El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información, el Centro de Investigación en Comunicación y la Maestría en Ciencias Penales, presentan a la MSc. Giselle Boza Solano periodista, abogada, investigadora del CICOM y coordinadora del Programa de Libertad de Expresión UCR en la conferencia: «Delito, reformas penales y medios de comunicación», este miércoles 14 de octubre a las 5:30 p.m.
Muchas cosas cambiarán después de esta pandemia, pero esas cosas y los asuntos sociales y de Estado no lo harán automáticamente, de manera mecánica, sino que requieren del empuje de los movimientos sociales y políticos para que el país avance. Cuando no se genera una fuerza innovadora, las sociedades se estancan, se inmovilizan y tienden inercialmente por volver al viejo estado de cosas. En estas circunstancias, como lo ha mostrado la historia, por regla general ocurre una descomposición social, que se traduce en más pobreza, desigualdad y desesperación.
De aquí surge la imperiosa necesidad de la articulación del movimiento social y del movimiento progresista para desarrollar un programa que permita a la sociedad costarricense planear y avanzar en un nuevo concepto de sociedad.
Esa nueva alternativa de sociedad deberá fundamentarse en nuevos conceptos. Pienso en los siguientes:
1-. Ciudadanía. La ciudadanía debe concebirse de manera activa, contralora y propositiva. Los ciudadanos dejan de ser solo sujetos de momentos electorales, para asumir el poder ciudadano desde la sociedad misma para pedir cuentas, exigir cumplimiento de promesas o censurar a todos los ciudadanos que ocupan puestos de dirección en el Estado.
2-. Nación. La globalización como ha sido concebida ha mostrado ser insuficiente para afrontar los problemas globales. El concepto de Nación debe ser retomado para asumir el compromiso de desarrollo económico nacional y para exigir normas internacionales que resguarden los intereses laborales y económicos de todos los países.
3-. Soberanía. Solo mediante un concepto de soberanía que recupere el poder de decisión nacional en cuanto al apoyo a la producción nacional, así como la capacidad del país de mantener una política internacional independiente, sea manteniendo una neutralidad y respeto por a la autodeterminación de los países.
4-. Producción. El desarrollo productivo seguido hasta ahora debe cambiar de paradigma. El crecimiento económico desmedido sin considerar a la Naturaleza y la igualdad social es insostenible. El crecimiento del PIB no debe ser un único parámetro de medición de la riqueza social o natural. El respeto por la Naturaleza debe sustentarse en el apoyo y desarrollo de un fuerte movimiento ecologista para revertir los daños que estamos ocasionando a nuestro Planeta.
5-. Igualdad. La brecha social que cada vez se agranda más entre unos cada vez más ricos y otros cada vez más pobres, debe revertirse inmediatamente. La distribución de la riqueza, que es producida por los trabajadores, debe hacerse de manera equitativa. La igualdad de derechos humanos y patrimoniales entre hombres y mujeres es la única forma de mantener un desarrollo realmente humano.
6-. Solidaridad y humanismo. La sociedad debe fundamentarse en nuevos conceptos de solidaridad para que el desarrollo se vea como responsabilidad de todos, pero también para beneficio de todos. El humanismo es el fundamento del respeto a los derechos humanos de todas las personas como un atributo natural: creencias religiosas, preferencias sexuales, políticas, etc., la política es la no discriminación.
La democracia es el mecanismo político que permitirá el acceso de todos los grupos sociales y partidos políticos, en un plano de igualdad, a los medios de comunicación y a los procesos electorales.
Estos son algunos conceptos que debemos asumir para la sociedad post-pandemia. No son, lógicamente, los únicos, ni tal vez lo mejor elaborados, pero pueden ser una base de pensamiento. De ellos se deducirán medidas concretas, como debe ser.
Unidad académica hizo un llamado para que los medios de comunicación ejerzan la libertad de expresión desde un marco ético y respetuoso de los derechos humanos. (Fotografía con fines ilustrativos). Foto: Karla Richmond.
La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) de la Universidad de Costa Rica (UCR) se pronunció este 09 de agosto sobre el tipo de cobertura y tratamiento periodístico desarrollado por los medios de comunicación al abordar los casos de femicidio en el país.
La unidad académica reiteró su compromiso con la promoción de un ejercicio periodístico responsable, al tiempo que hizo un llamado para que la prensa ejerza la libertad de expresión desde un marco ético y respetuoso de los derechos humanos.
Pronunciamiento completo:
Las últimas 72 horas han sido tristes e impactantes para nuestro país. El femicidio de María Trinidad Mathus Tenorio, mexicana y turista se suma a la larga lista de 16 femicidios perpetrados en lo que va del año. Estas mujeres fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres, tanto a manos de sus ex parejas y parejas como por desconocidos.
En un contexto de violencia y repudio nacional ante estos hechos, Diario Extra, en su edición del día martes 7 de agosto de 2018, publicó en su portada una fotografía póstuma de María Trinidad resaltando la violencia de los hechos sin enfocarse en quién era ella como persona. Se evidencia así un irrespeto no solo a su vida sino a la vida de todas las mujeres en nuestro país.
Como Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, promovemos un ejercicio profesional de la comunicación que sea responsable y respetuoso de los derechos humanos de todas las personas en la cobertura mediática y especialmente en las noticias asociadas a la violencia contra las mujeres.
Como centro de educación superior, formador de profesionales en comunicación, fomentamos y apoyamos el ejercicio de la libertad de expresión desde los medios de comunicación, pero también hacemos un llamado para que esta libertad se ejerza en un marco ético y de respeto a los derechos humanos.
Los medios son un referente de aprendizaje y representación para las personas; pueden generar efectos fundamentales sobre la autoimagen, el autoconcepto y otras conductas.
Condenamos los tipos de cobertura que atentan contra la dignidad humana, contra la irrepetibilidad y el sentido único que representa cada ser humano. Este tipo de cobertura es una forma brutal de hacer comunicación que evidencia el desprecio a la vida y a la muerte de las mujeres.
