El Programa Alternativas invita a su nueva charla “Costa Rica: ¿Independiente y democrática?”, que se realizará el día viernes 17 de septiembre a las 6:00 pm. Se contará con la participación de:
El programa se podrá sintonizar por medio de Radio 16 en los 1590 AM o por medio de Facebook Live de Alternativas.
El programa Desde la otra Acera invita a la charla “200 años de ¿qué?”, el jueves 16 a las 7 p.m; un especial en vivo sobre el 200 Aniversario de la Independencia: ¿Cuál ha sido el papel de los movimientos sociales en esta historia?
Se contará en el set con la historiadora Marielos Aguilar; además participarán el escritor Quince Duncan, la historiadora de comunicación Patricia Vega, el historiador David Díaz y el líder indígena Pablo Sibas, del territorio Bröram Térraba.
Se podrá sintonizar por medio del siguiente enlace: https://www.facebook.com/apseinforma/live/
El bicentenario de la independencia de las repúblicas centroamericanas encuentra a Costa Rica en una posición tambaleante. Los primeros dos siglos de vida independiente fueron testigos de procesos complejos en los cuales el país, gracias a pactos sociales visionarios en diversos momentos de nuestra historia, pudo generar políticas públicas y una institucionalidad que ha dado réditos valiosos, en medio de múltiples problemas, conflictos y desafíos. Estos pactos sociales, no obstante, se han debilitado notablemente en las últimas décadas. El tejido social se ha deshilachado y el país ha pasado a engrosar la lista de naciones con mayor desigualdad. Los proyectos políticos y económicos hegemónicos no auguran un futuro promisorio y el país requiere buscar nuevas luces y avenidas que conduzcan a una convivencia donde priven la equidad, el bien común, la dignidad de las personas y la relación armoniosa con el ambiente. ¿Cómo lograrlo?
Debemos generar un escenario colectivo de prácticas democráticas renovadas, en el cual la participación de amplios sectores de la población marque la pauta en procura de alternativas en todos los ámbitos de nuestro quehacer. Vale decir, requerimos edificar una auténtica democracia participativa, donde la energía creadora de muchas personas y colectivos abra las puertas a nuevos horizontes. Estos procesos deben ir aparejados del fortalecimiento de las instituciones públicas como garantes de derechos esenciales, con amplia participación popular y en un marco de equidad. Necesitamos políticas tributarias progresivas, que reduzcan la inaceptable desigualdad en que vivimos. El fortalecimiento de la educación y la salud públicas deberán ser ejes centrales de nuestro futuro, al igual que políticas que aseguren la protección del ambiente. Debemos abocarnos a fortalecer un desarrollo científico-tecnológico endógeno, incluyendo las ciencias naturales y las sociales, que ponga el conocimiento al servicio del bien común, mediante una estrategia de resiliencia ante los embates externos, la cual garantice soberanía alimentaria, energética y tecnológica.
Costa Rica requiere fortalecer una cultura centrada en el respeto a la dignidad de las personas y su diversidad en todos los planos, incluyendo los grupos históricamente excluidos. Debemos dejar atrás las lacras del patriarcado, el racismo y el clasismo, para generar un entorno nacional marcado por la generosidad y la solidaridad, lejos del individualismo y del mercantilismo prevalecientes. Una sociedad donde nadie esté de más y donde todas las personas tengamos garantizada una vida digna. Ojalá que en el transitar hacia el tercer centenario de nuestra independencia tengamos la sabiduría y el coraje para construir ese mundo más pleno.
“Los mexicanos nacemos donde nos de la gana”, habría dicho alguna vez una exhultante Chavela Vargas al preguntársele por su origen costarricense, tan atravesado y complejo como el que más en su hoja de vida.
Como una sanción premonitoria, a la vuelta de los años, otras figuras públicas habrían de mostrar que no necesariamente el acto de nacer es realmente el que te permite hacerte con una ciudadanía, una legitimidad, una identidad.
Lo hizo el futbolista de origen nicaragüense Óscar Duarte que, luego de su destacada participación en el Campeonato Mundial de Fútbol Brasil 2014, fue recibido con honores en su pueblo de origen.
También el surfista Carlos “Cali” Muñoz nacido en Granada, Nicaragua, que será recordado no solo por su desempeño de alto nivel en el deporte, sino por haber protagonizado uno de los viajes de última hora más intensos que se recuerden para un atleta invitado al filo de la hora a participar en las justas olímpicas. Al final no logró su objetivo de representar a Costa Rica en la competencia, pero en la retina y memoria colectiva quedará ese periplo contra el tiempo, contra la inclemencia de un temporal devastador en el Atlántico del país que bloqueó por horas su intención de llegar al aeropuerto, los vuelos y conexiones perdidas. No tuvo la posibilidad de competir en uno de los “heats” eliminatorios de su disciplina. Pero la gente le aplaudió su gesto.
