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Etiqueta: monocultivos

UCR llama a limitar la expansión piñera

  • Más de 1250 denuncias se registraron en los últimos 5 años

A inicios de Noviembre el Consejo Universitario hizo de conocimiento público un nuevo pronunciamiento respecto a los impactos del monocultivo de piña en el país, esto tras atender la solicitud del Programa Kioscos Socioambientales para actualizar el pronunciamiento sobre “las consecuencias socioambientales de la agroindustria de la piña” del año 2008. Este nuevo acuerdo es producto del trabajo de una comisión especial del CU- UCR que fue conformada a final del 2017, y estuvo integrada por representantes de distintas áreas de la Universidad.

El CU – UCR considera necesario que se limite la expansión de nuevas áreas de producción piñera, esto con el objetivo de respetar las áreas de protección de ríos y nacientes, así como las fronteras agrícolas, las franjas de amortiguamiento, los territorios indígenas y la salud de las comunidades.

Este nuevo pronunciamiento recoge una serie de preocupaciones provocadas por esta agroindustria en los principales focos piñeros del país (Región Huétar Norte, Región Brunca y Región Huétar Atlántica), regiones que como destaca este pronunciamiento, siguen siendo las zonas con los cantones de más bajo desarrollo humano, al tiempo en que la actividad piñera sigue siendo la principal actividad económica de estos municipios.

Entre los considerandos que llevó al CU – UCR a manifestar su preocupación por las consecuencias negativas de la producción de piña están las más de 1250 denuncias que entre el 2013 y el 2018, se han interpuesto ante distintas instancias públicas por presuntas violaciones a derechos laborales y ambientales. Esta información fue recopilada por la Comisión especial del CU- UCR.

Además de la gran cantidad de denuncias interpuestas en los últimos 5 años, el CU – UCR consideró que existe un existe un faltante de registros e indagaciones técnicas, lo que deja sin respaldo los testimonios de personas que han sufrido enfermedades respiratorias, dérmicas y cancerígenas producidas por la aplicación de agroquímicos y la cercanía que tienen los hogares con los monocultivos de piña. Ver Cuadro N.° 1

Cantidad de denuncias sobre la actividad piñera por institución, según su naturaleza

Periodo 2013-2018

Naturaleza

Institución

Denuncias

Descripción

Ambiental

Ministerio de Ambiente y Energía

71

Tala de árboles

 Contaminación de aguas

Tribunal Ambiental Administrativo

29*

Invasión de áreas de protección hídrica

Ausencia de viabilidad ambiental

Servicio Nacional de Salud Animal

1082

Mosca del establo

Sistema Nacional de Áreas de Conservación

39

Tala de árboles

Invasión de áreas de protección hídrica

Acueductos y Alcantarillados

2

Contaminación de aguas

Defensoría de los Habitantes

8

Recurso Hídrico

Mosca del establo

Sala Constitucional

2

Contaminación de aguas

Ausencia de viabilidad ambiental

Social

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

42

Condiciones laborales inadecuadas

Salud

Ministerio de Salud

 –

Información insuficiente

Caja Costarricense de Seguro Social

 –

Información insuficiente

*Durante el periodo 2005-2013 se presentaron 90 denuncias ante el Tribunal

Ambiental Administrativo que aún no tienen sentencia.

Fuente: CU – UCR, (2018) Acuerdos firmes, aprobados por el Consejo Universitario en sesión N.° 6235, ordinaria el martes 6 de noviembre de 2018.

La mayoría de las denuncias ambientales son por la corta de árboles; datos que coinciden con los hallazgos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) quien determinó que entre los años 2000 y 2015, se perdieron 5.568,98 hectáreas de bosque por la expansión piñera mediante el proyecto de “Monitoreo de Cambio de Uso en Paisajes Productivos (Mocupp). Dicho monitoreo se realizó en colaboración con diversas entidades gubernamentales y agencias de la ONU (Semanario UNIVERSIDAD, 08-3-2017).

Además de exhortar a todas las instituciones públicas y a la ciudadanía en general, a tomar acciones para amortiguar los efectos negativos de la producción de piña en el país, el Consejo Universitario insta a los empresarios piñeros a cumplir con todas las leyes sociales, ambientales y laborales que podrían estar siendo violentadas por la agro-cadena de la piña. Razón por la que exhorta a los productores piñeros a permitir auditorías de terceros, esto con el objetivo de verificar y transparentar el cumplimiento de las normas y leyes establecidas.

El CU – UCR señala la necesidad de levantar registros que pudieran respaldar las denuncias interpuestas por las comunidades, ya que una serie de resoluciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) del año 2009, determinaron que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) dejarían de ser obligatorios para el desarrollo de proyectos piñeros. Estas resoluciones dieron paso a los “Diagnósticos ambientales”, los cuales son de aplicación voluntaria y posterior al desarrollo del proyecto. El Consejo Universitario valoró esta situación para demandar mayor rigurosidad en beneficio de la salud comunitaria y la protección ambiental.

El órgano universitario también señaló la falta de precisión de los registros estatales respecto a la producción de piña, ya que señala la contradicción de los datos del gobierno central respecto a la producción de piña. Mientras que el MAG sostiene que para el año 2017 existían 44.500 hectáreas de monocultivo de piña, el MINAET afirma que para ese mismo año el área de piña ascendía a 58.442 hectáreas. Además, el Consejo Universitario consideró pertinente para la actualización de este pronunciamiento el desmesurado aumento de las áreas cultivadas de piña. Según el INEC, en los últimos 30 años los terrenos cultivados de piña aumentaron un 1.422%, al tiempo en que se dio una sensible disminución de los terrenos dedicados a la producción de granos necesarios para la seguridad alimentaria del país, dejando a los productos de exportación en una relación 3:1 con respecto al área de productos como arroz, frijol y maíz.

Coincidimos con el CU – UCR en que “los sistemas nacionales e internacionales de certificación disponibles no garantizan el cumplimiento de las buenas prácticas sociales, agrícolas y ambientales en la agro-cadena de la piña”.

