La marcha que no convocan es la marcha para que se prohíba, de una vez por todas, la EXPORTACIÓN de aletas de tiburón que legalmente se ejecuta desde Costa Rica. Comercio internacional que además de amenazar la sobrevivencia del emblemático tiburón martillo, también afecta a las otras 80 especies de tiburones, rayas y mantarrayas que viven en mares costarricenses. Sin esa prohibición, de la cual no quieren ni hablar los que se dicen protectores del ambiente marino y de los tiburones en particular, no tiene sentido práctico la tarea de proteger dos o tres especies mediante bien financiadas campañas. ¡Si decimos NO A LA EXPORTACIÓN DE ALETAS, sí estaremos cumpliendo nuestra tarea de conservación ambiental!
“Cómo no recordar a santo Toribio cuando constataba con gran pesar en el tercer Concilio Limense «que no solamente en tiempos pasados se les hayan hecho a estos pobres tantos agravios y fuerzas con tanto exceso, sino también hoy muchos procuran hacer lo mismo…» (Ses. III, c.3). Por desgracia, después de cinco siglos estas palabras siguen siendo actuales.” Papa Francisco. Encuentro de los Pueblos Amazónicos, 19 de enero de 2018
Interpelamos al obispo Gabriel Enrique Montero Umaña y a la institucionalidad de la Iglesia Católica costarricense que él representa, para que mire sin simplismos la crisis que sufren los pueblos indígenas costarricenses desde hace siglos y para que cesen de utilizar la retórica religiosa de “pastores” y dejen de exponerse simbólicamente ante un tema de políticas públicas con la vestimenta propia del culto católico, pues el tema del que hablan es de índole secular y no devocional.
El obispo dice que nunca convocó ninguna “Proclama Social y Caravana” para el día lunes 17 de mayo del 2021 y que tampoco ha autorizado la participación de ningún sacerdote en esta u otra manifestación. Sin embargo, el presbítero Luis Mena de Pejibaye de Pérez Zeledón divulgó un video leyendo parte de la Proclama y fundamentando la marcha convocada para el lunes 17 mayo 2021, mostrando así la desinformada, confusa y confrontativa visión de la jerarquía de la iglesia católica de esta diócesis costarricense.
Le recordamos a la Iglesia Católica que la tenencia de la tierra por parte de personas no indígenas dentro de los territorios indígenas, es una problemática muy específica, que no debe mezclarse mezquinamente con otras problemáticas socioeconómicas que enfrentan otros grupos de población en Costa Rica. Pues esta forma de abordarlo confunde y revuelve tópicos de naturaleza distinta. Además, el apoyo directo a la propiedad privada de los poseedores ilegítimos riñe con el principio de la tenencia en común de la tierra que ejercen las poblaciones indígenas y el principio del bien común que beneficia a las comunidades y a la naturaleza que estas cuidan.
Mezclar la problemática en los territorios indígenas con otras realidades de las poblaciones rurales, es una forma violenta y cómplice de seguir negando los derechos de los pueblos originarios. Además, lo que el obispo Montero Umaña y parte del clero a su cargo dicen, con respecto a la recuperación de tierras indígenas es confuso, contradictorio y ha provocado que personas no indígenas, que creen tener derecho sobre tierras ancestrales, continúen la escalada de violencia verbal, psicológica y física contra familias indígenas recuperantes de las tierras que les corresponden por derecho.
No debe olvidar el clero católico, que la historia de dolor de los pueblos indígenas que han habitado estas tierras desde épocas inmemoriales, inició con el «descubrimiento» de América. Por lo que le solicitamos al obispo y su clero no evadir esta realidad objetiva. Basta con traer a colación lo que anotaba el obispo Bernardo Thiel en su visita pastoral a los indígenas guatusos (Malekus) en 1882, cuando afirma que a los pobladores originarios se “los trataban de monos, animales montaraces y que más de la mitad habían muerto a consecuencia de estos maltratamientos”.
Si hacemos memoria de hechos recientes, podemos decir que muchas personas que habitamos este y otros países, aún recordamos el drama sufrido por un grupo de veintisiete mujeres y hombres indígenas de la mayoría de los ochos pueblos indígenas reconocidos, cuando fueron desalojados violentamente de la Asamblea Legislativa el 10 de Agosto de 2010, sólo porque se quedaron esperando respuesta de los diputados y las diputadas, para que aprobaran o archivaran el Proyecto de Ley sobre la Autonomía Indígena, que tenía dieciocho años de tramitarse en el Congreso de la República, en el cual se establecía un Procedimiento para las Recuperaciones de los Territorios ancestrales establecidos, por las Leyes y los Decretos respectivos.