Años antes, sin embargo, no eran aplausos lo que el deportista recibía. En una entrevista para el medio digital delfino.cr, Muñoz dijo haber experimentado discriminación por su nacionalidad en el ámbito escolar, un desafío que permanece hasta el día hoy en los centros del sistema educativo costarricense.
De madre hawaiana y padre estadounidense, la surfista Brisa Tomy Henessy Kobara representó al país con buen suceso, también en la disciplina del surf. Nacida en San José, casi toda su carrera profesional la ha desarrollado en el extranjero. Su tabla de surf fue prácticamente un lienzo que mostró una y otra vez al mundo los colores de la bandera costarricense, artísticamente diseñados. Su “pura vida” matizado con un claro acento extranjero revela la mezcla que presentamos como país, a pesar de las escencialidades impuestas, los marcajes identitarios puritanos y desfasados de la historia de un país compuesto por «arroz y frijoles», una mezcla finamente metaforizada en el documental «Si no es Dinga», producido en 2014 por La Traviesa Producciones en Costa Rica.
A finales de la década de los años ochenta y principios de los años noventa, el artista japonés Yukinori Yanagi exponía al mundo una acción performática consistente en colocar hormigas obreras en compartimentos de arena de colores representando varias banderas del mundo. El “acto” consistía en una lenta difuminación de las banderas como producto de la acción natural de las hormigas.
Era la época de anunciación de un sentido planetario: la globalización había llegado y se intuía, tal y como Yanagi proponía, que las fronteras desaparecerían y con ellas los rituales de piedra de las identidades monolíticas y nacionalistas. Estaba equivocado.
Ni las cajas de plástico, tubos, tuberías, arena coloreada y mucho menos las hormigas obreras utilizadas por Yanagi, fueron suficientes para advertir ese sentido pétreo con que hoy se defiende cierta identidad esencializada y los nacionalismos.
Es cierto, si, que las banderas han adquirido otro significado en medio de los procesos de globalización y planetarizacion constante. Tanto se han disuelto, que causan confusiones extremas como la que sucedió a un equipo periodístico costarricense que emitía en vivo la maratón olímpica masculina recién transcurrida. Al anunciarse al maratonista coreano OH J, los periodistas indicaron que claramente no era de ese país. “debe ser keniano” dijeron. Efectivamente, de origen africano, el deportista representó a Korea del Sur en la competencia.
Con algo de congoja e incertidumbre, celebramos las fechas de conmemoración del bicentenario “formal” de la independencia. Las narrativas hacia esa identidad tallada en piedra estarán a la orden del día. Pero también otras formas de nombrarla y cuestionarla. Seamos las hormigas de Yanagi. Disolvamos los colores y abrámonos hacia nuevas experiencias colectivas donde el reconocimiento de las diferencias colectivas sea la norma.
Imagen: http://xuku-va.blogspot.com/2011/08/yukinori-yanagi.html
El próximo 14 de septiembre a las 9:00 p.m. (New York), 8:00 p.m. (Panamá) 7:00 p.m. (C.A.) se llevará a cabo el foro Bicentenario C.A. «No son 200 sino 500 de Resistencia». Se contará con la participación de expertos/as de Sur América, Centro América y EE. UU:
La transmisión se llevará a cabo vía Facebook Live: Partido Libre D19 USA-Canadá o por medio de la plataforma ZOOM. Para asistir por Zoom favor escribir al WhatsApp: 917-770-5142.
Compartido con SURCOS por Trino Barrantes Araya.
Luis Fernando Astorga Gatjens
Han pasado 135 años. Eran las seis y cuarto del 9 de agosto de 1884, cuando muchos habitantes de San José y de poblados aledaños, se concentraron en algunas calles de la metrópoli costarricense, para ser testigos de un acontecimiento histórico: La inauguración del alumbrado público.
La luz llegó e iluminó a algunas calzadas para regocijo de quienes presenciaron el acontecimiento y, en general, para los habitantes del país. Y por supuesto, se trató de un acontecimiento histórico ya que San José fue la tercera ciudad del planeta en contar con ese primigenio servicio, codeándose con Nueva York y París, y convirtiéndose en la primera ciudad latinoamericana en contar con ese tipo de alumbrado.
