Las recientes noticias sobre el informe técnico de la OIT, sobre aparentes fallas metodológicas en el informe actuarial que hiciera la Escuela de Matemáticas de la UCR sobre el estado financiero del IVM, han dejado una gran estela de dudas al respecto de nuestro conocimiento real sobre la situación del mayor sistema de pensiones del país.
Todo esto ha puesto en evidencia que, o bien se han tomado decisiones sustentadas en información errónea, cargando en las personas trabajadoras la responsabilidad de dar sostenibilidad a un sistema aparentemente en vías de quebrar -tal como la medida de aumentar la cuota obrera en un 1%-; o bien se han tomado decisiones manipuladas por información cuyo objetivo era mostrar un sistema de pensiones al borde del colapso, para favorecer las agendas políticas de los enemigos de la seguridad social.
Tras analizar este informe técnico de la OIT se puede interpretar que se sobredimensionó la población con derecho a pensionarse en las proyecciones futuras, así como el monto de los derechos de pensión que se tendrían que pagar, como señala la Nota Técnica de la OIT, estaríamos en presencia de un serio problema de transparencia, si fuera intencional sería un intento de ocultar la realidad y defraudar a la clase trabajadora, si fuera un error sería irresponsable de parte de la CCSS pagar por un informe con semejantes deficiencias.
En cualquiera de los casos, los señalamientos de la OIT sobre el informe actuarial de la UCR son muy graves y ponen al descubierto que la anunciada catástrofe del IVM -que motivó acciones apresuradas que enturbian el diálogo social necesario para la mejora de todo el sistema de la CCSS- no es tal, y que debe estudiarse a profundidad la situación para buscar soluciones reales, que no se alejen de la ruta de la solidaridad social.
Lo cierto es que el país requiere, con urgencia, conocer el estado actual de su principal sistema de pensiones, señalando con claridad tanto las causas de su situación, como las dimensiones precisas de los problemas financieros y de sostenibilidad que tiene. Sin esta información es irresponsable tomar medidas que sólo ocultan los verdaderos peligros a los que se enfrenta el IVM y nos expone más a su debilitamiento.
Las nuevas generaciones no merecen vivir con la incertidumbre sobre su futuro y el pueblo, que ha construido con esmero a lo largo de más de 74 años, este pilar de la solidaridad y la justicia social, no merece verlo desplomarse o desaparecer con respuestas individualistas de privatización o deteriorarse al punto de no poder dar pensiones dignas a la clase trabajadora del país.
Sabemos perfectamente que ha habido un constante ataque a todas las instituciones de nuestro Estado Social de Derecho, y no podemos obviar que la CCSS y su sistema de pensiones han sido también blanco de esa ofensiva neoliberal. Desde finales del siglo pasado se identificaron grandes problemas de gestión, decisiones financieras y administrativas equivocadas tomadas por los poderes políticos que se expresan en su Junta Directiva, de las cuales aún esperan juicio 14 personas en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Para el SEC es claro que no puede concentrarse toda la problemática del IVM en el factor del cambio de la pirámide demográfica del país. Para nutrir el diálogo social que busque la mejora del sistema debe señalarse con rigurosidad el impacto de:
Los indebidos intereses de las aseguradoras privadas mezclándose con la seguridad social.
La gestión negligente en cuanto a la inversión de fondos, la pérdida de millones por no hacer valer su derecho al no pago de renta y el no cobro de morosidad, empresarial y estatal.
Del creciente deterioro de las condiciones laborales para la mayoría de la clase trabajadora con el crecimiento desmedido de población laborando en la informalidad.
Del abandono malintencionado del cobro del 15% de las utilidades de las instituciones públicas contempladas en el artículo 78 de La Ley de Protección al Trabajador.
De las decisiones políticas de los gobiernos de Oscar Arias en cuanto a la disminución de la contribución del Estado de 3.25% a tan solo 0.25%, que además se adeuda, la apertura de cientos de plazas sin justificación real, la promoción de aumento de montos de pensiones y pensiones adelantadas.
Como clase trabajadora tenemos mucho que decir, que proponer y que defender en cuanto al IVM, exigimos por ello información veraz, voluntad política y transparencia en el diálogo y en la toma de decisiones que afectan de forma tan sensible a todo el pueblo trabajador.
En nombre de las y los trabajadores de este país, exigimos que se desestime y detenga cuanto antes la medida de incremento del 1%, esto para evitar un deterioro mayor de las condiciones económicas y calidad de vida de la clase trabajadora. Lo anterior hasta que la OIT o cualquier otra entidad con competencia en el tema realice un nuevo estudio actuarial.
El informe del Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic) de la Universidad de Costa Rica (UCR) señala tres mensajes claves, entre los cuales indica que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) luce debilitado.
Además advierte que la meta país de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es lejana; y que se dispararon los gastos de la Unidad de Gestión que administra los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), sin que exista control sobre esas erogaciones.
El informe detalla que el fortalecimiento que se pretendió dar al ICE mediante la Ley 8660, ha venido siendo obstaculizado por los mismos órganos de la Administración Pública, quienes mediante criterios vinculantes y sentencias judiciales limitaron las capacidades que se le pretendieron dar. Al ICE lo debilitó la misma Ley de fortalecimiento de la institución, pues esta no estableció un plazo de “transición” que le permitiera hacer los ajustes de previo al inicio de la competencia en el sector de las telecomunicaciones.
Ese fue uno de los principales temas expuestos por Lic. Andrea Salas Matamoros, coordinadora del Prosic, en la presentación del informe 2017, este martes 4 de junio en el Auditorio de la Facultad de Educación de la UCR.
Sobre el interés de Costa Rica de ingresar a la OCDE, los investigadores advierten que en materia de Tecnología de la Información y Conocimiento (TIC) al país debe aumentar la inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) en ciencia, tecnología, e innovación, la cual hoy es de apenas un 0,58%, mientras que en países miembros de la OCDE llega hasta un 4%.