Fue ese acto de violencia racista, física, espiritual y moral, que llevó a estos pueblos a tomar la decisión de sanear sus territorios del arrebato y la usurpación ilegal. Así se inicia una década de persecuciones, cárcel, agresiones físicas, quema de viviendas y agricultura hasta el asesinato. Tenemos reciente memoria del asesinato del líder bribri de Salitre Uniwak Sergio Rojas Ortiz, Coordinador de FRENAPI (18 marzo 2019) y del asesinato de Jerhy Rivera Rivera, recuperante Brorán de Térraba hace 15 meses.
En estos 11 años de violencia sistémica y sistemática, no ha existido ningún pronunciamiento, nota de duelo, ni siquiera expresiones de pésame para las familias y esos pueblos, por parte del clero de San Isidro de El General. Por lo que es clara la actitud y posición parcializada de esta jerarquía católica, que niega en sí misma su propio mensaje de misericordia y compasión.
Sumado a lo anterior, en este momento crítico de la historia costarricense, vemos lamentablemente como la jerarquía eclesiástica se coloca en medio, con tibieza, para buscar una supuesta “conciliación”, cuando su papel debería ser una opción preferencial y radical por la parte que ha sido discriminada y violentada de manera sistemática a lo largo de los siglos, tal como lo piden los Evangelios de Jesús de Nazaret.
Además, esa búsqueda de conciliación es falaz, pues al afirmar ustedes que la «ley ha de salvaguardar la justicia para todos los actores», cometen un error jurídico grave, ya que en una situación de desigualdad de poder, de dominio de unas personas sobre otras (usurpadores vrs indígenas de China Kichá), la conciliación no cabe y la justicia se logra dando un trato desigual a las partes involucradas. En este caso dando cumplimiento a los convenios internacionales como normas superiores que son o de las leyes especiales con supremacía sobre las leyes generales en favor de los indígenas.
Por ello le solicitamos a la Iglesia Católica reconocer que cualquier pretensión eclesial «mediadora» está viciada y debe ser evitada, ya que la iglesia local, a través de un sacerdote, tomó recientemente partido en favor de una de las partes involucradas, perdiendo así imparcialidad y autoridad moral para mediar.
La paz sin justicia es inalcanzable y la caridad sin compromiso auténtico por los que ocupan el último lugar, se convierte en limosna mezquina.
Suscriben el presente manifiesto:
Movimiento Reflexión Acción Comunidades Cristianas Costarricenses – COCRIC Servicio Paz y Justicia en Costa Rica – SERPAJ – CR Departamento Ecuménico de Investigaciones – DEI Organización Interseccional pro Derechos Humanos Costa Rica – OIDH-CR Centro de Amigos/as para la Paz – CAP Justicia y Paz e Integridad de la Creación -JPIC / Claret CR Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia GEMA Observatorio de Medios de Comunicación y Género Informa-Tico.com Diásporas Feministas Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense – IMWC Colectivo Cristiano CR – CCCR Universidad Bíblica Latinoamericana – UBL Colectiva Coexistir de Cartago Fundación Interartes SURCOS Digital
Colombia está en llamas. Actualmente es uno de los países con más número de muertos por covid-19, ocupando el cuarto lugar en la región después de Estados Unidos, Brasil y México, teniendo hasta la fecha tan solo el 3.5% de la población totalmente vacunada y siendo parte de los países que se niegan a apoyar la solicitud de liberación de las patentes de las vacunas. Es también el país que en 2020 contó con el 42,5% de su población en condición de pobreza monetaria y con el 15,1% de la misma en condición de pobreza monetaria extrema. A estos datos mínimos pero dicientes le podemos sumar que, tras la firma del acuerdo de paz de 2016, se han asesinado entre 700 y 1.100 personas defensores y defensoras de derechos humanos (las cifras varían entre las ONG y las instituciones gubernamentales). Las zonas que antiguamente fueron de dominio de las FARCEP hoy están en disputa por parte de distintos grupos armados ilegales, los cuales no solo buscan intereses económicos (narcotráfico, minería ilegal) sino que también traen consigo un horrible y sangriento interés por el control sobre la población civil, afectando gravemente el tejido social, dando como resultado que esto es sólo la punta del iceberg del nuevo panorama que atraviesa el país.
