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Etiqueta: Ministerio de Salud

Escamoteo y exclusión en salud y pensiones

M.Sc. Rodrigo Arias López
Matemático y Actuario

Costa Rica ha logrado avances significativos en seguridad social. En salud y pensiones, gracias a la creación del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Instituto Nacional de Seguros y otras instituciones, hoy contamos con indicadores sociales mejores que los de muchos otros países.

Nuestro derecho a la salud y a la vida obliga a la CCSS a dar atención médica de urgencias y hospitalización a quien la requiera, por lo cual la cobertura del seguro de salud (SS) llega al 100% de la población. Esta tasa se reduce a un 86% cuando se excluye a quienes no están asegurados, ya sea por desempleo, evasión o exclusión. En pensiones (IVM) en cambio, los valores no son tan buenos, pues la cobertura de asegurados cotizantes alcanza el 58% de la Población Económicamente Activa (PEA); 63% si se agrega a quienes cotizan en los regímenes sustitutos. Adicionando a las personas que no cotizaron en el último año; pero que ya tenían 15 o más años cotizados estimo que la cobertura en pensiones alcanza el 75% de la PEA.

Si bien estos indicadores globales lucen bastante buenos, no podemos decir lo mismo al considerar subgrupos poblacionales. Los siguientes dos ejemplos ilustran baches en salud y pensiones que hasta la fecha han sido soslayados por la CCSS y por el Estado, a pesar de que afectan a quienes más necesitan de ayuda estatal.

A los asegurados por cuenta del Estado conforme al artículo 2 de la Ley N° 5349 les niegan el derecho de recibir subsidios en caso de incapacidad temporal por enfermedad, de licencia en caso de maternidad y traslados, como si la condición de pobreza fuera sinónimo de vagabundería o desprecio. Dicha ley obliga a la CCSS a brindar “asistencia médica y hospitalaria” a estas personas; sin embargo, en el artículo 11 de su reglamento se indica que “Los «Asegurados por cuenta del Estado», tendrán derecho a todas las prestaciones que otorga el Régimen de Enfermedad y Maternidad de la Caja, con excepción de los subsidios en dinero por cualquier título y los traslados”, lo cual no está establecido en la Ley 5349.

Ilustro lo anterior con una familia en condición de extrema pobreza asegurada por el Estado en el SS, de 4 miembros y con ingreso familiar mensual de ₡200.000 o menos. En un hogar como este si el jefe o jefa de familia se enferma, la falta de asistencia económica promovida o evadida por la CCSS y por el Estado lo condena a mayor miseria, deserción estudiantil, vulnerabilidad a la enfermedad, desintegración familiar y hasta a la delincuencia. En cambio, si esta misma familia estuviera asegurada bajo otra modalidad en el SS sí recibiría asistencia económica en caso de incapacidad temporal por enfermedad o de licencia por maternidad.

En el primer caso anterior la CCSS cobra al Estado la tarifa media de las modalidades de aseguramiento contributivo (artículo 6 de la Ley N° 7374), calculada como el total de cuotas entre el total de masa salarial (ver la página 12 del informe de Auditoría Interna de la CCSS ASF-112-2017 en https://drive.google.com/file/d/1UJpsCIey8x0hJ4Mf_ujG8FqvgDkGYojr/view?usp=sharing), sin excluir el costo de los subsidios por incapacidad temporal en caso de enfermedad y de licencia por maternidad, ni los costos de traslados. Dicha tarifa es aplicada sobre la Base Mínima Contributiva del SS. Con esta actuación la CCSS presuntamente estaría incurriendo en enriquecimiento ilícito cobrando y recibiendo dineros por costos de subsidios de incapacidad temporal por enfermedad, de licencia por maternidad y de traslados que están escamoteando o no están brindando a los asegurados por el Estado.

En mi criterio lo que procede es que a estos asegurados les otorguen todos los servicios integrales de salud sin discriminación alguna, conforme a la definición de “servicios integrales de salud” promovida por la Organización Mundial de la Salud (https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care) y hasta por la propia CCSS (https://www.ccss.sa.cr/portal/cultura-organizacional), todo de conformidad con los artículos constitucionales 33, 50, 51, 74 y 177.

Como si el anterior presunto robo a cerca de 650.000 personas aseguradas por el Estado en el SS fuera poco, estos seres humanos están olvidados por el Estado en caso de las contingencias de invalidez, vejez y muerte – están excluidas de todos los regímenes de pensiones existentes en Costa Rica-, pues a pesar de que el transitorio del artículo 177 constitucional establece desde el año 1961 que “La Caja Costarricense del Seguro Social deberá realizar la universalización de los diversos seguros puestos a su cargo, incluyendo la protección familiar en el régimen de enfermedad y maternidad, en un plazo no mayor de diez años. contados a partir de la promulgación de esta reforma constitucional”, lo cierto es que ninguna ley hasta la fecha ha establecido la cobertura de dichas contingencias para ellos.

El Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) creado por la Ley N° 5662 y administrado por la CCSS (Ver http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=64032&strTipM=TC), no cubre en la práctica de manera integral a las personas aseguradas por el Estado en el SS, por las razones que señalo a continuación:

1) El RNC no es preventivo, por lo que no acumula derechos como generalmente sucede en un régimen de pensiones.

2) En el RNC las pensiones por vejez se asignan si al llegar a la edad de 65 años la persona se encuentra en condición de pobreza o de extrema pobreza, no tiene derecho a pensión en otro régimen de pensiones y el Estado asigna los recursos.

3) Las pensiones del RNC no son heredables en caso de muerte, dejando en desamparo al núcleo familiar del pensionado ante dicha contingencia.

4) El RNC no ofrece garantía de protección a todos los adultos mayores en condición de pobreza o pobreza extrema. Según datos de la encuesta que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en nuestro país hay cerca de 18.500 personas adultas mayores en extrema pobreza que no están cubiertas por el RNC y otras 35.500 personas adultas mayores en condición de pobreza que tampoco reciben protección del RNC.

5) El monto de la pensión mensual del RNC de ₡82.000 es sumamente bajo, por lo que no cumple con los objetivos mínimos de bienestar y seguridad social. Según datos del INEC, unos 10.000 pensionados del RNC viven en condición de extrema pobreza y otros 44.000 pensionados del RNC permanecen en condición de pobreza.

6) Datos de la misma fuente indican que hay 132.000 personas adultas mayores no pobres y no asalariadas que no están pensionadas por ningún régimen nacional de pensiones. Es probable que muchas de ellas hayan vivido en condición de extrema pobreza o de pobreza durante un período de tiempo y salieron de esa condición demasiado tarde como para acumular derecho a una pensión de un régimen contributivo de pensiones.

7) El 31,5% (51.500 casos) de las pensiones de vejez de IVM son pensiones mínimas de ₡137.000 mensuales, lo cual en mi opinión es una calamidad. Según datos del INEC 51.000 pensionados de IVM viven en condición de pobreza o de extrema pobreza; 37.000 de ellos son adultos mayores. Muchos de estos pensionados reciben montos mínimos de pensión porque la condición de pobreza o de extrema pobreza no les permitió aportar suficientes cuotas, ni cotizar sobre salarios adecuados y además porque el Estado los excluyó de la cobertura de pensión cuando estaban activos y en pobreza, como sucede hoy.

En mi opinión las personas cubiertas en el SS de conformidad con el artículo 2 de la Ley 5349 también deben estar cubiertas por un régimen de pensiones, para lo cual se debería crear una ley que lo instaure y regule y le asigne los recursos necesarios de conformidad con el artículo 177 constitucional y su transitorio.

Sin embargo, parece que en esta materia a nivel político las cosas van hacia otro rumbo, pues el Estado más bien desfinancia al RNC y a otros programas de ayuda a los más necesitados (https://semanariouniversidad.com/pais/los-fondos-para-los-pobres-son-sacrificados/). Paradójicamente existen sindicalistas angurrientos de poca conciencia social que sugieren quitarle recursos a los pobres para trasladarlos a IVM (https://www.ande.cr/noticia/R2UnQ8XpJ0D0). Esta maquiavélica sugerencia ya tuvo eco en la Superitendencia de Pensiones (https://semanariouniversidad.com/pais/plantean-que-recursos-de-programas-sociales-se-trasladen-a-pensiones-de-la-caja/). Recemos para que este eco de más miseria no llegue al Fondo Monetario Internacional.

BUSSCO: ¿Tráfico de influencias del gobierno en aplicación de vacuna covid-19?

SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa:

¿Tráfico de influencias del gobierno en       aplicación de vacuna covid-19?

El Presidente de la República y el gobierno no debe tener la potestad de resolver si se vacuna o no a los diputados. Esta decisión les compete a las instituciones especializadas en la materia, como son el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Sin embargo, podrían existir intentos de violar las autonomías, permitir el tráfico de influencias o favorecimientos debido a vínculos políticos en ambas instituciones. Todo puede pasar en el nombre de la «democracia neoliberal».

En la Caja, el Ministerio de Salud y otras entidades hay miles de trabajadores que no han sido vacunados, a pesar de estar en la primera línea de atención de los enfermos por COVID-19.