A todos los medios del país y profesionales de la comunicación les hacemos un llamado a la autocontención responsable que acate los principios esenciales de la vida y el respeto a la dignidad humana.
Proponemos e invitamos al diálogo entre profesionales de la comunicación para configurar nuevos modelos de hacer comunicación y superar estas formas de tratamiento informativo.
La libertad de expresión y el ejercicio periodístico son actos de sobrevivencia en algunos países. Hoy, especialmente, en México.
La noble y valiente prensa de ese país ha sido víctima de muerte como consecuencia de la corrupción y el crimen organizado, convirtiendo este país en uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas.
El Colegio de Periodistas de Costa Rica condena y repudia todo acto de violencia contra comunicadores y medios de comunicación.
Solicitamos a las autoridades mexicanas que implementen los mecanismos necesarios para combatir estos graves hechos que coartan la libertad de expresión, el derecho a la información y la vida misma de quienes ejercen el periodismo. Recae en sus autoridades que los responsables de las amenazas, agresiones y asesinatos de reporteros sean encontrados y castigados con todo el peso de la ley, y se ponga fin a este clima de impunidad.
Como lo ha manifestado públicamente IFEX-ALC, una alianza de 23 organizaciones de América Latina y el Caribe, en más del 50% de estas agresiones intervienen policías municipales y militares, por lo que urge una firme acción por parte de las altas autoridades de este país.
Por el bien de la sociedad y de ese extraordinario país, el cual hemos aprendido a amar desde pequeños con la lectura de sus héroes de palabra franca, como Octavio Paz o Carlos Fuentes, no podemos menos que instar públicamente para que el derecho a la información sea garantizado por el Estado mexicano.
Que los periodistas y los trabajadores de la prensa puedan investigar y difundir la verdad sin ser atemorizados o amenazados, es la única garantía para que una nación pueda mirarse a sí misma.
El Colegio de Periodistas de Costa Rica, gremio que cree y defiende estos principios, eleva su voz y hace pública la solidaridad con los periodistas mexicanos.
Una prensa vigorosa, libre e independiente puede lograr hasta lo impensable.
Abogamos entonces, por la existencia de un escenario de tolerancia y respeto hacia la dignidad humana.
América Latina se encuentra amenazada por la alta concentración de medios de comunicación en manos de pocas empresas
Se consolida la Alianza por la Diversidad y el Pluralismo en la Comunicación con 15 organizaciones de América Latina
Santiago, Chile.- El pasado 5 y 6 de octubre, representantes de diferentes organizaciones sociales de América Latina, incluida la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMICA), de Costa Rica, se dieron cita en el Colegio de Periodistas en Santiago de Chile, para compartir experiencias e investigaciones sobre cómo impacta en la libertad de expresión la concentración mediática que actualmente amenaza a toda la región.
Se conocieron cifras actualizadas de concentración de las audiencias mediáticas en cinco países de la región. El académico Guillermo Mastrini comprobó que en cada país el mercado de las audiencias está en manos de muy pocas empresas, y afirmó que “en la práctica, la legislación latinoamericana regula los servicios audiovisuales a partir de legislaciones de telecomunicaciones que se preocupan de la promoción de la competencia; es decir, con criterios únicamente económicos y sabemos que no se pueden dejar por fuera los criterios de diversidad y pluralidad”.
Aleida Calleja, del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM) dijo que “tenemos el gran desafío de que la sociedad civil participe en la construcción de las legislaciones y políticas sobre medios audiovisuales. Actualmente no se cumplen los estándares de la Relatoría de la Libertad de Expresión sobre diversidad y pluralidad y las acciones de la sociedad civil deben estar articuladas”.
La entrada en vigencia de la televisión digital y su impacto en la promoción de la pluralidad de medios fue una de las investigaciones presentadas en una de las mesas de discusión. Según la investigación, a pesar de que algunos países se han comprometido a reservar alguna parte pequeña del dividendo digital resultante de este cambio tecnológico para medios no comerciales, la tendencia en América Latina es mantener un status quo de control de los medios por parte de grandes grupos comerciales, que actualmente concentran gran parte del uso del espectro de radio y televisión.
Oscar Pérez, de la Fundación Comunicándonos de El Salvador presentó como uno de los grandes riesgos de la región centroamericana el hecho de que “la digitalización no se ha convertido en una oportunidad, sino que ha fortalecido los oligopolios mediáticos, en detrimento de la calidad de las democracias”.
Otra de las investigaciones presentada por la organización Intervozes se enfocó en la concentración que enfrenta Brasil en el sector de la televisión pagada o por cable, que abarca a 19,76 millones de usuarios. En este sector la empresa Net/Claro/Embratel acapara a más de 10 millones de usuarios. “Hay una tendencia que si no la logramos cambiar en el parlamento, toda la televisión por cable acabará en manos de dos únicas empresas comerciales” afirmó Ana Claudia Mielke de Brasil.
Alianza por la Diversidad y el Pluralismo en la Comunicación
Este encuentro internacional también sirvió de reunión de trabajo de la Alianza por la Diversidad y el Pluralismo, que actualmente agrupa a 15 organizaciones de América Latina, incluida la RedMICA.
Se formalizaron acuerdos de cooperación y trabajo conjunto entre organizaciones, así como formas de funcionamiento de la alianza a futuro.
A la vez, se firmó una declaración por la diversidad y el pluralismo en la comunicación, en la que se le exige a los Estados medidas que limiten y reviertan la alta concentración mediática, a través de marcos regulatorios, planes y políticas públicas que reconozcan y promuevan el sector sin fines de lucro; entre ellos medios comunitarios, sociales e indígenas, así como el fortalecimiento de los medios públicos.
Las organizaciones integrantes de la alianza hicieron un llamado a las instancias internacionales de derechos humanos para que los procesos de digitalización de la radio y la televisión no resulten en una consolidación o ampliación de la concentración como es la tendencia actual, sino que se torne en una oportunidad efectiva para un mayor pluralismo y diversidad en nuestros países.