Además, queda pendiente que Costa Rica de el paso hacia la televisión digital –establecido para el próximo 15 de diciembre– sin embargo, sobre ese proceso aún persisten muchas dudas, como por ejemplo el cómo será la distribución de los equipos decodificadores.
El último mensaje clave señalado por el informe es sobre el uso de los recursos de Fonatel, al respecto se recuerda que la Contraloría General de la República (CGR) advirtió que exiten pagos realizados por concepto de recursos adicionales mayores a los que recurrentemente paga el fideicomiso a la Unidad Núcleo de Gestión, sin que exista evidencia de control por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
Además de estos tres mensajes referidos a política pública e institucionalidad el Informe del Prosic 2017 emite opinión sobre el uso de las TIC, avances en teletrabajo, movimientos sociales y acceso a las TIC de la población en condición de discapacidad.
La coordinadora del Prosic-UCR Andrea Salas Matamoros presenta este 4 de julio el Informe Prosic «hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento» 2017, en el auditorio de la Facultad de Educación. Crédito: Laura Rodríguez ODI-UCR.
Uso de las TIC en Costa Rica
En los hogares. El país pasó de 65 suscripciones a telefonía móvil por cada 100 habitantes en 2012 a 144 en 2016. Del mismo modo en suscripciones a banda ancha móvil se pasó de 2 suscripciones por 100 hab. en 2013 a 87 en el 2016. El avance en la parte móvil es enorme.
Además Costa Rica es en telefonía móvil el país más barato de América según la canasta de precios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Además, somos el país más barato como porcentaje del ingreso neto bruto per cápita.
Mientras las condiciones en telefonía móvil son favorables, el informe también revela que en el 2016 ya no se encuentra una brecha digital en cuanto a zona geográfica, aunque sí persiste el reto en cuanto a nivel de ingreso, aunque este tiende a disminuir. Un hogar del Quintil V tiene cinco veces más probabilidad de tener Internet en la casa, con respecto a los hogares del Quintil I. Además, la probabilidad de que tenga computadora es más de nueve veces la de un hogar del 20% más pobre. La menor brecha en este sentido es la del teléfono celular, que es de apenas 2,96 veces.
Los resultados revelan sí, una importante tarea pendiente con la población de adultos mayores y con las personas en condición de discapacidad en cuanto al acceso a Internet, computadora y teléfono celular con respecto a los demás hogares costarricenses.
Se evidencia que usamos cada vez menos el teléfono fijo y la computadora.
En las empresas. En el Network Readiness Index en el pilar sobre uso de las empresas; el país ha mejorado 5 posiciones en los últimos 5 años, mostrando dentro de esto una mejora importante en la absorción de la tecnología a nivel empresarial (11 puestos en 5 años). Además, se muestra una importante mejora de 20 posiciones en cuanto al grado de entrenamiento de los trabajadores en este periodo.
Sin embargo el país ha retrocedido en cuanto a disponibilidad de últimas tecnologías entre 2014 y 2016, perdiendo 15 posiciones a nivel mundial, según el mismo indicador.
Según un sondeo propio del Prosic 2017, las velocidades de Internet de las empresas, fueron más altas que las observadas el año pasado. Un 63% de las empresas sondeadas manejan velocidades iguales o superiores a 10 mbps (el año pasado este porcentaje fue de 49%).
En el Estado. En el índice de e-gobierno de la ONU, Costa Rica muestra un avance en el indicador general, pasando del puesto 71 en el 2010 al 53 en el 2016. En el Network Readiness Index del Foro Económico Mundial el país ha avanzado en los tres pilares relacionados con el e-Gobierno y en el Índice de servicios en línea de gobierno pasó del puesto 70 en el 2012 al 43 en el 2015. Destaca que en el índice de experiencia digital el INEC pasó del puesto 71 al 7, el Ministerio de Trabajo del 68 al 8 y la Asamblea legislativa del 117 al 13. Se evidencia un importante esfuerzo del Estado por responder a la demanda de información.
Sin embargo, persisten retos en las municipalidades del país pues muestran importantes rezagos según el índice de transparencia del sector público y el experiencia digital.
Además, el informe hace un análisis especial en el área de transporte y reconoce esfuerzos en la digitalización de las boletas de tránsito y la colocación de peajes con cobro electrónico.
Costa Rica avanza hacia el teletrabajo
De las instituciones públicas que implementan el teletrabajo el 64,3% tienen entre un año y menos de un año de permitirlo. La modalidad que prefieren es de ofrecer es la de aplicar el teletrabajo a la mitad de la jornada.
Sin embargo, una de las principales limitaciones que reportan las instituciones públicas consultadas en la implementación son las competencias de los trabajadores (automotivación, disciplina, orden, capacidad para administrar el tiempo, capacidad para separar la vida privada de la profesional o laboral y capacidad para trabajar de forma independiente) y en segundo lugar las limitaciones tecnológicas.
Por su parte de las empresas privadas que usan el teletrabajo el 44% tienen entre tres años y cuatro años y más de implementar lo. La principal limitación que encuentran las empresas consultadas a la hora de implementar el teletrabajo son las limitaciones tecnológicas (problemas de conectividad y no contar con la tecnología necesaria).
Las principales razones que motivaron a las instituciones consultadas a implementar el teletrabajo fue la reducción de costos y el aumento de productividad, en el caso de las instituciones públicas interesa la inclusión de personas de zonas alejadas a la fuerza de trabajo.
El creciente uso de la modalidad se evidencia con la afirmación de que el 86% de las instituciones consultadas por el Prosic tienen un reglamento de teletrabajo, aunque la mayoría tiene menos de un año de tenerlo.
Sin embargo, en el país el teletrabajo es regulado solo por decretos y hay ausencia de legislación al respecto.
TIC apagadas en movimientos sociales
El total de movilizaciones sociales en Costa Rica ha decaído durante los últimos 10 años. El Informe Prosic 2017 recuerda que según el PNUD, Costa Rica es el país de Latinoamérica con menor nivel de participación social.
La mayoría de protestas se dan por factores coyunturales que no trascienden hacia la organización y estabilidad y se manejan de forma tradicional sin que intermedien recursos tecnológicos. Ante esto, su exposición en redes sociales, como Facebook, es limitada.
