Ir al contenido principal

Etiqueta: Ministerio de Salud

Ante el Coronavirus, ¿la bolsa o la vida?, o ¿la sedición política?

Vladimir de la Cruz

Cuando la Revolución Rusa, recién triunfada en noviembre de 1917, puso fin a su participación en la I Guerra Mundial, inició un proceso de negociaciones para logar la Paz, desde noviembre de 1917 hasta que firmó, el 3 de marzo de 1918, el Tratado Brest Litovsk, con el Imperio Austro Húngaro, con el Imperio Otomano y con Bulgaria, en la ciudad hoy bielorusa de Brest Litovsk, con el cual perdió muchos territorios que le pertenecían, o sobre los que ejercía dominio.

Lenin, el gran dirigente soviético, entendía que la Paz era esencial para la consolidación de la Revolución. Esta Paz lograda empezó Lenin a negociarla a los pocos días de triunfada la Revolución, ofreciendo la paz a los alemanes el 26 de noviembre de 1917.

Rusia perdió, principalmente, con la firma del Tratado el control de Finlandia, Polonia, Estonia, Livonia, Curlandia, Lituania, Ucrania y Besarabia y los territorios de Ardahan, Kars y Batumi.

Entre los dirigentes soviéticos que estuvieron a cargo de la negociación del Tratado de Brest Litovsk estaba León Trotski, que en ese momento era el Comisario de Relaciones Exteriores de la joven Revolución Rusa, y uno de sus grandes dirigentes, que estaba de acuerdo, y seguía las instrucciones de Lenin, de que era necesario esa firma para asegurar el triunfo de la Revolución.

La estabilidad lograda era lo que iba a ser la base para la preparación de los primeros años de la Revolución, de su consolidación inicial, de la gestación de la Unión Soviética poco tiempo después, y de la preparación para la dura guerra civil interna que le siguió.

Los primeros tres decretos de Lenin fueron el de la Paz, el del Pan y el de la Tierra. Eran tres elementos estratégicos que habían contribuido al triunfo revolucionario bolchevique.

Lenin fue enfrentado por algunos dirigentes y críticos por el acuerdo logrado. Su respuesta fue sencilla. Dijo: si uno va por una calle y le aparece un ladrón que, asaltándolo, a mano armada, le dice “la bolsa o la vida”, ¿qué se debe hacer? Y, él mismo respondió: entregar la bolsa, porque con la vida se puede volver a recuperar la bolsa.

Hago esta rememoración de este evento tan crucial para la entonces Revolución Rusa, como para la nueva época que surgía, a partir de entonces, para valorar la situación que tenemos de enfrentamiento de la pandemia del Coronavirus, o COVID-19, que ha socavado las bases económicas de las relaciones internacionales y que ha provocado inmensos daños en la economía mundial, y local de las diferentes naciones, de las cuales no escapamos en Costa Rica.

Esta Pandemia ha obligado a tomar medidas extremas de cuidar la población, al menos en países como el nuestro, asediada sigilosamente por el Coronavirus, que amenaza con expandirse de una manera exponencial, e impredecible, con el impacto que eso tiene en la estructura productiva de cada país, que ha paralizado muchas ramas de la economía, la producción, el comercio y los transportes…

Semanas enfrentamos de esta situación. Muchos países no están preparados en sus instalaciones sanitarias, hospitalarias, y de seguridad social, para atender enfermos y realizar exámenes masivos a la población, otros con alguna, pero deficiente infraestructura de esta naturaleza y, pocos, como Costa Rica, que si lo estamos, con un sistema de seguridad social, hospitalario, y de políticas de salud pública, que ha permitido hasta hoy un buen control de la expansión del virus sobre la población nacional, pero que no ha logrado activar los niveles de la producción y de la actividad económica al momento antes de la pandemia, como quisieran los empresarios, los comerciantes y diversos productores, y como quisiéramos todos los costarricenses.

Hasta hoy no ha habido carencia grave de productos agrícolas ni de primera necesidad para los ciudadanos, que genere una hambruna nacional. Procesos básicos productivos se han mantenido, especialmente en área de alimentos. Ciertamente hay limitaciones impuestas por la reducción de jornadas de trabajo y la reducción de salarios e ingresos por ellas ocasionados, por el despido de trabajadores de empresas, por el subempleo y el empleo informal a que se ha sometido una parte de la población. Tal vez todavía no tengamos conocimiento con mayor certeza del impacto social hasta ahora provocado por la pandemia en el país, pero pareciera que hasta hoy se ha impedido que esta situación explote en todos los sentidos.

Las políticas públicas, hasta hoy en ejecución, han logrado poner de relieve la vida de los ciudadanos costarricenses, y de los habitantes del territorio nacional, y de los extranjeros que viven y trabajan con nosotros.

Es cierto también que los empresarios, comerciantes y algunos productores pegan gritos en los cielos por los cierres impuestos a última hora, por las medidas tomadas con motivo de la explosión del crecimiento de enfermos detectados, que no bajan del promedio de 60 personas diarias en la última semana, con una amenaza de que ellos repercutan a razón de 10 por cada enfermo si no se toman las precauciones del caso.

Lo más violento de esta situación se ha dado en estos últimos días, cuando en las regiones agrícolas del norte, especialmente, se ha detectado más de 30 empresas que violando sistemas de contratación laboral emplean personas ilegales en el país, con un estatus migratorio irregular, sin pago y cubrimiento del Seguro Social, haciéndolos vivir en condiciones muy precarias, que los pone en alto riesgo de enfermarse, o de multiplicar más fácilmente su condición de trasmisores del coronavirus, si han llegado enfermos a esos trabajos, o han adquirido la enfermedad en el país.

La violencia de los empresarios irresponsables ha llegado casi al límite de la sedición política, al anunciar públicamente que no aceptarán ni acatarán las disposiciones del Gobierno y del Ministerio de Salud, en las medidas restrictivas que se han vuelto a poner o establecer.

En Costa Rica la Ley se respeta. Este pronunciamiento es inaceptable desde todo punto de vista. Hasta ahora ningún partido político, ni los diputados en la Asamblea Legislativa, ha levantado la voz sobre este llamamiento sedicioso y peligroso para la salud pública, la salud de todos los ciudadanos y la propia estabilidad democrática.

Lo que tenemos que tener claro es que el Gobierno de la República, sus autoridades de Salud, de Seguridad Social, de Seguridad Pública, de Migración y Extranjería, de la Comisión Nacional de Emergencias y de Comercio Exterior, que han estado al frente de la conducción de esta situación, han hecho, y hacen, lo posible por normalizar la situación económica, comercial y productiva del país, pero sobre todo han puesto en primer lugar la vida de los costarricenses, en medio de las dificultades económicas que afrontamos como país.

El dilema de ¿la bolsa o la vida? se ha ido resolviendo a favor de la vida de los costarricenses, porque sin la vida de los costarricenses, sin la buena salud de los costarricenses, sin las buenas condiciones de vida y de salud de los trabajadores no va a ser posible activar la producción ni la economía.

Habrá empresarios que no les importará la vida de un trabajador si pueden contratar a otro por hambre, a bajos salarios, al margen de la seguridad social y de la protección social existente en el país, fácilmente sustituible por otro, en iguales o peores condiciones, cuyo círculo de la muerte solo terminará con la muerte misma de esos empresarios, por la enfermedad que les pueda alcanzar o por rebeliones sociales que no puedan evitar…

Las fuerzas patrióticas, las fuerzas sociales ciudadanas, las fuerzas populares conscientes de esta situación deben apoyar las políticas públicas que se impulsan para frenar la pandemia, para asegurar en el plazo más breve posible poder volver a la normalidad, llámese “nueva normalidad”, “normalidad anterior al coronavirus”, o como la queramos llamar, cuyo eje fundamental descanse en lograr el menor número de enfermos y contagiados del coronavirus, la mayor y mejor salud posible de todos los costarricenses y habitantes de la República, la que garantiza la mejor incorporación de la fuerza de trabajo para poder activar de nuevo la economía nacional, y recuperar, hasta donde sea posible, el “tiempo perdido” en las empresas y actividades económicas que más han sufrido esta situación, y para poder salir adelante como nación, como pueblo, como país, bajo el manto protector de la Gran Bandera Nacional.

Y, en este esfuerzo, hay que estar atentos a los intentos debilitadores, desestabilizadores y sediciosos, de quienes anteponiendo sus intereses económicos particulares, en esta pandemia, amenazan, en el fondo, a todo el sistema democrático nacional, y hay que impedir, ante estas posturas casi golpistas, que populistas de cualquier signo, aprovechando el natural malestar que causa el encierro obligado y la paralización de actividades sociales, puedan poner en peligro la estabilidad política nacional, las libertades públicas y el propio régimen democrático.