«Ha fallecido personal especialista y calificado en la Caja y miles de contagiados e incapacidades por coronavirus, con la subsiguiente perdida de salarios y vacaciones de los trabajadores», detalló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

Lamentablemente hemos perdido a más de 2.000 ciudadanos a causa de la enfermedad, pero estos valerosos trabajadores del sector salud han salvado miles de vidas humanas y han evitado una mayor catástrofe, como se ha dado en otras naciones del inundo.

Vacunar a la clase política empresarial, antes que a los trabajadores de la primera línea es un acto siniestro, debería n tratar de arreglar las acciones que han llevado a nuestro país al borde de una debacle económica. Es hora de pasarles la factura.

Para más detalle comunicarse con Luis Chavarría, secretario general de UNDECA al 8367-2737.

Tomado del sitio web de UNDECA.

 

Imagen destacada tomada del Blog de Salmon.

Colegio Indígena Yímba Cájc organizó una lucida graduación

Este lunes 21 de diciembre a las 3pm se realizó la graduación número 10 del Colegio Indígena Yímba Cájc, desde su fundación.

A pesar de haber sido un curso lectivo totalmente atípico, esta institución educativa lo culminó de una manera espectacular, decorando un entorno de graduación colorido, alegre y contextualmente armonioso.

El proceso de los preparativos implicó un despliegue logístico impresionante, en donde, el personal docente y administrativo del colegio, apoyados por los colaboradores locales de Pronae, hicieron del entorno natural, un espacio propicio para recibir y galardonar a sus 26 estudiantes que aprobaron el noveno año, así como los 9 graduandos de bachillerato.

Siguiendo al pie de la letra los protocolos y lineamientos sanitarios emitidos por el Ministerio de Salud ante la actual pandemia, los estudiantes desfilaron uno a uno, henchidos de orgullo a recibir su título que culmina de manera exitosa su curso lectivo 2020.

Aparte de la extraordinaria decoración que realizó la institución para este importante evento, es valioso resaltar las estrictas medidas sanitarias que se implementaron antes, durante y después de la actividad de graduación.

El Colegio Indígena Yímba Cájc, agradece de manera pública y atenta, todas las muestras de apoyo recibidas a nivel institucional para llevar adelante este curso lectivo que recién culmina.

Extiende su gratitud a los padres de familia y a la comunidad en general por su colaboración al personal docente que a lo largo del año trabajaron a distancia con sus estudiantes.

Les desea a todos (as), una feliz navidad responsable y un año nuevo 2021 lleno de positivismo, metas y un mejor porvenir.

Texto: Uriel Rojas R.
Fotografía: Leda Rojas L.

SINAE: Se debe intervenir el Hospital Escalante Pradilla

Por incumplir lineamientos de bioseguridad y exponer a trabajadores y usuarios

El Secretario General del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE AFINES), Lenín Hernández Navas denunció, este viernes, que en el Hospital Escalante Pradilla los trabajadores de la Unidad COVID-19 reutilizan respiradores N-95 que se guardan en cajas ubicadas en el suelo rompiendo con todas las normas de asepsia. Además cuestionó el que se ubique material bioinfeccioso en áreas de atención de pacientes violando los lineamientos que establecen identificar las áreas específicas para este tipo de material altamente contaminante.

“Estamos en una situación precaria y con un escenario dantesco que tiene que ver con dos situaciones; una es externa, como el hecho de que de las 37 muertes por COVID-19 del cantón 22 ocurrieron en diciembre, y por lo cual, se cambió la alerta de amarilla a anaranjada. Lo otro tiene que ver directamente con lo que está ocurriendo en el hospital, y es muy grave, porque tenemos dos salones que están prácticamente clausurados, y cerca de 150 funcionarios, que están positivo”, informó Hernández Navas.

De acuerdo con el representante sindical el dato oficial que se reportó de contagiados al 15 de diciembre, fue de 50 funcionarios, sin embargo, SINAE AFINES maneja que sería 150 debido a que muchos están en condición positiva pero asintomáticos.

Otra de las preocupaciones que externó el líder sindical es que la falta de Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado esté incidiendo en el crecimiento exponencial de contagios dentro del centro médico, y que en estos momentos, sea el personal nuevo el que aborde áreas tan importantes como cuidados intensivos.

SINAE AFINES pidió en agosto pasado al Ministerio de Salud indicar cuáles eran los lineamientos para efectos de reprocesar los respiradores y monogafas y se indicó que la CCSS no estaría realizando este proceso, sin embargo, en el Hospital Escalante Pradilla las monogafas se guardan en una bolsa plástica con una solución para esterilizarlas, lo cual viola lo establecido por el Ministerio de Salud, porque solo autorizó el uso extendido y la reutilización de los respiradores filtrantes de partículas N-95 o su equivalente.