El Informe del Prosic 2017 revela que las protestas en Costa Rica tienen pocos hilos conductores y temas coincidentes. La escasa asimilación de las TIC contribuye a que los movimientos sociales organizados tengan poco impacto en la sociedad, fragmentando su potencial. A esto se suma la dispersión de temáticas sociales y políticas que motivan a distintos grupos, lo que desemboca en una sociedad civil poco cohesionada.
Acceso a las TIC de personas en condición de discapacidad
Las TIC tienen alta trascendencia en la vida cotidiana de todas las personas con discapacidad, pues más que instrumentos son tecnologías de apoyo diario y necesario para el desempeño personal. Estas facilitan la movilidad y el desempeño en las actividades cotidianas, lo cual permite a las personas materializar su ejercicio del derecho a la independencia y autonomía.
Son tecnologías que trascienden el apoyo funcional y ponen en ejecución el derecho de acceso a otros entornos como lo son la educación, la movilidad en las calles y el transporte público o el desempeño laboral.
Las posibilidades de acceso al uso de los dispositivos, del Internet y de las tecnologías y aplicaciones diversas facultan el ingreso al mundo interconectado y responden al derecho de acceso al conocimiento, la información, al entretenimiento, la diversión y la socialización, propician que este uso se de forma igualitaria y promueven que se diluya la barrera que la sociedad pone a la discapacidad.
El informe del Prosic 2017 hace un llamado ha hacer uso de tecnologías de uso primordial: como computadoras portátiles y tabletas. Teléfonos inteligentes con herramientas como waze, google maps y lectores de pantalla, e incluirlos en los procesos formativos inclusivos.
Destacan iniciativas en ese sentido por parte de universidades públicas pero se evidencia a nivel país la falta de política pública al respecto.
Sobre el Informe Prosic
El informe del Prosic “Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento” se elabora desde hace 11 años para registrar los avances en la materia, donde tanto Internet como las nuevas tecnologías han contribuido al desarrollo de la humanidad en esta nueva era, pero también señala los retos que se van presentando a nivel país para disminuir la brecha digital.
La importancia de este informe anual radica en que los resultados que publica son necesarios para medir, con mirada objetiva, el desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento y valora las políticas nacionales que son necesarias para fomentar esta sociedad del saber.
La organización guatemalteca UNSITRAGUA Histórica compartió con SURCOS el Link por medio del cual pueden bajar del Informe Sobre Mercados Laborales, Pobreza y Desigualdad desde un Enfoque de Derechos Humanos.
Este informe demuestra que todo lo que denuncian los sindicatos, sectores populares, mujeres, estudiantes, pueblos originarios y población en general no es con la intención de darle una mala imagen a su país o porque no se quiere el «desarrollo» de del mismo, sino porque muchas veces el desarrollo es solo para algunos sectores privilegiados.
Para acceder al Informe, ingrese en el siguiente enlace:
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dio a conocer el pasado 21 de marzo los resultados de su medición anual en materia de Desarrollo Humano (Índice de Desarrollo Humano – IDH) para el 2016, ubicando a Costa Rica en el puesto 66 (véase, de las pocas editadas en Costa Rica, esta nota de prensa de Elpais.cr).
A nivel global, Costa Rica y Serbia comparten el puesto 66, escoltados por dos Estados isleños del Caribe: Trinidad y Tobago (en la posición 65) y Cuba (en el puesto 68). En la medición anterior correspondiente al año 2015, estos mismos cuatro Estados se situaban en el siguiente orden: Trinidad y Tobago (64), Serbia (66), Cuba (67) y Costa Rica (69).
En el 2016, el primer Estado miembro de la Unión Europea aparece en la posición 4 (Alemania), el primero del hemisferio americano es Canadá en el puesto 10, mientras que el primer Estado asiático es Japón con la posición 17. El Estado de África mejor ubicado es Mauricio (64), mientras que en la península arábica, es Catar (33).
El IDH en breve
Como bien se sabe, el IDH es un indicador desarrollado por Naciones Unidas desde varias décadas, que clasifica anualmente a los Estados con base en información proporcionada por los mismos Estados. El Informe Global 2016 sobre el IDH (véase texto completo del informe) precisa la metodología y la clasificación obtenida en el 2016. Se lee en esta nota oficial del PNUD que:
«El IDH se creó para hacer hincapié en que las personas y sus capacidades —y no el crecimiento económico por sí solo— deben ser el criterio más importante para evaluar el desarrollo de un país. El IDH índice también puede usarse para cuestionar las decisiones normativas nacionales, comparando cómo dos países con el mismo nivel de ingreso nacional bruto (INB) per cápita obtienen resultados diferentes en materia de desarrollo humano. Estos contrastes pueden impulsar el debate sobre las prioridades normativas de los gobiernos».
La casilla correspondiente al IDH de Costa Rica medido en el 2016 se puede acceder en este enlace oficial del PNUD: en ella, se desglosa el IDH con los diversos valores numéricos usados para cada una de las variables. Nótese en este desglose que el único valor que no fue asignado fue el de pobreza, con un rubro que se mantiene con la indicación «n.a /not available». Se ignora si la gran cantidad de estudios y diagnósticos sobre la pobreza realizados en Costa Rica por entidades estatales impide, por alguna razón, a los investigadores del PNUD cuantificar con algún valor numérico esta variable y se esperaría que, con ocasión de la próxima medición del IDH, sea plenamente integrada.
La evolución de Costa Rica en materia de IDH
En el 2015, Costa Rica ostentaba la posición 69 a nivel mundial, según se desprende del Informe IDH 2015 (véase texto). La desmejorada posición para el 2016 puede también ser comparada al IDH de Costa Rica en el año 2003, año en el que Costa Rica ostentaba la posición 42 a nivel mundial. Desde el año 2006, el descenso de Costa Rica ha sido significativo. En el 2011, cayó al puesto más bajo en su historia, el puesto 69, lo cual puede plantear algunas interrogantes sobre los efectos, en materia social, de la gestión de la administración del Presidente Oscar Arias Sánchez (2006-2010). Al haberse mantenido en el 2014 con un IDH en la posición 68, las interrogantes son mayores, al no haber logrado la administración de la Presidenta Laura Chinchilla (2010-2014) mejorar sustancialmente el IDH de Costa Rica: en el 2015, Costa Rica volvió a ocupar la posición 69.