El Martillo y la Danza en clave de la UCCAEP

Marcos Chinchilla Montes

La conferencia de prensa del día de hoy fue realmente triste, vergonzosa e indignante. Uno más de los nefastos capítulos del PAC y que dejan muy en claro la debilidad de la administración Alvarado.

Finalmente, el gobierno le entregó a la UCCAEP una parte del manejo de la crisis derivada de la pandemia; golpearon la mesa, y con servilismo el señor presidente estuvo anuente. Estamos claros que en política hay que negociar, pero lo de hoy demuestra el poder y capacidad que la UCCAEP tiene para imponerse.

Cuando Alvarado hace alusión a la estrategia del baile y el martillo (el original se titula “Coronavirus: El Martillo y la Danza” de Tomás Pueyo, 2020) cae en un error garrafal, pues ese Martillo es imposible de aceptar para la UCCAEP, la cual quiere una apertura inmediata de toda la actividad productiva; indiferentemente de los efectos del COVID-19 en la salud de la población, y en la misma institucionalidad pública. La Danza no existe para la UCCAEP, es un momento inaceptable, pues además de trastocar sus intereses económicos, afecta su hegemonía actual.

En la misma conferencia de prensa, la vocera del capital, la abanderada neoliberal, nuestra flamante Ministra de Planificación, nos regala dos perlas sin disimulo alguno.

La primera, hacer un reconocimiento tácito al respeto a la vida y el respeto a la salud, pero sin dejar de lado que la salud productiva del modelo económico tiene que mantenerse.

Y la segunda, toda una joya de la negociación política y la torcedura de brazos -casi quebradura-, la creación de un “grupo de trabajo económico-sanitario” (nótese la preeminencia de lo económico), así como la coordinación extraordinaria para llegar a entendimientos entre el gobierno y los empresarios. La UCCAEP no está dispuesta a ninguna desviación que afecte sus intereses de clase; aun así, el Ministerio de Salud dispuso alerta naranja para Corredores, aunque quizás este no sea un cantón económicamente muy relevante.

Precisamente medidas irresponsables con la salud como las que propone la UCCAEP han generado una enorme debacle humana y económica en aquellos países donde el empresariado ha definido la direccionalidad de la política pública en materia de atención de la pandemia. Por solo mencionar algunos casos, Trump, Bolsonaro y Piñera se negaron de manera contundente a implementar cuarentenas en el momento del Martillo, y ahí tenemos las consecuencias: 2,302,288, 1,145,906, y 250,767 personas contagiadas, con 121,117, 52,645 y 4.731 personas fallecidas respectivamente al día de ayer.

Para la UCCAEP, la Danza la deben de bailar las personas muertas; no sin antes pasar por sus hospitales, farmacias y féretros. Su martillo no es el que propone Tomas Pueyo, es el de la barbarie.

Del saber del poder al poder del saber en las metáforas populares

Juan Huaylupo Alcázar[1]

Los propietarios del capital como plañideros lamentan las dificultades de las restricciones impuestas al funcionamiento de sus negocios ante el riesgo de la salud pública, pero sus letanías trascienden el malestar economicista, para manifestar su influencia e intransigencia política contra el Gobierno y particularmente contra las decisiones de las autoridades del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social. Los empresarios no sólo influyen en la liberación de las limitaciones de apertura mercantil, sino que exigen que les sea consultada toda decisión que atienda preferentemente la salud pública y no sus negocios, e incluso se atreven querer destituir a las actuales autoridades sanitarias para proponer a otros que sean complacientes con sus intereses, aun cuando se atente contra la salud pública y la vida de las personas. Estas prácticas en la sabiduría popular son metafóricamente calificadas como “lágrimas de cocodrilos”.

La actitud de empresarios y sus Cámaras de propietarios revela que su sensibilidad no es ofrecer trabajo digno a los despedidos ni ofrecer los mejores precios y atenciones a las necesidades ciudadanas, por el contrario, la menor cabida laboral está obligando a que los trabajadores contratados, prolonguen sus jornadas laborales e intensifiquen su trabajo. La motivación para la apertura de los negocios sin restricciones es el restablecer las ganancias, utilidades o excedentes, sin importar las consecuencias en la salud pública de sus decisiones privadas. Dicho breve y popularmente, lo que expresan los propietarios “no es el amor al chancho sino a los chicharrones”.

El poder económico y la “teoría” económica que los ampara ideológicamente, al parecer comparten un pensamiento que se valida a sí mismo, que no requiere renovarse ni actualizarse, porque el poder no lo requiere e incluso puede despreciarlo por tener la capacidad para generar leyes, resoluciones, decretos en su favor, así como imponer condiciones a trabajadores con relativa capacidad organizativa y movilizadora, en un contexto de desocupación, reducción salarial, inseguridad laboral y miedo. El saber del poder, no necesita de la argumentación razonada, lúcida ni contextualizada, como tampoco requiere responder a las críticas, negociar, escuchar y menos aún ser solidarios, porque como dicen los nuestros, “perros que ladran no muerden”.

La prepotencia, unilateralidad y cinismo de los propietarios del capital que, sin compromiso ético ni social, se presentan como las exclusivas víctimas de la crisis sanitaria y los únicos capaces de superar la condición pandémica, cuando son parte de la creación de estructuras de la exclusión y la explotación, sin embargo, amenazan a trabajadores y sus críticos, además de exigir y lograr concesiones financieras, se les otorga millones de dólares en “préstamos” no reembolsables (regalados) y presionan por dictaminar las políticas sanitarias, laborales y sociales del país. Los propietarios del capital, no solo inciden sobre el Estado, quieren ser Estado. Así, parafraseando a Juan Luis de Alarcón y Martínez de 1630, se puede decir que “los muertos gozan de buena salud”.

En el presente crítico, sanitario, económico, político, también se sufre una crisis de la inteligencia. Las teorías o explicaciones de las realidades se han convertido en dogmas, lo nuevo y peculiar pretende ser comprendido con lo viejo y estandarizado, el conocimiento y las iniciativas creadoras son sustituidas por técnicas ajenas a las realidades y sus peculiaridades, las ciencias sociales imitan a las profesiones técnicas, las incertidumbres son sustituidas con infundadas fantasías, ilusiones u otros miedos. Asimismo, los legisladores y gobernantes creen que las sociedades cambian con leyes y decretos, que la democracia es el resultado cuantitativo de las componendas con los ricos y los usureros del sistema financiero. La riqueza privada es ofensiva, inmoral y pone riesgo extinción de la vida y del planeta, e incluso los ignorantes de la historia, de aquellos que detentan el poder económico, estatal y judicial, es tal, que imaginan a los pobres, a los que sufren hambre, los desempleados y los explotados, que son cosas que pueden controlar y supeditar eternamente. No obstante, como ha ocurrido en otros momentos “a todo marrano le llega su noche buena”.

No cabe duda que vivimos una regresión cognoscitiva que se alimenta con las formas mediáticas y de una educación fragmentada, repetitiva, absoluta, descontextualizada de los conocimientos y las realidades. Ello, por supuesto, no hace seres libres sino esclavos del poder, dado que nos necesitan ignorantes, sumisos y temerosos de la violencia. Sin embargo, la dominación omnipotente es una falsa ilusión, porque “no hay peor ciego que el que no quiere ver”.

[1] Catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

SEC: «No más persecución al sector público»

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC, hace un llamado al Poder Ejecutivo, Asamblea Legislativa, sector empresarial y a las esferas políticas del país, para que detengan de una vez por todas los ataques y persecución al sector público.

Nuestra clase trabajadora ha tomado con la mayor comprensión y solidaridad la difícil situación que vive Costa Rica y somos del criterio de que debe haber un diálogo serio y responsable con los diversos sectores de la sociedad para que juntos busquemos las salidas más apropiadas y justas a esta crisis, la cual no se resuelve con desestabilizar a las familias de las empleadas y empleados públicos, muchas de ellas hoy afrontan el despido de sus familiares o la reducción de sus jornadas, afectando sus presupuestos para vivir.

Al Sector Público le han recargado el costo de esta crisis injustamente; nos eliminan el aumento por costo de vida del 2020 además igualmente no realizarán ningún aumento por los próximos cuatro años, tampoco pagan la anualidad 2019 y aún pretenden eliminar las del 2020, 2021, 2022 y para rematar, como no pudieron eliminar el pago del Salario Escolar proponen meterle un impuesto al mismo.