Reprocesamiento, uso extendido y reutilización

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el reprocesamiento se entiende como el proceso de descontaminar un respirador con métodos de desinfección o esterilización. Según las autoridades de la CCSS el uso alternativo de desinfección profunda no se propone como método, sino solo, el uso extendido, y la reutilización.

Por otra parte el uso extendido se refiere a la práctica de usar el mismo respirador para múltiples encuentros con pacientes, pero quitándoselo después de cada encuentro, mientras que la reutilización, tiene que ver con la práctica de usar el mismo respirador para varios encuentros con pacientes, quitárselo y almacenarlo y para luego usarlo en otro paciente.

SINAE AFINES

Cultura indígena Brorán celebrará su danza ancestral

Uriel Rojas R.

La Danza del Toro y la Mula es una antigua tradición que se celebra en la comunidad indígena de Térraba de Buenos Aires, del 24 al 02 de enero.

Su origen data de fechas inmemoriales y a pesar de los embates propios de la modernidad es una tradición que se fortalece, encarnándose en las actuales generaciones que levantan su voz para resaltar su orgullo ancestral.

Su realización es un espacio que construye la comunidad para reafirmar el compromiso colectivo con su identidad cultural, la defensa de sus valores, territorialidad y visión cosmogónica. Es una manera de revitalizar su identidad de pueblo que comparte una cultura en común.

De acuerdo a Elides Rivera, líder femenina de la comunidad indígena de Térraba, “esta tradición es muy importante porque permite transmitir la esencia de la cultura, a través de la espiritualidad y cosmogonía de los mayores para la preservación de la humanidad y la vida, manteniendo el vínculo entre el hombre y la naturaleza”, resaltó Rivera.

Esta tradición inicia este 24 de diciembre y se extiende hasta el 02 de enero del año nuevo, con la particularidad que solo se juega en horas de la noche.

Según Asdrúbal Rivera, miembro de la Comisión Organizadora, “los broranes danzan para el deleite de los grandes espíritus, para sanar el pueblo, para limpiar sus cuerpos, danzan con gente o sin gente y danzan de noche para los grandes espíritus”.

La Danza del Toro y la Mula, que en idioma local se llama Sögra Cuomgrá, es una tradición anual que busca revitalizar los valores culturales de la cultura brorán, honrando en la praxis la memoria de sus antepasados.

De acuerdo a sus organizadores, es una actividad que toma con rigurosidad los lineamientos y protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, para evitar concentraciones masivas y conductas que pudiesen facilitar el contagio del Covid-19, por lo que reiteran su llamado a ser consciente con los compromisos de cuidar sobre todas las cosas, la salud de la comunidad en general.

El poblado de Térraba se ubica 20 km al Norte de Buenos Aires de Puntarenas.

Para más detalles queda a su disposición el 8419 0156.

 

Fotografías: Facebook de Sögra Cuomgrá

Sindicatos denuncian riesgo entre personal

Ministerio de Salud “acomoda” decreto para justificar reutilización de respiradores

CCSS no admite desabastecimiento de insumos

El Ministerio de Salud emitió, el pasado 12 de octubre, un decreto cuya finalidad es justificar legalmente la directriz que dio la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el 17 de setiembre para reutilizar los respiradores N95 o sus similares.

Así lo consignó el enfermero profesional y coordinador del Programa de Educación Continua, Jorge Ugalde, quien emplazó, la tarde de este viernes, a las autoridades de salud en una reunión que sostuvieron siete sindicatos del sector con la CCSS y autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

SINAE AFINES defendió la tesis de que el lineamiento emitido por el presidente de la institución Román Macaya carecía de legalidad, puesto el Manual de Bioseguridad para establecimientos de salud afines establece que todo el Equipo de Protección Personal descartable debe ser de un solo uso. Por lo anterior obligar a los funcionarios de salud reutilizar sus respiradores carece de legalidad.

Por otra parte SINAE AFINES cuestionó los argumentos técnicos que las autoridades la CCSS como el Ministerio de Salud  defienden en el sentido de que otros país aplican la reutilización de los insumos y que tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS), como  la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) y el Centro de Control de Enfermedades de Europa (ECDC), sugieren en casos extremos el reúso de los insumos de protección personal.

El profesional en Enfermería indicó que esos organismos a que se refieren la CCCSS y el MS también hablan de las condiciones de reprocesamiento que debería haber en los centros de salud para garantizar que los insumos no se conviertan en focos de infección para el personal de salud.