Es en este contexto, y tras casi 3 años bajo el gobierno de una derecha opositora al acuerdo de paz que, en medio de una pandemia que ha matado a miles de personas, el pueblo trabajador ha salido a las calles a levantar su voz en contra de una anunciada reforma tributaria que buscó, bajo la lógica del gobierno, recaudar 23 billones de pesos (algo cercano a 6.300 millones de dólares) para mejorar las finanzas públicas y financiar los programas de asistencia social. Si bien es cierto que el país necesita mejorar su sistema tributario, esta reforma planteaba aumentar el número de personas declarando y pagando impuestos sobre la renta con el aval, la visión y el marco conceptual del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Plantear la idea de que más personas sean las encargadas de tributar y financiar los gastos del Estado, en teoría, no suena descabellado, es más, llevaría a pensar que serían las personas de altos ingresos quienes más pagarían impuestos teniendo en cuenta los principios de progresividad, equidad y eficiencia tributaria consagrados en la Constitución Política de Colombia. Pero, según los datos del Banco Mundial, Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina (el índice GINI es de 51,3), reflejando una política fiscal inadecuada y regresiva que posibilita una alta concentración del ingreso y la riqueza, ocasionado por ello un menor desarrollo, teniendo en cuenta que los ingresos y la riqueza se quedan en manos de un porcentaje muy pequeño de la población. La reforma planteada, se uniría al largo y complejo sistema tributario del país que no refleja una verdadera política progresiva y que está lleno de beneficios tributarios dirigidos a las personas con mayores ingresos.
Podríamos afirmar que a partir de 2016 el pueblo trabajador ha inundado las calles y plazas de Colombia exigiendo la defensa de la paz y el cumplimiento de los acuerdos, la protección de los líderes sociales y la solidaridad con quienes han sido asesinados, así como el rechazo a propuestas de modificación de los regímenes pensionales, laborales y tributarios. Así, en los últimos 5 años Colombia ha visto sus calles recorridas por jóvenes, mujeres, indígenas, afros, docentes, pensionados y estudiantes que han generado hechos insólitos como presenciar una de las mayores manifestaciones en el país desde la década de 1970 como lo fue la llevada a cabo el 21 de noviembre de 2019 (21N). Gracias a este empoderamiento popular, y a pesar de la pandemia del covid-19, Colombia volvió a marchar del 09 al 21 de septiembre de 2020 para protestar en contra del abuso policial, del mal manejo del Gobierno ante la crisis económica y social provocada por la pandemia y para sentar una voz que dijera basta ya a las masacres en el país, las cuales no tuvieron tregua a pesar de las medidas de confinamiento. En especial hay que subrayar la Minga del Suroccidente Colombiano ocurrida en octubre de 2020 liderada por las organizaciones indígenas que emocionó por sus consignas y valentía y que logró movilizar a una gran parte de la sociedad en torno a sus exigencias tras su recorrido por el país, logrando la opinión favorable de millones de personas que los recibieron calurosamente en cada ciudad durante su viaje hasta la capital.
Bajo este panorama el pueblo decidió a partir del 28 de abril (28A) de 2021 marchar en contra de la reforma tributaria y del gobierno indolente. La represión de las fuerzas policiales es brutal. El malestar ciudadano ha sido objeto de estigmatización y represión por parte de la fuerza pública, lo que ha llevado a que distintas organizaciones de derechos humanos registren entre el 28 de abril y el 05 de mayo un total de 1708 casos de violencia policial, 381 víctimas de violencia física por parte de la policía, 31 muertes (en proceso de verificación), 1180 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 239 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 31 víctimas de agresión en sus ojos, 110 casos de disparos de armas de fuego por parte de la policía y 10 víctimas de violencia sexual por parte de fuerza pública. . De igual manera, la Defensoría del Pueblo (la figura del ombudsman en Colombia) señaló que se registraron 87 quejas por presuntas desapariciones durante las protestas del Paro Nacional del 28A.