Pero las cosas no se quedaron ahí: Unas décadas después, el país siguió marcando la historia al crear en 1941 la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y ocho años después, con la nacionalización del servicio de electricidad y, luego, con la fundación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) mediante la Ley N° 449. En el artículo uno de la ley de creación del ICE se indica que “la responsabilidad fundamental del Instituto, ante los costarricenses será encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica con el fin de fortalecer la economía nacional y promover el mayor bienestar del pueblo de Costa Rica.”
Esta impronta progresista, que buscó que el país contara con energía eléctrica propia para impulsar el desarrollo económico y social, se enmarcó dentro del vigoroso impulso de un Estado Social de Derecho (ESD), que tuvo en la década de los cuarenta del siglo pasado, un periodo estelar.
Desde su fundación, hemos sido testigos de que el ICE, ha buscado avanzar en un derrotero de matriz diversa y sostenible que tiene como fuentes de la producción de energía eléctrica, la hídrica, la geotérmica, la eólica, la solar y la biomásica, a la par de una parte pequeña de generación térmica. Se trata de una matriz muy exitosa que ha permitido una cobertura eléctrica de 99,4% de los hogares costarricenses. Es, asimismo, un modelo único en el mundo; el cual en los último años, ha tenido un significativo reconocimiento internacional.
Sin embargo, lo que ha sido exitoso para Costa Rica y la mayoría de sus habitantes, ha sido visto con mucha avaricia e incomodidad por quienes en el país y fuera de él, ven a los servicios prestado por el Estado como un obstáculo y desafío para sus intereses privados y sus negocios.
A estos grupos, representantes del gran capital transnacional o de aquí, les ha incomodado el ICE y por eso, desde siempre, han buscado desprestigiarlo de mil maneras, para apoderarse de la producción eléctrica y convertirla en otro de sus rentables negocios. Así las cosas, en el año 1990 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 7200 mediante la cual se autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela. Este va a constituirse en el primer ñangazo al pastel de la venta de electricidad, por parte del sector privado.
Estos avariciosos grupos privados –fuertemente ligados a las cúpulas políticas que han controlado al Estado costarricense–, han impulsado leyes como éstas (la 7200) en su sueño de privatizar el campo de la producción y venta de la electricidad. Lo han logrado hasta el presente, en forma limitada, gracias a la lucha y la resistencia social pero nunca han cejado en sus afanes privatizadores.
El “combo” del ICE, impulsado por el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, formó parte del plan privatizador, pero fue derrotado por un pueblo con ADN progresista, en las calles y otros escenarios de la lucha social y política, en el año 2000. No obstante la derrota infligida, esos grupos plutocráticos han seguido sus antidemocráticos empeños y a través de diputados de distintos períodos legislativos, han buscado ampliar su dominio privado en la electricidad, al mismo tiempo reducir el tamaño y alcance del ICE.
En el presente, con un gobierno de corte neoliberal como el de Carlos Alvarado y una Asamblea Legislativa con muchos diputados y diputadas, que convirtieron esa doctrina en catecismo, el esfuerzo privatizador da un gran salto a través del impulso de una reforma a la citada Ley 7200, en su artículo 3, que aparece en el expediente legislativo N° 22.601.
Esta mala iniciativa forma parte del proyecto neoliberal de destruir lo que queda, en instituciones y servicios públicos que emergieron con el desarrollo del Estado de Bienestar, que el pueblo y algunos líderes impulsaron desde la década de los cuarenta del siglo anterior y que los agoreros con su consigna: “Más mercado y menos Estado”, quieren borrar de la faz de la sociedad costarricense.
Forman parte sustancial de ese genuino Estado Social de Derecho, la salud pública universal prestada a través de la Caja, la educación pública impulsora de movilidad social, algunos avances en materia laboral, los planes de vivienda, algunos programas de seguridad social que han beneficiado a grupos sociales específicos (entre otros), así como los servicios de electricidad que ofrece el ICE, a partir de principios de solidaridad y subsidiariedad.
Se trata de derechos sociales y económicos que están presentes en la Constitución Política, y en normas nacionales e internacionales (tratados de derechos humanos ratificados por el país), que hoy, con esta voraz arremetida, la administración Alvarado Quesada y algunos diputados, pretenden socavar. Desde la década de los ochenta del siglo anterior, el Estado Social de Derecho ha venido siendo atacado en distintos flancos, con el fin de beneficiar a grupos económicos poderosos del país y a transnacionales, a quienes no les importa en absoluto el bienestar del pueblo sino sus negocios y las ganancias que puedan obtener a partir de ellos.
Este gobierno y muchos de los diputados que apoyan estas nefastas propuestas, no se han percatado de lo que ha venido sucediendo con el neoliberalismo en América Latina, que al fracasar –estrepitosamente– como doctrina económica y social, está retrocediendo paso a paso en distintos países de la región.