“Lo malo de todo esto es que la CCSS y Salud cambian lineamientos y hasta un manual de bioseguridad para justificar la reutilización de los equipos sin garantizar la seguridad de quienes están en la primera línea de la pandemia. No hay explicaciones y pareciera que imperan interés políticos o económicos”, subrayó el profesional en Enfermería.

PRENSA
SINAE AFINES
34–2020

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Por una democracia directa y participativa

Por
Arnoldo Mora Rodríguez

No pocos analistas en el ámbito mundial tipifican la situación actual como un estado de guerra, no declarada pero real en sus dramáticas consecuencias, ya que posee todas las características de tal; las constituciones política de inspiración ideológicas liberales se han visto superadas por las circunstancias excepcionales que genera esta pandemia planetaria; vivimos en un estado de excepción; en tales circunstancias, Santo Tomás de Aquino afirmaba que la normalidad ética se rompe en aras de mantener el valor fundamental que sustenta la ley natural, cual es el de preservar la vida como valor absoluto. En ese sentido y en forma general, las medidas adoptadas por el gobierno actual a través del Ministerio de Salud y de las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social, están haciendo lo correcto; su liderazgo ha sido con razón y justicia reconocido por la opinión pública nacional e internacional; los funcionarios de esos organismos estatales, lo mismo los de la Comisión Nacional de Emergencias, se han comportado heroicamente; la historia les reservará un lugar de honor. De igual manera, merece destacarse la labor pionera, en el campo de la investigación, emprendida por los(as) científicos(as) de las universidades públicas. El apoyo a la investigación científica de primera línea y al servicio de los mejores valores de la sociedad, constituye el único camino de que dispone la humanidad para lograr sobrevivir; no podemos pensar siquiera en la sobrevivencia de la especie humana, que superar actualmente los 7 mil millones, si no damos prioridad en las políticas y recursos presupuestarios a la investigación científica del más alto nivel; en nuestro caso, la calidad intelectual y ética del personal de nuestras universidades está demostrando con creces que los recursos invertidos en ese campo no son un gasto sino una inversión; aún más, deben verse como un derecho fundamental de nuestro pueblo, porque en ello está en juego la sobrevivencia de las generaciones actuales y futuras.

 En donde el actual gobierno parece desbarrar es en sus políticas económicas con directa incidencia en las políticas sociales. Desde sus inicios, el presidente Carlos Alvarado se ha mostrado carente de liderazgo; su retórica suena vacía, por no decir demagógica, proclive a los sectores oligárquicos, los que han impuesto su línea política en defensa de sus intereses de clase; para lo cual, cosa inaudita en nuestra historia política, tienen su vocero oficial en el seno mismo del consejo de gobierno: André Garnier es el poder detrás del trono. Todo lo cual no es más que la férrea aplicación del compromiso adquirido por el entonces candidato Carlos Alvarado ante Edna Camacho, quien lo amenazó con hacerlo perder las elecciones en segunda vuelta si no aceptaba, como punto de partida de su gobierno, lograr que el Congreso aprobara el paquete de impuestos antipopulares del IVA. Durante la campaña, Carlos Alvarado le ocultó al pueblo la verdad, pues habló de impuestos, pero demagógicamente no detalló de cuáles, consciente de que, si el pueblo se hubiese enterado de lo que se trataba, lo hubiesen rechazado masivamente. En ese contexto, a la mayoría de los ciudadanos no les quedó otra alternativa que escoger entre un candidato malo y otro peor.

La clase política costarricense está totalmente desprestigiada, como lo prueba el poco o nulo valor en que la gente tiene a los diputados. Vivimos en un régimen que dejó de ser centralizado y presidencialista para convertirse en uno semiparlamentario; de ahí el creciente protagonismo que los gobiernos locales están logrando; de hecho, un grupo significativo de alcaldes ha protagonizado una especie de huelga en contra del gobierno…¡y la han ganado ampliamente!; las elecciones de medio período, es decir, la separación entre la elección del gobierno central y el local, constituye un avance democrático, pero no suficiente; por lo que considero que la única manera de darle viabilidad a nuestro inestimable régimen democrático es que, desde las organizaciones de base en las comunidades, surjan aquellos liderazgos que hayan mostrado ser honestos y eficientes. Es necesario ir construyendo una democracia directa y participativa, de modo que la voz del pueblo sea escuchada. De esta manera, la crisis actual será vista por la historia como el salto hacia nuestra plena madurez como pueblo soberano.

COVID: nuestra crisis

Manuel Delgado

Los 300 casos nuevos diarios que estamos teniendo es una muestra del fracaso de la gestión que nuestros gobernantes están haciendo de la pandemia.