Lo que empezó como una fuerte oposición a una reforma impopular y a un ministro de hacienda que desconocía el valor de una docena de huevos (y en general de toda la canasta familiar), ha escalado al punto de no solo lograr que se retire dicha reforma en el congreso y que dicho ministro renuncie, sino que el presidente de la república Iván Duque Márquez ha propuesto un espacio de dialogo con distintos sectores de la sociedad civil, dialogo que hasta el momento parece ser solo entre las élites del país, desde arriba, y nunca desde abajo. Las organizaciones sociales saben por experiencia que de este gobierno nada bueno hay que esperar, pero como siempre lo han hecho no se rehúsan al dialogo. La primera victoria del movimiento ciudadano en las calles sobre el retiro de la reforma no llegó pacífica o gratuitamente. Además de las cifras antes mencionadas y recolectadas por las ONG del país, el Presidente Duque anunció la militarización del país antes de ceder al clamor social. A partir del 01 de mayo, las redes sociales y las calles colombianas han visto el horror de un despliegue militar típico de un estado de excepción dictatorial con la policía disparando en contra de manifestantes pacíficos y desarmados. Esta ha sido quizás la respuesta más violentamente represiva en tiempos de pandemia a nivel mundial.
Particularmente en Cali las protestas tuvieron una intensidad muy especial debido a la movilización de las organizaciones indígenas después del cruel asesinato de Sandra Liliana Peña, gobernadora indígena de apenas 35 años quien proponía la recuperación de los conocimientos tradicionales y rechazaba la presencia de todos los actores armados en su territorio. Esta ciudad es el segundo centro urbano más negro de América del Sur, llena de contradicciones y luchas, y que ha visto como reprimen a su pueblo de la forma más aberrante posible. La situación es tal que, en medio de una reunión pacífica y transmitida en directo por las redes sociales, se puede observar al escuadrón antidisturbios haciendo presencia para dispersar la manifestación, causando la muerte de un joven frente a más de 1.000 espectadores que observaban a través de internet. Desde Siloé, una comuna (favela) en Cali, se denunció también que durante la noche del 04 de mayo no se pudo acceder al servicio de internet en la zona.
La débil respuesta a la violencia policial por parte de las instituciones colombianas (tanto administrativas como judiciales) ha dado lugar para que civiles armados amenacen (y en ocasiones disparen) a los manifestantes bajo la idea de que son “vándalos” y “terroristas”. En Cali, los estudiantes hicieron circular el siguiente “diálogo”: “Tenemos 25.000 armas”, gritaba un hombre vestido de blanco desde su costosa camioneta parqueada frente a la Universidad del Valle (Univalle). “Nosotros tenemos una de las mejores bibliotecas del país”, le contestó un estudiante. En Pereira, el alcalde promovía un “frente común” que incluyera a miembros de la seguridad privada, al ejército y a la policía para “recuperar el orden y la seguridad ciudadana”, dando lugar a que un joven resultara herido con ocho balas y esté agonizando en un hospital de dicha ciudad.
¿Para dónde va Colombia?
Esta pregunta es importante para Colombia, pero más allá de Colombia me parece ver en los recientes acontecimientos en Colombia el embrión de mucho de lo que pasará en el continente y en el mundo en las próximas décadas. Claro que cada país tiene una especificidad propia, pero lo que pasa en Colombia parece anunciar el peor de los escenarios que identifiqué en mi reciente libro sobre el periodo postpandemia (El Futuro Comienza ahora: de la pandemia a la utopía. Madrid: Akal. 2021). Este escenario consiste en la negación de la gravedad de la pandemia, la política de sobreponer la economía a la protección de la vida, y la obsesión ideológico-política de volver a la normalidad aun cuando la normalidad es el infierno para la gran mayoría de la población. Las consecuencias de la pandemia no pueden ser mágicamente frenadas por la ideología de los gobiernos conservadores, la crisis social y económica pospandemica será gravísima sobre todo porque se acumula con las crisis que preexistían a la pandemia. Será por eso mucho más grave. Las políticas de ayuda de emergencia por deficientes que sean combinadas con el ablandamiento económico causado por la pandemia van a causar un enorme endeudamiento del Estado y el agravamiento de la deuda será una causa adicional para más y más austeridad. Los gobiernos conservadores no conocen otro medio de lidiar con las protestas pacíficas del pueblo trabajador en contra de la injusticia social que no sea la violencia represiva. Así van a responder y el mensaje va a incluir la militarización creciente de la vida cotidiana. Lo que implica el uso de fuerza letal que fue diseñada para enemigos externos. La degradación de la democracia ya bastante evidente se profundizará todavía más. ¿Hasta qué punto el mínimo democrático que todavía existe colapsará dando lugar a nuevos regímenes dictatoriales?
