- Contaminación de agua preocupa a comunidades vecinas de piñeras
- Marco legal costarricense se flexibiliza en beneficio de la venta de venenos
Este 6 y 7 de agosto se reunieron en San José representantes de comunidades afectadas por el agro-negocio. Es de esta forma que personas víctimas del despojo, la contaminación y la explotación producidas por los principales monocultivos expandidos por Costa Rica.
Esta reunión se da en un contexto en el cual el país se encuentra en una crisis de la contaminación del agua con agrotóxicos usados en la expansión piñera. Evidencia son los dados revelados en las últimas semanas sobre la presencia de agroquímicos en Pital de San Carlos y Río Cuarto de Alajuela. Lamentable es además que la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) piensan que la gente tiene que tomar obligatoriamente agua con residuos de sus agroquímicos. Mientras el Estado gasta millones remediando a medias la crisis, las empresas se desmarcan de su acto criminal.
Para Erlinda Quesada del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera “es necesario pedir justicia y que los responsable paguen las consecuencias y que las comunidades reciban agua sin ningún agroquímico.”
Por otro lado el Decreto Nº 35301 MAG-MEIC-S Norma RTCR, de Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas en este sentido Henry Picado de la FECON afirma que: “esta es una forma de legalizar la contaminación en nuestra agua pública sirven para hacer legal la contaminación de agua y por lo tanto le dan herramientas a las empresas y el Estado para darnos agua contaminada.”
Desde inicios del mes de julio la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON) le ha solicitado al director del Servicio Fitosanitario del Estado, Fernando Araya Alpizar información sobre el registro de más de cuatrocientos agrovenenos en los últimos años mediante la Ley Nº 8702 sobre el Trámite de las Solicitudes de Registro de Agroquímicos. Muchos de ellos sin análisis ecotoxicológicos o permisos sanitarios, pese a eso estos cuatrocientos agrotóxicos se usan en el país registrados con poca transparencia.
Para Picado la situación “…lejos de parar el riesgo de contaminación el peligro se agrava ya que se sabe que están a la espera de aprobación 28 solicitudes de ingreso al país de nuevos Ingredientes Activos de Grado Técnico (IAGT), la mayoría propiedad de Bayer, Syngenta, Dow, DuPont o BASF. (SFE, 31-05-2018). Todas grandes transaccionales cuestionadas por sus irresponsabilidad en el manejo de los agroquímicos.”
Pero es aún más preocupante cuando sabemos que las puertas giratorias en Costa Rica hacen que representantes de las casas comerciales de agrovenenos entren y salgan del MAG como perros por su casa. Por ejemplo el asesor estrella del Ministro de Agricultura y Ganadería fue representante de la Cámara Nacional de Productos Genéricos y acusado supuesto tráfico de influencias con empresas de agrovenenos (FECON, 21-05-2018) investigado por la misma Asamblea Legislativa.
En resumen en este momento estamos ante un escenario de crisis por la contaminación por agrotóxicos en agua potable mientras los vendedores de los venenos gobiernan la materia de registro y permisos de agroquímicos.
En este contexto representantes de organizaciones comunitarias se reúnen en San José el 6 y 7 de agosto en el II Encuentro de Personas Afectadas por el Agronegocio. Conjuntamente analizan el contexto nacional sobre esta crisis de contaminación. Organizado por CoecoCeiba Amigos de la Tierra, FECON, FRENASAPP, Kioscos Ambientales, Escuela de Ciencias Políticas de la UCR y CEDARENA.
Información al teléfono 8760 9800.
Enviado por FECON.
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