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (Costa Rica)
2003———–Puesto 42 a nivel mundial
2004———– Puesto 45 a nivel mundial
2005———-47
2006———-48
2007———-48
2008———-50
2009———-54
2010———-62
2011———-69
(Fuente: Informe Estado de la Nación / PNUD. Informe EdN, XVIII (2012), p. 363. Cabe señalar que en las últimas ediciones del Estado de la Nación, por alguna razón que desconocemos, ya no se incluye en sus listas de indicadores el IDH desarrollado por el PNUD como tal).
El IDH (2016) en el resto de América Latina
En América Latina, mientras que Chile permanece con el puesto más alto (39), Haití se mantiene como el último Estado de América Latina, con el puesto 163.
De manera a comparar el puesto 66 de Costa Rica con el de algunos de los otros Estados de América Latina, el Informe Global IDH (2016) indica lo siguiente: Argentina se sitúa en el puesto 45, Bolivia en el 118, Colombia en el 95, Cuba en el puesto 68, Ecuador en la posición 89, México en la 77, Perú se ubica en la posición 87, República Dominicana en la 99, Uruguay en la 54 y Venezuela en el puesto 71. Una comparación con el Informe IDH 2015 (véase texto), el Informe IDH 2014 (véase texto) y el Informe IDH 2013 (véase texto) permite apreciar quiénes progresan y quiénes no, y quiénes se estancan.
Para el 2016, en América Central, Belize se sitúa en la posición 103, El Salvador en el puesto 117, mientras Nicaragua en el puesto 124, Guatemala en el 125 y Honduras en el 130. Panamá lidera a los Estados de Mesoamérica en el puesto 60.
Foto extraída de artículo de CRHoy del 2012 titulado «20% de las familias pobres apenas concentró el 4,2% del total de ingreso de los hogares».
El irresuelto problema de la desigualdad social
Es de notar que Costa Rica es uno de los Estados de América Latina en los que la desigualdad ha crecido en mayor proporción, así como en República Dominicana. En este estudio de la Comisión Económica para América Central (CEPAL) del 2015, se lee que: «Los cambios en los indicadores de desigualdad de la región han ocurrido de manera gradual y son apenas perceptibles en las variaciones interanuales, pero resultan evidentes al comparar períodos más largos. Durante el período 2002-2013, en 15 de los 17 países considerados se evidencian mejoras distributivas, reflejadas en la disminución del índice de Gini (véase el gráfico I.1). Las excepciones son Costa Rica y República Dominicana, cuyos índices de Gini son superiores en 2013 que en 2002» (p. 14).
Gráfico sobre variación anual del coeficiente Gini en el que República Dominicana y Costa Rica presentan una evolución distinta a la de los demás Estados de América Latina, extraído de este análisis sobre crecimiento y desigualdad (UNAM, 2013).
Al ser considerada América Latina la región más desigual del mundo, figurar en posiciones tan destacadas debió haber interpelado a muchos sobre los correctivos a incorporar al modelo económico actualmente en voga en Costa Rica y en otros Estados de la región: no cabe duda que sin estos, se convierte en un generador de abundante riqueza, la cual tiende a concentrarse cada vez mas en menos sectores, mientras los índices de mayor pobreza aumentan.
La tendencia es confirmada en el último panorama social de América Latina publicado por una entidad como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) (véase estudio), en el que se analizan las medidas correctivas implementadas con algun grado de éxito por algunos Estados de América Latina.
Foto extraída de artículo de prensa (El Financiero) del 2013 titulado «Crece desigualdad de ingresos en Costa Rica según Informe de Estado de la Nación».
El coeficiente Gini en Costa Rica: breves apuntes
Un indicador internacional como el coeficiente Gini que mide la desigualdad social en función del ingreso (véase sitio del PNUD con medición del coeficiente Gini al 2014) advierte que, en el caso de Costa Rica, pasó de 0,485 en el 2005 a 0,524 (2013): en este mismo 2013, un artículo de prensa publicado en Informa-tico se tituló «Costa Rica ya es modelo de desigualdad social en América Latina». En el precitado estudio de la CEPAL publicado en el 2014 (véase documento), los dos gráficos sobre índices de desigualdad (el Gini y otro denominado Theil en la página 100) evidencian lo anómalo de la situación de Costa Rica en comparación con el resto de América Latina.
En otro acápite del mismo estudio sobre el índice de bipolarización en la distribución del ingreso (índice de Wolfson) se lee que:
«En cuanto a la evolución del índice, en el gráfico II.4 se constata que la bipolarización del ingreso disminuyó en 15 de 18 países entre 2004 y 2012, mientras que aumentó solo en tres países (Costa Rica, el Paraguay y Guatemala)» (p. 105).
En este estudio del 2012 de la Fundación Konrad-Adenauer-Stiftung sobre pobreza y desigualdad en América Latina, en el capítulo sobre el caso de Costa Rica, se indica que: «Para el 2009, el coeficiente de Gini se ubica en torno a los 0.44 puntos, cuando en 1990 tomaba un valor de 0.37.5 Como el coeficiente de Gini es más sensible a los cambios en la parte media de la distribución, se puede complementar con otros indicadores de desigualdad como el índice de Theil, más sensible a la parte alta de la distribución, o la varianza del logaritmo del ingreso, más sensible a lo que sucede en la parte inferior de la distribución. Estos otros indicadores ofrecen la misma tendencia hacia el aumento en la desigualdad en las dos últimas décadas» (p.76).