El Programa Kioscos considera que “en la cadena de esta agroindustria, los pequeños productores terminan comercializando su producto con las grandes empresas exportadoras; por lo que cabe preguntarse de qué valen todas las certificaciones si finalmente se continúa vendiendo una piña producida con exceso de contaminación y violando los derechos de trabajadores y comunidades, a pesar de que las grandes empresas cumplan con las “buenas prácticas agrícolas”.

Informes con Lic. Karina Valverde, 8824 8292, docente del programa Kioscos y miembro de la Comisión especial del CU- UCR sobre piña.

Pronunciamiento completo en:

http://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/pronouncement/pronun92.pdf

 

Imagen tomada de la página oficial de la UCR.

Enviado por Kioscos Ambientales.

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Lomas de Barbudal: una ley para evasores y empresas contaminantes

  • Proyecto endeudaría a Costa Rica con ¢300mil millones en un contexto de crisis económica para beneficiar evasores fiscales y empresas contaminantes

  • Según el Registro Nacional los nuevos linderos de Lomas Barbudal tiene errores

  • La compensación de la destrucción de la biodiversidad de 113 hectáreas no está asegurada

Fecon, 17-10-2018. Poder Ejecutivo ratifica en medio de cuestionamientos la modificación de límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal clave para el “Proyecto Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras”, el mismo conocido por beneficiar grandes empresas de monocultivo y megaturismo.

El Gobierno del Bicentenario refrenda esta ley que en realidad es una licencia para la destrucción ambiental, pero también es un asalto al bolsillo de cada costarricense a favor de empresas acusadas de defraudación fiscal como por ejemplo CATSA. PAACUME beneficiaria a empresas contaminantes como la transaccional Del Monte y hoteles que han destruido playas y manglares en las costas como el Megaproyecto Papagayo.

Es sabido que Florida Ice & Farm (Fifco) y la fundación estadounidense Schwan gestionaron muchas de sus inversiones del el Polo Turístico Golfo de Papagayo mediante Paraísos Fiscales y empresas de papel para evadir impuestos. Se ha reportado en los Panama Papper que Four Seasons y la Marina de Papagayo se ha logrado evadir sus responsabilidades fiscales.

El movimiento ecologista ha señalado, en múltiples ocasiones, que esta ley carece de sustento técnico suficiente; tiene errores catastrales importantes y pone en riesgo la biodiversidad de un Área RAMSAR. Por otro lado el PAACUME no cuenta con estudios de costo-beneficio y se prevé que no será rentable para el Estado y necesita la inversión de ¢300mil millones.

El Paacume desea inundar unas 113 hectáreas de un ecosistema en riesgo donde se protejen especies en peligro en extinción como lo es el Jabiru mycteria, conocida como Galán sin Ventura y denominada la mayor cigüeña de América y que se contabilizan tan solo 120 individuos.

Por otro lado, el Registro Nacional en el oficio DIG-0388-2018 dirigido a la Asamblea Legislativa advirtió de los errores que existen en el proyecto que aprobó el plenario mediante la llamada vía rápida conocida también como 208 bis. El Registro Nacional demostró que las nuevas fronteras tienen errores catastrales importantes, pero los diputados lo pasaron por alto.

Sumado a esto tanto SENARA, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería admiten que no se tiene el dinero para adquirir las fincas que supuestamente compensarían las 113 hectáreas y dependen de la modificación del Presupuesto Extraordinario pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa. La Federación Ecologista consultó al Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre la fuente de financiamiento de los recursos necesarios para adquirir las tierras supondrían la compensaría la pérdida de biodiversidad. El oficio DM-MAG-715-2018 Renato Alvarado admite que no tiene el Gobierno Central el dinero para adquirir las tierras al momento de firmar la ley de modificación de los límites de la Reserva Biológica.

Por otro lado, en el oficio SENARA-GG-0674 del 13 de setiembre de 2018, la directora del SENARA, Patricia Quirós confirma sobre la ausencia de estudios técnicos y científicos suficientes, para justificar la decisión de desafectar 113 ha de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, lo cual significa, que no existe el respaldo científico suficiente, para tomar la medida.

Tanto el SENARA como el AyA han señalado que el Paacume no considera dentro de sus objetivos el tratamiento y distribución de agua potable de consumo humano. La necesidad de abastecimiento poblacional no puede justificar la intervención del área silvestre protegida. Es evidentemente que Paacume tiene como objetivo beneficiar a grandes empresas cañeras, meloneras y arroceras; sumado a esto megaturismo.

 

Información:

Henry Picado Cerdas, teléfono 87609800

 

Nota:

  1. Azucarera CATSA allanada por supuesta defraudación con impuestos. https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/azucarera-catsa-allanada-por-supuesta-defraudacion-con-impuestos/J6XLVVN25BBDVOJRB4PLX24QFY/story/
  2. Mayores inversionistas de Papagayo refugiaron dinero y transacciones en paraísos fiscales https://vozdeguanacaste.com/mayores-inversionistas-de-papagayo-refugiaron-dinero-y-transacciones-en-paraisos-fiscales/
  3. Anidación de Jabirú en Ceibas en el Bosque Seco Tropical de Costa Rica https://www.periodicomensaje.com/ambientales/2682-anidacion-de-jabiru-en-ceibas-en-el-bosque-seco-tropical-de-costa-rica
  4. MAG oficio DM-MAG-715-2018 https://www.dropbox.com/s/gkvyg5erdcpjvzk/DM-MAG-715-2018%28signed%29.pdf?dl=0
  5. Registro Nacional oficio DIG-0388-2018 https://www.dropbox.com/s/bvy61gj9qnsmuvo/Registro%20Nacional%20.pdf?dl=0
  6. Oficio SENARA-GG-0674 https://www.dropbox.com/s/6f3dddd4sn28uyf/SENARA%20.pdf?dl=0

 

Enviado por FECON.

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Reforma fiscal contra la agricultura orgánica

  • Agricultura orgánica pagaría hasta un 13% de IVA
  • Mientras los monocultivos industriales estarían exentos
  • Los agrotóxicos y agrovenenos tendrá una tarifa reducida del 1% del IVA

 

FECON, 2-10-2018. Mientras la producción de la agricultura orgánica será gravada con un 13% de Impuesto al Valor Agregado (IVA); las grandes empresas contaminantes y destructoras serán completamente exentas del IVA y sus insumos tendrán una tarifa reducida del 1%.