Este escenario no es especulación irrealista. Un reciente informe del FMI hace la misma previsión. Dicen los autores Philip Barrett y Sophia Chen1 que las pandemias pueden tener dos tipos de efectos sobre la agitación social: un efecto atenuante, suprimiendo la posibilidad de causar disturbios al interferir en las actividades sociales, así como un efecto contrario que aumente la probabilidad de malestar social y por consiguiente se generen disturbios o protestas en la medida en que la pandemia se desvanezca. Lo que no dicen es que las protestas serán motivadas por las mismas políticas que el FMI y las agencias financieras promueven en todo el mundo. Es tanta la hipocresía del mundo en el que vivimos que el FMI ignora u oculta las consecuencias de sus lineamientos. El pueblo colombiano merece y necesita de toda la solidaridad internacional. No estoy seguro si la tendrán abiertamente de las agencias internacionales que dicen promover los derechos humanos a pesar de que estos estén siendo violado tan gravemente en Colombia. Imaginemos por un momento que lo que está pasando en Colombia estuviese ocurriendo en Caracas, Rusia o cualquier otra parte del mundo declarado como no amigo de los EUA. Seguramente la OEA, el alto comisariado de la ONU, y el gobierno norte americano ya estarían en campo para denunciar los abusos y proponiendo sanciones a los gobiernos infractores. ¿Por qué la suavidad en los comunicados emitidos hasta la fecha? No se le puede escapar a nadie que Colombia es el mejor aliado de los EUA en América Latina, siendo el país que se ofreció para instalar siete bases militares de los EUA en su territorio (situación que afortunadamente no ocurrió por intervención de la Corte Constitucional). Las relaciones internacionales en el presente viven el momento más escandaloso de hipocresía y parcialidad: solamente los enemigos de los intereses norteamericanos cometen violaciones de los derechos humanos. No es nuevo, pero ahora es más chocante. Las agencias multilaterales se rinden a esta hipocresía y parcialidad sin ningún tipo de vergüenza. Los colombianos, eso sí, pueden esperar la solidaridad de todos los demócratas del mundo. En su valentía y en nuestra solidaridad reside la esperanza. El neoliberalismo no muere sin matar, pero cuanto más mata más muere. Lo que está pasando en Colombia no es un problema colombiano, es un problema nuestro, de las y los demócratas del mundo.
Por el momento, las manifestaciones en Colombia no se ven próximas a finalizar y pese a que solo ha pasado una semana desde el inicio de las mismas debemos insistir en superar el miedo que ronda las calles del país e insistir en la esperanza de un futuro prometedor, más justo y en paz, para un país que ha querido terminar un conflicto de más de 50 años a través de un Acuerdo que agoniza bajo las garras del capitalismo abisal.
Grupo de personas no Indígenas anuncian caravana hacia las Recuperaciones dentro del Territorio Indígena de Chiná Kichá
Programa Kioscos Socioambientales
Desde el Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica manifestamos nuestro total rechazo y repudio contra cualquier acción que violente y atente los derechos territoriales de las personas indígenas del territorio cabécar de Chiná Kichá, ubicado en el distrito de Pejibaye de Pérez Zeledón.
El día de hoy jueves 13 de mayo del 2021, un grupo de personas no indígenas han anunciado una “proclama social y caravana por la reivindicación de los derechos despojados, amparados por el derecho constitucional de la libre expresión”, mediante audios y un afiche.
En los audios, donde se escucha el himno patriótico al 15 de setiembre, invitan a todas las personas del cantón de Buenos Aires a “manifestarse en contra de los actos de violencia, racismo y discriminación que se vive en los territorios indígenas, teniendo en cuenta la condición multiétnica y pluricultural de las personas bonarenses”. La caravana se estaría realizando el próximo lunes 17 de mayo a las 8:00 am, saliendo de San Antonio de La Amistad hacia el territorio indígena de Chiná Kichá.