Un ejemplo concreto del fracaso de la propuesta de reformas energéticas fracasadas, que se han dado a la luz de esta doctrina, destructora de la justicia social, se ha dado en México. En el Gobierno anterior, presidido por Enrique Peña Nieto fue aprobada una reforma completamente entreguista para el sector privado (mexicano y transnacional), que alcanzó una votación mayoritaria, con sobornos a legisladores de la empresa brasileña Odebrecht. El entreguismo y la corrupción le ganó, en esa ocasión, la partida a la soberanía energética de la nación azteca.
Sin embargo, esta negativa reforma centrada en un recurso fundamental para su propio desarrollo económico y social, como es la electricidad, el actual gobierno que preside, Andrés Manuel López Obrador la ha empezado a desmontar con el amplio apoyo del pueblo mexicano que lo que vio con la citada reforma, es corrupción transnacional y en algunos miembros de sus élites, y, por supuesto, aumento del costo de la electricidad.
Ya algunos de los impulsores de esta reforma energética que jamás traería beneficios para las mayorías de Costa Rica, se amparan en que siendo ahora miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tal es camino que debemos seguir como país. Falso, completamente falso. México que es un connotado miembro de OCDE está siguiendo el camino contrario, marcado por la dignidad y la independencia.
De la misma manera, que al pueblo costarricense le costó mucho construir su Estado Social de Derecho también le costó avanzar en su proceso de soberanía energética; entendiendo a ésta como la capacidad que tiene un país de gestionar la producción de la energía que consume.
En este presente pandémico, ambos procesos –arraigados en las mejores tradiciones progresistas del pueblo costarricense–, están seriamente amenazados. La responsabilidad histórica de quienes queremos a este hermoso país nos dicta que debemos luchar por frenar la arremetida.
Cuando rindamos cuentas a nuestros hijos y a nuestros nietos, y a las futuras generaciones, debemos decir que, en el Bicentenario de la Patria, hicimos lo que nos correspondía y no permitimos que el país se vendiera al mejor postor, para el beneficio exclusivo de unos pocos mercaderes que debemos echar del templo de la inclusión y la justicia social.
LES INVITAMOS A ADHERIRSE A NIVEL PERSONAL Y/O COMO ORGANIZACION (enlace abajo)
En el mes del Bicentenario de la Independencia de España, se hace un llamado vehemente para que el Estado costarricense reconozca la autonomía de los pueblos indígenas. Hoy, en nuestro país, persiste la indolencia para brindarles protección ante las vejaciones y amenazas de muerte de las que son víctimas. Incluso, se ha pretendido dejar impunes los asesinatos de los líderes Sergio Rojas Ortiz y Jehry Rivera Rivera. Tampoco se les reconoce el derecho a sus tierras y, más bien, se protege a quienes las han usurpado. Para que, en el futuro, Costa Rica no tenga que avergonzarse por la violación de los derechos humanos de los pueblos originarios ni de ningún otro grupo humano, demostremos nuestra solidaridad al adherirnos a este llamado, antes del 30 de setiembre, a nivel personal y/o como organización.
En el siguiente enlace puede adherirse anotando sus datos https://forms.gle/TGfEAP7pDxE2LWqN6
Firmas responsables:
Isabel Ducca Durán
Confluencia Solidaria
Oscar Jara Holliday
CEAAL- Costa Rica
Compartido con SURCOS por María Trejos Montero e Isabel Ducca.
El pasado 16 de agosto se abrieron las plicas de los Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango 2021 con el tema: El Bicentenario de la Independencia de Centroamérica.
Los premios fueron otorgados a:
En el siguiente enlace se encuentra el video apertura de plicas: https://www.facebook.com/MunicipalidadXela/videos/530610428018383
Publicación original en: https://www.facebook.com/100001106447146/posts/4351100168270155/?sfnsn=mo
La tradicional conmemoración del grito de independencia de Colombia, el 20 de julio de 1.810, en Santafé de Bogotá, llega en momentos de convulsión social, estallido político y económico del movimiento popular, en espiral de ascendencia a un escenario de guerra civil. Al así plantearlo, resalta el estadio de fragilidad por el que transita la unidad de la nación colombiana. No se trata de la ubicación de la problemática contradictoria de un desgobierno, desgastado y en franca caída de legitimidad; como del salto cualitativo que las ansiadas reformas políticas, económicas y sociales prevalecen en el actual momento e imponen el derrotero inaplazable de un gobierno de transición nacional.