Lamentamos que estas acciones se presenten por presión de la UCCAEP y algunos políticos que se escudan en la crisis para seguir protegiendo y amasando sus ganancias. Estos mismos grupos empresariales, han logrado que el Gobierno flexibilice las medidas sanitarias, lo que ha provocado el aumento en los casos de contagio en muchas regiones.

Aprovechamos este momento para expresar nuestro criterio de que en esta crisis lo fundamental es proteger la salud y la vida de las personas, por lo que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación deben valorar lo que está sucediendo para tomar las decisiones correctas con la continuidad del curso lectivo, en donde PRIMERO ESTÁ LA VIDA

Por todo lo anterior consideramos abusivas todas esas acciones que se nos pretenden imponer, puesto que tenemos muy claro que se pueden buscar soluciones sin afectar a la clase trabajadora, con medidas inmediatas para optar por acciones urgentes que dinamicen la economía y generen empleos, además de reducir la pobreza.

Todas y todos debemos aportar conscientemente, pero de manera proporcional a las condiciones de cada quien, consideramos que el Sector Público ya lo ha dado todo y no aguanta más cargas injustas. Exijan a quienes no han cumplido con sus responsabilidades y tienen en decadencia la economía nacional.

Explotación laboral en plantaciones agroindustriales agrava impactos de COVID-19

Proponemos la instalación de espacio multisectorial para construir una estrategia de intervención inmediata bajo un enfoque humanitario y de Derechos Humanos.

Asociación de Derechos Comunitarios Coordinadora Norte Tierra y Libertad.

Martes 9 de junio del 2020.

La situación de la pandemia por el COVID 19 en Costa Rica -que en este momento supone una segunda ola de contagio- pone de manifiesto un impacto diferenciado en las poblaciones más vulnerables del país, particularmente en la zona norte.

En este momento San Carlos se convierte en epicentro de la pandemia contabilizando la mayor cantidad de casos activos por cantón. Asimismo, en los cantones de Upala, Los Chiles y Río Cuarto se está reportando un incremento importante en los casos activos por COVID19. Estos nuevos focos de contagio están íntimamente relacionados con las precarias condiciones laborales y de salud con las que operan las plantaciones agrícolas, lo cual nos demuestra que estos empresarios nacionales y transnacionales están dispuestos a sacrificar la salud y vida de cientos de trabajadores y trabajadoras en aras de mantener sus negocios y jugosas ganancias.

La agroindustria ha representado para nuestras comunidades serios impactos en el ambiente, en la salud de los trabajadores, en la salud comunitaria y un irrespeto sistemático a los derechos laborales, todo esto de la mano de gobiernos e instituciones cómplices que no ejercen el mandato de las leyes nacionales.

Advertimos un vínculo innegable entre la producción agroindustrial (de piña, naranja y otros productos) y el aumento de casos por COVID19 en la zona norte, que se expresa en las siguientes situaciones que denunciamos:

  1. Estas empresas han funcionado por muchos años a partir de la explotación de trabajadores(as) costarricenses y migrantes; estos últimos representan un alto porcentaje del personal contratado. En estas fincas el trabajo se desarrolla muchas veces en condiciones inhumanas, lo que les permite maximizar sus ganancias. Es conocido que a los(as) trabajadores(as) migrantes indocumentados se les contrata con salarios menores a lo establecido por ley y sin garantías laborales, lo cual implica su exclusión del sistema de salud. De igual manera, los(as) trabajadores(as) costarricenses sufren constantes atropellos a su dignidad y violaciones a sus derechos laborales.
  2. Muchos(as) trabajadores(as) migrantes se mueven a través de las fronteras gracias a redes de corrupción, donde se ven involucrados funcionarios públicos, empresas, transportistas, contratistas y otros, quienes aprovechan su condición de vulnerabilidad para lucrar.
  3. Las condiciones de trabajo en general no cumplen con la legislación establecida, lo cual en el marco de la pandemia se refleja en una falta de protocolos sanitarios: los(as) trabajadores no cuentan con lugares ni con materiales para el lavado de manos constante, no cuentan con vestimenta apropiada ni con la distancia social recomendada por el Ministerio de Salud y se ha registrado que se trasladan a los trabajadores aglomerados en camiones hacia los centros de trabajo, sin ningún tipo de protección.
  4. Esta situación no es nueva, sino el resultado de prácticas históricas de estas empresas, de los gobiernos de turno y las redes criminales y representan en este momento de la Pandemia un alto costo social para el país.

Por lo tanto, solicitamos al gobierno central y a las autoridades locales:

  • Intervenir de manera inmediata las fincas agroindustriales de los cantones que se encuentran en alerta naranja, para salvaguardar la salud y la vida de los y las trabajadoras.
  • Asegurar que a los(as) trabajadores(as) de las empresas intervenidas les sean respetados sus derechos laborales.
  • Que se investiguen a profundidad las redes criminales, que posibilitan la explotación de personas migrantes.
  • Que se aborde la situación con un enfoque de Derechos Humanos y se asegure la atención médica a las personas trabajadoras y sus familias, independientemente de su estatus migratorio.
  • Que se instale un espacio de discusión y de toma de decisiones con la participación de organizaciones sindicales, organizaciones comunales, organizaciones de defensa de derechos humanos y de personas migrantes, gobiernos locales, instituciones del estado y organismos internacionales para construir una estrategia de intervención inmediata bajo un enfoque humanitario y de Derechos Humanos.

Compartido con SURCOS por Marcos Chinchilla Montes.

Foto: https://ojoalclima.com

¿Puede sacar provecho político el Gobierno de la Pandemia?

Vladimir de la Cruz

Con bastante frecuencia se viene señalando por parte de algunos actores políticos, también interesados en la POLITICA, y algunos de ellos respondiendo a sus intereses partidarios y PARTIDOS POLITICOS, y a su chata visión electoral, y especialmente electorera, en el manejo que el Gobierno hace del tratamiento público de la Pandemia del Coronavirus en el país.

Lo que más les preocupa no es que se atienda con acierto, como lo ha venido haciendo el Ministro de Salud, el Presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministro de Seguridad, el Presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, sino que sean ellos los que cotidiana y diariamente, casi todos, dan la cara informando al país de la situación, del avance del crecimiento de contagiados, del número de internados y de los que están en la Unidades de Cuidados Intensivos, de los fallecidos, y de vez en cuando el Presidente de la República, que los acompaña, así como otros funcionarios públicos que tienen que ver con la situación en general, la Ministra de Turismo, la de Comercio Exterior, y los otros funcionarios médicos muy importantes en su rango de la Caja Costarricense del Seguro Social o del Ministerio de Salud.

¿Y, si no son ellos, quién va a estar informando? Ellos son los que le llevan el pulso diario a la situación, y son los que científicamente pueden dar las respuestas objetivas y veraces, sin provocar alarmas, y sin generar falsas noticias o mágicas informaciones, y han logrado concentrar la información para que no se disparen por la libre informantes, que puedan desorientar, cuando el país requiere unidad nacional para enfrentar la crisis provocada por el coronavirus.

Para mí el Gobierno no saca provecho de su lucha contra la pandemia. Esa es su tarea y su obligación. Si no lo hiciera, toda la jauría política ladraría en contra suya. Por dicha hay funcionarios que saben hacer las cosas y saben en qué puestos están.

En lo que a mí respecta me parece muy adecuada, oportuna, correcta y transparente la forma como ha venido operando ese Comando de Información. No me desvela ni me preocupa que estos funcionarios salgan todos los días informando de lo que saben, y de lo que todos queremos saber y aprender.

La gente espera los minutos prolongados, a veces casi a de dos horas con el interrogatorio de los periodistas, para llevarle el pulso a la situación. Esto da confianza personal, familiar, pública y política en las autoridades a cargo. Crea un liderazgo consentido con estos funcionarios, a quien honestamente nadie está viendo que saquen tajada política de lo que informan. Son ellos los más autorizados a dar esa información, y lo han hecho bien. Por sus funciones públicas todos son funcionarios y líderes políticos de la institucionalidad costarricense, guste o no a algunas personas.

El presidente Carlos Alvarado no ha tenido que “robar el show”. Es la figura menos decorativa de ese elenco de actores. De vez en cuando aparece, con un papel segundón, casi de director de debates, sin que se sienta su peso presidencial. Si él quisiera “robarse” ese espacio lo haría como lo hacen los presidentes en otros países.