Durante los últimos días han trascendido, de manera inusual, noticias sobre al menos tres suicidios.
Ha sido un acuerdo tácito de los medios de comunicación que, a diferencia de los accidentes de tránsito, crímenes y otro tipo de sucesos, a estas muertes no se les dé el tratamiento de noticia.
Sin embargo, también hay que reconocer que, en ocasiones, estos sucesos pueden poseer algún interés periodístico. No es competencia de este colegio decidir la agenda de los medios, ni mucho menos irrespetar el derecho de informar.
Lo que sí creemos pertinente es llamar la atención sobre la inherente responsabilidad de periodistas y medios de comunicación sobre la forma de dar a conocer estos hechos.
En la actualidad existe suficiente evidencia científica sobre el riesgo que implica una inadecuada cobertura de muertes por suicidio para las personas en estado de vulnerabilidad.
La correlación entre el grado de cobertura dada y el aumento en el número de suicidios posteriores ha sido documentado en diversos estudios. Uno de los pioneros se le conoce como «efecto Werther», término utilizado para referirse al fenómeno de las personas que se quitan la vida por imitación o contagio.
Existe consenso entre los investigadores en que el grado de difusión dado a la historia de un suicidio se correlaciona de forma directa con el número de eventos posteriores. Y el impacto es aún mayor cuando de por medio está una persona famosa o reconocida.
También hay evidencia sobre cómo las coberturas constantes de estos casos pueden alentar ideas suicidas en poblaciones vulnerables, principalmente en los jóvenes.
La Organización Mundial de la Salud ha tomado cartas en el asunto y emitió el documento «Prevención del suicidio: un instrumento para profesionales de los medios de comunicación», con lineamientos basados en la evidencia científica.
Es entonces nuestro deber llamar la atención sobre este tema; máxime la dimensión que ya ha adquirido en nuestro país. El drama que provoca el suicidio en la sociedad nos obliga a conocerlo, a entenderlo y a capacitarnos como profesionales en comunicación, para hacer nuestro trabajo sin ocasionarle a la sociedad un daño mayor.
Existen pautas y recomendaciones específicas sobre la correcta cobertura noticiosa, tomando en cuenta el conocimiento interdisciplinario existente, que buscaremos incluir en futuras capacitaciones.
De igual modo, procuraremos la promoción de un sano debate entre colegas comunicadores y del sector salud, para ayudarnos a enfrentar este fenómeno social con seriedad, dignidad, profesionalismo y respeto. Para esos efectos, desde hoy hemos comenzado a establecer contactos para la organización de un foro sobre esta problemática.
Es indiscutible el papel que los medios de comunicación puedan adoptar para ayudar en la prevención del suicidio, como muerte evitable. No debemos olvidar que nuestra responsabilidad es proporcional al grado de influencia que ejercemos para el mejoramiento de nuestra sociedad, y el bienestar de la población.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de okdiario.com
Medios de comunicación universitarios deben seguir siendo libres y críticos
Candidatos a Rectoría
Rocío Marín González,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
Para los dos candidatos a la Rectoría, los medios de comunicación universitarios: Semanario, Canal UCR y Radioemisoras UCR, deben seguir siendo libres y críticos (foto archivo ODI).
Los candidatos a la Rectoría 2016-2020 de la Universidad de Costa Rica (UCR), Dr. Henning Jensen Pennington y Dr. José Ángel Vargas Vargas, coincidieron al manifestar que los sectores que orquestan ataques contra la Institución son aquellos que ven la educación como un negocio y no como un derecho.
Asimismo, externaron su intención de que los medios de comunicación universitarios: Semanario Universidad, Radio Universidad en sus tres frecuencias y Canal UCR, continúen siendo libres y críticos como lo han sido hasta ahora.
Jensen y Vargas hicieron estas y otras manifestaciones durante entrevistas separadas que fueron planificadas por el equipo de periodistas de la Oficina de Divulgación e Información (ODI), realizadas el pasado 4 de abril en las instalaciones de la Agencia Universitaria para la Gestión de Emprendimiento (AUGE).
El objetivo es contribuir a que las y los miembros de la Asamblea Plebiscitaria Universitaria conozcan el pensamiento de ambos candidatos sobre temas de interés institucional para que puedan ejercer un voto informado el próximo 22 de abril. A continuación la primera entrega de sus respuestas a interrogantes planteadas por las periodistas Patricia Blanco Picado, María Peña Bonilla y Rocío Marín González.
Dr. Henning Jensen Pennington
En los últimos años la UCR ha sido objeto de cuestionamientos por parte de algunos sectores políticos y económicos del país y estos han ido directo a la institucionalidad, desde lo administrativo y su organización hasta lo que ellos consideran altos salarios y privilegios de los funcionarios. ¿Cómo ha respondido la Universidad frente a estos ataques y qué debe hacer en el futuro?
Los ataques hacia la UC R responden a una intención orgánica, estructurada, articulada y concertada con el propósito de debilitar a la institución más prestigiosa del país, la cual reafirma y resguarda principios muy importantes del Estado Social de Derecho.
Esos ataques pretenden abrirle un espacio mucho mayor al proceso de privatización de la educación superior que se inició en los años 80 y se concentran sobre todo en la UCR, porque es la más grande y fuerte de las universidades públicas.
Además, hay funciones de la UCR asignadas por ley o que realiza mediante convenios con el Estado que desde hace más de una década sectores privatizadores quieren dominar. Incluso ha habido iniciativas que han fracasado, como fue la pretensión del Movimiento Libertario de que el análisis de los combustibles del país que realiza el Centro de Electroquímica y Energía Química (CELEQ), pasaran a laboratorios privados.
Ante estos embates, la UCR ha hecho grandes esfuerzos por intensificar los procesos de comunicación y crear nuevos espacios en los medios universitarios. Además, ha habido un intenso lobby político en la Asamblea Legislativa, ministerios y Casa Presidencial con el fin de ganar aliados en la lucha por preservar esta Benemérita Institución.