Fue precisamente mediante una turba de personas no indígenas, que el pasado 25 de febrero del año 2020 asesinaron a Jhery Rivera, indígena Bröran del territorio Térraba, bajo el mismo contexto de recuperaciones de tierras por parte de varias familias indígenas. Las recuperaciones de tierras han sido la estrategia política de que se respeten los derechos territoriales de los pueblos indígenas, quienes han sido históricamente despojados. El 18 de marzo del 2019, asesinaron al líder indígena Sergio Rojas en el territorio indígena bribri de Salitre. Tanto la muerte de Jhery como la de Sergio siguen impunes, reiterando el poco interés por parte del Estado costarricense en detener la violencia que se vive en contra de las poblaciones indígenas, principalmente en la zona del pacífico sur costarricense.
Tanto los territorios de Bröran de Térraba, Bribri de Salitre y Cabécar de Chiná Kichá han formado parte de procesos de recuperación de tierras por parte de familias indígenas, ya que la gran mayoría de estas han sido invadidas por personas finqueras no indígenas. Todos estos territorios indígenas están relativamente cerca, por lo que podría entenderse la agresión y violencia de personas finqueras contra personas indígenas como un conflicto de tipo regional.
El gobierno actual de la República carga con 2 asesinatos a personas indígenas, debido a su inacción ante los graves hechos de violencia que ejercen finqueros y personas no indígenas en estas recuperaciones. Por tales motivos, responsabilizamos al presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, al ministro de Seguridad Maikol Soto Rojas y al Viceministro de Diálogo Randall Otárola, de cualquier agresión que se cometa contra el pueblo indígena de China Kichá.
SURCOS comparte la invitación a la comunidad universitaria realizada por Patricia Quesada Villalobos, directora del Consejo Universitario de la UCR, para unirse a la marcha el próximo sábado 13 de marzo a partir de las 10 a.m. en contra del Proyecto de Ley de Empleo Público y en defensa del Estado Social de Derecho.
6 de Setiembre 2020. Las mujeres salen a las calles en todo el país a exigir justicia. Justicia por Allison, Justina, Luany, María Trinidad, María Luisa, por todas las compañeras que el sistema patriarcal ha asesinado o desaparecido.
Para desafiar el miedo, para honrar a las madres, para sabernos compañeras: ¡Ni una menos!
Puntarenas, Liberia, Guápiles, San Ramón, Cartago, Golfito, Alajuela, San José, Ciudad Quesada.
Con el objetivo de crear conciencia por sobre los problemas ambientales que sufre al Gran Área Metropolitana, este 25 de enero a partir de la 9 a.m. se realizará la «Marcha por el ambiente en Desamparados».
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Andrea Chacón, recuerda en este audio a los medios de difusión su responsabilidad de informar «de manera balanceada, sin que se tergiverse o manipule lo que estamos diciendo a haciendo desde el movimiento estudiantil».
La representante de la FEUCR recalca que es falsa la afirmación de algunos medios de que la convocatoria a la marcha en defensa del presupuesto universitario fue una manipulación de los rectores. Escuche el video de menos de dos minutos enviado a SURCOS:
Imagen de portada tomada de Semanario Universidad.
Representantes de todas las universidades públicas del país y de las diferentes zonas se hicieron presentes en la manifestación para defender sus derechos
La marcha de las universidades públicas fue multitudinaria con representantes de la UCR, la UNED, el TEC, la UNA y la UTN. Foto: Karla Richmond.
Miles de estudiantes, funcionarios, docentes y autoridades universitarias marcharon esta mañana hacia la Casa Presidencial con el fin de protestar por la iniciativa del Ministerio de Hacienda de separar parte de los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para un uso distinto al requerido por las universidades públicas.
Esta iniciativa del Gobierno no solo afectaría el presupuesto que se prevé para el funcionamiento integral de estas instituciones sino que también constituye una amenaza a lo que establece la Constitución Política, en cuanto a la autonomía de las instituciones de educación superior públicas.
“Esta es una marcha en realidad de defensa de la Constitución Política, es una marcha que quiere transmitirle al pueblo de Costa Rica que la institucionalidad costarricense es de una enorme importancia y entre esa institucionalidad se encuentra la educación superior pública”, expresó al respecto Henning Jensen Pennington, presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y rector de la Universidad de Costa Rica.