El presidente Carlos Alvarado ha sabido delegar, cosa que cuesta mucho en líderes políticos deseosos de la atención pública. No lo necesita, tiene su lugar.

Aquí el presidente Carlos Alvarado, en este asunto de la información de la Pandemia y sus repercusiones no ha querido ser ni la Prima Donna de esta ópera, u opereta nacional, ni ha querido ser el centro de mesa, el florero de la mesa, o el muerto de la vela para llamar la atención.

Hasta ahora la ópera nacional, como drama está armonizada, tiene buen canto y lleva buen acompañamiento. Los cantantes de esta ópera no se dividen más que por sus funciones institucionales para explicar, sin tonos agudos y graves. Ni siquiera el Ministro de Salud hace de barítono, la más grave de las voces de los cantantes de la ópera, más aguda que el bajo, pero con sobriedad, con cierto carácter, sin perder la compostura, llama la atención con fortaleza, como lo hace un buen padre cuando tiene que educar y llamar la atención, como muchas veces lo tiene que hacer ante los ciudadanos irresponsables que no acatan, no siguen ni atienden las instrucciones que se dan para evitar la expansión de la pandemia y para controlar el virus.

Los que se enfrentan a estos funcionarios públicos, desde sus palcos y escenarios políticos, justamente, son los que se colocan como si actuaran en una opereta política, con trama incierta, disparatada, inventada, sacada de un sombrero de mago político, como quien saca un conejo de esa chistera.

Los que se colocan en el escenario de la opereta política lo hacen de manera ligera, como francotiradores cobardes, reclamando en el fondo que ellos deberían estar en el tablao principal. Como si fuera una zarzuela política estos políticos, críticos del gobierno y sus altos funcionarios, en la primera fila de lucha contra la pandemia, parecieran tener más un libreto cómico reflejando su vida política cotidiana, de chismes, de baja ralea, de acciones complicadas y alambicadas.

En la ópera, la opereta y la zarzuela se requiere gusto musical. Algunos de estos actores nacionales ni gusto tienen musical. Lo que les gusta es el escándalo, la bulla. No educan su voz, educan sus gritos. Ellos sí desearían ser el muerto de la vela del coronavirus político que los abraza, asintomáticamente en algunos casos, y en otros descarada y lloronamente, contratan plañideras y plañideros para que en su nombre ataquen al gobierno, al presidente y a estos altos funcionarios públicos que están haciendo muy bien su labor.

Las plañideras oficiales generalmente debían recordar las virtudes del fallecido. Aquí estas plañideras políticas, que están aterrorizadas, no por el más allá sino por el más acá del 2022, violando su buen papel solo tratan de bajarle el piso a los buenos funcionarios. Un triste papel que los coloca en sitios en que ellos mismos ni siquiera se han dado cuenta de dónde están.

Todo lo que se hace en el país desde los Poderes Públicos es político. Lo es más, por su naturaleza lo que surge en actos, acciones, o leyes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

El Poder Legislativo hace las leyes, pasa discutiendo proyectos de ley presentados por los propios diputados, por sus partidos políticos y por el Poder Ejecutivo en las sesiones extraordinarias. Cuando aprueban los Proyectos de Ley en el Plenario Legislativo hacen surgir las Leyes de la República.

Esta Asamblea Legislativa en las dos Legislaturas que lleva, especialmente en esta última, presidida por el Diputado Carlos Ricardo Benavides, hizo leyes muy importantes para el país, nos gusten o no. Esa enorme cantidad de leyes quedan para los anales legislativos, pero para los Anales Históricos todo lo que hace la Asamblea Legislativa se abona a la imagen del Poder Ejecutivo, es como si el Poder Ejecutivo las hubiera, hecho cuando tan solo las sanciona para su publicación.

Hay leyes que el Poder Ejecutivo vetó y que la Asamblea Legislativa se las impuso, y quedan para la memoria histórica como si fueran del gobierno que no estaba de acuerdo con esas leyes. Así sucedió con la Ley del Aguinaldo, propuesta por Luis Alberto Monge Álvarez, del Partido Liberación Nacional, que el presidente Echandi vetó, que el Congreso volvió a aprobarla, la refrendó y, para la memoria, hay quienes se la achacan al Gobierno de Echandi, cuando se mandó a publicar sin su firma.

Señores diputados pongan los pies sobre la tierra. Todo lo bueno que ustedes hagan, en aprobaciones de leyes, quedará a favor de la Memoria Histórica del Gobierno de Carlos Alvarado Quesada. Excepcionalmente, alguna ley de alguno de ustedes podrá ser que se le recordará como de su confección, o de su partido político. No recuerdo de la última campaña política nacional que ustedes, como partidos políticos, hicieran mención alguna de leyes que sus diputados hubieran impulsado, se hubiera aprobado y tuvieran, esas leyes asiento en la grata memoria y en la conciencia de los costarricense.

En este Congreso no hay un solo diputado que evoque alguna ley como se recuerda la famosa Ley Ferreto, la del diputado Arnoldo Ferreto Segura. Ninguna Ley de las aprobadas hasta ahora lleva firma pública. Pero si hay un reconocimiento nacional a un grupo de diputados que se ha puesto las pilas, con todas las responsabilidades y consecuencias que ello tiene, y como grupo se les reconoce.

No se preocupen por criticar al Gobierno del manejo de la pandemia, si ni siquiera pueden manejar que la buena labor legislativa que se les reconoce, no la puedan achacar a sus respectivos nombres. Salen aprobadas como Leyes de la República, aprobadas en tal Legislatura del Gobierno o Administración de Carlos Alvarado Quesada. Así de simple. Ustedes hacen la imagen pública del gobierno de Carlos Alvarado Quesada cuando hacen buenas leyes y de calidad. Si hacen malas leyes y de baja calidad nacional reconocidas, esa mala imagen se achaca a ustedes y no al Gobierno. Así es como opera la política, la Política Legislativa y la Política Nacional.

Si quieren cuestionar la presencia pública de los funcionarios a cargo de la lucha contra la pandemia, háganlo contra sus resultados.

Si alguno de ellos aspirara a ser Candidato Presidencial para las elecciones del 2022, con todo derecho que tienen, hay que esperar hasta el primer semestre del próximo año, cuando los funcionarios del barco del Gobierno, tienen que abandonar la nave porque así lo exigen la Constitución y las Leyes de la República. En ese momento sabremos si alguno de los actuales funcionarios querrá ser candidato. Por ahora son altos funcionarios del gobierno a cargo de esta lucha nacional.

Apoyarlos es lo que corresponde. Criticarlos perversa y malintencionadamente es traicionar la buena labor que hacen. Si tienen alguien o algunas personas que creen que pueden sustituirlos en esa labor informativa propóngalo. Pero cualquier persona que esté al frente de esta tarea tendrá todas las luces de la ciudad en su figura.

Lo peor de un Congreso de diputados es cuando algunos de sus integrantes, queriéndose pintar como las Primas Donnas de la labor legislativa y del control político, no tienen idea de lo que hacen, y lo único que revelan es su estrechez de miras, su verdadero cálculo politiquero, su falta de inteligencia, su falta de sentido común, su plañiderismo político por todo, su desconocimiento del entorno político que habitan, y lo peor, su falta de inteligencia emocional política.

 

Sea parte de SURCOS:
https://surcosdigital.com/suscribirse/

Proteger la vida para mejor recuperar la economía

Covid-19 en Costa Rica. A propósito de los controles sanitarios en frontera

Grupo Economía Pluralista*

La pandemia del Covid-19 obliga a establecer un orden de prioridades que no admite vacilaciones: por encima de todo está la protección de la salud y de las vidas humanas. En los países donde esto no ha estado claro –Estados Unidos, Brasil o Rusia, por ejemplo– las consecuencias son devastadoras. Tristemente, es posible que el caso de nuestra vecina Nicaragua sea incluso peor.

Esta emergencia sanitaria, por sus alcances excepcionales, no permite ampliar el funcionamiento de la economía, si para ello se recurre al aflojamiento de las medidas sanitarias. Plantearlo de esa forma es formular una dicotomía falaz. El orden de las cosas es otro: hay que proteger la salud y la vida, para entonces disponer de una base sólida, desde la cual recuperar la economía e impulsar la creación de empleos.

Imaginar que se puede lograr mejoras en el campo económico, descuidando la parte sanitaria, puede ser un peligrosísimo bumerang. Porque si ello conduce a un agravamiento de la pandemia, y, con ello, un incremento en el número de personas enfermas y, dolorosamente, en el número de muertes, es muy seguro que deba recurrirse a medidas de confinamiento de la población, incluso más severas que las que han sido aplicadas.

