamentaciones.
Al respecto, el INCOP ha tomado el siguiente acuerdo:
“…solicitar el desarrollo del estudio biológico y cultural sobre el tema del caracol púrpura (múrice), y el impacto cultural que puede tener sobre la población brunca y el parque, el desarrollo de la construcción del atracadero”.
“dejar pendiente el inicio de la construcción del atracadero, a la espera de los resultados de los estudios anteriormente señalados”.
Informes Gilbert González Maroto 6025-3217 y Mario Lázaro presidente de la ADI de Boruca al 8463 4969
Problemática. La zona del atracadero es de importancia cultural para el pueblo indígena Boruca pues la usa ancestralmente para recreación y recolecciones del caracol múrice para teñir hilos de tejer y la extracción de quitash (sal) estas prácticas fueron frenadas con la creación del Parque Nacional Marino Ballena (PNMB). Después de un largo proceso de reglamos en 2017 se firmó un acuerdo con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) pretende permitirles continuar con sus costumbres en el área protegida.
Convenio de construcción entre Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
26 organizaciones ambientalistas piden a Luis Guillermo Solís no firmar decreto que reforma SETENA
Monocultivos de piña de hasta 25 hectáreas y hoteles de 50 habitaciones no necesitarán de Estudios de Impacto Ambiental ni evaluación previa
El Poder Ejecutivo en próximos días gestionará la oficialización de un decreto ejecutivo titulado «Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental», el cual sustituiría no solo el Decreto Ejecutivo Número 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento General sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), del 28 de junio del 2004, sino también el Manual de Evaluación de Impacto Ambiental vigente.
Esta reforma pretende evitar que dos terceras partes de los proyectos que requieren EIA los hagan dejando sin protección a la población costarricense bajo el concepto de disminución de trámites propuesto por el exministro de competitividad Jorge Woodbridge en la administración Arias desde el año 2008.
Una carta firmada por 26 organizaciones ambientales de todo el país y dirigida tanto al Presiente Luis Guillermo Solís Rivera; al ministro Edgar Gutiérrez y al Secretario General de SETENA Marco Arroyo afirma que: «Nos preocupa en gran medida algunos umbrales ambientales que propuestos en esta reforma ponen en riesgo el control sobre actividades con impactos demostrados como ha sido las plantaciones agroindustriales; la industria hotelera; la industria de la construcción y las concesiones de agua«.
Para la Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON) se estaría generando un severo cambio en el modelo de EIA que representaría un retroceso de 20 años para el avance ambiental que ha tenido Costa Rica.
Por su lado el Dr Allan Astorga Gättgens, geólogo y especialista en impacto ambiental denunció que: «quieren liberar todos los proyectos constructivos de hasta 9.000 m2 para que no hagan estudios técnicos ambientales (geotecnia, hidrología, Riesgo antrópico, geología, geomorfología, hidrogeología, amenazas naturales -deslizamientos, fallas geológicas, inundaciones, peligros volcánicos, arqueología, biología, impacto vial y ambiental). Esto es sumamente grave, dado que no todos los terrenos tienen la misma condición de fragilidad ambiental, y por eso, es indispensable que los mismos se analicen para saber si son aptos o no para la construcción de un proyecto urbano. Muchos de los cuales van a llegar a residir familias y personas, confiados de que se trata de una construcción segura, cuando en realidad puede no serlo«.
Henry Picado de la Federación Ecologista afirmó que: “sobre el umbral de plantaciones agroindustriales: nos parece un riesgo importante dejar que monocultivos -de piña, por ejemplo- sea exentos de EIA para extensiones de 25 hectáreas. Hay evidencia técnica y científica para demostrar que este tipo de actividad representa una amenaza para los mantos acuíferos y las fuentes de agua circundantes, debido a la alta concentración de agroquímicos que esta necesita para la producción«.
Tanto las organizaciones ambientales como el Dr Astorga coinciden que esta reforma es muy peligrosa en un contexto nacional donde sólo existen seis cantones con planes reguladores aprobados y con la variable ambiental aprobada, de manera que todos esos proyectos urbanísticos y muchos más, quedarían «a la libre», sin ningún control ambiental. Esto, sin que exista Ordenamiento Ambiental del Territorio y a pesar de que cerca del 25 % de las construcciones del país se localizan en zonas de alto y muy alto riesgo.
Hace varios días en el colectivo CONCEVERDE interpuso una denuncia por el posible daño ambiental que puede haber causado un asfaltado de camino público que se llevó a cabo en la ZONA INALIENABLE de la Ley 65 de 1888, jurisdicción de San Rafael, por considerar que con ese asfaltado se podría estar contribuyendo a impactar parte del esa zona y el Parque Braulio Carrillo, máxime al haber poco o nulo control del MINAE sobre los vehículos que ingresan, causando contaminación por ruido y humo.