Desde el día de ayer en la Asamblea Legislativa se está tramitando las mociones de reiteración (mociones que no fueron admitidas en la comisión especial y que se llevan al plenario completo para volverlas a someter a votación). Estas mociones suman alrededor de 300, pero la aplanadora de las fracciones mayoritarias está votándolas a toda velocidad.

Entre el día de ayer y la mañana de hoy se han votado mociones que impactan directamente la situación agroambiental de Costa Rica. Un país que es conocido por ser el principal consumidor de agroquímicos del mundo mientras la extensión de agricultura orgánica certificada tiende a disminuir de forma sistemática.

Actualmente la Ley para el Fomento de la Agricultura Orgánica Nº 8591 estipula que este tipo de actividad es exenta del Impuesto Sobre la Venta (13%), pero con la reforma fiscal que el gobierno lleva adelante estos productos pasarían a ser gravados con el IVA. Hay que recordar que parte del Expediente Legislativo 20580 está dedicado a transformar el impuesto sobre la venta en IVA.

Diputados cuestionados por el caso del Cementazo, como lo es Pedro Muñoz, blindan Combo Fiscal para que empresas contaminantes no paguen impuestos. PUSC, PAC, RN y PLN le quitan impuestos a empresas destructoras y contaminantes para que sigan devastando bosques y contaminando fuentes de agua, como las empresas piñeras, muchas localizadas bajo régimen de Zona Franca. Estas empresas son doblemente beneficiadas con en el Expediente 20580 las cuales seguirán exentas del Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto Sobre la Importación de Maquinaria e Insumos, sino que serán exentas del Impuesto al Valor Agregado, lo cual ponen en una ventaja desleal con respecto a la producción nacional de empresas que no están dentro de este régimen especial. Premian directamente a las piñeras bananeras y palmeras porque muchas de estas empresas piñeras, según la web de PROCOMER están dentro de las Zonas Francas.

Por lo anterior desde el Movimiento Ecologista y de la Agricultura Orgánica este Combo Fiscal no sólo es regresivo y pone a pagar a los más pobres y les quita cargas a los más ricos, sino que fomenta la contaminación y la destrucción ambiental.

 

Información y contacto:

Henry Picado, FECON, teléfono 87609800;

Miguel Castro, Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO): Teléfono 83771090

 

 

Enviado por FECON.

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Ambiente y 100 días: organizaciones envían carta al Presidente

En su primer discurso presidencial, usted prometió: “Protección y balance con el ambiente”. Sin embargo, en estos primeros 100 Días, su gobierno de “unidad nacional” no honra las promesas de campaña electoral ni su discurso inaugural, pero sí perpetúa el accionar de las anteriores administraciones, respondiendo a los intereses supremos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y sus socios.

Su gobierno continúa promoviendo el Proyecto Mesoamérica (PM), extensión del Plan Puebla Panamá, con claros mandatos internacionales, para asegurar el mayor flujo de bienes y servicios del país hacia el Norte, por medio del saqueo y la privatización de nuestros recursos naturales y vida, que obligan al endeudamiento para financiar la infraestructura de proyectos privados al servicio del gran capital, como ocurre con el Proyecto PAACUME en Guanacaste y el Proyecto Hidroeléctrico El Diquis en el Sur, contribuyendo aún más con el creciente Déficit Fiscal.

En el marco del PM su gobierno sigue impulsando la modernización de la infraestructura de los principales Puertos en el Caribe y Pacífico costarricenses para privatizarlos posteriormente sin importar el desempleo. Se amplían y construyen nuevas carreteras y aeropuertos como el de Osa, pese a la fragilidad de su entorno ambiental. Se acelera la desregulación del SETENA y el debilitamiento del SENARA para favorecer la entrega del agua a manos llenas para regar jardines, campos de golf y hasta vender el agua embotellada, ignorando el impacto real del Cambio Climático en Guanacaste, una de las provincias más empobrecidas y la más seca del país.

Los jerarcas del MINAE, de la Dirección de Aguas, y el AyA siguen sin poner límites al uso y abuso del agua por las grandes empresas de monocultivos como la caña de azúcar, el arroz, el melón, la sandía y la piña, sin importarles que las empresas devuelvan el agua contaminada a los ríos, quebradas, nacientes y pozos que utilizan las comunidades humanas y silvestres.

A los 100 Días, su administración destaca negativamente para el ambiente por las siguientes razones:

  1. SAQUEO DEL AGUA DE LAS AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS MEDIANTE LA “NORMA DEL DEBATE ARREGLADO” EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA: su gobierno de “unidad nacional” con Rodolfo Piza, utiliza tácticas y estrategias de convencimiento con los diputados y diputadas de todas las fracciones, a espaldas de las comunidades empobrecidas y vulnerables, mediante la “norma del Debate Arreglado”, para entregar el agua de las Áreas Silvestres Protegidas, mediante proyectos promovidos por el Banco Mundial y la Global Water Parneship (GWP), como el 20.465 que modifica los límites de la Reserva Biológica Barbudal en Guanacaste y el No. 20.447 para extraer el agua de los Parques Nacionales, pese al desperdicio enorme debido a la mala administración del AyA originando conflictos en comunidades como Nimboyores y Sardinal en Guanacaste; Guacimal, Orocú, Malinche y Costa de Pájaros en Puntarenas y Tacares de Grecia y Atenas en Alajuela, entre otros.
  2. SAQUEO DE LA BIODIVERSIDAD Y TIERRAS MEDIANTE LA TITULACIÓN DE LA MILLA FRONTERIZA, DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, DE LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS, DE LOS CORREDORES BIOLÓGICOS, DE LAS RESERVAS FORESTALES, ENTRE OTROS: iniciativas que cuentan con apoyo abierto del Ministro MINAE Carlos Manuel Rodríguez Echandi, incorporado por su gobierno para asegurar el cumplimiento de “mandatos ambientales” inconclusos de gobiernos anteriores del Partido Unidad Social Cristiana. Se sigue utilizando a los pobres como justificantes para favorecer a las empresas inmobiliarias, constructoras, turísticas, etc. como ocurre desde hace 20 años en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo en el Caribe costarricense y con la tramitación actual del Proyecto No. 20.407 que pretende “regular” el Patrimonio Natural y Forestal, fomentando la expansión y crecimiento urbano sobre áreas de protección y recarga acuífera, ignorando los objetivos de conservación, uso y manejo sostenible, generando pérdida de la biodiversidad e interrupción de los Corredores Biológicos, considerados garantes para disminuir los impactos del Cambio Climático y que trunca la aspiración de Carbono Neutralidad de su gestión gubernamental.
  3. AUMENTA LA DESPROTECCIÓN DE LOS MANTOS ACUÍFEROS: su “gobierno de unidad nacional” parece olvidar que el agua subterránea o de los acuíferos representan entre 70 y 100% del agua para el consumo humano en distintas partes del país y en vez de aumentar la protección de la misma, implementando la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, se pretende dejarla sin efecto, favoreciendo la expansión urbana sobre mantos acuíferos y zonas de protección, sin tomar en cuenta la disminución acelerada de caudales, la contaminación de aguas superficiales y los impactos reales del Cambio Climático ya presentes en el país. En la Zona Norte de Heredia, continúan permitiéndose actividades humanas pese a su condición de inalienabilidad, específicamente para la protección del recurso hídrico de los habitantes del Valle Central, siendo por tanto patrimonio natural del Estado, con clara violación a la Ley No. 65 del año 1888 y al Voto de la Sala Constitucional Nº 2008-12109. Resulta inadmisible que en su gobierno continúe el establecimiento de enjambres de gasolineras sobre el Acuífero BarrancaEl Roble en Puntarenas, expuesto también a la contaminación fecal por colapso de la obsoleta Planta de Tratamiento del AyA, contribuyendo aún más con el deterioro del ya ultrajado Humedal Laguna Bonilla, último reducto de vida silvestre y único humedal urbano de agua dulce en el cantón Central de Puntarenas.
  4. NO SE APRUEBA LA MORATORIA AL MONOCULTIVO DE LA PIÑA: ..continúa la expansión del cultivo de la piña, en detrimento de los bosques naturales y cultivados con incentivos fiscales, invadiendo las zonas de amortiguamiento de importantes áreas silvestres protegidas, como es el Parque Internacional de La Amistad, Patrimonio Natural Mundial de las UNESCO y contaminando el agua de ríos, quebradas, nacientes y pozos que quedan inhabilitados para el consumo humano, con altos costos ambientales y económicos que pagamos todos, como ocurre en las comunidades de El Cairo, La Francia, Milano y Luisiana en Siquirres y Veracruz, La Trinidad, Quebrada Grande, San Marcos y San Luis de Pital en la Región Huetar Norte, entre otras.
  5. SE MANTIENEN LAS INCONGRUENCIAS EN LA EXPLOTACIÓN MINERA METÁLICA Y NO METÁLICA: pese a las recomendaciones dictadas por la Contraloría General de la República aún no se reforma el Decreto Ejecutivo No. 29300 – MINAE, ni se depura ni actualiza el Catastro Nacional Minero, tampoco se ejercen controles sobre las cantidades de materiales que se extraen, procesan y venden de las distintas concesiones, pese a que algunos de esos materiales se emplean en la construcción de carreteras por las que se cobran sumas millonarias sin haber cancelado los impuestos. Persiste la concentración de concesiones no metálicas en las cuencas medias y bajas de los ríos Barranca, Lagarto y Guacimal en Puntarenas y Tempisque, Abangares y Ahogados en Guanacaste, entre otros, afectando el suministro de agua para consumo humano; o exponiendo la roca madre como sucede en los ríos General en la Región Brunca y Toro Amarillo en el Caribe. La minería artesanal del oro, al igual que en Crucitas, se practica ilegalmente en Abangares y Miramar, afectando zonas ambientalmente frágiles, contaminando cursos de agua superficiales que desembocan en el Golfo de Nicoya, como sucede con la Quebrada Gongolona en Abangares y las Quebradas Zamora y El Padre en Miramar. Sorprende que después de 11 años de la caída estrepitosa de la mina de oro a cielo abierto en Miramar, aún no se exige el Cierre Técnico de la misma, ni “opera de oficio” la cancelación de la concesión pese a los incumplimientos de la misma, como reconoció el Ministro del MINAE, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, en la Universidad de Costa Rica a los 8 días de haber asumido funciones en la actual administración.
  6. AUSENCIA DE DIRECTRICES PARA EL ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS QUE CONTIENEN INGREDIENTES DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM) O TRANSGÉNICOS: la ausencia de directrices sobre el etiquetado de los productos OGM resulta en la protección de su gobierno a los intereses de las corporaciones, en detrimento de los derechos individuales de los residentes locales que ven limitados sus derechos humanos de acceso a la información y libre elección bien informados, para saber qué se consume.
  7. SIN ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DEL USO Y ABUSO DE AGROQUÍMICOS: las empresas y personas siguen utilizando sin controles agroquímicos, incluso prohibidos por otros gobiernos, porque no existe una política de Estado para reducir efectivamente la cantidad de agroquímicos utilizados en las actividades agrícolas; por lo que en la práctica seguimos siendo el país consumidor más voraz de plaguicidas químicos en la agricultura, mientras continuamos muriendo de cáncer gástrico, sin advertir siquiera una ruta incipiente de que su co-gobierno con Piza traten de fomentar la agricultura orgánica.
  8. NINGUNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LAS DISPUTAS POR LOS TERRITORIOS INDÍGENAS: persiste el olvido sistemático del Estado en relación al conflicto por la tierra e intereses contrapuestos, propiciando el irrespeto a la soberanía y autonomía de las comunidades indígenas, que generan enfrentamientos violentos entre los pobladores indígenas y no indígenas, bloqueos, quemas de ranchos habitados, persecución y amenazas a la integridad física y emocional de los indígenas. Se mantiene la amenaza constante de expulsión de indígenas de sus territorios por empresas nacionales y extranjeras, avaladas por el Estado para explotar sus recursos naturales, como ocurre con el Proyecto Hidroeléctrico El Diquis y 16 represas hidroeléctricas en Talamanca que destruirían los ríos Telire, Coen, Lari, Urén y el ecosistema del Parque Internacional La Amistad, entre otros.
  9. MORDAZAS Y RESTRICCIONES A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES (COVIRENAS): los funcionarios del Área de Conservación La Amistad Caribe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-ACLAC) bloquean y fuerzan trámites engorrosos para limitar las acciones y participación de personas decentes y antiguos miembros de los COVIRENAS, violándose la Declaración de Río Sobre Ambiente y Desarrollo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, contradiciendo los Principios de fundación del Partido Acción Ciudadana e ignorando el incalculable valor de la participación ciudadana para contribuir con la protección de algunas regiones para la Humanidad, catalogadas como Reservas de la Biosfera, Sitios de Patrimonio Mundial Natural y Humedales RAMSAR que se protegen en ACLAC.