Es por completo inaceptable incurrir en tal devastación humana, cuando, por otra parte, ello simplemente conduciría, no solo a la agudización, sino a la prolongación de la crisis económica.

Es importante que la población en general, y el empresariado en particular, comprendan esto. Especialmente en esta oportunidad, aplica el dicho popular de “despacio porque precisa”. La impaciencia no solo podría ser una mala consejera, sino, sobre todo, un gravísimo error.

Como país y comunidad nacional, debemos avanzar paso a paso, midiendo con rigor y cuidado, cada movimiento que se haga. Si por intentar apresurar las cosas en lo económico, dejamos la puerta de atrás abierta para que la pandemia entre a nuestra casa, las consecuencias posteriores podrían ser devastadoras: en el plano humano, en primera instancia, pero también desde el punto de vista económico. Debemos así garantizarnos mantener bajo control la pandemia y lograr que, con el transcurso de las semanas, el peligro decrezca de forma gradual pero sostenida.

En la medida en que ese cometido se cumpla exitosamente, podremos avanzar, sobre bases firmes, en el plano económico. Un avance que necesariamente comporta una reinvención de la “normalidad” en que vivamos: hacia una sociedad más justa y solidaria; hacia una economía asentada sobre bases más sólidas; hacia formas de producir y consumir mucho más cuidadosas y responsables con la naturaleza.

Por ello, hemos manifestado que, en una primera etapa, que aún no hemos superado, el énfasis de las políticas económicas, debería estar en aliviar la gravedad de la recesión económica y, sobre todo, aminorar sus impactos sociales y humanos, especialmente en las poblaciones más vulnerables y carenciadas, como las mujeres jefas de hogar, entre otros grupos que requieren una especial atención. Debemos así, crear bases más firmes para poder avanzar, en una segunda fase, con políticas que promuevan de forma vigorosa, la recuperación económica y la creación de empleos.

Reconocemos y aplaudimos el magnífico trabajo que realiza nuestra institucionalidad pública en el combate del Covid-19: la excelencia y compromiso de la Caja del Seguro Social y del Ministerio de Salud, y el amor y el coraje que su personal pone en esta lucha. Asimismo, reconocemos el liderazgo lúcido y enérgico, científicamente fundamentado, que han ejercido los doctores Daniel Salas y Román Macaya, ministro de Salud y presidente de la Caja, respectivamente.

Apoyamos totalmente las medidas de control sanitario que nuestras autoridades han decidido aplicar en fronteras, así como las disposiciones adoptadas para que el comercio de mercancías por vía terrestre se realice en condiciones que protejan la salud de la población. Son absolutamente inaceptables las propuestas que pretenden relajar esos controles. Es importante que el comercio fluya, pero bajo condiciones de estricta protección de la salud.

Nuestro llamado, respetuoso y vehemente, al empresariado, y a los propios trabajadores del transporte, para que comprendan la importancia que esto tiene y lo valioso que resulta su compromiso y colaboración. Proteger la salud beneficia a todos y a todas, sin excepción.

Y al gobierno de la República, nuestra excitativa para que se mantenga firme y no ceda a las presiones. Hacemos nuestras las palabras del ministro Salas: “nadie puede decir que cargas comerciales valen más que la vida”.

Y agregamos: nadie puede decir que priorizar las cargas comerciales a la vida permitirá avanzar en la recuperación económica. Todo lo contrario, más bien.

* El grupo Economía Pluralista reúne a 25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado.

(23 de mayo de 2020)

Foto: Presidencia de Costa Rica

¿Qué hacer ante el proceso educativo nacional afectado por la Pandemia?

Vladimir de la Cruz

Me preguntan con frecuencia padres de familia, amigos, y familiares qué pienso del proceso educativo, en estos días de la Pandemia, donde se ha paralizado la asistencia a clases, prácticamente en todo el país, con el posible impacto negativo que eso tenga, especialmente para los niños y jóvenes de la enseñanza pública, más que la privada.

El 11 de marzo, cuando se empezaba a perfilar con fuerza el impacto del Coronavirus COVID-19 en el país, en Facebook escribí lo siguiente:

“Ante la crisis que se ha producido por el Coronavirus, y la posibilidad de su propagación, que ya afecta algunos centros escolares, propongo que se suspenda el ciclo lectivo de la educación primaria y secundaria, a nivel nacional, desde el próximo lunes 16 de marzo para iniciarlo nuevamente el lunes 13 de abril, es decir durante las próximas cuatro semanas.

De hecho se suspenderían las clases durante tres semanas, pegándose la cuarta con la Semana Santa, que siempre se da feriada en su totalidad.

De esta manera se aprovecharía por hacer limpiezas profundas en los planteles educativos y se tendría más cuidado, en las casas, sobre los niños y adolescentes en edad escolar.

La suspensión de clases no afectaría el ciclo educativo si en correspondencia a esta situación, en el mes de julio, cuando se producen las vacaciones de medio año, se usa una de esas semanas de vacaciones para reponer, una de las semanas que ahora se suspendería, y a finales de año, el curso se puede prorrogar por dos semanas efectivas, dentro del mismo calendario escolar, sobre esas dos semanas finales de calendario, que en la práctica educativa al final de año son muy leves o suaves en el trabajo magisterial.

Así el tiempo real se aprovecha de mejor forma y se atiende mejor la situación de la emergencia nacional ante el Coronavirus o el COVID 19.”

Desde 13 de abril, post Semana Santa, cuando escribí ese texto, ya ha transcurrido un mes, y casi cinco semanas, y la situación se ha agravado, por el impacto de la pandemia y las importantes medidas nacionales, tomadas por el Ministerio de Salud y con el acompañamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social, y las otras instancias públicas que abonan en la dirección de detener, hasta donde se pueda, la Pandemia y la expansión del Coronavirus COVID-19.

No parece en lo inmediato que se abran las escuelas y colegios, ni se anuncian directrices cercanas en ese sentido. Entonces, ¿Qué hacer?, para dar al menos una respuesta a quienes me preguntan, a veces también con angustia, padres de familia, y para proponer una posible salida a esta situación.

Sinceramente creo lo siguiente, y es mi propuesta, que ojalá permita abrir una sincera y desprejuiciada discusión nacional, de argumentos y posibles soluciones. Aquí mis apuntamientos.

Primero. – Se debe suspender todo el proceso educativo nacional, preescolar, primaria, secundaria, la universitaria de hecho está paralizada desde el punto de vista de asistencia presencial de sus estudiantes a aulas.

Este cierre del proceso educativo debe continuarse hasta el 1 de agosto, en el supuesto que al 31 de julio se haya “normalizado” toda la vida nacional, en todos los sentidos, y se pueda reprogramar la vida educativa del país.

Este cierre por los siguientes tres meses permitiría desde el punto de vista del Ministerio de Educación Pública, de preparar mejor a todo el cuerpo docente nacional, que no entraría en vacaciones prolongadas, para atender la nueva situación “de la nueva normalidad” post pandemia.

Supone revisar y atender toda la infraestructura física de escuelas y colegios para adecuarlas a las nuevas necesidades de seguridad social, de salud, de electricidad, de aguas potables, de determinar cuántos niños y niñas se van a recibir por aula, si hay que establecer horarios más prolongados para la mejor atención de estos niños, de analizar la situación real de cada plantel educativo en sus posibilidades de medios audiovisuales y electrónicos, para poder desarrollar clases a distancia, si volviera a producirse un pico de esta pandemia que conduzca nuevamente a cerrar el proceso educativo, de preparar a los profesores en los sistemas de educación a distancia y por medio electrónicos, de preparar clases, en todo el sentido de la palabra, para que se transmitan por esos medios, no solo el envío de tareas para que se hagan en la casas, y de que esas tareas puedan evaluarse de manera automática, como lo he visto hacer en escuelas del Estado de Luisiana, en Estados Unidos, donde han estudiado nietos míos.

Serviría este tiempo para analizar realmente cuantas escuelas y colegios están en capacidad de atender estas formas de estudio a distancia, y para evaluar realmente cual es la situación de los estudiantes, niños y adolescentes, y en sus hogares, sobre las capacidades tecnológicas de computadoras, y otros medios que les permitan atender estas situaciones educativas.