“Curiosamente ni en el MINAE ni la Municipalidad de San Rafael de Heredia tienen conocimiento de quién llevó a cabo las obras, será que el cantón es tierra de nadie y cualquier puede hacer lo que le venga en gana nos preguntamos en el colectivo. A veces es muy diligente la Municipalidad para parar una pequeña construcción que se lleva a cabo sin permiso, pero cuando se lleva el asfaltado de cerca de 300 metros de un camino público, en la Municipalidad “ni cuenta se dan” manifestó el Colectivo.
Henry Picado, Luis Monge, Vicente Vargas, Fabiola Pomareda
Vista desde la playa hacia el Tómobolo (por cierto, esa palmera que se ve ya desapareció con la última marea alta). Foto: Luis Monge.
Uvita, Zona Sur.- Pasadas las siete de la mañana recorremos el sendero del Parque Nacional Marino Ballena para encontrar las olas lamiendo la playa llena de troncos, pequeños cangrejos y semillas de almendros. El parque Marino Ballena, ubicado en el Pacífico Sur, y las comunidades costeras de esta zona, ya están siendo impactadas por varios fenómenos derivados del cambio climático.
La pérdida de costa y el aumento en el nivel del mar afectarán las actividades turísticas, la pesca y también a la flora y fauna del parque, como los arrecifes y humedales, aseguran expertos. Pero las personas que viven y trabajan en esta zona desde hace años, ya son testigos de los cambios y su impacto.
Dentro del Parque Nacional Marino Ballena. Foto: Fabiola Pomareda.
Don Vicente Vargas usa un sombrero negro y varios anillos colgados de su cuello en cadenas. Vende pipas a la entrada del Parque, en Uvita, y nació en este pueblo en 1964.
“El mar obvio que tiene que venir caminando porque, diay, para nadie es un secreto que con el calentamiento global, el hielo que se está deshaciendo en otros países fríos está llenando el mar y eso conlleva a que el mar venga hacia acá”, dijo don Vicente.
Foto: Fabiola Pomareda.
“De hecho aquí había una pescadería que por ahí todavía están en Estero Negro los muros donde fue construida y esa pescadería se hizo respetando los 50 metros públicos. Si usted pasa por ahí ahora usted ve que el mar, la playa, está por encima de lo que fue la pescadería”, contó.
“En la punta, por eso le decíamos la punta, la playa se llama Punta Uvita, porque ahí se hacía una islita entre Estero Negro y el tómbolo, se metía una punta que hoy ya no existe. Diay, [el mar] ha caminado demasiado. De lo que yo tengo noción de que venía muy pequeño, creo que se ha venido entre unos 75 y 100 metros hacia acá”, calculó el hombre.
Don Vicente Vargas en la entrada del parque en Uvita. Foto: Henry Picado.
Don Vicente Vargas vende pipas en la entrada del parque. Foto: Henry Picado.
Varios fenómenos derivados del cambio climático como la pérdida de costa, el incremento en la temperatura del agua y el aumento en el nivel del mar, están cortando metros a las playas del país y poniendo en riesgo a las comunidades costeras. Se espera que en los próximos años estos efectos tendrán cada vez más impacto en la disponibilidad de agua potable, caminos, actividades agrícolas, turismo y pesca.
Mojón de demarcación de la zona marítimo terrestre, arrancado por la subida del mar, ubicado en el Parque Nacional Marino Ballena, en el sector comprendido entre el Tómbolo y Estero Negro. Foto: Luis Monge.
Doña Grethy Vazquez Zamora tiene 11 años de trabajar como guardaparque en Marino Ballena. Pero ella y su esposo llegaron a la zona en 1984. En esa época tenían recibidores de pescado. A los pescadores de la zona les recibían langosta, cambute, moluscos y variedades de pescado, que luego vendían a una planta procesadora. Después de eso trabajó en el Consejo Nacional de Producción, en el Ministerio de Ambiente y ahora en el parque.
Encontramos a doña Grethy en playa Piñuelas, una de las playas del Parque Nacional Marino Ballena.
“La erosión en el mar ha sido muy grande. Un ejemplo es Colonia, y otro es Uvita. La extensión de los 50 metros era más grande y había más vegetación, habían más palmeras, más arboles. Usted lo que encuentra ahora son las raíces volcadas de alguna pipa ahí entre la playa y la pleamar. Eso significa que toda esa pleamar llegaba hasta allá. Ahora no. Todo esto se ha ido comiendo”, narró la guardaparque.