En el caso de Chile, que ha logrado frenar y luego reducir sus niveles de desigualdad en materia social, se precisa en un documento de trabajo del PNUD que aún queda mucho por recorrer: «No obstante, el país está aún lejos de lograr los niveles de equidad y progreso social que presentan las naciones más desarrolladas. En efecto, la desigualdad de ingresos sigue siendo elevada, por lo que hay diferencias muy marcadas de los estándares de vida que logran distintos grupos de la población. El coeficiente de Gini debe caer aún 20 puntos adicionales, para que la desigualdad del ingreso en Chile converja al nivel promedio de la OCDE» (Véase LARRAÑAGA O., RODRIGUEZ M.E., «Desigualdad de Ingresos y Pobreza en Chile 1990 a 2013», Documento de trabajo, Dic. 2014, Santiago de Chile, PNUD, p. 37). La mención de Chile en materia de desigualdad social cobra particular relevancia al tratarse de un Estado que ha ingresado a la OCDE, aspiración que tiene Costa Rica desde el 2013.
La evolución del coeficiente Gini en Costa Rica entre 1987 y el 2012 puede ser revisada en este estudio del Informe del Estado de la Nación del 2013 (gráfico p.2). Se ha intentado obtener un gráfico reciente (al 2016) sobre la progresión del coeficiente Gini en Costa Rica con relación al resto de América Latina en los últimos 10 años, sin éxito a la fecha: al respecto, agradecemos desde ya a nuestros estimables lectores el hacernos llegar alguna publicación digital que lo contenga. Posiblemente este gráfico arroje algunos datos que puedan explicar mejor este notable declive del IDH en Costa Rica durante ese período, mientras que otros Estados progresan en materia de Desarrollo Humano.
Con relación a la pobreza en Costa Rica, en el 2014 se leyó en este artículo de La Nación, que: «La pobreza en los hogares de Costa Rica llegó al nivel más alto en cinco años al alcanzar en el 2014 un 22,4%. Esto significó un incremento de casi dos puntos porcentuales frente al 2013 según reveló, la mañana de este jueves, la Encuesta Nacional de Hogares 2014 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)». Otro documento del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) del 2016 arroja cifras similares con relación a la pobreza (véase documento). Tanto MIDEPLAN como el INEC son entidades estatales, sus datos no han sido cuestionados, por lo que surge nuevamente la pregunta de saber porqué el IDH 2016 se estableció para Costa Rica sin contar con un valor numérico correspondiente a la variable de la pobreza.
El desmejoramiento de la calidad de los servicios públicos, también puede estar influyendo, entre otros factores, en esta medición en la que Costa Rica se ve superada por ocho Estados de América Latina y del Caribe con respecto al IDH en este último ejercicio correspondiente al 2016.
De otros indicadores y datos preocupantes
En una materia como la ambiental, en la que Costa Rica figura en diversos foros internacionales como un Estado a la vanguardia, un indicador desarrollado por dos universidades norteamericanas (indicador EPI) arrojó en el 2014 un vertiginoso descenso de Costa Rica, pasando del puesto 5 al puesto 54 (véase nota en este mismo sitio). Los investigadores norteamericanos consideraron oportuno elaborar una nota sobre Costa Rica a raíz de algunas declaraciones oficiales de Costa Rica cuestionando la metodología EPI (véase nota).
Posiblemente relacionado con el tipo de partículas que circulan en el aire que respiran a diario los costarricenses, en particular los habitantes de la Gran Área Metropolitana (GAM), este dato se leyó en un reciente artículo en temas de salud: «Cerca de un 12% de la población costarricense padece de asma, de acuerdo con la Iniciativa Global para el Manejo del Asma, en tanto que con un 32%, Costa Rica es el país con mayor prevalencia de asma en niños en América Latina».
En un ámbito muy distinto, este otro gráfico extraído de un informe del 2014 del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) de Costa Rica (órgano técnico adscrito a la Defensoría de los Habitantes) ilustra otro alarmante síntoma que debería de haber interpelado a los decisores políticos costarricenses desde hace muchos años: el aumento vertiginoso de la tasa de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes en Costa Rica.
Estos datos (así como muchos otros) permiten evidenciar el notable deterioro del clima social, de la calidad de vida, de la salud, consecuencia lógica de advertencias tan sostenidas como recurrentes de los diversos instrumentos de medición en materia social en Costa Rica.
Estos datos (así como muchos otros) permiten evidenciar el notable deterioro del clima social, de la calidad de vida, de la salud, consecuencia lógica de advertencias tan sostenidas como recurrentes de los diversos instrumentos de medición en materia social en Costa Rica.
De algunas iniciativas privadas recientes
Con respecto a estos últimos, resulta oportuno indicar que desde Costa Rica, en el 2013, una alianza entre una entidad como el INCAE Business School y las universidades Oxford y de Harvard (con el generoso apoyo de la Fundación Rockefeller, la Pratham Education Foundation, y la empresa Deloitte) propuso una nueva forma de medir el desarrollo social, con la creación del Índice de Progreso Social (véase nota del INCAE). Se puede consultar la plataforma del Social Progress Index en este enlace. No se ha podido conocer cuáles son las deficiencias detectadas en el IDH que elabora el PNUD por parte del INCAE y de sus socios anglosajones para proceder a crear una nueva metodología de medición, en la que, como era previsible, Costa Rica aparece en una posición privilegiada en América Latina.
De igual forma, el reciente creado Índice de Felicidad (Happy Planet Index), otorga a Costa Rica una envidiable posición como uno de los países «más felices» del mundo.
Es de notar que estas y algunas otras iniciativas de índole privado encuentran mayor eco en los medios de prensa que la medición del IDH elaborada por el PNUD.
A modo de conclusión: la persistente pertinencia del IDH en Costa Rica
Jugar con variables, datos y metodologías para reflejar de la manera más precisa la realidad social constituye siempre un desafiante ejercicio. Con relación a la metodología utilizada para establecer el IDH, es posiblemente perfectible, y podría incluso ser mejorada en el futuro. En el 2014, el economista costarricense Pablo Sauma discutió y analizó algunos aspectos metodológicos relativos al IDH, concluyendo su artículo de opinión publicado en La Nación en los siguientes términos: «En cualquier caso, se concluye que el IDH sigue siendo un indicador importante para comprender la situación del desarrollo a nivel mundial y de Costa Rica en particular, y que con una perspectiva de mediano y largo plazo se confirma que como país hemos perdido impulso en el avance hacia el logro de mayores niveles de desarrollo, por lo que debemos realizar esfuerzos renovados en las dimensiones consideradas, especialmente en educación».