Serviría igualmente para evaluar cuántos maestros y profesores tienen los instrumentos y medios electrónicos adecuados, desde sus hogares, para poder atender la educación a distancia, y realizar su trabajo desde sus casas, en la modalidad del teletrabajo educativo, y facilitarles la adquisición, a quienes no los tienen, para que puedan cumplir su noble misión docente y educadora.

No hay que engañarse con que en el país hay más de 2 millones de celulares, según me han informado.

La gente, en general, que tiene celulares, entre ellos los maestros, los profesores, y los estudiantes, son personas del mundo de las redes, pero no son del mundo del estudio en celulares, ni de la investigación académica, por celulares. Por lo que yo veo en redes muchas veces se aprecia un nivel muy bajo de comprensión de textos, ni siquiera se entienden los títulos de los artículos sobre los que algunas personas se pronuncian u opinan.

Los jóvenes, incluidos muchos universitarios no saben usar sus celulares para investigar, ni para fortalecer sus estudios. A lo sumo para buscar algún dato que los saque de algún apuro ante una tarea donde se les piden datos.

Segundo. – Iniciado el curso lectivo el lunes 3 de agosto próximo, de acuerdo con esta propuesta, si lo permite la pandemia, debe prolongarse de seguido hasta el 18 de diciembre del próximo año 2021, de manera que el ciclo lectivo del 2020 y del 2021 se realicen de manera continua, como uno solo, con breves períodos de vacaciones.

En total son 17 meses. Estos meses podrían tener pequeñas “vacaciones”. A modo de ejemplo señalo las siguientes fechas: una semana los últimos días de setiembre y los primeros días de octubre, dos semanas en diciembre, desde el sábado 20 hasta el domingo 3 de enero, en marzo y abril del 2021, se podrían dar dos semanas que incluyan la Semana Santa, dos semanas en julio, del sábado 19 al martes 3 de agosto, y de nuevo las últimas dos semanas de diciembre del 2021 y la primera de enero, si fuera del caso, desde el sábado 20 de diciembre hasta el lunes 3, o el lunes 10, de enero del 2022, que en ese mes de enero, y la mitad de diciembre anterior, por estar en las próximas elecciones nacionales, la Asamblea Legislativa estará en receso parlamentario, y el país en un alto nivel de agitación política donde se evaluará, en ese escenario, lo acontecido y atendido públicamente ante la pandemia, sin lugar a dudas.

Así en la práctica durante esos 17 meses a partir de agosto hasta diciembre del 2021, habrían prácticamente dos meses de suspensión de clases, de “vacaciones” intercaladas, y el proceso educativo no se detendría en su continuidad del 2020 y el del 2021, ni se provocaría un impacto negativo en el proceso de formación de los niños y jóvenes.

Tercero. – ¿Qué requiere una propuesta así, de considerarse positiva? Voluntad política para impulsarla con participación de todos los involucrados, el Ministerio de Educación Pública, como ente rector nacional de la educación, voluntad y apoyo de los padres de familia en este cronograma educativo. Pero, muy especialmente, el apoyo del Cuerpo Magisterial Nacional, de todos los maestros y educadores, de todas las organizaciones sindicales magisteriales comprometidas en esta tarea, que de paso es una forma de combatir a las personas que constantemente atacan a los maestros y educadores, y a los trabajadores del sector público, por su estabilidad laboral y su justo derecho de continuar recibiendo sus salarios, cuando el proceso educativo está paralizado como ahora, en que no han cesado ese tipo de ataques.

Cuarto. – Si ya hay deserción escolar, y hasta universitaria de manera importante, los efectos socioeconómicos de la pandemia van a intensificar y agudizar esta deserción del sistema educativo. Y esa deserción va a incidir en mayor informalidad laboral, en mayor índice de pobreza y de pobreza extrema.

Quinto. – La situación de deterioro socioeconómico va a incidir también en los tiempos de graduación alargándolos, con los efectos que ello tiene laboralmente y de empobrecimiento paulatino.

Sexto. – Podrá haber personas que crean que eso los beneficiará empresarialmente, porque podrán llegar a tener gente, o trabajadores, menos preparados, más baratos como mano de obra asalariada, quizá en el nivel de salarios de hambre literalmente, pero serán trabajadores, más resentidos socialmente, sujetos a cualquier explosión social de líderes populistas, de cualquier signo, que les motiven y les atraigan por sus soluciones sociales demagógicas.

Séptimo. – Los colegios privados algunos no tienen estos problemas. Los que están “empatados” con los sistemas de educación norteamericana, con infraestructura y capacidad tecnológica en sus instalaciones, y con la capacidad económica y social de sus alumnos, que tienen los instrumentos técnicos y computacionales, han continuado sus estudios que ya terminan para reiniciarlos en agosto o setiembre.

De este escenario de la pandemia se ha provocado una situación que puede afectar a colegios públicos, por rebote de los privados.

He visto, y conozco situaciones, con la reducción de jornadas laborales, con la reducción o pérdida de ingresos de padres y madres, con la inseguridad laboral y salarial que muchos tienen hacia el futuro inmediato, en que ya no podrán atender más la educación de sus niños en los colegios privados, algunos con la angustia de no poder pagar el segundo semestre, mes a mes, por el resto del año. Algunos padres que tienen financiado todo el año no tienen problemas, en ese sentido, por este año, pero ya piensan en trasladar a sus hijos a colegios públicos el próximo año. Este es el impacto en las clases medias que ha tenido la pandemia. Algunos padres y madres ya han reducido las actividades extraescolares que les pagaban a sus hijos para una mejor formación ante la vida y la educación, porque no las pueden pagar, o porque consideran que ya no son tan necesarias.

Las clases ricas y sus hijos no tienen problema en este sentido. Sectores de las clases medias altas pueden soportar esta situación. Pero, los padres de las clases medias-medias y clases medias-bajas, muchos de hogares de padres y madres profesionales, o de ambos en el hogar, que con gran sacrificio mantienen a sus hijos en las escuelas privadas, desde la preescolar hasta la colegial, sí están resintiendo esta situación con verdadera angustia.

Hay algo que es muy real. Los salarios como las pensiones están altamente comprometidos por quienes los reciben. Los salarios netos, deducidas las cargas sociales y los impuestos, apenas alcanzan para vivir, con grandes sacrificios para las clases medias, en general, que tratan de invertir en educación privada, para sus hijos, cuando consideran que allí pueden recibir mejor educación.

Octavo.- Para este momento de crisis nacional y de la pandemia se requiere rescatar la mística educativa, la formación apostólica con que salían graduados los educadores de la Escuela Normal de Costa Rica, fundada en 1914, bajo el modelo de los caudillos y grandes líderes culturales, de aquellos años, que inspiraron esos educadores, Luis Felipe González Flores, el Ministro de Educación de don Alfredo González Flores, los Directores de esa Escuela Normal, Omar Dengo Guerrero, Joaquín García Monge, Arturo Torres Martínez, Roberto Brenes Mesén, Carlos Gagini Chavarría, educadoras como Carmen Lyra, Carlos Luis Sáenz, Luisa González, Adela Ferreto.

Los sindicatos magisteriales deben levantar su Memoria y sus banderas en este compromiso nacional.

Yo hubiera deseado que una propuesta así la hubieran lanzado las organizaciones magisteriales. Todavía hay tiempo. No hay que dejar caer las banderas por la Patria.

Hay que pensar y discutir las soluciones económicas que el país, la sociedad en general, y los sectores sociales y económico productivos necesitan y se deben impulsar. Pero no podemos dejar de lado el problema de la Educación Nacional y su proceso educativo. Aquí dejo estas reflexiones.

La Caja Costarricense del Seguro Social, los orígenes de una institución estratégica en el país

Vladimir de la Cruz

Fue en 1941, el 1 de mayo, cuando el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, en su informe constitucional al Congreso de la República, anunció que se proponía enviar al Congreso “uno o varios proyectos de ley tendientes a establecer los seguros sociales. Ellos constituyen, dijo, un verdadero progreso para nuestro régimen democrático, y serán un instrumento de paz social, ya que tienden a corregir situaciones injustas en que se encuentra colocada la masa que depende de su trabajo para vivir… la enfermedad, la invalidez, la vejez y la muerte, son las causas constantes del desamparo de muchos costarricenses; y si el Estado no se decide a establecer un verdadero sistema de previsión, no hará más que socavar sus cimientos, ya que ninguna sociedad puede fundarse en la injusticia… un sistema de seguridad social que considero benéfico e indispensable para Costa Rica”.