Por todas estas agresiones, violaciones e inacciones sobre el medio ambiente, su gobierno “nacional” y del “bicentenario” requiere un cambio de rumbo y dirigencia en instituciones como el MINAE, la Dirección de Aguas y el AyA, cuyos jerarcas siguen demostrando irrespeto y falta de compromiso con la protección del ambiente y la biodiversidad. Exigimos no se permitan talas ni otra actividad humana en zonas ambientalmente frágiles, especialmente donde se atente contra el recurso hídrico de los habitantes del Valle Central y otras regiones del país.

Suscriben,

Asociación Conservacionista Yiski

CEUS del Golfo de Nicoya

Comité Ambiental de Miramar

Conceverde

Ni una sola mina

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de ecosistemasdecostarica.blogspot.com

Enviado por María Elena Fournier.

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Personas afectadas por el agro-negocio denuncian contaminación

  • Contaminación de agua preocupa a comunidades vecinas de piñeras
  • Marco legal costarricense se flexibiliza en beneficio de la venta de venenos

 

Este 6 y 7 de agosto se reunieron en San José representantes de comunidades afectadas por el agro-negocio. Es de esta forma que personas víctimas del despojo, la contaminación y la explotación producidas por los principales monocultivos expandidos por Costa Rica.

Esta reunión se da en un contexto en el cual el país se encuentra en una crisis de la contaminación del agua con agrotóxicos usados en la expansión piñera. Evidencia son los dados revelados en las últimas semanas sobre la presencia de agroquímicos en Pital de San Carlos y Río Cuarto de Alajuela. Lamentable es además que la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) piensan que la gente tiene que tomar obligatoriamente agua con residuos de sus agroquímicos. Mientras el Estado gasta millones remediando a medias la crisis, las empresas se desmarcan de su acto criminal.

Para Erlinda Quesada del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera “es necesario pedir justicia y que los responsable paguen las consecuencias y que las comunidades reciban agua sin ningún agroquímico.”

Por otro lado el Decreto Nº 35301 MAG-MEIC-S Norma RTCR, de Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas en este sentido Henry Picado de la FECON afirma que: “esta es una forma de legalizar la contaminación en nuestra agua pública sirven para hacer legal la contaminación de agua y por lo tanto le dan herramientas a las empresas y el Estado para darnos agua contaminada.”

Desde inicios del mes de julio la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON) le ha solicitado al director del Servicio Fitosanitario del Estado, Fernando Araya Alpizar información sobre el registro de más de cuatrocientos agrovenenos en los últimos años mediante la Ley Nº 8702 sobre el Trámite de las Solicitudes de Registro de Agroquímicos. Muchos de ellos sin análisis ecotoxicológicos o permisos sanitarios, pese a eso estos cuatrocientos agrotóxicos se usan en el país registrados con poca transparencia.

Para Picado la situación “…lejos de parar el riesgo de contaminación el peligro se agrava ya que se sabe que están a la espera de aprobación 28 solicitudes de ingreso al país de nuevos Ingredientes Activos de Grado Técnico (IAGT), la mayoría propiedad de Bayer, Syngenta, Dow, DuPont o BASF. (SFE, 31-05-2018). Todas grandes transaccionales cuestionadas por sus irresponsabilidad en el manejo de los agroquímicos.”

Pero es aún más preocupante cuando sabemos que las puertas giratorias en Costa Rica hacen que representantes de las casas comerciales de agrovenenos entren y salgan del MAG como perros por su casa. Por ejemplo el asesor estrella del Ministro de Agricultura y Ganadería fue representante de la Cámara Nacional de Productos Genéricos y acusado supuesto tráfico de influencias con empresas de agrovenenos (FECON, 21-05-2018) investigado por la misma Asamblea Legislativa.

En resumen en este momento estamos ante un escenario de crisis por la contaminación por agrotóxicos en agua potable mientras los vendedores de los venenos gobiernan la materia de registro y permisos de agroquímicos.

En este contexto representantes de organizaciones comunitarias se reúnen en San José el 6 y 7 de agosto en el II Encuentro de Personas Afectadas por el Agronegocio. Conjuntamente analizan el contexto nacional sobre esta crisis de contaminación. Organizado por CoecoCeiba Amigos de la Tierra, FECON, FRENASAPP, Kioscos Ambientales, Escuela de Ciencias Políticas de la UCR y CEDARENA.

 

Información al teléfono 8760 9800.

 

Enviado por FECON.

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PAACUME: dinero público para intereses privados

  • Corporaciones transaccionales contaminantes y evasoras de impuestos son los principales beneficiadas de millonaria inversión pública

 

FECON. ¿Agua para quién y para qué? Es importante que nos preguntemos esto antes de que el país se endeude por USD$ 500.000 (unos 300.000 millones de colones) ante el BCIE para construir una represa de 850 hectáreas y una red de canales de 300 Km y use más de 1500 millones de colones en expropiaciones para pagar las tierras que supuestamente compensaran el bosque seco inundado en la Reserva Biológica Lomas de Barbudal (RMLB). Todo lo anterior con dinero público en plena crisis fiscal.

Recordemos que el proyecto de ley Expediente 20.565, el cual propone desafectar la RBLB, es parte de un megaproyecto llamado PAACUME. El cual se supone llevaría agua a la parte Oeste del Río Tempisque y anegaría aproximadamente 17.500 hectáreas. Pero el formato de este megaproyecto está en función de llevar agua a proyectos hídricamente despilfarradores e ineficientes como lo son los monocultivos. Este proyecto apodado con el eufemismo de “Agua para Guanacaste” es en gran parte para regar monocultivos de caña de azúcar, melón, arroz, ganadería extensiva y por qué no piña también. Pero sus promotores no lo dicen.