Pareciere que los tiempos de la salida alternativa política, civilizada, consensuada, en la base de la negociación, el dialogo y la conveniencia ciudadana, fue echada por la borda y la actitud y posición de las fuerzas retardatorias, militarista y pro imperio, se impongan en una constante de saber que deben cambiar, pero se resisten a ello; que deben permitir la apertura democrática en la validación de la expresiones de democracia directa reclamadas, en ciudades, barrios y veredas, haciendo caso omiso a ese llamado; que el escenario fatuo, basado en la mentira y el engaño de la conducción del país, fundado en intocables privilegios( de castas y de repugnantes estratos)) redunda en la contradicción de intereses de clase, ahondando más la brecha del conflicto económico y social. Ratifica que no existen parámetros de permanencia y estabilidad política en el desempeño y función del Estado- Nación, cuando las reclamaciones de una masa popular alzada e insubordinada es tratada con el apelativo mezquino de la sindicación, la estigma, la estereotipia del odio, lo negativo y confusión.
Del tratamiento contra insurgente a la protesta social
La conducción gubernamental se soporta en una política de hegemonía oligárquica contra insurgente. Debido a una lectura errada de la realidad del conflicto armado interno en el país, por no decir a su desconocimiento oficial, puesto que pesan factores internos y externos, que no admiten esa negativa posibilidad; vale afirmar que a un diagnostico errado de la realidad, corresponde un tratamiento errado y de no solución. El bloque oligárquico predominante, de un borrón de codo, invisibilizó el desarme de una fuerza guerrillera cincuentenaria y lo que ello en política ha significado. Como no se debió a un triunfo militar del establecimiento castrense, optaron por la falsaria del montaje de la no implementación de lo Acordado en la Habana y el Teatro Colón; haciendo trizas el papel, congelando el cumulo de privilegios en el ejercicio de un poder expectante por la atención prioritaria de la opinión nacional e internacional. No hablemos del engaño, en consecuencia, a los ex alzados en armas, que han mantenido su fe en una construcción “de paz”, merecedores de ilimitada solidaridad y lucha por el respeto y conservación de sus vidas y el ejercicio de sus aspiraciones políticas, como sin lugar a dudas, debe ser.
El bloque oligárquico predominante, que borró una tendencia de “centro” en Colombia, al obtener la conservación de poder, así haya sido ilegítimamente, aplicaron la prerrogativa de la continuidad de la guerra y en este momento el panorama insurgente en Colombia es de unas antiguas FARC, que operan con tres siglas diferentes: Segunda Marquetalia, Las Disidencias, las Nuevas FARC; en una tendencia de reciclaje histórico inevitable o imparable, no desde el punto de vista de integrante organizativo material, como en el juego de la estrategia por acoyuntar en lo puntual de acciones de envergadura, contra el aparato institucional, sumido en la corrupción y el desgaste. A las fuerzas guerrilleras del ELN y el EPL, de caracterización insurgente en el país, a tono con los atributos peculiares o propios, consagrados en la caracterización de la normativa internacional, de confluir en fuerzas beligerantes, con un mando propio unificado, programa político a alcanzar en reemplazo a lo Establecido y presencia de permanencia territorial, se une la “tres en uno” de las actuales FARC-EP, producto de la obtusa y equivoca posición del predominio hegemónico oligárquico contra insurgente, que desplaza la salida política al conflicto armado interno colombiano.
De esa manera, el ejercicio político también se circunscribe al predomino en el círculo de influencia del derrotero hegemónico contra insurgente, con el efecto de no existencia de un centro, sino de ubicación concreta de la situación colombiana, en una confrontación de derecha y/o de izquierda. En ese orden de ideas, no existen tendencias: predomina una fuerza de control de derecha enfrentada a una de escala en la confrontación con la izquierda. Aquella de marcado sesgo militarista, buscando sembrar discordia entre la elección capitalista o comunista; lo cual no es elemento de la contradicción principal y esta última, de visión de salida alternativa al modelo económico neoliberal y el actual estado de iniquidad en Colombia. Bajo esa premisa de lo definitorio de bloques, es gráfica y en la práctica identificable, en la cercanía o no a la política de hegemonía oligárquica predominante.
Un sencillo ejercicio surge contemplando el equivalente de fuerza en una de las ramas del poder público: el legislativo. A la derecha del panorama nacional y al circunscribirlos en el congreso de la república, sientan los adeptos a la política contra insurgente gubernativa: Partidos, liberal, conservador, centro democrático, de la U, verdes, dignidad, de la esperanza y otras conocidas denominaciones y en el ala izquierda: los sectores progresistas, reformistas, socialdemócrata, bajo denominación como la Colombia Humana, los decentes, comunes y otras conocidas expresiones.