Al asumir la presidencia de la República el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, preocupado por el establecimiento de los seguros sociales en el país, envió a Chile a su gran colaborador, el Dr. Guillermo Padilla Castro con la “delicada misión de realizar los estudios preliminares a su establecimiento…” El Dr. Calderón Guardia, sobre el estudio e informe del Dr. Padilla Castro formuló el proyecto de ley para la implantación de los seguros sociales en nuestro país y lo envió al Congreso el 14 de julio de 1941.

El 1º de noviembre 1941, por Ley Nº 17, se creó la Caja Costarricense de Seguro Social destinada a aplicar el Seguro Social Obligatorio y a incrementar el voluntario; el obligatorio contemplaba cubrir los riesgos de enfermedad, invalidez prematura, vejez, muerte y paro involuntario; y comportaba además una participación de las cargas de maternidad, familia, viudedad y orfandad. El 7 de enero de 1942 se reglamentó esta ley para darle verdadera autonomía y para poder desarrollar su cometido.

En 1942, manifestó el Dr. Calderón Guardia, al Congreso que se le daba altura al Seguro Social, “un esfuerzo en beneficio de la clase trabajadora”; que emprendía “la magna obra del Seguro Social”, que mediante la colaboración (del Congreso) podía llevarla al “terreno de las realizaciones prácticas”. “Así el Seguro Social es ya, dijo el Dr. Calderón Guardia una realidad en Costa Rica. Tomamos, de la legislación chilena su estructura general adaptándola a las particulares circunstancias de nuestro medio; luego la experiencia irá modelando la obra hasta llegar a convertirla… en una de las instituciones más imprescindibles del país”.

El 28 de agosto de 1942 se promulgó el Reglamento No. 8, como un instrumento preparatorio de iniciación de los seguros.

El 1 de setiembre de 1942 empezó el sistema de cobros de las cuotas establecidas para su mantenimiento, de patronos, obreros, empleados públicos y particulares.

En aquel momento la Seguridad Social solo cubría a los trabajadores directos.  Se señaló claramente que cuando la situación lo permitiera la seguridad social protegería a los cónyuges, protegiéndose a la mujer trabajadora y sus hijos independientemente de si estaba casada o no.

Ese 1 de setiembre de 1942 se estableció la obligación de los patronos de empadronar a todos los trabajadores en la Caja Costarricense del Seguro Social, y de enviar sus planillas de empleo.

El 28 de marzo de 1943 el Dr. Calderón Guardia informaba al país que casi el 20% de los asegurados ya habían recibido servicios, “auxilios médicos”, de la seguridad social, subsidios del 50% y una cantidad detallada de las atenciones brindadas en atención y en hospitalización.

El 1º de mayo de 1943 el Dr. Calderón Guardia, de nuevo ante el Congreso, se refirió al Seguro Social, creado por el imperativo de la época, que exige “reorganizar la colectividad sobre la base del equilibrio entre las fuerzas productoras y los centros directores de la sociedad, única forma de asegurar una paz estable, una convivencia armónica y una cooperación constructiva de todos los sectores del esfuerzo humano, hacia un futuro de fraternidad y de verdadero progreso moral y material”.

Afirmó, el Dr. Calderón Guardia, que el Seguro Social “es obra de muchas décadas de ingentes esfuerzos, estudios y observaciones, para ir modelando paulatinamente el organismo político”.

Aquí reconocía el Dr. Calderón Guardia la experiencia y la tradición internacional de los orígenes de la Seguridad Social, cuando a finales del Siglo XIX, en Alemania se desarrolló esta Seguridad Social, como una necesidad para el proceso industrial, de velar por la salud de los trabajadores y garantizar y asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo.

Igualmente, reconocía, sin mencionarlo, que bajo la Dictadura de Federico Tinoco, en la Asamblea Constituyente de 1917, se había establecido el Artículo 10, por iniciativa del diputado Alejandro Alvarado Quirós, de dictar leyes sobre el trabajo, de acuerdo a las necesidades del país, aplicándose las mismas a empleados, obreros, jornaleros y sirvientes.

En 1941, al dejar Luis Demetrio Tinoco, Ministro de Educación, la Universidad de Costa Rica, inaugurada y en marcha, Alejandro Alvarado Quirós pasó a ser su Primer Rector, como colaborador del Gobierno del Dr. Calderón Guardia que fue.

Estas leyes que proponía el diputado Alvarado Quirós, y también el diputado José Astúa Aguilar, en 1917, debían comprender: jornada máxima de ocho horas; obligatoriedad del descanso semanal; responsabilidad del empresario o patrono por los accidentes de trabajo y las enfermedades que adquieran los empleados o trabajadores como consecuencia del trabajo que realicen; donde se pedía también, obligar al patrono a pagar indemnización por estos riesgos; establecimiento de una junta de conciliación o arbitraje para dilucidar los conflictos obrero patronales, la que debería integrarse por igual número de representantes de los patronos, de los trabajadores y del Estado, que lo sería del Gobierno de la Provincia o su delegado.

Así quedó plasmado, en esa Constitución de 1917, el Artículo 10: “Es obligación del Estado velar por el bienestar de las clases trabajadoras, y para ello dictará las leyes necesarias; a falta de iniciativa social promoverá y en todo caso apoyará en la medida de sus recursos, las instituciones que tengan por objeto armonizar sobre bases de justicia las relaciones obrero patronales y las que tiendan a mejorar la situación económica de estos y a ampararlos en caso de enfermedad, vejez o accidente, paro de trabajo u otras circunstancias de desgracia independiente de su voluntad».

Al caer la dictadura, en junio de 1919, y al dejarse sin efecto su Constitución, y restablecerse la Constitución de 1871, no se rescató este Artículo 10, de manera constitucional, el que se cubrió de un silencio sepulcral informativamente en los años siguientes.

El Partido Reformista en su Programa de 1923 habló de la Ley de Accidentes de Trabajo, que la logró materializar en 1925, pero no de Seguros Sociales.

Aludía también el Dr. Calderón Guardia al impacto que le había producido, durante su estancia en Bélgica y en Europa, cuando se formaba como médico, el Código Social de Malinas, impulsado por el Cardenal Mercier, desde 1924, hasta su redacción final en 1927, recogiendo Mercier la tradición de los llamados católicos sociales, organizados en la Unión Internacional de Estudios Sociales, fundada en 1920, que se inspiraban en ese momento en la Encíclica Rerum Novarum, del 15 de mayo de 1891, del Papa León XIII, en aquel momento una respuesta al desarrollo del movimiento obrero y sindical internacional, y al desarrollo de los partidos y corrientes políticas socialistas, anarquistas y comunistas, y el Código Social de Malinas, como la Encíclica Quadragesimo Anno, de 15 de mayo de 1931, respondiendo a la existencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y del movimiento comunista internacional y revolucionario que dicha Revolución había impulsado y fortalecido.

En el punto 11 del Capítulo IV del Código Social de Malinas se trata el tema de “salario, asignaciones familiares y seguros sociales”. Y, en el Segundo Apéndice que acompaña al Código, al final, se establece una “Declaración sobre la Seguridad Social”.

Al finalizar esta década, de 1920, con motivo de los efectos e impactos de la crisis mundial de 1929, y la gran desocupación que produjo, incluida en Costa Rica, donde surgieron sindicatos de desocupados, en los periódicos, bajo el seudónimo de “De Potter”, se publicaron una serie de artículos donde se planteaban temas sociales y laborales.

De Potter señaló la necesidad de atender la “protección del trabajo: sobre los niños empleados; tutela sanitaria de los niños; ley sobre los servicios médicos del trabajo; sobre la protección laboral de las mujeres; sobre el reposo dominical; ley de reposo semestral con goce de sueldo para todo trabajador; reglamento de inspección de los establecimientos peligrosos, insalubres e incómodos; sobre seguridad y salud de los obreros, reglamentación especial para cada industria”.

Escribió sobre accidentes de trabajo: “revisión de la actual ley que es copia de la española de 1900 y extensión de los beneficios a todo trabajador”, y, abordó el tema de las “pensiones de vejez, previsión, mutualistas; seguros de vejez contra la falta de trabajo, las enfermedades y la invalidez; ley de seguros de previsión de enfermedades y la invalidez; pensiones de vejez y retiro del trabajo; ley sobre las sociedades mutualistas y cooperativas pobres: ley sobre el fondo nacional de crisis; seguros contra la falta involuntaria de trabajo; ley de contrato colectivo de trabajo y colocación pública de trabajadores.” Igualmente se pronunció sobre la necesidad de establecer una ley “sobre la asociación de trabajadores: sindicatos, federaciones, gremios, etc. (ligas de resistencia)”.