Lo cierto es que las empresas que se ven directamente beneficiadas son las mismas que han acaparado el agua de Guanacaste en lo últimos 30 años, se trata de cuatro empresas que consumen un 7 veces más volumen de agua que la población la provincia completa. Estamos hablando de CATSA, Ingenio Taboga, El Pelón de la Bajura y Azucarera el Viejo. Además estas empresas beneficiadas con el PAACUME tienen relación con partidos políticos tradicionales, han sido parte de sus equipos de gobierno e incluso invierten en campañas políticas.

Agua para grandes empresas acaparadoras y contaminantes:

El Pelón de la Bajura es propiedad de Carlos Manuel González Pinto, este empresario ha sido históricamente financiador del Partido Liberación Nacional, pero destaca que para la campaña de Oscar Arias Sánchez aportó ¢20.000.000 (Semanario Universidad, 2012) y para la campaña de Antonio Álvarez puso alrededor de ¢22.000.000 (TSE, 2018). Al mismo tiempo González Pinto es representante legal de Melones de Costa Rica S.A. empresa parte de la del conglomerado transaccional Del Monte, además es dueño de Grupo Pelón (arrocera) y Hacienda Ojo de Agua S.A. (piñera presuntamente relacionada con la contaminación del acueducto de Milano de Siquirres). Por si fuera poco este empresario ha sido también directivo del Banco Central en la administración de Figueres Olsem.

Existe además evidencia que estas mismas empresas privadas han hecho maniobras para evadir sus responsabilidades tributarias. Por ejemplo la empresa cañera CATSA, propiedad el ex-presidente Oscar Arias Sánchez, ha sido descubierta haciendo presuntamente defraudación fiscal por más de 167 millones de colones en 2016. Momento en el cual fue allanada por el Ministerio de Hacienda (Nación, 2016).

Otro gran beneficiado del agua con dinero público son las canchas de golf y jardines de mega hoteles. En este momento están ingresando el doble de habitantes de toda la provincia. Más de 700.000 turistas llegan por el Aeropuerto Internacional de Liberia mientras la población de Guanacaste es aproximadamente 350 000 habitantes. Este proyecto vendría a subsidiar con infraestructura la industria de megaturismo que no ha sacado a la provincia del desempleo y pobreza, al contrario ha agudizado la crisis por el agua.

Existen coincidencias con respecto a quienes hicieron el fideicomiso de Acueducto de Sardinal (Coco-Ocotal) con los impulsores del proyecto PAACUME. Un proyecto impulsado por financiadores de las campañas políticas del PLN (Semanario Universidad, 2006, TSE, 2018) como lo es uno de los grandes beneficiarios de PAACUEME: Agustín Peón Orlich (socio de Andre Garnier en el acueducto Coco-Ocotal y actual Ministro de Coordinación con el sector privado. Peón Orlich es presidente de Guanacaste Seco S.A. y accionista de Exporpack S.A. (melonera de Sardinal).

El agua para consumo humano está de adorno en el PAACUME pues es poco viable y muy caro una planta de potabilización de hecho el AyA no recomienda el uso de agua superficial y menos de este tipo pues pasará a cielo abierto por áreas de plantación de arroz o melón con alto uso de plaguicidas y todo tipo de contaminación biológica y química. Además el mismo AyA ha desmentido la posibilidad que esta propuesta se lleva acabo puesto que no tienen planes al respecto (AyA, 2017)

Todos estos poderes económicos impulsan un proyecto tan cuestionado como el PAACUME. Obligando a Costa Rica a endeudarse por más de ¢300.000 millones para abastecer de agua a estas empresas que no han demostrado que accionan de buena fe. En esta discusión parlamentaria en la Asamblea Legislativa sobre la desafectación 113 hectáreas de bosque seco de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, debería estar decirse transparentemente que ésta destrucción ambiental y esta inversión dantesca de fondos públicos, no es para campesinos pobres, por el contrario es para para beneficiar grandes empresas de políticos mafiosos.

Federación Costarricense Para la Conservación de la Naturaleza

incidenciafecon@gmail.com

 

Imagen tomada de la nota: Megaproyecto del Paacume afectara a la única reserva biológica de bosque tropical seco del país.

Enviado por FECON.

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La defensa de los ríos del pacífico central depende de las comunidades

Kioscos Socioambientales UCR

La defensa de los rios del pacifico central depende de las comunidades
Río Abangares, punto de extracción de materiales. Kioscos Socioambientales visitó las comunidades de Abangaritos, Higuerilla y Manzanillo, donde comprobó las múltiples amenazas para los ríos del Pacífico Central.

La defensa de los ríos del cantón central de Puntarenas ha quedado en manos de las comunidades. Así lo han evidenciado organizaciones de las comunidades de Guacimal, Aranjuez y Abangaritos, quienes han defendido sus ríos frente a las tomas de agua para el riego privado y la extracción ilegal de materiales de río (arena y piedra principalmente) .

Los embates de la época seca es solo una de las amenazas que sufren los ríos del pacífico central. El monocultivo de caña de azúcar, la deforestación desmedida y la ganadería extensiva en las márgenes y cuencas de estos ríos, generan una serie de efectos negativos tanto para las comunidades como para los ecosistemas que en estos espacios conviven.

Los ríos de la comunidad de Abangaritos son de los más afectados por la extracción de materiales. De acuerdo con personas de la comunidad, las extracciones se realizan en fincas privadas, pero destruyen el bien común de todas las personas, el río Abangares. “Esta finca es de Germán Vargas-un terrateniente del lugar-, pero la finca es de él, el río no. De aquí sacan piedra, sacan el agua (…) se roba la arena del río, y la venden en otros lugares, a la Asociación de Desarrollo se le ha denunciado la situación para que hagan algo, y no han querido hacer absolutamente nada”, declaró Sundry Álvarez de la comunidad de Abangaritos.