En ese proceso hemos sido exitosos, lo que dio como resultado que en 2014 y 2015 el presupuesto para la Universidad no se redujera como quería un grupo importante de diputados.
Sin haber cedido a nuestras pretensiones, hicimos alianzas con grupos de la clase política en la Asamblea Legislativa en los que nuestras demandas encontraron resonancia y logramos aliados a favor de las universidades públicas que votaron en contra de mociones que nos afectaban en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
A pesar de estos esfuerzos y de que contamos con un sitio web muy visitado, debemos mejorar nuestros procesos de comunicación hacia adentro y hacia afuera y segmentar nuestros públicos meta para lograr que todos se informen.
¿Cuál debería ser el papel de los tres medios de comunicación de la UCR, sobre todo en relación con la Universidad a la que pertenecen?
Nuestros medios de comunicación: Semanario Universidad, Radio Universidad con sus tres frecuencias y el Canal UCR, se han posicionado en el mundo de la prensa costarricense.
Esto es palpable sobre todo con el Semanario Universidad cuya incidencia sobre la agenda pública nacional y la discusión política ha sido muy grande y con consecuencias políticas espectaculares que van desde la motivación a un candidato a la Presidencia de la República a renunciar, hasta reportajes de naturaleza internacional de gran impacto como los del Banco HSBC y el de los Documentos de Panamá.
La creación de programas como Desde la U en el Canal UCR y Noticias Universidad en la radio, testimonian que la UCR es generadora de noticias, con relevancia y pertinencia nacional. También en Sobre la Mesa, del Canal UCR, tenemos el único espacio sistemático y serio de análisis político de la televisión costarricense, lo mismo que Desayunos de Radio Universidad.
Aún así todo puede ser mejorado y ese es nuestro objetivo. En ese sentido los medios de comunicación, con el concurso de sus directoras y directores, deberían coordinar para desarrollar estrategias de programación que les permitan incidir aún más sobre la vida nacional, siempre con el apoyo logístico y de recursos por parte de la administración.
Sin embargo -como principio- la administración no se ha metido, no se mete, ni se meterá en los medios de comunicación universitarios.
¿Cómo concibe usted una universidad abierta, transparente y ágil?
“Los ataques hacia la UCR responden a una intención orgánica, estructurada, articulada y concertada con el propósito de debilitar a la institución más prestigiosa del país”, indicó Dr. Henning Jensen. (foto Karla Richmond).
Una universidad moderna debe sustentarse en los principios del gobierno abierto que son: transparencia, colaboración y participación, los cuales estamos impulsando.
Quizás los hemos practicado de una forma intuitiva, pero debemos practicarlos de una manera más sistemática. La participación debe darse según los ámbitos de competencia de cada sector, de forma articulada y con la colaboración de todos.
En cuanto a la flexibilidad y agilidad debo apuntar que la Universidad de Costa Rica le ha dado una importancia muy grande al desarrollo de plataformas digitales, pero los resultados no han sido los esperados.
El sector académico argumenta una y otra vez que éstas fueron desarrolladas atendiendo sobre todo las necesidades de las instancias administrativas y no pensando en el usuario final que serían los académicos y académicas. Por ejemplo, el expediente único que es poco intuitivo, lo cual tiene que cambiar porque en lugar de ayudar, hizo más problemática la gestión de vacaciones, viáticos, etc. De igual forma la declaración jurada de horarios, instrumento que fue desechado porque el sistema no funcionó y vino a recargar las funciones de directores y decanos.
Por esa razón la administración decidió transferir al Centro de Informática el análisis de todas estas plataformas y se han constituido un grupo de trabajo que está tratando de salvar lo que se pueda y en otros habrá que partir de cero. Esto ha producido un retraso en la flexibilidad y la agilidad que queríamos lograr.
Tenemos que basarnos en el desarrollo de plataformas informáticas y tendremos que hacerlo ahora de la forma correcta, con tecnologías que tomen en consideración al usuario.
Nuestra intención es implementar aún más los principios del gobierno abierto, porque contamos ya con un sitio web sobre transparencia.
Asimismo, los talleres que imparte el Programa de Libertad de Expresión, derecho a la información y opinión pública (PROLEDI), medidas que acumulativamente permitirán a la Institución que el gobierno abierto en la UCR sea una realidad.
En cuanto a rendición de cuentas hemos implementado los conversatorios con sectores y sedes, de los cuales se han desarrollado una gran cantidad, lo cual tiene que ser incrementado y mejorado, manifestó el actual rector y candidato Henning Jensen.
Dr. José Ángel Vargas Vargas
En los últimos años la UCR ha sido objeto de cuestionamientos por parte de algunos sectores políticos y económicos del país y estos han ido directo a la institucionalidad, desde lo administrativo y su organización hasta lo que ellos consideran altos salarios y privilegios de los funcionarios. ¿Cómo ha respondido la Universidad frente a estos ataques y qué debe hacer en el futuro?
Los cuestionamientos que hacen grupos de presión nacionales a la Universidad de Costa Rica son parte de tendencias internacionales. En Latinoamérica y el mundo las universidades públicas también están siendo sometidas a fuertes presiones.
El concepto de educación, asociado a un derecho, ha cambiado y se ha vinculado a intereses económicos.
Considero que como UCR nos ha faltado una mayor contundencia para posicionarnos ante este tipo de situaciones. Es necesario reflexionar para poder decirle al país cuál es nuestro verdadero impacto en la sociedad y así evitar esos cuestionamientos.
Esto no es nuevo, siempre ha ocurrido durante las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior. Recuerdo las publicaciones de varios ministros del 2009 o 2010, indicando que los salarios de las universidades eran un cáncer.
Necesitamos dar una respuesta articulada a los medios de comunicación, que escuchen la voz de distintos sectores, que analicen cómo cada área académica impacta al país para justificar por qué se requieren recursos.