La política del gobierno ha fracaso porque precisamente este decidió no tener política y dejar la pandemia en manos de las empresas, en manos del capital. Son las empresas las que deciden qué se hace, dónde se hace y cuándo se hace. Veníamos orgullosamente bien, pero de pronto el ministro Salas, a quien todos queremos, se quedó solo, limitándose a leer la cada vez más triste estadística diaria, sometido al capital, con las orejas bajas.

Siento que aquí, en mi país, la respuesta a la pandemia es muy similar a la de Brasil o Estados Unidos: laissez faire, laissez passer, que todo irá de la mano de dios. Para citar solo un ejemplo, son tristemente ridículas las decisiones en torno al uso de las mascarillas. Ellas son obligatorias en Europa desde hace meses e incluso en algunos estados de Estados Unidos desde hace semanas. Pero aquí apenas el viernes pasado se les declaró obligatorias y solo en lugares cerrados. La mascarilla es un instrumento básico en la lucha contra el virus, pero es además un símbolo. Trump y Bolsonaro las han combatido precisamente como instrumento de su política de no hacer nada y dejar libre a los dueños del capital. Parece que lo mismo pasa en Costa Rica.

Es curioso que muchas personas, especialmente las más proclives al partido de gobierno, insisten en que la incidencia (cantidad infectados por población) carece de relevancia, y que lo importante es la letalidad (muertos por número de enfermos). Creo que esa es una apreciación falsa.  La letalidad es baja allí donde la incidencia es baja. No es lo mismo ingresar al CEACO junto a otros tres pacientes y tener todos los recursos técnicos y humanos a tener que hacer fila sentado en una banca uno o dos días en un hospital saturado, esperando que alguien deje libre un respirador, como ha ocurrido en otros países. Ahora tenemos solo (¡solo!) 25 muertos, pero si la incidencia continúa subiendo vamos a tener 250 o 500 fallecidos. Una de las razones es que la alta incidencia la que va a colapsar el sistema de salud.

Es hora de un cambio. No, no de gobierno. Claro que urge un cambio de gobierno, pero eso no se puede todavía. Lo que quise decir es que urge un cambio de político, cuyo primer paso debe ser diseñar una política.

Ciudadanos, necesitamos la voz de todos. Al diablo el miedo. Es hora de levantar nuestra voz.

Ante el Coronavirus, ¿la bolsa o la vida?, o ¿la sedición política?

Vladimir de la Cruz

Cuando la Revolución Rusa, recién triunfada en noviembre de 1917, puso fin a su participación en la I Guerra Mundial, inició un proceso de negociaciones para logar la Paz, desde noviembre de 1917 hasta que firmó, el 3 de marzo de 1918, el Tratado Brest Litovsk, con el Imperio Austro Húngaro, con el Imperio Otomano y con Bulgaria, en la ciudad hoy bielorusa de Brest Litovsk, con el cual perdió muchos territorios que le pertenecían, o sobre los que ejercía dominio.

Lenin, el gran dirigente soviético, entendía que la Paz era esencial para la consolidación de la Revolución. Esta Paz lograda empezó Lenin a negociarla a los pocos días de triunfada la Revolución, ofreciendo la paz a los alemanes el 26 de noviembre de 1917.

Rusia perdió, principalmente, con la firma del Tratado el control de Finlandia, Polonia, Estonia, Livonia, Curlandia, Lituania, Ucrania y Besarabia y los territorios de Ardahan, Kars y Batumi.

Entre los dirigentes soviéticos que estuvieron a cargo de la negociación del Tratado de Brest Litovsk estaba León Trotski, que en ese momento era el Comisario de Relaciones Exteriores de la joven Revolución Rusa, y uno de sus grandes dirigentes, que estaba de acuerdo, y seguía las instrucciones de Lenin, de que era necesario esa firma para asegurar el triunfo de la Revolución.

La estabilidad lograda era lo que iba a ser la base para la preparación de los primeros años de la Revolución, de su consolidación inicial, de la gestación de la Unión Soviética poco tiempo después, y de la preparación para la dura guerra civil interna que le siguió.

Los primeros tres decretos de Lenin fueron el de la Paz, el del Pan y el de la Tierra. Eran tres elementos estratégicos que habían contribuido al triunfo revolucionario bolchevique.

Lenin fue enfrentado por algunos dirigentes y críticos por el acuerdo logrado. Su respuesta fue sencilla. Dijo: si uno va por una calle y le aparece un ladrón que, asaltándolo, a mano armada, le dice “la bolsa o la vida”, ¿qué se debe hacer? Y, él mismo respondió: entregar la bolsa, porque con la vida se puede volver a recuperar la bolsa.