En lo puntual del ejercicio de democracia representativa imperante, han desplazado a la mínima expresión, la consagración de espacios de participación de democracia directa, contempladas constitucionalmente. Sin lugar a equívocos, es así como en lo referente al ejercicio de los partidos políticos, los han elevado al recurso único de la participación en el debate electoral y desplazado las múltiples formas de participación partidaria en el ejercicio democrático. Convirtieron los partidos en maquinarias electoreras, esterilizando el vínculo de lo partidario político con los alcances programáticos máximos y mínimos del movimiento popular en ascenso. Esto abarca en el análisis del estallido político (que no “social”) de los últimos meses en Colombia, y a la no participación de los partidos de oposición en el salto cualitativo a lo político, del Paro Nacional.
Es por lo anteriormente expuesto, que en el escenario de la protesta popular, desenvueltamente en la llamada “democracia de la calle”, el régimen imperante habilitó el desconocimiento de fuerza política de la contra parte en el Paro Nacional, dándole a la protesta social y política un tratamiento de contra insurgente. Por ello le declaró la guerra a la protesta e impidió que se fortaleciera y vigorizara el papel de la organización e influencia política en el seno del movimiento popular y de masas en ascenso. A ello contribuyeron las actitudes “blandas” de las tendencias “afines” a la izquierda. Resultado de lo anterior es que a la hegemonía de derecha, no corresponde una contra fuerza de hegemonía de izquierda.
Complementa el cuadro anterior del tratamiento dado a la protesta popular durante el Paro Nacional, la reseña, para no incidir en un balance, del juego paraestatal, cumplido por los mandatarios locales y regionales, también elegidos por el voto popular. Las medidas centralistas de control del ejecutivo expresado en el decreto de simulada declaración de conmoción interior y de “colaboración militar”; de notorio espíritu de mano dura dictatorial, desplazaron el poder de los mandatarios locales como responsables del orden público. Esperándose el ahondamiento de una crisis política institucional en el ejercicio del poder, está no paso de roces con alcaldías emblemáticas como la de Bogotá, o confusamente protagónicas como la de Cali; pero a la larga, todas plegadas a la política de bloque oligárquico predominante contra insurgente; lo cual impidió lo caracterizador de un salto político en la toma de decisiones y conducción política de la protesta unificada a nivelo nacional y ante la carencia de una asunción directa del gobierno nacional de sentarse a conversar con los promotores del Paro Nacional, y las innumerables expresiones nacionales, regionales y locales de exigencias y espera de soluciones. Es así como se consolidó un viraje a la derecha y en alineamiento a la política de contra insurgencia aplicada. Predominó lo del ataque de vándalos, la jerga del terrorismo y la supuesta amenaza de los de la primera línea. En una palabra: protesta=terrorismo.
El conflicto político no finaliza
Se espera el recorrido de mucho trecho de inestabilidad política y confrontación tanto en el plano político como en el social. Además de las demandas expuestas muchas subyacen en el olvido y desidia gubernamentales. El gobierno de turno no contempla posibilidades de cambios radicales y profundas ante lo expuesto. Las asume sobre las ramas y les da un tratamiento de resane cosmético, de maquillajes formales en lo ya no inusual, inusitado, ni extraño comportamiento. Por el contrario, ratifica el papel de sub presidente, que no alude solo al prefijo “bajo” “debajo de”, para indicar lo de un presidente de inferioridad, de reacciones tardías, de salidas secundarias y supeditadas a un interés superior, contrario al bienestar popular.