Rodrigo Arias, rector de la UNED, y Henning Jensen, rector de la UCR, se reunieron en la rotonda de La Bandera con un amplio grupo de representantes de las diferentes universidades. Foto: Karla Richmond.
Agregó, asimismo, que en este momento, debido a una decisión unilateral de la ministra de Hacienda, la educación superior pública se encuentra amenazada, “pero nuestra preocupación no es solo por la Universidad, no es solo por la autonomía universitaria, es por la vigencia de la Constitución Política. Y ese es el mensaje que nosotros deseamos transmitirle a toda la nación costarricense, a todo nuestro pueblo, porque al defender la Constitución Política, estamos defendiendo el cuerpo jurídico de nuestra nación”, manifestó Jensen.
Igualmente, Rodrigo Arias, rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), destacó la importancia de la defensa de la educación pública al decir que esta marcha “es una lucha, en defensa de la educación pública, en defensa de las universidades públicas, en defensa del papel que históricamente hemos cumplido en el desarrollo de la sociedad costarricense, en defensa del principio constitucional que nos da un marco legal para cumplir plenamente la misión que tenemos en nuestro país y que ha sido agredido de diferentes maneras durante el último tiempo”.
Asimismo, dijo que es una equivocación decir que se está luchando por salarios. “Es una tergiversación, es parte de esa campaña de desprestigio que se ha desarrollado para algunos sectores de la sociedad, con el propósito de minar la credibilidad en las universidades, probablemente respondiendo a otro tipo de intereses económicos de algunos grupos de presión. Pero es falso, porque estamos marchando en defensa de la inclusividad, de la equidad, del acceso a la formación profesional que dan las universidades, en defensa de la movilidad social que da la educación superior, en defensa de los fundamentos que se construyen a partir de los aportes que las universidades dan a un país como Costa Rica», manifestó Arias.
Los rótulos, pancartas y mantas con diferentes mensajes a favor de la educación superior pública estuvieron presentes durante toda la marcha. Foto: Karla Richmond.
Del mismo modo, se expresó Jensen, pues afirmó que “aquí, en contra de lo que pudieran decir algunas personas, no estamos defendiendo ningún tipo de privilegio, no estamos saliendo a la calle para luchar por salarios, estamos luchando por lo que constituye el núcleo de la sociedad costarricense y de la misma ciudadanía costarricense. Ese núcleo está definido por aquello que es el andamiaje de nuestro cuerpo jurídico y nuestro cuerpo político, que es la Constitución Política”.
Autonomía
Por su parte, Marcelo Prieto, rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), destacó que la lucha que se da este día va más allá del presupuesto universitario. “Estamos aquí luchando, no solamente por la restitución de los recursos que el Ministerio de Hacienda arbitrariamente desvió del presupuesto universitario, del FEES, sino que estamos luchando por la autonomía universitaria, que está siendo constantemente cuestionada por fuerzas políticas enemigas de la Universidad. Y estamos luchando por una visión de país, lo que estamos peleando hoy aquí es mantener a Costa Rica como una sociedad democrática, como una sociedad igualitaria y como una sociedad inclusiva”, destacó.
Prieto agregó que a pesar de que la UTN no tiene afectación presupuestaria con el desvío de fondos del FEES, sí considera que existe un atentado contra la universidad pública, contra la educación pública y contra las posibilidades de acceso a la educación de todos los estudiantes de Costa Rica.
Los rectores y los presidentes de las federaciones de estudiantes se reunieron con el presidente de la República, Carlos Alvarado, al finalizar la marcha en la Casa Presidencial. En el transcurso del día se conocerán los acuerdos de esta reunión. Foto: Efraín Cavallini (UNA).
Una marcha estudiantil
El movimiento estudiantil de las cinco universidades públicas caracterizado por una amplia diversidad impulsó la marcha desde diferentes puntos del país. Por parte de la Universidad de Costa Rica, cientos de estudiantes de las sedes y recintos se hicieron presentes, salieron desde la madrugada de sus respectivas provincias para unirse a la marcha bajo la consigna de la defensa de la educación superior pública y la autonomía universitaria.
“Venimos a defender nuestra autonomía como Universidad y el presupuesto de sedes y recintos, ya que seríamos la población más afectada en caso de que se diera este condicionamiento de los 70 000 millones de colones”, señaló Anthony Ricardo Bertarau, estudiante de dirección de empresas de la Sede del Caribe.