Hago esta rememoración de este evento tan crucial para la entonces Revolución Rusa, como para la nueva época que surgía, a partir de entonces, para valorar la situación que tenemos de enfrentamiento de la pandemia del Coronavirus, o COVID-19, que ha socavado las bases económicas de las relaciones internacionales y que ha provocado inmensos daños en la economía mundial, y local de las diferentes naciones, de las cuales no escapamos en Costa Rica.

Esta Pandemia ha obligado a tomar medidas extremas de cuidar la población, al menos en países como el nuestro, asediada sigilosamente por el Coronavirus, que amenaza con expandirse de una manera exponencial, e impredecible, con el impacto que eso tiene en la estructura productiva de cada país, que ha paralizado muchas ramas de la economía, la producción, el comercio y los transportes…

Semanas enfrentamos de esta situación. Muchos países no están preparados en sus instalaciones sanitarias, hospitalarias, y de seguridad social, para atender enfermos y realizar exámenes masivos a la población, otros con alguna, pero deficiente infraestructura de esta naturaleza y, pocos, como Costa Rica, que si lo estamos, con un sistema de seguridad social, hospitalario, y de políticas de salud pública, que ha permitido hasta hoy un buen control de la expansión del virus sobre la población nacional, pero que no ha logrado activar los niveles de la producción y de la actividad económica al momento antes de la pandemia, como quisieran los empresarios, los comerciantes y diversos productores, y como quisiéramos todos los costarricenses.

Hasta hoy no ha habido carencia grave de productos agrícolas ni de primera necesidad para los ciudadanos, que genere una hambruna nacional. Procesos básicos productivos se han mantenido, especialmente en área de alimentos. Ciertamente hay limitaciones impuestas por la reducción de jornadas de trabajo y la reducción de salarios e ingresos por ellas ocasionados, por el despido de trabajadores de empresas, por el subempleo y el empleo informal a que se ha sometido una parte de la población. Tal vez todavía no tengamos conocimiento con mayor certeza del impacto social hasta ahora provocado por la pandemia en el país, pero pareciera que hasta hoy se ha impedido que esta situación explote en todos los sentidos.

Las políticas públicas, hasta hoy en ejecución, han logrado poner de relieve la vida de los ciudadanos costarricenses, y de los habitantes del territorio nacional, y de los extranjeros que viven y trabajan con nosotros.

Es cierto también que los empresarios, comerciantes y algunos productores pegan gritos en los cielos por los cierres impuestos a última hora, por las medidas tomadas con motivo de la explosión del crecimiento de enfermos detectados, que no bajan del promedio de 60 personas diarias en la última semana, con una amenaza de que ellos repercutan a razón de 10 por cada enfermo si no se toman las precauciones del caso.

Lo más violento de esta situación se ha dado en estos últimos días, cuando en las regiones agrícolas del norte, especialmente, se ha detectado más de 30 empresas que violando sistemas de contratación laboral emplean personas ilegales en el país, con un estatus migratorio irregular, sin pago y cubrimiento del Seguro Social, haciéndolos vivir en condiciones muy precarias, que los pone en alto riesgo de enfermarse, o de multiplicar más fácilmente su condición de trasmisores del coronavirus, si han llegado enfermos a esos trabajos, o han adquirido la enfermedad en el país.

La violencia de los empresarios irresponsables ha llegado casi al límite de la sedición política, al anunciar públicamente que no aceptarán ni acatarán las disposiciones del Gobierno y del Ministerio de Salud, en las medidas restrictivas que se han vuelto a poner o establecer.

En Costa Rica la Ley se respeta. Este pronunciamiento es inaceptable desde todo punto de vista. Hasta ahora ningún partido político, ni los diputados en la Asamblea Legislativa, ha levantado la voz sobre este llamamiento sedicioso y peligroso para la salud pública, la salud de todos los ciudadanos y la propia estabilidad democrática.

Lo que tenemos que tener claro es que el Gobierno de la República, sus autoridades de Salud, de Seguridad Social, de Seguridad Pública, de Migración y Extranjería, de la Comisión Nacional de Emergencias y de Comercio Exterior, que han estado al frente de la conducción de esta situación, han hecho, y hacen, lo posible por normalizar la situación económica, comercial y productiva del país, pero sobre todo han puesto en primer lugar la vida de los costarricenses, en medio de las dificultades económicas que afrontamos como país.

El dilema de ¿la bolsa o la vida? se ha ido resolviendo a favor de la vida de los costarricenses, porque sin la vida de los costarricenses, sin la buena salud de los costarricenses, sin las buenas condiciones de vida y de salud de los trabajadores no va a ser posible activar la producción ni la economía.