“Si usted le toma una foto a esta playa ahorita, vea donde están esas piedras allá”, dijo señalando. “Todas las mareas altas que han habido estos días han arrastrado la piedra. Todo el tajamar está bajo. Los árboles, seguro de tanta humedad se pudren y se caen”, añadió.
Doña Gretty Vázquez, guardaparques en Playa Piñuelas. Foto: Henry Picado.
Doña Gretty Vázquez señala el avance de la pleamar en Playa Piñuelas. Foto: Henry Picado.
Posible impacto económico, en el turismo
El Parque Marino Ballena se ubica entre el tómbolo de Punta Uvita y Punta Piñuela. Abarca 110 hectáreas terrestres y 5 mil 375 hectáreas marinas. Protege variados ambientes como son playas arenosas, playas pedregosas, acantilados, islas y arrecifes. En sus aguas suelen encontrarse delfines y ballenas.
Varios habitantes de Uvita trabajar como tour operadores de los avistamientos de delfines, ballenas y tortugas. Uno de ellos es Fernando Monge Godínez. La primera vez que visitó Uvita corría el año de 1981. Llegó a pie desde Dominical. Luego compró una parcelita y empezó a trabajar en una finca. Posteriormente empezó a pescar y estuvo 15 años como pescador artesanal. Hoy vive de llevar turistas nacionales y extranjeros en recorridos en bote, para que puedan ver los delfines y las ballenas.
Entrada al Parque Nacional Marino Ballena, en Uvita. Foto Henry Picado.
Para don Fernando, el cambio climático definitivamente está teniendo un impacto en sus labores. “Para nadie es un un secreto, la cantidad de agua que ha llegado de los glaciares, la cantidad de hielo que se derrite. La parte marina costera esta super erosionada, los oleajes han salido mas seguidamente, tenemos que luchar contra olas y contra el clima con mucha gente”, señaló.
Y aunque está consciente de que existen medidas que se podrían poner en práctica para revertir sus efectos, como combatir la contaminación del aire, sabe que es complejo.
“Eso ya es irreversible, ya es muy difícil que la capa de ozono que esta muy dañada se vuelva a componer”.
Fernando Monge tour operador de la zona. Foto: Henry Picado.
La dificultad para entrar y salir del mar en sus botes es una de las dificultades que ya empiezan a experimentar los tour operadores de la zona. Fernando Guerrero Chavarría es otro tour operador, que explicó su experiencia.
“Sí bueno, en los últimos 18 años, que es lo que tengo yo de estar por acá, el cambio se ha notado muy muy fuerte. Sobretodo hemos perdido alrededor de 60 metros o más de playa. El mar ha venido comiendo y ha ido erosionando la playa un montón. Uno cada año uno ve que se comió tal cosa, que se comió tal otra y uno va corriéndose conforme el mar se va metiendo. Pero, diay, la playa ya no era lo que era antes, un lugar bonito para venir a disfrutar. Ahora es medio complicado en marea alta. Antes había playa y se sentaba uno por ahí a asolearse, ahora no se puede”, destacó Guerrero.
“Parte del pedido que se ha hecho a varios ministros de Estado, y al SINAC [Sistema Nacional de Áreas de Conservación] es tener un lugar donde tener más seguridad para que salgan las embarcaciones, porque acá ya se está complicando demasiado”, indicó.
Fernando Guerrero, tour operador de la zona. Foto: Henry Picado.
Impacto en las playas, corales y otras especies marinas y terrestres
¿Qué es el cambio climático y cómo está impactando al Parque Marino Ballena? El fenómeno del cambio climático genera un aumento anormal de las temperaturas del planeta, provocado por una concentración desmedida de ciertos gases en la atmósfera. Estos son dióxido de carbono,metano, óxido nitroso y otros, producidos exclusivamente por actividades humanas.
Foto aérea del río Uvita. Foto: Cortesía del Luis Monge.
Cristina Sánchez, bióloga marina de la Fundación Keto y profesora de la Universidad de Costa Rica, confirmó que el cambio climático tendrá un gran impacto en las zonas costeras debido al aumento en las temperaturas. También explicó en detalle algunas de las consecuencias que ya se están dando.
“Ahí en el parque, el aumento en la temperatura en el agua ha causado que los corales se mueran o lleguen los periodos de blanqueamiento en que se ponen muy vulnerables a enfermedades, sedimentación y a competir con otras especies. Los pone en una situación muy complicada en cuanto a la sobrevivencia. Los corales actualmente se están muriendo, no sabemos si se van a adaptar o a hacerse más fuertes Con el tema de los corales hay otra consecuencia: el aumento del CO2 o del dióxido de carbono en la atmósfera, está provocando que el agua de mar se acidifique; entonces eso también causa que los corales puedan morir”, señaló Sánchez.