La posición 66 obtenida por Costa Rica en año 2016, precedida por la posición 69 para el 2015, confirman ambas que, además de haber perdido impulso, los esfuerzos de sus autoridades no han (aún) logrado extraer a Costa Rica de las posiciones en las que la administración (2006-2010) concluyó su ejercicio gubernamental.
(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
El Comité en Lucha Contra Tajo Jucarza y el Colectivo CONCEVERDE nos hace llegar el informe de SENARA sobre el tajo Jucarza; la preocupación de estas agrupaciones es: “hasta cuándo las autoridades seguirán con la desidia y hasta complacencia, que los ha caracterizado y que conlleva a poner en riesgo ese recurso (hídrico), con la actividad que se lleva a cabo en el Tajo Jucarza” según se manifiesta en el comunicado enviado a SURCOS.
También manifestaron que los vecinos de Getsemaní y otras localidades están preocupadas pues han pasado ocho meses desde que se venció la concesión, y la Dirección de Geología y Minas no ha podido resolver si da o no la prórroga, y parece estar a la espera de que la concesionaria cumpla con los estudios que nunca realizó y que fueron solicitados desde el 2003.
Indican que en el informe completo SENARA dictaminó: «SENARA recomienda no utilizar sustancias catalogadas de alta toxicidad, debido a que la zona se caracteriza de alta recarga». Además, se indica en el informe que en caso de otorgarse la concesión, los organismos del Ministerio de Salud correspondientes deben «verificar que no se utilicen hidrocarburos (…) por cuanto sus compuestos pueden contaminar el acuífero».
Ante ello las agrupaciones interesadas se preguntan: “¿Cómo irán a operar el tajo sin usar hidrocarburos? Imposible, pues la maquinaria, vagonetas y otra maquinaria que transporta dentro del tajo el material necesitan de esos hidrocarburos. ¿Otorgará Geología y Minas la prórroga ignorando esa advertencia?”.
*Para acceder al informe completo, ingrese en el siguiente vínculo.
Este martes 06 de diciembre de 2016, la Universidad Estatal a Distancia (UNED) asumió la presidencia del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la cual presidirá durante el periodo 2017.
El traspaso de la presidencia estuvo a cargo del Dr. Alberto Salom Echeverría, rector de la Universidad Nacional (UNA), quien entregó este cargo al Dr. Luis Guillermo Carpio Malavasi, rector de la UNED y actual presidente del CONARE.
Previo a la entrega de la presidencia, Salom Echeverría, expresó: “nos habíamos comprometido en entregar un CONARE más fortalecido y en ese camino hemos tenido resultados muy positivos”. De esta manera, el rector Salom destacó algunos logros importantes del año 2016:
2016: Año de las Universidades Públicas por la Madre Tierra:
Se reconoció el esfuerzo y trabajo de las Universidades Públicas para llevar a la práctica la Declaratoria 2016: Año de las Universidades Públicas por la Madre Tierra y lograr que la Asamblea del CSUCA se uniera a la misma declaratoria; la cual fue aprobada unánimemente por 21 universidades públicas centroamericanas.
Se señaló, la importante Conferencia que dictó Chistiana Figueres sobre la COP21 celebrada en Paris, Francia, asi como la presentación del Informe de rendición de cuentas de proyectos de investigación y extensión relacionados con la Madre Tierra (Campus en Balsa de Atenas de la UTN), el homenaje de la Fundación GAIA a Universidades Públicas de Costa Rica por la difusión y concientización sobre el tema de la Madre Tierra. Además la aprobación del Reglamento de Actividades Teletrabajables; acción que está en concordancia con el objetivo de disminuir la huella carbono que se desprende de la lucha por proteger el medio ambiente en el año de las Universidades Públicas por la Madre Tierra.
Encuentro de Rectores Universitarios Franceses y de América Central. El convenio firmado por Don Julio Calvo en el 2015 en su calidad de Presidente de CONARE en Francia, teniendo a la Dra. Sonia Marta Mora Escalante, Ministra de Educación como testigo de honor. En este convenio se estableció un mecanismo para el reconocimiento recíproco de títulos. En el año 2016 se produjo un encuentro de rectores para: 1) Poner en marcha el convenio. 2) Incorporar a las universidades adscritas al CSUCA, 3) Iniciar y firmar un nuevo convenio SINAES-CONARE-HCERES para beneficio del SINAES de la experiencia francesa 4) Propiciar proyectos de investigación conjunta e intercambio académico, Francia-Centroamérica.
Aprobación de Lineamientos Generales para el funcionamiento de la Sede Interuniversitaria de Alajuela-UNA.y se inició un proceso para la donación de un terreno a CONARE para construir dicha sede.
Agenda de Cooperación Gobierno-Universidades.
Esfuerzo realizado para mapear todos los proyectos de cooperación. Se hizo una reelección de los vigentes. El gobierno presentó una lista de prioridades de proyectos.
Se firmó un convenio Marco de Cooperación CONARE, SINAES y Alto Consejo de Evaluación de la Investigación (HCERES) para la acreditación institucional de las Universidades Públicas.
Se aprobó el documento Políticas Institucionales y Objetivos Estratégicos del CONARE 2016-2020.
Aprobación y distribución de Fondos del Sistema 2017 y Comisión de Hacendarios sobre Fondos del Sistema y FEES.
El Dr. Salom, manifestó que debemos de velar por la autonomía universitaria y para ello tenemos que partir del respeto mutuo entre todas las entidades del país: “Recuerdo esa lucha que hemos dado y seguimos dando por el FEES, a favor de la educación superior estatal; ese es el espíritu de lucha que nos identifica, pues estamos al servicio del país, los estudiantes y la sociedad costarricense”.