Tampoco el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAET), por medio del Área de Conservación del Pacífico Central (ACOPAC), ha dado respuesta a las múltiples denuncias interpuestas por la tala ilegal de árboles en las cercanías de los pozos de agua de las comunidades. Según las denuncias, “los dueños de las fincas enferman los árboles maderables para luego alegar la necesidad de talar dichos árboles por riesgo de caída”. Así se comprobó mediante una visita a los pozos de agua de Abangaritos, donde a escasos metros se halló un árbol señalizado con un número y con incrustación de clavos.

La defensa de los rios del pacifico central depende de las comunidades2
Abangaritos, Puntarenas. Tala de árboles en las cercanías de los pozos de agua.

Estas actividades extractivas, las cuales atentan contra los ríos y el acceso al agua de las comunidades, se desarrollan sin ningún tipo de regulación o concesión estatal, a pesar de las informaciones que han recibido el Ministerio de Ambiente y Energía y la Asociación de Desarrollo de la comunidad.

Problemáticas ambientales como la extracción de material que afecta el cauce de los ríos, así como la deforestación en las fincas donde se encuentran los pozos y nacientes de agua no son problemas menores, máxime en una zona catalogada de alto riesgo por su propensión a las sequías y desabastecimiento de agua. Este es el caso de Higuerilla, una de las comunidades que se hallan sobre la cuenca del río Abangares, y en la que el acceso al agua potable depende del paso por la zona de los camiones cisterna del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Abangaritos, Puntarenas. Una muestra de los cultivos extensivos en la zona del río Abangares, producción de sandía.
Abangaritos, Puntarenas. Una muestra de los cultivos extensivos en la zona del río Abangares, producción de sandía.

La tala ilegal de árboles, la extracción de materiales, así como los monocultivos extensivos y la ganadería a gran escala, son las principales problemáticas que ocasionan la sequía y contaminación de los ríos, teniendo un efecto directo sobre las formas de vida de las comunidades costeras, ya que la disminución en el nivel de agua de los ríos, así como la afectación por agroquímicos, genera contaminación en los manglares y por ende un impacto sobre las distintas especies marinas, así como en los modos de vida de las comunidades que dependen de la pesca y la “saca” de piangüa.

Abangaritos, Coyolito, Guacimal, Punta Morales, Manzanillo, Orocú, Malinche, Judas, Chomes, todas ellas de Puntarenas, son parte de las comunidades que pertenecen a la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua de Puntarenas, organización que tiene como propósito la defensa de los ríos frente a los proyectos de privatización, ya que se reconoce la importancia del agua para la vida y el derecho de las personas al acceso de dicho bien común.

Para más información con Dylanna Rodríguez tel. 8886 6291, docente del Programa Kioscos Socioambientales

FB: Kioscos Socioambientales Ucr

FB: Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua de Puntarenas.

 

Enviado por Kioscos Ambientales, UCR.

Un mayo tóxico: urgente defender la salud comunitaria

  • Con el inicio de la época lluviosa salió a flote otra vez una alarmante verdad: la contradicción entre los monocultivos y la vida

Un mayo toxico FRENSAPP

Sólo este mes de Mayo se reportan miles de muertes de peces muertos en en la Laguna Madre de Dios en Batan. Similar a esta situación, en las inmediaciones del humedal Terraba-Sierpe en Osa mueren miles de peces por agrotóxicos en el agua presuntamente proveniente de una finca arrocera.

Pero preocupa también que esta estela de muerte atenta contra la vida humana directamente. Aunque desapercibida, la muerte de un jornalero piñero en Cajón de Pérez Zeledón es lo más grave que ha pasado en este tema (Sitrasep, 2018).

Jhonnatan Rojas López de 30 años se encontraba laborando en la finca de PINDECO, subsidiaria de la trasnacional Del Monte, cuando fue impactado por un rayo. Es conocido por el Sindicado de Trabajadores del Sector Privado que estas fincas piñeras obligan los jornaleros a arriesgar su vida cuando hay fenómenos climáticos extremos. Esta organización señala que no es un accidente laboral, por el contrario, evidencia la responsabilidad de la empresa piñera.

La expansión de los monocultivos industriales sigue impune de sus delitos ambientales. Sigue impune la deforestación de más de 5.566 Hectáreas de áreas de protección por más de 74 fincas piñeras (PNUD, 2015). Sigue igual de impunes las más de 1.112 Hectáreas de piña sembradas de forma ilegal dentro de las Áreas Silvestres Protegidas de Maquenque, Barra de Colorado y Franja Fronteriza. Así como sigue impune la contaminación de los acueductos comunitarios de Milano, El Cairo, La Francia de Siquirres y Veracrúz de Pital de San Carlos, por mencionar algunos.

Pero también recordamos que hace un año Mariana Panaigua y Jorge Castro recorrieron a pie, desde Pavón de San Carlos, 180 Km para denunciar el cercenamiento sufrido por la industria de la piña. Esta pareja ganadera señalaron que las piñeras vecinas hicieron imposible su vida criando animales debido al exceso de veneno y la plaga de la mosca. Aun así la administración Solís Rivera les dio la espalda, no cumplió sus promesas y además, el ex-ministro Felipe Arauz firmó tres decretos ejecutivos para legalizar la inundación del país con más venenos sin evaluación ecotoxicológica.

Ante todo esto se vuelven frágiles son los argumentos de personas, que como el actual ministro de la cartera de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, sostienen la idea de que no habría moratoria a la expansión piñera en este gobierno de Unidad Nacional. Parece que seguiremos siendo una democracia intoxicada. Se continuará incentivando una producción agrícola de excesos, irresponsable y deshumanizada.

Pero las comunidades nos encontraremos para rescatar la salud de los ecosistemas y las comunidades. Representantes de organizaciones locales nos reuniremos en en Encuentro de Salud Comunitaria organizado por el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera este 2 de junio en Sarapiquí.

Información al teléfono: 8760 9800

 

Enviado por FECON.