“Existen otras consecuencias con respecto al aumento de la temperatura que es por ejemplo, que las especies marinas y terrestres empiecen a desplazarse a zonas más altas, donde la temperatura va a ser menor, o en el caso de las marinas, que se desplacen mar adentro para lograr temperaturas más óptimas o de mejor condición para ellos. En la parte terrestre lo que se espera es que muchos árboles, lo que son semillas y eso, también se empiecen a desplazar según va cambiando la temperatura. En este momento se están estudiando cómo se van a dar esos desplazamientos. Se tiene información de que se van a dar pero no se sabe exactamente cuánto va a tardar en darse ni tampoco cuáles especies van a ser las primeras en desplazarse”, aclaró la bióloga.
Estero en Playa Ventanas. Foto: Fabiola Pomareda.
“En el caso de peces, al moverse el plancton, que es de lo que se alimentan, también se moverían todo lo que son los peces y otras especies. A nivel de pesca puede pasar que las especies se desplacen, entonces cada vez estén mas lejos de la costa y los pescadores van a tener que salir más y también ahora justo está pasando en el Pacífico que algunos fenómenos como la marea roja están afectando varias zonas del Pacífico, tanto el Pacífico norte como el Pacífico sur y todo eso es por el cambio climático y el mal manejo de desechos, aguas negras y aguas jabonosas, y fertilizantes usados en la agricultura. Todo esto provoca que haya este tipo de fenómenos cada vez más frecuente y eso puede hacer que los peces mueran por falta de oxígeno o que haya cierta intoxicación por haber estado expuestos”, finalizó.
Proyecto para atender efectos vinculados al cambio climático
Catalina Molina, directora de la Fundación Keto. Foto: Henry Picado.
Desde la Fundación Keto se está desarrollando un proyecto con el Fondo de Adaptación de la Dirección de Cambio Climático para atender aquellos efectos vinculados al cambio climático, en la zona costera del Parque Marino Ballena. Catalina Molina, directora de la Fundación Keto, explicó en qué consiste.
“Este proyecto tiene un componente muy fuerte de sensibilización. Primero, entendemos que mucha de la vulnerabilidad al cambio climático está dada por las condiciones con que cuenta la comunidad para hacer frente a los efectos que hemos estado viendo”, manifestó.
“El primer paso es sembrar en la comunidad la preocupación, el análisis de que están ocurriendo eventos, hechos, efectos, que están asociados al cambio climático, y entender que hay otras situaciones a nivel del área geográfica, de la comunidad, que hacen que esos efectos sean aún más críticos y más drásticos. Por ejemplo, hablemos de contaminación, basura, sedimentación por áreas que se deforestan y mal manejo de las cuencas. Todas estas cosas también se agregan a lo que globalmente ya está ocurriendo en el planeta. Entonces, es primera línea y quizás la más fuerte es crear capacidades a nivel de la gente que vive ahí, para que sean capaces de identificar qué es lo que está pasando y cómo podemos abordarlo”, enfatizó.
Segundo, están trabajando problemáticas específicas como. “Por ejemplo, en el tema de erosión de la playa, que es uno de los efectos más evidentes y drásticos de la zona, estamos trabajando el tema de reforestación de costa con socios locales, apoyando iniciativas que ya están en curso para hacer esos programas más sólidos y que puedan tener mejor sostenibilidad en el tiempo”.
Otro ejemplo es que están promoviendo el uso de dispositivos de colecta de agua de lluvia. “Ya hemos instalado dos pilotos. Diseñamos unos modelos que puedan ser replicables. Ya hemos instalado uno en una vivienda popular local y otro en un pequeño hotel. Ya están en funcionamiento. A partir de eso generamos resultados de cómo están funcionando, ajustes, y pueden estar disponibles para que cualquier otra persona pueda instalarlos en sus viviendas o negocios”, detalló Molina.
En la segunda parte de este reportaje abordaremos las iniciativas de mitigación, desde la comunidad de Uvita y Ballena.
Casa que se ubica al lado del estero Negro (trayecto entre la entrada al Parque y el tómbolo). Foto antigua, proporcionada por el señor Vicente Vargas, vecino de Uvita.
Esta fue una producción de la Asociación Voces Nuestras, con apoyo de la Fundación Keto.
Enviado por Fabiola Pomareda, Periodista, Voces Nuestras.