El joven, además, apuntó que la UCR en Limón tiene diferentes proyectos de investigación y acción social que benefician directamente a alrededor de 4 000 personas. Asimismo, 15 000 niños, jóvenes y adultos mayores se ven beneficiados indirectamente en comunidades rurales, y esta es una de las razones por las que se movilizaron en esta marcha.
Laura Rodríguez Rodríguez.
Por su parte, Andrea Chacón, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), explicó que “todo este movimiento surge a raíz de la imposición de Hacienda para que invirtamos un porcentaje de nuestro presupuesto de una manera establecida por ellos, lo cual contraría completamente el principio de la autonomía universitaria y es parte de las razones por las que estamos luchando”.
La estudiante explicó que han promovido la información hacia todas las instancias de la Universidad para visibilizar los diferentes ataques que se han dado a lo largo del año hacia la educación. Además, desde el jueves anterior las organizaciones estudiantiles han realizado espacios de reflexión y discusión en sus respectivas escuelas, facultades, sedes y recintos para informar a la mayor cantidad de estudiantes sobre esta situación.
La marcha convocada por los estudiantes de las diferentes universidades públicas fue apoyada, además, por las autoridades universitarias, funcionarios, docentes y muchas personas más relacionadas con el quehacer institucional de las distintas universidades.
Fue así como se pudo observar, bajo un fuerte calor, a cientos de personas con rótulos, mantas, pancartas con diferentes mensajes en defensa de la educación superior pública. La marcha partió desde las diferentes universidades y se reunieron en la rotonda de La Bandera y en la Fuente de la Hispanidad, para marchar en conjunto hasta la Casa Presidencial.
Nidia Burgos Quirós
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
José Andrés Céspedes Campos
Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información
Las autoridades garantizaron el respeto absoluto a los artículos 84 y 85 de la Constitución Política
Mesa de negociación este 22 de octubre de 2019. Foto: Johnny Núñez de la Oficina de Comunicación de la UNA. Foto: Anel Kenjekeeva.
Tras seis horas de negociación, las autoridades universitarias y del Gobierno lograron un acuerdo para responder a las demandas de los universitarios. El principal de los puntos de acuerdo es que el Ejecutivo reconocerá la clasificación de partidas del Fondo de Especial para la Educación Superior (FEES) realizada por las universidades, con lo que ellas recuperan su poder de autogobierno y podrán hacer uso del total de los recursos universitarios presupuestados para el 2020.
Lo anterior permite a las universidades reclasificar a lo interno los recursos destinados por Hacienda a inversión de capital y usarlos para su gasto operativo.
En la Asamblea Legislativa el proyecto de Presupuesto de la República seguirá su curso de forma normal, sin que ese debate afecte los presupuestos universitarios, según lo expresó el ministro de la Presidencia Víctor Morales.
El rector de la Universidad de Costa Rica y representante del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Henning Jensen P. fue enfático además en aclarar a la comunidad universitaria que este acuerdo logra que se respeten los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, con lo que se logra resguardar la autonomía universitaria.
Además, el decreto firmado por el Ejecutivo permite que se incluya en las siguientes negociaciones del FEES a las representaciones del movimiento estudiantil, con lo que la Comisión de Enlace incluirá en adelante a estos nuevos miembros.
Adicionalmente, el documento explicita la voluntad de los firmantes de volver a la negociación quinquenal del FEES. Al respecto la ministra de Educación Guiselle Cruz aseguró que volver a este modelo de negociación del FEES es saludable para el ejercicio de universidades públicas y de los beneficios que aportan al país y así está en la Constitución Política.
Por parte del movimiento estudiantil, la actual presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Andrea Chacón, reconoció el valor de la protesta social iniciada por movimientos independientes de estudiantes, con quienes mantendrán un proceso de diálogo para lograr negociar la reapertura de edificios.
Finalizada la negociación la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, hace un llamado a la comunidad universitaria a reanudar las actividades normalmente, a partir del 23 de octubre. Pueden mantenerse, las actividades programadas de análisis y reflexión sobre la defensa del FEES, la realidad universitaria y el contexto nacional.
El ministro de la Presidencia, Víctor Morales, anuncia los acuerdos entre las universidades públicas y el Poder Ejecutivo. Foto: Anel Kenjekeeva.