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Comunidades de Puntarenas en defensa de los ríos del Pacífico Central

Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica

Comunidades de Puntarenas en defensa de los rios del Pacifico Central2

Representantes de las comunidades de Abangaritos, Malinche, Manzanillo y Guacimal, agrupadas en la Alianza de las comunidades por la defensa del Agua – Puntarenas, fueron las protagonistas del conversatorio: “Por la defensa de los Ríos del Pacífico Central”. Esta actividad sirvió para denunciar la destrucción de los modos de vida de las poblaciones en la costa, siendo uno de los efectos de la ganadería extensiva, el monocultivo de caña de azúcar, algodón transgénico, piña, palma africana y la tala indiscriminada en los alrededores de los ríos que desembocan en el Golfo de Nicoya.

Para estas comunidades, la contaminación por agroquímicos que generan los monocultivos del cantón central de Puntarenas, llega finalmente a los manglares de río, lo cual genera la muerte de un gran número de especies, acabando así con los modos de vida de las personas que viven de la pesca y “la saca” de piangüa y moluscos en estas comunidades.

Sin embargo, según las representantes de estas comunidades, la problemática por el agua no deviene únicamente de las actividades extractivas presentes en los ríos de la zona, sino que también es una problemática que pasa por la falta de acceso al agua para uso doméstico, en muchas comunidades de Puntarenas. Sundry Álvarez de la comunidad de Abangaritos, expuso la situación que se vive en la “Higuerilla”, donde el agua de la comunidad depende del reparto del AyA en camiones cisternas, situación que se repite en otras comunidades del país, especialmente durante la época seca.

Comunidades de Puntarenas en defensa de los rios del Pacifico Central
Comunidades del cantón central de Puntarenas se reunieron el pasado 3 de mayo en la Universidad de Costa Rica con el fin de compartir su experiencia de organización, así como exponer las problemáticas ambientales que viven algunas comunidades por la sobreexplotación de los ríos del pacífico central.

Mientras Ana Cecilia Ugalde de la ASADA de Manzanillo que vive en una comunidad costera asegura que “antes teníamos moluscos y peces en nuestro patio que esta prácticamente en el mar, pero ahora la contaminación que llega al Golfo hace que tengamos que alejarse cada vez más para pescar”.

La Alianza ha denunciado la falta de política en el tema de las concesiones de agua, señalando a la Dirección de Aguas y al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y a las empresas agroindustriales de la condición crítica actual de las cuencas.

“Empresas agroindustriales acaparan los mayores volúmenes de agua en las cuencas de todo el Pacífico costarricense. En nuestra zona, sociedades ganaderas acaparan hasta el 80% del agua de un solo río”, afirma la Alianza (ver más en http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/docs/publicaciones/alianzapacifico.pdf).

Las Asadas y comunidades son los principales afectados de esta problemática, pues tienen que hacer constantes racionamientos para el pueblo entero; por lo cual piden a las instituciones públicas debates sobre este tema, para poner un alto a esta crisis del recurso hídrico.

Para más información con Dylanna Rodríguez tel. 8886 6291, docente del Programa Kioscos Socioambientales y Danny Villalobos tel. 8781 4512 de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua – Puntarenas.

Comunidades de Puntarenas en defensa de los rios del Pacifico Central3
Foto del río Guacimal el pasado 6 mayo del 2018 a unos 5 kilómetros de llegar al mar su cause se seca por la sobre explotación poniendo en riesgo el agua de la ASADAS de Chomes y otras comunidades costeñas cuyos pozos están a la orilla del río.

 

Enviado por Kioscos Ambientales.

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Incendios forestales devastan Reserva Biológica Indio Maíz mientras gobierno nicaragüense mira para otro lado

  • Expertos y ONG advierten que este es uno de los mayores desastres ambientales que ha sufrido Nicaragua
  • Se reportan más de 2800 hectáreas de incendios forestales en la RBIM mientras el gobierno tarda en actuar

Incendios forestales devastan Reserva Biologica Indio Maiz2

La Reserva Biológica Indio Maíz (RBIM) ubicada al sureste de Nicaragua, al norte del Río San Juan y limítrofe con Costa Rica es uno de los principales pulmones de la región centroamericana y al mismo tiempo enfrenta una grave crisis por el avance del fuego y con esto el avance de la frontera agrícola.

La RNIM comprende 3180 Km2, lo que representa casi un 2% del territorio nicaragüense, el cual está cubierto por bosque tropical y humedales. Esta área protegida viene siendo vulnerada desde hace años con la tala y la ganadería ilegal dentro de la Reserva, y al mismo tiempo en las zonas de amortiguamiento hay presencia de monocultivos como la palma aceitera. Existe gran presión sobre la Reserva ya que distintas organizaciones reportan prácticas ilegales en total impunidad pese a que las autoridades nicaragüenses conocen de esta situación.

Según reporta la Fundación Del Río “desde hace más de 5 años ha informado, evidenciando y divulgando la situación real de la Reserva Biológica Indio Maíz donde las mismas instituciones del estado de Nicaragua, avalan este tipo de prácticas ilegales y se convierten en cómplices al promover construcción de escuelas, caminos, centros de salud y dejar en la impunidad a terratenientes, traficantes de tierra dentro las Áreas Protegidas de Sureste de Nicaragua, específicamente la Reserva Biológica Indio Maíz«.

Por su lado, el Movimiento Campesino de Nicaragua denuncia que el gobierno de ese país guarda silencio y no emite acciones claras para frenar el incendio. Además ésta organización solicita solidaridad intencional para atender la emergencia.

Incendios forestales devastan Reserva Biologica Indio Maiz4

Centroamérica arde

Los incendios forestales en la región arrecian y poco están haciendo las autoridades de lo distintos gobiernos para frenarlo. Para este verano en Centroamérica se reportan más de 40.000 hectáreas consumidas por el fuego. Además del incendio en Nicaragua se tienen datos de que en Honduras 36,000 hectáreas de bosques y pasto fueron destruidas por los incendios forestales en 2017, según un informe del Instituto de Conservación Forestal (ICF). Por su lado en Guatemala se reportan 1.322 hectáreas se han consumido por los incendios forestales de noviembre de 2017 a marzo de 2018.

Incendios forestales devastan Reserva Biologica Indio Maiz

Incendios forestales devastan Reserva Biologica Indio Maiz5
Imagen aportada por Luis Alberto Soto.

Fecon, 8 de abril 2018

Contacto: info@fundaciondelrio.org Teléfono: (+505) 84058108

 

Enviado por Henry Picado.

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