Además debemos pensar que pasará con la UCR en los próximos 50 años, no en la inmediatez, tenemos que tener una mirada de largo aliento. Para que nuestra sociedad pueda mantenerse bajo ciertos principios de desarrollo, tiene que fortalecer mucho esas grandes instituciones, y para nosotros la más grande es la Universidad de Costa Rica.
¿Cuál debería ser el papel de los tres medios de comunicación de la UCR, sobre todo en relación con la Universidad a la que pertenecen?
La principal función o misión que deben tener los medios de comunicación universitarios es ser una voz plural acorde con los principios institucionales, que responda a las expectativas de nuestra sociedad y a la creación de la identidad cultural.
Yo creo que todos esos debates que se generan a lo interno de la institución, todas las propuestas que vienen desde distintos sectores ideológicos y culturales, deben tener espacio en los medios institucionales al igual que debe haber más espacios para la comunidad.
Nosotros hemos aprendido como Universidad a referirnos a lo positivo lo cual está bien, pero que bueno sería tener desde los actores sociales, de la comunidad una voz crítica incluso hacia la misma universidad.
“El concepto de educación, asociado a un derecho, ha cambiado y se ha vinculado a intereses económicos”, expresó el Dr. José Ángel Vargas. (foto Laura Rodríguez).
Creo que los medios universitarios son el principal instrumento para que ese espíritu propositivo, crítico, integrador de la universidad y del país tengan un lugar y deben servir para posicionar distintas voces de la comunidad universitaria en relación con lo que sucede en el país y con la forma en que está siendo concebida la universidad en el entorno nacional.
Me preocupa que los medios universitarios no dispongan de todos los recursos que realmente necesitarían para realizar su labor con un poco más de comodidad, porque de esos medios universitarios bien apoyados depende también cómo nuestra universidad se coloca en el país.
Me parece que como universidad es muy necesario hacer un esfuerzo por marcar una política de comunicación de la Universidad hacia afuera y una política muy bien dirigida para el aprovechamiento de lo que se dispone en la Institución, porque también tenemos a la Escuela de Ciencias de la Comunicación y a otras escuelas que podrían estar aportando en ese sentido.
Una política de comunicación debería emanar de la administración, más concretamente de las discusiones que se puedan generar desde la Vicerrectoría de Acción Social y de la administración en general, pero siempre escuchando la voz de los distintos sectores.
¿Cómo concibe usted una universidad abierta, transparente y ágil?
Una universidad abierta, transparente y ágil, es la que se coloca justamente en la dimensión del desarrollo nacional.
Tiene que ser abierta para explicarle a todos los sectores del país los objetivos por los que trabaja con los recursos que provienen de los impuestos que pagamos y cómo los estamos empleando de forma eficiente en beneficio de la comunidad.
Esos recursos tienen que ir a cambiar la forma de vida de las comunidades, no necesariamente a hacer que la Universidad ocupe un buen lugar en un índice. Eso es muy importante y cuenta también, pero ser transparente es decirle al país lo que hacemos, los recursos que utilizamos y las dificultades y problemas que tenemos, no es solo colocar información que a la institución le sirve o que no genera dudas.
Una institución ágil es aquella que puede encontrar la simplicidad como forma de trabajo y estamos abocados a encontrar las formas de hacer simple la gestión universitaria.
Es decir, que no sea necesario pedirle a un funcionario o estudiante información que la institución ya tiene, por ejemplo.
Podríamos estudiar también la posibilidad de que muchos procesos queden definidos de entrada para evitarle a las y los estudiantes hacer trámites una y otra vez. Los vistos buenos, los permisos, que ya de por sí están definidos, ¿para qué ocupan un proceso de confirmación de una autoridad?
Queremos aplicar una simplificación de trámites pero no queremos hacerlo sin antes saber si se puede o no en determinadas áreas. Vamos a estudiar aquellas áreas en las que podría aplicarse de manera que efectivamente en aquellos espacios en que sea posible y como resultado de las consultas a las personas, podamos realmente implementarla. En aquellas áreas donde por razones legales o formales resulte imposible, no se hará.
Y de paso podríamos utilizar el apoyo del personal que ya no se ocuparía en esas tareas en el área académica, porque simplificación de trámites no significa ir contra nadie en particular, sino que las personas a satisfacción puedan recibir un buen servicio de la universidad.
Igualmente queremos colocar en línea distinta información, más de la que actualmente está a disposición de la comunidad universitaria, por ejemplo lo que se refiere a contrataciones y compras, concluyó Vargas.
En las próximas entregas los candidatos a la Rectoría tratarán temas respecto a los derechos de las personas que conforman la comunidad universitaria, relación de la Universidad con su comunidad vecina, estilos de vida saludables, regionalización y trabajo inter, multi y transdisciplinario, entre otros.
La entrevista completa la puede leer en el documento adjunto a esta nota.
Los resultados oficiales de un informe de monitoreo de medios de comunicación en Costa Rica evidencian que las mujeres siguen prácticamente ausentes de las noticias y aún hace falta un arduo trabajo y compromiso para erradicar el sexismo, el machismo, la violencia y la discriminación en la forma de abordar las noticias por parte de los medios de comunicación del país.
En una conferencia de prensa realizada al pasado 23 de noviembre en el Colegio de Periodistas, integrantes del Observatorio de Género y Medios Centroamericano GEMA presentó los resultados oficiales del “Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP) 2015 Informe Nacional Costa Rica”.
El informe concluyó que entre los años 2010 y 2015 prácticamente no hubo avance en la visibilización y presencia de las mujeres en las noticias. En el 2010 sólo el 24% de los sujetos de la noticia fueron mujeres y en el 2015 un 26%.
Joaquín Tapia, integrante del Observatorio y de la Asociación Voces Nuestras, explicó cómo se llevó a cabo el estudio, que se realiza desde 1995 cada cinco años. Este año por primera vez incluyó monitoreo de redes sociales y el monitoreo se realizó en el mes de marzo, indicó Tapia.