Me permito resaltar sucesos de particular relevancia de la gestión presidencial: 1. La caída de ministros, consejeros, proyectos de ley por manifiesta ingobernabilidad. 2.Desplome de acreditación y prestigio en la encuesta de aceptabilidad de opinión a la gestión presidencial. 3.No logra convencer sobre el no calificado caso de la supuesta autoría de ataque a bala de fusil al helicóptero presidencial en que viajaba. 4. Su confrontación con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su alusión a como si se tratare de la Corte Interamericana, que tienen la misma sigla (CIDH). 5. La presentación de auto entrevistas presidenciales, en un desmesurado desespero por mantener una imagen de aceptabilidad ante la opinión pública. 6. La generalizada aceptación de ser un títere y subordinado al poder, tras el trono, del expresidente innombrable. 7. La desviada, por no decir arrodillada política exterior y manejo abyecto al legitimo gobierno constitucional y de Estado de Derecho de la República Bolivariana de Venezuela. Y la degradante abstención ante el unánime rechazo mundial al genocida bloqueo norteamericano a la valerosa autodeterminación del pueblo cubano y su revolución avante. 8. El falsario discurso de cumplimiento e implementación de los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, con las antiguas Farc-ep, ante la falta de fidelidad a lo pactado. Sus intervenciones de fondo no obedecen a ejecutorias presidencial, sino a proyectos, a prontuarios, a algo que no está en firme, cual la escena de una campaña presidencial y como si estuviere en otro país. Escucharlo, da la sensación que se está partiendo de cero. 9. El quebranto a la vigencia de los Tratados internacionales, de soberano cumplimiento a Cuba-como país garante- para el retorno salvos y sanos, de los plenipotenciarios delegados del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (E.L.N), cuya salida legal y constitucional ha bloqueado de manera torticera. 10. La obtusa posición de no dar la cara; de no negociar directamente con los sectores en conflicto; de notoria torpeza y errada actitud de no condenar los abusos cometidos por las fuerzas armadas en el marco de la confrontación política, en el significado de la protesta popular; ante hechos de inocultable criminalidad y de por si de avalados, probados y ratificados por múltiples medios de presión nacional e internacional. 11. La directa responsabilidad sobre sus hombros de los daños y perjuicios causados con ocasión del prolongado Paro Nacional, como único culpable. 12. Cual síndrome de carencia de personalidad de jefe de gobierno, delegar en subalternos ojos y oídos, cual un “presidente ausente”, en el ámbito del poder legislativo y en el escenario de las luchas populares. Podrán ser seguramente más las falencias de personalidad aciaga como gobernante del sub presidente Duque, en la afirmación de incapacidad para la conservación y manutención del mando, así sea este ilegítimamente delegado, por obra y gracia de un sistema electoral corrupto y encriptado.
El sinsabor que deja el transcurso de un 20 de julio bajo estado de sitio dictatorial, en el embrollo que deja la mentira y el montaje de un presagio de fatalidad terrorista en el desarrollo de las manifestaciones a darse, con el fin de obstruir el libre ejercicio de la protesta y la movilización ciudadana; concluye, en este día, como las circunstancias objetivas lo habían de prever: un circo de auto elogios y sórdidos aplausos, a una acción parlamentaria de respaldo gubernamental, mayoritariamente asentada en un legislativo de predominio narco paramilitar. El no desfile tradicional de las fuerzas armadas, Made in USA, en un imparable efecto de desprestigio y de sindicación criminales, tanto nacional como internacional. La respuesta masiva y movilizaciones en las principales ciudades capitales del país y al caer la tarde, el estruendoso rugir de la lucha callejera, la brutalidad policial aplicada, la arremetida salvaje contra la juventud protestante, el accionar impune de los defensores de la “gente de bien” disparando de civil y a mansalva. Prueba irrefutable de la permanencia de los múltiples conflictos que asolan la nación colombiana.
Celebramos este año el Bicentenario de la Independencia de España. Conmemoraremos en este sentido dos fechas de manera inevitable, el 15 de setiembre cuando en Guatemala se hizo la primera Declaración en este sentido, siendo Guatemala la sede principal de la Autoridad española para la región, y el 29 de octubre cuando, en Costa Rica, se tomó la decisión de Declarar la Independencia, siguiendo el Pronunciamiento fijado por Guatemala, conociendo también lo resuelto por Nicaragua. Así lo hicieron también El Salvador, Honduras y Nicaragua.
De Nicaragua también dependíamos en algunos aspectos administrativos al finalizar la colonia.
El Acta del 15 de setiembre, siguiendo las decisiones que habían tomado “los ayuntamientos constitucionales de Ciudad Real, Comitán y Tuxtla en que comunican haber proclamado y jurado dicha independencia, y excitan a que se haga lo mismo en esta ciudad” …y “oído el clamor de Viva la Independencia que repetía de continuo el pueblo que se veía reunido en la calles, plaza, patios, corredores y antesala de este palacio, se acordó por esta diputación e individuos de Excmo. ayuntamiento:
“Que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala”, convocando a un Congreso regional para conocer de estas decisiones, Congreso “que debe formarse”, se “circulen oficios a las provincias por correos extraordinarios para sin demora alguna se sirvan proceder a elegir diputados representantes suyos, y éstos concurran a esta capital a formar el congreso que debe decidir el punto de independencia general y absoluta y fijar”.
Mientras esto sucedía se iban declarando las independencias respectivas en la forma que lo hicieron El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
Se ordenó, igualmente, en el Acta del 15 de setiembre “Que se pase oficio a los dignos prelados de las comunidades religiosas, para que cooperando a la paz y sosiego, que es la primera necesidad de los pueblos, cuando pasan de un gobierno a otro, dispongan que sus individuos exhorten a la fraternidad y concordia, a los que estando unidos en el sentimiento general de la independencia, deben estarlo también en todos los demás, sofocando pasiones individuales que dividen los ánimos y producen funestas consecuencias”, reconociendo la existencia de bandos a favor y en contra de la Independencia.