En 1931, al fundarse el Partido Comunista de Costa Rica, y al publicar su Programa Mínimo, allí se establece, en el apartado referido a “Política de defensa y previsión social”, en el punto 2, la necesidad de establecer “seguros sociales a cargo del Estado, para la desocupación, accidentes del trabajo, enfermedades en general, vejez, maternidad, etc.”, recogiendo la tradición constitucional de 1917 y los planteamientos de De Potter, así como la necesidad de establecer “Leyes de organización sindical. Consagración expresa del «derecho de huelga».

El 13 de agosto de 1942, por Ley No. 189, se establecieron los Inspectores de la Caja Costarricense del Seguro Social y, el 22 de octubre de 1943 se dicta otra ley de creación de la CCSS, similar a la anterior. El 1 de enero de 1947 se emitió el Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte.

En la reforma constitucional de las Garantías Sociales, aprobada en agosto y en vigencia a partir del 15 de setiembre de 1943, también se elevó a rango constitucional la existencia del régimen de seguros sociales, hasta hoy.

En esta preocupación del Seguro Social sumó, el Dr. Calderón Guardia, sus inquietudes sobre las Garantías Sociales, como Capítulo de la Constitución Política, en ese momento la de 1871, y el Código de Trabajo, ambas aprobadas en agosto de 1943.

Hoy hablamos de las Garantías Sociales, casi reduciéndolas al Seguro Social y al Código de Trabajo, y no al conjunto de artículos que están comprendidos en el Capítulo Constitucional de las Garantías Sociales.

Así, en términos amplios, considerando las Garantías Sociales, en ellas tenemos al Seguro Social, como concepto y como Institución, por los Artículos Constitucionales que se refieren a “seguros”,  el Artículo 63 que dice “Los trabajadores despedidos sin justa causa tendrán derecho a una indemnización cuando no se encuentren cubiertos por un seguro de desocupación”, el Artículo 72, que establece que “El Estado mantendrá, mientras no exista seguro de desocupación, un sistema técnico y permanente de protección a los desocupados involuntarios, y procurará la reintegración de los mismos al trabajo”, el Artículo 73, ya con la reforma constitucional de 1961, que expresamente señala que “se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine. La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social. No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales. Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los patronos y se regirán por disposiciones especiales”, el Artículo 177, que establece que “para lograr la universalización de los seguros sociales y garantizar cumplidamente el pago de la contribución del Estado como tal y como patrono, se crearán a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social rentas suficientes y calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y futuras de la Institución. Si se produjere un déficit por insuficiencia de esas rentas, el Estado lo asumirá, para lo cual el Poder Ejecutivo deberá incluir en su próximo proyecto de Presupuesto la partida respectiva que le determine como necesaria la citada Institución para cubrir la totalidad de las cuotas del Estado.” … y el Artículo 177 transitorio, párrafo tercero, que indica que “la Caja Costarricense del Seguro Social deberá realizar la universalización de los diversos seguros puestos a su cargo, incluyendo la protección familiar en el régimen de enfermedad y maternidad, en un plazo no mayor de diez años, contados a partir de la promulgación de esta reforma constitucional.”

A partir de aquel momento glorioso de su fundación, y de inicio de la Caja Costarricense del Seguro Social, en el curso del desarrollo histórico nacional hemos visto su desenvolvimiento, su consolidación y sus avatares.

En 1946, durante los meses de mayo y junio, se produjo, en el contexto político difícil que vivía la sociedad costarricense, altamente polarizada en progobiernistas y antigobiernistas, una huelga médica contra la intervención que hacía el Estado, por medio de la Caja Costarricense del Seguro Social, en el ejercicio de la medicina, hasta entonces en el sector privado.

Superada la huelga médica la Caja Costarricense del Seguro Social pasó las dificultades de la Guerra Civil de 1948 y de la Junta de Gobierno, saliendo de nuevo fortalecida al terminar la Junta de Gobierno y salir airosa en la Constitución Política de 1949.

Quedaba su desarrollo posterior. Los gobiernos que siguieron a la Junta de Gobierno inevitablemente fueron fortaleciendo a la Caja Costarricense del Seguro Social.

Las reformas que se hicieron a su ley y a su organización institucional, especialmente con las reformas hacia la universalización, hicieron que la Caja Costarricense del Seguro Social se convirtiera en uno de los pilares del modelo democrático nacional, de su seguridad y estabilidad social, y en uno de los más importantes instrumentos de la calidad de vida de los costarricenses, así como en uno los motores más importantes del desarrollo económico, productivo, social y político del país.

Los esfuerzos que se hicieron de preparación médica en el exterior, como los de la creación de la Facultad de Medicina, primero en la Universidad de Costa Rica, para la preparación de médicos en Costa Rica, junto con el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS), que facilitó y estimuló la formación de especialistas, junto con las Facultades médicas que han surgido posteriormente, han hecho que la Medicina nacional sea hoy una Medicina de Primer Mundo, y así está reconocida.

El Ministerio de Salud, la hermana mayor de la Caja Costarricense de Seguro Social, tiene un peso enorme, desde el siglo XIX, con las políticas que se han impulsado en Salud Pública y, especialmente, desde la creación de la Secretaría de Higiene y de Salud Pública, en julio de 1922, y desde junio de 1927 cuando se estableció el actual Ministerio, como Secretaría de Salud Pública.

El Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social hoy son los abanderados en la lucha contra la Pandemia del Coronavirus, así como lo han sido contra otras endemias, epidemias y pandemias que hemos tenido.

La Caja Costarricense del Seguro Social es hoy una institución sagrada, en la estructura del Estado costarricense, que hay que defenderla de las amenazas que constantemente la asedian, desde adentro y desde afuera, por debilitarla y por reducirle su papel estratégico en la atención de la salud de todos los costarricenses.

En lo inmediato nos queda apoyar, acatar y obedecer las directrices que el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social, dictan y trazan para este momento y a partir del 1 de mayo próximo, en la lucha nacional contra la expansión y por el control del Coronavirus COVID-19.

Foto de cabecera: primera sede de la CCSS.

Sindicato de Hacienda se pregunta por qué autoridades debilitarían CCSS

En una comunicación compartida con SURCOS por el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional (SITRAHSAN), se cuestiona “¿por qué el señor Presidente de la República, nuestro Ministro de Hacienda y el Presidente del Banco Central, siguen empeñados en realizar actos tendientes a una debilitación o eventual privatización técnica de la seguridad social, y con ello, que en el sector privado se fortalezca la posibilidad de hacer negocios con los servicios ofrecidos por la CCSS a la sociedad costarricense”.

El escrito señala: “Nos ha correspondido vivir en el último mes los efectos de la pandemia global producida por el virus denominado COVID-19, que a la fecha ha infectado millones de personas y producido la muerte a más de 200 mil a nivel mundial”.

“En el caso de Costa Rica, gracias a la acertada toma de decisiones y actuación del Ministerio de Salud y el eficiente sistema de salud social y pública a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), nos ha permitido atender eficientemente el impacto de esa pandemia, convirtiendo nuestro sistema de salud en un ejemplo a nivel planetario”.

“¿Por qué si la CCSS es prioridad, no gestan leyes o normas para encarcelar a los deudores de la CCSS, y con ello limitarles la posibilidad, -como hacen con los impuestos-, de jinetear las cuotas sin pagar sanción alguna, limitando la actuación fiscalizadora del ESTADO mismo?”, enfatiza el comunicado dirigido al personal del ministerio.

Finalmente, la nota hace un llamado: “Desde ya, personal hacendario, le invitamos a prepararse para defender esta noble institución (CCSS), que con valentía y visión nos crearon los fundadores de la Segunda República, y cuando vivimos tiempos difíciles, nos corresponde ser capaces de reconocer y defender esa valiosa herencia de nuestros abuelos”.

“Su aspiración de pensionarse por IVM también está en peligro; si espera salud solidaria como tenemos, debemos defender ese derecho constitucional. ¿Se imagina usted en la tercera edad, pagando al precio de hoy, un millón de colones por día en la hospitalización de un ser querido y el que requiere medicina de calidad para sobrevivir y cuando se le agote el seguro, lo tiren a la calle? NO SEAMOS SIERVOS MENGUADOS”

“SITRAHSAN, manifiesta su rotundo rechazo, a cualquier acto mercenario de políticos y empresarios, que busquen la privatización de la Caja Costarricense de Seguro Social, poniendo en peligro la seguridad social de quienes habitamos este país”, concluye el comunicado.

Imagen: CCSS