Sharon Rosales, consultora en temas de género e integrante del Observatorio dijo: “Desde el 2010, la presencia de las mujeres no ha cambiado. La única categoría noticiosa en la que las mujeres sobrepasan el 15% de presencia es en sucesos, como víctimas de violencia”.
“Las mujeres rara vez son consultadas desde el rol de expertas en categorías de ciencia, tecnología, académica y aparecen más en el rol de expertas en categorías como amas de casa o jefas de hogar”, agregó Rosales.
En prensa, las mujeres representan el 23% de los sujetos de las noticias. En radio la cifra aumenta a un 26%, mientras que en televisión llega a un 33%, a pesar de lo cual la televisión sigue siendo el medio que más estereotipos de género utiliza para informar y formar a la población.
Coral Herrera, investigadora, bloguera e integrante del Observatorio comentó que “Hoy los periodistas se preocupan mucho por ser políticamente correctos en temas que tienen que ver con racismo, porque es algo que está muy mal visto en nuestra sociedad. La pregunta es ¿por qué el machismo no está tan mal visto? No sabemos si es por indiferencia o por resistencia a la igualdad y equidad de género”.
La presentación de los resultados de Costa Rica se hizo de forma simultánea con el lanzamiento del informe global del Proyecto de Monitoreo Global de Medios y de los informes nacionales en varios países de todo el mundo. Este es el quinto y más grande GMMP hasta la fecha y analiza tendencias en la cobertura y representación de género en las noticias, así como también las dinámicas de género dentro de la profesión periodística, durante los últimos 20 años.
El Observatorio GEMA es un colectivo integrado por profesionales de comunicación, consultoras, docentes universitarias, activistas, estudiantes y personas jubiladas de distintas edades, profesiones, orientaciones sexuales y creencias, que desarrollan su labor profesional en diversos sectores sociales, públicos y privados, nacionales e internacionales.
Solicita a medios de comunicación abordar de forma integral problema de la seguridad ciudadana
Rocío Marín González,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
En los últimos años, Costa Rica ha experimentado un aumento vertiginoso y constante de la cantidad de privados de libertad por cien mil habitantes (foto archivo ODI).
Ante la inquietud que ha causado en el ámbito nacional el anuncio de algunas medidas para atacar el hacinamiento carcelario en el país, la Comisión de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR), manifestó su apoyo a las políticas que efectúa el Ministerio de Justicia y Paz con ese objetivo.
En particular el pronunciamiento suscrito por el Dr. Javier Llobet Rodríguez, coordinador de la Maestría; el Dr. Alfredo Chirino Sánchez, decano de la Facultad de Derecho; el Dr. Erick Gatgens Gómez, Vice-decano de la Facultad de Derecho; el Dr. Álvaro Burgos Mata, el Dr. Gustavo Chan Mora, la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón y el Dr. Carlos Tiffer Sotomayor, apoya el traslado de un número de privados de libertad con perfiles no violentos, que no pertenecen a grupos organizados ni están relacionados con delitos de homicidio, sexuales ni de violencia intrafamiliar, terrorismo o secuestro entre otros y cercanos a cumplir su condena, del sistema institucional al semi-institucional, sujetos a condiciones que, de incumplirse, generarán su retorno al sistema institucional.
Los académicos hacen un llamado a la calma a la ciudadanía en general, y a los medios de comunicación en particular, para que efectúen un abordaje integral del problema de la seguridad ciudadana en el país.
Además, instan a las autoridades judiciales y policiales del país a que sean los primeros llamados a respetar el Estado de Derecho y los pronunciamientos de los tribunales y organismos internacionales a los que se ha adscrito el país, sin que se expongan criterios especulativos que generen alarma social.
Asimismo, al Poder Legislativo para que, dada la necesidad de un abordaje integral de esta temática, se privilegie la aprobación de normas que creen sanciones alternativas a la prisión para delitos no graves, se disminuyan los topes mínimos de las sanciones o se modifiquen los límites que privilegien la concesión de beneficios penitenciarios y se dote de recursos al sistema penitenciario para el cumplimiento de sus fines.
A continuación el pronunciamiento completo:
A LA COMUNIDAD NACIONAL
La Comisión de la Maestría de Ciencias Penales de la UCR
TENIENDO EN CUENTA QUE:
1.- Las universidades públicas, en cuanto conciencia lúcida de un país, deben velar porque los pueblos tengan los insumos apropiados para la reflexión, análisis y toma de posición sobre los diversos tópicos de relevancia nacional y, en ese contexto, este Programa de Posgrado tiene la obligación ética de acompañar dicho proceso en los asuntos relacionados con su plan de estudios.
2.- Costa Rica es un país democrático respetuoso, por tradición y obligación internacional, del Estado de Derecho y, como parte de las obligaciones derivadas de esa condición, se encuentra el acatamiento de las normas de instrumentos internacionales suscritos por el país y de los pronunciamientos tanto de los organismos internacionales como de los tribunales internos de la nación, los cuales tienen, como propósito último, respetar la dignidad y los derechos inherentes a todos los seres humanos (artículo 1 de la Constitución Política y numerales 26-27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados).
3.- Las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y las recomendaciones del Comité Europeo sobre los Problemas Criminales establecen que, cuando un centro penal cuenta con una ocupación superior al 20% de su capacidad, hay sobrepoblación crítica y se conceptualiza como un trato inhumano, cruel y degradante en la medida en que ese exceso de cupo lleva aparejada la violación de otros derechos humanos (a la salud, a la integridad física, etc.). En Costa Rica ese porcentaje es, a noviembre de 2015, de un 47%. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha elevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso contencioso por la violación a los derechos humanos en las cárceles costarricenses y contra el país se tramitan otras quejas por este mismo tema (cfr.: Informe 33/14, recomendación 3 en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12820FondoEs.pdf.)