El ex presidente de CONARE (2016) señaló que no fue posible la negociación quinquenal con el gobierno debido a la no aprobación a nivel nacional de la reforma tributaria. El segundo escoyo que se enfrentó fue en la asamblea legislativa, principalmente en la Comisión de Hacendarios; lo que obligó a una negociación, sin abandonar el principio constitucional de la autonomía universitaria: “Hay que decir que se logró un acuerdo satisfactorio de 476. 560 millones de colones el cual fue finalmente aprobado y un crecimiento porcentual similar para la UTN. El año 2017, ameritará un esfuerzo especial de CONARE, para lograr una negociación satisfactoria para las Universidades Públicas que quede vigente hasta el 2020”.
Lanzamiento de la Plataforma del Sistema Tributario:
CONARE ha hecho una contribución importante a la discusión sobre impuestos desde una perspectiva académica, presentándole al país un estudio integral del sistema tributario costarricense, el estudio está disponible en la página web del CONARE.
Memorando de Entendimiento entre el CONARE, el MICIT y la Sociedad Max-Planck.
Está listo para la firma un memorándum de entendimiento y colaboración entre la Sociedad Max-Planck, CONARE y el MICITT, que tiene el objetivo incrementar la colaboración en el campo de la investigación entre las universidades costarricenses y los institutos Max-Planck.
Propuesta conjunta de la UNA y la UNED, aceptada en el seno de CONARE para la declaratoria de la temática del CONARE 2017: Año de La Vida, El Dialogo y La Paz.
En el discurso de posesión de la presidencia del CONARE el Rector de la UNED, agradeció al Dr. Alberto Salom, presidente saliente, por todo su esfuerzo y empeño durante este 2016 a la cabeza del CONARE: “Don Alberto, reconozco que fue un año muy complejo, desgastante y tenso, no solo por los temas de agenda nacional la que sacamos con buena nota, sino que usted recién empezaba su labor como rector de la UNA, situación que se tornó doblemente compleja por lo que representa cumplir con ambas agendas; mi agradecimiento lo dejo plasmado con un sentir de satisfacción por la forma de cómo se abordaron los temas y cómo se buscaron las soluciones” manifestó Carpio Malavasi al iniciar su mensaje.
Como representantes de las universidades públicas estuvieron presentes Eduardo Sibaja, director de OPES y los rectores Henning Jensen de la UCR, Julio Calvo del TEC, Alberto Salom de la UNA, Luis Guillermo Carpio de la UNED y Marcelo Prieto de la Universidad Técnica Nacional (UTN), además de vicerrectores, miembros de los consejos universitarios, docentes y estudiantes de las universidades estatales.
Enviado por Msc. Efrain Cavallini Acuña, Asesor en Comunicación, UNA.
Del informe Situación del Mercado Laboral Costarricense al segundo trimestre 2016, elaborado por el Observatorio de la Coyuntura Económica y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, dado a conocer hace pocos días, se desprenden importantes resultados, entre ellos, las grandes brechas regionales y territoriales que persisten en el país y que urgen de políticas públicas para su atención.
Las brechas de género en el mercado laboral se amplían cuando se desagregan los datos a nivel regional: por un lado se observa que -en todas las regiones- el porcentaje de mujeres empleadas en ocupaciones de calificación alta es mayor que el porcentaje de hombres; y por otro, que las tasas de desempleo entre las mujeres son más altas que entre los hombres, situación que se agrava cuando se incluye dentro de los desempleados a aquellas personas disponibles para trabajar pero que se encuentran desalentadas. Esto quiere decir que muchas mujeres tienden a desempeñarse en puestos de calificación alta, pero el mercado laboral, en las distintas regiones, no está creando las oportunidades suficientes para ellas.
Por ejemplo, en la región Brunca el porcentaje de mujeres que realiza ocupaciones de calificación alta casi duplica al porcentaje de hombres (25,2% y 13,3% respectivamente), pero al mismo tiempo, el desempleo entre ellas alcanza el 14,9% y entre ellos el 10,8%. Un comportamiento muy similar se presenta en las demás regiones periféricas y, solo en la región Central las brechas de género, tanto en la calificación del empleo como en la tasa de desempleo, son ligeramente menores.
El comportamiento de los indicadores de empleo agregados a escala nacional reflejan, principalmente, el comportamiento de la Región Central: el 65,14% de la fuerza de trabajo costarricense se encuentra en dicha región, así como la mayoría de personas desempleadas (el 61.3%). Asimismo, a nivel nacional, la tasa de desempleo se mantuvo estable, a pesar de haber una menor cantidad de personas ocupadas, y esto se debe, principalmente, a una constante salida de personas del mercado de trabajo, en mayor medida de la región Central. Solo entre el primer y el segundo trimestre del 2016 la fuerza de trabajo a nivel nacional descendió en 44.638 personas, de las cuales 41.830 son de la región Central. Este comportamiento también se verifica en las regiones Chorotega y Huetar Norte, pero no así en las demás regiones. Es importante considerar que una parte de esta población que se sale del mercado de trabajo corresponde a jóvenes que no estudian ni trabajan.
A nivel territorial, la Encuesta Continua de Empleo (ECE) revela una tendencia hacia la baja en los indicadores de desempleo en la vertiente del Atlántico y la cuenca del Río San Juan: la región Huetar Norte presentó una tasa de desempleo de 8,67%, la más baja del territorio nacional en el II trimestre del 2016, aunque con la mayor brecha a nivel de género (un desempleo del 5,8% en hombres y un 14,2% en mujeres) mientras que en la región Huetar Atlántico se experimentan cuatro trimestres consecutivos de reducción de la tasa de desempleo ubicándose en 9,71%, ligeramente superior al promedio nacional.
También a nivel territorial, esta encuesta permite observar que los principales problemas de desempleo se encuentran en la costa pacífica. En la región Chorotega, si bien la tasa de desempleo ha tendido ligeramente hacia la baja en últimos tres trimestres, volvió a situarse por encima del 11% en el segundo trimestre de 2016. En la Región Pacífico Central se ha consolidado una tendencia de aumento en la tasa de desempleo que ya lleva cuatro trimestres consecutivos y se ubicó por encima del 11%. Finalmente, la región Brunca presenta la tasa de desempleo más alta del país por encima del 12% y se consolida como la región con los índices más altos del último año.