Y, contundentemente, “que imprimiéndose esta acta y el manifiesto expresado, se circule a las Excma. diputaciones provinciales, ayuntamientos constitucionales y demás autoridades eclesiásticas, regulares, seculares y militares, para que siendo acordes en los mismos sentimientos que ha manifestado este pueblo, se sirvan obrar con arreglo a todo lo expuesto”. Por ello, entre otras razones, se pronunciaron El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa rica.
Recibida, a mediados de octubre de 1821 el Acta de Guatemala, en que se proclamaba su Independencia y se incitaba a las Provincias a proceder, en Costa Rica durante casi tres semanas se conoció lo acontecido en Guatemala, y se procedió a nombrar delegados de los pueblos para que se reuniesen en Cartago, lo que hicieron el 29 de octubre, para definir la situación.
Así el 29 de octubre conociendo las Actas de Guatemala, de 15 de setiembre y la de León, de Nicaragua, de 28 de setiembre, que nos llegaron juntas, y conociendo “las plausibles noticias de haberse jurado la independencia en la capital de México y en la Provincia de Nicaragua”, donde, en Nicaragua, también, el 11 de octubre, con otra Acta, se había reafirmado la Declaración de 28 de setiembre, mejorándola en su contenido, se acordó: “1° Que se publique, proclame y jure solemnemente el jueves 1° de noviembre la independencia, absoluta del Gobierno español”. Esta es la celebración principal, la Independencia de España, esta es la que corresponde a la del Bicentenario, que se celebrará este año, en setiembre y en octubre. Lo acordado primero fue la Independencia de España, lo segundo jurar la Independencia.
Los sucesos en Centroamérica, ligados a los de México, donde Agustín de Iturbide, que mantenía independiente a México de España, aunque su Declaración definitiva de Independencia de México es hasta el 26 de setiembre, había declarado el Imperio, y arrastrado corrientes anexionistas al mismo, una vez declaradas la Independencias de la región.
En Costa Rica no estuvimos al margen de estas corrientes anexionistas. Por ello en el Acta del 29 de octubre se manifiestan esas tendencias, cuando se dice “que absolutamente se observarán la Constitución y leyes que promulgue el Imperio Mexicano, en el firme concepto de que en la adopción de este plan (refiriéndose al Plan de Iguala, acordado por Iturbide) consiste la felicidad y verdadero interés de estas provincias”. Así quedó sellada la Independencia de España. La posibilidad de la anexión al Imperio Mexicano se desvaneció con la misma desintegración del Imperio antes de que la noticia de Costa Rica llegara a oídos de Iturbide.
La Proclamación de la Independencia del 29 de octubre, de España, no puede dejar de celebrarse en Costa Rica. Oficialmente el Gobierno de la República tiene que hacerlo. Si por tradición se ha celebrado la fecha del 15 de setiembre en Cartago, no podrá obviarse la fecha del misma del 29 de octubre en Cartago.
El 15 de setiembre de 1821 no se celebró nada en Centroamérica, excepción de Guatemala. El Congreso centroamericano pocos meses después dispuso que se celebraran ambas fechas, la del 15 de setiembre, que se constituyó en el detonante de las Declaraciones de Independencia de las provincias centroamericanas, y a la vez las fechas correspondientes en las que cada provincia había hecho su Declaración, en el caso de Costa Rica, la del 29 de octubre.
Allí, en ese Congreso se afirmó la Independencia de Costa Rica el 29 de octubre. En 1975 el Presidente Daniel Oduber Quirós, por Decreto 5303, del 13 de octubre de 1975, dispuso que se siguiera celebrando la fecha del 29 de octubre como la fecha en que se firmó la Independencia de Costa Rica.
Así tenemos dos Actas, la del 15 de setiembre, que se celebra regionalmente, y la del 29 de octubre, que corresponde a la fecha de la Independencia de España, así escrita, en Cartago.
La discusión académica sobre estas fechas se va a seguir manteniendo. Es inevitable, como inevitable es la celebración del 29 de octubre.
Que esta discusión conduzca a enriquecer más y mejor la Historia chica de aquellos días, será su mejor resultado.
Lo que no es válido es negar la fecha del 29 de octubre, como no se niega ni se reniega de la del 15 de setiembre, que fue el gran detonante de las Actas de Independencia de cada uno de los actuales países centroamericanos.