4.- La Sala Constitucional, cuya jurisprudencia es vinculante para todas las autoridades y habitantes del país (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), ha ordenado, en diferentes oportunidades a lo largo del último quinquenio (vgr. votos N° 2009-1332, 2011-7361, N° 2012-2053, N° 2012-3294, N°1 2012-11765, N° 2013-12464, N° 2014-18911, N° 2015-8542, N° 2015-9450, N°2015-16435), la adopción inmediata de medidas para reducir el hacinamiento y congestión de los distintos centros penales, ante la flagrante violación de los derechos humanos que se vive en las cárceles por esa razón.
5.- Costa Rica, durante los últimos años, ha tenido un aumento vertiginoso y constante de la cantidad de privados de libertad por cien mil habitantes. En 1990 había 104 presos por cien mil habitantes, en 2009 la cifra asciende a 191 y en 2013 fue de 341. Eso ha convertido al nuestro en uno de los países con más presos por cien mil habitantes de Latinoamérica.
6.- El aumento de la cantidad de privados de libertad ha provocado un gran problema de hacinamiento carcelario que llegó este año al 52,2% y si bien ha descendido al 46,3% esto ha sido como consecuencia de las medidas del Ministerio de Justicia de reubicación de los detenidos no peligrosos.
7.- El hacinamiento carcelario implica un grave quebranto a los derechos humanos, pues provoca problemas de salud, aumento de la violencia carcelaria y tiene efectos negativos para los que están privados de libertad y para el personal penitenciario. También tiene consecuencias para la comunidad en general, en cuanto opera en sentido totalmente contrario al afán resocializador, puesto que tiene un efecto criminógeno.
8.- La cantidad de privados de libertad existente en Costa Rica y su aumento constante, torna en insostenible, financieramente, pretender una solución al problema del hacinamiento carcelario con la creación de nuevas cárceles, como proponen algunos. Incluso, países con gran poder económico, como los Estados Unidos de América, se han visto en la necesidad de aplicar medidas de liberación de presos no peligrosos, ya que presupuestariamente no han podido seguir haciendo frente a la cantidad de presos existente.
9.- Está demostrado, a través de diversas investigaciones, que no existe ninguna correlación entre el aumento de la cantidad de privados de libertad y la disminución de la delincuencia violenta, aspecto que se ha corroborado en Costa Rica pues, pese a los incrementos punitivos y de los niveles de encierro que se han experimentado en las últimas décadas, no ha disminuido, sino aumentado, la cantidad de homicidios por 100,000 habitantes.
10.- El alto índice de sobrepoblación penitenciaria se debe, entre otras causas, a que, durante las últimas décadas, se ha privilegiado el uso del Derecho Penal como mecanismo “simbólico” para la “solución” de conflictos, desatendiendo el llamado a que este sea el último recurso a usarse cuando otras áreas del Derecho hayan fallado. Además, se ha utilizado la prisión como única sanción, a pesar de que, por ser las causas del delito múltiples, las formas de reprimirlo deben ser, también, variadas.
POR TANTO INSTA:
1.- A la ciudadanía en general a que mantenga la calma ante las diferentes medidas que se están adoptado en el país para atacar el problema del hacinamiento en las prisiones, pues esta no es una liberación masiva de detenidos sino un traslado de un nivel de mayor contención a uno de menor contención que siempre lleva aparejadas obligaciones del privado de libertad y la decisión no ha obedecido a criterios arbitrarios o antojadizos, sino que responde a estándares técnicos en virtud de los cuales se ha descartado de la medida a personas violentas o relacionadas con delitos cometidos a través de organizaciones y se privilegia a quienes están prontos a cumplir la sanción. Por ello, no hay bases objetivas para un pánico colectivo ni para difundir temores infundados.
2.- A los medios de comunicación colectiva a que efectúen un abordaje integral del problema de la seguridad ciudadana en el país, que incluya una perspectiva de derechos humanos y crítica sobre el uso excesivo de la cárcel como único recurso para responder a una variada gama de delitos de diferente naturaleza.
3.- A las autoridades judiciales y policiales del país a que sean los primeros llamados a respetar el Estado de Derecho y los pronunciamientos de los tribunales y organismos internacionales a los que se ha adscrito el país, sin que se expongan criterios especulativos que generen alarma social.
4.- Al Poder Legislativo a que, dada la necesidad de un abordaje integral de esta temática, se privilegie la aprobación de normas que creen sanciones alternativas a la prisión para delitos no graves, se disminuyan los topes mínimos de las sanciones o se modifiquen los límites que privilegien la concesión de beneficios penitenciarios, así como se dote de recursos al sistema penitenciario para el cumplimiento de sus fines.
Y ACUERDA:
Manifestar su apoyo a las políticas que efectúa el Ministerio de Justicia y Paz para atacar el problema del hacinamiento carcelario, entre ellas, la de trasladar a un número de privados de libertad con perfiles no violentos, que no pertenecen a grupos organizados ni están relacionados con delitos de homicidio, sexuales ni de violencia intrafamiliar, terrorismo o secuestro entre otros y cercanos a cumplir su condena, del sistema institucional al semi-institucional, sujetos a condiciones que, de incumplirse, generarán su retorno al sistema institucional.
Dado en San José de Costa Rica, a los doce días del mes de noviembre de dos mil quince.
Prof. Dr. Javier Llobet Rodríguez
Coordinador de la Maestría
Prof. Dr. Alfredo Chirino Sánchez
Decano de la Facultad de Derecho
Prof. Dr. Erick Gatgens Gómez
Vice-decano de la Facultad de Derecho
Prof. Dr. Álvaro BurgosMata
Prof. Dr. Gustavo Chan Mora
Prof. M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón
Prof. Dr. Carlos Tiffer Sotomayor
Información tomada enviada a SURCOS Digital por Lic. Otto Salas Murillo, Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR.