De esta manera, se concluye que las asimetrías entre hombres y mujeres en el mercado laboral son estructurales en la economía costarricense ya que son comunes en todo el territorio nacional, siendo las mujeres de la región Huetar Norte las más afectadas. Además, que el comportamiento de los indicadores de empleo agregados a nivel nacional no expresan necesariamente las desigualdades territoriales debido a la alta concentración de la fuerza de trabajo en la región Central y; finalmente, que las regiones de la Vertiente del Pacífico requieren de una mayor atención por parte de las políticas públicas, ya que se viene consolidando una exclusión en el mercado laboral que, de no revertirse, podría convertirse en una crisis de empleo en años venideros.
*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.
Imagen con fines ilustrativos tomada de Masters a Distancia.
Enviado a SURCOS Digital por Oficina de Comunicación, UNA.
El Dr. Henning Jensen destacará los aspectos más importantes del trabajo desarrollado por la UCR durante el último año, al igual que lo hizo en los tres informes anteriores (foto Andrea Jiménez).
A tan solo unos días de iniciar formalmente su segundo periodo al frente de la Universidad de Costa Rica (UCR), el rector, Dr. Henning Jensen, presentó su cuarto informe de labores a la comunidad universitaria y al país, en el marco de una sesión solemne del Consejo Universitario, el martes 10 de mayo, en el auditorio de la Facultad de Derecho.
Esta actividad de rendición de cuentas se realiza de forma pública desde el año 2003, por acuerdo de este Órgano Colegiado y según lo establecido en la Constitución Política, así como en las políticas universitarias, que procuran la transparencia en los diferentes campos del quehacer institucional.
Autoridades universitarias, docentes, estudiantes y administrativos de la Institución, además de representantes de otras entidades y de los tres poderes de la República, han sido invitados a esta presentación.
Quienes no pudieron asistir, podían sintonizar el Canal UCR, el cual estuvo transmitiendo en directo esta actividad, o bien se puede apreciar por Internet, en la dirección:www.canalucr.ucr.ac.cr
Como miembro de la Asociación Americana de Juristas(AAJ), Capitulo de Costa Rica, anoto que en las Observaciones del Comité de los Derechos Humanos al Informe de Costa Rica en materia de derechos humanos ante las Naciones Unidas, ha brillado por su ausencia un acápite relacionado con la población migrante, sobre todo en el periodo de la pos-guerra centroamericana, hasta el año de 2016; en que Costa Rica continuó siendo país receptor de refugiados latinoamericanos, durante el incesante y creciente periodo de guerra civil en Colombia, cambio de régimen político en Venezuela, fatídica actuación de la dictadura fujimorista, periodo anterior al régimen de Correa en Ecuador, hasta el drama último de los cubanos.
Puntualmente mencionó la imposición de visas a colombianos (as) en el periodo del presidente Pacheco. Sin discutir esa decisión soberana costarricense ante la potencialidad de una población superior a la costarricense que podía desplazarse por motivos laborales o políticos desde la poblada Colombia (hoy 48 millones de habitantes); falta un observatorio que ausculte el drama padecido por la población refugiada y desplazada en Costa Rica cuando hizo carrera- en la última década- una“política de Estado”. La actual Ley de Migración vigente, calificada de draconiana y luego de suspensiones, activamente aplicada, jugó pareja al bloque institucional y estatal representado en el ejercicio común de la OIJ, DIS, Corte Suprema de Justicia (Sala Constitucional) y Dirección de Migración, para hacer efectivo el dique o “tapón” como control que impidiera el crecimiento de población migrante en Costa Rica. El meollo de la cuestión radica en que las decisiones administrativas y del ente judicial redundaron en violación a los derechos humanos de los migrantes y de población ya naturalizada en Costa Rica, en cuanto a expedición de visas, permisos de trabajos y reunificación familiar. Como abogado litigante daría testimonio de dramas en ejercicio de mi profesión, padecidos. Como se dice en esta materia de protección de derechos humanos, con un solo caso de violación, ¡basta!
Corresponde al Comité de los Derechos Humanos en Costa Rica y a las Ong´s consecuentes, auscultar, tras un observatorio, de seguimiento de actos administrativos de la Dirección General de Migración y fallos de recursos de amparo, atinentes o en materia de visas, migrantes, etc.; este capítulo negativo a la tradición humanitaria y con respecto al derecho internacional humanitario por parte del Estado de Costa Rica. Por ejemplo, que la Asamblea Legislativa, como órgano de Poder Público, asimilé, en torno al ejercicio soberano, cómo es posible que un visitante procedente o clasificado dentro de los países que requieren visa para entrar a Costa Rica, por el solo hecho de reseñar visa a los Estados Unidos de Norteamérica, queda excluido de tramitar visa en Costa Rica, contrario al principio de legalidad.
Esta no es labor para un Quijote, aunque siempre nuestra brújula política sea la consecución de lo utópico.
Los miembros de la Junta de Salud de Montes Oca, realizaron el pasado jueves 10 de diciembre del 2015 en las instalaciones del ICER (Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica) la rendición de cuentas del período 2014-2015. La misma se llevó a cabo 50 metros Norte de la Escuela de Lourdes, San Pedro de Montes de Oca.
Fundamentados en la participación ciudadana fue que los miembros de la junta invitaron a la población a ser partícipe de la presentación del Informe Final de las Labores del periodo 2014-2015, durante el cual se procuró el desarrollo local y la democracia participativa, por medio de la integración de la comunidad al quehacer político, fundamentada en mecanismos que hacen que la población tenga acceso a las decisiones gubernamentales de manera independiente, sin necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido político y la participación social que es el proceso de interacción, negociación y concertación, que se establece entre la población, las organizaciones y la Caja Costarricense del Seguro Social; esto mediante acciones de organización, contribución y toma de decisiones para la construcción de la salud general.