Habrá empresarios que no les importará la vida de un trabajador si pueden contratar a otro por hambre, a bajos salarios, al margen de la seguridad social y de la protección social existente en el país, fácilmente sustituible por otro, en iguales o peores condiciones, cuyo círculo de la muerte solo terminará con la muerte misma de esos empresarios, por la enfermedad que les pueda alcanzar o por rebeliones sociales que no puedan evitar…

Las fuerzas patrióticas, las fuerzas sociales ciudadanas, las fuerzas populares conscientes de esta situación deben apoyar las políticas públicas que se impulsan para frenar la pandemia, para asegurar en el plazo más breve posible poder volver a la normalidad, llámese “nueva normalidad”, “normalidad anterior al coronavirus”, o como la queramos llamar, cuyo eje fundamental descanse en lograr el menor número de enfermos y contagiados del coronavirus, la mayor y mejor salud posible de todos los costarricenses y habitantes de la República, la que garantiza la mejor incorporación de la fuerza de trabajo para poder activar de nuevo la economía nacional, y recuperar, hasta donde sea posible, el “tiempo perdido” en las empresas y actividades económicas que más han sufrido esta situación, y para poder salir adelante como nación, como pueblo, como país, bajo el manto protector de la Gran Bandera Nacional.

Y, en este esfuerzo, hay que estar atentos a los intentos debilitadores, desestabilizadores y sediciosos, de quienes anteponiendo sus intereses económicos particulares, en esta pandemia, amenazan, en el fondo, a todo el sistema democrático nacional, y hay que impedir, ante estas posturas casi golpistas, que populistas de cualquier signo, aprovechando el natural malestar que causa el encierro obligado y la paralización de actividades sociales, puedan poner en peligro la estabilidad política nacional, las libertades públicas y el propio régimen democrático.

El Martillo y la Danza en clave de la UCCAEP

Marcos Chinchilla Montes

La conferencia de prensa del día de hoy fue realmente triste, vergonzosa e indignante. Uno más de los nefastos capítulos del PAC y que dejan muy en claro la debilidad de la administración Alvarado.

Finalmente, el gobierno le entregó a la UCCAEP una parte del manejo de la crisis derivada de la pandemia; golpearon la mesa, y con servilismo el señor presidente estuvo anuente. Estamos claros que en política hay que negociar, pero lo de hoy demuestra el poder y capacidad que la UCCAEP tiene para imponerse.

Cuando Alvarado hace alusión a la estrategia del baile y el martillo (el original se titula “Coronavirus: El Martillo y la Danza” de Tomás Pueyo, 2020) cae en un error garrafal, pues ese Martillo es imposible de aceptar para la UCCAEP, la cual quiere una apertura inmediata de toda la actividad productiva; indiferentemente de los efectos del COVID-19 en la salud de la población, y en la misma institucionalidad pública. La Danza no existe para la UCCAEP, es un momento inaceptable, pues además de trastocar sus intereses económicos, afecta su hegemonía actual.

En la misma conferencia de prensa, la vocera del capital, la abanderada neoliberal, nuestra flamante Ministra de Planificación, nos regala dos perlas sin disimulo alguno.

La primera, hacer un reconocimiento tácito al respeto a la vida y el respeto a la salud, pero sin dejar de lado que la salud productiva del modelo económico tiene que mantenerse.

Y la segunda, toda una joya de la negociación política y la torcedura de brazos -casi quebradura-, la creación de un “grupo de trabajo económico-sanitario” (nótese la preeminencia de lo económico), así como la coordinación extraordinaria para llegar a entendimientos entre el gobierno y los empresarios. La UCCAEP no está dispuesta a ninguna desviación que afecte sus intereses de clase; aun así, el Ministerio de Salud dispuso alerta naranja para Corredores, aunque quizás este no sea un cantón económicamente muy relevante.

Precisamente medidas irresponsables con la salud como las que propone la UCCAEP han generado una enorme debacle humana y económica en aquellos países donde el empresariado ha definido la direccionalidad de la política pública en materia de atención de la pandemia. Por solo mencionar algunos casos, Trump, Bolsonaro y Piñera se negaron de manera contundente a implementar cuarentenas en el momento del Martillo, y ahí tenemos las consecuencias: 2,302,288, 1,145,906, y 250,767 personas contagiadas, con 121,117, 52,645 y 4.731 personas fallecidas respectivamente al día de ayer.

Para la UCCAEP, la Danza la deben de bailar las personas muertas; no sin antes pasar por sus hospitales, farmacias y féretros. Su martillo no es el que propone Tomas Pueyo, es el de la barbarie.