“Mal habríamos hecho nosotros, si no hubiésemos destacado como uno de nuestros quehaceres en la acción social, el trabajo comunal mediante el cual una gran cantidad de estudiantes se vinculan con las distintas comunidades”, afirmó Salom (foto Rafael León).
Vicerrector habló sobre alcances y desafíos de la extensión universitaria
María del Mar Izaguirre Cedeño,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
“Hablar de acción social y de su impacto en la sociedad costarricense es casi una redundancia, esto debido a su naturaleza: vínculo universidad-sociedad”, manifestó el vicerrector de Acción Social M.Sc. Roberto Salom Echeverría durante su participación en el I Foro Institucional 2015.
La acción social es una actividad académica mediante la cual se establece el vínculo universidad sociedad de una manera dialógica y transitiva por ello la acción social procura solidariamente contribuir al desarrollo de capacidades en las comunidades con la que se relaciona, en virtud de su pertenencia, de su calidad de su carácter didáctico e innovador, procurando a la vez generar un efecto demostrativo, de la misma manera a través de este vínculo se realimenta tanto la acción social como la docencia y la investigación, expresó el M.Sc. Salom.
Agregó que la acción social solo puede tener sentido mediante la estrecha articulación entre la docencia y la investigación, actividades a partir de las cuales las unidades académicas han de formular su programa académico.
“Tenemos que ir hacia una institución que reconozca debidamente la carga académica a esta actividad en la proporción en que así lo determinen” aseveró Salom y añadió que son las unidades académicas las que deben asignar carga académica de su propio presupuesto para la realización tanto de la docencia como la investigación y la acción social, esta última es una actividad sustantiva producto de un compromiso moral de la Universidad con la comunidad.
Al respecto el Vicerrector explicó que desde 1973, la acción social es una actividad académica sustantiva que realizamos, tras el III Congreso Universitario, con la creación de la vicerrectoría, la cual surge para coordinar esta actividad y se “ha venido construyendo un andamiaje que nos ha permitido escalar a niveles más altos y de manera sólida, sin embargo hay muchos cabos sueltos y prácticas sobre las cuales debemos reflexionar” afirmó Salom Echeverría.
“La acción social o la extensión como mejor se le conoce, es el producto del manifiesto de Córdoba de 1918 y en el cual los estudiantes desarrollaron un papel protagónico y una de las exigencias fundamentales en un contexto en el que prevalecía las dictaduras en Suramérica fue el vínculo de la universidad con su sociedad a través de lo que se conoció y conoce todavía como extensión. De manera que esta así concebida como un diálogo transitivo universidad sociedad y no solo como transferencia de conocimientos es una impronta latinoamericana”, destacó el Vicerrector.
El M.Sc. Roberto Salom Echeverría, fue enfático en mencionar que la acción social está ligada a la proyección y la labor estudiantil. Este grupo de estudiantes y funcionarias de la VAS concluían su TCU en gestión del desarrollo sostenible en Bijagua (foto Rafael León).
También fue enfático al explicar que acción social no son actividades repetitivas, no implica un servicio permanente, pues nos vinculamos y seguimos con el abordaje de otros problemas en las comunidades. Acción social no es caridad y añadió que no sustituye al Estado, sino que es tener incidencia que aporte en la política pública y el desarrollo social del país.
La acción social se financia a través de los fondos ordinarios, los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior FEES y por medio del vínculo remunerado.
Como uno de los principales logros el Vicerrector resaltó que la acción social pueden ser iniciativas individuales pero fundamentalmente debería ser un grupo un programa o la reunión de varios de ellos de manera inter, multi o transdisciplinaria.
Extensión a la comunidad
En cuanto a la acción social que realizamos en la Universidad de Costa Rica, Salom Echeverría mencionó algunos aspectos como la Extensión docente, la Extensión cultural y el Trabajo Comunal Universitario (TCU).
En la actualidad, Extensión docente cuenta con 440 proyectos, 272 de educación permanente, 82 servicios y 86 TCU según datos del año 2014.
Los medios de comunicación: las Radioemisoras UCR, el Canal UCR, el Semanario Universidad y la Oficina de Divulgación son parte de la acción social que realizamos, dijo el vicerrector Roberto Salom (foto Rafael León).
Además mencionó que extensión cultural se realiza en las comunidades en el sentido antropológico de la palabra mediante el desarrollo de 99 proyectos.
Durante su alocución el Vicerrector dijo que el TCU, el cual data de 1975, surgió basado en las experiencias fructíferas de trabajos de campo, el cual concreta en una actividad que por excelencia integra los tres pilares académicos de manera horizontal por docentes estudiantes y comunidades.
En el 2014 hubo 146 proyectos en todas las sedes de la universidad, en las siete provincias y la acción de 4200 estudiantes que realizan esta actividad al año como parte de su requisito de graduación y con 983 850 horas.
Salom resaltó la labor que desde hace cinco años realizan las iniciativas estudiantiles una nueva modalidad, voluntaria con la formulaciones de fondos concursables se convoca a estudiantes a formular proyectos a cambio de ganar experiencia y surge de los trabajos comunales universitarios, y que tienen gran impacto en los estudiantes y en las comunidades.
Las iniciativas estudiantiles son un proceso pedagógico que promueve y apoya proyectos que surgen de la comunidad estudiantil y que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de algunas poblaciones mediante el desarrollo de sus capacidades. Solo en el año 2014 se desarrollaron 16 proyectos.
Por otra parte, Salom Echeverría explicó que también forman parte de la acción social los medios de comunicación de la UCR; destacó que pocas universidades en América Latina están dotadas de tres radioemisoras, un canal de televisión y un semanario. Estos medios que son fundamentales en la proyección de la labor de la UCR hacia las comunidades universitaria y nacional, tendrán en un futuro cercano que redoblar esfuerzos en su programación, debido a los avances técnicos y en especial a los procesos de digitalización.
Finalmente mencionó el quehacer de la Oficina de Divulgación e Información (ODI), la cual se encarga de proyectar la información oficial de la institución hacia diversos públicos internos y externos.
